RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-38/2005.

ACTORA: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, ALTERNATIVA CIUDADANA 21, A.C.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: JACOB TRONCOSO ÁVILA.

México, Distrito Federal, once de agosto de dos mil cinco.

VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-38/2005, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la agrupación política nacional, Alternativa Ciudadana 21, A.C., por conducto de su presidente, contra el acuerdo identificado con la clave CG55/2005, aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil cinco, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del financiamiento público correspondiente a la parte proporcional equivalente al 40% del fondo del ejercicio 2005 a las agrupaciones políticas nacionales, para el apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política; y,

R E S U L T A N D O :

I.  El diez de enero de dos mil cinco, la agrupación política nacional, Alternativa Ciudadana 21, A.C., presentó su informe anual de comprobación de gastos. En el mismo se incluyó a la investigación denominada “Ciudadanía: delimitación conceptual y situación en México”, dentro de las actividades susceptibles de ser financiadas.

II. El dieciocho de febrero del año en curso, la Secretaría Técnica de Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión en su oficio STCPPPR/247/05 solicitó a la agrupación política antes mencionada, un conjunto de evidencias para que la investigación fuera susceptible de financiamiento, aduciendo que la información presentada por aquélla resultaba insuficiente para que se le concediera el financiamiento por dicha investigación.

III. Mediante acuerdo identificado con la clave CG55/2005, emitido en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil cinco, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el financiamiento público correspondiente a la parte proporcional equivalente al cuarenta por ciento (40%) del fondo del ejercicio dos mil cinco (2005) a las Agrupaciones Políticas Nacionales, para el apoyo de sus Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política; acuerdo que en lo que al caso interesa, sus partes considerativa y resolutiva son del tenor literal siguiente:

“CG55/2005

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre el Financiamiento Público correspondiente a la parte proporcional equivalente al 40% del fondo del ejercicio 2005 a las Agrupaciones Políticas Nacionales, para el apoyo de sus Actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política.

Considerando

1. Que el artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su parte conducente, que el Instituto Federal Electoral es el depositario de la autoridad electoral y el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales; destacando que al ser autoridad en la materia, tendrá a su cargo, en forma integral y directa, las actividades relativas a los derechos y prerrogativas de las agrupaciones políticas. Asimismo, el artículo invocado señala que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de esa función estatal, regirá sus actividades conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2. Que el artículo 35, párrafos 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las Agrupaciones Políticas Nacionales con registro gozarán del financiamiento público para el apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política; y que para ello se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

3. Que el artículo 35, párrafo 9 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula que los recursos del fondo se entregarán anualmente, en los términos previstos en el reglamento que al efecto emita el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

4. Que de acuerdo al artículo 35, párrafo 10 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Agrupaciones Políticas Nacionales, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos, sin que ninguna Agrupación pueda recibir mas del 20% del total del fondo constituido.

5. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 33, párrafo 1 y 35, párrafo 7 del código de la materia, el financiamiento público otorgado a las Agrupaciones Políticas por actividades editoriales, de educación y capacitación política, así como de investigación socioeconómica y política, debe estar orientado a coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

6. Que el Consejo General en sesión de fecha 21 de febrero de 1997 aprobó expedir el Reglamento para el Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Nacionales por sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 del mismo mes y año. Dicho reglamento fue objeto de reformas y adiciones por acuerdos del Consejo General del Instituto, aprobados en sesiones del 30 de enero de 1998, 17 de diciembre de 1999, 14 de noviembre del año 2000 y 12 de diciembre de 2001; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 1998, 7 de enero de 2000, 6 de diciembre de 2000 y 6 de marzo de 2002, respectivamente. Por otro lado, el 16 de diciembre del 2004 en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se emitió el nuevo Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del año 2005, el cual conforme al artículo Primero Transitorio entró en vigor el 1 de enero del año 2005, por lo que dicho Reglamento sirvió de base legal, para la elaboración y autorización de este acuerdo.

7. Que el Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2005, en su artículo segundo transitorio preceptúa lo siguiente: “A las actividades a que se refiere el párrafo 7 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hayan sido realizadas por las Agrupaciones Políticas Nacionales durante el año 2004, les resultará aplicable el Reglamento aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 12 de diciembre de 2001 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002”; que en consecuencia, en estricta observancia del artículo segundo transitorio invocado, la revisión realizada por esta autoridad para el ejercicio 2004, se efectuó con base en el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002.

8. Que el artículo 2.2 del Reglamento establece las actividades que podrán ser objeto del financiamiento a que se refiere este Reglamento, las cuales deberán tener como objetivo coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

9. Que las Agrupaciones Políticas Nacionales, deberán observar lo señalado por el artículo 5 del Reglamento aplicable, a fin de comprobar los gastos correspondientes.

10. Que en virtud de lo anterior, el numeral 7.1 del Reglamento aplicable, a la letra señala: “a fin de acreditar los gastos efectuados por concepto de la realización de cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento, las agrupaciones políticas deberán presentar los comprobantes de gasto y las muestras de sus actividades a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la siguiente forma: las actividades realizadas durante los primeros seis meses del año, a más tardar el 20 de julio y las realizadas en el segundo semestre, a más tardar el 31 de diciembre, con excepción de aquellas realizadas en diciembre, cuyos comprobantes podrán presentarse a mas tardar el 20 de enero”.

11. Que los comprobantes y muestras que presenten las Agrupaciones Políticas deberán estar agrupados por actividad, cumpliendo con los requisitos del formato único para la comprobación de gastos directos de las actividades, así como del formato único para gastos indirectos de las actividades sujetas a financiamiento público. Estos formatos deberán cumplir con los requisitos señalados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del Reglamento aplicable.

12. Que los comprobantes que presenten las Agrupaciones Políticas deberán, conforme a lo preceptuado por el artículo 5.4 del Reglamento aplicable, ser invariablemente presentados en originales, estar a nombre de la Agrupación Política y satisfacer todos los requisitos que señalen las disposiciones mercantiles y fiscales aplicables para considerarlos deducibles del impuesto sobre la renta de personas morales. Además, deberán incluir información que describa la actividad retribuida, los costos unitarios y la fecha de su realización.

13. Que junto con la documentación comprobatoria de gastos, se presentará una evidencia que muestre la actividad realizada, que podrá consistir, preferentemente, en el producto elaborado con la actividad o, en su defecto, en otros documentos con los que se acredite la realización de la actividad, de conformidad con el artículo 5.5 del Reglamento aplicable.

14. Que el artículo 10.1 del Reglamento aplicable dispone que el financiamiento público que se asigne a las Agrupaciones Políticas Nacionales se entregará una vez que el Consejo General de Instituto Federal Electoral apruebe el financiamiento público para los Partidos Políticos Nacionales por actividades ordinarias en el mes de enero, distribuyéndose entre las Agrupaciones Políticas la parte del financiamiento que les corresponde de manera igualitaria y la parte proporcional del financiamiento publico se les entregará en el mes de abril.

15. Que en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero del 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral acordó el financiamiento público de los partidos políticos para el año 2005, ascendiendo a la suma de $1,953,655,351.92 (mil novecientos cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 92/100 M. N.) en lo correspondiente a las actividades ordinarias permanentes; por lo tanto, el fondo a distribuir entre las Agrupaciones Políticas Nacionales es de $39,073,107.04 (treinta y nueve millones setenta y tres mil ciento siete pesos 04/100 M.N.).

16. Que el artículo 3.1, inciso a) del Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales señala que el sesenta por ciento del fondo mencionado en el considerando anterior, será distribuido en forma igualitaria entre todas las Agrupaciones Políticas Nacionales que cuenten con registro y será entregado como primera ministración de acuerdo al artículo 10.1 del Reglamento citado; cantidad que asciende a $13,675,587.46 (trece millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos 46/100 M.N.), que representa las 7/12 partes del 60% del financiamiento público distribuido en forma igualitaria a las agrupaciones políticas nacionales que a la fecha de la primera ministración contaron con registro, lo que procedió en estricto cumplimiento a lo señalado por el mencionado artículo 9.2. Por lo que respecta a la segunda ministración, ésta asciende al cuarenta por ciento restante del fondo y será distribuido de forma proporcional entre las Agrupaciones Políticas que presenten comprobantes de los gastos realizados en las actividades señaladas en el artículo 2 del Reglamento; lo anterior, conforme a lo preceptuado por los artículos 9.2, inciso b) y 10.1, ambos del Reglamento en mención, es decir, como segunda ministración se asignará la suma de $15,629,242.82 (quince millones seiscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.), la cual será distribuida de acuerdo con la información que presente la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión conforme a la revisión que ésta realizó en términos del mencionado artículo 9.2 del Reglamento. La tercera ministración equivalente a las 5/12 partes del 60% financiamiento público a distribuirse en forma igualitaria entre las Agrupaciones Políticas Nacionales que cuenten con registro ante el Instituto, se entregará en el mes de agosto del 2005 por un importe de $9,768,276.76 (nueve millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.).

17. Que con fundamento en el artículo 9.1. del Reglamento aplicable, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión presenta el resultado de la revisión correspondiente a las actividades del ejercicio 2004 realizadas por las Agrupaciones Políticas Nacionales, determinando el monto de la documentación presentada, el importe de la documentación no procedente, los gastos directos, los gastos indirectos y el importe del activo fijo base para el cálculo del financiamiento público, de la siguiente forma:

8

Agrupación Política Nacional Alternativa Ciudadana 21, A.C.

8. Agrupación Política Nacional Alternativa Ciudadana 21, A.C.

Al ser verificada la documentación presentada por la agrupación, se observó que las cifras relacionadas en los formatos “FUC” coincidían con el soporte documental, como se indica a continuación:

Primer Semestre

Educación y Capacitación Política

El total de la documentación presentada en este rubro fue de $155,597.90, el cual inicialmente se integró de la manera siguiente:

Mediante oficio No. STCPPPR/247/05 de fecha 18 de febrero de 2005, recibido por la agrupación el mismo día, se le solicitó que presentara las aclaraciones y documentación referente a los gastos de esta actividad.

En consecuencia con escrito de fecha 3 de marzo de 2005, la agrupación presentó un conjunto de aclaraciones y documentación. De su verificación se determinaron las siguientes cifras:

Se constató que los gastos citados fueron erogados en conceptos necesarios para la realización de este tipo de tareas, los cuales se indican a continuación:

Investigación Socioeconómica y Política

El total reportado en este rubro fue de $124,686.00, el cual se integró de la manera siguiente:

En relación con la columna “Evidencia Insuficiente” por $124,686.00, no puede considerarse susceptible de financiamiento público ya que la evidencia presentada por la agrupación carece de la totalidad de la metodología científica señalada en la normatividad. A continuación se detallan las muestras entregadas y la evidencia solicitada:

Por lo antes expuesto, se solicitó a la agrupación que presentara la investigación con lo señalado en la columna “Evidencia Solicitada”, con la finalidad de que se acreditara el gasto, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.2, fracción I, 6.4 y 7.2 del Reglamento de la materia.

Lo antes citado fue notificado mediante oficio No. STCPPPR/400/04 de fecha 20 de septiembre de 2004, recibido por la agrupación el mismo día.

En consecuencia, con escrito de fecha 10 de enero de 2005, la agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En relación al evento BI ‘Ciudadanía. Delimitación conceptual y situación en México’ se argumenta que ‘la evidencia presentada por la agrupación no contiene la totalidad de la metodología científica señalada en la normatividad’. Acto seguido, se señala la evidencia solicitada que consiste en: ‘Planteamiento del problema, Cuestionamientos específicos en relación al Problema detectado, objetivos específicos, justificación, marco teórico, Capitulación, Hipótesis, Tipo de Diseño Exploración, Solución al Problema planteado, Muestras específicas que precisen el procedimiento seguido para el procesamiento de la información’. A pesar de que la normatividad que regula la actividad de investigación socioeconómica y política en ninguno de sus artículos precisa lo que la Secretaría a su cargo entiende por una metodología científica, presentamos, sin embargo, la evidencia solicitada, tal y como usted la requiere...”.

De la verificación a la documentación presentada, se observó que presentó 51 hojas sueltas que incluyeron las etapas señaladas en su contestación; sin embargo, dicha información fue entregada en forma separada y no como parte integral de la investigación del evento reportado.

Por otra parte, cabe mencionar que el FUC BI (2) “Ciudadanía: Delimitación Conceptual y Situación en México” presentado por la agrupación correspondiente  al segundo semestre, en la descripción de la actividad señaló lo siguiente: “La primera parte, se entregó como producto terminado en el primer semestre. Se le agregan ahora una introducción y un índice generales. Las partes segunda y tercera con la bibliografía válida para toda la investigación, se entregan como productos terminados (con lo que concluye la investigación) este segundo semestre. Se adiciona un escrito sobre la metodología científica seguida en la investigación, de acuerdo a los criterios requeridos por el IFE”.

Derivado de lo anterior, se consideró que la muestra presentada no corresponde a una investigación terminada, ya que fue entregada en 65 hojas sueltas sin una secuencia numérica de las páginas, ya que la parte I y la Metodología Científica inician con el mismo número; además, en el índice no se incluyen las páginas de dicha metodología.

Adicionalmente, la agrupación omitió enviar las conclusiones finales que se indican en el Formato Único para la Comprobación FUC BI (2); en consecuencia, se consideró que la citada investigación sigue sin cumplir con los requisitos de la metodología científica.

Por lo antes expuesto, se solicitó nuevamente a la agrupación que presentara la investigación en comento, la cual debía incluir los requisitos señalados en las columnas “Evidencia Presentada” y “Evidencia Solicitada”, por lo cual se le remitió la investigación original con folios del 1 al 244, así mismo debía remitir las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada o, en su caso, las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2, fracción I y 6.4 del Reglamento de la materia.

Lo antes citado fue notificado mediante oficio No. STCPPPR/247/05 de fecha 18 de febrero de 2005, recibido por la agrupación el mismo día.

Al respecto, con escrito de fecha 3 de marzo de 2005, la agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En la página seis del Oficio, así como nuevamente en la página doce del mismo, ese Instituto señala que ‘se le solicita nuevamente que presente la investigación en comento, la cual debe incluir los requisitos señalados en las columnas ‘Evidencia Presentada’ y ‘Evidencia Solicitada’, por lo cual le anexo la investigación original con folio del 1 al 244 así mismo deberá de remitir las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada...’

Al respecto cabe señalar que el Oficio, no incluye columna alguna con la leyenda ’Evidencia Presentada’, mientras que se localizaron en las páginas cuatro y doce del mismo, dos columnas señaladas como ‘Evidencia Solicitada’ cuyo contenido se pide se tenga por inserto en su totalidad en el presente escrito.

A efectos de desahogar el requerimiento citado, adjunto al presente escrito como..., la investigación ‘Ciudadanía. Delimitación conceptual y situación en México’ en un solo tomo engargolado que contiene doscientas seis páginas. El tomo contiene:

         Carátula

         Indice

         Introducción

         Seis apartados:

      Apartado uno: Metodología científica

      Apartado   dos:   Delimitación   Teórico-metodológica   del concepto de Ciudadanía.

      Apartado tres: Paradigmas y concepciones de Ciudadanía

      Apartado cuatro: Diagnóstico de la ciudadanía en México

      Apartado cinco: Conclusiones

      Apartado seis: Propuesta: Agenda Estratégica Ciudadana

         Bibliografía

En la mencionada investigación se incluyen todos y cada uno de los puntos requeridos por ese Instituto dentro de las columnas marcadas con la leyenda ‘Evidencia Solicitada’ contenidas en la página cuatro y doce del Oficio, así como se remiten ‘las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada’ como lo requiere el Oficio en la parte final de la página doce.

La siguiente tabla incluye todos y cada uno de los puntos requeridos por ese Instituto dentro de las columnas marcadas con la leyenda ‘Evidencia Solicitada’ contenidas en la página cuatro y doce del Oficio como puede apreciarse a continuación:

Cabe recordar que ese Instituto en el Oficio, señala que la actividad  no podía considerarse susceptible de financiamiento público ya que ‘la evidencia... no contiene la totalidad de la metodología científica señalada en la normatividad.’ (página cuatro del Oficio), y ya que ‘la evidencia... no contiene la totalidad de la Metodología científica. Además... carece de las conclusiones’ (página once del Oficio).

Al cumplir puntualmente con la presentación de la totalidad de lo requerido por ese Instituto, la actividad de investigación socioeconómica y política denominada ‘Ciudadanía. Delimitación conceptual y situación en México’ cumple cabalmente con la normatividad aplicable y por ende es susceptible de financiamiento público por el monto total de sus erogaciones”.

La agrupación presentó la investigación en un engargolado que incluye las evidencias solicitadas y con una secuencia numérica de las páginas, sin embargo, la presente investigación socioeconómica y política no es susceptible de financiamiento público al no cumplir, con los requisitos reglamentarios establecidos en el artículo 2.1, inciso b), ya que el estudio sobre un problema nacional, como lo es la ciudadanía, no presenta puntos concretos que contribuyan, directa o indirectamente a la elaboración de propuestas para su solución.

La propuesta contenida en el apartado seis, relativo a la agenda estratégica ciudadana, en sus cuatro puntos del eje vertical y en los nueve del horizontal, no ofrece temas concretos de solución al problema planteado, puesto que dentro de los procesos de globalización, multiculturalismo, integración y exclusión se ofrecen tres concepciones de ciudadanía, por lo que se esperarían soluciones acordes con estos tres modelos.

Además, los trece puntos de la agenda no detallan soluciones concretas, como en el caso contra la discriminación, más allá del recuento de los señalamientos de la CEPAL, que se refieren en la página 174. De suyo, se cita a la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, pero no se menciona que existe una ley en la materia publicada el 11 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, es decir, previa al estudio que se elaboró durante 2004. En este punto se esperaría ver el detalle de una agenda en relación con la ley y sus ajustes necesarios.

Otro ejemplo se observó en la página 171. Se discute en particular la reconstrucción de la economía nacional sin que se aporte una solución concreta en relación con el subtítulo 1.2 referido en esa misma página. En el eje horizontal, en la redefinición de lo público y lo privado en la página 175, se acusa el desmantelamiento del entorno público como algo indeseable y lo privado como un espacio de progreso o pragmatismo. Más allá de esta redefinición, no existe en la agenda una propuesta para delimitar un nuevo espacio público. Un último ejemplo se halla en las páginas 178 a 180 respecto a lo público fortalecido para que exista gobernabilidad democrática. En este tema no se propone sino se discute que la gobernabilidad no es mero control social, que si antes la cooptación de actores sociales se reflejaba en una gobernabilidad semiautoritaria actualmente la transición debe derivar en la gobernabilidad democrática, aunque no expone las condiciones de posibilidad para ello ni cómo se propicia con mayor detalle, sólo esperar a que se articule la democratización política en sus múltiples aspectos.

Los requisitos reglamentarios ordenan que se contengan propuestas de solución y no que se recopilen problemas torales, como se aprecia en la página 180 respecto a la televisión pública, donde no se concretan diversas problemáticas.

Finalmente, se menciona que en la página 183 no es explícita la propuesta de autonomía del INEGI ya que no se definen los aspectos de la realidad nacional que se pretenden difundir y, que si no existe una ley de archivos públicos como tal, se cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.

Por todo lo anterior, se considera que la presente investigación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1, inciso b) del Reglamento de la materia.

No obstante haber presentado la investigación terminada en un solo engargolado que a juicio de la autoridad no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1 inciso b), se verificó la documentación presentada por la agrupación, observándose lo que se indica a continuación:

Por lo que se refiere a la columna “Con Requisitos Fiscales” por $11,196.00, aún cuando la documentación presentada es original, con requisitos fiscales y a nombre de su agrupación, no tiene validez para efectos de la acreditación del gasto ya que la investigación presentada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1, inciso b) del Reglamento de mérito.

En relación con la columna “Gastos no Susceptibles de Financiamiento” por $113,490.00, corresponde al pago de honorarios asimilables a sueldos al presidente de la agrupación por concepto “Coordinación de la investigación”, como se indica a continuación:

De conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado por Alfredo Germán Delgado Lomelí, representante legal de la agrupación, y Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz, presidente de la misma, se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado, al coincidir el coordinador de la investigación y el presidente en la misma persona.

Esta circunstancia podrá ser considerada como una presunta desviación de los recursos provenientes del financiamiento público cuyo fin sería obtener un beneficio o ventaja indebida.

Más allá de las facultades que por estatutos le están otorgadas a los miembros de la agrupación, los derechos que estos últimos ejerzan no deben ir en ningún momento por encima de la ley. La importancia de que los recursos públicos no sean desviados para otros fines que los que establece taxativamente la norma, derivada de que en un Estado constitucional, democrático y de derecho, los intereses públicos no deben entremezclarse ni confundirse con los privados, ya que las funciones de carácter público no deben ser realizadas por quienes tengan intereses privados en ellas.

De igual forma, es obligación de las agrupaciones políticas nacionales, en términos de los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para las actividades de Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política y Tareas Editoriales.

Por lo antes expuesto, esta autoridad no puede considerar susceptible de financiamiento la investigación “Ciudadanía Delimitación Conceptual y Situación en México” presentada por la agrupación al haber incumplido con los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento de mérito, que a la letra establecen:

Artículo 35

“(…)

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

(…)”.

Artículo 38

“1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(…)”.

Artículo 34

“(…)

4. A las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este código”.

Artículo 2.1

“Las actividades de las agrupaciones políticas nacionales que podrán ser objeto del financiamiento a que se refiere este Reglamento deberán tener como objetivo coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, entendida como la información, los valores, las concepciones y las actitudes que se orientan hacia el ámbito específico político y serán exclusivamente las siguientes:

(…)

b) Investigación socioeconómica y política. Con estas actividades se buscará la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos sobre los problemas nacionales y/o regionales que contribuyan, directa o indirectamente, a la elaboración de propuestas para su solución. Tales estudios deberán contener una metodología científica, que contemple técnicas de análisis que permitan verificar las fuentes de la información y comprobar los resultados.

(…)”.

Artículo 6.2

“Para comprobar las actividades de investigación socioeconómica y política se deberá adjuntar lo siguiente:

I. La investigación o el avance de la investigación realizado, que siempre deberá contener una metodología científica, y

(…)”.

Artículo 7.2

“En caso de existir errores u omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos que presenten las agrupaciones políticas en los plazos establecidos, el secretario técnico de la comisión de prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión solicitará las aclaraciones correspondientes y precisará los montos y las actividades específicas susceptibles de corrección”.

Lo antes citado fue notificado mediante oficio No. STCPPPR/247/05 de fecha 18 de febrero de 2005, recibido por la agrupación el mismo día.

Al respecto, con escrito de fecha 3 de marzo de 2005, la agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“B. Aspectos vinculados a la presunta desviación de recursos.

En la página siete del Oficio y nuevamente en la página trece del mismo, ese Instituto afirma sin probar, como quedará demostrado a continuación, que ‘se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado’.

Para comenzar el análisis de esa grave acusación es importante acotar primeramente que de la lectura del Oficio se desprende que esas supuestas ‘conductas’ (así en plural) en realidad solamente es una.

Esa conducta consiste, de acuerdo al Oficio, en que ‘De conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado por Alfredo Germán Delgado Lomelí, representante legal de la agrupación, y Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz, presidente de la misma’ el coordinador de la investigación y el presidente (se entiende de la agrupación) son la misma persona.

La conducta, que según la incorrecta apreciación del Instituto ‘podría ser considerada como una presunta desviación de los recursos provenientes del financiamiento público cuyo fin es obtener un beneficio o ventaja indebida’, es perfectamente legal y, por ende, válida.

No existe disposición alguna en ley que prohíba, condicione o impida al presidente de la agrupación política nacional, en pleno ejercicio de su libertad de trabajo (garantía constitucional), que suscriba un contrato de prestación de servicios en su calidad de prestador de los mismos con la agrupación política nacional para elaborar una investigación. Cabe señalar que el prestador cuenta con la capacidad, preparación y conocimientos profesionales para desarrollar precisamente esa investigación.

Por otra parte, no existe disposición alguna en ley que prohíba, condicione o impida al representante legal de la agrupación política nacional, en cumplimiento de su objeto social, que suscriba un contrato de prestación de servicios en su calidad de receptor de los servicios con cualquier persona física o moral incluido el presidente de la agrupación política nacional. Cabe señalar que el prestador a quien se encargó la investigación en comento cuenta con la capacidad, preparación y conocimientos profesionales para desarrollar precisamente esa investigación.

Considerando lo anterior, es de mérito analizar la fundamentación y motivación, en que ese Instituto funda su temeraria acusación.

El Oficio tiene defecto en su fundamentación

La fundamentación legal consiste en que los actos de molestia que prevé el artículo 16 constitucional deben basarse en una disposición normativa general, es decir que esta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. Por lo que no basta que la responsable invoque determinados preceptos legales para estimar que el Oficio esta debidamente fundado sino que es necesario que los preceptos invocados sean los precisamente aplicables al caso concreto, ya que de lo contrario se estaría en defecto en la fundamentación por parte de la autoridad responsable. De esta manera el artículo 16 de la Constitución obliga a que todo acto de autoridad –ya sea administrativa o jurisdiccional- debe estar debidamente fundado y motivado, lo que implica su concordancia con las disposiciones legales aplicables.

Señala ese Instituto, en las paginas ocho y decimocuarta, del Oficio que no puede considerar susceptible de financiamiento la investigación presentada por mi representada al haber incumplido con ‘los Artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1 inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento de mérito’.

A continuación procedo a analizar todas y cada una de las disposiciones que ese Instituto considera que mi representada ha incumplido para efectos de determinar cual de ellas prohíbe, condiciona o impide el que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación:

Artículo 35, párrafo 7 del COFIPE:

‘(...)

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

(...)’.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que esta disposición se vincula con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación.

Artículo 38, párrafo I, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del COFIPE:

Artículo 38

‘1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a)  Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(...)’.

Artículo 34

‘(...)

4. A las agrupaciones políticas nacionales le será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este Código”.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que mi representada incumple, en otras palabras, si por ejemplo se considera que las actividades de mi representada no se conducen dentro de los cauces legales es preciso señalar puntualmente qué ley y qué disposición en particular considera el Instituto que se ha infringido. De lo contrario mi representada se encuentra en estado de indefensión al no saber de que se le acusa, es decir, concretamente qué ley y qué disposición en particular ha infringido.

Artículo 2.1 del Reglamento para el Financiamlento (sic) Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘Las actividades de las agrupaciones políticas nacionales que podrán ser objeto de financiamiento a que se refiere este Reglamento deberán tener como objetivo coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, entendida como la información, los valores, las concepciones y las actitudes que se orientan hacia el ámbito específico político y serán exclusivamente las siguientes:

(...)

a)  Investigación Socioeconómica y Política. Con estas actividades se buscará la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos sobre los problemas nacionales y/o regionales que contribuyan, directa o indirectamente, a la elaboración de propuestas para su solución. Tales estudios deberán contener una metodología científica que contemple técnicas y análisis que permitan verificar las fuentes de información y comprobar los resultados.

(...)’.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que esta disposición prohíbe, condicione o impide el que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación de las que se incluyen en el inciso b) de este Artículo.

Artículo 6.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘Para comprobar las actividades de investigación socioeconómica y política se deberá adjuntar lo siguiente:

I.                   La investigación o el avance de investigación realizado, que siempre deberá contener una metodología científica, y

(...)’.

 Esta disposición se relaciona con los aspectos de la investigación que ya fueron tratados y solventados en el Apartado II del presente escrito, pero nada tiene que ver con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar la misma.

Artículo 7.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘En caso de existir errores u omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos que presenten las agrupaciones políticas en los plazos establecidos, el Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión solicitará  las aclaraciones correspondientes y precisará los montos y las actividades específicas susceptibles de corrección”.

Esta disposición se relaciona con la razón misma por la que el Oficio fue emitido pero nada tiene que ver con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar la misma.

El Instituto Incurre en Falta de Motivación en su Actuar

En el Oficio, el Instituto no hace la debida adecuación de la norma en la que funda su actuar al caso específico planteado, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades del caso concreto para que éste encuadre dentro del supuesto de la disposición legal aplicada (que de por sí es inexistente como ya se analizó).

A continuación es pertinente analizar la argumentación que el Instituto presenta para explicar cómo es que las acciones de mi representada encuadran en la violación de alguno de los siguientes supuestos normativos: Artículo 35, párrafo 7, 38, párrafo 1 inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales.

Comienza su argumentación el Instituto señalando que los derechos que los miembros de una agrupación política nacional ejerzan no deben, en ningún momento, ir por encima de la ley. Cabe señalar que ese Instituto no sólo no señala en específico a que ley se refiere, ni a que disposición en particular se refiere, sino que sólo presenta un enunciado general. Dicho enunciado podría ser complementado señalando que los derechos que ejerzan, no sólo los miembros de una agrupación política nacional, sino todos los mexicanos no deben, en ningún momento ir por encima de la ley.

A continuación señala ‘La importancia de que los recursos públicos no sean desviados para otros fines que los que establece taxativamente la norma, derivada de que un Estado constitucional, democrático y de derecho, los intereses públicos no deben entremezclarse ni confundirse en los intereses privados; pues las funciones de carácter público no deben ser realizadas por quienes tengan intereses privados en ellas’.

Es un ejercicio completamente difícil, que no le correspondería a mi representada realizar, el adivinar como es que quiso el Instituto vincular las disposiciones ya señaladas mismas que fundamentan su temeraria acusación con el párrafo anterior.

Por una parte, señala, es importante que los recursos públicos no se desvíen para fines distintos a los que establece taxativamente la norma. El Artículo 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Artículo 2.1, inciso b), del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales establecen que los recursos públicos que reciben las agrupaciones políticas nacionales pueden y deben dirigirse, entre otros fines, a la elaboración de investigaciones socioeconómicas y políticas. En el caso que nos ocupa esto es lo que sucedió, situación que el Instituto jamás pone en duda en el Oficio. No se entiende entonces, ni el Instituto explica, como es que se desvían recursos cuando se utilizan para el fin que la Norma establece de manera taxativa.

Por otra parte, la segunda parte del enunciado contiene una serie de argumentos sobre cómo se deben desarrollar las funciones de carácter público y de cómo los intereses públicos y privados no deben ser mezclados. Nuevamente, no se entiende ni se especifica como es que el Instituto considera, en el caso que nos ocupa, que alguna de las disposiciones en que fundamenta un supuesto incumplimiento de mi representada se vincula con sus valoraciones sobre la mezcla de los intereses públicos y privados.

Existe Falta de Fundamentación y Motivación en el Oficio

Es de concluir que existe falta de fundamentación y motivación en el Oficio en términos de la jurisprudencia que se cita a continuación:

No. Registro: 203.143

Jurisprudencia

Materia(s): común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: VI.2o. J/43

Página: 769

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN”. (se transcribe).

La respuesta de la agrupación se consideró insatisfactoria ya que el prestador de servicios citado es Presidente de la agrupación política nacional Alternativa Ciudadana 21, A.C., por lo que se considera que se apartó del marco legal aplicable al destinar parte de sus recursos en la contratación de bienes y servicios con el C. Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz y tratar de solicitar el reembolso por los gastos realizados, cuyo proveedor es un funcionario de nivel directivo en la propia agrupación política.

Lo anterior, en concordancia con la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su sesión de fecha 19 de diciembre de 2003, mediante la cual dictaminó y resolvió respecto del procedimiento disciplinario oficioso sobre el origen y la aplicación del financiamiento del Otrora Partido de la Sociedad Nacionalista, por hechos que se consideraron que constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado como P-CFRPAP 21/03 VS. PSN.

Conviene aclarar que en sesión del 15 de diciembre de 2003, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas aprobó el Dictamen relativo al procedimiento oficioso identificado con el número P-CFRPAP 21/03 vs PSN, en el que determinó declararlo fundado en relación con los hechos analizados en el considerando III del Dictamen de cuenta por estimar lo siguiente:

“III. En el presente apartado se procede al análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito, relativas a la presunta violación del marco legal aplicable por parte del entonces Partido de la Sociedad Nacionalista, al de sus recursos en la contratación de bienes y servicios con la empresa de carácter mercantil, constituida por funcionarios de alto nivel del propio partido político; en específico, por haber realizado, durante el ejercicio 2002, diversas operaciones de compra-venta de bienes y servicios con la persona moral denominada Desarrollo Integral de Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

(…)

Ahora bien, los hechos materia del presente procedimiento ya fueron del conocimiento de esta autoridad electoral en el procedimiento identificado con el número de expediente P-CFRPAP 09/02 vs. PSN. El Consejo General al resolver ese procedimiento determinó sancionar al Partido de la Sociedad Nacionalista por diversas irregularidades en relación con el origen y destino de sus recursos, relativas a los ejercicios 1999, 2000 y 2001; sin embargo, los mismos hechos siguieron sucediéndose a lo largo del ejercicio 2002”.

Conviene señalar que la H. Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, en su sentencia SUP-RAP-034/2003 y SUP-RAP-035/2003 ACUMULADOS, confirmó las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral al Partido de la Sociedad Nacionalista en el marco del procedimiento identificado con el número P-CFRPAP 09/02 vs. PSN.

En dicha sentencia se estableció lo siguiente:

“… es indispensable que las autoridades competentes conozcan la fuente y aplicación de los recursos de los partidos políticos y cuenten con necesarias facultades para controlarlos y vigilarlos efectivamente para evitar que los partidos políticos contraigan compromisos actuales o futuros contrarios al orden jurídico derivados de aportaciones con un origen dudoso o ilegítimo, o bien, desvíen los recursos provenientes del financiamiento público para obtener beneficios o ventajas indebidas.

(…)

Lo anterior, porque en un Estado constitucional democrático de derecho los intereses públicos no deben mezclarse ni fundirse con los intereses privados; máxime que por disposición constitucional los partidos políticos tienen el status de entidades de interés público. Considerarlos de otra manera, como tolerar la existencia de las llamadas empresas-partido, sería atentar contra un principio jurídico reconocido en Estados modernos, según el cual las funciones públicas en sentido amplio, que comprenden las funciones partidarias, no deben ser realizadas por quienes tengan un interés privado en ellas.

Además, es obligación de los partidos políticos nacionales utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (relativas al derecho de los partidos políticos nacionales a disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 constitucional y de la invocada ley para garantizar que alcancen los fines constitucionales que tienen asignados)”.

En consecuencia, es grave que una agrupación política, siendo ésta una entidad de interés público, utilice recursos públicos para que sus líderes obtengan ganancias a través de la prestación de servicios.

Conviene aclarar que las agrupaciones políticas se encuentran en libertad de adquirir con quien estime conveniente los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus tareas; sin embargo, el hecho de que los servicios adquiridos provengan de los mismos dirigentes de las agrupaciones podría configurar un fraude a la Ley, ya que dicha conducta atenta contra los principios del Estado Democrático de Derecho, pues al utilizar su patrimonio en beneficio de sus líderes implica necesariamente la afectación del interés público.

Ahora bien lo mencionado, aun cuando no está prohibido, lo anterior las consecuencias de esta conducta producen un resultado contrario a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que las agrupaciones políticas deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático y, en este caso, se está ante el supuesto de que la agrupación se apartó de los cauces legales puesto que la persona mencionada obtuvo un beneficio personal con dinero público o intentar obtener el reembolso correspondiente por los trabajos realizados.

Por otra parte, la agrupación señaló en su contestación que este Instituto afirma sin probar que se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado; al respecto, es importante aclarar que dentro del procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios puede ocurrir que las agrupaciones políticas no acrediten dicho cumplimiento, incurran en errores o acusen falta de información. Para ello, se prevé en el artículo 7.2 del Reglamento aplicable la posibilidad de que sean presentadas las aclaraciones que solicite la autoridad y adicionalmente, este mismo artículo tiene la finalidad de otorgar a las propias agrupaciones políticas una garantía de audiencia, un derecho de defensa.

Debe precisarse que los requerimientos que se formulan en relación con el artículo 7.2 del Reglamento citado, no pueden constituir imputación alguna de hechos susceptibles de sanción, sino meras solicitudes de documentación, o advertencias de los errores en que se incurrió; pero, por otra parte, sí entrañan exigencias que implican el establecimiento de una obligación de satisfacer tales prevenciones, y que de no ser acatadas, lógicamente, pueden traducirse en que los importes reportados no sean susceptibles de financiamiento público, en términos similares a los esbozados en la sentencia SUP-RAP-029/2000, páginas 83 a 86.

Por lo antes expuesto, el importe de $113,490.00 se consideró no susceptible de financiamiento público, al incumplir con lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b) y 6.2, fracción I del Reglamento de mérito.

 Tareas Editoriales

El total de la documentación presentada en este rubro fue de $159,969.00, el cual se integró de la manera siguiente:

Se constató que los gastos citados fueron erogados en conceptos necesarios para la realización de este tipo de tareas, mismos que se indican a continuación:

Gastos Indirectos

El total de la documentación presentada en este rubro fue de $30,470.00, el cual se integró de la manera siguiente:

Se constató que lo gastos citados fueron erogados en gastos que no se vinculan directamente con una actividad en particular, pero sí en lo general con las actividades objeto de financiamiento público. A continuación se indican los conceptos que integran los gastos:

Segundo Semestre

Investigación Socioeconómica y Política

El total reportado en este rubro fue de $158,580.00, el cual inicialmente se integró de la manera siguiente:

En relación con la columna “Evidencia Insuficiente” por $158,580.00, no puede considerarse susceptible de financiamiento público, ya que la evidencia presentada consiste en 90 hojas sueltas correspondientes a los apartados II y III, los cuales no contienen la totalidad de la Metodología Científica. Además, tal como se mencionó en el primer semestre, la agrupación presentó en 50 hojas por separado el Planteamiento del Problema, Cuestionamientos Específicos en relación al Problema Detectado, Objetivos Específicos, Justificación, Marco Teórico, Capitulación, Hipótesis, Tipo de Diseño, Exploración, Solución al Problema Planteado y Muestras Específicas que precisan el procedimiento seguido para procesar la información, aunque carece de las conclusiones finales. A continuación se detallan las muestras entregadas y la evidencia solicitada:

Cabe hacer mención que el “FUC” detallado en el cuadro anterior en la descripción de la actividad realizada señaló lo siguiente: “La primera parte, se entregó como producto terminado en el primer semestre. Se le agregan ahora una introducción y un índice generales. Las partes segunda y tercera con la bibliografía válida para toda la investigación, se entregan como productos terminados (con lo que concluye la investigación) este segundo semestre. Se adiciona un escrito sobre la metodología científica seguida en la investigación, de acuerdo a los criterios requeridos por el IFE”.

Derivado de lo anterior, la autoridad electoral consideró que las muestras presentadas no correspondían al producto terminado de la investigación realizada, en virtud de que fue entregada por separado en hojas sueltas y sin una secuencia numérica.

Por lo antes expuesto, se le solicitó a la agrupación nuevamente que presentara la investigación en comento, la cual debía incluir los requisitos señalados en las columnas “Evidencia Presentada” y “Evidencia Solicitada”, por lo cual se le anexó la investigación original con folio del 1 al 244; así mismo, debía remitir las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada o, en su caso, las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2, fracción I, 6.4 y 7.2 del Reglamento de la materia.

Lo antes citado fue notificado mediante oficio No. STCPPPR/247/05 de fecha 18 de febrero de 2005, recibido por la agrupación el mismo día.

Al respecto, con escrito de fecha 3 de marzo de 2005 la agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En la página seis del Oficio, así como nuevamente en la página doce del mismo, ese Instituto señala que ‘se le solicita nuevamente que presente la investigación en comento, la cual debe incluir los requisitos señalados en las columnas ‘Evidencia Presentada’ y ‘Evidencia Solicitada’, por lo cual le anexo la investigación original con folio del 1 al 244 así mismo deberá de remitir las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada…’

Al respecto cabe señalar que el Oficio, no incluye columna alguna con la leyenda ’Evidencia Presentada’, mientras que se localizaron en las páginas cuatro y doce del mismo, dos columnas señaladas como ‘Evidencia Solicitada’ cuyo contenido se pide se tenga por inserto en su totalidad en el presente escrito.

A efectos de desahogar el requerimiento citado, adjunto al presente escrito como ..., la investigación ‘Ciudadanía. Delimitación conceptual y situación en México’ en un solo tomo engargolado que contiene doscientas seis páginas. El tomo contiene:

         Carátula

         Indice

         Introducción

         Seis apartados:

      Apartado uno: Metodología científica

      Apartado   dos:   Delimitación   Teórico-metodológica   del concepto de Ciudadanía.

      Apartado tres: Paradigmas y concepciones de Ciudadanía

      Apartado cuatro: Diagnóstico de la ciudadanía en México

      Apartado cinco: Conclusiones

      Apartado seis: Propuesta: Agenda Estratégica Ciudadana

         Bibliografía

En la mencionada investigación se incluyen todos y cada uno de los puntos requeridos por ese Instituto dentro de las columnas marcadas con la leyenda ‘Evidencia Solicitada’ contenidas en la página cuatro y doce del Oficio, así como se remiten ‘las conclusiones en una sola muestra debidamente terminada’ como lo requiere el Oficio en la parte final de la página doce.

La siguiente tabla incluye todos y cada uno de los puntos requeridos por ese Instituto dentro de las columnas marcadas con la leyenda ‘Evidencia Solicitada’ contenidas en la página cuatro y doce del Oficio como puede apreciarse a continuación:

Cabe recordar que ese Instituto en el Oficio, señala que la actividad  no podía considerarse susceptible de financiamiento público ya que ‘la evidencia... no contiene la totalidad de la metodología científica señalada en la normatividad.’ (pagina cuatro del Oficio), y ya que ‘la evidencia... no contiene la totalidad de la Metodología científica. Además... carece de las conclusiones’ (página once del Oficio).

Al cumplir puntualmente con la presentación de la totalidad de lo requerido por ese Instituto, la actividad de investigación socioeconómica y política denominada ‘Ciudadanía. Delimitación conceptual y situación en México’ cumple cabalmente con la normatividad aplicable y por ende es susceptible de financiamiento público por el monto total de sus erogaciones”.

La agrupación presentó la investigación en un engargolado que incluye las evidencias solicitadas y con una secuencia numérica de las páginas, sin embrago, la presente investigación socioeconómica y política no es susceptible de financiamiento público al no cumplir, con los requisitos reglamentarios establecidos en el artículo 2.1, inciso b), ya que el estudio sobre un problema nacional, como lo es la ciudadanía, no presenta puntos concretos que contribuyan, directa o indirectamente a la elaboración de propuestas para su solución.

La propuesta la contenida en el apartado seis, relativo a la agenda estratégica ciudadana, en sus cuatro puntos del eje vertical y en los nueve del horizontal, no ofrece temas concretos de solución al problema planteado, puesto que dentro de los procesos de globalización, multiculturalismo, integración y exclusión se ofrecen tres concepciones de ciudadanía, por lo que se esperarían soluciones acordes con estos tres modelos.

Sin embargo, los trece puntos de la agenda no detallan soluciones concretas, como en el caso contra la discriminación, más allá del recuento de los señalamientos de la CEPAL que se refieren en la página 174. De suyo, se cita a la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, pero no se cita que existe una ley en la materia publicada el 11 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, es decir previa al estudio que se elaboró durante 2004. En este punto, se esperaría ver el detalle de una agenda en relación con la ley y sus ajustes necesarios.

Otro ejemplo se observó en la página 171. Se discute en particular la reconstrucción de la economía nacional sin que se aporte una solución concreta en relación con el subtítulo 1.2 referido en esa misma página. En el eje horizontal, en la redefinición de lo público y lo privado en la página 175, se acusa el desmantelamiento del entorno público como algo indeseable y lo privado como un espacio o de progreso o pragmatismo. Más allá de esta redefinición, no existe en la agenda una propuesta para delimitar un nuevo espacio público. Un último ejemplo se halla en las páginas 178 a 180 respecto a lo público fortalecido para que exista gobernabilidad democrática. En este tema no se propone sino se discute que la gobernabilidad no es mero control social, que si antes la cooptación de actores sociales se reflejaba en una gobernabilidad semiautoritaria, actualmente la transición debe derivar en la gobernabilidad democrática, aunque no expone las condiciones de posibilidad para ello ni cómo se propicia con mayor detalle, sólo esperar a que se articule la democratización política en sus múltiples aspectos.

Los requisitos reglamentarios ordenan que se contengan propuestas de solución y no que se recopilen problemas torales, como se aprecia en la página 180 respecto a la televisión pública, donde no se concretan diversas problemáticas.

Finalmente, debe mencionarse que en la página 183 no se explica por que se está proponiendo la autonomía del INEGI, ya que no se define qué aspectos de la realidad nacional se pretenden difundir, y si bien no existe una ley de archivos públicos como tal, ya existe una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Y nada se discute a este respecto.

Por todo lo anterior, se considera que la presente investigación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1, inciso b) del Reglamento de la materia.

No obstante haber presentado la investigación terminada en un engargolado que a juicio de la autoridad no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1 inciso b), se verificó la documentación presentada por la agrupación, observándose lo que se indica a continuación:

Por lo que se refiere a la columna “Con Requisitos Fiscales” por $22,392.00, aun cuando la documentación presentada es original, con requisitos fiscales y a nombre de su agrupación, no tiene validez para efectos de la acreditación del gasto ya que la investigación presentada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.1, inciso b) del Reglamento de mérito.

En relación con la columna “Gastos no Susceptibles de Financiamiento” por $136,188.00, corresponde al pago de honorarios asimilables a sueldos al presidente de la agrupación por concepto “Coordinación de la Investigación”, como se indica a continuación:

De conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado por Alfredo Germán Delgado Lomelí, representante legal de la agrupación, y Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz, presidente de la misma, se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado, al coincidir el coordinador de la investigación y el presidente en la misma persona.

Esta circunstancia podrá ser considerada como una presunta desviación de los recursos provenientes del financiamiento  público cuyo fin sería obtener un beneficio o ventaja indebida.

Más allá de las facultades que por estatutos tienen los miembros de la agrupación, sus derechos no deben ir en ningún momento por encima de la ley. La importancia de que los recursos públicos no sean desviados para otros fines que los que establece taxativamente la norma, derivada de que en un estado constitucional, democrático y de derecho, los intereses públicos no deben entremezclarse ni confundirse con los intereses privados, ya que las funciones de carácter público no deben ser realizadas por quienes tengan intereses privados en ellas.

De igual forma, es obligación de las agrupaciones políticas nacionales, en términos de los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para las actividades de Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política y Tareas Editoriales.

Por lo antes expuesto, la autoridad no puede considerar susceptible de financiamiento la investigación “Ciudadanía Delimitación Conceptual y Situación en México” presentada por la agrupación al haber incumplido con los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento de mérito.

Lo antes citado fue notificado mediante oficio No. STCPPPR/247/05 de fecha 18 de febrero de 2005, recibido por la agrupación el mismo día.

Al respecto, con escrito de fecha 3 de marzo de 2005, la agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“B.- Aspectos vinculados a la presunta desviación de recursos.

En la página siete del Oficio y nuevamente en la página trece del mismo, ese Instituto afirma sin probar, como quedará demostrado a continuación, que ‘se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado’.

Para comenzar el análisis de esa grave acusación es importante acotar primeramente que de la lectura del Oficio se desprende que esas supuestas ‘conductas’ (así en plural) en realidad solamente es una.

Esa conducta consiste, de acuerdo al Oficio, en que ‘De conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado por Alfredo Germán Delgado Lomelí, representante legal de la agrupación, y Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz, presidente de la misma’ el coordinador de la investigación y el presidente (se entiende de la agrupación) son la misma persona.

La conducta, que según la incorrecta apreciación del Instituto ‘podría ser considerada como una presunta desviación de los recursos provenientes del financiamiento público cuyo fin es obtener un beneficio o ventaja indebida’, es perfectamente legal y, por ende, válida.

No existe disposición alguna en ley que prohíba, condicione o impida al presidente de la agrupación política nacional, en pleno ejercicio de su libertad de trabajo (garantía constitucional), que suscriba un contrato de prestación de servicios en su calidad de prestador de los mismos con la agrupación política nacional para elaborar una investigación. Cabe señalar que el prestador cuenta con la capacidad, preparación y conocimientos profesionales para desarrollar precisamente esa investigación.

Por otra parte, no existe disposición alguna en ley que prohíba, condicione o impida al representante legal de la agrupación política nacional, en cumplimiento de su objeto social, que suscriba un contrato de prestación de servicios en su calidad de receptor de los servicios con cualquier persona física o moral incluido el presidente de la agrupación política nacional. Cabe señalar que el prestador a quien se encargó la investigación en comento cuenta con la capacidad, preparación y conocimientos profesionales para desarrollar precisamente esa investigación.

Considerando lo anterior, es de mérito analizar la fundamentación y motivación, en que ese Instituto funda su temeraria acusación.

El oficio tiene defecto en su fundamentación

La fundamentación legal consiste en que los actos de molestia que prevé el artículo 16 constitucional deben basarse en una disposición normativa general, es decir que esta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. Por lo que no basta que la responsable invoque determinados preceptos legales para estimar que el Oficio esta debidamente fundado sino que es necesario que los preceptos invocados sean los precisamente aplicables al caso concreto, ya que de lo contrario se estaría en defecto en la fundamentación por parte de la autoridad responsable. De esta manera el artículo 16 de la Constitución obliga a que todo acto de autoridad –ya sea administrativa o jurisdiccional- debe estar debidamente fundado y motivado, lo que implica su concordancia con las disposiciones legales aplicables.

Señala ese Instituto, en las paginas ocho y decimocuarta, del Oficio que no puede considerar susceptible de financiamiento la investigación presentada por mi representada al haber incumplido con ‘los Artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1 inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento de mérito’.

A continuación procedo a analizar todas y cada una de las disposiciones que ese Instituto considera que mi representada ha incumplido para efectos de determinar cual de ellas prohíbe, condiciona o impide el que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación:

Artículo 35, párrafo 7 del COFIPE:

‘(...)

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

(...)’.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que esta disposición se vincula con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación.

Artículo 38, párrafo I, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del COFIPE:

Artículo 38

‘1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

b)                 Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(...)’.

Artículo 34

‘(...)

4. A las agrupaciones políticas nacionales le será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este Código”.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que mi representada incumple, en otras palabras, si por ejemplo se considera que las actividades de mi representada no se conducen dentro de los cauces legales es preciso señalar puntualmente qué ley y qué disposición en particular considera el Instituto que se ha infringido. De lo contrario mi representada se encuentra en estado de indefensión al no saber de que se le acusa, es decir, concretamente qué ley y qué disposición en particular ha infringido.

Artículo 2.1 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘Las actividades de las agrupaciones políticas nacionales que podrán ser objeto de financiamiento a que se refiere este Reglamento deberán tener como objetivo coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, entendida como la información, los valores, las concepciones y las actitudes que se orientan hacia el ámbito específico político y serán exclusivamente las siguientes:

(...)

c)                 Investigación Socioeconómica y Política. Con estas actividades se buscará la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos sobre los problemas nacionales y/o regionales que contribuyan, directa o indirectamente, a la elaboración de propuestas para su solución. Tales estudios deberán contener una metodología científica que contemple técnicas y análisis que permitan verificar las fuentes de información y comprobar los resultados.

(...)’.

No se entiende ni el Instituto explica dentro de su Oficio como es que esta disposición prohíbe, condicione o impide el que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar una investigación de las que se incluyen en el inciso b) de este Artículo.

Artículo 6.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘Para comprobar las actividades de investigación socioeconómica y política se deberá adjuntar lo siguiente:

I.                   La investigación o el avance de investigación realizado, que siempre deberá contener una metodología científica, y

(...)’.

Esta disposición se relaciona con los aspectos de la investigación que ya fueron tratados y solventados en el Apartado II del presente escrito, pero nada tiene que ver con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar la misma.

Artículo 7.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales

‘En caso de existir errores u omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos que presenten las agrupaciones políticas en los plazos establecidos, el Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión solicitará  las aclaraciones correspondientes y precisará los montos y las actividades específicas susceptibles de corrección”.

Esta disposición se relaciona con la razón misma por la que el Oficio fue emitido pero nada tiene que ver con el hecho de que mi representada suscriba un contrato de prestación de servicios con quien mejor le parezca, incluido el presidente de la Agrupación Política Nacional, para efectos de desarrollar la misma.

El Instituto Incurre en Falta de Motivación en su Actuar

En el Oficio, el Instituto no hace la debida adecuación de la norma en la que funda su actuar al caso específico planteado, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades del caso concreto para que éste encuadre dentro del supuesto de la disposición legal aplicada (que de por si es inexistente como ya se analizó).

A continuación es pertinente analizar la argumentación que el Instituto presenta para explicar cómo es que las acciones de mi representada encuadran en la violación de alguno de los siguientes supuestos normativos: Artículo 35, párrafo 7, 38, párrafo 1 inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b), 6.2, fracción I y 7.2 del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales.

Comienza su argumentación el Instituto señalando que los derechos que los miembros de una agrupación política nacional ejerzan no deben, en ningún momento, ir por encima de la ley. Cabe señalar que ese Instituto no sólo no señala en específico a que ley se refiere, ni a que disposición en particular se refiere, sino que sólo presenta un enunciado general. Dicho enunciado podría ser complementado señalando que los derechos que ejerzan, no sólo los miembros de una agrupación política nacional, sino todos los mexicanos no deben, en ningún momento ir por encima de la ley.

A continuación señala ‘La importancia de que los recursos públicos no sean desviados para otros fines que los que establece taxativamente la norma, derivada de que un Estado constitucional, democrático y de derecho, los intereses públicos no deben entremezclarse ni confundirse en los intereses privados; pues las funciones de carácter público no deben ser realizadas por quienes tengan intereses privados en ellas’.

Es un ejercicio completamente difícil, que no le correspondería a mi representada realizar, el adivinar como es que quiso el Instituto vincular las disposiciones ya señaladas mismas que fundamentan su temeraria acusación con el párrafo anterior.

Por una parte, señala, es importante que los recursos públicos no se desvíen para fines distintos a los que establece taxativamente la norma. El Artículo 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Artículo 2.1, inciso b), del Reglamento para el Financiamiento Público para las Agrupaciones Políticas Nacionales establecen que los recursos públicos que reciben las agrupaciones políticas nacionales pueden y deben dirigirse, entre otros fines, a la elaboración de investigaciones socioeconómicas y políticas. En el caso que nos ocupa esto es lo que sucedió, situación que el Instituto jamás pone en duda en el Oficio. No se entiende entonces, ni el Instituto explica, como es que se desvían recursos cuando se utilizan para el fin que la Norma establece de manera taxativa.

Por otra parte, la segunda parte del enunciado contiene una serie de argumentos sobre cómo se deben desarrollar las funciones de carácter público y de cómo los intereses públicos y privados no deben ser mezclados. Nuevamente, no se entiende ni se especifica como es que el Instituto considera, en el caso que nos ocupa, que alguna de las disposiciones en que fundamenta un supuesto incumplimiento de mi representada se vincula con sus valoraciones sobre la mezcla de los intereses públicos y privados.

Existe falta de fundamentación y motivación en el oficio

Es de concluir que existe falta de fundamentación y motivación en el oficio en términos de la jurisprudencia que se cita a continuación:

No. Registro: 203.143

Jurisprudencia

Materia(s): común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: VI.2o. J/43

Página: 769

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN”. (se transcribe).

La respuesta de la agrupación se consideró insatisfactoria ya que el prestador de servicios citado es Presidente de la agrupación política nacional Alternativa Ciudadana 21, A.C., por lo que se considera que se apartó del marco legal aplicable al haber destinado parte de sus recursos en la contratación de bienes y servicios con el C. Leopoldo Gabriel Sánchez Díaz y tratar de solicitar el reembolso por los gastos realizados, cuyo proveedor es un funcionario de nivel directivo en la propia agrupación política.

Lo anterior, en concordancia con la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su sesión de fecha 19 de diciembre de 2003, mediante la cual dictaminó y resolvió respecto del procedimiento disciplinario oficioso sobre el origen y la aplicación del financiamiento del Otrora Partido de la Sociedad Nacionalista, por hechos que se consideraron que constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado como P-CFRPAP 21/03 VS. PSN.

Conviene aclarar que en sesión del 15 de diciembre de 2003, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas aprobó el Dictamen relativo al procedimiento oficioso identificado con el número P-CFRPAP 21/03 vs PSN, en el que determinó declararlo fundado en relación con los hechos analizados en el considerando III del Dictamen de cuenta, por estimar, lo siguiente:

“III. En el presente apartado se procede al análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito, relativas a la presunta violación del marco legal aplicable por parte del entonces Partido de la Sociedad Nacionalista, al de sus recursos en la contratación de bienes y servicios con la empresa de carácter mercantil, constituida por funcionarios de alto nivel del propio partido político; en específico, por haber realizado, durante el ejercicio 2002, diversas operaciones de compra-venta de bienes y servicios con la persona moral denominada Desarrollo Integral de Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

(…)

Ahora bien, los hechos materia del presente procedimiento ya fueron del conocimiento de esta autoridad electoral en el procedimiento identificado con el número de expediente P-CFRPAP 09/02 vs. PSN. El Consejo General al resolver ese procedimiento determinó sancionar al Partido de la Sociedad Nacionalista por diversas irregularidades en relación con el origen y destino de sus recursos, relativas a los ejercicios 1999, 2000 y 2001; sin embargo, los mismos hechos siguieron sucediéndose a lo largo del ejercicio 2002”.

Conviene señalar que la H. Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, en su sentencia SUP-RAP-034/2003 y SUP-RAP-035/2003 ACUMULADOS, confirmó las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral al Partido de la Sociedad Nacionalista en el marco del procedimiento identificado con el número P-CFRPAP 09/02 vs. PSN.

En dicha sentencia se estableció lo siguiente:

“… es indispensable que las autoridades competentes conozcan la fuente y aplicación de los recursos de los partidos políticos y cuenten con necesarias facultades para controlarlos y vigilarlos efectivamente para evitar que los partidos políticos contraigan compromisos actuales o futuros contrarios al orden jurídico derivados de aportaciones con un origen dudoso o ilegítimo, o bien, desvíen los recursos provenientes del financiamiento público para obtener beneficios o ventajas indebidas.

(…)

Lo anterior es así, porque en un Estado constitucional democrático de derecho los intereses públicos no deben mezclarse ni fundirse con los intereses privados; máxime que por disposición constitucional los partidos políticos tienen el status de entidades de interés público. Considerarlos de otra manera, por ejemplo, tolerar la existencia de las llamadas empresas-partido, sería atentar contra un principio jurídico reconocido en Estados modernos, según el cual las funciones públicas en sentido amplio, que comprenden las funciones partidarias, no deber ser realizadas por quienes tengan un interés privado en ellas…

Además es obligación de los partidos políticos nacionales utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (relativas al derecho de los partidos políticos nacionales a disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 constitucional y de la invocada ley para garantizar que alcancen los fines constitucionales que tienen asignados)”.

Por lo anterior, una agrupación política, en tanto recibe financiamiento público no debe utilizar dichos recursos para que sus líderes obtengan ganancias a través de la prestación de servicios.

Conviene aclarar que las agrupaciones políticas se encuentran en libertad de adquirir con quien estime conveniente los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus tareas; sin embargo, el hecho de que los servicios adquiridos provengan de los mismos dirigentes de las agrupaciones podría configurar un fraude a la Ley, ya que  dicha conducta atenta contra los principios del Estado Democrático de Derecho, pues al utilizar su patrimonio en beneficio de sus líderes podría implicar la afectación del interés público.

Una posible consecuencia es que esta conducta produzca un resultado contrario a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) en relación con el artículo 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que las agrupaciones políticas deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus asociados a los principios del Estado Democrático y, en este caso, se está ante el supuesto de que la agrupación se apartó de los cauces legales al obtener la persona mencionada un beneficio personal con dinero público, o al intentar obtener el reembolso correspondiente por los trabajos realizados.

Asimismo, este Consejo General instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para dar vista a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, para que en el ámbito de su competencia determine lo que a su derecho proceda.

Cabe recordar que, la agrupación política nacional “Alternativa Ciudadana 21 A.C.” deberá reportar en su informe anual correspondiente al ejercicio 2004 la totalidad de los gastos realizados durante dicho ejercicio, incluidos aquellos que son considerados como no susceptibles de reembolso de conformidad con el presente dictamen.

Por otra parte, la agrupación señaló en su contestación que este Instituto afirma sin probar que se realizaron conductas en las que se mezcló el interés público con el privado; al respecto, es importante aclarar que dentro del procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios puede ocurrir que las agrupaciones políticas no acrediten dicho cumplimiento, incurran en errores o acusen falta de información. Para ello, se prevé en el artículo 7.2 del Reglamento aplicable la posibilidad de que sean presentadas las aclaraciones que solicite la autoridad y adicionalmente, este mismo artículo tiene la finalidad de otorgar a las propias agrupaciones políticas una garantía de audiencia, un derecho de defensa.

Debe precisarse que los requerimientos que se formulan en relación con el artículo 7.2 del Reglamento citado, no pueden constituir imputación alguna de hechos susceptibles de sanción, sino meras solicitudes de documentación, o advertencias de los errores en que se incurrió; pero, por otra parte, sí entrañan exigencias que implican el establecimiento de una obligación de satisfacer tales prevenciones, y que de no ser acatadas, lógicamente, pueden traducirse en que los importes reportados no sean susceptibles de financiamiento público, en términos similares a los esbozados en la sentencia SUP-RAP-029/2000, páginas 83 a 86.

Por lo antes expuesto el importe de $136,188.00, se consideró no susceptible de financiamiento público, al incumplir con lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 7, 38, párrafo 1, inciso a), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2.1, inciso b) y 6.2, fracción I del Reglamento de mérito.

Tareas Editoriales

El total de la documentación presentada en este rubro fue de $159,624.00, el cual se integró de la manera siguiente:

Se constató que los gastos citados fueron erogados en conceptos necesarios para la realización de este tipo de tareas, los cuales se detallan a continuación:

 Gastos Indirectos

El total de la documentación presentada en este rubro fue de $40,991.00, el cual se integró de la manera siguiente:

Se constató que los gastos citados fue erogado en conceptos que no se vinculan directamente con una actividad en particular, pero sí en lo general con las actividades objeto de financiamiento público, los cuales se indican a continuación:

Por lo antes expuesto y con base en la información presentada por la agrupación política nacional “Alternativa Ciudadana 21, A.C.”, las cifras finales, de acuerdo con los artículos 3.2, 3.3 y 7.6 del Reglamento de mérito, se encuentran clasificadas en gastos directos, indirectos y no susceptibles de financiamiento, como se indica a continuación:

Por otro lado, al analizar el importe de los gastos directos realizados en los rubros de Educación y Capacitación Política y de Tareas Editoriales, se observó lo siguiente:

En consecuencia, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 9.3 del Reglamento de la materia, que a la letra establece:

“Ninguna de las tres actividades a que hace mención el artículo 2 del presente Reglamento, podrá concentrar más del 66% de los gastos realizados por la agrupación política. Si la agrupación política nacional rebasara el porcentaje anteriormente previsto, sólo el 66% será susceptible de financiamiento público”.

Por lo tanto, una vez determinados los  gastos susceptibles de financiamiento, y aplicando lo establecido en el artículo 9.3 del Reglamento de la materia, las cifras quedan de la manera siguiente:

18.  Que producto de lo anterior, se presenta el informe correspondiente a las cifras que las Agrupaciones Políticas Nacionales acreditaron como erogaciones durante el ejercicio del año 2004, para la realización de actividades Editoriales, de Educación y Capacitación Política así como de Investigación Socioeconómica y Política, las cuales se describen a continuación:

19.  Que el artículo 9.3. del citado Reglamento establece que ninguna de las tres actividades a que hace mención el artículo 2 del mismo Reglamento, podrá concentrar más del 66% de los gastos realizados por la Agrupación Política. Si hubiera una Agrupación Política Nacional que rebasara tal porcentaje, únicamente el 66% será susceptible de financiamiento público. Por lo que corresponde detallar cual de los tres rubros de gastos directos de las Agrupaciones Políticas excedieron dicho límite.

20.  Que derivado del cuadro anterior, se concluye que 29 Agrupaciones Políticas Nacionales rebasaron el límite del 66%, por lo que en términos del citado artículo 9.3. del Reglamento de la materia, en el caso de tales Agrupaciones Políticas, únicamente se incluirá la cantidad límite para el cálculo del 40% del financiamiento público relativo a la parte proporcional para el ejercicio del 2005. Tales cifras límite aprobadas para cada Agrupación Política se describen en el cuadro siguiente: