acuerdo de competencia

Recurso de apelación.

EXPEDIENTE: SUP-rap-319/2016.

recurrente: partido VERDE ECOLOgista de méxico

AUTORIDAD RESPONSABLE: consejo general del instituto nacional electoral

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIO: carlos antonio neri carrillo

Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS, para acordar los autos del recurso de apelación SUP-RAP-319/2016, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, contra la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas, identificada con el número INE/CG588/2016; y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por el apelante en su demanda y del contenido de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral ordinario. El trece de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas declaró el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2015-2016, para la renovación de los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

2. Jornada electoral. El cinco de junio del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral.

3. Dictamen consolidado. Una vez integrado el dictamen consolidado resultante de la revisión de los informes de ingresos y gastos durante la campaña del referido proceso electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral elaboró el proyecto de resolución respectivo, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, en su Vigésima Sesión Extraordinaria.

4. Resolución impugnada. El catorce de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la resolución INE/CG588/2016, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los candidatos, en el proceso electoral celebrado en el estado de Tamaulipas.

II. Recurso de apelación. Inconforme con dos de las conclusiones contenidas en tal resolución, en el sentido de sancionarlo, el Partido Verde Ecologista de México interpuso recurso de apelación el dieciocho de julio siguiente, ante la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral.

III. Trámite. El veintiuno de julio posterior, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio suscrito por la Directora de Normatividad y Contratos de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió la demanda y demás documentación atinente al presente medio de impugnación.

IV. Turno. En esa fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-RAP-319/2016, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C O N S I D E R A N D O:

 PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa el presente acuerdo compete a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando en forma colegiada, conforme al criterio emitido por este órgano jurisdiccional, en la jurisprudencia 11/99,[1] cuyo rubro es el siguiente:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”.

 Lo anterior, porque lo que al efecto se resuelva no constituye un acuerdo de mero trámite, ya que consiste en determinar sobre cuál órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver acerca de la controversia planteada, razón por la cual se debe estar a la regla mencionada en la citada jurisprudencia.

SEGUNDO. Determinación sobre competencia. En este caso, se considera que la competencia para resolver el presente medio de impugnación corresponde a la Sala Regional de este Tribunal Electoral en la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León, toda vez que el fondo de la controversia planteada por el recurrente se relaciona con la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de campaña, de candidatos al cargo de diputados locales en el estado de Tamaulipas, respecto a la cual, se determinó sancionar con diversas multas al instituto político apelante.

Lo anterior, porque para determinar cuál Sala debe conocer del asunto, no debe considerarse exclusivamente a la autoridad emisora del acto, como si el marco normativo que rige a los medios de impugnación en materia electoral se definiera, categóricamente, por una regla única en lugar de un sistema de principios que orienta la resolución de las controversias; por tanto, deben ponderase de manera conjunta las demás previsiones normativas que orientan la finalidad del sistema de distribución competencial en materia electoral, como se verá enseguida.

En efecto, el artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala la propia constitución y la ley.  Ese sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de la Constitución.

 De tal modo, en términos generales la competencia de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se determina en función del tipo de elección y, en alguna medida, del órgano responsable.

 Al respecto, el artículo 189, fracción I, incisos d) y e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece las competencias de las Salas de este Tribunal en relación al tipo de elección con la que guarden relación los litigios promovidos.

 La Sala Superior es competente para conocer y resolver, a través del juicio de revisión constitucional electoral, sobre las controversias que se susciten por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas, que pudiesen ser determinantes para el desarrollo o el resultado final de los comicios de Gobernador y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

Igualmente, compete a la Sala Superior conocer de los juicios ciudadanos, que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En tanto, conforme al artículo 195, fracción III y IV, incisos b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determina que las Salas Regionales son competentes, en el ámbito de su jurisdicción, para conocer y resolver de los juicios de revisión constitucional electoral, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas, determinantes para el desarrollo o el resultado final de las elecciones de diputados locales, ayuntamientos y, en la Ciudad de México, de cargos diferentes al de Jefe de Gobierno.

Además, de los juicios que se promuevan por la violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales, ayuntamientos y, en la Ciudad de México, de cargos diferentes al de Jefe de Gobierno, o para controvertir las determinaciones de los partidos políticos en los procesos internos de selección de candidatos para tales cargos.

Como se advierte, fue voluntad del legislador establecer las competencias de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de las impugnaciones, en relación al tipo de elección con las que éstas se relacionen.

Lo que incluso, se reitera en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que en el artículo 83, inciso a), fracción III, e inciso b), fracción II, de la Ley General que establece que la Sala Superior es competente para resolver el juicio ciudadano promovido por o se trate de la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en los procesos internos de selección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados federales y senadores de representación proporcional, y dirigentes de los órganos nacionales de dichos institutos, así como en los conflictos intrapartidistas cuyo conocimiento no corresponda a las Salas Regionales.

Asimismo, las Salas Regionales son competentes para conocer de los juicios ciudadanos promovidos para impugnar violaciones al derecho a votar en los comicios federales y de las entidades federativas y a ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, así como en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y, en la Ciudad de México, de cargos diferentes al de Jefe de Gobierno.

De igual modo, el numeral  87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General invocada dispone: 1. Son competentes para resolver el juicio de revisión constitucional electoral: a) La Sala Superior del Tribunal Electoral, en única instancia, tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia, cuando se trate de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y, en la Ciudad de México, de cargos diferentes al de Jefe de Gobierno.

Cómo se advierte una interpretación sistemática y funcional de los artículos referidos permite concluir que:

1.     La Sala Superior es competente para conocer y resolver de los recursos de apelación vinculados con la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional o Gobernadores.

2.     Las Salas Regionales tienen competencia para conocer y resolver de los recursos de apelación vinculados con las elecciones de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como, en lo que hace a la Ciudad de México, de cargos diferentes al de Jefe de Gobierno.

Esto es, los citados preceptos revelan la existencia de un sistema de distribución de competencias entre las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene como uno de sus postulados para definir la competencia, el tipo de elección.

En ese contexto, no debe leerse aisladamente, lo establecido en el artículo 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Medios citada, acerca de que la competencia para resolver el recurso de apelación corresponde a la Sala Superior, cuando se impugnen actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.[2]

Una lectura diferente, conduciría a concluir que la competencia de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo se determina en razón al órgano central o desconcentrado del Instituto Nacional Electoral que emita el acto controvertido, en contravención a la finalidad que se revela en todos los demás enunciados legales citados, toda vez que se excluiría el postulado reconocido en el sistema, que orienta la competencia entre las Salas del Tribunal, a partir del tipo de elección con la que se relaciona la impugnación.

Por lo que, si se analizan las disposiciones citadas en relación al sistema normativo al que pertenecen y al propósito que persiguió el legislador cuando estableció el sistema de medios de impugnación en materia electoral, es posible concluir que las citadas reglas no son concluyentes, ya que es necesario atender al tipo de elección con la que estén relacionados los recursos de apelación que se promuevan, para fijar cuál Sala es la competente para conocer la controversia planteada.

Por tanto, el análisis integral del sistema conduce a tomar en cuenta, tanto al tipo de autoridad que emite el acto reclamado como a la elección involucrada.

En el presente asunto, a partir del análisis de las constancias de los autos que integran el expediente al rubro indicado, la Sala Superior advierte que el Partido Verde Ecologista de México impugna a través de un recurso de apelación la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos postulados por ese partido político en el estado de Tamaulipas; en específico, reclama la parte de dicha resolución, referente a los informes concernientes a cargos de diputados locales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2015-2016.

En su demanda, el apelante combate, la sanción impuesta en función de la conclusión 5 del comentado dictamen, relacionada con la omisión de presentar los contratos de apertura de las cuentas bancarias para el manejo de recursos de campaña de sus candidatos a diputados locales; ello, porque aduce que no estaba obligado a presentar tales contratos, ya que las respectivas campañas no recibieron ingresos en efectivo.

Igualmente, el apelante objeta la Indebida individualización de la sanción que le fue impuesta, en términos de la conclusión 6 del propio dictamen, referente al registro extemporáneo de setenta y nueve operaciones de egresos durante la campaña, a través del sistema de contabilidad en línea; aduce que tal sanción resulta desproporcionada, violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica, y apartada del artículo 38, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización, dado que no se advierte la aplicación de un criterio objetivo y razonable establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con anterioridad al inicio del proceso electoral, o por lo menos, antes de aprobarse los respectivos dictámenes consolidados.

En efecto, a partir de la reproducción, tanto de la resolución impugnada, como del señalado dictamen consolidado —aprobado por tal resolución— en la parte atinente a las conclusiones 5 y 6, que motivaron las sanciones impuestas al partido político apelante, se constatan las consideraciones combatidas por éste:

Respecto a la conclusión 5, la resolución controvertida expone que la omisión imputada corresponde a campañas de candidatos a diputados locales, como se evidencia enseguida:

GASTOS

Bancos

Conclusión 5

“5. PVEM reportó ingresos en efectivo por $144,367.66; sin embargo, omitió abrir 18 cuentas bancarias, una por cada candidato, para el manejo de los recursos de campaña.”

En consecuencia, al omitir la apertura de dieciocho cuentas bancarias para el manejo de los recursos de la campaña incumplió con lo dispuesto en el artículo 59, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

(…)

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México debe ser en razón de la trascendencia de la norma trasgredida al no abrir cuentas, para el manejo de recursos de dieciocho candidatos al cargo de Diputado Local,[3] situación que no permitió que la autoridad fiscalizadora contara con los elementos que le permitieran tener certeza de la administración de los recursos de campaña manejados por los candidatos respectivos, por lo que se considera imponer una sanción económica equivalente al monto resultante del porcentaje que representa el financiamiento del partido respecto del total del financiamiento establecido por la autoridad para actividades ordinarias en el ejercicio 2016 por el 30% (treinta por ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña establecido por la autoridad para el cargo de Diputado Local en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Tamaulipas en relación de cada uno de los candidatos de los cuales no se abrió cuenta, lo cual asciende a un total de $2,619,926.64 (dos millones seiscientos diecinueve mil novecientos veintiséis pesos 64/100 M.N.)

(…)

La vinculación de la irregularidad analizada en la conclusión 5, a las campañas de diputados locales, se corrobora en el dictamen consolidado, en el cual, en la parte conducente se determinó:

3.5 Partido Verde Ecologista de México

3.5.1      Diputados Locales

(…)

c. Cuentas de balance

Bancos

Primer periodo de operaciones

El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta de firmas correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/14197/16 notificado el 30 de mayo del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 4 de junio del 2016.

Escrito de respuesta: PVEM/014/2016 del 4 junio del 2016, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

“Se informa que se abrió una sola cuenta bancaria como concentradora, de manera que se prorrateo el recurso para hacer transferencias en especie a cada uno de los candidatos registrados por nuestro Partido Político, así mismo el CEN de nuestro Instituto Político realizó transferencias en especie a cada uno de los candidatos dichos movimientos ya fueron debidamente registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y se registrara nuevamente el contrato de apertura y tarjeta de firmas de dicha cuenta concentradora que se manejó, todo lo anterior se verá reflejado en el segundo periodo de revisión.

Toda vez que esta observación se presenta en los dos periodos y que la respuesta del sujeto obligado versa sobre el mismo argumento, el análisis de la falta se hace en la observación correspondiente al segundo periodo.

Segundo periodo de operaciones

El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta de firmas correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, como se muestra en el cuadro:

(…)

De la revisión al SIF, se localizó el contrato de apertura de cuenta bancaria como concentradora y tarjeta de firmas; sin embargo, la normatividad es clara al establecer que se deberán aperturar cuentas bancarias por cada campaña, ahora bien, se observó que en los informes se reportaron transferencias de los comités en efectivo por un monto de $144,367.66, por tal razón, la observación quedó no atendida.

Al reportar ingresos en efectivo por $144,367.66 y no abrir 18 cuentas bancarias, una por cada candidato, para el manejo de los recursos de campaña, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 59, numeral 2 del RF. (Conclusión final 5).

(…)

 Como se ve, las campañas involucradas en la irregularidad comprendida en la conclusión 5, son las correspondientes a los dieciocho candidatos a diputados locales, cuyos nombres y distritos electorales se enlistan en los anteriores cuadros.

 Por otra parte, en lo que atañe a la conclusión 6, la irregularidad detectada concierne, de igual modo, a campañas de diputados locales, como se advierte a continuación.

 Respecto a la conclusión 6, en la resolución impugnada se sostiene:

GASTOS

Registro de operaciones fuera de tiempo

Conclusión 6

“6. Se localizaron 79 operaciones por un monto de $2,481,373.96, las cuales no fueron registradas en tiempo real.”

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización por un importe de $2,481,373.96.

(…)

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de $2,481,373.96 (dos millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos setenta y tres pesos 96/100 M.N.).

En tanto, en lo que hace a la conclusión 6, el dictamen consolidado precisa a cuáles campañas correspondieron las setenta y nueve operaciones no registradas oportunamente, a saber, a dieciocho campañas de candidatos a diputados locales, en concreto, a los referidos con anterioridad, como se aprecia enseguida:

 g. Sistema Integral de Fiscalización

Segundo periodo

Se observaron registros contables capturados extemporáneamente excediendo los tres días posteriores a la realización de las operaciones.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16172/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de respuesta: PEVM/018/2016, de fecha 18 de junio del 2016, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

“Los registros que fueron capturados extemporáneamente debido a que los proveedores no proporcionaron a tiempo archivo de soporte como imágenes, archivos pdf y xml; en estos casos los comprobantes fiscales se encuentran con fechas posteriores a la fecha de operación de dichos registros”.

Aun cuando el sujeto obligado manifestó las causas por las cuales los registros fueron capturados fuera de tiempo, es conveniente señalar que la norma es clara al establecer que las operaciones (compromisos, facturas, pagos, bienes y servicios devengados, etc.) se deben registrar contablemente desde el momento en que ocurren o se conocen y hasta tres días posteriores; toda vez que las 79 operaciones por $2,481,373.96 fueron registradas sin atender a lo antes expuesto, la observación no quedó atendida.

(…)

En consecuencia, al registrar 79 operaciones de manera extemporánea dentro del mismo periodo en que se realizaron, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF. (Conclusión final 6).

(…)

 Con base en lo anterior, se aprecia que las irregularidades descritas en el dictamen consolidado —las cuales resultaron en las sanciones impuestas al recurrente, mediante la resolución controvertida— se encuentran vinculadas a las campañas de candidatos a diputados locales postulados por el partido apelante en diferentes distritos electorales del estado de Tamaulipas.

 Consecuentemente, la Sala competente para conocer y resolver del presente medio de impugnación, es la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral.

 Esto porque se trata de un medio de impugnación relacionado con las campañas de candidatos a ocupar los cargos de diputados locales en la mencionada entidad federativa, mientras que la resolución objetada, emitida por un órgano central del Instituto Nacional Electoral, obedece a un aspecto que sólo atendió a la intención legislativa de centralizar la fiscalización de los recursos recibidos y utilizados por los partidos políticos en las elecciones locales, pero no a una razón para fijar competencias, las cuales se fundan, más bien, en un argumento racional de distribución de atribuciones.

 Estimar que la sola circunstancia de la autoridad emisora del acto, sustenta la competencia de la Sala Superior, implicaría que el máximo tribunal en la materia conociera de todas las impugnaciones, sin atender al principio general de división de competencias de acuerdo al tipo de elección.

 Además, se privaría a las Salas Regionales de ejercer sus atribuciones relacionadas con elecciones sobre las cuales tienen competencia para conocer.

 Máxime, que el reconocimiento de la competencia de las Salas Regionales para conocer de asuntos vinculados con las elecciones de su competencia, emitidos por el órgano central del Instituto Nacional Electoral, también contribuye a la inmediatez o cercanía del sistema de administración de justicia a quienes pretendan inconformarse.

 Esto último, porque debe tomarse en cuenta que son los propios partidos y candidatos contendientes en el ámbito de una entidad federativa o demarcación distrital o municipal, los que enfrentan las consecuencias de la revisión de informes de campaña.

 Incluso, por esa misma razón, actualmente, la propia autoridad central ordena la notificación de sus resoluciones en materia de fiscalización a los candidatos de los partidos políticos, en las entidades federativas correspondientes.

En atención a lo expuesto, la Sala Superior considera que corresponde al conocimiento de las Salas Regionales, el tipo de asuntos como el que se analiza en el caso, derivados de procedimientos de fiscalización en los que se determina imponer diversas sanciones y que se encuentran vinculados con las elecciones de la competencia de las propias Salas Regionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

A C U E R D A

 PRIMERO. La Sala Regional en la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México.

 SEGUNDO. Remítanse a la referida Sala Regional las constancias del expediente, a efecto de que resuelva lo que en Derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

Así lo acordaron, por mayoría de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, quien emite voto particular, con la ausencia del Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza ponente en el presente asunto, haciéndolo suyo el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley Pedro Esteban Penagos López, ante la Subsecretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON RELACIÓN AL ACUERDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-319/2016.

Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulo voto particular, al disentir del criterio adoptado por la mayoría en el acuerdo dictado en el expediente señalado al rubro, por el que se determina que el conocimiento del medio de impugnación relacionado con las sanciones impuesta por el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde Ecologista de México con motivo de la fiscalización de los informes de campaña de candidatos a Gobernador y diputados locales correspondientes al proceso electoral ordinario 2015-2016, en Veracruz, es competencia de la Sala Regional de este Tribunal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz.

La determinación mayoritaria considera que conforme al artículo 195, fracción III y IV, incisos b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las Salas Regionales son competentes para conocer y resolver respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diputados locales.

Ello porque, se trata de un recurso de apelación relacionado con las campañas de candidatos que pretenden ocupar los cargos de diputados locales y la resolución por parte del órgano central del Instituto Nacional Electoral, es un aspecto que sólo atendió a la intención legislativa de centralizar la fiscalización de los partidos políticos.

Por tanto, la mayoría considera que reconocer la competencia de esta Sala Superior a partir de que la resolución se emitió por parte del órgano central del Instituto Nacional Electoral, implicaría que el máximo tribunal en la materia conociera de todas las competencias sobre el tema, además de privar a las Salas Regionales de ejercer su competencia relacionada con elecciones de las cuales tiene competencia para conocer.

Máxime, que el reconocimiento de la competencia de las Salas Regionales para conocer de asuntos vinculados con las elecciones de su competencia, emitidos por el órgano central del Instituto Nacional electoral, también contribuye a la inmediatez o cercanía del sistema de administración de justicia a los actores que tienen inconformidades.

No comparto las consideraciones mayoritarias porque desde mi perspectiva, el presente asunto debe ser del conocimiento de esta Sala Superior, esencialmente, por los motivos siguientes:

En primer lugar, porque se trata de un asunto relacionado con la fiscalización de los recursos en el periodo de campañas electorales.

Con motivo de las últimas reformas electorales de febrero de dos mil catorce, se emitieron las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la de Partidos Políticos. En dichas leyes generales, se diseñó un modelo de centralización de la fiscalización en una autoridad que revisará y conocerá de la rendición de los informes de precampaña y campaña, en los procesos electorales federal y locales. Esto no sólo tuvo una intención de centralizar en una autoridad toda esa función, sino que tuvo como propósito el unificar criterios en todas las entidades federativas en cuanto a la forma en que se rinden los gastos de las precampañas y campañas.

Luego, al tratarse de resoluciones que son emitidas por el órgano central del Instituto Nacional Electoral, actualiza la competencia exclusiva de esta Sala Superior para conocer sobre los medios de impugnación que se interpongan en contra de estas.

Permitir que las Salas Regionales conozcan de los medios de impugnación del órgano central, desarticularía el modelo de centralización tanto de la fiscalización como de la revisión de los actos y resoluciones que son emitidos por el órgano central del Instituto Nacional Electoral.

Ello generaría que las resoluciones del Consejo General en materia de fiscalización puedan ser revisadas por cinco salas regionales, bajo parámetros distintos, lo cual va en contra de la lógica del legislador de haber centralizado la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Aunado a lo anterior, me parece que el criterio sostenido por la mayoría resulta incongruente con los anteriores criterios que había sostenido esta Sala Superior.

Son varios los asuntos de este año y el próximo pasado, en que los señores magistrados sustentaron la competencia de esta Sala Superior precisamente en las mismas razones por las que en el presente caso determinan declarar que las salas regionales son las competentes.

En los asuntos que hasta este momento han sido resueltos por esta Sala Superior relacionados con la fiscalización de las precampañas y campañas de los procesos electorales locales en las entidades federativas, cuando el medio de impugnación fue presentado por partidos políticos e incluso algunos ciudadanos, se ha justificado la competencia de esta Sala Superior en los siguientes términos:

“PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones III, inciso g), y V, y 189, fracciones I, inciso c), y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 42, párrafo 1, y 44, párrafo 1, inciso a) y b)fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación promovido por un partido político, en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano central del aludido Instituto.”

En efecto, los magistrados que ahora forman parte del voto mayoritario, determinaron en los asuntos que a continuación se listan, que la competencia para conocer de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de presidentes municipales y diputados locales correspondían conocer a esta Sala Superior por tratarse de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano central del aludido Instituto.

En los anteriores asuntos resueltos por esta Sala superior, los magistrados determinaron que la competencia era de esta Sala Superior a partir de que la resolución provenía del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sin importar que en todos los casos se controvertían informes de gastos de campaña para los cargos de presidentes municipales y congresos locales y sin importar que quienes promovían esos medios de impugnación eran partidos políticos o precandidatos o candidatos en lo individual.

Por tanto, me parece que determinar que casos como el que se examina, es competencia de las salas regionales, va contra el principio que el constituyente y el legislador plasmaron en las reformas de dos mil catorce, al centralizar la fiscalización nacional y local en una autoridad central nacional, cuyos actos únicamente pueden ser revisados por esta Sala Superior.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, es que me aparto del acuerdo dictado en el expediente SUP-RAP-319/2016.

MAGISTRADA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA