RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-343/2016

RECURRENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO GARCÍA SOLÍS

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

S E N T E N C I A

Dictada en el expediente SUP-RAP-343/2016, para resolver el recurso de apelación presentado por Francisco Gárate Chapa, en representación del Partido Acción Nacional (en adelante: PAN), a fin de impugnar la resolución identificada con la clave INE/CG588/2016, aprobada el catorce de julio de dos mil dieciséis, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante: Consejo General del INE o Consejo General), relacionada con “LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.”

R E S U L T A N D O:

I. Acuerdo INE/CG830/2015. El tres de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del INE, aprobó un acuerdo por el que se determinaron las Acciones Necesarias para el Desarrollo de los Procesos Electorales Locales 2015-2016. En el punto PRIMERO, inciso e), se estableció que el Instituto Nacional Electoral (en adelante: INE) continuará ejerciendo, en los Procesos Electorales Locales 2015-2016, conforme con el diverso Acuerdo INE/CG100/2014, la atribución de la fiscalización de los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos.

II. Inicio del proceso electoral local en el Estado de Tamaulipas. El trece de septiembre de dos mil quince, dio inicio el proceso electoral local en el Estado de Tamaulipas, para elegir Gobernador, diputados locales e integrantes de sus ayuntamientos.

III. Jornada electoral. El cinco de junio de dos mil dieciséis, tuvo lugar la jornada electoral en el Estado de Tamaulipas, para elegir Gobernador, diputados al congreso local y miembros de Ayuntamientos.

IV. Aprobación del dictamen consolidado y proyecto de resolución. En la vigésima sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del INE, se aprobó el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de la revisión de los Informes de Campaña respecto de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 en el Estado de Tamaulipas.

V. Resolución impugnada. El catorce de julio de dos mil dieciséis, el Consejo General aprobó la resolución INE/CG588/2016, relacionada con “LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.” En la parte que interesa de dicha determinación, se resolvió:

“PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 30.1 de la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes:

a)  3 faltas de carácter formal: conclusiones 13, 21 y 23.

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.).

b)  1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 19.

 Conclusión 19

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,014,307.87 (un millón catorce mil trecientos siete pesos 87/100 M.N.).

c)  1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.

 Conclusión 3

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $826,911.00 (ochocientos veintiséis mil novecientos once pesos 00/100 M.N.).

d)  2 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 y 6.

 Conclusión 5

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,050.00 (cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).

 Conclusión 6

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,134,449.95 (un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.).

e)  1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 15.

 Conclusión 15

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,921.60 (dos mil novecientos veintiún pesos 60/100 M.N.).

f)  3 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8, 16 y 24.

 Conclusión 8

 Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $76,942.50 (setenta y seis mil novecientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.).

Conclusión 16

Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,555.31 (dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos 31/100 M.N.).

Conclusión 24

Una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $58,117.93 (cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 93/100 M.N.).”

VI. Recurso de apelación. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, Francisco Gárate Chapa, en representación del PAN, presentó un escrito de demanda, a fin de impugnar la resolución identificada con la clave INE/CG588/2016.

VII. Integración, registro y turno. El veintitrés de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Oficio INE/DJ/1664/2016, por medio del cual, la Directora de Normatividad y Contratos adscrita a la Dirección Jurídica, en ausencia del Secretario Ejecutivo del INE, remitió el expediente INE-ATG/335/2016. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior integró el expediente SUP-RAP-343/2016, y lo turnó a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó en su ponencia el recurso de apelación de que se trata, admitió el escrito de demanda, y al advertir que el expediente se encontraba debidamente sustanciado, declaró el cierre de la instrucción y pasó el expediente para el dictado de la presente sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso g), y 189, fracción I, inciso c) y fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 40, párrafo 1, inciso b), 42, 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación promovido contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano central del aludido Instituto.

Cabe señalar que en el recurso de apelación se controvierte una resolución relativa a la revisión de informes de gastos de campaña de candidatos al cargo de Gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, en la que se determinó imponer diversas sanciones al Partido Acción Nacional, por tanto, al estar vinculada la resolución impugnada, entre otras, con la elección de Gobernador, la Sala Superior es competente para resolver la controversia planteada, para no dividir la continencia de la causa.

 SEGUNDO. Procedencia. La Sala Superior considera que el medio de impugnación cumple los requisitos establecidos en la normativa aplicable, de conformidad con lo siguiente:

I. Requisitos formales. Se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 9, párrafo 1[1], de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque en su escrito de impugnación, la parte recurrente: 1) Precisa su nombre; 2) Identifica la resolución impugnada; 3) Señala a la autoridad responsable; 4) Narra los hechos en que sustenta su impugnación; 5) Expresa conceptos de agravio; 6) Ofrece y aporta medios de prueba; y, 7) Asienta su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que promueve.

II. Oportunidad. Esta Sala Superior considera que el recurso de apelación se interpuso dentro del plazo de cuatro días, considerados de veinticuatro horas, previsto en los artículos 7, párrafo 1, y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[2].

Al respecto, se hace notar que la resolución impugnada se aprobó el catorce de julio de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de impugnación transcurrió del quince al dieciocho del citado mes. Luego, si el recurso de apelación se presentó el dieciocho de julio[3], entonces, ello se hizo dentro del plazo legal.

III. Legitimación y personería. Se reconoce la legitimación del PAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso a)[4], de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un partido político con registro nacional.

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I[5], de la citada ley adjetiva, se reconoce la personería de Francisco Gárate Chapa, como Representante Propietario del PAN ante el Consejo General del INE, conforme a lo expuesto en el informe circunstanciado rendido por la Directora de Normatividad y Contratos adscrita a la Dirección Jurídica, en suplencia del Secretario Ejecutivo y del Consejo General del INE.

IV. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico para controvertir la resolución materia del recurso de apelación, en virtud de que fue sancionada por la supuesta transgresión a la normativa electoral y fiscalizadora aplicable, por lo que acude ante esta instancia jurisdiccional a fin de que se revoque dicha sanción.

V. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que la ley adjetiva electoral aplicable no prevé algún medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del recurso de apelación en que se actúa, para combatir la resolución reclamada.

TERCERO. Estudio de fondo. En vista de que la parte apelante expone agravios relacionados con distintas conclusiones por las que se le sanciona, esta Sala Superior procederá al estudio de sus planteamientos, atendiendo el orden en que se exponen en la demanda.

Previo a ello, se estima necesario precisar, que en el considerando 30 de la resolución INE/CG588/2016, el Consejo General del INE, expone:

“29. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los Informes de Campaña respecto de los ingresos y gatos de los candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en los respectivos Procesos Electorales, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la Resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de Campaña respecto de los ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Tamaulipas, por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidados representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la presente Resolución.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.”

Como se observa, el Dictamen Consolidado registrado con la clave INE/CG587/2016[6], forma parte integral de la resolución combatida. En el mismo constan las circunstancias y condiciones por las que se sanciona al ahora apelante, y constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad, y encontrarse en condiciones de controvertir esa determinación, mediante una defensa adecuada. De ahí que para dar respuesta a los agravios planteados por el PAN, en la presente sentencia se hará referencia al Dictamen Consolidado citado.

Además, por cuestión de método, para el estudio de los agravios, se procederá de la manera siguiente: en primer lugar se expondrá una síntesis de los agravios del apelante; enseguida, las consideraciones principales que dan sustento a la resolución impugnada, y finalmente, la determinación adoptada por esta Sala Superior.

A. Conclusiones 13, 21 y 23

I. Agravios del apelante. El PAN refiere que se omite señalar:

Sobre la calificación de la falta o faltas cometidas, hace valer que:

II. Sustento de la resolución impugnada. En la parte conducente de la resolución impugnada, se asienta lo siguiente:

“a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se presentarán por ejes temáticos para mayor referencia. Conclusiones 13, 21 y 23.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados no representan un indebido manejo de recursos.

Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Diputados Locales

Capacidad Económica

Conclusión 13

“13. El sujeto obligado omitió presentar un Informe de Capacidad Económica.”

En consecuencia, al no presentar un informe de capacidad económica, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 223 bis del Reglamento de Fiscalización.

Presidentes Municipales

Ingresos

Conclusión 21

“21. El PAN, omitió presentar 4 recibos por concepto de aportaciones en especie por $44,216.00.”

En consecuencia, al no presentar cuatro recibos por concepto de aportaciones en especie incumplió con lo dispuesto en el artículo 107, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.

Presidentes Municipales

Bancos

Conclusión 23

“23. El PAN, omitió adjuntar al SIF, 10 contratos de apertura y tarjetas de firmas respecto a las cuentas bancarias abiertas para la administración y manejo de los recursos de campaña.”

En consecuencia, al omitir adjuntar al SIF, 10 contratos de apertura y tarjetas de firmas respecto a las cuentas bancarias abiertas para la administración y manejo de los recursos de campaña, el partido político incumplió con lo dispuesto en el artículo 58, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

[…]

En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que las faltas se calificaron como LEVES.

         Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

         Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

         Que el sujeto obligado, no es reincidente.

         Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

[…]

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción”.

III. Determinación. Con relación a las manifestaciones que formula la parte apelante, esta Sala Superior considera lo siguiente:

a) Informe de capacidad económica (Conclusión final 13). En el Dictamen Consolidado se asienta lo siguiente:

“3.1.2 Diputados Locales

a.1 Informe de campaña

[…]

Capacidad económica

Primer periodo de operaciones

       El sujeto obligado omitió presentar el informe que permita identificar la capacidad económica de los candidatos, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/13867/16 notificado el 30 de mayo del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 4 de junio del 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación

Aun cuando el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la UTF, nuevamente se verificó el SIF, V. 2.0, localizándose 11 formatos “ICE”, “Informe de Capacidad Económica”, marcados con (1) en la columna “REF” del cuadro que antecede, de su verificación se determinó que estos cumplen con la totalidad de datos establecidos por la normativa; por tal motivo, la observación quedó atendida.

Por lo que respecta a los 11 candidatos marcados con (2), se observó que no fueron localizados los formatos “ICE”, “Informes de Capacidad Económica”, por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, por lo que respecta a los 11 candidatos que carecen de dicho documento, se solicitó nuevamente al sujeto obligado en el segundo periodo de operaciones.

Segundo periodo de operaciones

       El sujeto obligado omitió presentar el informe que permita identificar la capacidad económica de los candidatos, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación.

Aun cuando el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la UTF, nuevamente se verificó el SIF, V. 2.0, localizándose 10 formatos “ICE”, “Informe de Capacidad Económica”, marcados con (1) en la columna “REF” del cuadro que antecede, de su verificación se determinó que estos cumplen con la totalidad de datos establecidos por la normativa; por tal motivo, la observación quedó atendida.

Sin embargo, por lo que respecta al candidato marcado con (2), se observó que no fueron localizados los formatos “ICE”, “Informes de Capacidad Económica”, por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al no presentar 1 Informe de Capacidad Económica, el sujeto obligado está incumpliendo con el artículo 223 bis del RF. (Conclusión final 13).”

Como se observa, la conclusión final 13 identifica que en el segundo período, la omisión de presentar el informe de capacidad económica corresponde a la candidata a diputada local Zuleima Cortés Gómez, por el 10 distrito electoral local con cabecera en Matamoros, Tamaulipas. Además, la mencionada omisión se hizo del conocimiento del sujeto obligado, el catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16, sin que se exhibiera tal documentación.

Por ende, al existir el señalamiento preciso del informe de capacidad económica cuya omisión se imputa, se considera infundado el agravio examinado.

b) Recibos por concepto de aportaciones en especie (Conclusión final 21). El Dictamen Consolidado que se consulta, expone lo siguiente:

“b.2 Ingresos

PAN presentó informes de campaña al cargo de Presidente Municipal correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el cual reportó un total de ingresos por $5,854,621.76, que fueron clasificados de la siguiente forma:

[…]

El concentrado de los ingresos del informe de campaña se desglosa en el Anexo I del presente Dictamen. Presidentes Municipales.

Observaciones de ingresos

[…]

       Se observaron pólizas de ingresos sin la documentación soporte, como se muestra en el Anexo 8 del oficio INE/UTF/DA-L/13867/16.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/13867/16 notificado el 30 de mayo del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 4 de junio del 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación.

Aun cuando el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la UTF, nuevamente se verificó el SIF, V. 2.0, determinándose lo siguiente:

Por lo que respecta a los importes marcados con (1), en la columna “REF”, del cuadro que antecede, se localizaron las pólizas de ingresos, con la totalidad de documentación soporte adjunta, por tal motivo, la observación quedó atendida por un monto de $3,000.00.

Sin embargo, en cuanto a los importes señalados con (2) en la columna “REF”, del cuadro que antecede, no fueron localizados 4 recibos de aportaciones por un monto de $44,216.00, por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En consecuencia al omitir presentar 4 recibos de aportaciones en especie por un monto de $44,216.00, el PAN incumplió con lo establecido en el artículo 107 numeral 3 del RF. (Conclusión final 21).”

De la transcripción anterior, se aprecia que los cuatro recibos de aportaciones cuya omisión reporta la conclusión final 21, son los siguientes:

Luego, queda en relieve que la autoridad responsable sí identificó los recibos de aportaciones cuya omisión atribuyó al sujeto obligado.

Esta Sala Superior, no pasa por alto que en su escrito de impugnación, la parte recurrente refiere que:

“Por cuanto hace a los cuatro recibos por concepto de aportaciones, cabe manifestar que el ingreso observado por Maki Esther Ortiz Domínguez se encuentra en el periodo dos, póliza de ingresos 4, en complemento a la observación de la póliza 3, se encuentra subida la evidencia en dicha póliza. Asimismo, el ingreso observado por Antonio Leija Villarreal se encuentra en el periodo dos, póliza de ingresos 3, en complemento a la observación de la póliza 2 se encuentra subida la evidencia […]”

Con relación a dichas manifestaciones, cabe señalar que, contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante: SIF) existe evidencia del recibo de aportaciones No. 008, por la cantidad de $10,000.00, en favor de la candidata Maki Esther Ortiz Domínguez, que a continuación se reproduce:

Con relación a Antonio Leija Villarreal, no se pudo localizar en el SIF evidencia respecto de acuses de aportaciones en especie a su favor.

En este orden de ideas, esta Sala Superior considera únicamente fundado el agravio relacionado con la candidata Maki Esther Cruz Domínguez, en razón de que se adjuntó al SIF un recibo de una aportación en especie por $10,000.00, por lo que se considera indebido el actuar de la responsable, al haber tenido por demostrada una omisión, sin haber examinado de manera exhaustiva las evidencias presentadas oportunamente por el PAN en el SIF.

c) Contrato de aperturas y tarjetas de formas (Conclusión final 23). En el Dictamen Consolidado se hace referencia a lo siguiente:

“[…]

       El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta de firmas correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, como se muestra en el Anexo 11 del oficio INE/UTF/DA-L/13867/16.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/13867/16 notificado el 30 de mayo del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 4 de junio del 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación.

Aun cuando el PAN no dio contestación a la UTF, se verificó nuevamente en el SIF, V. 2.0, determinándose lo siguiente:

Respecto a los 4 candidatos marcados con (1) en la columna “REF”, se localizaron los contratos de apertura y la tarjeta de firmas de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos; motivo por el cual la observación quedó atendida.

Ahora bien, en cuanto a los 10 candidatos marcados con (2) en la columna “REF”, no se localizó el contratos de apertura y la tarjeta de firmas de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos campaña; por tal motivo, la observación no quedo atendida.

En consecuencia al omitir presentar 10 contratos de apertura y tarjeta de firmas, el PAN incumplió con lo establecido en el artículo 58 numeral 2 del RF. (Conclusión Final 23).”

A partir de lo antes expuesto, esta Sala Superior advierte que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la autoridad fiscalizadora identificó plenamente los diez contratos de apertura y tarjetas de firmas respecto de las cuentas bancarias de Banorte/Ixe, abiertas para la administración y manejo de recursos de campaña, de cuya omisión refiere la conclusión 23, a saber:

1.  Clara Ninfa Lerma Lara, candidata al Ayuntamiento de Valle Hermoso, con cuenta bancaria número 428551511;

2.  María Dolores Cuéllar Luna, candidata al Ayuntamiento de Mainero, con cuenta bancaria número 437376079;

3.  Ma. De Lourdes Domínguez Walle, candidata al Ayuntamiento de Hidalgo, con cuenta bancaria número 437376024;

4.  Inés Carrizales Soto, candidata al Ayuntamiento de Jaumave, con cuenta bancaria número 437376033;

5.  Anabel Rivera Treviño, candidata al Ayuntamiento de Méndez, con cuenta bancaria número 437376118;

6.  Rosa Icela Corro Acosta, candidata al Ayuntamiento de Miguel Alemán, con cuenta bancaria número 437376136;

7.  Martha Alicia Ponce Cepeda, candidata al Ayuntamiento de Llera, con cuenta bancaria número 437376060;

8.  Elda De León Rangel, candidata al Ayuntamiento de Jiménez, con cuenta bancaria número 437376051;

9.  Verónica Salazar Vásquez, candidata al Ayuntamiento de Matamoros, con cuenta bancaria número 437376109; y

10. Gladis Magalis Vargas Rangel, candidata al Ayuntamiento de Miquihuana, con cuenta bancaria número 439093839.

Se resalta que la omisión de que se trata se hizo del conocimiento del sujeto obligado, el treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA-L/13867/16; aunado a que dichas omisiones se reiteran en la resolución ahora impugnada y el Dictamen Consolidado. En tal virtud, esta Sala Superior considera que el PAN tuvo la oportunidad de demostrar ante esta Sala Superior, que había presentado la documentación de que se trata, pues conocía los casos involucrados; y al no haberlo hecho, el agravio examinado se considere infundado.

Ahora bien, al haberse calificado como fundado el agravio relacionado con la supuesta omisión de presentar un recibo de aportaciones en especie de la candidata al Ayuntamiento de Reynosa, Maki Esther Cruz Domínguez, esta Sala Superior concluye que la autoridad responsable debe determinar el analizar el monto final involucrado en la falta formal relacionada con la conclusión final 21, sin tomar en cuenta la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).

En consecuencia, al quedar en relieve que la resolución impugnada, al analizar la conclusión 21, no se pronunció respecto de la evidencia analizada por esta Sala Superior, esta Sala Superior considera que ha lugar a dejar sin efecto la parte que ha sido materia de estudio de la Conclusión 21, relativa al PAN, y que atañe a la demostración de la conducta sancionable; y como consecuencia de lo anterior, los razonamientos relacionados con la individualización e imposición de sanción, así como el inciso a) del punto resolutivo “PRIMERO”. Ello, en razón de que la individualización de la sanción y su imposición, se realizó mediante un estudio que agrupó las conclusiones finales 13, 21 y 23, lo que impide el estudio separado de la porción considerativa que se ha dejado sin efectos. Hecho lo anterior, de nueva cuenta, se deberá individualizar la sanción y, en su caso, imponer la que conforme a derecho proceda, comprendiendo los hechos demostrados en las conclusiones 13 y 23, que quedaron intocados.

B. Conclusión 19

I. Agravios del apelante. El PAN hace valer, en esencia, que:

En lo concerniente a la calificación de la falta o faltas cometidas, aduce que:

II. Sustento de la resolución impugnada. En la resolución INE/CG588/2016, la responsable expone, en la parte que interesa, lo siguiente:

“Presidente Municipal

Informes

Conclusión 19

“19. El sujeto obligado presentó en forma extemporánea 16 informes de campaña correspondientes al primer y 16 informes de campaña correspondientes al segundo periodo de operaciones.”

En consecuencia, al presentar 16 informes de campaña fuera de los plazos establecidos en la normatividad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos.

[…]

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.

         El partido político no es reincidente.

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la conducta cometida por el partido político.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

[…]

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al Partido Acción Nacional en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar en tiempo 16 informes de campaña, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al 75.05 % (setenta y cinco punto cero cinco) respecto del 5% (cinco por ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña establecidos por la autoridad para los procesos internos de selección de candidatos y candidatas, por candidato y tipo de elección, con la finalidad de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 al cargo de Presidente Municipal en el estado de Tamaulipas, lo cual asciende a un total de $1,014,307.87 (un millón catorce mil trecientos siete pesos 87/100 M.N.).

[se inserta tabla…]

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,014,307.87 (un millón catorce mil trecientos siete pesos 87/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

[…]”

III. Determinación. Con relación a las manifestaciones que formula la parte apelante, esta Sala Superior considera lo siguiente:

a) Omisión de señalar fecha de presentación de los informes. Es infundado el argumento que se sostiene, en el sentido de que la autoridad responsable omite señalar la fecha en la que tuvo por recibidos los respectivos informes de campaña, y cómo contabiliza los plazos para tenerlos por presentados de manera extemporánea.

Al respecto, es de señalase que de conformidad con lo previsto en el artículo 79, párrafo 1, inciso b), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, los mencionados institutos políticos deben presentar su informe de ingresos y gastos de campaña, por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales se entregarán a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. Por ende, si el período de campañas electorales concluyó el primero de junio de dos mil dieciséis, entonces, los partidos políticos tuvieron hasta el cuatro del mismo mes para presentar sus informes de campaña, relacionados con el segundo período, como se constata en los anexos del Acuerdo INE/CG261/2016[7], de veinte de abril de dos mil dieciséis.

Ahora bien, en el Dictamen Consolidado de mérito, con relación a la conclusión que se controvierte, se asienta lo siguiente:

“3.1.3 Presidentes Municipales

a.1 Informe de campaña

El PAN presentó los siguientes informes:

     El sujeto obligado presentó extemporáneamente los informes de campaña, con antelación a un requerimiento de la autoridad electoral.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación.

Aun cuando el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la UTF, se verificó en el SIF V 2.0, las operaciones correspondientes a los periodos de “ajuste 1 y 2”, localizándose los formatos IC “Informes de Campañas”; sin embargo, la presentación de sus informes se considera extemporánea, toda vez que el sujeto obligado tenía conocimiento de la fecha límite para la entrega. No obstante que es una disposición normativa, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/8684/16 de fecha 15 de abril de 2016, le fue notificado el oficio de recordatorio de la presentación de sus informes de campaña, los casos se detallan a continuación:

En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 16 informes de campaña correspondientes al primer y 16 informes de campaña correspondientes al segundo periodo de operaciones, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción III de la LGPP. (Conclusión final 19).”

Como se observa, la autoridad fiscalizadora expone con claridad, que el sujeto obligado presentó el día cinco de junio de dos mil dieciséis, informes de ingresos y gastos de la elección de ayuntamientos correspondientes al segundo período, lo cual implica que su presentación se hizo un día después de haber concluido el plazo para ello, esto es, de manera extemporánea. Por ende, al quedar demostrado que la autoridad responsable expuso tanto la fecha de conclusión del plazo, así como el momento posterior en que los dictámenes fueron presentados, el agravio planteado por el actor deviene infundado.

b) La levedad de la falta. Esta Sala Superior considera infundado el agravio en el cual, el actor refiere que de conformidad con las resoluciones INE/CG775/2015 e INE/CG267/2016, la autoridad responsable debió considerar la presentación extemporánea de los informes de que se trata, como una falta leve, por tratarse de una falta formal.

Lo anterior, porque con independencia del sentido que se hubiera adoptado en las resoluciones INE/CG775/2015, de doce de agosto de dos mil quince, e INE/CG267/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se resalta que en sesión pública del primero de junio de dos mil dieciséis, esta Sala Superior aprobó la Jurisprudencia 9/2016, que señala:

INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERASE COMO FALTA SUSTANTIVA.- De lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora. En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

En este sentido, queda de manifiesto que la pretensión del apelante, de calificar la presentación extemporánea de informes de campaña, como una falta leve, es inatendible, pues el criterio adoptado en los precedentes que cita ha sido desplazado por la citada Jurisprudencia 9/2016, la cual, además de que obliga al INE[8] y de que se cita en la resolución impugnada, se aprobó en fecha posterior a la de dichas resoluciones administrativas.

c) Los porcentajes empleados en la individualización de la sanción. Se consideran fundados los agravios.

En el caso, el apelante se queja de la omisión de la autoridad responsable de exponer: el motivo que la llevó a considerar que el porcentaje del 75.05% debía obtenerse de establecer cuál es el financiamiento ordinario que obtiene el PAN, tomando como base el 100% del financiamiento público ordinario obtenido por el Partido Revolucionario Institucional; la circunstancia por la que tomó en cuenta el 5% respecto del tope de gastos de campaña, y no de los gastos que fueron presentados de manera extemporánea; y finalmente, por qué consideró tomar en cuenta el financiamiento público ordinario del Partido Revolucionario Institucional, como el monto máximo para determinar el porcentaje recibido, y no el financiamiento público de campaña que recibieron todos los partidos políticos.

Esta Sala Superior considera que le asiste la razón a la parte apelante, dado que la autoridad responsable, para justificar que se impusiera al PAN una sanción económica equivalente al 75.05 %  respecto del 5% sobre el tope máximo de gastos de campaña establecidos por la autoridad para los procesos internos de selección de candidatos y candidatas, por candidato y tipo de elección, con la finalidad de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 al cargo de Presidente Municipal en el estado de Tamaulipas, que asciende a un total de $1,014,307.87; sólo expone el cuadro siguiente:

Esta Sala Superior considera que la autoridad responsable infringe el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, en razón de que es omisa en exponer las razones particulares o circunstancias especiales que la llevaron a imponer una sanción, apoyada en porcentajes, cuyo monto además, no se justifica con algún razonamiento, ni tampoco se cita el precepto jurídico aplicable.

En consecuencia, esta Sala Superior considera que lo conducente es revocar la resolución INE/CG558/2016, única y exclusivamente en lo concerniente al apartado “IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN” relacionado con la Conclusión 19, y como consecuencia de ello, el inciso b) del punto resolutivo “PRIMERO”, para el efecto de que la autoridad responsable funde y motive de manera adecuada, el procedimiento y los porcentajes tomados en cuenta para determinar el monto de la multa que se impuso. Acto seguido, se deberá individualizar la sanción y, en su caso, imponer la que conforme a derecho proceda

En visa de lo anterior, esta Sala Superior considera innecesario pronunciarse respecto de los agravios relacionados con la individualización de la sanción, dado que ésta ha sido revocada.

C. Conclusión 3

I. Agravios del apelante. La parte actora expone los agraviods siguientes:

        La responsable se limita a señalar que el PAN omitió registrar en el SIF 28 operaciones de ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y especie, por un monto de $551,274.00. El problema deviene de que se aduce que el ingreso debe estar registrado en la campaña de Gobernador, sin embargo, no se encuentra reconocido como un ingreso en esa campaña, debido a que el ingreso no la benefició, por lo que al haber afectado de manera directa otras campañas, se registraron en las mismas. Si se asumiera que se trata de un ingreso en la campaña de Gobernador, como se pretende, se estaría duplicando un ingreso.

        Solicita que la presunción de inocencia, el principio de tipicidad, principio “pro homine” y el principio “non reformatio in peius”, sean aplicados en la resolución del recurso en materia de fiscalización.

        Resulta ilegal la determinación impugnada, porque pretende imponer una sanción sobre la base de un ingreso que se encuentra debidamente registrado en las campañas electorales a las que se aplicó, y se pretende que sea reconocido dos veces un ingreso.

        La defensa legal se lleva a cabo en atención al escaso soporte que la responsable brinda para emitir una debida defensa legal, puesto que, al omitir señalar cuáles son las veintiocho operaciones de ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y especie por un monto de $551,274.00, no se le permite conocer cuántas de ellas corresponden a aportaciones en efectivo y cuántas a aportaciones en especie.

En lo relativo a la calificación de la falta o faltas cometidas, señala que:

        Se omite realizar un estudio de fondo, en el cual se permita determinar por qué considera que la supuesta falta cometida es grave, imponiendo así sanciones desproporcionadas, sin justificar los elementos que la llevaron a determinar el monto de la infracción.

        La Conclusión 3 conlleva a la imposición de una multa, sin que se realice un estudio el cual permita deducir los motivos, razones y circunstancias que llevaron a la autoridad a determinar el monto de la infracción, al no desprenderse la fórmula aritmética que la llevó a determinar el monto de la misma.

        Por lo anterior, es de estimarse que la multa otorgada a mi mandante, en la conclusión que se señala, se encuentra indebidamente motivada, pues la autoridad deberá de ser exhaustiva al momento de determinar un acto de molestia, para poder así proporcionar todos los elementos de defensa a los que mi representada tiene derecho, pues de no ser así se deja en un estado de indefensión a mi representada, pues no cuenta con los elementos suficientes para poder realizar una auténtica defensa.

        Se acredita una clara violación a la garantía constitucional de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 Constitucional, a causa de una falta de motivación, dado que se reproduce en la sentencia características del precepto supuestamente violentado y los efectos que se ocasionan de incumplirse, sin realizar una actualización de la hipótesis en la que se desprendan razonamientos lógico-jurídicos que lleven a un estudio sustantivo y generen criterios de valoración jurídicamente aceptables, mucho menos, incluir la fórmula aritmética que la llevó a determinar los montos impuestos. Lo anterior se apoya, por analogía, en el criterio siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)”.

        La autoridad se limitó a exponer las características del precepto supuestamente violentado, sin exponer cuáles fueron las razones que la llevaron a determinar que se actualizó dicha hipótesis. Así mismo, realiza una serie de señalamientos de las consecuencias de hecho y de derecho que suceden en caso de que se actualice la norma.

        La autoridad omitió señalar datos precisos con los cuales se pueda determinar si mi representada efectivamente incumplió con su obligación, pues se limita a señalar que se omitió registrar en el SIF 28 operaciones de ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y especie por un monto de $551,274.00.

        La autoridad al determinar las sanciones correspondientes, reconoce que el PAN no es reincidente en la supuesta falta cometida; sin embargo, impone una sanción totalmente desproporcionada con los daños que se pudieron haber ocasionado con la supuesta infracción, y omite realizar un estudio del impacto en la imposición de la multa, dado que no toma en cuenta si dicho monto puede ser cubierto, si al cubrirlo ocasiona algún daño irreparable como lo es el poner en riesgo la subsistencia del partido o que con ello, se le impida llevar a cabo las funciones inherentes a la naturaleza de su existencia.

II. Sustento de la resolución impugnada. Con relación a la conclusión que se controvierte, la resolución impugnada expone:

“Gobernador

Ingresos

Conclusión 3

“3. El PAN omitió registrar en el SIF 28 operaciones de ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y especie por un monto de $551,274.00.”

En consecuencia, al omitir reportar los ingresos recibidos por concepto de aportaciones en efectivo y especie por un importe de $551,274.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

[…]

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

         Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado, se actualizó al omitir reportar en el SIF 28 operaciones de ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y especie por un monto de $551,274.00, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de Gobernador, presentado por el sujeto obligado correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo revisión de Informes de Gastos de Campaña.

         Que el sujeto obligado no es reincidente.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $551,274.00 (quinientos cincuenta y un mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de conductas cometidas por el sujeto obligado.

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de conductas cometidas por el sujeto obligado.

[…]

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir reportar el ingreso obtenido, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $551,274.00 (quinientos cincuenta y un mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $826,911.00 (ochocientos veintiséis mil novecientos once pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción.”

III. Determinación. Con relación a las manifestaciones de la parte apelante, esta Sala Superior expone lo siguiente:

a) Omisión de señalar las 28 operaciones de ingreso. Se considera infundado el argumento concerniente a que la responsable omite señalar cuáles son las veintiocho operaciones de ingresos, y que ello no le permite conocer cuántas de ellas corresponden a aportaciones en efectivo y cuántas a aportaciones en especie. Al respecto, en la parte conducente del Dictamen Consolidado se observa lo siguiente:

“[…]

     El sujeto obligado omitió registrar en el SIF ingresos por aportaciones de simpatizantes, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de respuesta: sin número del 18 de junio de 2016, el PAN manifestó lo siguiente:

“Los registros de ingresos por aportaciones en el SIF a que se hace referencia, no corresponden a nuestra campaña. ‘Documentación Adjunta al Informe’ del SIF, en ‘Otros Adjuntos’.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que las operaciones detalladas en el cuadro que antecede no corresponden a sus campañas, es preciso aclarar, que los datos e importes fueron tomados del control de folios presentado en el SIF, como documentación adjunta a sus operaciones de campaña, observándose que los conceptos corresponden a ingresos de campaña, los cuales no fueron reconocidos en las operaciones, por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al omitir registrar en la contabilidad 28 operaciones, correspondiente a aportaciones en efectivo y especie por un monto $551,274.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 96, numeral 1 del RF. (Conclusión final 3).”

Según se observa y contrario a lo manifestado por la parte recurrente, la autoridad fiscalizadora sí identificó en el Dictamen Consolidado, de manera detallada, las veintiocho aportaciones de simpatizantes motivo de controversia, y a partir de ello es de concluir que en su gran mayoría, se trata de aportaciones en especie, excepto la identificada con el número 28, que reporta una “Aportación [en] efectivo” por $100,000.00.

Por las razones expuestas, es que no asiste la razón al impugnante.

b) Ingresos reportados en otras campañas distintas a las de Gobernador. Esta Sala Superior considera que asiste parcialmente la razón a la parte apelante, cuando refiere que las veintiocho operaciones de ingresos cuestionadas no se registraron en la elección de Gobernador, al no verse beneficiada con los mismos, pero que se registraron en la campaña para la que se aplicaron; como enseguida se demuestra:

A su recurso de apelación, el actor acompañó copia de diversos acuses identificados como “RSES-CL-PAN-TAM”.

Ahora bien, tomando como base los documentos aportados por la parte recurrente, y con apoyo en los datos contenidos en la tabla del Dictamen Consolidado antes transcrita, esta autoridad observa que en el SIF, el PAN registró y adjuntó para campañas diversas, los recibos de aportaciones en especie que enseguida se identifican, en los términos siguientes:

Esta Sala Superior no pasa por alto, que el Dictamen Consolidado incurre en una imprecisión con relación al recibo de la aportación en especie foliado con el número 62, de Corina Estrada Guerrero, por concepto “Comodato de Vehículo”, ya que en el mismo se asienta un importe por $28,500.00 (veintiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) –no por cantidad de “$285,000.00”, como lo refiere la autoridad fiscalizadora–, cantidad que coincide con lo asentado en la Póliza número 1, Período de Operación 2, Tipo Normal, Subtipo Ingresos, registrada el cuatro de junio de dos mil dieciséis. Por ende, se estima necesario que esta situación deba tomarse en cuenta por la autoridad responsable al momento de individualizar la sanción, toda vez que repercute de manera directa en el total del monto involucrado. Al respecto, se reproduce el recibo de aportación referido:

Por lo tanto, en vista de que el PAN demostró que doce de los recibos de aportaciones en especie, de manera indebida la autoridad responsable pretendía que se registraran como ingreso de la elección de Gobernador, esta Sala Superior considera que ha lugar a revocar la resolución impugnada, en lo tocante a la Conclusión 3, y como consecuencia de ello, revocar el inciso c) del punto resolutivo “PRIMERO”, para el efecto de que, con apoyo en lo antes expuesto, se proceda a cuantificar de nueva cuenta el monto involucrado, y se descuente del mismo la cantidad de $104,380.00 (CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), que es el monto de los doce recibos de aportaciones en especie que se demostró se adjuntaron a campañas distintas a la de Gobernador; y acto seguido, proceda a individualizar y, en su caso, aplicar la sanción que conforme a derecho proceda.

En vista de lo anterior, esta Sala Superior considera innecesario pronunciarse respecto de los agravios relacionados con la individualización de la sanción, debido a que ésta ha sido revocada.

D. Conclusiones 5 y 6

I. Agravios del apelante. Para impugnar dichas conclusiones, el partido político recurrente hace valer que:

        En la conclusión 5, la responsable pretende imponerle una sanción con el argumento de que no se reflejó el gasto por concepto de jornada electoral por un importe de $2,700.00 pesos, sin establecer en que consistió ese supuesto gasto, lo que no le permite llevar a cabo una debida defensa legal.

        La responsable omitió considerar que los informes de gastos de campaña se presentan antes de la fecha en que se lleva a cabo la jornada electoral, y por ello, desconoce cuáles actividades no se reflejaron en el informe de campaña que se presenta antes de la jornada electoral, que ascienden a la cantidad de $2,700.00 pesos. Ante el desconocimiento del gasto que se aduce, resulta imposible llevar a cabo una debida defensa legal.

        En la conclusión 6, se pretende atribuir un supuesto gasto en internet, bajo el argumento de que le fue informado por el proveedor de Facebook que realizó supuestas transacciones a favor del candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca; sin embargo, en su momento, se informó la creación de una página web para colocar noticias, boletines audios y videos, desconociendo cualquier otro servicio adicional.

        La responsable omitió hacerle llegar el oficio de la respuesta que supuestamente recibió, así como del documento de quien se ostenta como representante legal de Facebook, para que se encontrara en aptitud de llevar a cabo una debida defensa legal, ya que la responsable se limita a señalar la omisión de reportar un gasto de propaganda en internet por $756,299.97, sin informar en que consistió la supuesta propaganda, máxime que en ningún momento se llevó a cabo.

        Solicita que la presunción de inocencia, el principio de tipicidad, principio “pro homine” y el principio “non reformatio in peius”, sean aplicados en la resolución del recurso en materia de fiscalización.

        Era obligación de la responsable acreditar en qué consistió la supuesta propaganda desplegada en internet por un monto de $756,299.97, pues de lo contrario, mediante simples dichos, se pretende que el PAN demuestre que no es culpable sobre esa imputación, sin que se tenga certeza de su existencia, pues la autoridad lleva a cabo monitoreo de publicidad y es que hasta el día de la presentación del recurso, no se había informado en qué consistió la supuesta propaganda cuya existencia desde un inicio fue desconocida.

En lo concerniente a la calificación de la falta o faltas cometidas, señala:

        Se omite realizar un estudio de fondo, en el cual se permita determinar por qué considera que la supuesta falta cometida es grave, imponiendo así sanciones desproporcionadas, sin justificar los elementos que la llevaron a determinar el monto de la infracción.

        Las Conclusiones 5 y 6 conllevan a la imposición de una multa, sin que se realice un estudio el cual permita deducir los motivos, razones y circunstancias que llevaron a la autoridad a determinar el monto de la infracción, al no desprenderse la fórmula aritmética que la llevó a determinar el monto de la misma.

        Por lo anterior, es de estimarse que la multa otorgada a mi mandante, en la conclusión que se señala, se encuentra indebidamente motivada, pues la autoridad deberá de ser exhaustiva al momento de determinar un acto de molestia, para poder así proporcionar todos los elementos de defensa a los que mi representada tiene derecho, pues de no ser así se deja en un estado de indefensión a mi representada, pues no cuenta con los elementos suficientes para poder realizar una auténtica defensa.

        Se acredita una clara violación a la garantía constitucional de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 Constitucional, a causa de una falta de motivación, dado que se reproduce en la sentencia características del precepto supuestamente violentado y los efectos que se ocasionan de incumplirse, sin realizar una actualización de la hipótesis en la que se desprendan razonamientos lógico-jurídicos que lleven a un estudio sustantivo y generen criterios de valoración jurídicamente aceptables, mucho menos, incluir la fórmula aritmética que la llevo a determinar los montos impuestos. Lo anterior se apoya, por analogía, en el criterio siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)”.

        La autoridad se limitó a exponer las características del precepto supuestamente violentado, sin exponer cuáles fueron las razones que la llevaron a determinar que se actualizó dicha hipótesis. Así mismo, realiza una serie de señalamientos de las consecuencias de hecho y de derecho que suceden en caso de que se actualice la norma.

        La autoridad omitió señalar datos precisos con los cuales se pueda determinar si mi representada efectivamente incumplió con su obligación, sin establecer en que consistió el supuesto gasto por concepto de jornada electoral por un importe de $2,700.00 pesos que a su juicio se dejó de reflejar.

        La autoridad al determinar las sanciones correspondientes, reconoce que el PAN no es reincidente en la supuesta falta cometida; sin embargo, impone una sanción totalmente desproporcionada con los daños que se pudieron haber ocasionado con la supuesta infracción, y omite realizar un estudio del impacto en la imposición de la multa, dado que no toma en cuenta si dicho monto puede ser cubierto, si al cubrirlo ocasiona algún daño irreparable como lo es en poner en riesgo la subsistencia del partido o que con ello, se le impida llevar a cabo las funciones inherentes a la naturaleza de su existencia.

II. Sustento de la resolución impugnada. En la resolución se considera:

“Gobernador

Jornada Electoral

Conclusión 5

“5. El PAN omitió registrar en el SIF las operaciones que reflejaron el gasto por concepto de Jornada Electoral por $2,700.00.”

En consecuencia, al omitir registrar en el SIF las operaciones que reflejaron el gasto por concepto de Jornada Electoral, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por tal razón la observación quedó no atendida por un importe de $2,700.00.

Gobernador

Confirmaciones con terceros

Conclusión 6

“6. El PAN no reportó el gasto por concepto de propaganda en internet por un monto de $756,299.97.”

En consecuencia, al omitir reportar el gasto por concepto de propaganda en internet, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por tal razón la observación quedó no atendida por un importe de $756,299.97.

[…]

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

Conclusión 5

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

         Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

         Que el sujeto obligado no es reincidente.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

[…]

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $4,050.00 (cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 6

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

         Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

         Que el sujeto obligado no es reincidente.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $756,299.97 (setecientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

[..]

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $756,299.97 (setecientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,134,449.95 (un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

III. Determinación. Esta Sala Superior considera lo siguiente:

a) Omisión de reportar gastos por concepto de jornada electoral (Conclusión 5). Se considera necesario reproducir la parte conducente del Dictamen Consolidado, relacionada con la conclusión controvertida:

“Jornada Electoral

         De las encuestas realizadas el día de la Jornada Electoral a los representantes generales y representantes de casilla, se observó que su partido realizaría el pago de diversos conceptos tales como comida, transporte y apoyos económicos; sin embargo, de la verificación a lo reportado en el SIF se observó que no registró gastos por este concepto, como se muestra en el Anexo 6 del oficio INE/UTF/DA-L/16093/16.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de respuesta: sin número del 18 de junio de 2016, el PAN manifestó lo siguiente:

“Se dice que se entregó recursos, pero no dice quién fue para investigar, pues nuestro partido y campaña solo entregó alimentos, (Box Lounch) y estos están respaldados con la factura 341 de fecha 08 de junio de 2016, de la empresa Alegra, S.A de C.V. Se anexa en el apartado de ‘Documentación Adjunta al Informe’ del SIF, en ‘Otros Adjuntos’.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que desconoció el gasto por $2,700.00 realizado para gastos de jornada electoral aun cuando la UTF, cuenta con las evidencias reflejadas en el anexo 6 del oficio INE/UTF/DA-L/16093/16, consistente en 7 cuestionarios de levantamiento el día 5 de junio de 2016, por tal motivo, la observación quedó no atendida.

En consecuencia, al no reportar los gastos de jornada electoral por $2,700.00 determinados por la UTF, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP, así como el 127 del RF. (Conclusión final 5).

Como se observa, el sujeto obligado, en respuesta al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/16093/16, negó haber entregado recursos, y sólo reconoció la entrega de alimentos (Box Lounch), a lo cual señaló, que dicha erogación se respaldó con la factura de la empresa Alegra, S.A de C.V.

Esta Sala Superior considera la respuesta del PAN, sobre la imputación relacionada con la entrega de recursos a los representantes generales y de casilla el día de la jornada electoral, como una negativa lisa y llana –a la que también se señala como simple, porque se trata de una mera negación de los hechos señalados por la autoridad–, la cual es capaz de revertir o arrojar la carga probatoria sobre la contraparte o la autoridad, ya que de lo contrario, obligaría a quien la formula a demostrar hechos negativos[9].

Tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el Reglamento de Fiscalización, omiten precisar reglas sobre la valoración de pruebas o sobre la carga probatoria ante una negativa lisa y llana; no obstante, el artículo 441 de la citada ley sustantiva electoral, dispone que se aplicará supletoriamente, en lo no previsto en esa ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual dispone en su artículo 15, párrafo 2, sobre la carga de la prueba, lo siguiente: “El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.”

Asimismo, de conformidad con lo previsto en sus artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4; y 16, párrafo 3, de la referida ley procesal electoral, sólo los documentos públicos harán prueba plena; y tratándose de cualquier otro medio de convicción, sólo harán prueba plena, cuando junto con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Ahora bien, en el caso que se examina, esta Sala Superior observa, que en el Dictamen Consolidado, la imputación realizada sobre el sujeto obligado, se apoya en los resultados de: “encuestas realizadas el día de la Jornada Electoral a los representantes generales y representantes de casilla”; sin embargo, esos resultados constituyen una fuente simple de indicio, que para alcanzar el nivel de prueba plena, deben adminicularse con otros medios de prueba, sobre todo, porque los documentos en que se contienen los resultados de la muestra, no tienen la naturaleza de documental pública.

En este sentido, se considera que los resultados de una encuesta, por sí solos, constituyen una fuente de indicios, y por ello, son insuficientes para sustentar algún gasto que pretenda imputarse a un partido político.

Por lo tanto, ante la negativa del PAN de haber entregado dinero en efectivo a sus representantes generales y de casilla, la autoridad tenía el deber de justificar adecuadamente su determinación, adjuntando toda la documentación que la llevó a sostener la existencia de un gasto efectuado en la jornada electoral por un importe de $2,700.00, lo cual no realizó, aunado a que, los resultados de la encuesta practicada, por sí solos, son insuficientes para imputar dicho gasto.

En vista de lo anterior, esta Sala Superior considera que ha lugar a revocar la sanción consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual del PAN, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,050.00 (cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), contenida en el inciso d) del punto resolutivo “PRIMERO”, correspondiente a la Conclusión 5.

En este orden de ideas, se estima innecesario emitir algún pronunciamiento respecto de los restantes motivos de agravios.

b) Omisión de reportar un gasto de propaganda en Internet (Conclusión 6). Al respecto, el Dictamen Consolidado puntualiza:

“f. Circularizaciones

[…]

Solicitudes a terceros.

         Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado en el SIF, la UTF llevó a cabo la solicitud de confirmación a los proveedores y prestadores de servicios sobre las operaciones efectuadas, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16093/16 notificado el 14 de junio del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 19 de junio de 2016.

Escrito de respuesta: sin número del 18 de junio de 2016, el PAN manifestó lo siguiente:

“Se entrega copia de las cartas entregadas a los proveedores que colaboraron en la campaña. Se anexa en el apartado de ‘Documentación Adjunta al Informe’ del SIF, en ‘Otros Adjuntos’.

De la verificación al SIF, V. 2.0, apartado “informe”, sub apartado “documentación adjunta”, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a los proveedores marcados con (1) en la columna de “referencia” del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó acuses de los escritos dirigidos a los proveedores, mediante el cual solicitó dar atención a la solicitud de la UTF.

Con respecto a los 5 proveedores marcados con (2) en la columna de “referencia” del cuadro que antecede, no se localizó evidencia de las diligencias hechas por el sujeto obligado para atender las solicitudes de la UTF, aunado a que a la fecha de elaboración del presente dictamen los proveedores no han dado respuesta.

Ahora bien, es conveniente aclarar, que si derivado de las respuestas de los proveedores se detectaran gastos no reportados, estos se acumularan al tope de gastos de campaña.

Por otra parte, es conveniente aclarar que el oficio de errores y omisiones circulado a los sujetos obligados el 14 de junio de 2016, se indicó que: “Con la finalidad de corroborar la veracidad y consistencia de las operaciones reportadas en los informes de campaña, la UTF ha solicitado confirmación con las diferentes autoridades y terceros  relacionados, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 332 y 333 de RF, cuya respuesta aún no ha sido recibida por esta autoridad electoral, por lo anterior, se le exhorta para que en caso de que los sujetos obligados detecten errores y omisiones involuntarios en sus informes, realicen las correcciones correspondientes en el SIF y se informe lo conducente como parte de la respuesta que se dará al presente oficio de errores y omisiones”.

Entre esas confirmaciones se solicitaron las de las redes sociales Facebook, Twitter y Google.

En el caso específico de Facebook, mediante oficios INE/UTF/DA-L/14055/16, INE/UTF/DA-L/16648/16 y UTF INE/UTF/DA-L/16959/16 del 9, 17 y 26 de junio de 2016, respectivamente, se realizaron los requerimientos correspondientes.

En respuesta a ellos se recibieron dos comunicados de fechas 24 de junio de 2016 y 1 de julio de 2016, en el primero informó de 826 y en el segundo de 208 URL (Localizador Uniforme de Recursos, por sus siglas en inglés) que corresponden a igual número de cuentas verificadas (“Facebook confirmó y verificó que una figura pública, una compañía de medios o la página o el perfil de una marca son auténticos”), vinculadas con las campañas de candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el proceso electoral local 2015 -2016.

Esto es, son hallazgos que se hicieron en las URL de facebook, donde la UTF constató que efectivamente ahí había difusión de propaganda de campaña.

De las 826 URL, en 104 Facebook confirmó haber recibido un pago por difundir materiales promocionales; 48 de ellas con un costo superior a $10,000.00.

De las 208 URL, en 76 Facebook confirmó haber recibido un pago por difundir materiales promocionales; 29 de ellas con un costo superior a $10,000.00.

De ser el caso, en el cuerpo de este dictamen se realiza el análisis de los gastos asociados con este procedimiento de auditoría.

Es de señalar que la contratación en redes sociales, comercio electrónico globalizado, no se ajusta a las formas convencionales, como tampoco a los elementos de prueba respecto del origen y destino de los recursos.

Ahora bien, dando seguimiento a los procedimientos adicionales de fiscalización que realiza la UTF, se llevó a cabo la solicitud de confirmación de operaciones con el proveedor “Facebook México/ Facebook Ireland Limited”, mediante los oficios núms. INE/UTF-DA-L/14055/16 e INE/UTF/DA-L/16648/16, por lo que el 24 de junio de 2016 el proveedor en comento dio contestación a la UTF, confirmando haber efectuado operaciones a favor del otrora candidato a gobernador el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como se indica a continuación:

El proveedor Facebook Ireland Limited, el día 24 de junio de 2016 manifestó haber realizado transacciones en beneficio de su candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca por la contratación de publicidad en: https://www.facebook.com/fgcabezadevaca?rfc526321877489340, por un monto de USD 48,098.85 que a un tipo de cambio promedio por el periodo de campaña de $17.965 equivale a $756,299.97, los cuales no fueron reportados en su contabilidad. (Ver anexo 1 del presente Dictamen).

Ahora bien, como resultado a la respuesta de dicho proveedor, el día 28 de junio de 2016, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/16992/16, le fue otorgada al sujeto obligado la garantía de audiencia, con la finalidad de que en un plazo de 48 horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

En consecuencia, el 30 de junio de 2016, mediante escrito sin número, recibido por la UTF el mismo día, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

“…, me permito manifestar que, con motivo de la campaña del candidato a gobernador, el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo se realizaron operaciones para la creación del sitio web con el fin de colocar noticias, boletines, audios y videos cuya documentación soporte se anexa e identifica con las facturas 397, 399 y 401 de fecha 31 (sic) de junio de 2016 de la razón social ‘Logística Infraestructura Empresarial en Diseño, S.A. de C.V.’, junto con el contrato correspondiente, operación que fue documentada en nuestro segundo reporte de gastos de campaña...

Desconocemos si alguna persona, tercero, simpatizante o militante haya contratado algún servicio adicional, quien lo pago, como lo pago, o si existe algún contrato y quien lo signo con la firma a que hace referencia, pues en nuestros archivos de campaña no existe alguna referencia o documento al respecto”

Derivado de lo anterior, se concluye que efectivamente el PAN realizó gastos por concepto de propaganda en páginas de internet con las facturas detalladas anteriormente, mismas que se encuentran registradas y soportadas en el SIF; sin embargo, aun cuando el sujeto obligado manifestó desconocer la contratación con el proveedor en comento, se observó el gasto por un monto de $756,299.97, el cual  no fue registrado en el SIF y reportado en el Informe de Campaña, por lo tanto, se procedió a acumular a su gasto de campaña para efectos del tope, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 en relación con el artículo 243 del RF.

En consecuencia, al no reportar el gasto por concepto de propaganda en internet por un monto de $756,299.97, el PAN incumplió con los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. (Conclusión final 6).

[…]”

Esta Sala Superior considera infundado el agravio, por lo siguiente:

De los documentos exhibidos ante esta instancia por la autoridad responsable, se observa que mediante oficio INE/UTF/DA-L/16648/16, se solicitó a los representantes y/o apoderados legales de “Facebook Ireland Limited” y “Facebook México”, información respecto de publicidad o de cualquier otro servicio prestados en páginas de internet o redes sociales, por el período del “1 de enero al 2 de junio de 2016”.

En contestación a dicha prevención, “Facebook Ireland Limited” manifestó haber realizado transacciones en beneficio del candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la contratación de publicidad en: https://www.facebook.com/fgcabezadevaca?rfc526321877489340, por un monto de USD 48,098.85 que a un tipo de cambio promedio por el periodo de campaña de $17.965, equivale a $756,299.97.

Con el fin de otorgar la debida garantía de audiencia al sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/16992/16, “ASUNTO.- Notificación de circularizaciones correspondientes al Proceso Local Ordinario 2015-2016”, notificado al Representante del PAN ante el Consejo General del INE, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se le comunicó lo siguiente:

“[…]

Confirmaciones con terceros

         Se realizó el oficio de confirmación de operaciones con el proveedor que se detalla a continuación:

El proveedor Facebook Ireland Limited, el día 24 de junio de 2016 manifestó haber realizado transacciones en beneficio del candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por un monto de USD 48,098.85 que a un tipo de cambio promedio por el período de campaña de $17.965 equivale a $756,299.97, los cuales no fueron reportados en su contabilidad.

Por lo que a través de su amable conducto se solicita a las instancias responsables de ese partido presentar por escrito a la UTF, lo siguiente:

         Proporcione documentación soporte, así como comprobantes de ingresos y gastos que amparen la operación u operaciones celebradas con proveedores.

         Descripción, período y montos de los servicios contratados.

         Instrumento Jurídico que respalda la contratación.

         Forma de pago, detallando cuenta de origen y de destino.

         Copia de las facturas que amparan el pago.

         Las aclaraciones que a su derecho convengan.

[…]”

Como se observa, al momento en que la autoridad hizo del conocimiento la omisión de reportar gastos por publicidad en internet, por un monto de $756,299.97, ello tenía sustento en la respuesta brindada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por la empresa “Facebook Ireland Limited”. Conocida tal omisión, el sujeto obligado emitió una respuesta, que al ser analizada, llevó a la autoridad responsable a concluir que:

        Efectivamente el PAN realizó gastos por concepto de propaganda en páginas de internet con las facturas que detalló, mismas que se encuentran registradas y soportadas en el SIF.

        Aun cuando manifestó desconocer la contratación con el proveedor en comento, se observó el gasto por un monto de $756,299.97, el cual  no fue registrado en el SIF y reportado en el Informe de Campaña

En el presente caso –a diferencia del supuesto gasto examinado en la Conclusión 5–, de las actividades de investigación realizadas, la autoridad fiscalizadora llegó al firme convencimiento de la existencia de un gasto por publicidad en internet, en favor del candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el PAN omitió reportar en el SIF, existente en el link:  https://www.facebook.com/fgcabezadevaca?rfc526321877489340.

Por ende, la respuesta que en su oportunidad dio el sujeto obligado, en el sentido de que: “Desconocemos si alguna persona, tercero, simpatizante o militante haya contratado algún servicio adicional, quien lo pago, como lo pago, o si existe algún contrato y quien lo signo con la firma a que hace referencia, pues en nuestros archivos de campaña no existe alguna referencia o documento al respecto”, en modo alguno, desvirtúa la imputación realizada por la autoridad, relacionada con la omisión de reportar el gasto de que se trata.

Ahora bien, esta autoridad jurisdiccional desestima el argumento que hace valer la parte recurrente, en el sentido de que la autoridad responsable –al notificar el Oficio INE/UTF/DA-L/16992/16– omitió hacer llegar: “el oficio de la respuesta que supuestamente recibió, así como del documento de quien se ostenta como representante legal de Facebook…”, pues es inconcuso que conforme con los datos en el Dictamen Consolidado examinado, el partido político se encontraba en aptitud de llevar a cabo una debida defensa legal adecuada, ante esta instancia jurisdiccional, al habérsele garantizado el derecho de audiencia[10] con información adecuada sobre el gasto erogado y no registrado. Sin embargo, pese a ello, en su medio de impugnación, no desvirtúa la afirmación de la autoridad, ni tampoco la existencia de la publicidad por la cual se le sancionó y que se localiza en el link: https://www.facebook.com/fgcabezadevaca?rfc526321877489340[11]:

Por ende, es inexacto que el apelante afirme que hasta la presentación del medio de impugnación, no se le había informado “en que consistió la supuesta propaganda cuya existencia desde un inicio fue desconocida.”

Por otro lado, con relación a los conceptos de agravio que se hacen valer para controvertir la calificación de la falta relacionada con la Conclusión 6, esta Sala Superior considera lo siguiente:

No asiste la razón al partido político apelante, cuando señala que la autoridad omite determinar por qué considera que la falta cometida es grave, dado que como se advierte de las páginas 116 y 117 de la resolución INE/CG558/2016, la autoridad responsable expuso lo siguiente:

“[…]

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Acción Nacional cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.

En este sentido al actualizarse las irregularidades en comento, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

         Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el sujeto obligado impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su Informe de Campaña.

         Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

         Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.”

Como se advierte, la autoridad calificó la falta como grave ordinaria, porque al haberse cometido, se impidió tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados, al no reportarlos dentro del informe de campaña; y se vulneraron los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, como la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas.

Tampoco encuentra sustento la afirmación de la parte apelante, concerniente a la supuesta falta de motivación de la resolución impugnada, bajo el argumento de que sólo se reproducen “las características del precepto supuestamente violentado y los efectos que se ocasionan de incumplirse”, sin realizar una actualización de la hipótesis. Al respecto, la parte conducente de la resolución impugnada señala:

“[…]

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Acción Nacional omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a:

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión del el Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Tamaulipas.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Tamaulipas.

[…]

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

[…]

En este orden de ideas en las conclusiones 5 y 6, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(…)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Acción Nacional se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

[…]”

Como se observa, la omisión del PAN de reportar en el SIF gastos de propaganda en internet, por $756,299.97, trae consigo la vulneración de lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

En otro tema, no le asiste la razón al actor, cuando señala que la autoridad responsable omite realizar un estudio del impacto en la imposición de la multa, dado que no toma en cuenta si dicho monto puede ser cubierto o si al hacerlo se ponga en riesgo la subsistencia del partido o le impida llevar a cabo las funciones inherentes a la naturaleza de su existencia.

Lo anterior, en razón de que en el considerando 21 de la resolución impugnada, con relación al PAN, se expone lo siguiente:

“21. Que debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo número IETAM/CG-15/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2016, los montos siguientes:

[…]

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, mediante oficio PRESIDENCIA/1238/2016 el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, informó lo siguiente:

         Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, no existen saldos pendientes por pagar:

- Partido Acción Nacional.

[…]

En este sentido, esta autoridad tienen certeza que los sujetos obligados tienen la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.”

Como se observa, la autoridad responsable tomó en cuenta la capacidad económica del PAN, para hacer frente a las obligaciones pecuniarias.

Finalmente, con relación a los agravios en que el actor controvierte el monto de infracción que se cuestiona, en la resolución se expone:

“Conclusión 6

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

         Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

         Que el sujeto obligado no es reincidente.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $756,299.97 (setecientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).

         Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida de Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir reportar los gastos y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $756,299.97 (setecientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,134,449.95 (un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

Esta Sala Superior considera que asiste la razón a la parte recurrente, cuando sostiene que la autoridad responsable omitió señalar la “fórmula aritmética” que empleó para determinar el monto de la sanción, misma que se fijó en un 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $756,299.97; y que se tradujo finalmente en un “monto líquido” de $1’134,449.95.

Al respecto, cabe señalar que si bien, para determinar el monto de la sanción, la autoridad responsable se sujetó formalmente a los requerimientos previstos en el párrafo 5[12] del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que dentro de las mismas, no se dispone el empleo de alguna “fórmula aritmética”; lo cierto es, que no se menciona algún razonamiento jurídico y la causa, motivo o razón particular, que la llevaron a fijar una sanción económica equivalente al “150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado”.

Además, con independencia de que la autoridad responsable reconoce que el PAN no es reincidente en la supuesta falta cometida, esta Sala Superior considera que se impone una sanción totalmente desproporcionada, que carece de motivo y fundamento, puesto que no justifica la razón por la que se fijó una sanción económica equivalente al 150% del monto involucrado.

De ahí que se considere fundado el agravio examinado.

En vista de lo anterior, esta Sala Superior considera que ha lugar a revocar las consideraciones relacionadas con la individualización de la sanción de la Conclusión 6, dejando sin efecto la multa equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $756,299.97,que finalmente se traduce en “monto líquido” de $1’134,449.95, así como el inciso d) del punto resolutivo “PRIMERO”, para el efecto de que el Consejo General del INE, proceda a realizar de nueva cuenta la individualización de la sanción, imponiendo la que conforme a derecho proceda, para lo cual, deberá fundar y motivar adecuadamente el monto de la sanción que determine.

E) Conclusión 15

I. Agravios del apelante. En su escrito de demanda, la parte recurrente hace valer, esencialmente, que:

        En la resolución impugnada no se desprende a qué candidatos refiere cuando aduce la omisión de presentar la agenda de actos públicos.

        Las candidatas Linda Mireya González Zúñiga y Zuleima Cortés Gómez, no tuvieron actos públicos que les haya generado algún gasto; ya que por tratarse de municipios pequeños, la campaña se limitó a la realización de visitas domiciliaras, que se hicieron del conocimiento de la autoridad; sin embargo, resulta violatorio del principio de legalidad y certeza jurídica, que se obligue a los candidatos a realizar actos públicos cuando éstos no se tengan previstos; pues ante la inexistencia de un evento público, no puede exigirse el registro de un suceso que no existió.

        Se considera de manera ilegal que la falta de registro de lo inexistente sea imputable, vulnerando el principio de presunción de inocencia, ya que caso contrario sería que se haya efectuado un acto público y no se reportara, lo cual sí amerita una sanción; sin embargo, el no registro de un evento público por no haberse desarrollado, no puede ser considerado como una obligación que importe una sanción, ya que la no realización de eventos públicos no puede ser imputada como una irregularidad, sino por el contrario, es un derecho de los partidos políticos y sus candidatos realizar el evento público, pero no puede dar lugar a una sanción la falta de programación y consecución de éstos.

II. Sustento de la resolución impugnada. En la parte conducente, se asienta lo siguiente:

“Diputados Locales

Agenda

Conclusión 15

“15. El sujeto obligado omitió presentar la agenda de actos públicos en la cual se detallen las actividades que serían realizadas por 2 candidatos.”

En consecuencia, al omitir presentar la agenda de eventos políticos de dos candidatos, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

[…]

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

[…]

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de presentar la agenda de eventos políticos celebrados durante el período de campaña, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

[…]

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial consistente en la omisión presentar la agenda de eventos políticos celebrados durante el período de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen y destino de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión 15 el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 143 bis.

Control de agenda de eventos políticos

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De la valoración del artículo 143 bis, se contempla la obligación del sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea la agenda de los eventos políticos de los candidatos que se llevarán a cabo en el período de campaña, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento anticipadamente de la celebración de dichos actos públicos y en su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificar que se hayan llevado a cabo dentro de los cauces legales y fundamentalmente que los ingresos y gastos erogados en dicho evento hayan sido reportados, lo que trae consigo preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control.

Lo anterior, implica que existan instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la autoridad electoral fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esta disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber del sujeto obligado registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos siete días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, la respectiva agenda de acto políticos de campaña, desde el inicio hasta la conclusión de este período.

En ese tenor, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados registrar la agenda de eventos políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Para lo cual, el desconocimiento de la autoridad electoral fiscalizadora respecto de los eventos celebrados por los candidatos en el período de campaña, impide que se lleve a cabo su actividad fiscalizadora, ya que no se tiene certeza de los ingresos y sobre todo de los gastos erogados con motivo de la realización de dichos actos públicos, consecuentemente se ve violentada la transparencia del uso o aplicación de los recursos que tienen a su disposición los sujetos obligados.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

[…]

Conclusión 15

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como LEVE en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar la agenda de los eventos políticos de los candidatos celebrados durante el período de campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Tamaulipas.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

         El sujeto obligado no es reincidente.

         Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

[…]

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,921.60 (dos mil novecientos veintiún pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción.”

III. Determinación. Esta Sala Superior considera lo siguiente:

Es infundada e inoperante la afirmación del impugnante, tocante a que en la resolución impugnada no se precisan los candidatos respecto de los que se omitió presentar la agenda de actos públicos.

Lo infundado deriva de que en el Dictamen Consolidado, se advierte con toda claridad, que Linda Mireya González Zúñiga y Zuleima Cortés Gómez, son las dos candidatas respecto de las que no se presentó el documento de que se trata, según se observa en la transcripción siguiente:

“b.2 Agenda de actividades

Primer periodo de operaciones

         El sujeto obligado omitió presentar la agenda de actos públicos en la cual se detallen las actividades realizadas por los candidatos, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/13867/16 notificado el 30 de mayo del presente año, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Fecha de vencimiento: 4 de junio del 2016.

Escrito de contestación: sin escrito de contestación.

Aun cuando el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la UTF, nuevamente se verificó el SIF, V. 2.0, determinándose lo siguiente:

Respecto a 3 candidatos marcados con (1) en la columna “REF”, del cuadro que antecede, se localizaron 3 agendas de campaña; por tal motivo, la observación quedó atendida.

Sin embargo, en cuanto a los 2 candidatos marcados con (2) en la columna “REF”, del cuadro que antecede se observó que no fueron localizadas las agendas de campaña  por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al no presentar 2 agendas de actos públicos, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 223 bis del RF. (Conclusión final 15).”

Por otro lado, lo inoperante de este agravio radica en que, después de cuestionar que no se identificó a las candidatas de las que no se presentó la agenda de actos públicos –lo que es inexacto–, el propio recurrente se ocupa de justificar la razón por la que, precisamente, las candidatas Linda Mireya González Zúñiga y Zuleima Cortés Gómez, no presentaron dichas agendas. Esto es, el recurrente hace valer argumentos que, además de contraponerse a un concepto de agravio previo, constituyen un reconocimiento expreso de que, en efecto, con relación a las mencionadas candidatas, no se presentó agenda de actos públicos.

Ahora bien, esta Sala Superior no puede pasar por alto, que si bien, el actor no niega la imputación consistente en haber omitido presentar dos agendas de actos públicos de dos de sus candidatas, dicha circunstancia la justifica en que las mismas no desarrollaron algún acto público, y por ende, no podía registrarse un evento público no desarrollado.

Se considera inoperante dicho argumento, en razón de que, en el caso que se examina, las candidatas de referencia participaron en varios actos políticos que fueron debidamente reportados en las pólizas respectivas en el SIF, como a continuación se muestra:

De los datos asentados, se aprecia que las entonces candidatas asistieron a varios actos políticos, lo que trajo consigo que hicieran el registro contable de los gastos relacionados con tales eventos políticos, en las pólizas respectivas. Por ende, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, tenían la obligación de registrarlos en el SIF, en el módulo de agenda de eventos, lo que no sucedió, tal y como lo reconoce el propio partido político recurrente.

Derivado de lo anterior, esta Sala considera que en la especie no es aplicable la tesis XXXI/2001, con título: “FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.”, en razón de que la autoridad sancionó al partido político apelante, debido al incumplimiento de una obligación establecida en una disposición reglamentaria en materia de fiscalización.

F) Conclusiones 8, 16 y 24

I. Agravios del apelante. El PAN hace valer, en esencia, que:

        En las Conclusiones 8, 16 y 24, se imponen multas por las cantidades de $76,942.50, $2,555.31 y $58,117.93, respectivamente, derivado de presuntas e infundadas omisiones contables en el SIF, consistentes en la supuesta integración de operaciones de manera posterior a los tres días en que se realizaron, lo cual violenta el principio de legalidad, al no estar debidamente motivadas e impedirse con ello, una real y auténtica defensa.

        El veintinueve de abril del presente año, el Tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas dirigió el escrito SF-257/2016, al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, haciendo del conocimiento que en el Registro Nacional de Candidatos no se encontraban dados de alta los candidatos del PAN; sin embargo, ello no fue motivo para que la autoridad electoral local diera respuesta e informara el porqué de tal omisión.

        Al no encontrarse dados de alta los candidatos, no se permitía ingresar para llevar a cabo los registros contables de los candidatos.

        Al haberse incumplido con presentar los informes en tiempo, por omisiones atribuibles directamente a la autoridad electoral local, es ilegal que se pretenda sancionarles, derivado de la falta de registro de candidatos en el Sistema Nacional de Candidatos por parte de las autoridades obligadas a realizarlo. De ahí que, al haber sido la omisión producto de un acto que dejó de realizar el Instituto Electoral de Tamaulipas, solicita se deje sin dejar sin efectos la sanción.

En lo concerniente a la calificación de la falta o faltas cometidas, el recurrente aduce que:

        Se omite realizar un estudio de fondo, en el cual se permita determinar por qué considera que la supuesta falta cometida es grave, imponiendo así sanciones desproporcionadas, sin justificar los elementos que la llevaron a determinar el monto de la infracción.

        Las Conclusiones 8, 16 y 24, conllevan a la imposición de una multa, sin que se realice un estudio el cual permita deducir los motivos, razones y circunstancias que llevaron a la autoridad a determinar el monto de la infracción, al no desprenderse la fórmula aritmética que la llevó a determinar el monto de la misma.

        Por lo anterior, es de estimarse que la multa otorgada a mi mandante, en la conclusión que se señala, se encuentra indebidamente motivada, pues la autoridad deberá de ser exhaustiva al momento de determinar un acto de molestia, para poder así proporcionar todos los elementos de defensa a los que mi representada tiene derecho, pues de no ser así se deja en un estado de indefensión a mi representada, pues no cuenta con los elementos suficientes para poder realizar una auténtica defensa.

        Se acredita una clara violación a la garantía constitucional de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 Constitucional, a causa de una falta de motivación, dado que se reproduce en la sentencia características del precepto supuestamente violentado y los efectos que se ocasionan de incumplirse, sin realizar una actualización de la hipótesis en la que se desprendan razonamientos lógico-jurídicos que lleven a un estudio sustantivo y generen criterios de valoración jurídicamente aceptables, mucho menos, incluir la fórmula aritmética que la llevó a determinar los montos impuestos. Lo anterior se apoya, por analogía, en el criterio siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)”.

        La autoridad se limitó a exponer las características del precepto supuestamente violentado, sin exponer cuáles fueron las razones que la llevaron a determinar que se actualizó dicha hipótesis. Así mismo, realiza una serie de señalamientos de las consecuencias de hecho y de derecho que suceden en caso de que se actualice la norma.

        A mayor abundamiento, la autoridad omitió señalar datos precisos con los cuales se puede determinar si mi representada efectivamente incumplió su obligación, tales como fecha de recepción de los informes correspondientes, para poder concluir si es que éstos fueron presentados fuera de término.

        La autoridad al determinar las sanciones correspondientes, reconoce que el PAN no es reincidente en la supuesta falta cometida; sin embargo, impone una sanción totalmente desproporcionada con los daños que se pudieron haber ocasionado con la supuesta infracción, y omite realizar un estudio del impacto en la imposición de la multa, dado que no toma en cuenta si dicho monto puede ser cubierto, si al cubrirlo ocasiona algún daño irreparable como lo es el poner en riesgo la subsistencia del partido o que con ello, se le impida llevar a cabo las funciones inherentes a la naturaleza de su existencia.

II. Sustento de la resolución impugnada. En la parte que interesa de la resolución INE/CG588/2016, la responsable expone:

“g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 8, 16 y 24.

Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Gobernador

Sistema Integral de Fiscalización

Conclusión 8

8. El sujeto obligado registro 4 operaciones posteriores a los tres días en que se realizaron, por un monto de $1,538,850.00, integrados de la siguiente manera: