RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-265/2012

ACTOR: partido VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: Partido Acción Nacional, JAVIER CORRAL JURADO e instituto mexicano de la radio

magistradO ponente: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

secretariA: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

México, Distrito Federal, a veintiuno de junio de dos mil doce.

VISTOS, los autos del expediente al rubro citado, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México para combatir el Acuerdo CG312/2012, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el procedimiento especial sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el referido instituto político contra Javier Corral Jurado y el Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

R E S U L T A N D O:

De lo narrado por el recurrente en el escrito de demanda y de las constancias de autos, se desprenden los siguientes antecedentes:

I. El once de abril de dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de México presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, denuncia en contra de Javier Corral Jurado por su participación semanal en el programa de radio noticiero “Antena Radio” que se transmite en la frecuencia 107.9 de FM, quien ostenta el carácter de precandidato, y posteriormente, candidato del Partido Acción Nacional a Senador por el principio de mayoría relativa, por el Estado de Chihuahua accediendo a dicho medio de comunicación, fuera de los tiempos que administra el Instituto Federal Electoral.

II. En la misma fecha se dictó acuerdo por el que se tuvo por recibida la queja, y se ordenó formar el expediente, registrándose con el número SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012, dando inició al procedimiento especial sancionador.

III. El catorce de abril de dos mil doce, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral emitió acuerdo declarando procedentes las medidas cautelares solicitadas, ordenando al denunciante se abstuviera de participar como colaborador o comentarista de radio en el noticiero “Antena Radio”.

IV. El dieciséis de mayo del año en curso, se sometió a consideración del Consejo General, un primer proyecto de resolución respecto del procedimiento especial sancionador, cuyos puntos resolutivos eran del tenor siguiente:

“PRIMERO.- Se declara fundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del C. Javier Corral Jurado por la transgresión al artículo 41, base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3 y 4, y 344, párrafo 1, inciso f) del código electoral federal, en términos del considerando UNDÉCIMO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Conforme a lo precisado en el considerando DUODÉCIMO de esta Resolución, en términos del artículo 354, párrafo 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se impone a C. Javier Corral Jurado, una sanción consistente una amonestación pública al haber infringido el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3 y 4, y 344, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal.

TERCERO.- Se declara fundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Instituto Mexicano de la Radio, por la violación al artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafos 2,3,4 y 5, y 350, párrafo 1 inciso a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando DÉCIMOTERCERO de la presente resolución.

CUARTO.- Conforme a lo precisado en el considerando DÉCIMO CUARTO de esta resolución, se impone al Instituto Mexicano de la Radio, una sanción consistente una sanción pública, al haber infringido el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafos 2,3,4 y 5, y 350, párrafo 1, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal.

QUINTO. Se declara fundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Partido Acción Nacional, por la transgresión a lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38, párrafo 1, inciso a) y u); 49, párrafos 2, 3 y 4, y 342, párrafo 1, incisos a), i) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando DÉCIMO QUINTO de la presente resolución.

SEXTO. Conforme a lo precisado en el considerando DÉCIMO SEXTO de esta Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, una sanción consistente amonestación pública, por la transgresión a lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38, párrafo 1, incisos a) y u) 49, párrafos 2, 3 y 4 y 342, párrafo 1, incisos a), i) y n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal”.

V. Previo análisis y discusión del proyecto de resolución propuesto, por mayoría de cinco votos y cuatro en contra, se determinó modificar el sentido para quedar, finalmente, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Se declara infundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del C. Javier Corral Jurado, por la transgresión al artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3, 4 y 344, párrafo 1, inciso f) del código electoral federal, en términos del considerando UNDÉCIMO de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara infundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Instituto Mexicano de la Radio, por la violación al artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafos 2,3,4 y 5, y 350, párrafo 1, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, en términos del considerando UNDÉCIMO de la presente resolución.

TERCERO. Se declara infundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Partido Acción Nacional, por la transgresión a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y 342, párrafo 1, incisos a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando Décimo Segundo de la presente resolución.

CUARTO. Se declara infundada la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del C. Javier Corral Jurado y del Partido Acción Nacional, por la presunta realización conculcación al artículo 41, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 228, párrafos 1,2,3 y 4; 342, párrafo 1, incisos a) y e); 344, párrafo1, incisos a) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, en términos de lo dispuesto en el considerando DECIMO TERCERO de la presente resolución.

(…)

VI. El dieciséis de mayo de dos mil doce, el Consejo General llevo a cabo sesión ordinaria en la cual aprobó el Acuerdo CG312/2012, ahora impugnado, que en la parte que interesa es del tenor siguiente:

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL C. JAVIER CORRAL JURADO, CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012.

Distrito Federal, 16 de mayo de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y:

R E S U L T A N D O

I. Con fecha once de abril de dos mil doce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito signado por el C. Sara Isabel Castellanos Cortés, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hace del conocimiento hechos que en su concepto podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, los cuales, de manera textual, hace consistir en lo siguiente:

“(…)

HECHOS

1.- El 09 de diciembre de 2011, el C. Javier Corral Jurado solicitó ante la Comisión Estatal de Elecciones en Chihuahua del Partido Acción Nacional su registro como precandidato a Senador por el Estado de Chihuahua por el principio de mayoría relativa, tal como se desprende las notas periodísticas visibles en los links: http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2343266.htm, y http://www.panchihuahua.org.mx/2011/archives/prensa/cde/se-registra-javier-corral-jurado-comoprecandidato- al-senado/.

2.- Con fecha 15 de diciembre de 2011, la referida Comisión tuvo por registrado al C. Javier Corral Jurado como precandidato a Senador por el Estado de Chihuahua por el principio de mayoría, lo que se corrobora con la información contenida en las notas periodísticas antes referidas.

3.- Desde mediados del año 2008, el C. Javier Corral Jurado participa semanalmente todos los días martes como analista y comentarista en el programa radiofónico denominado “Noticiero Antena Radio”, que se transmite en la frecuencia en 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Es importante señalar que el “Noticiero Antena Radio”, en donde participa como analista semanal el C. Javier Corral Jurado es un programa del Instituto Mexicano de la Radio, “un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica y radiodifusoras pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal”, ello significa que se trata de una radio oficial, del Gobierno Federal, lo cual implicaría, con más razón, que su actuación fuera respetuosa y diera cabal cumplimiento a la normativa electoral.

Sin embargo, a pesar de que desde el mes de diciembre de 2011 el C. Javier Corral Jurado fue registrado por el Partido Acción Nacional como precandidato, dicho ciudadano continuó con su labor como comentarista y analista en el referido programa radiofónico, tal como se desprende de la página web http://www.javiercorral.org/index.php?option=com_content&view=category&id=201&Itemid=83, en la que se pueden verificar sus colaboraciones semanales, la cual se solicita sea certificada por la autoridad electoral.

En específico, se demuestran las participaciones que tuvo en los programas difundidos los días 20 y 27 de diciembre de 2011; 3,10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo y 3 y 10 de abril, todos del presente año, fechas en las que al ostentar el carácter de precandidato y luego de candidato, debió de abstenerse de participar como analista en un programa radiofónico.

En este sentido, debe señalarse que el status de analista y conductor en el referido programa le ha permitido posicionarse frente al auditorio y obtener una ventaja sobre el resto de sus competidores, derivado de la exposición ordinaria que le genera el espacio radiofónico en el que continuamente participa y que incluso podría confundir al potencial electorado, pues éste no sabría a ciencia cierta bajo qué carácter estaría ejerciendo el espacio radiofónico que tiene asignado.

4.- De manera particular, el 7 de febrero de 2012, el entonces precandidato apareció en el programa “Antena Radio” (aproximadamente a las 08:33:54 hrs), en la frecuencia 107.9 de FM en el Distrito Federal, donde explicó que el tema “El triunfo de Josefina Vázquez Mota representa una esperanza para México”, de donde se desprende, en parte, lo siguiente:

[…]

Conductor: Cómo está diputado, muy buenos días

Javier Corral: “Muy buenos días Mario, me da mucho gusto saludarlos a todo el público radioescucha de antena radio.” El triunfo de Josefina Vázquez Mota el pasado domingo…” En su comentario Javier Corral, habló sobre el triunfo de Josefina Vázquez Mota en la contienda interna panista. Señaló que Vázquez Mota obtuvo la candidatura a la presidencia de la República por parte del PAN y esto representa una esperanza para México en más de un sentido. En primer lugar es una esperanza para el ascenso de las mujeres en la vida política del país y para hacer avanzar realmente su participación en la toma de decisiones del poder público. Criticó las declaraciones de Enrique Peña Nieto, las cuales calificó como machistas al decir que `él no es la señora de la casa.

El entonces precandidato afirmó que la candidata Vázquez Mota es una esperanza para que el PAN refrende por tercera vez su victoria para ocupar la silla presidencial. Asimismo, el analista Corral recordó que es momento de que el PAN esté unido y cierre filas en torno a su precandidata presidencial, esto con el objetivo de ganar la presidencia, pero también para llegar fuerte a la contienda electoral, sin duda Vázquez Mota se enfrentará a diversos retos, pero con inteligencia podrá salir de ellos, claro que también necesita ser objetiva ante los sexenios del ex-presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón. Por último afirmó que para él uno de los grandes errores cometidos durante los gobiernos del PAN, es la ausencia de la política que ponga fin a los monopolios, también es necesario apretar en la lucha contra la corrupción. Se necesita también fortalecer el sistema educativo. El conductor terminó el comentario diciendo: “Gracias diputado por su colaboración, como siempre, y hasta la próxima semana”

A lo que Corral respondió: “Para mí es un gustazo y muchas gracias, nos vemos el próximo martes”

5.- En su mismo carácter de “colaborador”, el 14 de febrero (aproximadamente a las 9:08:53 horas), el entonces precandidato Javier Corral Jurado tuvo su participación semanal en “Antena Radio”, transmitido en la frecuencia 107.9 FM de la Ciudad de México, donde comentó el tema el “IFE debe dar respuestas”.

Al respecto, comentó si puede considerarse congelada la competencia electoral por un Lineamiento del Consejo del IFE o por un criterio del TEPJF. Cuestionó si ¿es deseable para la vida democrática generar un largo periodo de silencio, a la mitad el Proceso Electoral iniciado desde octubre?. Asimismo afirmó que el IFE debe responder varias preguntas que dejarán ver la naturaleza real de la reforma electoral; consideró que los consejeros deben tomar conciencia de lo que está pasando con el Proceso Electoral, la verdad es que se están llevando al extremo las normas electorales. Criticó las declaraciones de un magistrado del TRIFE al llamar al periodo de intercampañas, como un periodo de veda electoral.

En este sentido, comentó que para él la confusión viene cuando las autoridades electorales trasladan las restricciones en radio y televisión al resto de las actividades que forman parte de la competencia electoral legítima, ésta es la real fuente de la confusión. La reforma electoral del 2007 fue diseñada para regular a la radio y la televisión.

6.- El 13 de marzo de 2012, en la misma estación a las 09:00:20 hrs, con el tema “Las aspiraciones de Clouthier”, se escuchó su intervención cotidiana.

En esta ocasión habló sobre la aspiración de Clouthier, el cual busca una candidatura independiente a la presidencia de México; dijo que todo inicia cuando pidió licencia a la Cámara de Diputados para competir por la Presidencia de la República mediante una candidatura independiente que le propuso el colectivo `Reforma Política Ya.

Posteriormente expuso que Manuel Clouthier Carrillo no necesita mucha presentación, aunque su decisión sí merece una reflexión sobre todo por la ruta que ha escogido y el natural desenlace que ha tenido su divergencia de los últimos meses tanto con el gobierno del Presidente Felipe Calderón como con la dirigencia de Acción Nacional.

Además, señaló, que éste camino que recién ha iniciado Manuel Clouthier Jr. está siendo recorrido por otros hijos de destacados militantes panistas y que estos casos acusan un fenómeno de decepción sobre el sistema de partidos.

Y añadió, que la más importante solución a la corrupción política provendrá de una reforma al sistema de partidos y no de su desaparición, y enfatizó en lo urgente de la aprobación definitiva de las candidaturas ciudadanas en la Constitución y una nueva Ley de Partidos Políticos que garantice plenamente los derechos de sus militantes.

El analista, concluyó la exposición de sus argumentos, diciendo que la candidatura independiente de Manuel Clouthier Jr. no tiene viabilidad jurídica bajo el actual entramado legal, pero es un hecho que impactará ineludiblemente en este Proceso Electoral, con clara merma a la campaña del PAN.

Al finalizar el conductor dice: “…le agradezco diputado, como siempre, su opinión, su columna y lo escuchamos la próxima semana.”

A lo que Corral responde: “nos vemos el próximo martes, con mucho gusto”.

Y termina el programa con: “Gracias, es el diputado Javier Corral Jurado a quien usted puede escuchar, el es académico también de la UNAM y colaborador del periódico…”

7.- El 20 de marzo del año en curso, vuelve a incursionar en su colaboración en la estación 107.9 FM, con el tema “Esta semana llega a nuestro país el Papa Benedicto XVI).” En esta participación Javier Corral, comentó sobre la llegada a nuestro país del Papa Benedicto XVI y la reforma al artículo 24 constitucional, y dijo que es interesante ver cómo se ha sobre dimensionado y colocado en otro lugar que no tiene dicha reforma.

Mencionó que es falso que con la reforma a este artículo, en las escuelas públicas se pueda dar enseñanza católica, y dijo que en realidad se trata de ideas que tratan de trasladar la reforma al terreno religioso. Y agregó, que el ruido se concentra en los espacios propagandísticos del candidato Andrés Manuel López Obrador tanto en prensa como en radio.

Dijo que la descalificación de la Reforma al Artículo 24 Constitucional más que confundir busca engañar a la sociedad mexicana sobre sus verdaderos alcances, pues agregó, ésta es reflejo del Artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al que México se adhirió y fue rectificado en 1981.

Además realizó las siguientes afirmaciones respecto de su candidatura:

Reportero: “Aprovecho para preguntarle rápidamente, porque nos lo decía Javier Uribe, qué pasó con las candidaturas para el Senado por Chihuahua, si pudiera nada más actualizarnos sobre eso”

JCJ: “Como usted sabe Mario, y lo sabe el público radioescucha, yo presenté un juicio de inconformidad en la Comisión Nacional de Elecciones del partido que es la instancia que nos hemos dado para dirimir las controversias, los conflictos y sobre todo para desahogar las irregularidades de los procesos internos que acontecen…El recurso ha caminado todo este mes, se dice que en las próximas horas… se dará a conocer la Resolución de la Comisión Nacional de Elecciones en torno de nuestra impugnación… es la exigencia de que se limpie ese proceso, de que se anule todo el proceso, de que se sancione a los responsables de esas prácticas… acarreo masivo de votantes en las principales ciudades del estado de Chihuahua, compra y coacción del voto…Yo confío… que las instancias que nos hemos dado van a sancionar conforme a nuestros principios…”

Reportero dice: “Muchas gracias, le agradezco Javier que nos haya acompañado como siempre esta mañana, y hasta la próxima semana”.

JCJ dice: “nos vemos el próximo martes”.

Reportero dice: “y bueno, y si hubiera alguna novedad también platicamos antes”.

JCJ dice: “bueno, yo creo que va a haber la novedad, hoy se va a dar a conocer, si quiere platicamos mañana”.

Reportero: “bueno pues si pasa algo con mucho gusto platicamos mañana”.

JCJ dice: “no para hacerlo columna editorial, pero si una entrevista”.

Reportero dice: “perfecto, así lo hacemos”

JCJ dice: “usted me pregunta de todo y me cuestiona de todo”

Reportero dice: “Me parece bien, que esté muy bien. Es el diputado Javier Corral Jurado, Diputado por Acción Nacional…”

8.- El día veintinueve de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el registro del C. Javier Corral Jurado como candidato a Senador por el Estado de Chihuahua por el principio de mayoría relativa postulado por el Partido Acción Nacional, mediante el acuerdo identificado con la clave CG192/2012.

9.- El 10 de abril del presente año, a las 09:07:44 hrs, el C. Javier Corral vuelve a participar como analista en la citada estación para hablar ahora sobre el tema “La telebancada crece”. En esta ocasión ya registrado como candidato afirma que la telebancada crece según la lista dada a conocer por los partidos políticos tanto para Diputados como para Senadores, y que la presencia de representantes de la Industria de la Radio y la Televisión, tanto de la CIRT como de representantes sindicales ha sido un fenómeno de las últimas dos décadas en el Congreso Federal. Que los partidos políticos, fundamentalmente el PRI, han sido la correa de transmisión para dotar de representación con uno o dos diputados tanto al sector empresarial como al sindical de la Industria de la Radio y la Televisión. Pero esta representación se ha constreñido solo a miembros directos del duopolio de la televisión, es decir Televisa y Tv Azteca. Señaló que este fenómeno tocó a todos los partidos políticos, por lo menos en esta Legislatura. Informó que Andrés Manuel López Obrador ha dado un escaño al empresario Alejandro Puente, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).

Y finalmente cierra su participación de la siguiente forma: Reportero: “Agradezco la columna, y hasta la próxima semana”

JCJ: “Gracias Mario, hasta luego”

Reportero: “Gracias, es el diputado Javier Corral…”

Lo anterior evidencia (de nueva cuenta) que el ahora candidato ha contado con un acceso preferente a la radio (y en especial al programa en el cual participaba de manera semanal), del cual evidentemente no se ha deslindado y sobre el que sigue teniendo un acceso preferencial. En sus intervenciones, el analista reconoce su participación semanal, lo que denota que tiene plena conciencia de que su status de analista le permite tener una proyección a nivel nacional, y que al ser primero precandidato y ahora candidato de un partido, debió abstenerse de participar en dicho espacio radiofónico para no incurrir en alguna violación a la normatividad electoral, pues de esta manera tiene una mayor exposición en medios de comunicación al que podría tener a través de los tiempos ordenados por el Instituto Federal Electoral, o mediante un ejercicio periodístico genuino y no simulado o fraudulento, como acontece en la especie

(…)

MEDIDAS CAUTELARES

(…)”

II. Atento a lo anterior el día once de abril de la presente anualidad, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un Acuerdo en el que medularmente sostuvo lo siguiente:

“SE ACUERDA: PRIMERO.- Ténganse por recibidos el escrito de queja y anexos que lo acompaña, y fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el nú)mero SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012.----------------

(…)

V. Con fecha doce de abril de dos mil doce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el oficio número DEPPP/2069/2012, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a través del cual da contestación al requerimiento de información formulado por esta autoridad.

Al oficio de mérito se adjunto:

      Disco compacto que contiene los testigos de grabación del programa noticioso denominado “Antena Radio”, difundido por el Instituto Mexicano de la Radio en la frecuencia 109.7 FM, en el Distrito Federal, correspondiente a los días 3 y 10 de abril del año en curso.

VI. Con fecha trece de abril del año en curso se recibió escrito signado por la Licenciada María Fernanda Mendoza Ochoa, representante legal del Instituto Mexicano de la Radio, mediante el cual da contestación a lo ordenado en el Acuerdo de radicación, señalando medularmente lo siguiente:

“1) Que en relación al punto SÉPTIMO, relativo a “Requiérase al representante Mexicano de la Radio, a efecto de que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación presente proveído, se sirva informar, lo siguiente", hago de su conocimiento que:

a) Si difunde dentro de sus diversos espacios de los distintos programas que integran su programación, de manera particular en el programa denominado "Noticiero Antena Radio", de la frecuencia 107.9 FM, en el horario comprendido de las 7:00 a las 10:00 horas.

El Instituto Mexicano de la Radio produce, programa y transmite el Noticiario Antena Radio Primera Emisión.

b) En caso de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento anterior señale los días y horarios en que se transmite dicho programa.

El Noticiario Antena Radio Primera Emisión se transmite de lunes a viernes, de 7 a 10 horas, a través de 12 emisoras en 10 localidades del interior de la República Mexicana y el Distrito Federal. (Tijuana, Baja California; Ciudad Acuña, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cananea, Sonora; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Salina Cruz, Oaxaca; Comitán, Chiapa de Corzo y Cacahoatán en Chiapas; Mérida en Yucatán y una emisora AM y otra FM en el Distrito Federal).

c) Si dentro del programa denominado "Noticiero Antena Radio", de la frecuencia 1079 FM, en el horario comprendido de las 7:00 a las 10:00 horas, tiene alguna intervención y/o participación el C. Javier Corral Jurado.

Los martes, aproximadamente entre las 8:00 y 8:40 horas, se transmite la columna del C. Javier Corral Jurado dentro del noticiario Antena Radio Primera Emisión.

d) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, manifieste, la razón y circunstancias por las que se realizaron dichas transmisiones y si respecto de éstas medió algún tipo de solicitud o contrato por parte de un tercero, especificando el nombre y domicilio del mismo.

La participación del C. Corral Jurado es de carácter absolutamente periodístico, dentro del género de opinión y fue invitado hace prácticamente cuatro años, en su calidad de especialista en derecho, en derecho a la información, libertad de expresión, escenarios políticos y legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones a colaborar como columnista.

Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como es el caso de otros 44 columnistas que opinan semanalmente sobre muy diversos temas según su especialidad.

La intervención del C. Corral Jurado es de carácter honorífica por lo que NO media contrato, convenio ni pago alguno para tal efecto. En total concordancia con lo que ordena el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cabe destacar que en los noticiarios del IMER está totalmente prohibida la venta, patrocinio, compra o contratación de espacios lo cual ha sido fundamental y completamente congruente con una radio de servicio público federal que no puede supeditar sus contenidos a intereses de lucro, políticos, ideológicos ni particulares de cualquier índole.

e) Indique si C. Javier Corral Jurado, es colaborador de dichas emisiones radiofónicas, el período durante el cual ha tenido participación dentro de las mismas o las que en lo sucesivo se encuentran programadas o, en su caso, el carácter con el que ha participado en los programas a los que hubiera acudido.

El C. Javier Corral Jurado es colaborador del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER desde el 4 de marzo de 2008, por lo que hasta la fecha se han transmitido más de 200 columnas de su autoría como especialista dentro del noticiario en comento.

f) Remita toda la documentación que estime pertinente para corroborar la razón de sus dichos, y en todo caso, sírvase remitir las grabaciones del programa denominado "Noticiero Antena Radio", en los que haya participado C. Javier Corral Jurado, y remita toda la documentación que estime pertinente para corroborar la razón de su dicho.

Se anexan en Disco Compacto de manera aleatoria grabaciones, así como bitácoras y escaletas correspondientes, de los noticiarios completos de algunos martes en los que se encuentran diversas participaciones del C. Javier Corral Jurado en Antena Radio Primera Emisión desde el año 2008 hasta abril de 2012 y, en caso de requerirse más de éstas o inclusive la totalidad de las mismas, solicitamos ampliar la fecha de entrega puesto que en 24 horas es técnicamente imposible contar con la grabación de las más de 200 intervenciones.

Derivado de lo anterior, se observa que mi representado en todo momento ha cumplido con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores, la Ley Federal de Radio y Televisión y demás disposiciones aplicables que rigen el derecho de los Partidos Políticos al acceso a los medios masivos de comunicación, como lo son las estaciones de radio que opera el Instituto Mexicano de la Radio, contribuyendo con ello a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativo, que propicie elecciones sin descalificaciones ni discordia y que permita llevar a la ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado e informado. (…)”

(…)

VIII. Con fecha catorce de abril de dos mil doce, se recibió en la Dirección Jurídica de este Instituto, el oficio número CQD/BNH/ST/JMVB/64/2012, signado por el Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, por el cual remite el “ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012” el cual en la parte que interesa refiere:

“(…)

A C U E R D O

PRIMERO.- Se declaran procedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Verde Ecologista de México, en relación con las participaciones como colaborador o comentarista del C. Javier Corral Jurado, dentro del programa de noticias denominado “Noticiero Antena Radio”, de la frecuencia 107.9 FM, del Instituto Mexicano de la Radio, en términos de los argumentos vertidos en el Considerando CUARTO del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se ordena al representante legal del Instituto Mexicano de la Radio, concesionario o permisionario de la estación de radio de la frecuencia 107.9 FM, suspendan de inmediato la difusión de las participaciones como colaborador o comentarista realizadas por el C. Javier Corral Jurado, actual candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa en la República Mexicana, postulado por el Partido Acción Nacional, durante la transmisión del programa de noticias Antena Radio”, en términos de lo expresado en el considerando CUARTO de este Acuerdo.

TERCERO.- Se ordena al C. Javier Corral Jurado, actual candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa, postulado por el Partido Acción Nacional, que se abstenga de participar como colaborador o comentarista de radio, en el “Noticiero Antena Radio”, de la frecuencia 107.9 FM, del Instituto Mexicano de la Radio, en términos de lo expresado en el considerando CUARTO de este Acuerdo.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en su carácter de Secretario del Consejo General de dicho organismo público autónomo, notifique personalmente al C. Javier Corral Jurado, y a quien ostente la representación legal del Instituto Mexicano de la Radio, concesionario o permisionario de la emisora de radio de la frecuencia 107.9 FM, el contenido del presente Acuerdo.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en su carácter de Secretario del Consejo General de dicho organismo público autónomo, notifique por oficio a la C. Sara Isabel Castellanos Cortes, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presente proveído.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto que continúe con la verificación de la transmisión del “Noticiero Antena Radio”, de la frecuencia 107.9 FM, del Instituto Mexicano de la Radio, con el objeto de identificar si se lleva a cabo alguna otra intervención y/o participación del C. Javier Corral Jurado, y en caso de detectar alguna transmisión adicional a la que ha sido objeto de estudio a través del presente proveído, de inmediato lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, para los efectos legales a que haya lugar.

(…)

XI. Mediante a lo ordenado en el Acuerdo donde se resolvió la procedencia de medidas cautelares solicitadas por la quejosa y con apoyo de la Tercera Junta Distrital en el estado de Chihuahua se le hizo de conocimiento al C. Javier Corral Jurado, actual candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa, postulado por el Partido Acción Nacional, que se abstenga de participar como colaborador o comentarista de radio, en el “Noticiero Antena Radio”, de la frecuencia 107.9 FM, del Instituto Mexicano de la Radio, en términos de la Resolución tomada en relación con las medidas cautelares solicitadas dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012.

(…)

XVI. Con fecha treinta de abril del año en curso, se recibió escrito signado por la Licenciada María Fernanda Mendoza Ochoa, mediante el cual dio contestación al requerimiento de información formulado por esta autoridad federal, en la que medularmente señaló lo siguiente:

“Respecto a los días 27 de diciembre de 2011, 03 de enero de 2012; 21 y 28 de febrero de 2012; 06 y 27 de marzo de 2012 y 03 de abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado NO realizo ninguna participación en el programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, de la frecuencia 107.9 FM.

Asimismo se anexan discos compactos que contienen los testigos de audio de los noticieros completos, de los días 20 de diciembre de 2011; 10, 17, 24,31 de enero de 2012; 07 y 14 de febrero, 13 y 20 de marzo de 2012 y 10 de abril de 2012, en los que se encuentran participación del C. Javier Corral Jurado en el “Noticiero Antena Radio” de la frecuencia 107.9 FM”

(…)

XIX. Con fecha cuatro de mayo de dos mil doce, se recibió escrito signado por el Licenciado Everardo Rojas Soriano Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral donde da cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad Federal donde medularmente señala lo siguiente:

1) Al respecto he de manifestar que el C. Javier Corral Jurado presento su solicitud de registro como precandidato a ocupar un cargo de elección popular en fecha 9 de diciembre de 2011 a las 10:15 horas.

2) Por cuanto a dicho apartado manifiesto que el ciudadano en cuestión fue formalmente precandidato en fecha 17 de diciembre de 2011.

Lo anterior se acredita con la documentación que se adjunta al presente y consiste en:

      Copia simple del escrito de acuse de recibo de solicitud de registro de precandidatos a cargos de elección popular proceso interno 2011-2012, el cual consta de 4 fojas útiles por un solo lado.

      Copia simple del oficio de fecha 17 de diciembre de 201, suscrito por el Lic. Roberto Andrés Fuentes Rascón en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral Estatal de Chihuahua por el cual emite el dictamen de procedencia de la solicitud de registro de precandidatos a senadores de Chihuahua del C. Javier Corral Jurado.

      Copia simple del oficio de fecha 17 de diciembre de 2011, suscrito por los CC. Lic. Alfonso Valdez Caraveo, Presidente de la Comisión Electoral Estatal de Chihuahua y el Roberto Andrés Fuentes Rascón en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral Estatal de Chihuahua por el cual emite el dictamen de procedencia de la solicitud de registro de precandidatos a senadores de Chihuahua del C. Javier Corral Jurado.

(…)

XXVI. En la audiencia de fecha catorce de mayo de dos mil doce, se tuvieron por recibidos los siguientes escritos:

Escrito signado por el Lic. Everardo Rojas Soriano, representante suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General de este Instituto:

“Al respecto, previo al planteamiento de la contestación de la referida queja que me fuere notificada en días pasados, conviene señalar que la referida queja interpuesta por el representante del Partido Verde Ecologista de México, toda vez que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral vigente:

“Artículo 29

Desechamiento e Improcedencia

2. La Queja o Denuncia será improcedente cuando:

a) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del inciso e) párrafo 1, del artículo 23 de este Reglamento;

(…)”

Lo anterior en razón de que los hechos mencionados en el escrito de queja presentado por el Partido Verde Ecologista de México son intrascendentes ya que parten de apreciaciones subjetiva, vagas y poco precisas al estimar que desde el 2008 el C. Javier Corral Jurado participa semanalmente como analista y comentarista en el programa radiofónico denominado “Noticiero Antena Radio” que se transmite en la frecuencia 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio y que de tales afirmaciones se advirtiera la contratación de tiempos en radio y televisión para promocionar la imagen del referido ciudadano.

Así también, la queja de mérito debe ser desechada por la notoria improcedencia ya que el quejoso no aporta los elementos mínimos para sustentar su dicho, ya que únicamente se basa en supuestos, máxime que de las pruebas que aporta consiste en notas periodísticas y técnicas que en nada acreditan las afirmaciones del quejoso. Por otro lado, de los hechos objeto de la denuncia, no se advierte que los mismos tengan una vinculación con Proceso Electoral alguno y mucho menos que de los mismos se pueda advertir el inicio de un procedimiento administrativo sancionador alguno. Ello así ya que de los referidos hechos no se advierte las hipótesis previstas en el numeral 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra reza:

Artículo 367

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Como se advierte del precepto antes citado, los hechos que se denuncian no corresponden a violaciones a lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Federal ya que no se acredita siquiera de manera indiciaria la adquisición ni contratación de promocionales que el quejoso no aporta elemento para acreditar su existencia.

En relación con lo anterior, conviene tener presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia sostenida por el Tribunal Federal Electoral, la cual establece:

Jurisprudencia 16/2005

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES.— Las causas de improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda.

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-028/2001.— Lucio Frías García.—10 de junio de 2001.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2004.—Coalición en Alianza Contigo.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-374/2005.— Marta Elba García Mejía.—7 de julio de 2005.—Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Se publicó como tesis relevante en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 82.

Con base en lo antes expuesto, resulta fundada mi pretensión, toda vez que la denuncia advierte una clara deficiencia respecto a los supuestos hechos que denuncia el promovente, ello en virtud de que no es claro y no aporta elementos siquiera indiciarios que hagan suponer la existencia de los mismos.

En tales circunstancias, toda vez que de la narración de los hechos planteados por la parte actora no trastocan Proceso Electoral Federal en curso, se desprenden conductas que no implican violación a la normatividad electoral vigente, por lo que la Autoridad de ver los argumentos vertidos en la queja deben ser considerados improcedentes y en consecuencia desechar la misma, al actualizarse una causal de improcedencia de las previstas por la norma reglamentaria.

CONTESTACIÓN DE HECHOS.

En ese orden de ideas, ad cautelam acudo en tiempo y forma a dar contestación a la inoperante e improcedente queja interpuesta por la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, respecto de hechos que se le pretenden imputar a mi representado.

Para tal efecto, he de señalar que NIEGO categóricamente los hechos expuestos por la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, toda vez que parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al considerar que de las intervenciones del C. Javier Corral Jurado, el mismo de su contenido y manifestado constituya violaciones en materia electoral vigente.

Ello en razón del análisis a los testigos que se anexan al emplazamiento, se trata de intervenciones que se dan en total y pleno apego a la libertad de expresión y manifestación de ideas, consagrado por la Carta Magna en sus numerales 6° y 7° manifestaciones que en nada se vincularon al Proceso Electoral Federal ni mucho menos se hizo promoción personalizada o se solicitó el voto en favor de partido político, candidato o precandidato alguno.

Por otro lado es preciso señalar que mi representado el Partido Acción Nacional en ningún momento y bajo ninguna circunstancia contrató y/o adquirió tiempo en radio ni televisión fuera de los tiempos que el Instituto Federal Electoral ha establecido como prerrogativa al partido político que represento, ya que, suponiendo sin conceder que se hubiera contratado, el quejoso o en su defecto la radiodifusora que acuden al presente procedimiento hubieran aportado el contrato correspondiente a efecto de acreditar su dicho, situación que en el presente no se actualiza ya que evidentemente NO se contrató y/o adquirió tiempo fuera de pauta como erróneamente lo pretende imputar el quejoso.

Expuesto lo anterior y teniendo a la vista copia del expediente que fuere adjuntado dentro del emplazamiento hecho a mi representado mediante oficio SCG/3860/2012 procedo a formular los siguientes:

A L E G A T O S.

Es así que procedo a manifestar que del análisis a lo que obra en autos del expediente de cuenta, es de advertir que si bien existen las participaciones del C. Javier Corral Jurado, las mismas son de carácter periodístico, dentro del género de opinión y fue invitado por el Instituto Mexicano de la Radio IMER desde hace cuatro años en su calidad de especialista en derecho, apegado siempre sus manifestaciones al derecho de la información, a la libertad de expresión colaborando como columnista dentro de un espacio noticioso.

Ahora bien, respecto de los hechos que se pretenden imputar a mi representado, es preciso tener presente lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafos 3 y 4; 228, párrafo 3; 342, párrafo 1, incisos a), i) y n); 344, párrafo 1, inciso f); 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que señalan lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

(…)

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

(…)

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

(…)

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

(…)”

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 49

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia.

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de Lineamientos Generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los Acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

Artículo 228

(...)

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

(…)

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.

Artículo 344

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

(…)

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

(…)

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

(…)

Del contenido de los artículos antes referidos es dable hacer algunas consideraciones al respecto:

                     Es así que el Constituyente determinó que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación y que sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular accederán a ellos, través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativas a los primeros.

                     Que existe la prohibición de que en ningún momento partidos políticos o cualquier otra persona puedan contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión pasa su promoción con fines electorales.

                     Que ninguna persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, puede contratar espacios o propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de algún candidato.

                     Que los concesionarios de televisión restringida están obligados a respetar las bases de acceso a la radio y televisión en materia política y electoral que se establecen constitucional, legal y reglamentariamente.

Es de destacar que los artículos antes referidos, no se advierte de ninguna forma que la finalidad de la reforma constitucional fuera restringir el derecho de libertad de expresión de los diversos actores políticos en un proceso comicial y mucho menos el ejercicio de la actividad periodística, en el sentido de que los medios de comunicación, informen respecto de las diversas actividades, hechos y/o sucesos que ocurran en un espacio y tiempo determinados.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que la finalidad del derecho de libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; en ese sentido, el mismo artículo 6° constitucional, así como diversos instrumentos internacionales, precisan que dicho derecho no tiene más límites que no constituir un ataque a la moral, los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público e incluso, cabe referir que dicha libertad asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, con el fin de garantizar un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho.

En ese mismo orden de ideas, y con relación a la función que desempeñan los medios de comunicación dentro de un Estado democrático, dicha actividad se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios masivos de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de transmisión masiva de información, educación y cultura, que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, proporcionar información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna.

Lo anterior por cuanto ve al privilegio de los Principios de “Libertad de Expresión e Información”, cabe referir que los artículos 6° y 7° constitucionales, regulan los derechos fundamentales de libertad de expresión y de imprenta, los cuales garantizan que:

a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público;

b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado;

c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia;

d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta;

e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.

En consecuencia, y con base en lo expuesto se advierte que la reforma constitucional de ninguna forma tiene la intención de restringir el derecho de libertad de expresión y de los medios de comunicación de difundir las noticias o los hechos que en su caso les parezcan trascendentes.

Ahora bien, al caso que nos ocupa es preciso advertir primeramente que de las intervenciones que realizaba el C. Javier Corral Jurado siempre fueron de tipo honorífico, apegadas a la garantía constitucional de la Libertad de Expresión en donde solo se concretó a realizar manifestaciones encaminadas a los temas propios de su especialidad, sin que en ningún momento se estuviera vinculando al Proceso Electoral Federal que hoy transcurre, y que de las manifestaciones, de su contenido no se desprende elemento alguno que haga suponer que sea propaganda electoral de conformidad a lo establecido por el artículo 228, párrafo 3 del Código Federal Electoral.

Atento a ello, la máxima magistratura en materia electoral al dictar ejecutoria correspondiente al expediente SUP-RAP-234/2009, determinó partiendo “… de la interpretación sistemática y funcional del artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, con el reconocimiento de la libertad de expresión e información, previsto en el artículo 6º de la propia Ley Fundamental, conduce a la conclusión de que el objeto de la prohibición constitucional no comprende los tiempos de radio y televisión, que se empleen para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación.”

Siendo así, considerando el contenido y finalidad del programa motivo de inconformidad, es de advertir que se trata de un ejercicio periodístico amparado plenamente por la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ahora bien, al respecto conviene necesario reproducir a manera de criterio orientador el contenido del artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, actualmente abrogado, el cual en su fracción VII definía lo que debe entenderse como propaganda electoral de la forma siguiente:

VII. Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del Proceso Electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.”

Tomando en consideración la definición antes transcrita, se evidencia que del contenido del material motivo de inconformidad no pueden ni deben ser calificadas como propaganda electoral, ya que no se advierte de su análisis que éstas contengan los elementos necesarios para ser calificadas con tal carácter y por tanto que las mismas impacten en la equidad de la competencia que rige el Proceso Electoral.

De ello que el contenido del video motivo de litis se encuentre dentro de los referidos límites de la libertad de expresión ya que, se trata de un trabajo periodístico por parte del C. Javier Corral Jurado respecto de sus participaciones dentro del espacio radiofónico de la estación 107.9 FM.

Es decir, no existen disposiciones legales que, con carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las entrevistas o reportajes y, mucho menos las participaciones de intelectuales o especialistas en la materia quienes pueden en todo momento emitir puntos de vista sin trastocar los límites establecidos en la carta magna.

Lo anterior, resulta congruente con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:

Ana Gabriela Guevara Espinoza y otros

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 29/2010

RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7 y 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-234/2009 y acumulados.-Recurrentes: Ana Gabriela Guevara Espinoza y otros.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-4 de septiembre de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.-Reserva: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Julio César Cruz Ricárdez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-280/2009.-Recurrente: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-28 de octubre de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Reserva: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez, Fernando Ramírez Barrios y Juan Ramón Ramírez Gloria.

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2010.-Recurrente: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-28 de abril de 2010.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretarios: Eugenio Partida Sánchez, Jorge Enrique Mata Gómez y Armando Penagos Robles.

Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar INFUNDADO el Procedimiento Especial Sancionador presentado por la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el quejoso.

(…)

C O N S I D E R A N D O

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

(…)

SÉPTIMO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. Que toda vez que se han desestimado las causales de improcedencia hechas valer por las partes denunciadas, lo procedente es entrar al análisis de los hechos denunciados y a las excepciones y defensas hechas valer dentro del presente procedimiento sancionador.

A) En primer término es de referir que el partido accionante, mediante su escrito de queja hace valer lo siguiente:

       Que desde mediados del año dos mil ocho, el C. Javier Corral Jurado participa semanalmente todos los días martes como analista y comentarista en el programa radiofónico denominado “Noticiero Antena Radio”, que se transmite en la frecuencia en 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio.

       Que a pesar de que desde el mes de diciembre de dos mil once el C. Javier Corral Jurado fue registrado por el Partido Acción Nacional como precandidato a Senador por el Estado de Chihuahua por el principio de mayoría relativa, dicho ciudadano continuó con su labor de comentarista y analista en el referido programa radiofónico.

       Que el status de analista y conductor en el referido programa le ha permitido posicionarse frente al auditorio y obtener una ventaja sobre el resto de sus competidores, derivado de la exposición ordinaria que le genera el espacio radiofónico en el que continuamente participa y que incluso podría confundir al potencial electorado, pues éste no sabría a ciencia cierta bajo qué carácter estaría ejerciendo el espacio radiofónico que tiene asignado.

       Que en su participación del siete de febrero de dos mil doce, el C. Javier Corral Jurado señaló que el triunfo de Josefina Vázquez Mota representa una esperanza para México en más de un sentido, pues es una esperanza para el ascenso de las mujeres en la vida política del país y para hacer avanzar realmente su participación en la toma de decisiones del poder público.

       Que en su participación del día catorce de febrero de dos mil doce, el denunciante de marras comentó el tema “El IFE debe dar respuesta”.

       Que el trece de marzo de dos de mil doce, en el multireferido programa radiofónico intervino con el tema “Las aspiraciones de Clouthier”, lugar donde expuso las aspiraciones del C. Manuel Clouthier Jr.

       Que el día veinte de marzo de dos mil doce, en el mismo programa de radio el denunciante de mérito, comentó sobre la llegada a nuestro país el Papa Benedicto XVI y la reforma al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

       Que el diez de abril de dos mil doce, volvió a participar en el programa radiofónico referido, para hablar sobre el tema “La telebancada crece”.

       Que dichas participaciones evidencian que el denunciado ha contado con un acceso preferente a la radio (y en especial al programa en el cual participaba de manera semanal), del cual evidentemente no se ha deslindado y sobre el que sigue teniendo un acceso preferencial.

B) Por su parte el Licenciado Everardo Rojas Soriano, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, opuso las excepciones y defensas siguientes:

       Que en el escrito de queja presentado por la Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

       Que en el escrito de queja resultan intrascendentes los hechos mencionados ya que parten de apreciaciones subjetivas, vagas y poco precisas al estimar que desde el dos mil ocho, el C. Javier Corral Jurado participa semanalmente como analista y comentarista en el programa denominado “Antena Radio”.

       Que la queja presentada debe ser desechada por notoria improcedencia, ya que el quejoso no aporta los elementos mínimos para sustentar su dicho, ya que únicamente se basa en supuestos, máxime que de las pruebas que aporta consisten en notas periodísticas y técnicas.

       Que en los hechos objeto de la denuncia, no se advierten las hipótesis previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para iniciar un Procedimiento Especial Sancionador.

       Que la denuncia presentada advierte una clara deficiencia respecto de los supuestos hechos señalados en el escrito inicial.

       Que el quejoso niega la imputación enderezada en su contra por parte de la Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México, toda vez que parte de apreciaciones obscuras, subjetivas y tendenciosas al considerar las intervenciones del denunciante de marras violatorias a la normatividad federal electoral.

       Que en ningún momento el denunciado contrató y/o adquirió tiempo en radio y televisión, fuera de los tiempos autorizados por esta autoridad federal comicial.

       Que las participaciones del denunciante en el programa radiofónico son de carácter meramente periodístico, dentro del género de opinión, y éste fue invitado como especialista en derecho, apegado siempre a sus manifestaciones de la libertad de expresión, además de colaborar como columnista en el referido espacio noticioso.

       Que las intervenciones también son de carácter periodístico dentro del género de opinión y a invitación del Instituto Mexicano de la Radio.

       Que las intervenciones del denunciante siempre fueron de tipo honorifico, apegadas a la garantía constitucional de la libertad de expresión, en donde solo se encaminó a dar opiniones propias de su especialidad, sin que en ningún momento se estuviera vinculando al Proceso Electoral Federal que hoy transcurre, y que de las manifestaciones, de su contenido no se desprende elemento alguno que haga suponer que sea propaganda electoral de conformidad a lo establecido por el artículo 228, párrafo 3 del Código Federal Electoral.

       Que las expresiones denunciadas están amparadas bajo la garantía de libertad de expresión y de prensa, derechos fundamentales garantizados por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

       Que el quejoso no aporta elementos suficientes, siquiera de tipo indiciario que puedan acreditar ilícito (sic) alguno para infringir la norma electoral.

C) Lic. Ana Cecilia Terrazas Valdez, apoderada legal del Instituto Mexicano de la Radio, opuso las excepciones y defensas siguientes:

       Que el denunciado no ha celebrado contrato y/o acto jurídico con su representada para la participación en el programa denominado “Noticiero Antena Radio”.

       Que el programa referido se transmite en la frecuencia 107.9 FM.

       Que no existe conducta punible atribuible al denunciado, toda vez que el análisis de los elementos que integran el expediente no se configura la voluntad y/o intención de trasgredir la legislación federal electoral, mucho menos realizar acciones con el propósito u objetivo fundamental de presentar una plataforma electoral, promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral.

       Que tal como lo señala la C. Sara Isabel Castellanos Cortés, Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su escrito inicial de queja, la participación del C. Javier Corral Jurado es en su carácter de analista y comentarista.

       Que el procedimiento que se inició en contra del Instituto Mexicano de la Radio, restringe y vulnera las libertades básicas consagradas en la constitución, por la sola pretensión de imponer una sanción, por actuar en su calidad de radio de servicio público que tiene como fin consolidar una comunicación pública, incluyente participativa y plural, que de ninguna forma supedita sus contenidos a intereses de lucro, políticos, ideológicos y/o particulares de cualquier índole.

       Que las participaciones del denunciado, no constituyen bajo ningún concepto propaganda electoral que permita promocionar su imagen como candidato al senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el particular no vulnera de modo alguno los principios de equidad, legalidad y certeza consagrados en la constitución.

       Que las participaciones del C. Javier Corral Jurado en el programa “Noticiero Antena Radio”, son dentro del género de opinión y fue invitado desde hace casi cuatro años a colaborar como columnista en su calidad de especialista en derecho a la información, libertad de expresión y legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, en observancia a su función de radio pública y en estricto apego a lo establecido en los artículo 5° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

       Que por lo que hace a las circunstancias de tiempo que se le imputan a su representada, los días veintisiete de diciembre de dos mil once, tres de enero, veintiuno y veintiocho de febrero, seis y veintisiete de mazo y tres de abril, todos del dos mil doce, el C. Javier Corral Jurado no realizó ninguna participación en el programa denominado “Antena Radio”, como se puede corroborar en los testigos de grabación, bitácoras y escaletas que se presentaron ante esta autoridad federal.

       Que no existe conducta punible a consideración de su representada, ya siempre se ha conducido con respeto irrestricto a la libertad de expresión de los columnistas invitados, pues no puede, ni debe, limitar o censurar de modo alguno las opiniones vertidas por los colaboradores según su especialidad, las que en todo caso, son de exclusiva responsabilidad de quien los emite y de ninguna manera expresan la posición de su representada en cuanto a los temas tratados, siendo el IMER el medio abierto a la opinión pública.

       Que en cumplimiento de lo que ordena el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en relación a su título de refrendo, su representada está obligada a no realizar, transmitir o retransmitir anuncios comerciales, por lo que su representada jamás ha vendido, rentado o enajenado tiempo de transmisión a algún partido político, aspirante, precandidato o candidato a cargos de elección popular, ni mucho menos ha realizado la difusión de propaganda política o electoral, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral.

       Que no media contrato u acto jurídico alguno, así como pago ni filiación partidista con sus colaboradores, ya que están a favor de la garantía de libertad de expresión.

       Que las intervenciones del denunciando no denotan que hayan tenido el ánimo de influir en las preferencias electorales, porque no se desprende algún elemento que fomente a algún partido político o candidato, ya que en su calidad de colaborador, ha dedicado sus participaciones al análisis de diversos temas que no necesariamente se encuentran circunscritos a la materia político-electoral, por lo que no se cumplen a cabalidad los elementos del tipo referente a la prohibición de contratar o adquirir espacios o tiempo en radio dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

       Que un medio público de comunicación como el Instituto Mexicano de la Radio, con una misión y visión esencialmente distinta a la de un medio privado, protege y resguarda como uno de sus más preciados activos el derecho a informar a su audiencia con oportunidad, veracidad, independencia y respeto, ofreciendo una programación equilibrada y garantizando en todo momento la libre expresión de las ideas como principio imperativo de la democracia.

LITIS

OCTAVO.- Que una vez sentado lo anterior corresponde a esta autoridad fijar la litis en el presente procedimiento, la cual se constriñe en determinar:

A) Si el C. Javier Corral Jurado, en su calidad de candidato al Senado de la República, postulado por el Partido Acción Nacional, infringió lo dispuesto por el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Carta Magna; en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3 y 4 y 344, párrafo 1, incisos a) y f) del Código Electoral Federal, dado que presuntamente adquirió tiempo en radio y televisión, mediante la difusión de diversos comentarios en el noticiero denominado “Antena Radio”, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio, en la frecuencia 107.9 FM.

B) Si el C. Javier Corral Jurado, en su calidad de candidato al Senado de la República, postulado por el Partido Acción Nacional, realizó presuntamente actos anticipados de campaña, los que pueden contravenir el artículo 41, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 228, párrafos 1, 2, 3 y 4; 342, párrafo 1, incisos a) y e); 344, párrafo 1, incisos a) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, derivado de la difusión de diversos comentarios en el noticiero denominado “Antena Radio”, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio, en la frecuencia 107.9 FM, con lo que a juicio del quejoso de manera indebida y anticipada se posiciona frente a la ciudadanía y electorado.

C) Si el Instituto Mexicano de la Radio, conculcó lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3, 4 y 5; 345, párrafo 1, incisos b) y d), y 350, párrafo 1, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la difusión de diversos comentarios en el noticiero denominado “Antena Radio”, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio, en la frecuencia 107.9 FM.

D) Si el Partido Acción Nacional, conculcó lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafos 2, 3 y 4; 342, párrafo 1, incisos a), i) y n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales disponen que constituye una infracción a los partidos políticos la contratación o adquisición, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión.

E) Si el Partido Acción Nacional, realizó presuntamente de actos anticipados de campaña, mediante la participación del C. Javier Corral Jurado en el noticiero denominado “Antena Radio”, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio, en la frecuencia 107.9 FM, con lo que a juicio del quejoso de manera indebida y anticipada se posiciona frente a la ciudadanía y electorado.

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

NOVENO. Que por cuestión de método, y para la mejor comprensión del presente asunto, esta autoridad electoral federal estima pertinente verificar la existencia del hecho materia de la denuncia, toda vez que a partir de esa determinación, esta autoridad se encontrará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento respecto de su legalidad o ilegalidad.

En primer término, conviene recordar que el motivo de inconformidad que se somete a la consideración de esta autoridad electoral federal a través del presente procedimiento guarda relación con los hechos denunciados por el Partido Verde Ecologista de México, consistentes en las intervenciones del C. Javier Corral Jurado, en el noticiero denominado “Antena Radio”, transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio, en la frecuencia 107.9 FM, lo que a consideración del accionante vulnera lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al adquirir indebidamente tiempos en radio, ya que por su carácter, lo posiciona frente a la ciudadanía y el electorado de manera indebida y anticipada a los demás contendientes. En este tenor, corresponde a esta autoridad valorar las pruebas que obran en el sumario en que se actúa, que tengan relación con la litis planteada en el presente Procedimiento Especial Sancionador:

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE

1. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en un disco compacto que contiene las grabaciones de las participaciones del C. Javier Corral Jurado, en el “Noticiero Antena Radio” correspondiente a los días siete y catorce de febrero y trece y veinte de marzo, así como diez de abril de dos mil doce.

En este sentido, es de referirse que dada la propia y especial naturaleza de los discos compactos en mención, deben considerarse como pruebas técnicas en atención a lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso c); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 33, párrafo 1, inciso c); 36, 41, 44, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y por ende su contenido, en principio sólo tiene el carácter de indicio respecto de los hechos que en ellos se refieren.

Asimismo, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.

Siendo preciso referir que del análisis al contenido de los discos compactos en mención, se obtienen indicios con mayor grado de convicción respecto a diversas intervenciones efectuadas por el C. Javier Corral Jurado, en las que realizó diversas opiniones sobre los temas siguientes:

   La candidatura de Josefina Vázquez Mota, el siete de febrero de dos mil doce.

   La supuesta veda electoral aprobada por el Instituto Federal Electoral, el catorce de febrero de dos mil doce.

   La candidatura de Manuel Clouthier Carrillo, el trece de marzo de dos mil doce.

   La reforma al artículo 24 constitucional, el veinte de marzo de dos mil doce.

   La nueva telebancada, el diez de abril de dos mil doce.

DOCUMENTALES PRIVADAS

1. Documentales privadas consistentes en las impresiones de las páginas de internet http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2343266.htm, y http://www.panchihuahua.org.mx/2011/archives/prensa/cde/se-registra-javiercorral-jurado-como-precandidato-al-senado/ y http://www.javiercorral.org/index.php?option=com_content&view=category&id=201&Itemid=83.

Al respecto, es de referir que dichas constancias poseen el carácter de documentales privadas, por tratarse de impresiones de portales de Internet, siendo preciso referir que las mismas guardan relación con los hechos que se investigan, toda vez que de su estudio se advierte que se tratan de portales mediante los cuales se desprende en las dos primeras, que el C. Javier Corral Jurado, se registró como candidato a Senador de la República por el estado de Chihuahua, y la última de ellas es el portal personal de dicha persona, atento a ello, tal probanza será tomada en consideración únicamente como meros indicios para la emisión de la presente Resolución.

Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 358, párrafo 3, inciso b); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 35, párrafo 1 y, 44, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

   Que en las páginas de internet señaladas se aprecia una nota que señala que el C. Javier Corral Jurado solicitó su registro como precandidato al Senado por el estado de Chihuahua.

   Señaló que convocó a Guillermo Luján Peña para integrar una fórmula consciente de la adversidad y la amplia trayectoria que han forjado como parlamentarios y líderes del partido.

   Expuso que ofrece al resto de los participantes realizar una campaña de altura, esperando que haya un juego limpio, aunque se mantendrá alerta para denunciar lo indebido durante el proceso interno.

2. Copia simple del Acuerdo CG192/2012, emitido el día veintinueve de marzo por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el que aprobó el registro del C. Javier Corral Jurado como candidato al Senado por el estado de Chihuahua que en la parte que interesa establece lo siguiente:

“…

A C U E R D O

PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa para las elecciones federales del año 2012, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones denominadas “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”, ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:

RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A SENADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

[…]

SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa presentadas supletoriamente ante este Consejo General por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones denominadas “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”.

[…]”

Al respecto, es de referir que dicha documental posee el carácter de documental privada, cuyo alcance probatorio es indiciario respecto de lo que en ellas se precisa, según lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso b); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los diversos numerales 35 y 44, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y por ende su contenido tiene el carácter de indicio respecto de los hechos que en ellos se refieren.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL

1. Acta circunstanciada que se instrumenta con objeto de dejar constancia de la diligencia practicada en cumplimiento a lo ordenado en el punto octavo del auto de fecha once de abril de dos mil doce, dictado en el expediente administrativo identificado con la clave SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012, la cual a la letra dice:

“ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA DILIGENCIA PRACTICADA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO OCTAVO DEL AUTO DE FECHA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO IDENTIFICADO CON LA CLAVE. SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012-------------------------------------

En la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de abril de dos mil doce, constituidos en las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, actúan el suscrito Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este órgano electoral federal autónomo, así como la Mtra. Rosa María Cano Melgoza y Lic. Nadia Janet Choreño Rodríguez, Directoras Jurídica y de Quejas de la Dirección Jurídica de este Instituto, respectivamente, quienes actúan como testigos de asistencia en la presente diligencia con objeto de practicar la búsqueda a que se refiere el auto del día de la fecha en que se actúa, dictado en el expediente administrativo citado al rubro, a efecto de constatar el contenido de diversas páginas electrónicas.-------------------------------

Siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito ingresó el siguiente link de http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2343266.htm, sitio perteneciente al periódico “EL MEXICANO”, en el cual se observa una noticia referente al registro como precandidato del C. Javier Corral, teniendo como título en la parte superior de la página: “Ciudad Juárez” “Se registra Corral como precandidato” “EN BUSCA DE LA SENADURÍA”, con fecha 10 de diciembre de 2011, y posteriormente el nombre de “Ever Haro Guillen/El Heraldo de Chihuahua” como se aprecia en la siguiente pantalla: ---------------

Posteriormente, se procedió a ingresar al siguiente link:

http://www.panchihuahua.org.mx/2011/archives/prensa/cde/se-registra-javier-corral-jurado-comoprecandidato-al-senado/, donde se desplegó una página web en colores azul y blanco, donde se puede apreciar en la parte superior, la fecha en la perteneciente al día de visita “Miércoles, Abril 11, 2012”, en seguida se encuentra el logo del Partido Acción Nacional, “PAN”, dentro del estado de Chihuahua, seguido de la leyenda: “COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL”, “Partido Acción Nacional”, “Chihuahua”. Asimismo se muestra información del registro del C. Javier Corral Jurado, bajo el título: “Se registra Javier Corral Jurado como precandidato al Senado”, como puede apreciarse en la siguiente imagen:-------------------------------------------------------------------------------

Una vez que el suscrito ha realizado la verificación del contenido de las páginas de Internet, se concluye la presente diligencia siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, instruyéndose la presente acta para dejar constancia de los hechos que en ella se refieren, para los efectos legales a que haya lugar.”

2. Acta circunstanciada que se instrumenta con objeto de dejar constancia de la diligencia practicada en cumplimiento a lo ordenado en el punto noveno, numeral uno del auto de fecha once de abril de dos mil doce, dictado en el expediente administrativo identificado con la clave SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012; misma que dice:

“ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA DILIGENCIA PRACTICADA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO NOVENO, NUMERAL UNO DEL AUTO DE FECHA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO IDENTIFICADO CON LA CLAVE. SCG/PE/PVEM/CG/110/PEF/187/2012--------------------------

En la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de abril de dos mil doce, constituidos en las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, actúan el suscrito Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este órgano electoral federal autónomo, así como la Mtra. Rosa María Cano Melgoza y Lic. Nadia Janet Choreño Rodríguez, Directoras Jurídica y de Quejas de la Dirección Jurídica de este Instituto, respectivamente, quienes actúan como testigos de asistencia en la presente diligencia con objeto de practicar la búsqueda a que se refiere el auto del día de la fecha en que se actúa, dictado en el expediente administrativo citado al rubro, a efecto de constatar el contenido de diversas páginas electrónicas.-------------------------------

Siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito ingresó el siguiente link de http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2, sitio perteneciente al Instituto Federal Electoral, en el cual se observan diversas ligas de interés propias del portal, desplegándose la siguiente pantalla: ------

Posteriormente, se procede a dar clic en el link denominado: “Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales”, desplegándose la siguiente página http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Informacion_de_los_Partidos_Politicos/; en la cual se aprecia en la parte superior el texto “¿Qué son los Partidos Políticos?”, y en la columna ubicada en el costado izquierdo se encuentra un apartado llamado “Candidatos”. ---------

Luego, en el link http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Candidatos/: se advierte en la parte superior izquierda el texto “Conoce a tu precandidato”, donde se encuentra el texto “Consulta ‘Conoce a tu precandidato’ para conocer la lista de los precandidatos a los distintos cargos de elección popular que participan en las elecciones internas de los Partidos Políticos Nacionales, “Conoce a tu precandidato”, El sistema será desplegado en una nueva ventana de su navegador.-

Asimismo, se procedió a darle clic en el apartado “Conoce a tu Precandidato”, desplegándose la siguiente página https://appinter.ife.org.mx/precandidatos2012/consultaPrecandidatos.can?methodToCall=init, Ponemos a tu disposición información de los Precandidatos a puestos de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2011 - 2012.”, luego la leyenda “Conoce a tu Precandidato” y las opciones que dicen “Cargo”, Elige tu entidad” e “ingresa tu sección electoral” y la leyenda “Si tienes duda de cómo obtener tu sección electoral da click aquí”, por lo que se procedió a llenar los espacios, en donde dice cargo se seleccionó “SENADOR MR”, y “MÉXICO”, y el icono de Aceptar, como consta en la página siguiente: ----------------------------

Por lo que se abrió el link: https://appinter.ife.org.mx/precandidatos2012/consultaPrecandidatos.can?methodToCall=find, con la siguiente información: ---------------

Página web donde se advierte en la parte superior izquierda el logotipo del Instituto Federal Electoral, y las leyendas “Proceso Electoral Federal 2011-2012” “Lista de precandidaturas a Senadores por el principio de Mayoría Relativa”, encontrándose en dicha información la Entidad Federativa: Chihuahua, del lado derecho el partido político postulante, seguido del candidato propietario y su suplente, por lo que en el antepenúltimo renglón se advierte que el C. Javier Corral Jurado, se encuentra registrado por el Partido Acción Nacional, como precandidato propietario a Senador por Mayoría Relativa en el estado de Chihuahua, relación que se imprime en una foja y que se agrega a la presente como Anexo 1.”

Medios de prueba que se analizan conjuntamente por su naturaleza y constituyen documentales públicas, respecto de la existencia de su contenido, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a); 359, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 34, párrafo 1, inciso a) y, 44, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, por lo que su valor probatorio es pleno para acreditar lo que en ella se consigna, en razón de que fueron elaboradas por la autoridad competente para tal efecto y en ejercicio pleno de sus funciones.

Ahora bien, del análisis a dichas documentales públicas se desprende lo siguiente:

   Que en las primeras páginas de Internet se pudo constatar que existe una noticia referente al registro como precandidato del C. Javier Corral Jurado, teniendo como título en la parte superior de la página: “Ciudad Juárez” “Se registra Corral como precandidato” “EN BUSCA DE LA SENADURÍA”, con fecha 10 de diciembre de 2011, y posteriormente el nombre de “Ever Haro Guillen/El Heraldo de Chihuahua”.

   Que en la segunda se aprecia una página web en colores azul y blanco, donde se puede apreciar en la parte superior, la fecha del día de la visita que fue el “Miércoles, Abril 11, 2012”, en seguida se encuentra el logo del Partido Acción Nacional, “PAN”, dentro del estado de Chihuahua, seguido de la leyenda: “COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL”, “Partido Acción Nacional” “Chihuahua”, asimismo, se muestra información del registro del C. Javier Corral Jurado, bajo el título: “Se registra Javier Corral Jurado como precandidato al Senado”.

Respecto al portal de este Instituto, se desprende:

   Que al abrir el link: https://appinter.ife.org.mx/precandidatos2012/consultaPrecandidatos.can?methodToCall=find, con la siguiente información, en la parte superior izquierda el logotipo del Instituto Federal Electoral, y las leyendas “Proceso Electoral Federal 2011-2012” “Lista de precandidaturas a Senadores por el principio de Mayoría Relativa”, encontrándose en dicha información la Entidad Federativa: Chihuahua, del lado derecho el partido político postulante, seguido del candidato propietario y su suplente, por lo que en el antepenúltimo renglón se advierte que el C. Javier Corral Jurado, se encuentra registrado por el Partido Acción Nacional, como precandidato propietario a Senador por Mayoría Relativa en el estado de Chihuahua.

3. Con la finalidad de allegarse de mayores elementos, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y determinar lo que en derecho correspondiera, mediante oficio identificado con la clave SCG/3282/2012, se solicitó al Representante Legal del Instituto Mexicano de la Radio informara lo siguiente

“1) Requiérase al Representante Legal del Instituto Mexicano de la Radio, a efecto de que en termino de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, proporcione a esta autoridad la siguiente información: a) Proporcione los testigos de grabación del programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, de la frecuencia 107.9 FM, en el horario comprendido de las 7:00 a las 10:00 horas, en donde el C. Javier Corral Jurado, tuvo participación, en especifico de los días 20 y 27 de diciembre de 2011; 3,10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo y 3 y 10 de abril, todos del presente año; b) Proporcione las bitácoras y escaletas correspondientes del programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, de la frecuencia 107.9 FM, en el horario comprendido de las 7:00 a las 10:00 horas, correspondientes a los días citados en el inciso que antecede …”.

En respuesta a dicho pedimento se recibió escrito de fecha treinta de abril de dos mil doce, mediante el cual la Lic. María Fernanda Mendoza Ochoa, apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto Mexicano de la Radio, da contestación al oficio número SCG/3282/2012, a través del cual desahogó el pedimento de información planteado, y cuyo contenido medular es del tenor siguiente:

“Que en relación al inicio 1 del punto SEGUNDO, relativo a “Requiérase al representante legal del Instituto Mexicano de la Radios, a efecto de que en término de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, proporcione a esta autoridad la siguiente información… “, hago de su conocimiento que:

Respecto a los días 27 de diciembre de 2011, 03 de enero de 2012; 21 y 28 de febrero de 2012; 06 y 27 de marzo de 2012 y 03 de abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado NO realizó ninguna participación en el programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, de la frecuencia 107.9 FM.

Asimismo se anexan discos compactos que contienen los testigos de audio de los noticieros completos, de los días 20 de diciembre de 2011; 10, 17, 24,31 de enero de 2012; 07 y 14 de febrero, 13 y 20 de marzo de 2012 y 10 de abril de 2012, en los que se encuentran participación del C. Javier Corral Jurado en el “Noticiero Antena Radio” de la frecuencia 107.9 FM”

Al citado desahogo acompañó discos compactos en el que se contienen testigos de audio de los noticiarios completos, de los días veinte de diciembre de dos mil once; diez, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de enero de dos mil doce, siete y catorce de febrero, trece y veinte de marzo de dos mil doce y diez de abril de dos mil doce, en los que se aprecian las participaciones de Javier Corral Jurado en el programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, en la frecuencia 107.9.

Al respecto, debe decirse que el citado escrito tiene el carácter de documental privada cuyo alcance probatorio es indiciario respecto de lo que en ellas se precisa, según lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso b); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 35, párrafo 1 y, 44, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

De igual forma dada la propia y especial naturaleza del disco compacto anexo al escrito valorado, el mismo, debe considerarse como prueba técnica en atención a lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso c); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 34, párrafo 1, inciso c); 38, y 45, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral vigente en la época de los hechos y por ende su contenido tiene el carácter de indicios respecto de los hechos que en ellos se refieren.

Asimismo, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.

De la documental antes valorada se desprende lo siguiente:

Que los días 27 de diciembre de 2011, 03 de enero de 2012; 21 y 28 de febrero de 2012; 06 y 27 de marzo de 2012 y 03 de abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado NO realizó ninguna participación en el programa denominado “Noticiero Antena Radio”, Primera Emisión, de la frecuencia 107.9 FM.”

Que los días 20 de diciembre de 2011; 10, 17, 24,31 de enero de 2012; 07 y 14 de febrero, 13 y 20 de marzo de 2012 y 10 de abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado participó como comentarista en el “Noticiero Antena Radio” de la frecuencia 107.9 FM

4. Mediante oficio identificado con la clave SCG/3284/2012, se solicitó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, que informara lo siguiente:

“3) Requiérase al Partido Acción Nacional, efecto de que en un termino de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: a) Señale a partir de que fecha el C. Javier Corral Jurado, solicito su registro como precandidato y/o candidato para ocupar un cargo de elección popular en el presente Proceso Electoral Federal 2011- 2012; b) Señale si ordeno, solicito o contrato algún espacio radiofónico, para la intervención del C. Javier Corral Jurado, en el Noticiero denominado Antena Radio Primera Emisión, que difunde el Instituto Mexicano de la Radio, precisando en su caso los días y horarios en los que lo haya hecho, y c) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que solicito dicha difusión ordeno si sus participaciones fueron en programas en vivo o en programas pregrabados; d) Remita toda la documentación atinente para corroborar sus dichos …”.

En respuesta a dicho pedimento se recibió el oficio número RPAN/603/2012, mediante el cual el Lic. Everardo Rojas Soriano, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, da contestación al oficio número SCG/3284/2012, a través del cual desahogó el pedimento de información planteado, y cuyo contenido medular es del tenor siguiente:

“a) Señale con qué fecha fu registrado por el partido político que representa el C. Javier Corral Jurado, como candidato para ocupar un cargo de elección popular en el presente Proceso Electoral Federal 2011-2012; El C. Javier Corral Jurado fue registrado como Candidato al Senado de la República por el principio de mayoría Relativa, en la primera formula del estado de Chihuahua, el día 22 de Marzo de 2012.

 b) Señale si ordeno, solicito o contrato algún espacio radiofónico, para la intervención del C. Javier Corral Jurado, en el Noticiero denominado Antena Radio Primera Emisión, que difunde el Instituto Mexicano de la Radio, precisando en su caso los días y horarios en los que lo haya hecho.- He de manifestar que mi representado, en ningún momento ordeno, solicito o contrato algún espacio radiofónico en el noticiero Antena radio Primera Emisión para el C. Javier Corral Jurado ni para el Partido Acción Nacional.

c) De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que solicito dicha difusión ordeno si sus participaciones fueron en programas en vivo o en programas pregrabados.- En vista de no ser afirmativa la respuesta que antecede, no es posible precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

d) Remita toda la documentación atinente para corroborar sus dichos.- De conformidad con las respuestas que anteceden a este inciso, cabe enfatizar que no existe documentación que acredite la contratación, orden o solicitud del supuesto espacio radiofónico en el noticiero Antena Radio primera Edición.”

Al respecto, debe decirse que el oficio número RPAN/603/2012, constituye una documental privada cuyo alcance probatorio es indiciario respecto de lo que en ellas se precisa, según lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso b); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 35, párrafo 1 y, 44, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

Ahora bien, del análisis a dicha documental se obtienen los siguientes indicios:

   Que el C. Javier Corral fue registrado como Candidato al Senado de la República por el principio de mayoría relativa, en la primera fórmula del estado de Chihuahua, el día 22 de Marzo de 2012.

   Que el Partido Acción Nacional no ordenó, solicitó o contrató algún espacio radiofónico en dicho noticiero para el C. Javier Corral Jurado ni para el Partido Acción Nacional.

5. Con la finalidad de allegarse de mayores elementos, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y determinar lo que en derecho correspondiera, se ordenó girar oficio identificado con la clave SCG/3606/2012, a través del cual se solicitó al Partido Acción Nacional lo siguiente:

“1) Al Partido Acción Nacional para que en un termino de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación, señale a partir de qué fecha el C. Javier Corral Jurado, presento su solicitud de registro como precandidato para ocupar un cargo de elección popular en el presente Proceso Electoral Federal 2011- 2012; 2) Asimismo indique la fecha en que formalmente fue precandidato para ocupar un cargo de elección popular en el Proceso Electoral antes referido y remita toda la documentación atinente para corroborar sus dichos. ”

En respuesta a dicho pedimento se recibió el oficio número RPAN/661/2012, mediante el cual el Lic. Everardo Rojas Soriano, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, da contestación al oficio número SCG/3606/2012, a través del cual desahogó el pedimento de información planteado, y cuyo contenido medular es del tenor siguiente:

“Del oficio anteriormente referido me permito dar contestación y aportar los documentos suficientes para sustentar mi dicho:

1) Al respecto he de manifestar que el C. Javier Corral Jurado presento su solicitud de registro como precandidato a ocupar un cargo de elección popular en fecha 9 de diciembre de 2011 a las 10:15 horas.

2) Por cuanto dicho apartado manifiesto que el ciudadano en cuestión fue formalmente precandidato en fecha 17 de diciembre de 2011”

Lo anterior se acredita con la documentación que se adjunta al presente y consiste en:

Copia simple del escrito de acuse de recibo de solicitud de registro de precandidatos a cargos de elección popular proceso interno 2011-2012, el cual consta de 4 fojas útiles por un solo lado.

Copia simple del oficio de fecha 17 de Diciembre de 2011, suscrito por el C. Lic. Roberto Andrés Fuentes Rascón, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral Estatal de Chihuahua por el cual emite el Dictamen de procedencia de la solicitud de registro de Precandidatos a Senadores de Chihuahua del C Javier Corral Jurado.

Copia simple del oficio de fecha 17 de Diciembre de 2011, suscrito por los CC. Lic. Alfonso Valdés Caraveo Presidente de la Comisión Electoral Estatal de Chihuahua y el Lic. Roberto Andrés Fuentes Rascón en su carácter de de Secretario Ejecutivo de la Comisión.”

La documental descrita constituye una documental privada cuyo alcance probatorio es indiciario respecto de lo que en ellas se precisa, según lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso b); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 35, párrafo 1 y, 44, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

Del análisis a la misma se desprende lo siguiente:

      Que el C. Javier Corral Jurado presentó su solicitud de registro como precandidato a ocupar un cargo de elección popular en fecha 9 de diciembre de 2011 a las 10:15 horas

      Que fue formalmente precandidato en fecha 17 de diciembre de 2011.

6. Asimismo, se ordenó girar oficio identificado con la clave SCG/3607/2012, mediante el cual se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que informara lo siguiente:

“3) Requiérase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, para que en breve término proporcione la siguiente información: a) Proporcione los testigos de grabación de la emisora radiofónica identificada con las siglas XHIMR-FM, con la finalidad de constatar la difusión del programa denominado “Antena Radio” transmitido en la frecuencia 107.9 FM, en el horario comprendido de las 7:00 a las 10:00 horas correspondiente a los días veintisiete de diciembre de dos mil once, tres de enero, veintiuno y veintiocho de febrero, seis y veintisiete de marzo, del año en curso, cuyo contenido fue denunciado por el impetrante por la supuesta difusión de un comentario y/o intervención del C. Javier Corral Jurado; Cabe referir que dichas intervenciones fueron motivo de pronunciamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral autónomo, en relación con la medida cautelar solicitada por el impetrante, por lo que esta autoridad cuenta con información alusiva al tres y diez de abril del presente año, b) Si en los archivos de la dicha Dirección Ejecutiva, aparece antecedente alguno relativo al C. Javier Corral Jurado, quien presuntamente es precandidato y/o candidato a un cargo de elección popular, y c) En caso de que la persona mencionada aparezca, precise el último domicilio que se tenga de la misma, así como, en su caso, de su respectivo registro para que esta autoridad pueda lograr su eventual localización y remita toda la documentación atinente para corroborar sus dichos.”

En respuesta a dicho pedimento, se recibió el oficio identificado con la clave alfanumérica DEPPP/4147/2012, suscrito por el Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del cual desahogó el pedimento de información planteado, y cuyo contenido medular es del tenor siguiente:

“En relación con el inciso a) de su requerimiento, anexo al presente oficio me permito remitir los testigo de grabación de los días 27 de diciembre de dos mil once; 3 de enero,21 y 28 de febrero; y, 6 y 27 de marzo de dos mil doce de la emisora XHIMR-FM.

Ahora bien, en relación con el inciso b) de su requerimiento, me permito informarle que el C. Javier Corral Jurado fue registrado por el Partido Acción Nacional, en primera instancia como precandidato y más adelante como candidato al cargo de Senador bajo el principio de mayoría relativa por el estado de Chihuahua.

Es oportuno mencionarle que la documentación que acredita lo anterior, obra en el expediente del mencionado candidato, el cual mediante oficio DEPPP/DPPF/1827/2012 de fecha 3 de abril de 2012, fue remitido por la Dirección de Partidos y Financiamiento a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

Por último, en relación con el inciso c) de su requerimiento, le informo que el domicilio registrado en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, es el ubicado en […].”

Al respecto, debe decirse que las documentales descritas en los puntos constituyen documentales públicas, respecto de la existencia de su contenido, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a); 359, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 34, párrafo 1, inciso a) y, 44, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, por lo que su valor probatorio es pleno para acreditar lo que en ella se consigna, en razón de que fueron emitidas por las autoridades competente para tal efecto y en ejercicio pleno de sus funciones.

Del análisis a la documental descrita se desprende lo siguiente:

   Que el C. Javier Corral Jurado fue registrado por el Partido Acción Nacional, en primera instancia como precandidato y más adelante como candidato al cargo de Senador bajo el principio de mayoría relativa por el estado de Chihuahua.

PRUEBAS APORTADAS EN LA AUDIENCIA POR EL INSTITUTO MEXICANO

DE LA RADIO

PRUEBAS TÉCNICAS

9 discos compactos, cuyo contenido es el siguiente:

Es de referirse que dada la propia y especial naturaleza de los nueve discos compactos descritos, deben considerarse como pruebas técnicas en atención a lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso c); 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 33, párrafo 1, inciso c); 36, y 44, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y por ende su contenido tiene el carácter de indicios respecto de los hechos que en ellos se refieren.

En ese tenor, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.

Del contenido de los discos compactos antes descritos se obtiene en lo que interesa lo siguiente:

   Que a partir del mes de marzo de 2008, y hasta abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado participó de forma continua, como comentarista, en el programa “Noticiero Antena Radio”.

   Que los temas que abarcó en sus participaciones generalmente tenían contenido político, relacionados con acontecimientos nacionales diarios.

   Que emitió opiniones respecto de diversos actores políticos y su desempeño en su actuar público, incluidos los candidatos a la presidencia en el actual Proceso Electoral y el Presidente de la República a cargo del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, analizando su Gobierno.

   Que opinó sobre reformas electorales y temas de contenido nacional relacionados con el derecho a la información, la libertad de expresión y la regulación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

CONCLUSIONES

En efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3; 359, párrafos 1, 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 33, párrafo 1, incisos a), b) y c), 34, párrafo 1; 35, párrafo 1; 36, párrafo 1; 41, párrafo 1; 44, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, esta autoridad al valorar las pruebas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, arriba a las siguientes conclusiones:

Que a partir del mes de marzo de 2008, y hasta abril de 2012, el C. Javier Corral Jurado participó de forma continua, como comentarista, en el programa “Noticiero Antena Radio”.

Que de las intervenciones realizadas por el C. Javier Corral Jurado, los días a que hace referencia el quejoso, se desprenden los siguientes datos:

   Que en las páginas de internet señaladas se aprecia una nota que señala que el C. Javier Corral Jurado solicitó su registro como aspirante a Senador de la República por el estado de Chihuahua.

   Que el C. Javier Corral Jurado presentó su solicitud de registro como precandidato a ocupar un cargo de elección popular en fecha 9 de diciembre de 2011 a las 10:15 horas, por lo que fue formalmente precandidato en fecha 17 de diciembre de 2011.

   Que los temas que abarcaba generalmente en sus intervenciones en el programa “Noticiero Antena Radio” tenían contenido político, relacionados con acontecimientos nacionales diarios.

   Que emitía opiniones respecto de diversos actores políticos y su desempeño en su actuar público, incluidos los candidatos a la presidencia en el actual Proceso Electoral y el Presidente de la República a cargo del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, analizando su Gobierno.

   Que opinaba sobre reformas electorales y temas de contenido nacional relacionados con el derecho a la información, la libertad de expresión y la regulación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Una vez que han quedado reseñados y acreditados los hechos denunciados, así como las defensas y las probanzas que obran en autos, lo procedente es entrar al fondo de la cuestión planteada.

CONSIDERACIONES GENERALES

DÉCIMO. Que una vez expuesto lo anterior, esta autoridad considera necesario realizar algunas consideraciones generales respecto de los temas que nos ocupan.

CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN

A fin de establecer el marco normativo en torno a la contratación o adquisición de tiempos en radio materia de la denuncia, en primer término se hará referencia a algunas de las consideraciones que se vertieron en el “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122; ADICIONA EL ARTÍCULO 134; Y SE DEROGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007, que en lo que interesa señala:

“(…)

Estas Comisiones Unidas comparten las razones y los argumentos vertidos por la Colegisladora en el Dictamen aprobado el 12 de septiembre de 2007, por lo que tales argumentos se tienen por transcritos a la letra como parte integrante del presente Dictamen.

Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, teniendo a la vista la Minuta con Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, deciden hacer, primero, una breve descripción del contenido de la misma para luego exponer los motivos que la aprueba en sus términos.

La misma plantea la conveniencia de reformar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes tres ejes: a) Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales; b) fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y c) diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos. De estos ejes principales, se derivan una serie de propuestas a saber:

1. Reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales.

2. Una nueva forma de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.

3. Límites menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos.

4. Reducción en tiempos de campañas electorales y regulación de precampañas.

5. Perfeccionamiento de las facultades del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con respecto a la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución.

6. Renovación escalonada de consejeros electorales.

7. Prohibición para que actores ajenos al Proceso Electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados.

8. Prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.

Las presentes comisiones estiman que las valoraciones hechas por la colegisladora en la Minuta remitida para su análisis, resultan de especial trascendencia para sustentar los propósitos y objetivos que persigue la reforma planteada.

El contenido propuesto en el presente Proyecto de Decreto coincide ampliamente con las inquietudes expresadas por muchos de los integrantes de esta Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, los cuales se encuentran vertidos en un gran número de iniciativas de reforma constitucional y legal en materia electoral.

Para los efectos, estas comisiones someten a consideración de esta soberanía los argumentos que motivan su aprobación.

(…)

Artículo 41. Este artículo constituye el eje de la reforma en torno al cual se articula el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo modelo electoral y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad y los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión.

(…)

En una nueva Base III del Artículo 41 quedan establecidas las normas constitucionales del nuevo modelo de comunicación entre los partidos y la sociedad, tanto en periodos electorales como no electorales.

La medida más importante es la prohibición total a los partidos políticos para adquirir, en cualquier modalidad, tiempo en radio y televisión. En consecuencia de lo anterior, los partidos accederán a dichos medios solamente a través del tiempo de que el Estado dispone en ellos por concepto de los derechos e impuestos establecidos en las leyes. Se trata de un cambio de uso de esos tiempos, no de crear nuevos derechos o impuestos a cargo de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Ese nuevo uso comprenderá los periodos de precampaña y campaña en elecciones federales, es decir cada tres años.

Se establecen las normas para la asignación del tiempo de radio y televisión al Instituto Federal Electoral para que éste, en su nueva calidad de autoridad nacional única para tales fines, administre esos tiempos, tanto para sus propios fines, los de otras autoridades electorales, federal y locales, como para atender el derecho de los partidos políticos al uso de la radio y la televisión.

Se trata de un nuevo modelo nacional de comunicación, que por tanto comprende en su regulación los procesos, precampañas y campañas electorales tanto federales como locales en cada una de las 32 entidades federativas. Los primeros en el Apartado A de la Base en comento, los segundos en el Apartado B.

Por otra parte, se eleva a rango constitucional la prohibición de que cualquier persona, física o moral, contrate propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, a favorecer o atacar a cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular. Dicha prohibición ya existe en la ley, pero su condición de norma imperfecta, así como la ausencia de una base constitucional que la soportara, terminaron por hacerla letra muerta.

Estas Comisiones Unidas comparten plenamente lo expresado por el Senado de la República: no se trata, de ninguna manera, de imponer restricciones o limitaciones, a la libertad de expresión. El propósito expreso de esta reforma es impedir que el poder del dinero influya en los procesos electorales a través de la compra de propaganda en radio y televisión. Ese es el único propósito, que para nada afecta, ni afectará, la libertad de expresión de persona alguna, empezando por la que ya gozan, y seguirán gozando, los comunicadores de la radio y la televisión.

(…)”

Así, en el caso también resulta importante tener en cuenta las consideraciones realizadas en el “DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”, mismo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-V, martes 11 de diciembre de 2007, que en lo que interesa, señala:

“(…)

Consideraciones

La reforma constitucional en materia electoral que fue publicada el 13 de noviembre de 2007, e inició su vigencia el 14 del mismo mes y año, mereció el más amplio consenso en las dos Cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación, por amplia mayoría en todos los casos, de 30 de las 31 legislaturas que forman parte del órgano reformador de la Constitución.

El consenso en torno a la reforma constitucional refleja el acuerdo social mayoritario en torno a su contenido y propósitos. La sociedad exige el perfeccionamiento y avance en el sistema democrático; reclama corregir errores, superar problemas y abrir nuevos derroteros para que la legalidad y transparencia vuelvan a ser los firmes cimientos de la confianza ciudadana en las instituciones y prácticas electorales.

Esta comisión retoma las consideraciones vertidas en su dictamen a la minuta de reforma constitucional:

"México ha vivido de 1977 a la fecha un intenso proceso de cambio político y transformación democrática. En el centro de ese largo proceso han estado las reformas político-electorales que se realizaron a lo largo de casi tres décadas.

"El sistema electoral mexicano merece el consenso mayoritario de los ciudadanos y el aprecio de la comunidad internacional. Lo avanzando es producto del esfuerzo de varias generaciones, es una obra colectiva de la que todos podemos y debemos sentirnos orgullosos.

"Nuestro Sistema Electoral mostrado enormes fortalezas, también limitaciones y deficiencias, producto de lo que antes no se atendió, o de nuevos retos que la competencia electoral amplia, plural y cada día más extendida nos está planteando.

"De esos retos, ninguno tan importante como el que significa el uso y abuso de la televisión y la radio en las contiendas electorales, alimentados, como está probado, tanto por los recursos públicos a que los partidos tienen acceso, como de recursos privados cuya procedencia no siempre se ajusta a las normas legales.

"Las campañas electorales han derivando en competencias propagandísticas dominadas por patrones de comunicación que les son ajenos, en los que dominan los llamados "spots" de corta duración, en que los candidatos son presentados como mercancías y los ciudadanos son reducidos a la función de consumidores. Se trata de una tendencia que banaliza la política, deteriora la democracia y desalienta la participación ciudadana.

"Hemos arribado a una situación en la que es necesario que el Congreso de la Unión, como parte integrantes del Constituyente Permanente, adopte decisiones integrales y de fondo. Lo que está en juego es la viabilidad de la democracia mexicana y del sistema electoral mismo.

"Terminar con el sistema de competencia electoral basado en el poder del dinero y en su utilización para pagar costosas e inútiles –para la democracia– campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba, el ataque al adversario, es no sólo una necesidad, sino una verdadera urgencia democrática.

"La reforma constitucional, y en su oportunidad la de las leyes secundarias, no pretende ni pretenderá, en forma alguna, limitar o restringir la libertad de expresión. Ese derecho fundamental queda plena y totalmente salvaguardado en los nuevos textos que se proponen para los artículos constitucionales materia de la minuta bajo dictamen. "Nadie que haga uso de su libertad de expresión con respeto a la verdad, a la objetividad, puede sostener que la prohibición a los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión es violatoria de la libertad de expresión de los ciudadanos. Menos aún cuando el derecho de los partidos políticos, y a través de ellos de sus candidatos a cargos de elección popular, tendrán asegurado el uso de dichos medios a través del tiempo del que Estado ya dispone.

"Prohibir a quienes cuentan con el poder económico para hacerlo, comprar tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda dirigida a influir en los electores, a favorecer o atacar a partidos y candidatos, no es limitar la libertad de expresión de nadie, sino impedir que la mercantilización de la política prosiga bajo el ilegal e ilegítimo aliento del poder del dinero.

"Los diputados y diputadas que integramos las Comisiones Unidas responsables del presente dictamen manifestamos a la sociedad nuestro firme y permanente compromiso con la libertad de expresión, con su ejercicio pleno e irrestricto por parte de los comunicadores de todos los medios de comunicación social y de los ciudadanos, sin importar su preferencia política o partidista.

"La libertad de expresión tiene límites precisos, que señala nuestra Constitución en su artículo 6º; esa libertad no es sinónimo de denigración o calumnia, tales conductas no forman parte de la libertad de expresión, sino que la agravian al abusar de ella. Pero es necesario precisar que las limitaciones que se introducen en el artículo 41 constitucional no están referidas a los ciudadanos ni a los comunicadores o periodistas, sino a los partidos políticos, son ellos los sujetos de la prohibición de utilizar expresiones que denigren a las instituciones o calumnien a las personas.

"La reforma tampoco atenta contra los concesionarios de radio y televisión. No les impone una sola obligación más que no esté ya contemplada en las leyes respecto del tiempo que deben poner a disposición del Estado como contraprestación por el uso de un bien de dominio público, propiedad de la nación. Lo que propone esta reforma es un cambio en el uso de ese tiempo de que ya dispone el Estado, para destinarlo integralmente, cada tres años, durante las campañas electorales, es decir durante dos meses en un caso, y durante tres meses en otro, a los fines de los procesos comiciales, tanto para los fines directos de las autoridades electorales como de los derechos que la Constitución otorgaría a los partidos políticos.

"Ni confiscación ni expropiación. Cambio de uso con un propósito del más alto sentido democrático y la más alta importancia para el presente y futuro del sistema electoral mexicano." Si hemos reiterado las consideraciones anteriores es porque, al calor del debate en torno a la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se han vuelto a despertar voces que persisten en confundir a la sociedad con falacias que en nada corresponden al sentido y alcance ni de las normas constitucionales ya aprobadas, ni de la reglamentación que de las mismas se propone en el Cofipe que la colegisladora propone en el proyecto de decreto bajo estudio y dictamen por parte de los diputados y diputadas.

De la revisión detallada y exhaustiva de cada uno de los artículos que integran el Cofipe, en especial de los contenidos en el capítulo relativo al acceso a radio y televisión del Libro Segundo, esta comisión puede afirmar con plena certeza jurídica, con absoluta responsabilidad ante la sociedad, que no existe una sola norma, una sola disposición, que pueda ser tachada como contraria a la libertad de expresión. La enorme mayoría de las normas legales que ahora son consideradas como atentatorias de esa libertad, han estado contenidas en el Cofipe desde hace más de una década, y no pocas de ellas provienen del ordenamiento original, promulgado en 1990.

Lo nuevo es el modelo de comunicación política al que se pretende abrir paso con la prohibición total a los partidos políticos para comprar, en cualquier tiempo, propaganda en radio y televisión. Como se dijo al discutirse la reforma constitucional en esta materia: tres vértices anudan los propósitos de esta reforma de tercera generación: el nuevo modelo de comunicación política; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, especial y drásticamente el de campaña; y el fortalecimiento de la autonomía y capacidades del Instituto Federal Electoral.

La propuesta de Cofipe que contiene la minuta bajo dictamen, desarrolla en forma integral y armónica esos tres aspectos, como corresponde a la legislación secundaria y a la naturaleza de un Código. Desarrolla también otros aspectos novedosos cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos, al mejor ejercicio de sus derechos y al estricto cumplimiento de sus obligaciones, singularmente en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos y gastos, tanto ordinarios como de campaña.

En este dictamen se abordan a continuación los aspectos centrales que distinguen la propuesta de Cofipe contenido en la minuta, para luego tratar algunos aspectos específicos que conviene dejar precisados en esta exposición de motivos a fin de facilitar, en su caso, la tarea interpretativa por parte de las autoridades electorales, tanto administrativa como jurisdiccional.

1. Estructura general de la propuesta de Cofipe

El proyecto de decreto contempla la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), derogando en consecuencia el hasta ahora vigente, que data de 1990 y ha tenido diversas reformas, entre las que destacan las de 1993, 1994, 1996 y 2005, esta última para el voto de mexicanos en el extranjero.

El Cofipe propuesto conserva la estructura puesta en vigor desde 1990, consistente en libros, capítulos, títulos, artículos, párrafos, incisos y fracciones. En siete libros, actualmente son seis, se contienen el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos, los sistemas electorales (integración de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión), la creación, registro, derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos; las normas que regulan la existencia y funcionamiento del IFE, así como la operación del Registro Federal de Electores, la credencial para votar, los listados nominales de electores. Las normas que regulan la organización y desarrollo de los procesos electorales, y el voto de los mexicanos en el extranjero, que es el único libro de los hasta hoy vigentes que permanece prácticamente sin cambios.

Un nuevo Libro Séptimo recupera y desarrolla los procedimientos para la imposición de sanciones, materia que presentaba notorias omisiones en el Cofipe vigente; en el mismo libro se establecen con precisión los sujetos y conductas, así como las sanciones administrativas aplicables por violación a las disposiciones del Código. Se regula el procedimiento sancionador especial, aplicable a los casos de violación a las normas aplicables en materia de radio y Tv, para lo cual se ha aprovechado la experiencia derivada del Proceso Electoral Federal de 2006, cuando la sala superior del tribunal emitió Resolución para normar el llamado "procedimiento sancionador expedito", que en el Cofipe se denominará "especial". Finalmente, el nuevo libro contiene las facultades y atribuciones de la Contraloría General, antes contraloría interna, del IFE, las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia tratándose de los altos funcionarios del instituto.

Considerando que el nuevo Cofipe contendrá 394 artículos, mientras que el vigente tiene 300, se consideró indispensable proceder a la expedición de un nuevo ordenamiento que conservando la estructura previa, permite introducir las nuevas normas de manera ordenada y armónica.

2. Los nuevos temas del COFIPE

A) Radio y televisión

Se propone un capítulo dentro del Libro Segundo en el que se regula de manera integral el acceso de los partidos políticos a la radio y televisión, a partir de las nuevas disposiciones constitucionales contenidas en la Base III del artículo 41 de la Carta Magna.

La nueva normatividad contempla el acceso de los partidos a dichos medios tanto en las precampañas como durante las campañas; dispone lo necesario para la asignación de tiempo entre los partidos y por tipo de campaña, tanto en elecciones federales como locales.

Partiendo del tiempo señalado por la Constitución (48 minutos) se dispone que para las precampañas federales los partidos dispondrán de 18 minutos diarios, de los cuales podrán asignar tiempo en casos de precampañas locales en entidades federativas con elecciones concurrentes. Para las precampañas en elecciones locales no concurrentes se asignan, como prerrogativa para el conjunto de partidos, doce minutos para cada entidad federativa.

Para campañas federales, los partidos dispondrán de 41 minutos diarios (85 por ciento del tiempo disponible); de ese tiempo se destinarán 15 minutos diarios para las campañas locales concurrentes con la federal en las entidades federativas correspondientes.

Los partidos podrán utilizar, conforme a sus estrategias electorales, el tiempo de que dispongan, con la única restricción de que en el año de la elección presidencial lo máximo que podrán destinar a una de las dos campañas será el 70 por ciento del tiempo de que dispongan.

En las elecciones locales no concurrentes con la federal, los partidos dispondrán de 18 minutos diarios para las respectivas campañas, pudiendo cada partido decidir libremente el uso que hará del tiempo que le corresponda en relación al tipo de campaña (gobernador, diputados locales,

ayuntamientos).

Los mensajes que los partidos transmitan dentro de los periodos de precampaña y campaña podrán tener una duración de 30 segundos, uno y dos minutos. Solamente fuera de los periodos electorales, conforme lo establece la Constitución, los partidos harán uso de mensajes con duración de 20 segundos, además de un programa mensual de cinco minutos.

El IFE, como autoridad única en esta materia, a través del Comité de Radio y Televisión, determinará las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos, realizará la asignación entre los mismos, conforme a los criterios constitucionales (30 por ciento igualitario y 70 por ciento proporcional), realizará los trámites necesarios para hacer llegar los materiales a todas las estaciones y canales y vigilará el cumplimiento de las pautas por parte de los concesionarios y permisionarios.

El código faculta al IFE para expedir, con aprobación del Consejo General, el Reglamento aplicable a la administración de los tiempos en radio y televisión, tanto en materia de las prerrogativas de los partidos políticos, como en lo que hace al uso con fines propios por las autoridades electorales.

Al respecto es importante señalar que las normas para la distribución entre los partidos políticos de las prerrogativas de precampaña y campaña en materia de radio y televisión parten del supuesto de considerar primero la distribución de tiempo, conforme a la regla de asignar un 30 por ciento en forma igualitaria y 70 por ciento en forma proporcional al resultado de cada partido en la elección federal para diputados inmediata anterior. Una vez realizado lo anterior, y determinado el tiempo que corresponderá a cada partido, deberá convertirse en número de mensajes a transmitir, considerando que la duración de los mismos podrá ser de 30 segundos, un minuto y dos minutos, según lo que determine previamente el Comité de Radio y Televisión del IFE. En el caso de existir fracciones de segundos en la asignación a uno o varios partidos, el comité ajustará a la unidad inmediata inferior de ser el caso que la fracción sea de la mitad o menos; a la inversa, de ser la fracción mayor a la mitad, ajustará a la unidad inmediata superior. En un ejemplo: si a un partido le llegasen a corresponder 3 minutos con 15 segundos por día, y los mensajes a distribuir fuesen de un minutos, entonces ese partido tendrá derecho a solamente 3 mensajes; en cambio, si su tiempo fuese 3 minutos con 35 segundos, entonces tendrá derecho a que se le asignen cuatro mensajes. Si por efecto de la existencia de fracciones menores quedasen mensajes por asignar, los mismos deberán sortearse entre todos los partidos.

Para las elecciones locales, los correspondientes institutos propondrán al IFE las pautas de transmisión en sus respectivas entidades federativas y realizarán la asignación de tiempos y mensajes entre los partidos políticos, considerando para tal fin los resultados de la elección local para diputados inmediata anterior.

El tiempo de radio y Tv destinado a los fines propios del IFE, así como otras autoridades electorales locales, será administrado por el propio IFE, con la participación de los institutos locales. Cabe advertir que las normas propuestas en esta materia se apegan a la definición constitucional que hace del IFE la autoridad única en la materia, motivo por el cual será el Comité de Radio y Televisión la instancia para la aprobación de las pautas aplicables a los partidos políticos en elecciones locales, mientras que las aplicables a las autoridades electorales serán elaboradas y aprobadas en una instancia diferente.

Se propone la transformación de la actual Comisión de Radiodifusión en Comité de Radio y Televisión, como órgano técnico del IFE responsable de la aprobación de las pautas específicas relativas a la transmisión de los mensajes de precampaña y campaña, tanto federales como locales, que correspondan a los partidos políticos. Dicho Comité estará integrado por representantes de los partidos políticos, tres consejeros electorales, uno de los cuales presidirá, y el Director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que actuará como Secretario Técnico.

El IFE dispondrá, por mandato de ley, de los recursos materiales y humanos necesarios para ejercer su papel como autoridad única en materia de radio y televisión durante los procesos electorales, en la forma y términos establecidos por el artículo 41 constitucional y las normas específicas que se proponen en el capítulo respectivo del Cofipe. Las conductas, sujetos y sanciones por la violación de las normas constitucionales y legales se desarrollan en el Libro Séptimo del propio Cofipe.

(…)”

De las exposiciones de motivos que dieron lugar a la reforma constitucional en la materia en 2007 y la legal en 2008, se desprende en lo que interesa que la intención fue:

      Evitar que las campañas electorales continuaran siendo sólo competencias propagandísticas dominadas por promocionales de corta duración, en los cuales los candidatos son presentados como mercancías y los ciudadanos son reducidos a la función de consumidores.

      Evitar que el sistema de competencia electoral siguiera operando con base en el poder del dinero y en su utilización para pagar costosas e inútiles campañas de propaganda fundadas en la ofensa, diatriba, el ataque al adversario.

      Que la reforma no pretende, en forma alguna, limitar o restringir la libertad de expresión.

      Que la prohibición a los partidos políticos de contratar o difundir propaganda en radio y televisión no es violatoria de la libertad de expresión de los ciudadanos, toda vez que ellos tienen asegurado el uso de dichos medios a través del tiempo del Estado.

      Que la prohibición a las personas que cuentan con el poder económico para comprar tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda dirigida a influir en los electores, a favor o en contra de un partido político o candidato, no es limitar la libertad de expresión, sino impedir que el dinero siguiera siendo el factor fundamental de las campañas.

      Que con la reforma no se pretende dañar la libertad de expresión, sino que su ejercicio sea pleno e irrestricto por parte de los comunicadores de todos los medios de comunicación social y de los ciudadanos sin importar la preferencia política o partidista.

      Que respecto a la prerrogativa de los partidos políticos de acceder a los medios masivos de comunicación, es decir, radio y televisión, se buscaron mecanismos que permitan el respeto absoluto al principio de equidad de la contienda.

En ese orden de ideas, resulta oportuno transcribir las disposiciones constitucionales y legales que en el caso son aplicables, con el fin de realizar una interpretación sistemática y funcional respecto del tema que nos ocupa.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas las intervenciones de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

(…)

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

(…)

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

(…)

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

(…)”

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 49 1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia.

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de Lineamientos Generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

Artículo 228

(...)

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

(…)

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.

Artículo 344

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

(…)

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

(…)

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

(…)

Artículo 350

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral;

Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de Agosto de 2008.

Artículo 7

De las bases de acceso a la radio y televisión en materia política y electoral.

1. El Instituto es la única autoridad con atribuciones para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines, de otras autoridades electorales federales o locales, y de los partidos políticos.

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier otro ciudadano, para su promoción personal con fines electorales.

3. Ninguna persona física o moral distinta al Instituto, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar u ordenar la transmisión de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.”

En ese orden de ideas, del contenido de los preceptos antes referidos y haciendo una interpretación sistemática y funcional, a juicio de esta autoridad se desprende:

         Que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación y que sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular accederán a ellos, a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativas a los primeros.

         Que existe la prohibición de que en ningún momento dichos sujetos puedan contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

         Que ninguna persona puede contratar espacios en radio y/o televisión para su promoción con fines electorales.

         Que ninguna persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, puede contratar espacios o propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de algún candidato.

         Que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión no pueden vender tiempos en radio y/o televisión en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos de elección popular.

         Que los concesionarios o permisionarios no pueden difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral.

Con base en lo expuesto, esta autoridad considera que el objetivo fundamental de la reforma constitucional fue que en la contienda electoral se respeten los principios rectores del proceso comicial, en específico, el principio de equidad en la contienda, en el sentido de que todos los participantes accedan en igualdad de circunstancias a los medios masivos de comunicación, en específico a radio y televisión, con el fin de que las campañas electorales no se reduzcan a una simple lucha de compra y venta de espacios.

En ese orden de ideas, los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos no pueden contratar o adquirir espacios de tiempo en radio y televisión con el fin de difundir propaganda o contenidos que tengan como consecuencia influir en el electorado a favor o en contra de algún actor político.

Igualmente, de los dispositivos en comento no se advierte de ninguna forma que la finalidad de la reforma constitucional fuera restringir el derecho de libertad de expresión de los diversos actores políticos en un proceso comicial y mucho menos el ejercicio de la actividad periodística, en el sentido de que los medios de comunicación y sus comunicadores informen respecto de las diversas actividades, hechos y/o sucesos que ocurran en un espacio y tiempo determinados.

Al respecto, se debe tomar en cuenta la finalidad del derecho de libertad de expresión, que comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; en ese sentido, tanto el artículo 6° constitucional, como diversos instrumentos internacionales, precisan que dicho derecho no tiene más límites que no constituir un ataque a la moral, los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público e incluso, cabe referir que dicha libertad asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, con el fin de garantizar un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho.

En ese mismo orden de ideas, y con relación a la función que desempeñan los medios de comunicación dentro de un Estado democrático, cabe referir que dicha actividad se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios masivos de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de transmisión masiva de información, educación y cultura, que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, proporcionar información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna.

Asimismo, cabe referir que incluso el Estado es garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, en el sentido de evitar el acaparamiento por grupos de poder respecto de los medios masivos de comunicación, toda vez que como se expuso con antelación, su finalidad más importante es informar de forma veraz y cierta a la sociedad de los acontecimientos, hechos y/o sucesos que se presenten.

Bajo esa lógica argumentativa, cabe referir que los artículos 6° y 7° constitucionales, regulan los derechos fundamentales de libertad de expresión y de imprenta, los cuales garantizan que:

a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público;

b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado;

c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia;

d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta;

e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.

Por ende, los medios de comunicación en la difusión de los hechos, acontecimientos y/o sucesos dentro de un proceso comicial, se encuentran obligados a dar a conocer a la ciudadanía los actos de campaña, mensajes o plataformas políticas de las diversas fuerzas contendientes y en dicho ejercicio de información debe existir una proporción equitativa y objetiva respecto de cada uno de los contendientes.

En ese sentido, los medios de comunicación tienen un especial deber de cuidado, respecto del principio de equidad en materia electoral, cuya observancia es indispensable para la protección de los derechos sustanciales de votar libre e informadamente, y ser votado en condiciones de equilibrio competitivo.

Esta obligación de los medios de comunicación, de respetar los derechos fundamentales, se corrobora con el contenido de los artículos 5, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que ninguna disposición de dichos instrumentos de derecho internacional público puede ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en los mismos (como lo son los derechos fundamentales de carácter político), o su limitación en mayor medida que la prevista en estos documentos.

En consecuencia, y con base en lo expuesto se advierte que la reforma constitucional de ninguna forma tuvo la intención de restringir el derecho de libertad de expresión y de los medios de comunicación o sus comunicadores de difundir las noticias o los hechos que en su caso les parezcan trascendentes.

A mayor abundamiento y tomando en consideración diversos criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver distintos Juicios de Revisión Constitucional, entre ellos los identificados con las claves SUP-JRC-175/2005, SUP-JRC-179/2005 y su acumulado SUP-JRC-180/2005 y SUP-JRC-215/2005; cabe señalar con relación al tema que nos ocupa que los medios de comunicación se encuentran obligados a cumplir de forma puntual lo preceptuado en la Carta Magna, en específico con lo relativo al principio de equidad en la contienda.

Esto es así, pues con independencia del ámbito de cobertura de sus programas o transmisiones, dado su objeto social, su posicionamiento e influencia sobre la ciudadanía, tienen gran poder de impacto, pues la opinión pública se conforma, generalmente, con los datos proporcionados por éstos.

Incluso, ha sido criterio del máximo órgano jurisdiccional de la materia que los medios de comunicación en la difusión de los hechos, acontecimientos y/o sucesos dentro de un proceso comicial, se encuentran obligados a dar a conocer a la ciudadanía los actos de campaña, mensajes o plataformas políticas de las diversas fuerzas contendientes y en dicho ejercicio de información debe existir una proporción equitativa y objetiva respecto de cada uno de los contendientes.

En ese orden de ideas, cabe referir que los medios de comunicación tienen la capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos relevantes; tienen la ventaja de repetir y ampliar las informaciones sin límites precisos, pueden adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho la agenda política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro, resaltar u opacar datos e informaciones, e incluso tienen la posibilidad de cuestionar las acciones de gobierno, etcétera.

Lo anterior les permite, de alguna manera, influir en la opinión de la gente en general, cuando no sólo se limitan a dar información sino cuando también la califican o asumen una posición determinada ante ella.

Las características anteriores, colocan a los medios de comunicación, en los hechos, como un verdadero detentador de poder, que lo separa del común de los particulares, pues por las características especiales de sus actividades, se colocan en una situación privilegiada de predominio, en cuyas relaciones no son suficientes los mecanismos ordinarios de regulación jurídica, previstos en las legislaciones civiles, penales, mercantiles, etcétera, tales como el abuso del derecho, la previsión de diversos delitos, por ejemplo, la calumnia.

Es decir, se extiende a los grupos o individuos la obligación de respeto a los derechos fundamentales, los cuales no pueden hacerse depender de las actividades desarrolladas por quienes guardan una situación de privilegio respecto a los demás.

Por tanto, los medios de comunicación también están obligados a respetar el principio de equidad en la contienda, y por ende, los límites temporales para su actividad, pues dicha inobservancia podría constituir un acto que afecte al debido desarrollo de los procesos electorales y a su resultado.

Con base en lo expuesto se considera que los medios de comunicación tienen el derecho de difundir los sucesos, hechos o acontecimientos que estimen más trascendentales pero siempre evitando influir de una forma inadecuada en la contienda comicial, que en el caso se pudiera estar desarrollando.

En ese tenor, cabe referir que una de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los medios de comunicación es que al dar a conocer un acontecimiento, la información sea veraz y objetiva, dichas características se deben cumplir con mayor razón en el ámbito de las noticias electorales, pues la libertad de expresión debe encontrarse en armonía con el derecho a ser votado, porque ninguno de los dos es superior al otro, de modo que la extensión de uno constituye el límite o la frontera para el otro, por lo cual a través del ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación, se debe garantizar que la cobertura informativa concedida a los contendientes en un Proceso Electoral tenga pretensiones serias de veracidad y objetividad, además de ser equitativa en función de la actividad de cada candidato o fuerza política.

Tomando en cuenta todo lo expuesto, resulta válido concluir que los medios de comunicación, tratándose de actos de información que tienen lugar durante los procesos electivos, tienen la obligación constitucional de distinguir la información de hechos del género de opinión y deben actuar equitativamente en la cobertura de los actos de campaña de los candidatos.

Se afirma lo anterior en atención a las siguientes consideraciones y tesis sostenidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base III, Apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad administrativa electoral local es competente para conocer del procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio y televisión.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-12/2010.-Actor: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.-17 de febrero de 2010.-Unanimidad de votos.-Ponente: Manuel González Oropeza.-Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y Carmelo Maldonado Hernández.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-51/2010.-Actor: Partido de la Revolución Democrática.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo.-28 de abril de 2010.-Mayoría de cinco votos.-Ponente: Manuel González Oropeza.-Disidente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretario: Guillermo Ornelas Gutiérrez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-43/2010.-Actor: Partido Revolucionario Institucional.- Autoridad responsable: Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.-28 de abril de 2010.-Mayoría de cinco votos.-Engrose: Flavio Galván Rivera.-Disidente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretarios: Marbella Liliana Rodríguez Orozco y Francisco Javier Villegas Cruz.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 32 a 34.”

“Jurisprudencia 24/2009

RADIO Y TELEVISIÓN. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL.-De la interpretación sistemática de los artículos 52, 365, párrafo 4 y 368, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral está facultada para ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la difusión en radio y televisión de propaganda política electoral, a fin de evitar que se produzcan daños irreparables a los actores políticos, se vulneren los principios rectores del Proceso Electoral y, en general, se afecten los bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente. Lo anterior, porque el legislador previó que en la instrumentación y Resolución del Procedimiento Especial Sancionador, participen distintos órganos del Instituto Federal Electoral, de modo que mientras facultó a la citada comisión para decretar, dada su urgencia, dicha medida cautelar, por otra parte depositó en el Consejo General del propio instituto, no sólo la emisión de la decisión final de dicho procedimiento, sino también las facultades expresas para pronunciarse respecto de tales medidas cautelares.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-58/2008.-Actor: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.-4 de junio de 2008.-Mayoría de seis votos.-Engrose: Constancio Carrasco Daza.-Disidente: Flavio Galván Rivera.-Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2008.-Actor: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.-11 de junio de 2008.-Mayoría de cuatro votos.-Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Disidente: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Enrique Figueroa Ávila, Juan Antonio Garza García y Armando González Martínez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-156/2009 y acumulados.-Recurrentes: Partido Revolucionario Institucional y otro.-Autoridades responsables: Secretario Ejecutivo y otro.-Tercero interesado: Partido Acción Nacional.-Mayoría de seis votos.-Engrose: José Alejandro Luna Ramos.-Reserva: Flavio Galván Rivera.-Disidente: Manuel González Oropeza.-11 de junio de 2009.-Secretarios: Felipe de la Mata Pizaña, David R. Jaime González y Rubén

Jesús Lara Patrón.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve, aprobó por mayoría de cinco votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 43 a 45.

“Jurisprudencia 29/2010

RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7 y 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-234/2009 y acumulados.-Recurrentes: Ana Gabriela Guevara Espinoza y otros.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-4 de septiembre de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.-Reserva: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Julio César Cruz Ricárdez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-280/2009.-Recurrente: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-28 de octubre de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Reserva: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez, Fernando Ramírez Barrios y Juan Ramón Ramírez Gloria.

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2010.-Recurrente: Partido Acción Nacional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-28 de abril de 2010.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretarios: Eugenio Partida Sánchez, Jorge Enrique Mata Gómez y Armando Penagos Robles.

De las tesis y jurisprudencias citadas es posible concluir que, según lo ha razonado la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la infracción bajo análisis:

      Los medios de comunicación de radio y televisión, se encuentran impedidos para difundir imágenes o audio en los promocionales comerciales o programas que, en su caso, favorezcan o perjudiquen a un partido político o candidato, mediante la divulgación de su emblema, nombre, sin que ello afecte la libertad del comercio o los derechos fundamentales de expresión, información e imprenta, puesto que este tipo de propaganda deviene ilícita, ya que transgrede los principios de equidad en el acceso de los partidos políticos a estos medios de comunicación y el de igualdad de la participación de los actores electorales en la contienda electoral, provocando el desequilibrio en la competencia electoral a favor de un instituto político o candidato.

      El Instituto Federal Electoral es la única autoridad encargada de la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, al de las demás autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Por tanto, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión deben abstenerse de contratar con terceros y difundir propaganda de contenido político o electoral que favorezca a un candidato o partido político, mediante la divulgación de su propuesta, ideología o emblema. En ese contexto, la infracción a dicho mandato se tendrá por actualizada cuando se realice la difusión de la citada propaganda, con independencia de si el concesionario o permisionario recibió o no pago por ello.

      La prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.

Relacionado con lo anterior, es importante señalar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 342, párrafo 1, inciso i); 344, párrafo 1, inciso f); 345, párrafo 1, inciso b); y 350, párrafo 1, incisos a) y b), anteriormente trascritos establecen las prohibiciones: absoluta a los partidos políticos, precandidatos y candidatos de contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; relativa a cualquier persona física o moral de contratar, a título propio o por cuenta de terceros, propaganda en radio y televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos; y a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión de vender tiempos en radio y/o televisión en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos de elección popular, así como de difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral.

Bajo estas premisas, resulta válido colegir el artículo 41, Apartado A inciso g) de la Carta Magna, en relación con lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen con especial claridad la prohibición de carácter mercantil para comprar o vender promocionales con fines político-electorales. De hecho, puede decirse que esa prohibición mercantil es uno de los principios angulares de la reforma electoral de 2007-2008.

Con esa prohibición mercantil, se cumplen tres objetivos principales: reducir el costo de la contienda electoral entre partidos, garantizar la equidad de las prerrogativas de los partidos políticos en radio y televisión, y garantizar que terceros no incidan durante la campaña electoral. Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

“(…)

El referido párrafo tercero del Apartado A de la fracción III, del párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece una prohibición absoluta, toda vez que prohíbe a los sujetos normativos de la norma constitucional contratar o adquirir tiempos, en ningún caso o bajo ninguna circunstancia, en cualquier modalidad de radio o televisión.

En cambio el párrafo cuarto del Apartado A, de la fracción III del párrafo segundo del artículo 41 constitucional, mismo que establece una prohibición relativa, en cuanto que prohíbe a los sujetos destinatarios de la misma contratar propaganda en radio y televisión cuando esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

De modo que lo anterior implica que un ciudadano, como tal, es decir, como ciudadano puede contratar propaganda en radio y televisión, siempre y cuando no esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, en razón de que la Constitución Federal no lo prohíbe.

(…)”

Como se aprecia, la legislación electoral restringe tanto a los partidos políticos como a los terceros la contratación o adquisición en medios electrónicos de propaganda electoral, máxime si la misma es contraria o beneficia a algún partido o coalición.

La génesis de la restricción antes citada deviene del principio de equidad que preconiza el artículo 41, fracción II de nuestra Constitución Federal, precepto que garantiza a los partidos políticos contar de manera equitativa con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades, dentro de las que se encuentra la difusión de su propaganda electoral en los medios electrónicos. En este sentido, cabe citar el artículo 41, fracción II de nuestra Carta Magna, el cual a la letra dispone lo siguiente:

“II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.”

En efecto, la Ley Fundamental de nuestro país otorga a los partidos políticos las mismas oportunidades para la difusión de su propuesta política en los medios de comunicación, en aras de garantizar una contienda equitativa, cuyo objetivo principal es permitir a los institutos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral, como pudiera ser la difusión de propaganda emitida por terceros ajenos a los contendientes electorales a través de la cual se beneficie o perjudique a alguna de las fuerzas políticas.

En este sentido, la equidad es uno de los principios garantes del desarrollo de todo Proceso Electoral, principio recogido por la normatividad electoral al limitar la contratación de los espacios televisivos y radiofónicos para la difusión de propaganda a los contendientes electorales, excluyendo a los terceros, ponderando la competencia de los actores políticos en igualdad de circunstancias, garantizando que alguno de ellos obtuviera una ventaja en relación con los demás participantes.

En esta tesitura, los partidos políticos, como entidades de interés público, están obligados a evitar acciones que demeriten las condiciones de equidad que deben prevalecer en todo Proceso Electoral, brindándoles la oportunidad de presentar sus propuestas entre el electorado en condiciones de tiempo y forma recíprocas. Sobre esta particular, esta autoridad considera conveniente citar lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria relativa al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP- 234/2009 y sus acumulados, de fecha cuatro de septiembre de dos mil nueve, en donde dicho juzgador comicial federal, expresó lo siguiente:

“…

En efecto, las acciones prohibidas por la disposición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, consisten en contratar o adquirir, mientras que el objeto materia de la prohibición son los tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Al enunciar las acciones no permitidas: contratar o adquirir, la disposición constitucional utiliza la conjunción ‘o’, de manera que debe considerarse que se trata de dos conductas diferentes.

Por tanto, las conductas prohibidas por el precepto en examen son:

- Contratar tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas y,

- Adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas.

El uso de la conjunción ‘o’ en la disposición en estudio es de carácter inclusivo, lo cual significa que está prohibido tanto contratar como adquirir tiempos en radio y televisión.

Para dilucidar el significado de las acciones de ‘contratar’ y ‘adquirir’ debe tenerse en cuenta que en la redacción de las disposiciones constitucionales se emplea lenguaje común y también lenguaje técnico jurídico.

Es claro que la expresión ‘contratar’ corresponde al lenguaje técnico jurídico, proveniente del derecho civil, según el cual, en sentido lato, esa acción consiste en el Acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

En cambio, el vocablo ‘adquirir’, aun cuando también tiene una connotación jurídica (por ejemplo, los modos de adquirir la propiedad, previstos en el Código Civil), se utiliza, predominantemente, en el lenguaje común, con el significado de: ‘Llegar a tener cosas, buenas o malas; como un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, vicios, enfermedades’ (Diccionario del uso del español, de María Moliner).

En el mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia Española establece que por el verbo ‘adquirir’ se entiende: ‘…3. Coger, lograr o conseguir’.

Si se tiene en cuenta que el valor tutelado por la disposición constitucional es la facultad conferida por el Poder de Reforma al Instituto Federal Electoral, de fungir como la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado para sus propios fines y el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acceder en condiciones de equidad a los medios de comunicación electrónicos, es patente que la connotación de la acción ‘adquirir’ utilizada por la disposición constitucional es la del lenguaje común, pues de esa manera se impide el acceso de los partidos políticos, a la radio y la televisión, en tiempos distintos a los asignados por el Instituto Federal Electoral.

…”

[Énfasis y subrayado añadidos]

En la misma línea argumentativa, se considera conveniente citar lo expresado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria relativa al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-022/2010, en lo referente a la libertad de expresión, el derecho a la información, y la restricción prevista en el artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución General, a saber:

“…En efecto, no podrá limitarse dicha libertad ciudadana, a menos que se demuestre que su ejercicio es abusivo, por trastocar los límites constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino ejercicio de un género periodístico, sino que, mediante un Acuerdo previo ya sea expreso o tácito e implícito, escrito o verbal, se aprovecha el formato de los programas televisivos para otorgar simuladamente a un precandidato, candidato, partido político o coalición, mayores coberturas de su imagen o campaña electoral dentro de un proceso comicial, afectándose con ello la prohibición expresa que deriva del contenido de los artículos 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en relación con el 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Es decir, lo expuesto no soslaya que el ejercicio responsable de las libertades fundamentales de expresión, información y prensa escrita, durante el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos y cualquier otra persona física o moral, incluidas las empresas de radio y televisión, no tan sólo implica respetar los límites que la propia Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino además, conlleva evitar que a través de su uso y disfrute, se colisionen otros valores contenidos en el propio Pacto Federal, como la equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, entre ellos la televisión.

Por ello, no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos electorales, se incurra en abusos o decisiones que se traduzcan en infracciones de las reglas que garantizan el debido acceso a las frecuencias de radio y canales de televisión por parte de los partidos políticos.

El ejercicio de ciertas garantías fundamentales no puede servir de base para promocionar acceso indebido a los canales de televisión, en su caso, a un partido político o candidato, porque no sería válido extender el ámbito protector de las normas de cobertura previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas en la propia constitución, en su artículo 41, aplicables a los partidos políticos y candidatos respecto de su derecho a promocionarse en los espacios televisivos, dado que la administración única de estos tiempos en materia electoral corresponde al Instituto Federal Electoral.

En otras palabras, el criterio sostenido por esta Sala Superior no permite posibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta dentro de un noticiero o programa informativo, que, sólo en apariencia se divulgue a través de los diversos géneros que le constituyen, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita, pues en ese caso, se actualizaría la infracción administrativa prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), cuyo texto es:

‘Artículo 350.

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

…

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral:

...

Con los elementos que antes se han analizado, se puede arribar a la conclusión de que cuando se emiten por televisión y radio programas de noticias o de opinión y denuncia ciudadana, en tiempos de campaña respecto de un partido político o un candidato, lo lógico es que en estos se presenten imágenes del tema del mismo, noticias, reportajes o comentarios, en los que se haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que la actividad periodística pretende aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.

En ese orden de ideas, si en los programas de periodismo de cualquier naturaleza, entre ellos el noticiero de televisión o de radio, los candidatos, los miembros o simpatizantes de los partidos políticos, generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido contiene elementos de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, entre los que, por supuesto, en tiempo de campaña electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de los candidatos.

Sin embargo, la ponderación de los diferentes valores y principios involucrados implica que en ejercicio de esa labor periodística de información, se atiendan a ciertas limitaciones tendentes a evitar que través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la ley electoral o simulaciones, consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión.”

Ahora bien, respecto de los hechos específicos que fueron denunciados por la C. Sara Isabel Castellanos Cortés, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, consistentes en la adquisición de tiempo en radio y televisión por parte de un contendiente en el Proceso Electoral, derivado de su participación como “comentarista” o “analista político” en un programa de radio, resulta necesario traer a colación diversos precedentes adoptados por este Consejo General, y que fueron confirmados por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos siguientes:

SUP-RAP-548/2011 Y ACUMULADO[1]

“(…)

Sobre esta temática, cabe hacer notar que esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUPRAP- 234/2009 y sus acumulados SUP-RAP-239/2009; SUP-RAP-240/2009; SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-251/2009, en el cual la materia toral de controversia era verificar la legalidad de una “entrevista” realizada a un candidato, misma que fue difundida en un canal de televisión, se destacó que la interpretación sistemática y funcional del artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución, con el reconocimiento de la libertad de expresión e información, previsto en el artículo 6º de la propia Ley Fundamental, permitía considerar que el objeto de la prohibición constitucional no comprendía los tiempos de radio y televisión, que se emplearan para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación.

Esto, porque en el ámbito de la libertad de expresión existía el reconocimiento pleno del derecho a la información, puesto que el postulado abarcaba no sólo el derecho de los individuos a conocer lo que otros tenían que decir (recibir información), sino también, el derecho a comunicar información a través de cualquier medio.

De esa manera, se hizo notar que no podría limitarse dicha libertad ciudadana, a menos que se demostrara que su ejercicio era abusivo, por trastocar los límites constitucionales, pues no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos electorales, se incurriera en abusos o decisiones que se tradujeran en infracciones de las reglas que garantizaran el debido acceso a las frecuencias de radio y canales de televisión por parte de los partidos políticos.

(…)

En otras palabras, el criterio sostenido enfatizó que no eran permisible actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, fuera una entrevista, crónica o nota informativa, pero que, en realidad, tuviera como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, había recibido un pago por ello o procedió de manera gratuita.

(…)

Por otro lado, al resolverse el recurso de apelación SUP-RAP-280/2010, en el que cual la materia a debate era la legalidad del “reportaje” realizado a una candidata el cual fue difundido en un canal de televisión, se mencionó que cuando se realiza dicha clase de ejercicios periodísticos en tiempos de campaña respecto de un partido político o un candidato, lo lógico era que se presentaran imágenes del tema del mismo, así como que se hiciera referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretendía aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.

(…)

Finalmente, al resolverse el SUP-RAP-22/2010, el cual fue interpuesto por un partido político en contra de la determinación que resolvió no sancionar a una candidata por la indebida contratación de tiempos en radio y televisión, se destacó que debía protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica.

De esa forma, se destacó que era consustancial al debate democrático que se permitiera la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que deseara expresar su opinión u ofrecer información.

En tal virtud, se precisó que las elecciones libres y auténticas, así como la libertad de expresión, en particular la libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos políticoelectorales, constituían el fundamento de toda democracia constitucional; sin embargo, también se hizo notar que la propaganda electoral no era irrestricta sino que tenía límites.

En el mismo sentido, se argumentó que el Poder de Reforma de la Constitución no consideró necesario restringir la libertad de expresión respecto del ejercicio de actividades periodísticas ordinarias, toda vez que la actividad de los periodistas suponía el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción debían existir intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda era uno de tales fines, no toda expresión suponía una vulneración a dicho principio, siendo necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan.

Tomando en cuenta lo anterior, hizo notar que programas de género periodístico de “naturaleza híbrida” en el que confluyeran varias vertientes del periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, el periodismo de opinión, en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encontraban amparados en el derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, no resultaban actos permisibles la difusión de propaganda encubierta dentro de un noticiero o programa informativo, que, sólo en apariencia divulgara a través de los diversos géneros que le constituyen, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tuvieran como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, haya recibió un pago por ello o procedido de manera gratuita.

Debe descartarse que de los precedentes en comento, emanó la tesis de jurisprudencia 29/2010 (…).

Las notas comunes que pueden desprenderse de los precedentes con que se ha dado cuenta, conducen a estimar que:

• No es dable establecer un juicio de reproche cuando el contexto general de la transmisión, permita advertir que realmente se trata de un genuino género periodístico.

• No resulta válido invocar el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando se incurra en conductas que se traduzcan en infracciones a las reglas de acceso a radio y televisión.

• La propaganda electoral no es irrestricta sino que tiene límites, los cuales están dados por las propias restricciones previstas a las libertades de expresión e información.

• Es posible que en una campaña electoral un candidato realice actos de propaganda electoral, en una entrevista o reportaje, difundidos en radio y televisión siempre y cuando lo manifestado no haga perder la calidad de la labor periodística, pues de lo contrario adquiere matices de una simulación que debe ser sancionada.

Del análisis de las sentencias referidas es posible colegir lo siguiente:

Que programas de género periodístico de “naturaleza híbrida” en el que confluyeran varias vertientes del periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, el periodismo de opinión, en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encontraban amparados en el derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que no resultaban actos permisibles la difusión de propaganda encubierta dentro de un noticiero o programa informativo, que, sólo en apariencia divulgara a través de los diversos géneros que le constituyen, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tuvieran como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, haya recibió un pago por ello o procedido de manera gratuita.

La contratación o adquisición indebida de propaganda en materia de radio y televisión, reclama un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un componente de tal naturaleza, demanda conocer con certeza en base a los elementos de convicción que obren en el expediente, las intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el justo

juicio del raciocinio.

Relacionado con lo anterior, en términos de lo que la propia Sala Superior señaló en la ejecutoria anteriormente trascrita, la determinación de adquisición indebida de propaganda en materia de radio y televisión, reclama un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, que considere las características propias y específicas de cada uno de los casos, en el marco de la normatividad electoral anteriormente

descrita.

En el caso particular, no es posible acreditar la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión para la participación del denunciado en el programa “Antena Radio”, en virtud de que la participación del C. Javier Corral Jurado es un hecho absolutamente independiente del Proceso Electoral Federal en curso.

Contrario al precedente contenido en el SUP-RAP-22/2011, el entonces denunciado el C. Marko Cortés Mendoza se convirtió en supuesto comentarista justo dos semanas antes de que iniciara formalmente la etapa de precampañas del proceso en el que contendería, motivo por el cual se acreditó fehacientemente la simulación que condujo en su momento a ser valorado como fraude a la ley.

En el caso que actualmente nos ocupa, es posible advertir que el C. Javier Corral Jurado ha sido colaborador del programa “Antena Radio” desde el año 2008, esto es, cuatro años antes del inicio del presente procedimiento, y en un genuino formato de comentario editorial y periodístico.

En este orden de ideas, es posible concluir que el ejercicio libre de una actividad profesional no puede bajo ninguna circunstancia considerarse como compra o adquisición de espacios en radio o televisión.

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.

De igual forma es necesario emitir algunas consideraciones generales respecto del marco normativo que regula los actos anticipados de precampaña y campaña. Al respecto, conviene tener presente el contenido del artículo 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los dispositivos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3; 345, párrafo 1, inciso d), y 354, párrafo 1, incisos a) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 7, numerales 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mismos que a la letra señalan lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

[…]”

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

“Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(…)”

Artículo 228

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

[…]

Artículo 237

1. Las campañas electorales para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de noventa días;

3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral.

[…]

Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

d) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

[…]

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la Resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas Electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

[…]

c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; y

III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;

[…]”

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:

I. Con amonestación pública;

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, [con el doble del precio comercial de dicho tiempo]; y

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, [con el doble del precio comercial de dicho tiempo];

REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

“Artículo 7 De las actividades de proselitismo y actos anticipados de precampaña y campaña

[…]

2. Se entenderá por actos anticipados de campaña: Aquellos realizados por coaliciones, partidos políticos, sus afiliados o militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos, a través de reuniones públicas, asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en general todos los realizados, para dirigirse a 6la ciudadanía, presentar y promover una candidatura y/o sus propuestas, para obtener su voto a favor de ésta en una Jornada Electoral, siempre que acontezcan previo al inicio de las campañas electorales respectivas.

3. Se entenderá por actos anticipados de precampaña: Aquellos realizados por coaliciones, partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos, a través de reuniones públicas, asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en general todos los realizados, para dirigirse a los afiliados o militantes, simpatizantes y/o ciudadanía, con el fin de obtener su postulación como candidato a un cargo de elección popular, siempre que acontezcan previo al procedimiento interno de selección del partido político o coalición respectivo, así como al registro interno ante éstos.

[…]”

Del análisis a la normatividad antes invocada, puede arribarse a las siguientes conclusiones:

a) Que se encuentra elevado a rango constitucional, el establecimiento de plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

b) Que la violación a las disposiciones antes mencionadas, cometida por los partidos o por cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

c) Que dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no existe una definición de lo que debe entenderse por acto anticipado de precampaña.

d) Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé como infracciones de los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

e) Que el Código Electoral en cita, establece sanciones a los sujetos que incurran en la realización de ese tipo de conductas.

f) Que en mérito de lo anterior, el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en su artículo 7, párrafos 2 y 3 establece las definiciones de actos anticipados de campaña y precampaña.

De lo expuesto hasta este punto, es posible obtener dos aspectos relevantes para la comprensión del asunto que nos ocupa: la finalidad o propósito que persigue la regulación de los actos anticipados de precampaña o campaña y los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.

Respecto del primero de los aspectos mencionados, debe decirse que la regulación de los actos anticipados de precampaña y campaña, tiene como propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o precandidato correspondiente.

Ahora bien, por cuanto hace al segundo aspecto, es decir, a los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para determinar si se constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña política, debe decirse que son identificables los siguientes:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente.

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.

En concordancia con la identificación de los elementos anteriores, se debe tener presente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional identificado con el número SUP-JRC-274/2010, y los recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-16/2009, SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP-63/2011 mismos que en lo que interesa, refieren lo siguiente:

SUP-JRC-274/2010

“(…)

los actos de precampaña tienen como objetivo fundamental promover a las personas que participan en una contienda de selección interna de determinado partido político, conforme a sus Estatutos o Reglamentos y acorde con los Lineamientos que la propia ley comicial establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate, o bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho proceso de selección.

De ese modo los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se tratan de actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la difusión de las personas que fueron electas, sin que tengan como objeto la propagación de la plataforma electoral de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración de los distintos órganos de representación popular el día de la Jornada Electoral, ya que estos últimos actos serían objeto de las campañas electorales que inician una vez que los partidos políticos obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano electoral correspondiente.

Es importante reiterar que en la precampaña se busca la presentación de quienes participan en una contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o de los precandidatos que resultaron electos conforme al proceso interno de selección, mientras que en la campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los partidos políticos, para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la Jornada Electoral.

Por lo anterior, los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de selección interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando tales conductas no estén encaminadas a obtener las candidaturas al interior del partido, sino a la difusión de plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta actividad es exclusiva de la etapa de campaña electoral.

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, los cuales no se conseguirían si previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se pretende evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante correspondiente.

De lo anterior, podemos concluir que los actos anticipados de precampaña requieren de tres elementos.

El personal. Los son realizados por los militantes, aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos.

Subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover al candidato para obtener la postulación a un cargo de elección popular.

Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos.

Así lo sostuvo esta Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009.

(…)”

SUP-RAP-15/2009 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-16/2009

“(…)

Esta Sala Superior ha venido construyendo el criterio de que pueden acontecer actos anticipados de campaña, en el lapso comprendido entre la selección o designación interna de los candidatos y el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad electoral administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio de éste, cuando dichas conductas sean ejecutadas por cualquier militante, aspirante o precandidato.

En otras palabras los actos anticipados de campaña requieren un elemento personal pues los emiten los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos políticos; un elemento temporal, pues acontecen antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen como propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover el candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral.

Cabe aclarar que los mismos elementos se pueden predicar, guardadas las diferencias, respecto de los actos anticipados de precampaña.

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña y campaña, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, los cuales no se conseguirían si previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, pues en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se pretende evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante correspondiente.

Incluso, respecto de los actos anticipados de campaña, la Sala Superior ha sostenido que son aquéllos realizados por los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos políticos, antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de candidatos, siempre que tales actos tengan como objetivo fundamental la presentación de su plataforma electoral y la promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral. Lo anterior se sostuvo en el SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP-66/2007.

En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y campaña, son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita; elementos que, contrariamente a lo aducido por el apelante, constituyen requisitos sustanciales indispensables para acreditar la ilegalidad de este tipo de actos.

(…)”

SUP-RAP-191/2010

“(…)

Respecto del primero de los aspectos mencionados, debe decirse que la regulación de los actos anticipados de precampaña y campaña, tiene como propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, mediante la compra o adquisición de espacios en radio y televisión, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o precandidato correspondiente.

Por cuanto al segundo de los aspectos relevantes que se obtiene del análisis a la normatividad que rige los actos anticipados de precampaña o campaña, relacionado con los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituirlos, debe decirse que son identificables los siguientes:

1. El personal. Porque son realizados por los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.

2. El subjetivo. Porque los actos tienen como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

3. El temporal. Porque acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos o una vez registrada la candidatura ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.

En concordancia con la identificación de los elementos anteriores, se debe tener presente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional identificado con el número SUP-JRC-274/2010, y el recurso de apelación número SUP-RAP-15/2009 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-16/2009 …”

(…)

En relación con lo antes expresado, debe decirse que la concurrencia de los tres elementos en cita, resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.

Al respecto, debe puntualizarse que de los tres elementos en comento, merece particular atención el relacionado con el elemento temporal, en virtud de que en los hechos, la delimitación de este elemento (es decir, a partir de qué momento la concurrencia del elemento personal y el subjetivo, puede ser considerados como actos anticipados de precampaña o campaña) ha resultado poco clara, respecto de casos concretos en los que la presencia de sujetos y circunstancias que podrían estimarse como elementos personales y subjetivos de actos anticipados de precampaña o campaña, se ubica fuera del Proceso Electoral.

En efecto, la normatividad electoral y las determinaciones de las autoridades en la materia han permitido obtener nociones respecto de los sujetos y el contenido de los mensajes (elementos personal y subjetivo) que deben concurrir en la configuración de los actos anticipados de precampaña o campaña. No obstante, resulta conveniente realizar algunas consideraciones respecto de aquellos casos en los que, como se dijo en el párrafo anterior, la presencia de sujetos y circunstancias que podrían estimarse como elementos personales y subjetivos de actos anticipados de precampaña o campaña, se ubican fuera del Proceso Electoral.

Así, en primer término, conviene dilucidar en torno de dos cuestiones: la primera, relacionada con la competencia con que cuenta la autoridad electoral federal para conocer y, en su caso, sancionar hechos relacionados con la presunta comisión de actos anticipados de precampaña o campaña fuera de los procesos electorales; y la segunda, en torno a la posibilidad de que alguno de los sujetos a que se refiere la normatividad electoral federal (partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas), pueda ser sancionado por la comisión de actos anticipados de campaña, antes del inicio del Proceso Electoral Federal.

En este orden, respecto de la primera de las cuestiones a dilucidar, debe establecerse que el Instituto Federal Electoral cuenta con atribuciones constitucionales y legales explícitas e implícitas que le permiten procurar el orden en la materia, particularmente, respecto del normal desarrollo de los procesos electorales federales.

(…)

Por otra parte, respecto de la segunda de las cuestiones a dilucidar, relativa a la posibilidad de que alguno de los sujetos a que se refiere la normatividad electoral federal (partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas), pueda ser sancionado por la comisión de actos anticipados de campaña, antes del inicio del Proceso Electoral Federal, debe decirse lo siguiente:

En primer término, el análisis a la normatividad electoral federal, así como a los criterios de las autoridades administrativa y jurisdiccional electorales federales, en materia de actos anticipados de campaña, permite obtener, como ya se dijo, que la racionalidad de la hipótesis normativa que prohíbe la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, atiende a la preservación del principio de equidad en la contienda electoral, es decir, dentro del desarrollo de un Proceso Electoral Federal.

En este orden de ideas, se estima que la normatividad en cita, cuando hace referencia a la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña, vinculada con las posibles sanciones a imponer en caso de haberse demostrado su realización, da por sentado que se encuentra en curso un Proceso Electoral Federal. Es decir, si bien hechos que se pueden calificar como constitutivos de actos anticipados de precampaña y campaña pueden ocurrir previo a un Proceso Electoral Federal, sólo pueden ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados, por este Instituto luego del inicio del mismo.

Lo anterior puede considerarse así, en atención a lo siguiente:

Primero, porque los elementos personal y subjetivo comentados con anterioridad, respecto de personas físicas (no partidos políticos) necesarios para estimar que existen actos anticipados de precampaña o campaña sólo pueden colmarse dentro de un Proceso Electoral Federal.

En efecto, la calidad de aspirante, precandidato o candidato ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas, sólo tiene razón de ser dentro del Proceso Electoral.

De igual forma, respecto del cumplimiento del elemento subjetivo exigible para la configuración de actos anticipados de campaña, relacionado con la emisión de manifestaciones que tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, debe decirse que ello sólo podría analizarse dentro del desarrollo del Proceso Electoral, ya que, por ejemplo, la existencia del documento en el que consta la plataforma electoral se encuentra supeditada al cumplimiento que den los partidos y candidatos a la obligación contenida en el artículo 27, párrafo 1, incisos e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo, porque del análisis a la forma en que fue organizada la legislación electoral federal dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se observa que las disposiciones que dan forma a la disposición constitucional contenida en el artículo 41, Base IV, ya mencionada, dentro de las que se contienen las normas relativas a las precampañas y campañas, se encuentran consignadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dentro Libro Quinto denominado Del Proceso Electoral, Título Segundo, denominado De los actos preparatorios de la elección, Capítulo Primero, intitulado De los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales, y Capítulo Tercero denominado De las campañas electorales, lo que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 210 del Código en cita, permite colegir que las normas atinentes a la preservación del principio de equidad, respecto de la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, se encuentran circunscritas en la lógica del inicio del Proceso Electoral Federal.

(…)

En este contexto, se estima que la calificación de actos anticipados de precampaña o campaña que puede emitir la autoridad administrativa electoral federal, respecto de hechos concretos que son sometidos a su consideración, solo puede realizarse durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal y nunca fuera de éste.

La afirmación anterior, debe entenderse en el sentido de que fuera de Proceso Electoral, la autoridad administrativa de la materia no podría apreciar ni determinar la afectación real que pudiera generarse al principio de equidad.

En efecto, la afirmación anterior encuentra sustento en que la determinación o no de la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña por parte de la autoridad administrativa electoral federal, depende del cumplimiento, al menos, de las condiciones resolutorias siguientes: Que el responsable de las manifestaciones o actos presuntamente constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña, participe en el Proceso Electoral.

Que las manifestaciones o actos tengan el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

Que existan pruebas suficientes que permitan acreditar que el presunto responsable de haber cometido actos anticipados de precampaña o campaña actuó de forma reiterada, sistemática, intencional, consciente, etc., con el propósito de posicionar su imagen frente al electorado en una situación ventajosa frente al resto de los participantes en el respectivo Proceso Electoral Federal.

En este orden de ideas, el cumplimiento de las condiciones resolutorias precitadas, sólo puede apreciarse en retrospectiva desde la posición en la que la autoridad ejerce con plenitud sus facultades, es decir, cuando se encuentra instalada en la posición de máxima autoridad administrativa en materia electoral federal, cuando el despliegue de sus facultades más que en cualquier otro momento, tienden a la preservación del orden en la materia, ellos es, dentro del desarrollo del Proceso Electoral.

Al respecto, debe decirse que las consideraciones anteriores no implican que el Instituto Federal Electoral cancele atribución alguna respecto del control y vigilancia que ejerce en cuanto a los valores y principios que deben imperar en la materia electoral, porque ante el ejercicio indebido del derecho de la libre expresión por parte de personas físicas o morales, este Instituto cuenta con las facultades necesarias para hacer cesar, por ejemplo, promocionales contratados en radio y televisión en los que se incluyan los factores que pudieran constituir una alteración o perjuicio a la materia electoral o a los derechos de los actores políticos, actos que podrían o no encontrarse vinculados con la presunta realización de actos anticipados de campaña.

Las mismas tampoco implican que hechos ocurridos previo al inicio del Proceso Electoral Federal que posteriormente pudieran calificarse como constitutivos de actos anticipados de precampaña y campaña no puedan ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados, por este Instituto luego de colmados los requisitos expuestos con anterioridad, lo que únicamente puede ocurrir una vez iniciado el Proceso Electoral Federal.

En adición a lo anterior, no se omite decir que de conformidad con las normas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la preservación del principio de equidad que debe imperar en el desarrollo del Proceso Electoral Federal no es propia ni exclusiva del Instituto Federal Electoral, sino que dentro de la etapa de las precampañas, también corresponde preservarla a los institutos políticos dentro de sus procesos de selección de candidatos.

(…)

En este último sentido es importante traer a colación que por lo que hace a las normas partidarias, la reforma electoral de los años 2007-2008, tuvo entre sus propósitos fortalecer la impartición de justicia intrapartidaria, la cual se verifica en forma previa a la intervención de la autoridades electorales.

Así las cosas, la existencia de impedimentos de carácter temporal, objetivos o procedimentales, no significa que en su caso, una conducta que se cometió incluso antes de la celebración del Proceso Electoral respectivo quede impune. Pues como sea venido sosteniendo, existen instancias, procedimientos y mecanismos para sancionar la conducta llegado el momento temporal oportuno.

Finalmente, debe decirse que considerar que la calificación de los actos anticipados de precampaña o campaña puede ser realizada por la autoridad electoral federal en todo tiempo (es decir, lo contrario a lo que se ha venido argumentando en la presente exposición), podría implicar la cancelación del debate público en detrimento del ejercicio del derecho a la libertad de expresión fuera de los procesos electorales federales.”

SUP-RAP-63/2011

“(…)

B) Por otra parte, esta Sala Superior estima que el motivo de disenso identificado en el inciso 2), de la síntesis de agravios, consistente en que a decir del partido político recurrente, de la Resolución combatida se desprende la falta de exhaustividad y la indebida fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad responsable al abordar el estudio de fondo arribó a conclusiones falsas, erróneas e insuficientes, resulta en un aspecto inoperante y en otro infundado.

Al efecto, el Partido Acción Nacional en la hoja dieciséis de su escrito recursal, relaciona en los incisos a) al g), las conclusiones a que arribó la autoridad responsable, a saber:

a) Que los promocionales y programas denunciados muestran imágenes y voces alusivas al C. Andrés Manuel López Obrador y al Partido del Trabajo.

b) Los promocionales y programas denunciados presentan, en algunos casos, propuestas que no se encuentran vinculadas a alguna plataforma electoral.

c) Que algunos de los promocionales transmiten mensajes de los que se desprenden invitaciones a la ciudadanía a participar en actividades tales como asistir a un mitin o simplemente a participar.

d) Que dichas invitaciones refieren expresamente el nombre del C. Andrés Manuel López Obrador y del Partido del Trabajo, lo que permite desprender que se encuentran dirigidas expresamente a los simpatizantes de alguno de ambos.

e) Que algunos de los promocionales y programas denunciados refieren la expresión de que un "movimiento social" participará en las próximas elecciones de dos mil doce.

f) Que ni los promocionales ni los programas denunciados contienen elemento alguno relacionado con la presentación a la ciudadanía de una candidatura o precandidatura en particular ni a la exposición de alguna propuesta.

g) Que si bien, las notas periodísticas aportadas por el Partido Acción Nacional dan cuenta de algunas noticias relacionadas con expresiones en las que presuntamente el C. Andrés Manuel López Obrador mencionó su intención por participar como candidato presidencial en el Proceso Electoral Federal del año 2012, lo cierto es que dichas notas no producen convicción en esta autoridad respecto de que esas manifestaciones hayan sido vertidas por el ciudadano denunciado.

Ahora bien, del agravio bajo estudio se advierte que el partido político recurrente afirma que las conclusiones a que arribó la autoridad responsable al emitir la determinación combatida, resultan falsas, erróneas e insuficientes.

Al respecto, esta Sala Superior estima que, en este aspecto, dicho motivo de disenso deviene inoperante y, lo anterior es así, toda vez que el partido político recurrente es omiso en exponer argumentos tendentes a evidenciar cuáles fueron los razonamientos que esgrimió la autoridad responsable y a qué conclusiones arribó, las cuales en su concepto, resultaron falsos, erróneos o insuficientes.

En efecto, del estudio del escrito recursal que dio origen al medio impugnativo que se resuelve, no se advierte que el partido político recurrente combata de manera frontal y mediante argumentos jurídicos las conclusiones a que arribó la autoridad responsable, pues únicamente se limita a señalar, de manera subjetiva, que éstas resultaron falsas, erróneas e insuficientes sin exponer razonamientos para combatir eficazmente las conclusiones controvertidas, de ahí la inoperancia apuntada.

Asimismo, lo infundado del motivo de disenso en comento radica en que, si bien es cierto que la autoridad responsable a foja ciento setenta de la Resolución impugnada arribó a las conclusiones referidas anteriormente, lo cierto es que dicha circunstancia derivó del estudio de fondo realizado por la autoridad administrativa electoral respecto de los hechos denunciados, a la luz de los medios convictivos aportados.

Así, la autoridad responsable a foja ciento cincuenta y uno de la Resolución impugnada y, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior en el diverso SUP-RAP-191/2010, estableció como premisa: "que los actos anticipados de precampaña y campaña admiten ser analizados, determinados y, en su caso, ser sancionados por la autoridad administrativa electoral en cualquier momento en que sean denunciados y son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de los períodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita".

Precisado lo anterior, la autoridad responsable realizó el análisis de los hechos denunciados atendiendo a los siguientes elementos:

1. El Personal. Los actos son realizados por los militantes, aspirantes, o precandidatos de los partidos políticos.

2. Subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover al candidato para obtener la postulación a un cargo de elección popular.

3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos.

En este orden de ideas, la autoridad administrativa electoral respecto del elemento personal, estimó que tanto Andrés Manuel López Obrador como el Partido del Trabajo resultaban susceptibles de infringir la normativa electoral.

Lo anterior, porque en el caso del referido ciudadano, estimó que al ser militante de un partido político tenía la posibilidad de obtener al interior del partido, una candidatura para un cargo de elección popular, quien con su actuar y a fin de verse beneficiado con esa designación, podría trastocar las condiciones de equidad de la contienda electoral. (Foja 152.)

Asimismo, por cuanto hace al Partido del Trabajo, consideró que atendiendo a su naturaleza de ente de interés público y a los fines conferidos por la Norma Fundamental Federal para este tipo de organizaciones ciudadanas, resultaba susceptible que pudieran infringir las disposiciones legales relativas a la prohibición de cometer actos anticipados de precampaña y campaña. (Foja 152).

Ahora bien, por cuanto hace al elemento temporal descrito en párrafos precedentes, la autoridad administrativa electoral consideró que, en el caso concreto, se encontraba colmado, toda vez, que los hechos denunciados se habían verificado en fecha previa al inicio del procedimiento interno de selección de precandidatos o candidatos y antes del registro interno ante los partidos políticos, esto es, conforme a lo establecido por esta Sala Superior al resolver el diverso SUP-RAP- 191/2010, el conocimiento de los presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, puede realizarse en cualquier tiempo. (Fojas 170 y 171)”

Del análisis a lo antes invocado, puede arribarse a las siguientes conclusiones:

      Que el Instituto Federal Electoral debe mantener el control y vigilancia que ejerce en cuanto a los valores y principios que deben imperar en la materia electoral.

      Que la regulación de los actos anticipados de precampaña y campaña, tiene como objeto garantizar el principio de equidad para los contendientes electorales.

      Que en la precampaña se busca el apoyo de los militantes y simpatizantes, para obtener la candidatura al interior del partido.

      Que en las campañas electorales se difunde principalmente la plataforma electoral y/o se promueve o posiciona a un partido político o a un candidato a efecto de obtener el voto de la ciudadanía a un cargo de elección popular.

      Que la temporalidad en la que puede configurarse actos anticipados de campaña comprende del periodo de selección interna del candidato y su registro ante la autoridad electoral competente por el partido político que lo postule, antes o durante el desarrollo del mencionado procedimiento, sin que se haya dado inicio legal y formal al periodo de campañas electorales, cuando dichas conductas sean ejecutadas por cualquier militante, aspirante, precandidato, o incluso, de un partido político.

      Que las denuncias por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, con sus excepciones, deben ser conocidas e investigadas por el Instituto Federal Electoral en todo tiempo, es decir, dentro o fuera de los procesos electorales federales, sin que eso implique que está fundado.

Como se observa, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal, resulta indispensable para que la autoridad electoral se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.

En este contexto, debe decirse que el conocimiento de los asuntos en los que se denuncie la realización de conductas que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, dentro de los que también podrían encontrarse las relacionadas con la presunta comisión de actos anticipados de campaña, siguen la premisa general de que, en principio, pueden constituir materia de un procedimiento administrativo sancionador instruido por el Instituto Federal Electoral.

No es óbice a lo anterior, señalar que el día siete de octubre de dos mil once dio inicio el Proceso Electoral Federal, situación que deja de manifiesto que esta autoridad se encuentra compelida a vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia dentro de dicho proceso, así como velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el desarrollo del mismo, por lo que resulta inconcuso que si en el presente asunto se encuentran denunciados hechos que podrían constituir actos anticipados de campaña, resulta indispensable que esta autoridad, en pleno ejercicio de las facultades que le son conferidas, asuma la competencia para conocer de ellos y, en su caso, imponga las sanciones que en derecho procedan, con la finalidad de evitar alguna vulneración a la normatividad electoral.

En efecto, la afirmación anterior encuentra sustento en que la determinación o no de la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña por parte de la autoridad administrativa electoral federal, depende del cumplimiento, al menos, de las condiciones resolutorias siguientes: