RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-392/2022

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1]

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA[2]

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIADO: CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ ZAPATA, ROXANA MARTÍNEZ AQUINO Y JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ HUERTA

Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés[3]

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el recurso al rubro indicado, en el sentido de modificar el dictamen INE/CG729/2022 y la resolución INE/CG736/2022, respectivamente, por lo que hace al partido MORENA, para los efectos que se precisan en el presente fallo.

I. ASPECTOS GENERALES

(1)  Derivado de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de MORENA, correspondientes al ejercicio 2021, el Consejo General emitió la resolución INE/CG736/2022.

(2)  En dicha resolución le fueron impuestas diversas sanciones al partido político por la comisión de faltas por parte del Comité Ejecutivo Nacional[4], así como de los comités ejecutivos estatales[5] de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

(3) Inconforme con lo anterior, MORENA interpuso un recurso de apelación.

II. ANTECEDENTES

(4)  De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

(5) 1. Resolución INE/CG736/2022. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Consejo General emitió la resolución impugnada.

(6) 2. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el ocho de diciembre siguiente, MORENA interpuso un recurso de apelación ante la oficialía de partes del INE.

(7) 3. Acuerdo de escisión. El veintinueve de diciembre siguiente, esta Sala Superior mediante acuerdo de sala determinó, por un lado, asumir competencia para conocer las conclusiones relacionadas con: i) las faltas atribuidas al CEN; ii) las conclusiones sancionatorias 7.19-C9-MORENA-NY, 7.19-C10-MORENA-NY y 7.33-C19-MORENA-ZC, y iii) los agravios vinculados con la modificación a la información financiera una vez presentado el informe anual que se atribuyen al CEN y a los CEE,  por transferencias de éstos últimos al primero.

(8)  Y, por el otro, que las salas regionales de este Tribunal eran competentes para conocer de las irregularidades señaladas a los CEE[6] por lo que el medio de impugnación se escindió y reencauzó lo conducente.

III. TRÁMITE

(9) 1. Turno. Mediante acuerdo de quince de diciembre, el magistrado presidente turnó el expediente al rubro a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[7]

(10) 2. Radicación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en la ponencia a su cargo.

(11) 3. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda, declaró el cierre de instrucción y ordenó emitir el proyecto de resolución.

(12)4. Engrose. En sesión pública de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el proyecto presentado por el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue rechazado por mayoría de votos y, en consecuencia, correspondió la elaboración del engrose al Magistrado Indalfer Infante Gonzales.

IV. NORMATIVA APLICABLE

(13)El presente asunto se resuelve con base en las reglas legales aplicables para los medios impugnativos en la materia vigentes hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, las normas existentes antes de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés.

(14)Lo anterior, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, toda vez que el decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación (es decir, tres de marzo), en tanto que la demanda se presentó el veintitrés de febrero del año en curso.

V. COMPETENCIA

(15) Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación porque se controvierte el dictamen consolidado y la resolución, respectivamente, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Morena correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno del CEN y las inescindiblemente vinculadas.[8]

VI. PROCEDENCIA

(16)El medio de impugnación cumple con los requisitos para dictar una sentencia que resuelva el fondo de la controversia, conforme con lo siguiente:[9]

(17) 1. Forma. La demanda se presentó por escrito, consta el nombre y firma autógrafa de la parte actora; se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, los hechos y los agravios que se estiman pertinentes.

(18) 2. Oportunidad. El recurso se interpuso en tiempo, ya que los actos controvertidos se aprobaron el veintinueve de noviembre y fueron notificados al partido recurrente el cinco de diciembre, de ahí que el plazo de cuatro días para controvertir transcurrió del seis al nueve de diciembre.

(19)En consecuencia, si la demanda se presentó el ocho siguiente, se presentó dentro de los cuatro días que establece la Ley de Medios.

(20) 3. Legitimación y personería. El medio de impugnación fue promovido por MORENA por conducto de su representante partidista ante el Consejo General del INE.

(21) 4. Interés. Se satisface este requisito porque en los actos impugnados (dictamen consolidado y la resolución, derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno) le fueron impuestas diversas sanciones al recurrente que, en su concepto, le perjudican por lo que pretende que se revoquen.

(22) 5. Definitividad. Se cumple con este requisito, debido a que no procede algún otro medio de impugnación.

VII. PLANTEAMIENTO DEL CASO

1. Pretensión y causa de pedir

(23) La pretensión del partido actor es que se revoque el sentido de las conclusiones sancionatorias que impugna y se dejen sin efectos las sanciones impuestas.

(24)La causa de pedir la sustenta, en el hecho de que la autoridad responsable indebidamente lo sancionó a partir de: 1) un ilegal cambio de criterio en lo relacionado con los registros de extemporáneos de operaciones; 2) una indebida valoración de modificaciones en la información financiera en lo vinculado con transferencias entre los CEE al CEN sin causa que lo justificara; y, 3) en general, en una indebida fundamentación y motivación de las sanciones aplicadas, violación al derecho de audiencia, así como, en la valoración de la documentación o de la supuesta infracción acreditada.

2. Controversia por resolver

(25)En el presente caso, se cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en diversas conclusiones. En esos términos, el problema jurídico por resolver consiste en determinar si fue correcta la determinación de la autoridad fiscalizadora a partir de la cual sancionó al partido apelante.

3. Metodología

(26)Para una mayor claridad en el análisis de los agravios, estos serán agrupados conforme a las siguientes temáticas:

VIII. ESTUDIO DE FONDO

Tema 1. Transferencias entre los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional

(27)MORENA se inconforma de la indebida sanción e ilegal cambio de criterio respecto de las observaciones C10-MORENA-CEN y C11- MORENA-CEN del Dictamen Consolidado del Comité Ejecutivo Nacional relacionadas con modificaciones a su información financiera (préstamos entre los Comités Ejecutivos Estatales y el Comité Ejecutivo Nacional), así como en diversas entidades federativas.

(28)Las conclusiones que MORENA impugna en esta temática son las siguientes:

Contexto de la controversia

(29)La presente controversia tiene su origen en la revisión a la cuenta “Ingresos por Transferencia” subcuenta “Ingresos por transferencias de los Comités Ejecutivos Estatales (operación ordinaria)” al Comité Ejecutivo Nacional, así como de “Ingresos por Transferencia en Efectivo al Comité Ejecutivo Nacional”, atribuidos a MORENA.

(30)Las conclusiones que se impugnan en esta instancia tienen en común que la sanción al partido político obedeció a que realizó modificaciones a la información financiera una vez presentado su informe anual.

(31)De manera inicial, por una parte, la autoridad responsable destacó que, conforme a la normatividad, los partidos políticos pueden realizar transferencias con recursos locales al Comité Ejecutivo Nacional o Comités Estatales para su operación ordinaria, exclusivamente para el pago de proveedores y prestadores de servicios, así como, para el pago de impuestos registrados en la contabilidad local. Por ende, los ingresos por transferencia recibidos no se encuentran permitidos por la norma, debido a que serán destinados a un fin diverso al señalado.

(32)En otra, sostuvo que a partir de la revisión a la cuenta “Ingresos por Transferencia en Efectivo al CEN”, constató que MORENA omitió presentar las evidencias en las que comprobara que las transferencias realizadas por los Comités Ejecutivos Estatales fueron exclusivamente para el pago de proveedores, prestadores de servicios, para el pago de impuestos registrados en la contabilidad local y traspaso entre cuentas propias.

(33)Con base en estos elementos, la autoridad emitió los oficios de errores y omisiones en los que solicitó al sujeto obligado, en cada caso, realizar las aclaraciones pertinentes.

(34)Importa destacar que, en los Dictámenes Consolidados, se desprende en cada caso, que en el oficio de errores y omisiones la autoridad señaló los siguientes aspectos relevantes:

         Del análisis a los movimientos realizados en el periodo de corrección, se observó que el sujeto obligado canceló el saldo registrado inicialmente en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021, en la cuenta “Egresos por transferencias del CEE al CEN”.

         El concepto que utilizó el sujeto obligado para llevar a cabo la cancelación de los movimientos en comento es “FONDEO DE CAJA CHICA”; sin embargo, no fueron reconocidos como tales en la contabilidad, por lo que el partido canceló los egresos por transferencia en efectivo efectuados por los COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES en el periodo normal de operaciones al CEN y así como también los registros efectuados por el CEN en el rubro de egresos por transferencia en efectivo a los COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES, por lo que no era procedente las correcciones realizadas.

         En la contabilidad del CEN y en la de los CEE en periodo de corrección, el partido realizó diversos registros dando reversa tanto a los ingresos por transferencias enviados por los CEE al CEN, así como los egresos por transferencias del CEN a los CEE, por lo anterior, el gasto por concepto de sueldos y salarios, préstamos, pago de impuestos y fondeo de caja chica, que se tenía registrado inicialmente se disminuyó desde la contabilidad del CEN, por lo que al efectuar estas correcciones a estos rubros, los gastos se reportan ahora en el CEE como si dicho comité hubiera realizado los gastos y no el CEN.

         El sujeto obligado realizó la cancelación del registro contable por concepto de las transferencias en efectivo realizadas al CEN.

         Aun cuando el sujeto obligado llevó a cabo la cancelación del registro contable por concepto de las transferencias en efectivo realizadas al CEN, las salidas de recursos siguen reflejadas en los estados de cuenta bancarios, dado que el partido no realizó las devoluciones de recursos a los CEE.

(35)Ahora bien, como se expuso en párrafos anteriores, la autoridad analizó el informe y emitió el oficio de errores y omisiones (primera vuelta) y (segunda vuelta), en el que solicitó a MORENA presentar en el Sistema Integral de Fiscalización las aclaraciones correspondientes.

(36)En su análisis la autoridad responsable concluyó, en cada caso, que el sujeto obligado modificó la información financiera una vez presentado su informe anual, esencialmente, por las siguientes razones:

         El sujeto obligado manifestó que los movimientos señalados no correspondían a transferencias de recursos por parte de los CEE al CEN, sino que los flujos de efectivo observados corresponden a cuentas por cobrar por parte de los CEE, los cuales prestaron el recurso al CEN, y que éste realizó los gastos en beneficio del CEE.

         No afectó la cuenta de bancos, toda vez que, los recursos transferidos inicialmente de las cuentas bancarias de los CEE y que posteriormente el CEN haya efectuado la devolución de los mismos a las cuentas de los CEE, siguen firmes derivado de que los movimientos bancarios no sufrieron cambios, en consecuencia, se corroboró que el sujeto obligado compensó los ingresos por concepto de transferencias en efectivo de los CEE al CEN obtenidos durante el ejercicio sujeto de revisión, mismos que fueron identificados en los estados de cuenta bancarios del CEE, como depósitos provenientes de las cuentas bancarias del CEN.

         El partido realizó cambios importantes en la contabilidad, alterando el objeto de la operación inicialmente reportado, por los cuestionamientos realizados en los oficios de errores y omisiones respecto a la comprobación de las transferencias, modificando los registros reportados, reconociéndolos como préstamos entre sus CEE.

         La contabilidad es una técnica que refleja las operaciones que afectan económicamente a un ente y que generan información financiera que como principal finalidad permite a los usuarios de dicha información tomar decisiones; es por eso que, las inconsistencias a los registros contables y modificaciones sin justificación, alteran la esencia de la información que se produce y, en consecuencia, no pueden considerarse meras formalidades en el proceso de rendición de cuentas a las que están obligados los partidos políticos.

         Al ejecutar el proceso de revisión, esta autoridad parte de los registros contables que el partido realiza y basa sus procedimientos de revisión y observaciones atendiendo a la naturaleza contable de dichos registros. Por ende, los cambios sustanciales a estos, que en el caso particular corresponden a transferencias modificadas a préstamos entre comités alteran la información financiera que había sido aprobada por la persona responsable financiera del partido y el auditor externo que validaron al firmar el informe correspondiente.

Agravios

(37)La parte recurrente endereza sus argumentos en contra de las conclusiones 7.1-C10-MORENA-CEN y 7.1-C11-MORENA-CEN; no obstante, en diversos apartados del escrito de demanda, de manera expresa refiere que dichos argumentos se replican en aquellas conclusiones relacionadas con los Comité Ejecutivos Estatales por las que fue sancionado dicho instituto político por la misma infracción.[10] En esos términos, formula, en general, los siguientes argumentos:

         En lo que respecta a la conclusión sancionadora 7.1-C11-MORENA- CEN la autoridad fiscalizadora consideró que la observación realizada no fue atendida, al estimar que se realizaron cambios en la contabilidad después de presentar el informe anual, sin que tomara en cuenta que ya había quedado comprobado el origen y destino de los recursos involucrados.

         La autoridad únicamente fundó su sanción en considerar que se realizaron cambios importantes en la contabilidad alterando el objeto de la operación inicialmente reportada por los cuestionamientos realizados en los oficios de errores y omisiones.

         En el primer oficio de errores y omisiones la autoridad ya había atribuido el carácter de pasivo o cuenta por pagar (préstamo) a las transferencias realizadas y solicitó que se señalaran las pólizas que dieron origen al pasivo, por lo que, atendiendo a ello, se realizaron modificaciones y se identificaron las pólizas.

         En el segundo oficio de errores y omisiones la autoridad señaló que la respuesta era insatisfactoria, porque aun cuando se traten de ingresos que recibió el CEN y estuvieran conciliados en los registros contables de ingresos por transferencia, el partido no presentó el papel de trabajo solicitado en el que se detallaran los gastos realizados con dicho recurso, además señaló que en el periodo de corrección se realizaron registros dando reversa a los ingresos por transferencia enviados por los CEE al CEN, así como los egresos por transferencias del CEN a los CEE, por lo que el gasto por concepto de sueldos y salarios, prestamos, pago de impuestos, y fondeo de caja chica que se disminuyó desde la contabilidad del CEN, por lo que al efectuar las correcciones a estos rubros los gastos se reportan ahora en el CEE como si dicho comité hubiera realizado los gastos y no el CEN.

         No se cumplió con el derecho de audiencia y debido proceso, porque la autoridad debió pronunciarse de la presunta irregularidad de las correcciones contables para que el partido le explicara el motivo de sus actos, por lo que el partido no fue notificado ni prevenido respecto a que las modificaciones contables constituyeran una presunta alteración a la información financiera o que dichas correcciones desnaturalizaran las operaciones previamente reportadas.

         Se impuso una sanción excesiva del 5% respecto del monto involucrado de las conclusiones.

Decisión

(38)Los motivos de disenso que, en su conjunto, impugnan las conclusiones sancionatorias del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales relacionadas con la falta consistente en que el sujeto obligado realizó modificaciones a la información financiera una vez presentado su informe anual, resultan infundados.

(39)Es infundado el argumento porque sí se otorgó a MORENA la garantía de audiencia a través de los oficios de errores y omisiones. Tampoco le asiste la razón en cuanto a que fue indebida la falta atribuida a dicho instituto político.

Justificación

a. Violación al derecho de audiencia

(40)MORENA reclama de manera esencial que no le fue otorgada la garantía de audiencia, porque en su concepto, la autoridad responsable debió pronunciarse sobre su respuesta al notificarle el oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), dado que era el momento en el que debió informarle de la presunta ilegalidad de las correcciones contables.

(41)El motivo de disenso es infundado, porque contrario a lo que sostiene el partido recurrente, tanto en el Dictamen Consolidado como en el oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), la autoridad responsable sí tomó en consideración las manifestaciones que formuló MORENA en respuesta al oficio de errores y omisiones (primera vuelta).

(42)Lo anterior, pone de relieve que el Consejo General –en la resolución impugnada– señaló que en las conclusiones se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, ya que, al advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la resolución y en el que se detallan en las observaciones respectivas, se hizo del conocimiento del ente político los errores y omisiones técnicas detectadas. Esta presunción de legalidad no es destruida con enseguida se razona.

(43)Conforme a los elementos expuestos, se desprende que la autoridad responsable advirtió durante el periodo de correcciones que MORENA presentaba inconsistencias en su contabilidad:

         Respecto de los ingresos por transferencias enviados por los CEE al CEN, así como los egresos por transferencias del CEN a los CEE.

         Esto, debido a que dicho instituto político había cancelado o bien dado reversas a las cuentas relacionadas con los rubros de las transferencias de los CEE al CEN y a la inversa.

         Esta situación se hizo patente en el oficio de errores y omisiones (segunda vuelta) notificada al partido político respecto de las conclusiones 7.1-C10-MORENA-CEN y 7.1-C11-MORENA-CEN.

(44)En esos términos, no se advierte que se hubiera dejado en estado de indefensión al partido recurrente dado que la autoridad responsable sí le hizo saber las inconsistencias en la contabilidad relacionadas con las transferencias en efectivo.

(45)Además, debe destacarse que el propio instituto político tenía conocimiento de las inconsistencias debido a que en la respuesta al oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), el partido mencionó que no se trataban de transferencias en efectivo, sino que correspondían a flujos de efectivo denominados “préstamos”.

(46)Por lo anterior, se desestima el argumento de MORENA respecto a que no fue notificado ni prevenido de que las modificaciones contables pudieran constituir una presunta alteración a la información financiera.

b. Reclasificación contable

(47)MORENA sostiene que no es correcta la determinación de la responsable por la cual consideró que dicho instituto político había realizado modificaciones a la información financiera una vez presentado su informe anual.

(48)Lo anterior, porque estima que la autoridad estaba obligada a fundamentar y motivar por qué se afectaba la certeza al desconocer el origen y destino del recurso. Además, afirma que había quedado comprobado el origen y destino de los recursos involucrados, incluso la responsable atribuyó desde el oficio de errores y omisiones (primera vuelta) el carácter de pasivo o cuenta por pagar (préstamo) a las transferencias realizadas.

(49)El motivo de disenso es infundado, porque los argumentos que expone MORENA no logran derrotar la presunción de validez del acto de autoridad ni demostrar que la determinación de la autoridad responsable resulta contraria a la normatividad.

(50)Al respecto, es importante enfatizar que la causa por la cual MORENA fue sancionada en las conclusiones materia de estudio consistió en que ese instituto político realizó cambios sustanciales en su contabilidad relativos a transferencias modificadas a préstamos entre comités con lo cual se alteró la información financiera.

(51)En ese orden, MORENA parte de una premisa inexacta respecto a que la responsable atribuyó desde el oficio de errores y omisiones (primera vuelta) el carácter de pasivo o cuenta por pagar (préstamo) a las transferencias realizadas y, por lo tanto, podía modificar la contabilidad en ese sentido sin que ello representara alguna infracción en materia de fiscalización.

(52) De ahí que, carece de razón que realice afirmaciones dogmáticas o hipotéticas en torno a que la autoridad había reconocido una determinada operación realizada por el partido político.

(53)Contrario a ello, como se hizo referencia en el apartado anterior, la autoridad fiscalizadora observó en un primer momento que MORENA había realizado transferencias en efectivo entre comités (Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Estatal); posteriormente, advirtió que dicho instituto político manifestó, en la respuesta a los oficios de errores y omisiones (segunda vuelta), que no se trataban de transferencias en efectivo, sino que correspondían a flujos de efectivo denominados préstamos.

(54)De ello se sigue que MORENA alteró la información financiera, porque realizó cambios sustanciales en su contabilidad, de forma que las transferencias en efectivo fueron modificadas a préstamos entre comités.

(55)En este sentido, no le asiste la razón al partido cuando afirma que las correcciones contables no configuran una irregularidad en tanto que se puede conocer el origen y destino de los recursos en efectivo y en especie; porque su finalidad debe ser la de reflejar la correcta naturaleza de las operaciones, así como una información financiera confiable y veraz.

(56)En efecto, como se anticipó, el instituto político fue sancionado por los cambios realizados en su contabilidad, dado que, en un primer momento, informó sobre las transferencias en efectivo realizados por los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional y, en el periodo de correcciones, sostuvo que se trataban de préstamos entre comités.

(57)Precisamente, la irregularidad advertida por la responsable fue porque dicho instituto político realizó (motu proprio) el cambio en la contabilidad con posterioridad al informe anual, lo cual no era jurídicamente permisible.

(58)En consecuencia, el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado porque la responsable sustentó adecuadamente la falta cometida por el instituto político debido a que no era válido que modificara su contabilidad sin autorización previa del órgano fiscalizador.

(59)Al respecto, es necesario señalar que, de conformidad con el artículo 33, párrafo 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las aplicaciones en la contabilidad deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación.

(60)En consonancia, en el diverso 322, párrafo 1[19] de la citada normatividad, que establece que los sujetos obligados, por ningún motivo podrán presentar nuevas versiones de los informes sin previo requerimiento de la Unidad Técnica. Los cambios de los informes presentados solamente serán resultado de la solicitud de ajuste a los mismos hecha por la autoridad.

(61)En este orden, del análisis de los oficios de errores y omisiones no se advierte que la autoridad fiscalizadora hubiera requerido algún ajuste en la contabilidad del partido, como tampoco lo hace valer el partido recurrente.

(62)Por el contrario, la causa de la irregularidad partió de la base que MORENA había reportado en su informe el rubro de transferencias en efectivos de los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional, lo que motivó, por una parte, que se justificara el destino de los recursos y, en otra, el registro contable; sin embargo, derivado de las facultades de fiscalización de la autoridad advirtió que MORENA, motu propio, realizó modificaciones a la contabilidad en lo que atañe al rubro de transferencias.

(63)Efectivamente, MORENA realizó modificaciones a su contabilidad o en su caso, dio reversa en sus operaciones, específicamente, porque dicho instituto político canceló los egresos por transferencia en efectivo efectuados por los Comités Ejecutivos Estatales en el periodo normal de operaciones al Comité Ejecutivo Nacional, así como los registros efectuados por el Comité Ejecutivo Nacional en el rubro de egresos por transferencia en efectivo a los Comités Ejecutivos Estatales.

(64)Por lo que, es inexacto lo planteado por el partido, debido a que existe una base normativa que es la que establece una permisión para realizar ajustes o rectificaciones a la contabilidad, previo requerimiento de la autoridad fiscalizadora, lo que en el caso no aconteció dado que las modificaciones de las transferencias en efectivo a préstamos entre comité se realizaron, motu proprio, por MORENA.

(65)De esta manera, contrario a lo que pretende el partido apelante no puede dársele el carácter de una simple rectificación a las modificaciones que hizo en sus cuentas financieras.

(66)Cabe precisar que, como lo consideró la responsable, aunque los recursos transferidos inicialmente a las cuentas bancarias de los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional y de este a los Comités Ejecutivos Estatales, no habían sufrido movimiento dado que fueron compensados por los Comités Ejecutivos Estatales como préstamos, lo cierto es que, al realizar la cancelación de las transferencias en efectivo en su contabilidad, ello alteró la operación inicialmente reportada, la cual ya había sido informada.

(67)Es decir, la modificación sustancial a la contabilidad atendió a una naturaleza distinta de los recursos en efectivo conforme a los cuales llevó a cabo sus operaciones MORENA y la modificación de su contabilidad.

(68)Un argumento distinto implicaría no solo legitimar un uso discrecional de las operaciones contables de los institutos políticos, quienes podrían modificar su contabilidad con posterioridad al informe anual presentado —vulnerando lo previsto en el artículo 322 del Reglamento de Fiscalización—, sino que también se vería limitada la facultad de fiscalización de la autoridad en contravención a los principios de certeza y legalidad.

(69)Esto es, el adecuado entendimiento de la finalidad constitucional del sistema de fiscalización implica que los partidos políticos realicen un correcto ejercicio del financiamiento, por lo que, entre otras obligaciones, deben llevar la contabilidad de sus operaciones. Además, esta Sala Superior ha sostenido que la contabilidad de los partidos se desarrolla sobre una base de flujo de efectivo, respetando la partida doble, esto es, el cargo y el abono, lo cual también implica que respecto de un mismo bien y/o servicio, registren cada uno de los momentos contables por los cuales transite un concepto de ingreso o gasto, pues representan momentos económicos distintos[20].

(70)En esta misma línea, el Manual General de Contabilidad identifica los elementos o parámetros relacionados con los ingresos por transferencias:

(71)Sin embargo, ello no conlleva a que el partido tenga una permisión para modificar o cambiar los rubros de su contabilidad porque ello es en detrimento de la certeza de la información financiera. Esto, porque la misma normatividad establece los supuestos en los que proceden los ajustes y/o reclasificaciones, circunstancia que, como ha quedado en evidencia, no aconteció en el presente caso.

(72)En la especie, como se anticipó, el instituto político modificó de manera sustancial su contabilidad, sin previo requerimiento de la autoridad y una vez presentado su informe, con lo cual trasgredió la norma debido a que, para estar en condiciones de realizar ajustes, era necesario que así lo requiriera la autoridad fiscalizadora lo que en el caso no aconteció.

(73)En este orden de ideas, no le asiste la razón al instituto político respecto a que estaba en posibilidad de realizar las modificaciones en la contabilidad a partir de las respuestas a los oficios de errores y omisiones, por dos razones:

i.        La autoridad fiscalizadora en un primer advirtió inconsistencias en las transferencias en efectivo respecto de su finalidad, de ahí que, esto fue la razón por la cual le notificó el referido oficio; y

ii.      A partir del análisis a la respuesta del partido, la autoridad fiscalizadora advirtió que MORENA había cancelado las cuentas de las transferencias en efectivo, por lo que, requirió en el segundo oficio las aclaraciones respectivas.

(74)Finalmente, es relevante destacar que los oficios de errores y omisiones no constituyen una habilitación para que los partidos pueden alterar o modificar, de manera unilateral, su contabilidad, situación que aconteció con el ahora recurrente.

(75)Además, lo jurídicamente relevante es que existe una norma expresa que determina en qué momento y en qué condiciones se pueden realizar ajustes o reclasificaciones a la contabilidad, lo cual no ocurrió en el presente caso.

(76)Por otra parte, es intrascendente que el partido político refiera que se puede conocer el origen y destino de los recursos en efectivo y en especie, dado que, la autoridad responsable consideró que los recursos transferidos inicialmente de las cuentas bancarias de los Comités Ejecutivos Estatales al Comité Ejecutivo Nacional y de este a los Comités Ejecutivos Estatales, siguen firmes derivado de que los movimientos bancarios no sufrieron movimientos. Sin embargo, ello no excluye de responsabilidad porque la causa de la falta cometida fue por haber modificado la contabilidad.

(77)Es pertinente señalar que no resulta conforme a Derecho convalidar que los sujetos obligados pudieran realizar modificaciones motu proprio a su contabilidad, lo cual dificulta el trabajo de la autoridad fiscalizadora al momento de auditar.

(78)Así, al ejecutar el proceso de revisión, la autoridad fiscalizadora parte de los registros contables que el partido realiza y basa sus procedimientos de revisión y observaciones atendiendo a la naturaleza contable de dichos registros, por lo que los cambios sustanciales a estos, que en el caso particular corresponden a transferencias modificadas a préstamos entre comités, alteran la información financiera que había sido aprobada por la persona responsable financiera del partido y el auditor externo que validaron al firmar el informe correspondiente.

(79)En el particular, MORENA cambió sus registros contables en la información financiera una vez presentado el informe anual de 7 millones 223 mil 505 pesos y 512 millones 058 mil 844 pesos solamente en lo que respecta al Comité Ejecutivo Nacional, más las operaciones que fueron determinadas en las treinta y tres conclusiones sancionatorias detectas en las entidades.

(80)La relevancia de tal modificación es de la entidad suficiente para que la responsable, ante los movimientos, tenga que llevar a cabo un nuevo ejercicio de conciliación a fin de verificar los recursos, ya que un movimiento en la contabilidad afecta diversas cuentas.

(81)n el caso concreto, se presentan particularidades que evidencian una vulneración a los pilares sustanciales del Sistema de Fiscalización, en el que se privilegia la rendición de cuentas en forma cierta y expedita, como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(82)Es pertinente destacar que el partido político recurrente realizó cambios importantes en la contabilidad, alterando la naturaleza y el objeto de la operación inicialmente reportada, de la que partió la revisión de la autoridad y que, incluso, fue aprobado por la persona responsable de las finanzas del partido político y por el auditor externo; es decir, no se trata de simples ajustes o aclaraciones surgidas a partir de una observación de la propia autoridad y respecto de operaciones que no varían de naturaleza.

(83)Ahora, como se señaló, se considera que la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación, visualizando de manera correcta la naturaleza de la falta, los principios involucrados y el bien jurídicamente tutelado.

(84)En los últimos años la fiscalización expedita se ha ido consolidando y uno de los elementos fundamentales para hacerla posible consiste en que lo informado en cada etapa no puede modificarse, salvo que así lo solicite la autoridad, como lo prevé el artículo 290 del Reglamento de Fiscalización.

(85)Incluso, como ha quedado señalado, en el artículo 322, párrafo 1, del citado Reglamento se indica que los sujetos obligados, por ningún motivo podrán presentar nuevas versiones de los informes, sin previo requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que los cambios en los informes solamente serán resultado de la solicitud de ajustes a los mismos hechos por la autoridad, siendo que, en el caso, el sujeto obligado alteró la naturaleza de lo originalmente reportado.

c. Individualización de la sanción

(86)MORENA sostiene que la autoridad responsable lo sancionó con una falta de fondo, pero pasó por alto que el artículo 33, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización sí autoriza reclasificaciones, por lo que existe una falta de congruencia ya que no tomó en cuenta los argumentos que hizo valer en la respuesta al oficio de errores y omisiones (segunda vuelta) y la referida disposición si autoriza reclasificaciones.

(87)Se considera que no asiste razón al partido político apelante ya que, si bien no todas las conductas sancionadas como sustanciales representan un desconocimiento al origen, destino y aplicación de los recursos, la conducta infractora se actualiza con el simple hecho de modificar la contabilidad una vez que el informe fue entregado y sin autorización previa de la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo tanto, el hecho de que la norma reglamentaria autorice modificaciones a la contabilidad, MORENA no se encontraba en ese supuesto.

(88)En efecto, a partir de las facultades atribuidas constitucional y legalmente al Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización con motivo de la referida reforma, se redimensionó la importancia de la rendición de cuentas en la forma y plazos establecidos, a efecto de estar en condiciones de determinar, en el menor tiempo, la corrección de las operaciones registradas y tener un mejor control de lo reportado en los informes y lo detectado por la autoridad.

(89) En ese contexto, basta dejar de actuar en los términos que lo exige la normatividad para actualizar la infracción, como ocurre en el caso al modificar la contabilidad una vez que el informe fue entregado, de ahí que, contrario a lo alegado, resulta innecesario verificar si la reclasificación contable comprometió el origen y destino de los recursos.

(90)En efecto, como se señaló, no todas las sanciones sustanciales implican un desconocimiento del origen, destino y aplicación de los recursos, entre otras, se encuentra: el no registro de operaciones en tiempo real, la contratación con empresas que no están en el registro nacional de proveedores, la no presentación del archivo XML, la no presentación de la agenda de eventos, que dificultan la fiscalización expedita. Esta clasificación de faltas como sustanciales han sido confirmadas por esta Sala Superior en múltiples ocasiones.

(91)Es pertinente precisar que, contrariamente a lo aseverado por el recurrente, la conducta infractora no constituye una falta formal, sino que, como lo determinó la autoridad responsable, es una falta sustancial, ya que la modificación de la contabilidad una vez que el informe fue entregado actualiza la infracción.

(92)Así, si bien la autoridad responsable debe fundar y motivar suficientemente sus decisiones, no es conforme a Derecho imponerle la carga adicional de motivar si la conducta infractora (en sí misma) afectó un bien sustancial de la rendición de cuentas para que pudiera ser sancionada, máxime que en el caso, en términos de lo expuesto en el apartado previo, queda en evidencia la afectación del principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas derivado de las particularidades en que ocurrió la conducta infractora.

(93)Ahora, el motivo de agravio es ineficaz, porque en la resolución impugnada la autoridad responsable llevó a cabo la individualización de la sanción y, expuso los elementos que tomó en cuenta para imponer la sanción al instituto político respecto las conclusiones materia de estudio. Aunado a que, a raíz de las razones expuestas en el apartado anterior, en este caso, no puede hablarse de una rectificación como lo aduce el partido.

(94)Al respecto, es importante considerar que la calificación de la falta, como de forma o de fondo o sustancial, es solo uno de los elementos que el juzgador debe considerar al momento de individualizar la sanción a imponer, y consiste en determinar la calificativa que merece el incumplimiento a determinada norma, atendiendo a la trascendencia del bien jurídico tutelado, la naturaleza de la conducta susceptible de actualizar la hipótesis normativa, esto es, mediante una acción (tratándose de conducta prohibidas) o una omisión (en el caso de obligaciones de hacer), así como los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

(95)Además, el partido político únicamente se limita a señalar que se le sancionó con el 5% del monto involucrado, pero sin desarrollar argumentos tendentes a justificar su ilegalidad o inconstitucionalidad.[21]

(96)En las relatadas consideraciones, si la autoridad responsable determinó que la falta era sustancial e impuso como sanción el 5% del monto involucrado, se considera que esa decisión fue correcta en la medida que la falta fue de naturaleza sustantiva, porque se obstaculizaron las funciones de fiscalización y se pusieron en peligro los principios de transparencia y rendición de cuentas.

(97)Por lo anterior, se deben confirmar las conclusiones sancionatorias que fueron materia de estudio.

Tema 2. Cambio de criterio respecto de la sanción en los registros extemporáneos de operaciones

Agravio

(98)En este agravio MORENA controvierte, por un lado, el cambio de criterio en la sanción que correspondía a los registros extemporáneos de operaciones, esto es, de amonestación pública a multa; y, por otro, se duele de la falta de proporcionalidad, fundamentación y motivación en el nuevo criterio y los porcentajes que fijó la responsable para sancionar la extemporaneidad en dicho registro.

(99)En relación con el primer aspecto –cambio de criterio–, MORENA aduce que la autoridad sostuvo criterios muy distintos respecto de la “presunta gran trascendencia” en la transgresión generada por la omisión de reportar dentro de los 3 días posteriores a la operación en periodo ordinario.

(100)En los años 2017 a 2020 la autoridad había considerado que: 1) al registro extemporáneo de operaciones no le resultaban aplicables las sanciones previstas en el artículo 456, inciso a), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (multa, reducción de la ministración, pérdida de registro del partido) sino una amonestación pública, pues la gravedad de la falta no era de tal magnitud; 2) el registro de operaciones en tiempo real durante el periodo ordinario es una conducta que se encuentra sujeta a obstáculos materiales y logísticos que pueden dificultar su cumplimiento; e, 3) incluso cuando las operaciones son reportadas de manera posterior a los 3 días, generan un indicio de que los sujetos obligados buscaron una efectiva y plena rendición de cuentas.

(101)Ahora, en el 2021, el partido argumenta que la autoridad responsable de manera infundada razonó que sí era aplicable la sanción económica por afectar las facultades de la autoridad fiscalizadora.

(102)Para MORENA existe una deficiente motivación, porque la imposibilidad que tienen los partidos de subsanar la omisión de un registro y que ello derive de una observación de la autoridad, no debería ser una circunstancia agravante. Por el contrario, otorga válidamente una oportunidad al partido para subsanar y genera un indicio respecto a la voluntad de cumplir.

(103)Por otra parte, el partido sostiene que, aun cuando es válido que el Consejo General establezca un cambio de criterio en la imposición de una sanción –en términos de lo que habilita el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización–, ese cambió debió ser previo a la sesión y obedecer a una motivación reforzada. En este sentido, no cuestiona la facultad sancionatoria, sino su justificación, indebida motivación y el momento en que decidió implementarlo.

(104)Lo anterior, pues existe, en principio, un deber de actuar en concordancia con sus propios criterios y la obligación de garantizar su previsibilidad y la confianza legítima, ya que son estos los que permiten a los destinatarios de una norma conocer, de manera objetiva, general y abstracta a qué consecuencias se atendría en el caso de incumplir con alguna obligación específica.

(105)En virtud precisamente del principio de previsibilidad y confianza legítima, para MORENA lo razonablemente esperado era: 1) que el Instituto hubiera anunciado, de manera previa al inicio de sus labores de auditoría y fiscalización, los nuevos criterios de sanción que aplicaría; o, 2) en su caso, mantuviera una estabilidad previsible en sus actuaciones con la imposición de las sanciones en términos de los criterios previamente establecidos.

(106)Aunado a que, desde su visión, el cambio de criterio obedeció a una actitud premeditada de las y los consejeros, pues sabían que afectaría al partido y no optaron por alguna alternativa.

(107)En relación con el segundo aspecto de su agravio –falta de proporcionalidad del nuevo criterio– para el partido recurrente el nuevo criterio no es proporcional y genera incentivos perversos en el reporte extraordinario de las operaciones, al establecerse que la multa se fijará atendiendo al 1% del monto involucrado en el periodo normal; 5% en el periodo de corrección; y, 10% en el segundo periodo de corrección.

(108)En relación con la temporalidad considera incorrecto que el criterio diferenciado de la sanción basado al tipo de informe que se encuentra fiscalizando, ya que la gradualidad de la sanción debería atender a los días efectivamente transcurridos en el retraso del registro. Es decir, la graduación de la sanción debió obedecer al número de días que la operación tardó en ser registrada, ya que, a mayor número de días, mayor sería la afectación en las labores de fiscalización.

(109)Adicionalmente, afirma que se trata de parámetros totalmente arbitrarios, ya que el porcentaje se determinó sin ninguna motivación, ni fundamentación legal. Para el partido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no abunda, explica, ni motiva de manera reforzada por qué determinó asociar el monto de la multa con el monto involucrado en las operaciones extemporáneas; o bien, bajo qué parámetros estableció esos porcentajes. En su concepto, ello podría provocar que los partidos “pulverizarán” sus operaciones.

(110)Asimismo, el partido argumenta que el nuevo criterio no atiende a la trascendencia diferenciada que existe en el caso del registro extemporáneo de operaciones relacionadas con procesos comiciales y las que realizan los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades ordinarias.

(111)Por otra parte, MORENA refiere que en el nuevo criterio no se consideraron cuestiones que sí formaban parte de la individualización de la sanción en el criterio anterior, particularmente una valoración específica y continua sobre:

                     Las dificultades logísticas en el registro de las operaciones, por la magnitud del registro a nivel nacional.

                     El ánimo en la rendición de cuentas del sujeto obligado, y el carácter espontáneo de los registros.

                     Valorar la extemporaneidad a la luz de las circunstancias fácticas que rodean el caso.

                     Las conductas tendientes al cumplimiento de las obligaciones del sujeto obligado en materia de fiscalización, es decir, qué hizo para evitar la afectación al bien jurídico tutelado.

                     La existencia de elementos que hagan presumir que el sujeto obligado buscaba contravenir la norma en materia de fiscalización.

(112)Finalmente, el cambio de criterio no considera el impacto económico en las finanzas del partido y que fue oportunamente señalado por la Consejera Adriana Favela.

(113)Con base en lo anterior, MORENA solicita a la Sala Superior que revoque las conclusiones impugnadas y vincule al Instituto Nacional Electoral a la emisión de reglas claras y aplicables a futuros ejercicios, para valorar, revisar y, en su caso, sancionar la extemporaneidad de los registros contables, realizando las diferenciaciones por días de retraso y no por bloques.

Decisión

(114)Esta Sala Superior considera que son infundados los agravios relacionados con el cambio de criterio y la supuesta vulneración a los principios de confianza legítima; porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no tenía la obligación de prevenirlo sobre la manera en que sancionaría los registros extemporáneos, aunado a que, las sanciones que impone se basan en el estudio y valoración de las circunstancias de cada caso, sin que la imposición de determinada sanción en ejercicios previos por la misma conducta irregular pueda considerarse como un criterio vinculante.

(115)Asimismo, es infundado el agravio relativo a que el Consejo General no fundó y motivó por qué tomó cierta temporalidad, el monto involucrado y un porcentaje específico como parámetros al momento de individualizar la sanción, pues contrariamente a lo alegado, si llevó a cabo tal ejercicio.

Metodología

(116)Por razón de método, primero, se establece el marco jurídico vinculado con la imposición de sanciones por parte del Consejo General; posteriormente, se contestarán los argumentos de MORENA vinculados con el cambio de criterio de la sanción que correspondía a los registros extemporáneos de operaciones; y, finalmente, aquellos en los que se duele de la falta de proporcionalidad, fundamentación y motivación en el nuevo criterio y los porcentajes que fijó la responsable para sancionar la extemporaneidad en dicho registro.

Marco normativo

(117)El artículo 41, párrafo tercero, fracción II, penúltimo párrafo y Base V, apartado B, numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la Ley ordenará las disposiciones vinculadas con el control, fiscalización oportuna y vigilancia, de los recursos de los partidos políticos; así como, que corresponde al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y las candidaturas.

(118)En este sentido, en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución general, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció que en la Ley General de Partidos Políticos debería preverse un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos.

(119)Este sistema debería contender, entre otras, las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, así como las sanciones que deberán imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones.

(120)Como puede advertirse, el propio Poder Revisor de la Constitución previó la necesidad de establecer una regulación en torno la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y la imposición de sanciones para el incumplimiento de las obligaciones en esta materia.

(121)Ahora bien, es importante tener presente que la reforma constitucional de dos mil catorce, se dirigió a fortalecer la fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, a fin de vigilar el debido origen, uso y destino de los recursos de los institutos políticos; para ello, planteó la necesidad de que los mecanismos de fiscalización ingresaran a un esquema eficiente a través de la utilización de medios electrónicos, con la convicción de lograr un ejercicio racional y responsable en su uso.

(122)En esas condiciones, la reforma se orientó hacia la consecución de una gestión pública transparente y eficaz, por lo que la normativa electoral en materia de fiscalización tiene la lógica de potencializar el cumplimiento de las obligaciones de los institutos políticos, a través del Sistema Integral de Fiscalización y, a su vez, el control del gasto de recursos públicos utilizados por éstos en tiempo real para racionalizarlo, hacerlo eficaz y evitar su uso indebido, lo cual resulta aplicable a las operaciones que se realicen con el financiamiento ordinario, así como en el de campaña.

(123)Lo anterior, considerando que la finalidad del registro oportuno busca que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

(124)Es importante recordar que en la exposición de motivos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se señaló que se revolucionó el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos, precandidaturas y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia oportunos y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final.

(125)Con dicha reforma se establecieron los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación, el principio de máxima publicidad con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad, entre otros.

(126)Precisamente, en el marco de esta reforma, de los artículos 190, 191, párrafo 1, inciso g), 192, numeral 1, incisos d) y h), 199, párrafo 1, incisos y e), 456 y 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte lo siguiente:

                     La facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para realizar la fiscalización de los partidos políticos en los términos y conforme a los procedimientos previstos en dicha Ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. Esta facultad se ejerce a través de la Unidad y Comisión de Fiscalización.

                     Entre las facultades de la Unidad Técnica está la de recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; así como, presentar a la Comisión los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos.

                     En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, el Consejo General puede imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

                     Las infracciones por los partidos a las obligaciones en materia de fiscalización pueden ser sancionadas con: 1) amonestación pública; 2) multa de hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización; 3) la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 4) con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, y 5) cancelación de su registro [artículo 456].

                    Para la individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 1) la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 2) las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 3) las condiciones socioeconómicas del infractor; 4) las condiciones externas y los medios de ejecución; 5) la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 6) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones [artículo 458].

(127)Ahora bien, por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 60 prevé la existencia de un Sistema de Contabilidad para que los partidos políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y contables, así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse en un sistema informático que cuente con dispositivos de seguridad, y obliga a los partidos políticos a realizar los registros contables, relacionándolos con la documentación comprobatoria, la cual deberá corresponder con los   informes presentados.

(128)Es en este marco, y con esta finalidad constitucional y legal, se expidió el Reglamento de Fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral[22], determinándose en el artículo 38, párrafo 1 que los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por éste, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización.[23]

(129)Asimismo, en el párrafo quinto de dicho artículo se establece que el registro de operaciones fuera del plazo citado será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

(130)A partir de lo expuesto, se desprende que el Instituto Nacional Electoral emite y asume sus propios criterios y determinaciones respecto a la imposición de sanciones en el ejercicio de sus facultades en materia de fiscalización.

(131)En este ejercicio, está invariablemente constreñido a vigilar la conducta de los sujetos obligados y, cuando conozca de actos u omisiones que se traduzcan en una violación o incumplimiento a sus obligaciones, imponer las sanciones que correspondan según las circunstancias del caso.

(132)Derivado de lo anterior, si al analizar un caso concreto la autoridad administrativa impone determinada sanción por la comisión de una infracción específica, ello no significa que se ha establecido un criterio fijo e inamovible que necesariamente obligue a imponer la misma sanción cada vez que se tenga por acreditada la infracción, pues en cada caso deberá llevar a cabo el ejercicio de valoración de los parámetros previstos en la ley para individualizar la sanción respectiva.

(133)Asumir un criterio distinto implicaría desconocer la finalidad de las normas que obligan a valorar las circunstancias concretas de cada asunto para imponer la sanción que corresponda. Aunado a que, el sistema sancionador en materia electoral no es de carácter tasado.

(134)En congruencia con ello, la autoridad administrativa tampoco está obligada a anunciar con anticipación las sanciones que impondrá para cada infracción, pues aun cuando en uno o varios casos previos haya impuesto determinada sanción para una infracción concreta, ello no la exime de la obligación de valorar las circunstancias de los nuevos asuntos, en los cuales podrá imponer cualquiera de las sanciones que le autoriza la ley y debe entenderse que se encuentra en aptitud de imponer sanciones distintas si las circunstancias así lo justifican, sin que ello pueda interpretarse como un cambio de criterio.

(135)Por su parte, el partido sancionado estará en condiciones de impugnar la sanción que se le imponga en cada caso, para lo cual tendrá la carga de exponer argumentos para controvertir la valoración que haga la autoridad sancionadora de las circunstancias que rodean a cada asunto.

a. Indebido cambio de criterio

(136)Con base en el marco normativo señalado, esta Sala Superior considera que son infundados los agravios en los que MORENA cuestiona el indebido cambio de criterio con el que se sancionaba el registro extemporáneo de operaciones y que, en su concepto, trastocó el principio de confianza legítima; ello porque parte de una premisa incorrecta, al considerar que las sanciones que impone la autoridad deben ser analizadas como criterios fijos e inamovibles.

(137)En efecto, esta Sala Superior no puede acoger la pretensión de MORENA, porque implicaría reconocer que la sanción de amonestación constituía una sanción tasada e inamovible para el caso del reporte de operaciones extemporáneo en periodo ordinario; o bien, que la misma obedecía a un criterio general con consecuencias iguales para todos los supuestos, limitando la posibilidad del Consejo General de analizar cada caso a la luz de las circunstancias particulares que lo rodean, como establecen los artículos 456 y 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

(138)En el acto impugnado el Instituto Nacional Electoral determinó que procedía sancionar económicamente la infracción, una vez que revisó los informes de ingresos y gastos y advirtió que sistemáticamente los partidos políticos no están cumpliendo la obligación de registrar las operaciones en tiempo real, pues incluso en la presentación del dictamen se mencionó que era la tercera falta más cometida.[24]

(139)Derivado de lo anterior, sostuvo que, si bien esta conducta fue sancionada con amonestación pública en las resoluciones de los Informes Anuales de ejercicios anteriores, razonó que no se había logrado su efecto inhibitorio o disuasivo.

(140)De manera que, para lograr la función preventiva de las sanciones, decidió graduarla de manera más severa, esto es, en aquellos movimientos que mayor oportunidad de vigilancia permitiera a la autoridad realizar sus funciones (periodo normal) se sancionaría con 1% del monto involucrado; para aquellos casos en los que la fiscalización se viera prácticamente impedida por el registro extemporáneo (primer y segundo periodo de corrección), se aplicaría un criterio de sanción mayor, que va de un 5% del monto involucrado si el registro ocurrió durante el primer periodo de corrección y un 10% del monto involucrado para el segundo periodo de corrección.

(141)Así, contrario a lo que argumenta MORENA, la determinación del INE atendió a lo que detectó una vez que revisó los informes de ingresos y gastos y pudo evaluar la actuación de los partidos políticos. Ello es relevante porque existe un abanico inagotable de formas en las que las conductas se pueden desplegar, de manera que la autoridad está imposibilitada materialmente (además de que no está obligada) para determinar con anticipación a que ocurran, la forma en que se actualizarán las faltas. Aunado a que ello, inhibiría la posibilidad de valorar todos los factores que se presenten en cada caso.[25]

(142)En efecto, conforme con el marco normativo citado, queda claro que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para ejercer las funciones de fiscalización y sancionadora, no está obligado a hacer saber, de manera previa a los sujetos obligados, cuáles serán los “criterios de sanción” pues dentro de su ámbito de actuación, el INE tiene aptitud de interpretar las normas y de subsumir los hechos en ellas.

(143)Desde luego, esta autoridad no soslaya la necesidad de que los criterios de interpretación de normas que haga el Instituto tengan cierta regularidad y consistencia con los casos resueltos con anterioridad; pero no obliga a dicho órgano a hacerlos saber en forma anticipada a los justiciables, ni a mantenerlos indefinidamente, pues tiene también facultades para cambiar sus propios criterios, expresando las razones que le lleven a ello.

(144)Particularmente, el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un catálogo de sanciones que se podrán aplicar en caso de que un partido político cometa alguna de las infracciones previstas en la legislación electoral, las cuales se pueden graduar en función de las circunstancias de cada caso, sin que exista un sistema de sanciones tasadas o multas fijas en materia de fiscalización.[26]

(145)En ese tenor, es infundado que en el tema de sanciones por infracciones en la materia pueda hablarse de criterios novedosos, porque es la autoridad fiscalizadora garante del funcionamiento del sistema, quien atiende a las circunstancias del caso para la determinación de las sanciones, buscando también un efecto inhibitorio para la optimización del propio sistema, siempre y cuando éstas se encuentren fundadas y motivadas en cada caso.

(146)Cabe advertir que, respecto a las infracciones relacionadas con el financiamiento a los partidos políticos, no pudiera tampoco hablarse de un sistema tasado o de criterio de sanción fijos.27

(147)Como segunda cuestión, es importante destacar que respecto de las conclusiones impugnada MORENA no niega la comisión de las faltas y, en cambio, con su agravio busca evidenciar que la resolución está indebidamente fundada y motivada en la medida en que en ejercicios previos se había sancionado solo con una amonestación, alegando que, en todo caso, el nuevo criterio solo podría ser aplicado en futuros procesos electivos.

(148)Este planteamiento es infundado, primero, porque propiamente no se trata de un cambio de criterio sino una modificación en las circunstancias particulares que analizó la autoridad al individualizar la sanción; aunado a que, la incorporación del sistema de contabilidad en línea y las obligaciones de registro en tiempo real se instauró para todos los periodos fiscalizables, sin distinguir si el periodo es ordinario o está vinculado con el proceso electoral.

(149)Como se mencionó, la autoridad fiscalizadora impone sus sanciones a partir de la valoración de las circunstancias particulares de cada caso; razón por la cual, si en un determinado ejercicio se impuso cierta sanción (atendiendo a sus particularidades), ello no puede entenderse, necesariamente, como un criterio vinculante y aplicable en lo subsecuente.

(150)En consecuencia, se torna infundado que el partido recurrente pretenda la ilegalidad de una sanción a partir del señalamiento de que, en casos anteriores, con motivo de infracciones similares, la autoridad impuso una amonestación pública.

(151)Asimismo, es infundado que el criterio deba imponerse para posteriores ejercicios y únicamente en aquellos que guarden relación con los procesos electorales pues la obligación de registrar las operaciones en tiempo real y por medio del sistema de contabilidad en línea es un mandato permanente, siendo que el legislador no distinguió que su implementación estuviera exenta durante los periodos ordinarios.

(152)Al respecto, debe observarse que esta Sala Superior en el SUP-RAP- 207/2014, determinó que la obligación de registrar las operaciones en el sistema de contabilidad en línea en “tiempo real”, es constitucional.[27]

(153)También, se consideró que el plazo de tres días establecido en el artículo 38, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, tiene sustento en la propia Ley General de Partidos Políticos, y que debe considerarse razonable, debido a que los partidos políticos se encuentran sujetos a obligaciones que deben realizarse dentro del mismo plazo y guardar armonía con el registro de operaciones en el Sistema de Contabilidad en Línea, que la oportunidad que rige el sistema financiero de los partidos políticos constituye uno de los pilares del registro de operaciones en “tiempo real”, porque con ello se privilegia la rendición de información relacionada con los ingresos y egresos de los actores políticos, en forma oportuna y expedita, como lo dispone la Constitución general.

(154)Lo anterior, considerando que para cumplir con los compromisos establecidos en la ley en materia financiera, los partidos políticos deben implementar las medidas adecuadas que les permitan, contar con un órgano interno responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y un equipo encargado de su contabilidad, que de manera eficiente y profesional lleve a cabo las acciones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones que desde los planos constitucional y legal les han sido establecidas.

(155)En esa línea, los artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización prevé que los partidos políticos se encuentran sujetos a las obligaciones de registro de operaciones en tiempo real sin distinguir entre el financiamiento involucrado (ordinario, precampaña o campaña).

(156)En suma, esta Sala Superior considera que la responsable, al momento de individualizar la sanción, conforme a su facultad discrecional, valoró si la amonestación era eficaz para inhibir la conducta infractora, y concluyó, válidamente, que no se lograba la finalidad, pues la experiencia indicaba que los partidos continuaban cometiendo la misma falta y, además, que era una de las más comunes.

(157)Por tanto, se considera razonable que, ante situaciones concretas e identificables a lo largo del tiempo, la autoridad vaya verificando si la sanción a imponer logrará los fines disuasivos y, en caso de estimar que no será así, opte por una distinta.

(158)Lo anterior le da funcionalidad al sistema y permite que, ante el dinamismo con el que se lleva a cabo la fiscalización, las sanciones se ajusten, realmente, al comportamiento que van desplegando los partidos políticos, desde luego, ello siempre debe realizarse con la debida fundamentación y motivación.

(159)Por otra parte, resulta inoperante el agravio de MORENA en el sentido de que la determinación de sancionarlo pecuniariamente se fijó una vez que las consejerías advirtieron el posible impacto en el partido, con la finalidad de afectarlo, considerando que cuenta con más recursos. Ello porque es una afirmación genérica que no está dirigida a controvertir las consideraciones de la responsable, o bien, a demostrar que el partido político no cometió la falta.

(160)Finalmente, esta Sala Superior considera que tampoco le asiste la razón al partido político cuando afirma que el registro extemporáneo no afecta de manera sustancial los bienes jurídicos tutelados por el sistema en materia de fiscalización como en su momento, lo había determinado en ejercicios previos la autoridad responsable.

(161)En efecto, como reconoce el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, el reporte extemporáneo de las operaciones sujetas a fiscalización constituye una falta sustantiva,[28] porque con ese registro inoportuno y tardío se afecta el bien jurídico de certeza y transparencia en el origen y destino de los recursos.

(162)Por ende, la obligación de reportar operaciones en tiempo real obedece al modelo de fiscalización en materia electoral previsto precisamente con la reforma constitucional de dos mil catorce, puesto que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato.

(163)Incluso, ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que, si bien, en principio, el incumplimiento a la obligación de registrar en tiempo real las operaciones no implica el ocultamiento de los gastos realizados o los ingresos recibidos, tal como lo advierte el recurrente, lo cierto es que sí se traduce en una falta que incide de forma directa en los principios de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos, puesto que, dificulta a la autoridad fiscalizadora electoral realizar la tarea de verificar el origen, así como correcto manejo, y el destino de los recursos que recibió el apelante, lo cual obstruye la labor fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral.

(164)En apoyo a lo anterior, se cita la razón esencial contenida en la jurisprudencia 9/2016 de este Tribunal Electoral, de rubro INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA, en términos de la cual, el registro fuera de tiempo de la información que deberá someterse a fiscalización, actualiza un daño directo a la  rendición  de  cuentas  y  a  la  transparencia,  que permiten conocer oportunamente, el uso dado a los recursos partidistas para fines proselitistas.

(165)Así, a juicio de esta Sala Superior no es posible otorgar otro calificativo a las conclusiones sancionatorias de referencia, como lo pretende el recurrente, porque el registro extemporáneo de operaciones es una falta de fondo que implica una vulneración sustantiva a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.

b. Falta de proporcionalidad del nuevo criterio, así como falta de fundamentación y motivación en la fijación del parámetro para sancionar los registros extemporáneos

(166)Se considera que son infundados los conceptos de agravio que hizo valer el partido político apelante respecto al método de individualización de la sanción, particularmente, en lo relativo a que el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral consideró, como elementos cardinales para definir la pena pecuniaria a imponer, la temporalidad y el monto involucrado de las referidas operaciones, fundando y motivando adecuadamente su decisión, conforme se expone a continuación.

(167)En primer orden, es relevante tener presente las razones de hecho y de Derecho que la autoridad responsable expuso para justificar la aplicación de las consecuencias jurídicas que impuso a MORENA en las referidas conclusiones, en el entendido que las consideraciones emitidas por la autoridad fiscalizadora fueron idénticas en cada una de esas conclusiones, variando únicamente el monto de las sanciones a imponer.

(168)Para la imposición de la sanción, la autoridad responsable analizó lo previsto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización, y tomó en cuenta las particularidades del caso —el tipo de infracción, circunstancias de tiempo, modo y lugar; forma de comisión (intención o culpa); trascendencia de las normas trasgredidas; valores o bienes jurídicos violentados (gravedad de la falta); singularidad o pluralidad de las faltas, y reincidencia—,así como el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral, y el criterio establecido en la sentencia emitida en el recurso SUP-RAP-05/2010, así como la “capacidad económica” del partido sancionado.

(169)Derivado de lo anterior, el órgano fiscalizador decidió calificar la falta como grave ordinaria, en términos de los siguientes elementos:

-          Tipo de infracción. La consideró como de omisión.

-          Circunstancias de tiempo, modo y lugar. i) Precisó el número de operaciones registradas fuera en tiempo real; ii) señaló que surgió durante la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del ejercicio de dos mil veintiuno; y iii) precisó que se actualizaron en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.

-          Comisión. Consideró de culpa, ya que la autoridad responsable señaló que no contó con elemento probatorio que le permitiera deducir la intención del partido obligado.

-          Trascendencia de las normas transgredidas. Determinó que MORENA violentó el artículo 38, numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización, ya que incurrió en una falta sustancial, al haber generado un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados y una afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación.

-          El órgano fiscalizador razonó que la no rendición de cuentas impidió una revisión clara del origen, monto, manejo, destino y aplicación de los recursos de manera oportuna y de forma integral.

-          En ese orden de ideas, la autoridad responsable expuso que se vulneraron los principios de certeza, transparencia y legalidad en la rendición de cuentas; siendo el primero de ellos un valor fundamental del Estado Constitucional Democrático de Derecho, ya que el incumplimiento en el que incurrió MORENA impidió que se verificara de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos.

-          Los valores o bienes jurídicos (gravedad de la falta). El Consejo General del Instituto Nacional Electoral razonó que la violación a los principios de legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas se tradujo en una falta de resultado, ya que se causó un daño directo y real al referido bien jurídico tutelado.

-          Sobre este elemento de evaluación para la individualización de la sanción, la autoridad fiscalizadora expuso que contribuyó a agravar el reproche, ya que la infracción generó una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad respectiva.

-          La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Precisó que se trató de una singularidad de la falta, de carácter sustantivo o de fondo.

-          Reincidencia. Derivado de la documentación analizada, la autoridad responsable expuso que MORENA no es reincidente respecto a la conducta en estudio.

(170)En otro orden de ideas, por lo que hace a la imposición de la sanción el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral estableció que a tal fin tomaría en cuenta la infracción cometida, así como las agravantes y atenuantes, para imponer una sanción proporcional a la falta cometida.

(171)Derivado de lo anterior y del análisis del financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral, los saldos pendientes de pago; así como la posibilidad de hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos, la autoridad responsable coligió que el partido obligado tenía capacidad económica para cumplimentar la sanción pecuniaria.

(172)Al contar con capacidad económica suficiente, y en relación con los elementos objetivos y subjetivos, así como el monto involucrado, el órgano fiscalizador procedió a la imposición de la sanción, para lo cual tomó en cuenta el momento en el que se registraron cada una de las operaciones esto es, periodo ordinario, primer periodo de corrección o segundo periodo de corrección y un porcentaje del monto involucrado 1% (uno por ciento), 5% (cinco por ciento) y 10% (diez por ciento) .

(173)Por lo que, en cada caso, la autoridad responsable impuso una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a MORENA.

(174)De lo reseñado, se advierte que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que la actuación irregular del instituto político apelante consistió en una conducta culposa; que se tradujo en una falta de resultado, la cual generó daño directo a los bienes jurídicos tutelados y surgió por la omisión de MORENA de registrar sus operaciones en tiempo real; lo que demoró la actuación de la autoridad responsable para verificar, de manera oportuna e integral, el uso y ejercicio de los recursos del partido político. Aunado a que se trató de una conducta singular y respecto de la cual, según el órgano fiscalizador, no existe reincidencia; por lo que la irregularidad fue calificada como grave ordinaria.

(175)Por otra parte, al individualizar la sanción, en cada caso, la autoridad responsable precisó la cantidad monetaria involucrada en las referidas conclusiones, para después señalar de forma directa que el monto de la pena pecuniaria a imponer en cada caso se configuraría conforme al desfase temporal en el que el partido político registró cada operación.

(176)En este apartado la autoridad valoró la capacidad económica del infractor, considerando que la falta se calificó como grave ordinaria, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, concluyendo que se trata de una falta sustantiva, que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones y el plazo de revisión del informe anual correspondiente, que no existió reincidencia, el monto involucrado en cada conclusión y la singularidad de la conducta.

(177)En ese marco, en cada conclusión de las cuestionadas por el partido político se determinó la siguiente sanción:

(178)Al respecto, se considera que la autoridad responsable formuló diversos argumentos para calificar la falta e imponer la multa, los dos factores determinantes que dirigieron al órgano fiscalizador a fijar la cantidad monetaria de sanción en cada conclusión fueron los siguientes: i) el desfase temporal con el que actuó el instituto político, ii) en relación con el monto de las operaciones registradas extemporáneamente.

(179)Así, los criterios de sanción que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso en las conclusiones controvertidas fueron los siguientes:

(180)Precisado lo anterior, como se adelantó, resultan infundados los conceptos de agravio, ya que la obligación cuyo incumplimiento se tuvo por acreditado se encuentra en el marco de las finalidades buscadas en la reforma constitucional y legal de dos mil catorce, además se estima que el actor en sus disensos parte de bases equívocas respecto a los pilares y finalidades que rigen el sistema de fiscalización.

(181)Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 41, párrafo tercero, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución federal refiere que la Ley ordenará las disposiciones vinculadas con el control, fiscalización oportuna y vigilancia, de los recursos de los partidos políticos.

(182)En este mismo sentido, en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución federal, publicado en el DOF el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció lo siguiente:

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

…

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral;

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos;

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate;

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior;

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral;

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general;

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones.

(183)Como puede advertirse, el propio Poder Revisor de la Constitución previó la necesidad de establecer una regulación en torno la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

(184)Ahora bien, es importante tener presente que la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, se dirigió a fortalecer la fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, a fin de vigilar el debido origen, uso y destino de los recursos de los institutos políticos; para ello, planteó la necesidad de que los mecanismos de fiscalización ingresaran a un esquema eficiente a través de la utilización de medios electrónicos, con la convicción de lograr un ejercicio racional y responsable en su uso.

(185)En esas condiciones, la reforma se orientó hacia la consecución de una gestión pública transparente y eficaz, por lo que en términos de la reforma citada, la normativa electoral en materia de fiscalización tiene la lógica de potencializar el cumplimiento de las obligaciones de los institutos políticos, a través del SIF y, a su vez, el control del gasto de recursos públicos utilizados por éstos en tiempo real para racionalizarlo, hacerlo eficaz y evitar su uso indebido, lo cual resulta aplicable a las operaciones que se realicen con el financiamiento ordinario, así como en el de campaña.

(186)Lo anterior, considerando que la finalidad del registro oportuno atiende a un cumplimiento y revisión de la obligación y no ex post, consiste en que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

(187)Es importante recordar que en la exposición de motivos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se señaló que se revolucionó el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos, precandidaturas y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia oportunos y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final.

(188)Con dicha reforma se establecieron los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas, el principio de máxima publicidad con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad, entre otros.

(189)Por su parte, en el artículo SEGUNDO transitorio, fracción I, inciso g), numerales 6 y 7, del Decreto de la reforma constitucional en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció que en la ley general que regule a los partidos políticos, se debía establecer un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que debería contener al menos, entre otros aspectos, los siguientes:

         La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general.

         La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral

(190)Así, en cumplimiento al referido mandado constitucional, en los artículos 59, párrafo 1, 60, párrafos 1 y 2, 64 y 65 de la Ley de Partidos, se establece lo siguiente:

         Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la propia Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.

         Los partidos harán su registro contable en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización.

         Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien, únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica.

         En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través de la Unidad Técnica pague la totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por el partido en la etapa de campaña, la Unidad Técnica tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el uso exclusivo de las chequeras.

         Para el caso de que el partido político opte que el Instituto, a través de la Unidad Técnica, pague únicamente la propaganda en vía pública, se utilizará una cuenta para tal fin cuya chequera será exclusiva de la autoridad.

(191)Ahora bien, es en ese marco y finalidad constitucional y legal que se expidió el Reglamento de Fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral[29], determinándose en el artículo 38, párrafo 1 que los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por éste, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización[30], asimismo, en el párrafo quinto de dicho artículo se establece que el registro de operaciones fuera del plazo citado será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.

(192)Al respecto, debe observarse en esta Sala Superior en el SUP-RAP-207/2014, determinó que la obligación de registrar las operaciones en el sistema de contabilidad en línea en “tiempo real”, es un mecanismo que encuentra sustento en los artículos Transitorio Segundo, fracción I, inciso g), párrafos 1 y 2, del Decreto de reformas constitucionales publicado en el DOF el diez de febrero de dos mil catorce; 191, párrafo 1 incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 60, párrafos 1, inciso j), y 2; y 61, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos; y de ahí que su implementación no puede considerarse contraria a la Norma Fundamental o que sea ilegal.

(193)Asimismo, se consideró que el plazo de tres días establecido en el artículo 38, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, tiene sustento en la propia Ley de Partidos, y que debe considerarse razonable, debido a que los partidos políticos se encuentran sujetos a obligaciones que deben realizarse dentro del mismo plazo, y que deben guardar armonía con el registro de operaciones en el Sistema de Contabilidad en Línea, que la oportunidad que rige el sistema financiero de los partidos políticos constituye uno de los pilares del registro de operaciones en “tiempo real”, porque con ello se privilegia la rendición de información relacionada con los ingresos y egresos de los actores políticos, en forma oportuna y expedita, como lo dispone la Constitución federal.

(194)Lo anterior, también considerando que para cumplir con los compromisos establecidos en la ley en materia financiera, los partidos políticos deben implementar las medidas adecuadas que les permitan, además de contar con un órgano interno responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, contar a la par con un equipo encargado de su contabilidad, que de manera eficiente y profesional lleve a cabo las acciones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones que desde los planos constitucional y legal les han sido establecidas.

(195)Así, se estima que el actor en sus disensos parte de bases equívocas respecto a los pilares y finalidades constitucionales y legales que rigen el actual sistema de fiscalización, entre los cuales, como se indicó se encuentra el cumplimiento de las obligaciones de los institutos políticos, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y a su vez el control del gasto de recursos públicos utilizados por éstos en tiempo real para racionalizarlo, hacerlo eficaz y evitar su uso indebido.

(196)Lo anterior, resulta aplicable tanto a las operaciones que se realicen con el financiamiento ordinario, así como en precampaña y campaña, por lo que sus argumentos en cuanto a que debe atenderse a los tiempos de revisión, respecto a cada uno de dichos informes, resultan infundados, dado que la figura de registro en tiempo real, que deriva del marco constitucional, opera por igual y en la misma temporalidad para todos los periodos, adicionalmente a que se relaciona con la revisión que tiene que realizar la autoridad fiscalizadora, es decir dicho mecanismo atiende al cumplimiento efectivo de la obligación, la cual es revisada por la autoridad.

(197)Cabe indicar que el actor en sus agravios se limita a indicar que la autoridad pretende ampliarse los tiempos de revisión y se limita a dar opciones de sanciones sin controvertir en realidad lo determinado por la responsable, obviando el recurrente que lo que se busca precisamente con el cumplimiento de la obligación es que la autoridad fiscalizadora, como órgano garante del adecuado funcionamiento del sistema de fiscalización, cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio - sea en periodo ordinario o de campaña-, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados, que en el caso de la revisión del periodo de mérito fueron ochenta sujetos obligados, tanto del ámbito local como federal[31], cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, cuestión que la propia autoridad argumentó en la resolución controvertida y que el actor no combate frontalmente, sin que tenga tampoco relación alguna el hecho de que manifieste que se conoce el origen y destino de las operaciones.

(198)Ello, porque lo que se sanciona con la infracción no es la ilicitud de las operaciones, sino que se incumple con un mecanismo que permite dotar de contenido la reforma constitucional de dos mil catorce, que generó una revisión simultánea y no ex post tanto en la revisión de periodo ordinario como de campaña, en sintonía con los artículos 59 y 60 de la Ley General de Partidos Políticos, los sujetos obligados son responsables de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, mismo que entre sus diversas características tiene el generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

(199)En efecto, al actualizarse la omisión de realizar registros contables en tiempo real, se vulneran los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos, lo que ha sido considerado por la Sala Superior constitutivo de una falta sustantiva, debido a que se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

(200)En cuantos a los motivos de inconformidad relacionados con la imposición de la sanción como criterio novedoso, son infundados porque las sanciones que impone la autoridad responsable a los sujetos obligados con motivo en cada ejercicio se basa en la valoración de las circunstancias particulares de cada caso, sin que ello puede entenderse como un criterio fijo o tasado que necesariamente será aplicable cada vez que se acredite la infracción, además que la determinación de la autoridad está debidamente fundada y motivada, y sus consideraciones no se contrargumentan por el recurrente.

(201)Ahora bien, en el acto impugnado el Instituto Nacional Electoral determinó que procedía sancionar económicamente la infracción, una vez que llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos y gastos y advirtió que sistemáticamente los partidos políticos no están cumpliendo la obligación de registrar las operaciones en tiempo real, incluso en la presentación del dictamen se mencionó que era la tercera falta más cometida.

(202)Derivado de lo anterior, sostuvo que si bien esta conducta fue sancionada con amonestación pública en las resoluciones de los Informes Anuales de ejercicios anteriores, se considera que no ha logrado el efecto inhibitorio o disuasivo por parte de los sujetos obligados en el registro extemporáneo de sus operaciones, que minimicen o inhiban infringir la normatividad, motivo por el cual se ponderó graduarlo de manera más severa, esto es, 1% del monto involucrado para operaciones en periodo normal; un criterio de sanción mayor, de un 5% para operaciones en el primer periodo de corrección y un 10% del monto involucrado para el segundo periodo de corrección, toda vez que la fiscalización se ve prácticamente impedida por cumplir de manera extemporánea con la obligación de reportar las operaciones en tiempo real.

(203)La determinación del Instituto Nacional Electoral atendió a lo que detectó una vez que revisó los informes de ingresos y gastos y pudo evaluar la actuación de los partidos políticos. Esto es relevante porque existe un abanico inagotable de formas en las que las conductas se pueden desplegar, de manera que la autoridad está imposibilitada materialmente (además de que no está obligada) para determinar con anticipación a que ocurran, la forma en que se actualizarán las faltas.

(204)Ahora bien, desde sede legislativa se prevé un rango razonable de sanciones que permita a la autoridad competente adecuarlas a cada caso, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, todas aquellas circunstancias que permitan hacer un ejercicio de individualización, y así cumplir con los parámetros constitucionales respectivos.

(205)Lo anterior genera una facultad para la autoridad en la calificación de la gravedad de cada conducta sancionable y la correspondiente individualización de la sanción, lo que implica que debe dar cuenta de los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico se suscitan, así como de los motivos y razonamientos jurídicos en que se apoya la determinación particular de la sanción, en atención al principio de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Constitución, lo que aconteció en el caso.

(206)Así, el régimen sancionador electoral federal prevé un sistema que exige un ejercicio de apreciación o ponderación por parte de la autoridad en la elección de la sanción aplicable a cada caso[32].

(207)Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sirvió de fundamento para la determinación de las sanciones, establece las sanciones siguientes:

Articulo 456

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(208)En ese tenor el precepto transcrito establece un catálogo de sanciones que se podrán aplicar en caso de que un partido político cometa alguna de las infracciones previstas en la legislación electoral, las cuales se pueden graduar en función de las circunstancias de cada caso, sin que exista un sistema de sanciones tasadas en materia de fiscalización.

(209)Así, la sanción debe determinarse a partir de elementos específicos, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala cuáles son las sanciones a los partidos políticos por la comisión de infracciones[33], y en cada caso se atiende a la gravedad de la falta para la imposición de la sanción.

(210)Del artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierten los elementos que la autoridad fiscalizadora debe considerar para individualizar la sanción en cada caso; parámetros consistentes en: i) circunstancias de tiempo, modo y lugar; ii) condiciones socioeconómicas; iii) condiciones externas y los medios de ejecución; iv) reincidencia; v) monto, beneficio, lucro, daño o perjuicio.

(211)Así, la autoridad fiscalizadora está obligada a graduar e individualizar la sanción, de acuerdo con las circunstancias en que fue cometida la falta, la capacidad económica y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión, conforme a los parámetros y criterios previamente establecidos en ley[34] y la jurisprudencia de esta Sala Superior.[35]

(212)Derivado de lo anterior, si al analizar un caso concreto la autoridad administrativa impone determinada sanción por la comisión de una infracción específica, ello no significa que se ha establecido un criterio fijo e inamovible que necesariamente obligue a imponer la misma sanción cada vez que se tenga por acreditada la infracción, porque en cada caso deberá llevar a cabo el ejercicio de valoración de los parámetros previstos en la ley para individualizar la sanción respectiva. Asumir un criterio distinto implicaría desconocer la finalidad de las normas que obligan a valorar las circunstancias concretas de cada asunto para imponer la sanción que corresponda.

(213)En ese tenor, es infundado que en materia de sanciones por infracciones en la materia pueda hablarse de criterios novedosos, porque es la autoridad fiscalizadora garante del funcionamiento del sistema en materia de fiscalización, quien atiende a las circunstancias del caso para la determinación de las sanciones, buscando también un efecto inhibitorio para la optimización del propio sistema, siempre y cuando éstas se encuentren fundadas y motivadas en cada caso.

(214)Cabe advertir que respecto a las infracciones relacionadas con el financiamiento a los partidos políticos, no pudiera tampoco hablarse de un sistema tasado o de criterio de sanción fijos[36], dado que el cumplimiento de las obligaciones de la materia no puede ser objeto de “planeación” por parte de los sujetos obligados para medir el impacto que podrían tener económicamente, porque implicaría que en esa dimensión se estaría hablando no de una planeación sino de propiciar incentivos perversos como la búsqueda de la evasión de responsabilidades que busca los mayores beneficios.

(215)Debe tenerse presente que las obligaciones en esa materia no admiten flexibilización, porque de otra manera se atentaría contra la adecuada rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos[37].

(216)A partir de lo anterior, los alcances del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, deben interpretarse sistemáticamente como parte del modelo de fiscalización. Debe observarse que, si bien el numeral 5 de la referida disposición señala que el registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del referido artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la disposición no obliga a la autoridad a definir el criterio de sanción de forma previa al ejercicio que se revisará y mucho menos a notificarlo a los partidos con esa anticipación.

(217)Por el contrario, la interpretación más acorde para dotar de funcionalidad al modelo de fiscalización y darle plena vigencia a la rendición de cuentas, lleva a concluir que, al analizar las particularidades del caso concreto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe fundar y motivar las razones por las cuales procede imponer determinada sanción y no otra, y con ello se cumple la obligación de individualizar la sanción, considerando además que la finalidad de la imposición de sanciones, es cumplir una función preventiva general dirigida a los sujetos obligados para inhibir las conductas antijurídicas, y de esta manera el infractor de la falta se abstenga de volver a incurrir en la misma, lo que incluso se razona en la resolución impugnada y no se controvierte frontalmente por el recurrente.

(218)Ahora, del examen de los razonamientos que la autoridad responsable expuso al imponer la respectiva pena pecuniaria en las referidas conclusiones, se considera que, en la especie, se justifica que la responsable hubiera establecido un elemento diferenciador, a partir de la temporalidad del retraso en que incurrió el partido político al momento de registrar la operación y de la espontaneidad en el que finalmente se registra una operación que se dejó de inscribir en tiempo real en el en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en términos de lo dispuesto en el 38, párrafos 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización.

(219)Esto es, tiene explicación, aplicar un factor que se incrementa según el momento en que se lleva a cabo el registro, dado que no es idéntico el escenario que se presenta cuando el partido político, aun cuando fuera del plazo previsto en el Reglamento para registrar las operaciones en tiempo real, lo lleva a cabo motu propio y sin mediar requerimiento o actuación por parte de la autoridad fiscalizadora, toda vez que en este supuesto el sujeto infractor decide voluntariamente cumplir la norma aunque extemporáneamente.

(220)En cambio, cuando el registro de la operación por parte del partido político se realiza derivado del primer oficio de errores y omisiones, al mediar requerimiento o señalamiento por parte de la autoridad, se advierte que no es espontánea la conducta del partido, por lo que existe razonabilidad en que la sanción sea incrementada.

(221)Asimismo, para cuando se lleve a cabo el registro de la operación media el segundo oficio de errores y omisiones adquiere también razonabilidad que se incremente todavía más la sanción, en función de que se aprecia que existió cierta reticencia por parte del partido político para cumplir con su obligación.

(222)En los tres supuestos mencionados es evidente que se incurrió en una infracción a la norma al haber dejado de reportar en tiempo real las operaciones.

(223)En ese sentido, el aspecto de temporalidad resulta justificado como un elemento definitorio para la graduación de la sanción ante el desfase en el registro de las operaciones fuera del tiempo real, ya sea de manera espontánea dentro del ejercicio respectivo, o bien, en alguna de las etapas de errores y omisiones.

(224)Ante tal situación, en el caso, el parámetro utilizado por la autoridad para graduar la sanción mediante determinado porcentaje dependiendo de la etapa en que se registra la operación fuera del tiempo real (antes del oficio de errores y omisiones; con motivo del primer oficio de errores y omisiones y hasta después del segundo oficio de errores y omisiones) se encuentra debidamente fundado y motivado en proporción a la afectación que pudiera tener la actuación de la autoridad fiscalizadora para la verificación oportuna e integral de las operaciones registradas de manera extemporánea.

(225)En distinto orden, se considera que, respecto de la decisión de tomar en cuenta como elemento determinante el monto involucrado en tales operaciones extemporáneas a fin de graduar la sanción correspondiente, de igual forma, la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente tal decisión, en virtud que estableció los razonamientos jurídicos y fácticos que justificaran tal forma de imponer la pena económica, máxime si se tiene en consideración que la infracción consiste en el reporte extemporáneo de las operaciones contables en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

(226)Así, en la resolución y dictamen consolidados materia de impugnación existen razonamientos y elementos para constatar la regularidad jurídica de tomar en cuenta de manera preponderante el monto involucrado en la imposición de la reducción de las ministraciones que se impuso a MORENA.

(227)Así, en términos de lo previsto en los artículos 458, párrafo 5, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 338, párrafo 1, inciso g), del Reglamento de Fiscalización, se advierte que el considerar el monto involucrado es una cuestión optativa y facultativa, al individualizar la sanción, para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

(228)Lo anterior porque en ambos enunciados normativos el legislador, legal y reglamentario, utilizó el término “en su caso” en lugar de disponer directamente “deberá considerar” en el ejercicio de la individualización de la sanción, respecto al factor del “monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones”, por lo que válidamente la autoridad fiscalizadora puede tomar en consideración el monto involucrado, tal como lo hizo en el caso, de manera fundada y motivada.

(229)Al respecto resulta ilustrativa la razón fundamental de la tesis V.1o.25 P, de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, de rubro “PENA PECUNIARIA. CUANDO SU IMPOSICIÓN SE ESTABLECE COMO FACULTAD DISCRECIONAL, EL JUZGADOR DEBE MOTIVARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)[38]” en la que se prevé que, en el caso de delitos en los que la disposición jurídica no establezca de forma directa la imposición de una sanción económica, el órgano jurisdiccional penal tiene la facultad discrecional de optar por imponer o no la pena pecuniaria, lo que se colige de la palabra “podrá”, utilizada por el legislador y no la diversa “deberá”.

(230)Aunado a que, en el caso, se trata de irregularidades que están relacionadas con cumplimientos extemporáneos en el registro contable de las operaciones lo cual se vincula de forma directa con un entorpecimiento a la función fiscalizadora de los órganos del Instituto Nacional Electoral.

(231)Así, la circunstancia relativa a que el monto involucrado es un elemento que no necesariamente debe tomarse en consideración, se constata a partir de que en otros casos la autoridad optó por imponer sanciones de naturaleza diferente, incluso de índole no económica.

(232)Aun cuando no existe impedimento para cambiar el tipo de sanción, ni para imponer sanciones pecuniarias, porque ello es facultad de la autoridad administrativa electoral, tal situación implica que la responsable deberá de motivar el por qué se debe tener en cuenta el monto involucrado en infracciones en las que no está en duda cuál fue el uso, destino y aplicación del recurso, ya que lo imputado es sólo la tardanza o extemporaneidad en el registro de operaciones que se debieron llevar a cabo en tiempo real. Tal como lo hizo en el caso.

(233)En ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede adoptar el criterio de sanción que impondrá conforme a las circunstancias fácticas y jurídicas que concurren de forma particular en cada asunto, así como con la finalidad de generar un efecto inhibitorio y de disuasión en los sujetos de infractores, por lo que se ha considerado que resulta jurídicamente adecuada la determinación de imponer una pena pecuniaria en lugar de una amonestación respecto de las operaciones registradas fuera del plazo previsto reglamentariamente.

(234)Es igualmente relevante que la determinación que asuma la autoridad fiscalizadora sobre los factores o elementos (tardanza y ánimo en el cumplimiento y/o monto involucrado) en que se basa para la imposición de la pena, necesariamente debe de colmar los requisitos de fundamentación y motivación, en términos de lo previsto en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(235)Así, es pertinente tener en consideración que la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, son precisamente los órganos especializados en la materia de fiscalización y, por ende, quienes cuenta con todos los insumos técnicos necesarios para explicar y justificar, en todo caso, por qué en la pena que se debe imponer a las conductas que dificultan la oportunidad con la que deben realizar su labor de verificación de origen, aplicación y destino de los recursos, es jurídicamente válido y razonable tomar en consideración el monto involucrado.

(236)Por lo que, si el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral justifica y expone las premisas en las que se sustenta la determinación de tomar en cuenta, como un componente significativo y crucial, el monto involucrado para imponer la sanción pecuniaria, respecto de las operaciones reportadas inoportunamente, entonces la resolución sancionatoria, en este aspecto, se puede calificar como un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, al tiempo que tampoco existen elementos para verificar que la imposición de la pena sea adecuada, proporcional, eficaz y ejemplar, conforme se mandata en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución general.

(237)Al caso, es pertinente destacar que al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-331/2016 y acumulado, la Sala Superior de este Tribunal Electoral confirmó un criterio similar de sanción al que ahora se analiza y que fue implementado por la autoridad fiscalizadora al revisar las operaciones reportadas fuera del tiempo real durante las campañas electorales de los procesos electorales de dos mil quince-dos mil dieciséis (2015-2016).

Tema 3. Incorrecta individualización de la sanción respecto de las faltas calificadas como “leves”.

(238)En este rubro, MORENA impugna las siguientes conclusiones

Agravio

(239)MORENA aduce una indebida fundamentación y motivación respecto de la multa que le impuso la responsable por setenta y seis faltas formales; pues, en su concepto, al haberse calificado con tal carácter, la autoridad responsable debió evidenciar, con base en un ejercicio de ponderación, por qué en el caso no era aplicable una amonestación o, en su caso, la imposición de una multa solo por 10 Unidades de Medida y Actualización[39].

(240)Lo anterior, ya que fue el propio INE quien reconoció que las faltas señaladas de modo alguno obstaculizaron la labor de fiscalización. A partir de ello, el partido señala que la sanción no fue proporcional ni idónea, aunado a que la autoridad en ningún momento consideró las circunstancias concretas que rodearon el caso para el efecto de realizar una correcta graduación de la sanción.

Decisión

(241)Esta Sala Superior considera que el agravio es infundado, porque al analizar las circunstancias particulares de cada una de las faltas, concluyó que era necesaria la imposición de una sanción de carácter pecuniario.

Justificación

(242)No le asiste la razón a MORENA, pues ha sido criterio de esta Sala Superior que las sanciones deben imponerse atendiendo a las circunstancias que rodean cada infracción en lo particular, bajo el arbitrio de la autoridad responsable. Dicho de otra manera, la sanción debe tener correspondencia con las particularidades o aspectos intrínsecos de la falta, considerando cuestiones como, por ejemplo, la cantidad de faltas cometidas o la finalidad disuasiva o preventiva de la sanción.[40]

(243)Del análisis de la resolución impugnada se advierte que la responsable, por cuestión de método y para facilitar su estudio, agrupó por temáticas las irregularidades encontradas. En este sentido, respecto de las 76 (setenta y seis) faltas en cuestión,[41] al estimar que todas obedecían a un carácter formal, procedió a analizar las conclusiones correspondientes en conjunto.

(244)Sin embargo, esta autoridad advierte de la resolución impugnada que la autoridad fiscalizadora sí describió cada una de las conclusiones referidas, asentando el tipo de falta que constituían, esto es, acción u omisión, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

(245)Posteriormente, procedió a asentar los demás elementos necesarios para calificar las faltas -en su conjunto-, como lo son: la trascendencia de las normas transgredidas; los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas, y si se trataba de conductas reincidentes.

(246)En concreto, en el apartado relativo a la trascendencia de la normativa transgredida, la responsable consideró que las conductas infractoras observadas en la revisión del informe en cuestión, por sí mismas constituyen meras faltas formales, porque con tales infracciones no se acreditaba el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

(247)Finalmente, concluyó que las faltas debían calificarse como leves, en síntesis, porque existía una ausencia de dolo por parte de instituto político y, adicionalmente, porque las violaciones acreditadas derivaron de una falta de deber de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados, más no su afectación como tal.

(248)Así, al contar con los elementos necesarios, procedió a la imposición de la sanción que, en el caso, acorde al estudio en conjunto que venía desarrollando por cuestión de método, dada la concurrencia en la naturaleza de las faltas y sus circunstancias, determinó que la sanción consistente en multa de hasta diez mil UMAS, era la idónea para cumplir una función preventiva general y fomentar que el sujeto obligado se abstuviera de incurrir en las mismas faltas en ocasiones futuras.[42]

(249)Lo anterior, tomando en cuenta la capacidad económica del sujeto obligado, así como los criterios de proporcionalidad y necesidad aplicables conforme a lo dispuesto por el artículo 458, numeral 5, de la LGIPE.

(250)Así, impuso una sanción de índole económica, consistente en sancionar con 10 (diez) UMAS por cada una de las faltas formales cometidas, cuya sumatoria total no excedió lo dispuesto por el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la referida Ley, tomando en cuenta, además, su capacidad económica, conforme a los criterios de proporcionalidad y necesidad.

(251)De esta forma, contrario a lo que sostiene el recurrente, se estima que la responsable analizó las circunstancias concretas de cada falta, pues siguiendo un método de estudio de las faltas que favoreciera su entendimiento y economía en su exposición, las agrupó como formales y en esa misma lógica de concurrencia de elementos, realizó el análisis de individualización de la sanción.

(252)Sanción que, en la especie, como ha quedado precisado, se considera idónea, pues mediante su imposición se cumple con la función preventiva general, a la vez que se fomenta que el sujeto obligado se abstenga de incurrir en las mismas faltas en ocasiones futuras; asimismo, es proporcional y necesaria, porque se fijó tomando en cuenta diversos elementos para ello, entre los que se encuentran, como ya se dijo, la capacidad económica del partido y la trascendencia de la normativa transgredida.

(253)En efecto, en concepto de esta Sala Superior, las omisiones en las que incurrió el recurrente representan un daño indirecto a los principios rectores de transparencia y certeza en la rendición de cuentas, ya que ponen en peligro la adecuada revisión de los recursos provenientes del erario, lo que da lugar a una sanción.

(254)En términos de lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado B, inciso a), párrafo 6, de la Constitución general, y 32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, de la LGPP, corresponde al INE la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, por ello, la autoridad administrativa electoral realiza un complejo proceso de auditoría que comprende diversas etapas de revisión, comprobación e investigación, con la finalidad de conocer la veracidad de los ingresos y egresos reportados por los sujetos obligados.

(255)Sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo en óptimas condiciones y se rinda cuentas a la sociedad, es indispensable que los partidos políticos y candidatos se apeguen a los plazos, formatos y requisitos contables o fiscales previstos en la ley, así como los reglamentos aplicables, para la presentación de sus informes.

(256)En el caso, las conductas de omisión atribuidas a MORENA impidieron que la autoridad fiscalizadora se desempeñara apropiadamente, obstaculizando su actividad, pues ésta no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejo de lo reportado; por lo que la actividad fiscalizadora se vio entorpecida, lo que configuró un riesgo consistente en el inadecuado control de los recursos lo que contribuyó a agravar el reproche.

(257)La responsable, al calificar las faltas que se analizan, advirtió que la omisión de reportar ingresos y egresos, así como la no presentación de documentos y formatos establecidos como indispensables, dificultó la labor fiscalizadora, lo que, a su vez, se tradujo en una inadecuada rendición de cuentas por parte del sujeto obligado.

(258)También, señaló que aun cuando no se vulneraron directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, finalmente, el órgano técnico de fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados, lo cierto es que las referidas omisiones y entregas extemporáneas constituyeron faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, situación que no debe pasarse por alto.

(259)Cabe precisar que las irregularidades detectadas no son una exigencia con el propósito de cumplir un formalismo técnico, sino que constituyen elementos sobre cómo se ejercen los recursos públicos, ya que los partidos políticos son administradores de recursos para el cumplimiento de ciertas obligaciones constitucionales y legales.

(260)Por ejemplo, haber omitido reportar el listado de límites de aportaciones, los proveedores con los que contrató, así como omitir presentar los programas anuales de trabajo, tanto de actividades específicas como de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, no son cuestiones menores, sino que generan duda respecto de la obligación de comprobar.

(261)Informar veraz y oportunamente en el informe anual las cifras de ingresos y egresos utilizados, representan la base de la fiscalización, por lo que no se trata de un error insignificante su indebido registro o la omisión de hacerlo, asimismo, respecto de los programas anuales de trabajo su exhibición ante la autoridad configura un aspecto fundamental para el cumplimiento de sus fines como lo es la participación del pueblo en la vida democrática por cuanto hace a las actividades específicas, o bien, el empoderamiento de la mujer y su inclusión en la vida política.

(262)Lo anterior, demuestra que las omisiones atribuidas, en efecto, vulneraron el principio de transparencia y el adecuado control de rendición de cuentas, razón por la cual debe confirmarse la falta de acatamiento a la normativa electoral en materia de fiscalización.

(263)Por otra parte, en cuanto a que el Consejo General del INE no detalló de forma puntual porqué prefirió como sanción la consistente en una multa y no la amonestación, a efecto de imponer una sanción gradual que correspondiera con la calificación formal de las faltas, se considera que no le asiste la razón al partido recurrente, porque la elección de la sanción a imponer debe ser acorde con la finalidad perseguida, esto es, fomentar que el sujeto obligado se abstenga de incurrir en las mismas faltas en ocasiones futuras.

(264)Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido en casos similares que resulta viable imponer como sanción una multa de hasta diez mil UMAS, según la gravedad de la falta. Ello implica que es razonable y proporcional que ante infracciones calificadas como leves se impongan multas menores, sobre todo si para la autoridad responsable la amonestación pública sería una medida insuficiente para desincentivar conductas que complejizan el adecuado desarrollo de su función fiscalizadora.[43]

(265)Además, no debe perderse de vista que la responsable, si bien, impuso una multa total -global- respecto de todas las faltas calificadas como leves, ello le siguió a una imposición particular de cada falta leve que, al final, en conjunto, no excedió de lo dispuesto por el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE.

(266)En conclusión, este órgano jurisdiccional considera que la imposición de la sanción por las faltas calificadas de formales sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues, además de los razonamientos vertidos en la resolución impugnada, del dictamen consolidado se advierte el origen o motivo de la irregularidad (motivación) y, se precisan una a una las normas legales o reglamentarias vulneradas (fundamentación), por lo que la autoridad responsable cumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución general.

(267)Por tanto, ante lo infundado del agravio que formula MORENA, se considera que las conclusiones sancionatorias deben confirmarse.

Tema 4. Observaciones cuya clasificación como “gastos sin objeto partidista” fueron ilegales.

(268)En lo vinculado con este tema, MORENA controvierte las siguientes conclusiones:

Marco normativo

(269)Para el análisis del presente agravio, resulta necesario establecer el marco normativo relacionado con el alcance de “objeto partidista” reconocido por la jurisprudencia de la Sala Superior, al interpretar la Constitución general y las leyes en la materia.

(270)En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, base I, de la Constitución general, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

(271)De igual manera, de la base II del mismo artículo se tiene que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con financiamiento público para llevar a cabo sus actividades, y señalará las reglas a las que deberán sujetarse.

(272)Como ha reconocido esta Sala Superior, el financiamiento público se encuentra conformado por los recursos económicos, bienes y servicios que el Estado otorgue a los partidos políticos para que realicen las funciones y cumplan con los fines constitucionalmente previstos, el cual puede darse: i) de manera directa, mediante la entrega de recursos para la realización de actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas, o ii) indirecta, mediante el otorgamiento de otras prerrogativas, como tiempos en radio y televisión, las franquicias postales o telegráficas, o la exención de impuestos, de entre otras.[44]

(273)En el artículo 25 de la LGPP se establecen las distintas obligaciones que tienen los partidos políticos, específicamente en los incisos k) y n) se establece que deberán permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la documentación que se les requiera con respecto a sus ingresos y egresos para ejercer las facultades de fiscalización, y aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

(274)Asimismo, en el artículo 335, párrafo 1, inciso f), del Reglamento de Fiscalización, se señala que los pronunciamientos, resultado de la revisión de los informes, se realizarán sobre, de entre otros, el objeto partidista del gasto en términos de la LGPP.

(275)En ese sentido, los partidos están constreñidos a destinar el financiamiento que reciban atendiendo a los fines para los cuales se les entrega, entonces, cualquier destino distinto a tales rubros debe sancionarse.

(276)Por ende, válidamente se puede concluir que falta del objeto o fin partidista se actualiza cuando de la documentación contable soporte de los gastos no es posible advertir el beneficio o vínculo con el partido político, conforme con el artículo 25, párrafo 1, inciso n), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece una limitante al uso de los recursos públicos y privados, consistente en la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

(277)No existe una definición legal ni reglamentaria del concepto de “gasto sin objeto partidista”; no obstante, la autoridad fiscalizadora electoral, así como la doctrina judicial que ha emitido este Tribunal, han delineado los aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista o no,[45] que son, de manera enunciativa y no limitativa: a) el tipo de financiamiento del que derivó el gasto; b) el vínculo con las actividades del partido político y su respectiva comprobación; c) el beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación, y d) el cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

(278)Por tanto, los gastos sin objeto partidista son aquellas erogaciones que, estando debidamente acreditado el origen y destino de los recursos, su aplicación y beneficio no se encuentre directamente vinculado con alguna de las actividades de un partido político.[46]

(279)De manera general, MORENA argumenta que, para determinar si se incurrió en un indebido gasto sin objeto partidista, debe sustentarse en elementos objetivos y verificables. Es decir, la autoridad administrativa debió demostrar que la documentación presentada por los sujetos obligados resultaba “insuficiente” para acreditar las actividades vinculadas a sus fines, cuestión que, en su concepto, no ocurrió.

(280)En este punto, MORENA aduce que, aunque la autoridad fiscalizadora le requirió para el efecto de que presentara evidencia “razonable” en relación con ciertos gastos, nunca justificó qué debía entenderse por razonable. Dicho esto, MORENA considera que respecto de cada conclusión sí presentó la evidencia necesaria para vincular un gasto con su objeto partidista. A continuación, se realizará el estudio pormenorizado de cada una de las conclusiones.

a. Conclusión C15

Agravio

(281)MORENA argumenta que, a pesar de que la autoridad concluyó que debió entregar diversa información para acreditar que los viáticos de un viaje estaban relacionados con el objeto partidista,[47] lo cierto es que nunca se le requirió con la precisión debida.

(282)En el oficio de errores y omisiones únicamente se le solicitó lo siguiente: 1) el expediente correspondiente a cada viaje realizado por cada persona con la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento de fiscalización, incluyendo evidencias que justifiquen razonablemente que el objeto del viaje está relacionado con las actividades de su partido; 2) las correcciones que procedan a su contabilidad, y 3) las aclaraciones que a su derecho conviniera.

(283)Así, desde la perspectiva del partido recurrente, la responsable incurre en una expresión dogmática y sin sustento al señalar que debió aportar las evidencias que justificaran razonablemente el gasto, sin expresar con claridad qué evidencias eran las que se necesitaba para tal fin. Aunado a que toda la documentación sí se encuentra en el SIF.

Decisión

(284)El agravio es infundado, porque, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la responsable sí le requirió con la precisión debida para que aclarara las observaciones que detectó respecto de los gastos por viajes realizados al extranjero, tal y como se evidencia a continuación.

Justificación

(285)Mediante el oficio INE/UTF/DA/17528/2022, la responsable determinó que, del análisis de la documentación presentada por el partido, se observó que omitió presentar el expediente, así como la justificación del fin partidista correspondientes a gastos por los viajes realizados al extranjero, por un importe de $37,200.94 (treinta y siete mil doscientos pesos 94/100 m.n.). Asimismo, señaló que se detectaron gastos registrados en la cuenta de viáticos nacionales, cuando corresponden a gastos por viajes al extranjero.

(286)En consecuencia, requirió al recurrente para que presentara, como lo refiere el apelante, el expediente correspondiente a cada viaje realizado por cada persona con la totalidad de requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización, incluyendo las evidencias que justificaran razonablemente que el objeto del viaje está relacionado con las actividades del partido.

(287)De lo anterior, esta Sala Superior no advierte alguna falta de precisión que dejara alguna duda respecto a lo solicitado; por el contrario, se estima que el requerimiento es lo suficientemente claro en cuanto a que, por cada viaje realizado y por cada persona, se enviara el expediente correspondiente y, sobre todo, la documentación soporte -evidencias- que justificara razonablemente que el objeto del viaje guardaba relación con las actividades del partido.

(288)MORENA refiere que la responsable fue dogmática al señalar que debió aportar las evidencias que justificaran razonablemente el gasto, sin expresar con claridad qué evidencias eran las que se necesitaba para tal fin; sin embargo, conforme a las reglas de la lógica, resulta válido afirmar que dependiendo de cada situación concreta, las opciones para justificar una finalidad partidista son muy variadas, por tanto, es adecuado que la autoridad no requiriera, conforme a un catálogo específico y preestablecido, evidencias que limiten las posibilidades para que el partido demostrara, fehacientemente, el objeto partidista de un determinado gasto.

(289)De hecho, si se precisaran evidencias en lo particular, los partidos políticos se encontrarían constreñidos a presentar únicamente lo que la autoridad fiscalizadora estimó al momento del requerimiento, soslayando la existencia de otras formas de demostrar lo que un instituto político, desde un inicio, debe acreditar, a saber: que un gasto tenga relación con su fin como ente público.

(290)Por otra parte, conforme a la sana crítica, es inverosímil que MORENA afirme que desconoce las evidencias que justifiquen -razonablemente- que un viaje es acorde al objeto de un partido político, pues no se trata de un requerimiento extraordinario.

(291)Además, no obstante que tuvo la oportunidad de presentar lo que, en su concepto, fuera suficiente para justificar una finalidad partidista, incluso sin que supiera a qué se refería la autoridad fiscalizadora, del dictamen consolidado se advierte que MORENA ni siquiera presentó alguna evidencia, es decir, fue omiso en intentar dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló.

(292)Por último, no basta con que el recurrente afirme que toda la información se encontraba en el SIF, pues dicha alegación resulta genérica e imprecisa, que impide a este órgano jurisdiccional constatar que, en su caso, sí se encontraba acreditada la finalidad partidista del gasto.

(293)Así, se considera acertado que la responsable tuviera como no atendida la observación y, en consecuencia, actualizado el supuesto relativo a que se encontró impedida para ejercer sus facultades de fiscalización, en el sentido de corroborar que un gasto tuvo una finalidad lícita, lo que afectó los principios de transparencia y certeza en la rendición de cuentas, de ahí que deba confirmarse la conclusión impugnada.

b. Conclusión C16

Agravio

(294)MORENA argumenta que a pesar de que la autoridad exigió una comprobación o “evidencias razonables” para justificar el reembolso de gastos realizados por una empleada del partido, y que señaló concretamente que “respecto de los alojamientos no se justifica el gasto por una segunda habitación, ni con las actividades del partido”; lo cierto es que, en su concepto, se trata de un análisis dogmático y en el que previamente no puntualizó qué evidencias necesitaba.

Decisión

(295)El agravio es infundado, dependiendo de cada situación concreta, las opciones para justificar una finalidad partidista son muy variadas, por tanto, es adecuado que la autoridad no requiriera, conforme a un catálogo específico y preestablecido, evidencias que limiten las posibilidades para que el partido demuestre el objeto partidista. Aunado a que el partido no señala cómo la documentación que presentó demostraba ese objeto partidista.

Justificación

(296)Como se advierte del dictamen consolidado, la autoridad fiscalizadora observó que MORENA reportó gastos por concepto de viáticos; sin embargo, no especificó el motivo del viaje, número de personas, número de días, y no anexó la bitácora correspondiente. Asimismo, señaló que no presentó elementos que permitieran identificar que el objeto del gasto está relacionado con actividades del partido.

(297)En consecuencia, le requirió para que presentara, entre otras cuestiones, el expediente de cada viaje realizado por cada persona; los oficios de comisión de cada diligencia, y las evidencias que justificaran el objeto partidista. Al responder, el partido presentó la bitácora de los gastos realizados, mediante la cual, en su concepto, se justificaba el objeto partidista.

(298)En relación con lo anterior, la responsable concluyó que, de las aclaraciones presentadas por MORENA, aun cuando manifestó que los gastos observados forman parte de su operación ordinaria, no contaba con elementos suficientes que permitieran verificar que las comprobaciones de gastos se vinculaban con actividades propias del partido, ya que el sujeto obligado solo presentó parte de la documentación solicitada, como son bitácoras de viáticos y pasajes, así como escritos de los cuales observó que eran solamente una solicitud de reembolso firmada por el mismo solicitante.

(299)Esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que, como se razonó en el análisis de la conclusión anterior, dependiendo de cada situación concreta, las opciones para justificar una finalidad partidista son muy variadas, por tanto, es adecuado que la autoridad no requiriera, conforme a un catálogo específico y preestablecido, evidencias que limiten las posibilidades para que el partido demuestre el objeto partidista de un determinado gasto.

(300)De lo contrario, si se precisaran evidencias en lo particular, los institutos políticos se encontrarían obligados a presentar únicamente lo que la autoridad fiscalizadora requirió, ignorando, quizás, la existencia de otras formas de demostrar la relación de un gasto con un fin partidista.

(301)Además, como también se refirió, resulta inverosímil que MORENA afirme que desconoce las evidencias que justifiquen -razonablemente- que un viaje es acorde al objeto de un partido político, pues no se trata de un requerimiento extraordinario.

(302)Este órgano jurisdiccional tiene en cuenta que para intentar justificar el vínculo del gasto con un fin partidista, el recurrente sí presentó cierta documentación, consistente en el oficio de comisión, la bitácora de los gastos realizados, así como una solicitud de reembolso; sin embargo, en su recurso de apelación deja de argumentar de qué forma esa información resultaba suficiente para acreditar el objeto del gasto, o bien, por qué la apreciación de la responsable fue errónea, de ahí que se considere que debe subsistir el razonamiento de la autoridad fiscalizadora.

(303)Lo que sí cuestiona MORENA, es que la responsable haya señalado que, respecto de los alojamientos, no se justificó el gasto por una segunda habitación, ni su relación con las actividades del partido. Al respecto, el recurrente formula las siguientes interrogantes:

         ¿En qué hipótesis del Reglamento de Fiscalización existe la obligación de justificar “razonablemente” cuántas noches se deben solicitar de alojamiento?

         ¿De qué manera podría justificarse que se haya solicitado una segunda noche de alojamiento y que esa situación sea un “indicador” para comprobar una erogación?

(304)Se considera que el apelante parte de la premisa errónea al estimar que lo que pretendía la autoridad fiscalizadora era que se justificara la erogación de un determinado número de noches de alojamiento; sin embargo, lo que en realidad buscó fue que se explicara por qué, ese gasto, estaba vinculado con algún objeto partidista.

(305)Esto es, la responsable no verificó que, conforme al Reglamento de Fiscalización, existiera una obligación de contratar cierto número noches de alojamiento, sino que la erogación se encontrara encaminada a un fin para el que fueron creados los partidos políticos, lo cual, en la especie, no se acreditó.

(306)Por tanto, se considera que, como lo determinó la responsable, no existieron condiciones para que se pudiera corroborar que los viáticos se relacionaron con las actividades del partido, ya que no se presentaron evidencias suficientes de los trabajos y actividades que realizaron las personas que solicitaron el reembolso de tales gastos, lo que imposibilitó comprobar el adecuado manejo de los recursos, lo cual, a su vez, se tradujo en la afectación a los principios de legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas, que se deben observar los partidos políticos.

c. Conclusión C28 (vehículos dados de baja)

Agravio

(307)MORENA aduce que la autoridad no tomó en consideración lo que manifestó en su escrito de errores y omisiones, en el sentido de que los vehículos observados no se encontraban en el inventario de MORENA, toda vez que fueron dados de baja porque se depreciaron en su totalidad, pero siguen siendo utilizados para llevar a cabo actividades del partido.

(308)Asimismo, señala que no se puede “vincular” que un vehículo propiedad de un militante y que no esté en el inventario del partido, sea la condición para que ese gasto tenga objeto partidista.

Decisión

(309)El agravio es infundado, porque, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, todo activo que sea utilizado en beneficio de un partido político debe estar registrado en su contabilidad, ya que es la forma, jurídica y contablemente válida, en que el sujeto obligado puede demostrar, con certeza, que los gastos que puede generar ese bien son para el cumplimiento de sus actividades, aunado a que lo que manifestó, en su escrito de errores y omisiones, sí fue valorado por la responsable.

Justificación

(310)En la especie, la autoridad fiscalizadora determinó que, de la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, subcuenta “Seguros de vehículos” y “Gasolina”, se observaron pólizas por concepto de pago de seguros y combustible; sin embargo, no localizó los autos en el inventario de activo fijo del ejercicio 2021, que presentó el partido

(311)Lo anterior, respecto de los vehículos que se detallan a continuación:

(312)Asimismo, de la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, subcuenta “Seguros de vehículos”, observó que MORENA omitió presentar el contrato correspondiente por la adquisición del seguro que se detalla a continuación.

(313)En consecuencia, la autoridad fiscalizadora requirió al partido para que: (i) registrara en su contabilidad los vehículos por los cuales se realizó la contratación de seguros y gasto de combustible, de tal forma que coincidan los saldos de activo fijo con el inventario físico, por lo que también debía actualizar el inventario de activo fijo, para que se vieran reflejados los autos precisados, y (ii) presentara el contrato por las pólizas de seguro pagadas con todos los requisitos que establece la normativa.

(314)En respuesta, MORENA manifestó que los vehículos no se encontraban en el inventario del activo del partido, ya que fueron dados de baja debido a que fueron depreciados en su totalidad, pero continúan operando y siendo utilizados para llevar a cabo actividades del partido, por esa razón siguen pagando los gastos por concepto de “Gasolina” y “Seguro de vehículos”.

(315)Por lo que respecta a la solicitud del contrato de la póliza de seguros del vehículo FORD, IKON 2015, señaló que la póliza cuenta con la información necesaria para que se considerara como el contrato, ya que contiene la descripción de vehículo asegurado, el número de serie, el número de motor, la vigencia, la prima neta, el desglose de las coberturas y los servicios amparados por la póliza, así como la forma de pago.

(316)Al respecto, la autoridad fiscalizadora determinó que, cuando los sujetos obligados solicitan la baja de los bienes, es porque los quitarán de la contabilidad y, a su vez, dejarán de formar parte del inventario de activo fijo del partido político, por lo cual, al ya no formar parte de la contabilidad, los gastos no pueden considerarse con objeto partidista.

(317)Además, la responsable consideró que MORENA omitió precisar el ejercicio ordinario en el cual se registró la depreciación total, así como presentar el escrito de solicitud de baja de dichos activos e indicar las pólizas de registro de la baja.

(318)Hasta aquí, esta Sala Superior advierte que, contrariamente a lo expresado por el recurrente, la autoridad fiscalizadora sí tomó en cuenta lo que el partido manifestó en su escrito de errores y omisiones, tan es así que, en específico sobre la baja de bienes, refirió que, si un vehículo es dado de baja, también debe eliminarse del inventario de activo fijo y, por ende, de la contabilidad.

(319)En ese sentido, no le asiste la razón a MORENA en cuanto a que la responsable dejó de valorar lo que señaló en ejercicio de su garantía de audiencia durante la revisión, pues sí existió un pronunciamiento concreto sobre el argumento que hizo valer para pretender justificar por qué no se encontraron en el inventario de activo fijo un par de vehículos.

(320)Por tanto, el hecho de que no se le otorgara la razón, o bien, la autoridad fiscalizadora estimara una cuestión distinta, ello no implica que la autoridad incurriera en una falta de exhaustividad.

(321)Además de lo anterior, el agravio es infundado, porque este órgano jurisdiccional considera correcto el razonamiento de la autoridad fiscalizadora, en cuanto a la falta de objeto partidista de un gasto cuyo destino no está acreditado en beneficio del partido.

(322)Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 72, numerales 2 y 4; 74, numeral 1, y 75, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las siguientes reglas:

         Todos los bienes que usa el partido deben estar inventariados y registrados en su contabilidad;

         Los bienes entregados en comodato al partido para uso temporal también deben registrarse en la contabilidad, y

         La baja de activos de un partido se informa a la autoridad, para que pueda ser verificado.

(323)En ese sentido, no resulta válido que un partido político dé de baja un vehículo, aun por depreciación, pero continúe realizando gastos por éste, como es la contratación de seguros o la gasolina.

(324)Es decir, si se continúan formulando gastos respecto de un bien, como lo es un vehículo, es razonable que deba continuar en el inventario de activo fijo, pues la normativa en materia de fiscalización establece que un partido solo puede realizar gastos de lo que es propio.

(325)Esta Sala Superior considera que debe existir una correlación lógica entre los bienes de un partido político y los gastos que se generan respecto de ellos, puesto que sería incongruente que un bien no se considere propio, pero, al mismo tiempo, genere gastos que deben ser cubiertos. Razonar algo diverso, además de que es contrario a la normativa aplicable, pondría en riesgo la certeza sobre el adecuado manejo de los recursos, ya que la simple manifestación de un instituto político sería suficiente para demostrar que la gasolina o el pago de un seguro fue usado para el cumplimiento de sus actividades.

(326)Si los vehículos se hubieran encontrado en el inventario correspondiente, en principio, sería presumible que las erogaciones tenían un fin partidista; sin embargo, el propio partido afirmó que no estaban en el inventario porque habían sido dados de baja, respecto de lo cual, cabe señalar, tampoco remitió las constancias atinentes.

(327)Cabe precisar que, aun en el caso de que se hubiera acreditado dicho supuesto -que los vehículos fueron dados de baja-, el partido debía comprobar que seguían siendo usados en su beneficio, por ejemplo, a través de los contratos de comodato correspondientes, lo cual tampoco ocurrió.

(328)Así las cosas, se considera que fue correcta la determinación de la responsable y, en consecuencia, debe confirmarse la conclusión sancionatoria bajo estudio.

d. Conclusiones 33 y 37 (agendas mediáticas)

Agravio

(329)MORENA sostiene que la autoridad fiscalizadora lo sancionó porque omitió señalar la vinculación del gasto realizado por el proveedor respecto de las actividades realizadas por el partido político, ya que la simple presentación del documento “Agendas mediáticas” no se evidenciaba el objeto partidista del gasto.

(330)Además, dichos documentos, si bien al parecer contienen el logotipo del proveedor, no se identifican como entregables, ya que es solo un documento que carece de firma, cuya estructura señala un tema principal y un listado de recomendaciones; esto es, datos que no evidencian si se realizó un análisis del proveedor de determinada nota periodística.

(331)En relación con lo anterior, el partido recurrente manifiesta que los razonamientos de la autoridad responsable carecen de la debida motivación, pues ésta se limita a señalar que la documentación presentada por MORENA fue insuficiente, sin considerar que en su respuesta al oficio de errores y omisiones sí vinculó el gasto al objeto partidista. En este punto, transcribe la parte de su escrito y ejemplifica cómo vinculó el gasto.

(332)Asimismo, el recurrente sostiene que contrario a lo que analizó la UTF, no se trata de un estudio, ni de investigaciones, sino del monitoreo, análisis de medios y recomendaciones estratégicas, cuyo producto final constituyeron los entregables diarios con el reporte de la coyuntura nacional (temas que se circunscriben al contexto político, económico y social) y recomendaciones del proveedor. Ello, con el objetivo de mejorar las estrategias de comunicación de MORENA.

(333)Respecto de esta documentación afirma que la misma fue presentada al SIF y no fue valorada por la instancia fiscalizadora, afirmando que fueron desestimadas por la responsable sin expresar razones para ello.

(334)Particularmente, refiere que en la póliza de egresos 191 de junio de 2021, se adjuntaron 262 evidencias, mismas que no fueron tomadas en cuenta por la autoridad fiscalizadora, pues de manera genérica solo señaló que el partido omitió presentar las muestras o evidencias de que el gasto estaba relacionado con sus actividades.

(335)En su concepto, y retomando lo razonado por la Sala Superior en el SUP-RAP-101/2022, el partido afirma que sí aportó los elementos necesarios y suficientes para generar certeza respecto de los gastos erogados en este rubro. Aunado a que, la responsable no precisó las razones por las que consideró que el partido no atendió la observación; por el contrario, se basó en meras especulaciones.

Decisión

(336)El agravio es fundado, ya que contrariamente a lo sostenido por la responsable, el objeto partidista del gasto se encuentra acreditado a partir de la documentación comprobatoria que exhibió el partido y la motivación del dictamen consolidado que determina la acreditación de la conducta infractora no se encuentra sustentada en alguna disposición legal o reglamentaria en relación con los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados para que un trabajo sobre consultoría o investigación sea considerado como “entregable”.

Consideraciones de la responsable

(337)A fin de demostrar lo anterior, resulta importante referir las razones que llevaron al órgano fiscalizador a concluir que los gastos reportados por MORENA carecían de un vínculo con las actividades del partido.

         Conclusión 7.1-C33-MORENA-CEN.

(338)En esta conclusión la autoridad señaló que aun cuando el partido presentó evidencia documental referenciada como "agendas mediáticas" en las que se identifica un tema principal, un listado de subtemas y un apartado de "recomendaciones", MORENA omitió precisar la vinculación del gasto con las actividades realizadas por el partido, ya que por la simple presentación de ese documento no se evidenciaba el objeto partidista.

(339)Además, señaló que si bien, la muestras contienen el logotipo del proveedor, no se identifican como entregables, porque carecían de firma.

(340)Asimismo, precisó que la documentación presentada no evidenciaba si el proveedor realizó un análisis de la nota periodística.

(341)En consecuencia, concluyó que la evidencia no demuestra que “se hayan llevado a cabo dichas "Recomendaciones", o que estas hayan sido de utilidad o que se haya obtenido un beneficio para el partido”.

         Conclusión 7.1-C37-MORENA-CEN

(342)Esta conclusión, se encuentra integrada por el gasto reportado en dos pólizas. La primera PN1-EG-191/29-06-2 por $5,800,000.00, y la segunda PN1-EG-229/29-07-21 por $1,000,000.00.

(343)De la póliza de egresos 191, la autoridad fiscalizadora reiteró, en sus términos, la motivación que fue descrita en las líneas que anteceden, correspondientes a la conclusión C33.

(344)En relación con la póliza de egresos 229, señaló que, si bien el partido presentó el contrato en el cual se establece que el proveedor realizaría dos entregables, así como la factura que describe que realizaría videos promocionales de MORENA, omitió presentar las muestras que evidenciaran la materialidad del gasto, ya que la simple presentación de la factura no vinculaba la erogación con las actividades del partido.

(345)En ese sentido, concluyó que la falta de muestras le impidió verificar que se realizaron dichos videos y, en su caso, la relación de ese gasto con las actividades del partido.

Justificación

(346)De lo anterior, esta Sala Superior advierte que la responsable motivó la falta de objeto partidista en tres premisas:

1.      De las muestras no se deprende el objeto partidista, ya que se tratan de documentos que refieren a notas periodísticas y recomendaciones;

2.      Las muestras no es documentación entregable porque carece de la firma de quien las emite, y

3.      La falta de muestras impidió verificar que el bien o servicio adquirido por el partido tiene un fin partidista.

(347)Para esta Sala Superior, las consideraciones apuntadas derivan de una indebida valoración probatoria y, por lo tanto, una motivación deficiente para concluir que los gastos no tenían un objeto en beneficio de MORENA.

(348)A fin de demostrar lo anterior, será analizada la documentación comprobatoria que el recurrente presentó a la autoridad fiscalizadora para soportar la idoneidad del gasto:

         Conclusión 7.1-C33-MORENA-CEN, monitoreo, análisis de medios y recomendaciones estratégicas por $9,280,000.00:

(349)Contrato. En las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y OCTAVA del contrato de prestación de servicios[48] entre el partido MORENA y el proveedor SANMARTIN CONSULTORES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., se estipula que el prestador de servicios se obliga a realizar el monitoreo, análisis de medios y recomendaciones estratégicas, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por un costo de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado de $1,280,000.00 (Un millón doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), dando un importe total de $9,280,000.00 (Nueve millones doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y que la documentación comprobatoria serán entregables diarios con el reporte de coyuntura y recomendaciones; y un entregable semanal que contenga el análisis cuantitativo.

(350)Factura. De dicho documento no se especifica el concepto del gasto; sin embargo, es posible asegurar que el servicio fue otorgado por el proveedor SANMARTIN CONSULTORES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. Se inserta la imagen.

(351)Comprobante de pago. De dicho documento se acredita que el dinero fue depositado al proveedor y se precisa el concepto como “ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN”. Se inserta la imagen.

(352)Pólizas. El partido exhibió 2 pólizas. La primera en la que da el aviso de contratación y la segunda por el pago, de ambas, se advierte que el objeto del gasto es recibir un servicio por consultoría.

(353)Muestras:

(354)Como se observa, no hay duda respecto del destino y aplicación del gasto. En relación con el objeto partidista, para esta Sala Superior sí está acreditado, ya que de las muestras es razonable presumir que MORENA obtiene un beneficio al contratar una consultoría que lleve un seguimiento a la prensa digital y escrita sobre lo que se diga del partido, sus dirigentes y militancia, para recibir recomendaciones de expertos que puedan ayudarlo a contrarrestar aquella información que no es acorde con sus principios o, bien, posicionarse con la que se encuentre a su favor.

(355)Lo anterior, forma parte de las estrategias que los partidos pueden utilizar para posicionarse como una opción política o darse conocer a la ciudadanía y generar adeptos a fin de cumplir con su función de órganos de representación política y dar a conocer su postura, programas y principios.

(356)En ese sentido, el servicio contratado por el recurrente sí tiene un fin partidista consistente en el posicionamiento mediático favorable para el partido.

(357)Por otra parte, esta Sala Superior no comparte lo razonado por la autoridad responsable en cuanto a que la documentación entregada por el proveedor carece de firma y, por lo tanto, no tiene validez para acreditar el vínculo del gasto, primero, porque es un requisito que no está previsto el Reglamento de Fiscalización a fin de considerar que un gasto tiene objeto partidista.

(358)Además, en el artículo 168, numeral 1, incisos b) y c), del Reglamento de Fiscalización[49] se establece que las investigaciones, estudios y análisis no serán considerados dentro del gasto programado, así como las actividades que tengan por objeto evaluar las condiciones del partido, de ahí que es acertado que dicha erogación forme parte del gasto ordinario.

(359)Si bien, no se desconoce que en el caso de los trabajos que forman parte del Programa Anual de Trabajo (PAT) la norma reglamentaria[50] ha establecido requisitos más estrictos para su cumplimiento, estos no pueden ser homologados a la comprobación de gastos ordinarios, en tanto son de naturaleza diversa.

         Conclusión 7.1-C37-MORENA-CEN:

(360)Respecto del gasto por $5,800,000.00 por concepto de asesoría y consultoría, la autoridad responsable sostuvo, en términos idénticos, que de las muestras no se acreditaba el fin partidista del gasto. Sin embargo, para esta Sala Superior las muestras sí refieren un objetivo a seguir y las recomendaciones de las acciones que debe seguir el partido político para cumplirlas.

(361)En primer término, al igual que la conclusión anterior, del contrato, la factura, el comprobante de pago y la póliza con la cual el partido registró el gasto, se acredita el destino (proveedor SANMARTIN CONSULTORES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.) y aplicación del gasto (consultoría y estrategia política).

(362)Ahora, de las muestras se desprende lo siguiente:

-          El membretado con el logo del proveedor

-          La fecha

-          Un objetivo

-          Recomendaciones, en unos casos, para redes sociales, digital o medios.

(363)Como ejemplo se inserta una de ellas:

(364)Como se observa, de la documentación entregada por el partido, es válido sostener que la consultoría contratada tiene como objeto apoyar a MORENA a posicionarse frente a la ciudadanía, pues le proporciona herramientas para atender la información noticiosa que circula día a día.

(365)En cuanto a los videos promocionales por $1,000,000.00, la autoridad sostuvo que la falta de muestras impidió verificar que el bien o servicio adquirido por el partido tuviera un fin partidista. A diferencia de los conceptos anteriores, en este supuesto la autoridad ni siquiera tuvo certeza de que los videos promocionales por los que pagó MORENA se hubieran realizado, es decir, la comprobación del gasto no está acreditada.

(366)De la documentación contable que exhibió el partido y que fue remitida a esta Sala Superior por el INE, efectivamente, no hay muestras que acrediten que el gasto por la elaboración o edición de videos promocionales se realizó. Ni el partido hace valer en esta instancia haber entregado muestras relacionadas con este concepto y que indebidamente no hayan sido valoradas por la autoridad.

(367)Por lo tanto, en el caso, la conducta del partido no encuadra en la omisión de acreditar el objeto partidista del gasto.

(368)En ese sentido, le asiste la razón a MORENA y lo procedente es revocar lisa y llanamente las conclusiones 7.1-C33-MORENA-CEN y 7.1-C37-MORENA-CEN impugnadas.

e. Conclusión 41 (servicios de mensajería, compra de equipo de sonido, compra de cámaras fotográficas, libros, impresiones de hojas membretadas y complemento material de fiscalización)

Agravio

(369)El partido recurrente aduce que la resolución carece de una debida motivación en lo relativo a las operaciones señaladas con la letra (b) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 19-MORENA-CEN, ya que la autoridad pidió justificaciones sobre conceptos de gasto que derivan de las actividades ordinarias que realiza cualquier partido político, por lo que no tenía que justificarse como tal el objeto partidista, y de los cuales sí se adjuntó prueba fotográfica de los bienes adquiridos (póliza de egresos 224[51] y 91[52]).

(370)Lo anterior, pues es evidente que se trata de erogaciones en consumibles, suministros de oficina, accesorios de cómputo, audio y sonido que cotidianamente son adquiridos por cualquier organización ya sea pública o privada para el desempeño de sus actividades y cuya evidencia fotográfica se adjuntó al SIF.

(371)De manera particular, respecto de la póliza de egresos 53, considera excesivo que la autoridad responsable cuestione el objeto partidista de mochilas que claramente contienen la imagen institucional de MORENA.

(372)Ahora bien, por lo que hace a los gastos referenciados con la letra (c) en el Anexo 19-MORENA-CEN –compra de libros–, el partido recurrente sostiene que fue indebido que la responsable sustentara su motivación en el hecho de que MORENA “no mencionó las razones o justificaciones por las cuales se realizó la compra de dichos libros, por lo que, aun cuando se envió a los estados, no se identificó cuál sería el destino final de ellos, ni las razones por las cuales se realizó la distribución en los comités, ni se relacionó esta compra con alguna actividad del partido”.

(373)Lo anterior, pues desde su perspectiva, la idoneidad de adquirir los libros deriva de la propia necesidad de conformar un acervo bibliotecario. Aunado a que, contrario a lo que manifiesta la responsable, sí aportó pruebas de los medios de distribución que comprueban que los libros se remitieron a los comités estatales del partido.

(374)Por otra parte, en lo relativo a la Póliza PN-EG-838/28-05-21, el partido recurrente señala que, contrario a lo determinado por la responsable, el gasto corresponde a la impresión del material relacionado con temas de fiscalización, el cual fue debidamente comprobado con la evidencia de los materiales consistentes en: “Flujograma para la comprobación de gastos”; “Guía para la dispersión del gasto, registro masivo y prorrateos” y reimpresión del Reglamento de Fiscalización, así como, los respectivos kárdex, notas de entrada y salida de distribución de los comités ejecutivos estatales.

(375)Al respecto, considera que es evidente que dichos gastos sí tienen un objeto partidista, pues se trata de materiales que abordan temas de registro, dispersión y prorrateo vinculados con la jornada electoral.

(376)Asimismo, por lo que hace a la Póliza PN-EG-67/28-03-21, considera que fue incorrecto que la autoridad fiscalizadora señalara que únicamente presentó evidencias de sobres, folders y hojas, cuando la factura era solo por hojas; soslayando lo previsto en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios que expresamente dispone un concepto más amplio.

(377)De ahí que, en concepto del recurrente, no resultaba procedente que por el simple hecho de que la factura indicara como concepto “HOJAS IMPRESAS SELECCIÓN A COLOR”, se concluyera que los gastos carecían de un objeto partidista. Aunado a que, si la autoridad requería algún documento adicional, así debió precisarlo en el oficio de errores y omisiones, y, al no haberlo hecho, resulta excesivo que se pretenda sancionar a MORENA bajo el argumento de que no acreditó “la razonabilidad de la compra y no demostró la vinculación de la adquisición del volumen de hojas con actividades del partido”.

Decisión

(378)El concepto de agravio es infundado.

Justificación

(379)De las razones que sustentan el dictamen consolidado,[53] está demostrado que la autoridad responsable sí motivó detalladamente el origen de la irregularidad y las razones en las que justifica la determinación de catalogar los gastos sin fin partidista.

(380)En el caso del gasto por material de apoyo para la fiscalización consistente en la impresión de 60 mil ejemplares de: i) guías para el registro de la contabilidad; ii)guías para la para la dispersión del gasto, registro masivo y prorrateos, y iii) la impresión del Reglamento de Fiscalización del INE (cubiertos con la póliza de egresos PN-EG-838/28-05-21) por un importe de $8’172,000.00 (ocho millones ciento setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), la responsable señaló que:

… de la revisión documental el partido adjuntó muestras de los manuales, de los cuales se observa que corresponden a material para el uso del SIF y ediciones del reglamento de fiscalización, estos datos no se precisan en el detalle de la factura, lo que impide tener la certeza de que correspondan a este material, asimismo, aun cuando presentó kárdex, notas de entrada y salida de la supuesta distribución que hizo a los comités estatales de los manuales, no se identificó cuál sería el uso final de estos, ni los usuarios finales de los mismos; además, es relevante precisar que en el formato de entrada se mencionan 4 materiales que describe el partido, sin embargo, de las muestras presentadas solo se identifican 3 documentos en PDF, con diversos materiales en temas de registro de prorrateo de gastos, como capturar en el SIF la comprobación de gastos de campaña, documentos denominados “Flujograma para la comprobación de gastos” (16 páginas), “Guía para la dispersión del gasto, registro masivo y prorrateos” (48 páginas) y Reglamento de fiscalización, (mismo que puede ser descargado de la página del INE en la dirección https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/), y fotos del 4 documento,  “Guía para el registro contable de operaciones”, evidencia con la cual no se puede identificar el número de páginas. Por otra parte, llama la atención a esta autoridad, que si el material adquirido, le fue proporcionado en un formato de consulta digital, adicional, se haya realizado la adquisición del mismo material, pero de forma impresa.

Adicionalmente, el sujeto obligado en sus escritos de respuesta de primera y segunda vuelta manifestó que aun cuando esta autoridad señaló que el gasto no se vinculaba con las actividades del partido, no presentó aclaración alguna o evidencia del beneficio o utilidad para el partido que se originó por la compra de 60,000 impresiones de material para fiscalización (que como se señaló, no detalla en la factura que tipo materiales se imprimieron, solo indica la impresión de “Complemento de material para fiscalización), por lo que esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan determinar si la erogación se encuentra debidamente vinculada con alguna actividad del partido, ya que el partido no acredito la razonabilidad de la compra, por la cantidad de ejemplares que se adquirieron y la omisión de precisar los usuarios de los mismos.

No pasa desapercibido que los partidos políticos como entes de interés público que reciben financiamiento público, en el ejercicio de este, deben atender a los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad en la rendición de cuentas.

En este orden de ideas, procede señalar que el artículo 33 numeral 1, inciso a) del RF, prevé que los registros contables se integran con la documentación que compruebe las operaciones de conformidad con lo establecido en las Normas de Información Financiera específicamente con las NIF´s, A-1, A-2, A-3, y A-4 que establecen los principios de sustancia económica, confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones.

Por otra parte, no se identificó que el gasto se haya realizado con base en el criterio de utilidad y racionalidad.

El material adquirido se puede consultar como parte del ANEXO 19-MORENA-CEN del presente Dictamen, a continuación, se muestra la evidencia de la nota de entrada de los materiales:

Por lo que se concluye, que aun cuando presentó kárdex, notas de entrada y salida de la distribución que hizo a los comités estatales de los manuales, no se identificó cuál sería el destino final de estos, ni los usuarios finales de los mismos, ni que se haya acreditado la racionalidad de la compra, por tal razón la observación no quedo atendida por un importe de $8,172,200.00.

…

(381) Como se observa, la autoridad responsable valoró las probanzas aportadas por el partido y determinó que no acreditaban el objeto partidista del gasto y su racionalidad. En ese sentido, esta Sala Superior comparte la conclusión del órgano fiscalizadora, ya que en principio, como lo señaló la autoridad responsable el material fue entregado para su consulta digital y, en caso de que haya considerado necesaria su impresión, la exhibición de un Kardex y las notas de entrada y salida de almacén son documentos que el partido elabora y, por lo tanto, no justifican el vínculo partidista del gasto ordinario porque no son suficientes para demostrar en qué o a quiénes se destinaron esos bienes en beneficio del partido., 

(382)Adicionalmente, esta Sala Superior ha considerado que la falta del objeto o fin partidista se actualiza cuando de la documentación contable soporte de los gastos no es posible advertir el beneficio o vínculo con el partido político, conforme con el artículo 25, párrafo 1, inciso n), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece una limitante al uso de los recursos públicos y privados, consistente en la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

(383)Si bien, no hay una definición legal ni reglamentaria del concepto de “gasto sin objeto partidista”; la autoridad fiscalizadora electoral debe analizar caso por caso para verificar si se cumple el fin.[54]

(384)En el caso, esta Sala Superior coincide con la autoridad responsable en cuanto a la falta de certeza sobre el uso y racionalidad de las 60 mil impresiones del material de apoyo para llevar la contabilidad del partido.

(385) En el caso, por ejemplo, de manera enunciativa el partido pudo ofrecer como prueba la exhibición de los acuses firmados por las personas del partido a las que se les entregó el material y las imágenes de los medios y lugares en los que fueron entregados.

(386)En ese sentido, es conforme a Derecho que la autoridad haya señalado que el gasto fue excesivo o no hay razonabilidad en la compra, ya que, como se señaló, algunos de los elementos a considerar en la acreditación de la infracción por gastos sin fin partidista son: idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

(387)En ese sentido, la autoridad fiscalizadora sí tiene facultades para salvaguardar que el ejercicio del gasto público sea correcto, lo que, en este caso, con la compra de 60 mil elementos de material para llevar a cabo la fiscalización no está demostrado.

(388)Por otra parte, en relación con los 26 millones de hojas membretadas adquiridas por $8’897,000.00 (ocho millones ochocientos noventa y siete mil pesos 00/100 m.n.) amparadas en la póliza PN-EG-67/28-03-21, está acreditado que la autoridad responsable fundamentó y motivó debidamente la infracción.

(389)De la motivación del dictamen consolidado se advierte que, para determinar la infracción, la autoridad fiscalizadora señaló lo siguiente:

…

Con referencia a la póliza PN-EG-67/05-03-21 del ANEXO 19-MORENA-CEN del presente Dictamen, respecto del gasto realizado por “Publicaciones impresas” (26 millones de hojas)”, de la revisión documental, se observó que el concepto de la factura indica “HOJAS IMPRESAS SELECCION A COLOR”, además se observó que el partido presento evidencias de sobres, folders y hojas, cuando la factura es solo por las hojas, además, como evidencia, solo adjuntaron fotos de cajas cerradas y sobre estas un ejemplar de la supuesta hoja membretada, por lo que no hay certeza de que efectivamente se hayan adquirido esta cantidad de “Hojas”; por otra parte es relevante señalar que el contrato indica que el objeto es por impresiones del logotipo del partido, es el caso que esta autoridad observó que no hay relación con la descripción de la factura, el contrato y la evidencia presentada; no se omite señalar que los kárdex, notas de entrada y salida de la distribución se hizo a 5 comités estatales (Ciudad de México, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara y Durango) por concepto de 26 millones de hojas, sin presentar justificación del volumen adquirido, además, no se identificó cuál sería el uso de las mismas, toda vez que por estado envió 5.2 millones de hojas; asimismo, el sujeto obligado en sus escritos de respuesta de primera y segunda vuelta, aun cuando esta autoridad señalo que el gasto no se vinculaba con las actividades del partido, no presentó aclaración alguna o evidencia del beneficio o utilidad que se originó por la compra de 26 millones de hojas impresas selección a color, por lo que esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan determinar si la erogación se encuentra debidamente vinculada con alguna actividad del partido, al no conocer el uso que el partido le daría a la totalidad de las hojas impresas.

No pasa desapercibido que los partidos políticos como entes de interés público que reciben financiamiento público, en el ejercicio de este, deben atender a los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad en la rendición de cuentas.

En este orden de ideas, procede señalar que el artículo 33 numeral 1, inciso a) del RF, prevé que los registros contables se integran con la documentación que compruebe las operaciones de conformidad con lo establecido en las Normas de Información Financiera específicamente con las NIF´s, A-1, A-2, A-3, y A-4 que establecen los principios de sustancia económica, confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad no cuenta con la totalidad de elementos que posibiliten determinar la utilidad de los bienes adquiridos, que si bien el objeto genérico pudiera estar relacionado con la actividad de un partido político, en el caso concreto, el partido no acreditó la razonabilidad de la compra, y no demostró la vinculación de la adquisición del volumen de hojas con las actividades del partido; así como efectuar una revisión apegada a las normas de contabilidad, es importante hacer mención que, al omitir la presentación de dichos elementos, se pone en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativa al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada, lo cual a su vez puede traducirse en la afectación a los principios de legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas, a que se encuentran sujetos los partidos políticos.

Por tal razón la observación no quedo atendida por un importe de $8,897,200.00.

(390)De lo transcrito, para este órgano jurisdiccional la acreditación de la conducta infractora se encuentra demostrado. En efecto, un Kardex, las notas de salida de almacén, una fotografía de algunas cajas cerradas con supuestas imágenes de las hojas membretas no son suficientes para justificar el objeto partidista del gasto.

(391)En el caso, además que el partido no formula alguna manifestación sobre el uso que le daría a los 26 millones de hojas membretadas que le hubiera permitido a la autoridad valorar la pertinencia del gasto, lo cierto es que la muestra que exhibió en la instancia fiscalizadora es una fotografía en la que se ven algunas cajas de archivo apiladas, de las cuales no es posible desprender ni siquiera la existencia del bien que refiere la documentación contable.

(392)Adicionalmente, el partido no formula argumento alguno para controvertir la pertinencia de las pruebas o las razones que tuvo la autoridad responsable.

(393)En consecuencia, está demostrado que la responsable sí fundamentó y motivó la infracción y ante la falta de certeza sobre la aplicación del gasto, lo procedente es confirmar la conclusión en relación con este punto.

f. Conclusión 141 (materiales audiovisuales gráficos para redes sociales)

Agravio

(394)El partido recurrente considera que carece de fundamentación y motivación la conclusión de la autoridad responsable en el sentido de que MORENA realizó gastos en promocionales y gráficos con la finalidad de influir en las preferencias de la ciudadanía al promover un posicionamiento a favor del presidente en el proceso de revocación de mandato; pues contrario a lo señalado, la palabra “ratificación” en ningún momento contiene alguna manifestación explícita o inequívoca para considerar que influyó en las preferencias de la ciudadanía o promovió un posicionamiento a favor del presidente de la república.

(395)Aunado a lo anterior, señala que la autoridad fue omisa en valorar que los promocionales contenían la leyenda de “Campaña de difusión del Programa de Afiliación, Ratificación y Credencialización, así como de integración y fortalecimiento de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero para la Defensa de la Cuarta Transformación de MORENA.”

(396)De ello, se desprende que no se trataba de propaganda indebida de la revocación de mandato; por el contrario, era una campaña para la integración de los Comités de Defensa interesada en fungir como representantes generales y de casilla en las mesas receptoras de voto.

Decisión

(397)El agravio es infundado, ya que, como lo acreditó la responsable MORENA realizó gastos en promocionales tenían la finalidad de influir en las preferencias de la ciudadanía sobre la permanencia del presidente de la República, lo cual escapa de un objeto partidista.

Justificación

(398)Después de la etapa de errores y omisiones, así como de su respectivo desahogo por parte del recurrente, la responsable determinó que los partidos políticos, si bien en un principio podían promover la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato, en ningún momento podían generar publicidad con la finalidad de influir en las preferencias de la ciudadanía.

(399)En concepto de la autoridad fiscalizadora, en los promocionales que se detallan a continuación, se promovió un posicionamiento en favor del presidente, justamente en relación con el proceso de revocación de mandato, lo cual se encontraba prohibido.

(400)En el caso de los videos, algunos mensajes son:

(401)En consecuencia, la autoridad fiscalizadora determinó que, al no vincularse los materiales con el cumplimiento de los objetivos del partido, la observación no quedaba atendida por un importe de $3,807,120.00 (tres millones ochocientos siete mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.).

(402)Cabe señalar que no se encuentra controvertida la existencia o autoría de los mensajes, o bien, su difusión; lo que determinó la responsable y ahora cuestiona el partido, es si su contenido estaba relacionado con un objeto partidista, por tanto, desde esa perspectiva será analizado el planteamiento.

(403)Esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al recurrente, porque, como lo refirió la autoridad responsable, MORENA realizó gastos en promocionales tenían la finalidad de influir en las preferencias de la ciudadanía sobre la permanencia del presidente de la República en su cargo, lo cual escapa de un objeto partidista.

(404)De los promocionales, tal y como lo advirtió la autoridad fiscalizadora, se pueden desprender las siguientes frases:

         ¡Ganemos la Ratificación!;

         ¡Súmate para ganar la Ratificación!;

         ¡Movilízate para ganar la ratificación!;

         ¡Para ganar la ratificación debemos movilizarnos!;

         No tenemos derecho a falla, el pueblo organizado ganará la ratificación de la Transformación;

         El pueblo organizado ganará la ratificación de la Transformación y llevará la esperanza a cada rincón del país;

         Porque es mucho lo que se ha logrado, queremos que siga el gobierno de “Ya sabes quién”;

         Es momento de unirnos y movilizarnos para que siga creciendo la esperanza en todo el país y para que siga la transformación;

         Con esta reestructuración se multiplicará la fuerza popular y el triunfo de Andrés Manuel en la consulta popular del año que entra;

         Con esta reestructuración se multiplicará la fuerza popular y el triunfo en la ratificación;

         Con la alianza queda garantizada la Transformación, Dirigencia y bases, juntos ¡haremos historia!, y

         Con la Alianza queda garantizada la victoria de la 4T, con una dirigencia y bases trabajando juntas.

(405)De las frases contenidas en los promocionales es válido concluir que se relacionan directamente con el proceso de revocación de mandato y hacen alusión al presidente de la República, a la cuarta transformación y a lo que se denomina como ratificación, todo ello en un ánimo de continuidad.

(406)El recurrente refiere que, si bien se utiliza la palabra “ratificación”, ello no es una manifestación explícita o inequívoca para considerar que se influyó en las preferencias de la ciudadanía o que se promovió indebidamente un posicionamiento en favor del titular del Ejecutivo federal.

(407)Sin embargo, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ratificar significa aprobar o confirmar actos.[55] Dicho significado, en el contexto de los mensajes en los que se convoca a sumarse, movilizarse u organizarse, para que continúe la “cuarta transformación” y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de “ya sabes quién”, permite arribar a la conclusión de que se trató de mensajes que buscaron generar la percepción de continuidad en la gestión del presidente de la República.

(408)No es obstáculo para la conclusión anterior, que el recurrente alegue que los materiales contienen la leyenda “Campaña de difusión del Programa de Afiliación, Ratificación y Credencialización, así como de integración y fortalecimiento de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero para la Defensa de la Cuarta Transformación de MORENA”, pues al margen de esa leyenda, lo cierto es que, como se refirió, el contexto de los mensajes guarda una relación estrecha con el proceso de revocación de mandato que se celebraría en 2022.

(409)En ese sentido, si lo partidos políticos tenían prohibido influir en las preferencias de la ciudadanía durante la revocación de mandato -es decir, no se encontraba dentro de sus finalidades la promoción de una postura a favor o en contra en relación del mandato del presidente-, y los mensajes en cuestión tenían esa intención, entones resulta claro que no guardaban relación con un objeto partidista, de ahí que se considere correcta la determinación de la responsable. 

(410)Por tanto, ante lo infundado del agravio, se confirma la conclusión sancionatoria bajo estudio.

g. Conclusión 34 (viajes)

Agravio

(411)En relación con esta conclusión, el partido considera que carece de una adecuada motivación, ya que, de manera ambigua y dogmática, la autoridad fiscalizadora señaló que MORENA omitió vincular que los gastos por concepto de pasajes aéreos se realizaron para una actividad del partido político.

(412)El partido aduce que esa conclusión es incorrecta porque en las pólizas de egresos 237 de julio de 2021; 133 de noviembre de 2021, y 311 de diciembre de 2021, consta dicha información y los documentos que la soportan, mismos que no fueron valorados por la autoridad fiscalizadora.

(413)Es decir, en concepto del partido, la autoridad desestimó de manera injustificada la información que presentó, pues no solo sí fue cargada en el SIF, sino que la misma no fue tomada en consideración.

(414)Por otra parte, sostiene que la autoridad tampoco consideró los argumentos que expuso en su respuesta al oficio de errores y omisiones de segunda vuelta, en el que señaló, con base en la sentencia dictada en el SUP-RAP-49/2017, que la ausencia de los pases o tickets de abordar no deriva en el incumplimiento de los objetivos partidistas al ser documentales que proporcionan las líneas aéreas para el efecto de la realización de un viaje y, cuya ausencia, no pone en riesgo la certeza y origen del monto y aplicación de los recursos por el partido, ni obstruyen la tarea fiscalizadora.

(415)En conclusión, para el partido político es evidente que la UTF no estableció las razones precisas con base en las cuales podía considerarse que el partido no demostró que los gastos tuvieron un objeto partidista.

Decisión

(416)El agravio es inoperante, porque se trata de planteamientos que, en todo caso, debieron realizarse ante la autoridad fiscalizadora, aunado a que se encuentran dirigidos a evidenciar una eventual comprobación del gasto, mas no un vínculo partidista.

Justificación

(417)La autoridad fiscalizadora detectó que, de la información presentada en el SIF, MORENA omitió presentar oficios de comisión en los que especificara el motivo del viaje, número de personas y número de días. Además, que no presentó elementos que permitieran identificar que el objeto del gasto estuviera relacionado con las actividades del partido.

(418)Con la finalidad de salvaguardar su garantía de audiencia, la responsable requirió al recurrente para que presentara diversa información y, en específico, justificara razonablemente que el objeto del gasto estaba relacionado con las finalidades del partido.

(419)En relación con su respuesta, la autoridad fiscalizadora advirtió, de nueva cuenta, que MORENA había sido omiso en demostrar la vinculación del gasto con un objeto partidista, por lo que le requirió de nueva cuenta.

(420)A efecto de evidenciar lo alegado por el recurrente durante la etapa de errores y omisiones, tal y como se puede corroborar en el dictamen consolidado, a continuación, se trae a cuenta su respuesta:

Para dar puntual respuesta a esta observación se hacen las siguientes precisiones:

Se adjuntan el SIF la documentación que alude esa UTF como “faltante” con el objeto de que quede enmendada esa parte de la observación.

Ahora bien, respecto al requerimiento en el sentido de que se justifique razonablemente el objeto del gasto relacionado con las actividades del partido se menciona lo siguiente:

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reconocido que el financiamiento público se encuentra conformado por los recursos económicos, bienes y servicios que el Estado otorga a los partidos políticos para que realicen las funciones y cumplan con los fines que la ley establece; y puede darse de manera directa, mediante la entrega de recursos para la realización de actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas; o indirecta, mediante el otorgamiento de franquicias postales o telegráficas, o la exención de impuestos, entre otras.

Así, los partidos políticos están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático; además de aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines para los que les haya sido entregado; y elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la Ley.

Asimismo, deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias; los cuales comprenden los rubros siguientes:

a. El gasto programado con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

b. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos y candidatas, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

c. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

d. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo, únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.

Por ende, se entiende que los gastos que los partidos políticos realizan para que operativamente puedan subsistir y cumplir su finalidad como entidades de interés público, deben tener un vínculo partidista o, dicho de otra manera, deben de relacionarse para los fines de los partidos políticos.

Ahora bien, la UTF en la presente observación, reprocha a mi partido que debe “vincular el gasto con el objeto partidista” pero en modo alguno explica la razón que tuvo para afirmar que la erogación no está vinculada a los gastos que habitualmente realiza este instituto político para cumplir sus finalidades constitucionales.

En otras palabras, para que esa UTF pueda asegurar que mi partido debe justificar los gastos que según esa instancia fiscalizadora no tienen objeto partidista, lo primero que debe acreditar es que aun cuando esté debidamente comprobado el origen y destino del recurso, su aplicación y beneficio no se encuentre directamente vinculado con alguna de las actividades de un partido, pero ello en modo alguno se demuestra en la presente observación.

Así, la UTF de manera ambigua y dogmática requiere que mi partido exponga “la justificación, evidencia, documentación soporte y/o papeles de trabajo que acrediten la vinculación de los gastos” pero nunca precisa qué elementos necesita para avalar la justificación ni cómo debería hacerse una justificación.

Por ejemplo, en el oficio de primera vuelta, mi partido expuso que todos aquellos gastos que la UTF había calificado como “sin objeto partidista” estaban vinculados con el artículo 72, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, y se utilizaron para desarrollar las actividades administrativas del Partido, exponiendo que los gastos estaban debidamente comprobados y que la documentación soporte estaba alojada en el SIF.

Sin embargo, esa UTF sin responder puntualmente cada planteamiento realizado por mi partido ni señalar cuál era la justificación que necesitaba para tal efecto, únicamente se limitó a realizar el señalamiento conducente.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, que si bien en sentido estricto, no existe una conducta sancionable que emplee el término “objeto partidista”, lo cierto es que tal concepto es una forma en la cual se orienta el gasto para conocer si efectivamente se atendió conforme a los fines establecidos en la norma.

En ese sentido, en diversas ejecutorias8, la Sala Superior del TEPJF ha señalado con toda atingencia que es razonable considerar que los partidos políticos realizan determinados gastos generales en relación con sus actividades inherentes, y si se acredita su reconocimiento le corresponde a la UTF señalar cual es el motivo por el cual no le genera certeza en torno a que los gastos se realizaron.

En el presente caso, y nuevamente siguiendo con la línea jurisprudencial de la Sala Superior del TEPJF, la UTF no estableció las razones precisas por las que consideró que mi partido político no demostró que los gastos tuvieron un objeto partidista, puesto que sólo se limita a señalar que “se debe vincular razonablemente el objeto del gasto realizado, pero tal situación no puede ser una justificación para sustentar una observación, máxime cuando el gasto está reconocido.

Aunado a lo anterior, esa autoridad debe considerar que existen un sin número de actividades que son esenciales para el buen funcionamiento de un partido político, por lo que debe realizar un análisis de la norma y utilizar otros métodos de interpretación y no únicamente a través de la forma gramatical, esto cobra fuerza al invocar la Tesis X/2015, y que para generar certeza se transcribe como sigue:

INTERPRETACIÓN ESTRICTA DE NORMAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SEA GRAMATICAL. - El artículo 60, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, señala que las normas que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gastos de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados, así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta. De la aludida disposición es posible concluir que no necesariamente se debe hacer una interpretación gramatical o literal de las normas en materia de fiscalización, sino que tal disposición establece que esas normas se deben aplicar a los supuestos comprendidos en ellas, para lo cual se pueden utilizar, además del gramatical, otros métodos interpretativos como el sistemático o el funcional.

En ese sentido, en la presente observación existen una serie de gastos reconocidos en los que la UTF solicita diversos elementos para acreditar el objeto partidista, los gastos son los siguientes:

(…)

En esencia, la UTF señala que deben entregarse los tickets de viaje de los gastos que amparan estas erogaciones para tener por reconocido el objeto partidista.

En ese sentido, es importante señalar que la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP-RAP-47/2017 señaló que los pases de abordar son documentales que si bien forman parte de la documentación contable que debía entregar el partido al tratarse de información que proporcionan las líneas aéreas para efectos de la realización de los viajes en avión, la ausencia de los mismos no ponen en riesgo la certeza del origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por el partido político y tampoco obstruyen la tarea fiscalizadora de la autoridad siempre y cuando dicha operación se encuentre soportada con otro tipo de documentos comprobatorios.

Lo mismo sucede con la bitácora de viaje, pues tal documental solo permite conocer los horarios y los destinos del pasajero pero en modo alguno revela o acredita la “vinculación partidista”, de ahí que tampoco exista una situación que deba observarse en ese sentido.

De tal surte, es evidente que los gastos que amparan la presente observación sí están vinculados a la operación del partido y se encuentran debidamente comprobados y reportados.

Por tanto, se solicita a esa autoridad fiscalizadora dar por atendido el presente punto.

(421)Esta Sala Superior advierte que el recurrente, en el momento procesal oportuno, esto es, durante la etapa de errores y omisiones, ante la solicitud expresa de demostrar el objeto partidista del gasto, se limitó a señalar qué es lo que conforma el financiamiento público, así como las obligaciones con las que cuentan los partidos políticos en cuanto a la aplicación del financiamiento y su debida comprobación.

(422)En específico sobre la vinculación del gasto con el objeto partidista, el recurrente señaló que la responsable, en modo alguno, explicó la razón que tuvo para afirmar que la erogación no estaba vinculada a los gastos que habitualmente realiza para cumplir sus finalidades constitucionales.

(423)En otras palabras, pretendió revertir a la autoridad la carga de demostrar que los gastos no tenían una finalidad partidista, cuando ello, precisamente, les corresponde a los partidos políticos.

(424)En términos de lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado B, inciso a), párrafo 6, de la Constitución general, y 32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, de la LGPP, corresponde al INE la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, por ello, la autoridad administrativa electoral realiza un complejo proceso de auditoría que comprende diversas etapas de revisión, comprobación e investigación, con la finalidad de conocer la veracidad de los ingresos y egresos reportados por los sujetos obligados.

(425)Sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo en óptimas condiciones y se rinda cuentas a la sociedad, es indispensable que los partidos políticos y candidatos se apeguen a los plazos, formatos y requisitos contables o fiscales previstos en la ley, así como los reglamentos aplicables, para la presentación de sus informes.

(426)Con base en el marco normativo referido al inicio del presente tema, los partidos están constreñidos a destinar el financiamiento que reciban atendiendo a los fines para los cuales se les entrega, entonces, cualquier destino distinto a tales rubros debe sancionarse.

(427)Por ende, como se refirió antes, la falta del objeto o fin partidista se actualiza cuando de la documentación contable soporte de los gastos no es posible advertir el beneficio o vínculo con el partido político, conforme con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso n), de la LGPP, en el que se dispone una limitante al uso de los recursos públicos y privados, consistente en la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

(428)A partir de los artículos referidos, esta Sala Superior considera que la obligación de demostrar un vínculo partidista respecto de un determinado gasto corresponde exclusivamente a los institutos políticos y no a la autoridad fiscalizadora, como lo pretendió el recurrente.

(429)Sin embargo, al atender el requerimiento de la responsable, MORENA señaló que, de manera ambigua y dogmática, la UTF le requirió que expusiera la justificación, evidencia, documentación soporte y/o papeles de trabajo que acreditaran la vinculación de los gastos, pero nunca precisó qué elementos necesitaba para avalar la justificación ni cómo debería hacerse una justificación.

(430)En concepto de este órgano jurisdiccional, ese era, precisamente, el momento en el que el partido debía hacer valer lo que aduce en su recurso de apelación, esto es, ante la autoridad administrativa debió alegar, por ejemplo, que de las pólizas de egresos 133, 237 y 311 se acreditaban los vínculos partidistas, a partir de la descripción de los documentos que contenían, como lo refiere en su recurso.

(431)Por tanto, no resulta válido que, si el apelante no hizo valer ante la autoridad, lo que en vía de agravio plantea en esta instancia, ahora se duela de que la recurrente no lo tomó en cuenta.

(432)Además, tampoco resulta válido que ante la autoridad fiscalizadora refiriera que toda la documentación se encontraba en el SIF, sin mayor detalle, y ante este órgano manifieste que la responsable pudo haber advertido una u otra cuestión de las documentales que obraban, según su dicho, en diversas pólizas.

(433)En palabras lisas y llanas, MORENA debió acreditar el objeto partidista de los gastos observados ante la UTF y no ante esta Sala Superior como motivo de disenso.

(434)Así las cosas, se considera que existe un impedimento jurídico para que esta Sala Superior estudie sus agravios, en tanto que resultan novedosos, pues no fueron expuestos, en primera instancia, ante la autoridad administrativa y, a partir de sus razones y argumentos, se determinara lo conducente para que, ahora sí, fuera revisado por este órgano jurisdiccional.

(435)De estudiar los planteamientos del recurrente, se estaría formulando un pronunciamiento de elementos que la propia autoridad fiscalizadora dejó de conocer y que, en el ejercicio de su garantía de audiencia, como se mencionó, el partido debió hacerlo valer, de ahí la inoperancia del agravio.

(436)Finalmente, en relación con el argumento que formula MORENA respecto a que la responsable dejó de tomar en cuenta el criterio de esta Sala Superior al resolver el SUP-RAP-47/2017, lo cierto es que, al margen de que la ausencia de los pases o tickets de abordar obstruya o no, la tarea de fiscalización, en el caso, lo que se debía acreditar no es la comprobación de un gasto, sino su objeto partidista, de ahí que argumento resulte ineficaz.

h) Conclusión 31 (renta de vehículos, viáticos y sistemas)

Agravio

(437)El partido recurrente aduce que la autoridad responsable parte de una premisa equivocada al pretender que justificara conceptos de gasto que derivan de las actividades ordinarias que realiza cualquier partido político, como lo es el arrendamiento de vehículos.

(438)Asimismo, señala que se presentaron las pólizas y oficios que demuestran el objeto al que se destinaron los vehículos arrendados. Los cuales no fueron valorados por la autoridad fiscalizadora.

(439)Por otra parte, considera que la autoridad tampoco valoró la respuesta que dio, respecto a los gastos por Asesoría y Consultoría, Programas de cómputo y otros gastos del prestador de servicios Santos Alberto Reyes Melo.

Decisión

(440)El agravio es infundado, porque no puede afirmarse que todo arrendamiento vehicular, de suyo, cumple con un objeto partidista; o bien, que esta erogación es obvia. Por el contrario, el partido político está obligado a vincular su uso a un objeto partidista.

Justificación

(441)Como se ha referido en el estudio de las conclusiones sancionatorias anteriores, la correcta rendición de cuentas por parte de los institutos políticos implica que, en tiempo y forma, presenten la información pertinente para que el Instituto Nacional Electoral ejerza sus facultades de fiscalización de la mejor manera posible, lo cual, cabe destacar, constituye una actividad bastante compleja.

(442)Ahora bien, en cuanto a la comprobación de los gastos que realizan los partidos políticos, como también se ha señalado, es importante que exista una nítida relación entre la erogación y la finalidad del partido, es decir, que no quepan dudas respecto a que el financiamiento público que reciben los institutos es aprovechado para el fin para el cual fueron creados y, en consecuencia, se trate de un adecuado uso de recursos públicos.

(443)Cabe precisar que el recurrente aduce que en el SIF se encontraba la documentación que acredita a la persona comisionada, el motivo de la comisión y las fechas de realización, a efecto de demostrarlo, agrega la imagen de dos documentales; sin embargo, esta Sala Superior considera, como lo hizo la autoridad fiscalizadora, que no resulta suficiente para acreditar el objeto partidista del gasto.

(444)Ello, en virtud de que, por una parte, del supuesto oficio de comisión, no se advierte la necesidad de utilizar el vehículo arrendado y, por otra, es insuficiente que el recurrente afirme que toda la información se encontraba en el SIF, pues dicha alegación resulta genérica e imprecisa, que impide a este órgano jurisdiccional constatar que, en su caso, sí se encontraba acreditada la finalidad partidista del gasto y, por tanto, que el actuar de la autoridad fue indebido.

(445)En términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios, las pruebas serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, y tomando en cuenta que las documentales privadas, las presuncionales y la instrumental de actuaciones, entre otras pruebas, sólo harán prueba plena cuando los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

(446)La primera parte del precepto establece ciertos parámetros bajo los cuales, conforme a la teoría de la libre valoración de la prueba, los juzgadores deben analizar los elementos de convicción que aportan las partes -en contraposición a la teoría de la prueba tasada-. Tales parámetros abonan a la certeza y seguridad jurídica, lo cual se vincula, también, con la racionalidad de las decisiones judiciales y con la obligación de motivar debidamente las sentencias.

(447)Así, para que no constituya una actuación arbitraria la valoración de las pruebas que no gocen de valor probatorio pleno, ésta debe atender a:

         La lógica, entendida como la disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la humanidad;[56]

         Las máximas de la experiencia, que derivan de un conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza,[57] y

         La sana crítica, comprendida como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos.[58]

(448)En sí, las tres reglas implican la existencia de una razonabilidad en la conclusión a la que se arribe a partir de la valoración probatoria, es decir, que no se determine una cuestión inverosímil.

(449)Por otra parte, la segunda parte del precepto citado establece un deber objetivo de correlación o adminiculación entre los datos que se desprendan de las pruebas y lo aducido por las partes, la demás información que obra en el expediente y la verdad conocida, lo cual es informado por el principio de congruencia.

(450)En el caso concreto, se llega a la conclusión de que, contrariamente a lo que afirma MORENA, la autoridad fiscalizadora no partió de una premisa errónea al pretender que justificara conceptos de gasto que derivan de las actividades ordinarias que realiza como partido político, en específico, por lo que hace al arrendamiento de vehículos.

(451)A diferencia de lo que considera el recurrente, conforme a las reglas detalladas en párrafos precedentes, de un gasto como es el arrendamiento de vehículos, no se puede concluir de forma obvia -lógica-, una vinculación con sus actividades como ente público.

(452)En efecto, del hecho consistente en que un partido rente un vehículo, no se sigue, necesariamente, que su utilización tendrá fines partidistas, de considerarlo así, todo el sistema de comprobación de gastos partidistas carecería de propósito, pues sólo bastaría demostrar que el acto jurídico fue llevado a cabo por un instituto político para considerar que su fin es partidista.

(453)Por tanto, el arrendamiento de vehículos no se trata de una erogación de la cual no se puede prescindir de la acreditación del objeto partidista.

(454)Conforme a las máximas de la experiencia, se podría presentar un caso en el que un vehículo, a pesar de ser arrendado por un instituto político, sea utilizado para cuestiones ajenas a las finalidades que este tiene encomendadas, de ahí que no pueda afirmarse que todo arrendamiento vehicular, de suyo, cumple con un objeto partidista.

(455)Ahora bien, conforme a la sana crítica, es decir, de la unión de la lógica y la experiencia, no es posible determinar que del supuesto oficio de comisión que aporta en su recurso, se advierta una necesidad de utilizar el vehículo arrendado para algún fin partidista, toda vez que, objetivamente, solo se desprende el nombre de la persona a la que se dirige, el proyecto que se le encomienda y la fecha del mismo.

(456)Sin embargo, no se vincula el oficio con el contrato de arrendamiento, con algún vehículo en particular, o bien, con la naturaleza del proyecto que evidencie que su ejecución requiere de la utilización del vehículo arrendado.

(457)Tampoco se adminiculó, por ejemplo, con alguna bitácora que permitiera a la autoridad administrativa contar con mayor información respecto de la comisión, la persona encomendada, el vehículo utilizado y las fechas en las que se desarrollaría la comisión.

(458)No es posible arribar a la conclusión deseada por el recurrente tampoco a partir de la presuncional humana, la cual con base en hechos conocidos, se llega al conocimiento de otros desconocidos, puesto que de los elementos que aportó ante la autoridad fiscalizadora y de los que refiere en su recurso, no se puede llegar al conocimiento del hecho desconocido consistente en la utilización del vehículo con un fin partidista.

(459)Precisamente el vínculo partidista es el hecho desconocido que debía acreditarse y que el partido pretende que se tenga por conocido; sin embargo, como se ha señalado, ello no es posible lógica y jurídicamente, de ahí que se considere que no le asiste la razón al partido recurrente.

(460)Finalmente, este órgano jurisdiccional también considera infundado el argumento relativo a que la autoridad no valoró la respuesta que dio, en relación con los gastos atribuidos al prestador de servicios Santos Alberto Reyes Melo.

(461)Lo anterior, toda vez que, en el dictamen consolidado, la autoridad fiscalizadora señaló que, en seguimiento a la conclusión “7.1-C31-MORENA-CEN”, procedió a realizar una revisión exhaustiva de los distintos apartados del SIF, así como realizar las confirmaciones necesarias con el proveedor que prestó servicios de creación y mantenimiento de los diversos sistemas.

(462)Asimismo, precisó que, como se observó en el primer oficio de errores y omisiones, el proveedor de servicios de las plataformas SIRENA, SIDEVIS y PROMUEVE, era el C. SANTOS ALBERTO REYES MELO, pero que de la revisión a la documentación proporcionada por el proveedor, así como del análisis a los gastos registrados en SIF, no se identificó la existencia de operaciones entre servidores públicos y operadores de la plataforma SIRENA; sin embargo, refirió que no se aportaron elementos, tales como reportes que genera el sistema, para que pudiera corroborar la existencia o no de esta relación.

(463)Por lo que corresponde al uso o destino de los recursos públicos, en el gasto por el mantenimiento, servicio, así como asesoría y consulta, respecto de los gastos relacionados con la operación de los sistemas SIRENA, SIDEVIS y PROMUEVE, la autoridad fiscalizadora identificó que su funcionamiento no se vinculaba con las actividades del partido, debido a que la evidencia presentada no comprobaba que el partido obtuviera beneficios de su operación, o bien, que su uso estuviera vinculado a las actividades ordinarias del mismo.

(464)En adición a lo anterior, la responsable expresó que el partido omitió señalar la funcionalidad de los sistemas, por lo que no tuvo certeza sobre para qué se usan, y la evidencia presentada por, sí sola, no reflejaba dicha funcionalidad.

(465)Respecto del video tutorial en donde se observaría la operación del funcionamiento de los sistemas, desde el ingreso de la página principal, ingreso de contraseñas, los registros correspondientes, los reportes generados, y todos los procesos necesarios para la operación del sistema, la responsable señaló que el video no era nítido, e impedía visualizar lo requerido, lo que obstaculizaba la labor de fiscalización.

(466)Finalmente, la responsable señaló que el partido -como lo reitera en esta instancia- había indicado que los sistemas sirven para la correcta afiliación de los militantes; conocer los cambios de domicilio de la estructura territorial, así como los datos de los coordinadores seccionales y regionales; modificar las estructuras organizacionales y su debida actualización, y alimentar la base de datos de los afiliados; sin embargo, omitió presentar comprobantes que avalaran lo manifestado, aun y cuando en ambos oficios se le requirió la presentación de las evidencias de los reportes que se generaran desde los sistemas.

(467)Como se puede observar, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la responsable sí valoró la respuesta que dio durante el periodo de revisión, tan es así que se pronunció respecto de las evidencias que aportó. Cuestión distinta es que se determinara que resultaban insuficientes para demostrar el objeto partidista.

(468)En ese sentido, ante lo infundado del agravio, debe confirmarse la conclusión sancionatoria bajo estudio.

Tema 5. Incorrecta valoración sobre la falta de presentación del archivo XML

Agravio

(469)MORENA aduce que fue incorrecto que la autoridad concluyera que vulneró lo dispuesto por el artículo 46, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, en relación con lo previsto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, con base en los cuales, es obligatorio adjuntar el archivo XML, en aquellos casos en los que la documentación soporte sea un comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

(470)Lo anterior, porque en su concepto: 1) el formato XML no es, necesariamente, el documento idóneo para sustentar las operaciones por las que fue sancionado; 2) el formato XML es solo uno de los documentos exigidos, no el único, por ende, en todo caso, solo podría hablarse de incumplimiento parcial, no total, y 3) se trata de una mera formalidad que no afecta ni impide al INE realizar su facultad fiscalizadora.

(471)Por otra parte, considera que, incluso, la Sala Toluca en el recurso de apelación ST-RAP-20/2019 reconoció que la omisión de presentar documentación comprobatoria en formato XML solo es de carácter formal y debe considerarse al momento de individualizar la sanción. Cuestión que, eventualmente, fue permitida por la Sala Superior en la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2020.

Decisión

(472)El agravio es infundado, pues contrario a lo que sostiene el recurrente, la omisión de presentar el archivo XML como parte de la documentación soporte de las operaciones reportadas, en el caso, debe considerarse una falta sustantiva.

Justificación

(473)Este órgano jurisdiccional ha sostenido que, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la LGPP, los institutos políticos, al recibir financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución general, tienen la obligación de elaborar y entregar los informes de uso de recursos.

(474)En los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 46, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, se establece que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos relativos a entregar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet, en lo sucesivo CFDI.

(475)Los CFDI son conocidos como facturas electrónicas. Un comprobante CFDI –técnicamente– está expresado en un archivo tipo XML. El lenguaje extensible de marcas, abreviado como XML, describe una clase de objetos de datos llamados documentos XML, y parcialmente describe el comportamiento de los programas informáticos que pueden procesarlos. El XML es un perfil de aplicación o forma restringida de lenguaje estándar de marcado generalizado, por sus siglas en inglés: SGML.[59]

(476)De esta manera, el XML es uno de los formatos más utilizados para el intercambio de información estructurada hoy en día: intercambio entre programas, entre personas, entre computadoras y personas, tanto a nivel local como a través de las redes informáticas. En lo que interesa, es el lenguaje técnico utilizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México para procesar la información contenida en las facturas.

(477)Ahora bien, para que los archivos electrónicos en formato XML sean válidos, deben ser timbrados a través de la aplicación del SAT o por un proveedor autorizado de certificación (PAC por sus siglas). Los PAC son empresas que cuentan con la autorización del SAT para la generación de facturas. Ello quiere decir que el procesamiento e intercambio de información tributaria a través de archivos XML garantiza su autenticidad.

(478)En ese sentido, cuando se omite presentar los archivos XML, en principio, se vulnera la legalidad y la certeza del destino y aplicación de los recursos, pues no se puede comprobar la veracidad del gasto reportado de forma expedita, lo cual es contrario a la finalidad del sistema de contabilidad en línea.

(479)En el caso, la autoridad fiscalizadora advirtió que, de la documentación presentada en el SIF, se localizaban registros contables que no contaban con la documentación soporte correspondiente, por lo que requirió al recurrente para que subsanara dichas omisiones.

(480)En respuesta, MORENA manifestó lo siguiente: Respecto a lo solicitado y para dar cumplimiento al punto anterior, se presenta "soporte documental mencionado en el anexo 3.1.1 de la columna “documentación faltante” por lo que se solicita dar por solventado este requerimiento.

(481)Del análisis de la respuesta del partido, la autoridad fiscalizadora advirtió que se presentaron los contratos de prestación de servicios a nombre de los trabajadores, pero que no adjuntó la totalidad del soporte documental solicitado. Por lo tanto, en una segunda vuelta, volvió a requerir el soporte documental correspondiente; sin embargo, el partido fue omiso en adjuntar el CFDI en formato XML.

(482)En la resolución impugnada, la autoridad responsable concluyó que, toda vez que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, para el efecto de que presentara las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, sin que el partido hubiese subsanado las irregularidades detectadas, es que se acreditaba la infracción consistente en la omisión de presentar documentación soporte en formato XML, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 39, numeral 6, segundo párrafo, y 46, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.

(483)Posteriormente, individualizó la sanción y, en el apartado de trascendencia de la normativa transgredida, precisó que, al haberse omitido presentar los comprobantes fiscales en formato XML, se actualizaba una falta sustancial durante el ejercicio de revisión, la cual vulneró los principios de legalidad y certeza en el destino de los recursos.

(484)Lo anterior, por considerar que dicha falta -sustancial- trae consigo la imposibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos.

(485)Es decir, el carácter de fondo o sustancial de la falta cometida, atendiendo a las circunstancias particulares, no estriba en sí mismo en la omisión de adjuntar la documentación soporte en formato XML, sino en la actitud omisiva del partido de colaborar con la autoridad fiscalizadora que, en dos ocasiones, le requirió dicha documentación.

(486)En efecto, tal como lo señaló la responsable en la resolución impugnada, la falta de dicho archivo electrónico, si bien no impide de manera total la comprobación de gastos, lo cierto es que dificulta su verificación, pues conlleva una operación compleja del andamiaje administrativo, llevando a la autoridad fiscalizadora a la necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos del sujeto obligado. Circunstancia que, de presentarse el archivo XML correspondiente, se hubiera evitado.

(487)De ahí que, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, ante la actitud omisiva del partido, se comparte que la falta en cuestión es de carácter sustancial y no formal como lo sostiene el recurrente.

(488)Por otra parte, el recurrente hace alusión a un precedente de la Sala Regional Toluca, al resolver el expediente ST-RAP-20/2019, en el cual, según el partido, se determinó que la omisión de presentar documentación comprobatoria en formato XML es una falta meramente formal; no obstante, dicho criterio no resulta vinculante para esta Sala Superior, aunado a que no se contrapone con lo resuelto en el presente caso.

(489)Ello, porque, tal y como lo sostiene el recurrente, en la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2020, esta Sala Superior fijó como criterio que, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso en concreto (número de comprobantes omitidos, si la autoridad fiscalizadora brindó la oportunidad de subsanar las omisiones, si los requerimientos se atendieron o no, si se atendieron de manera completa o parcial, etc.), y derivado del estudio específico de dichas circunstancias y del análisis de las constancias correspondientes, es posible arribar a conclusiones diversas. Esto es, considerar las faltas como sustantivas o formales.

(490)Lo anterior, sustentado en el estudio que cada órgano jurisdiccional realice, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso.

(491)Por lo tanto, como se ha señalado, se considera que, en el presente caso, fue correcta la determinación a la que llegó la responsable, mediante la cual concluyó que se trata de una falta sustancial, en tanto el partido recurrente fue omiso en aportar la documentación soporte solicitada, aun y cuando se le solicitó en dos ocasiones, respetándole su garantía de audiencia.[60]

(492)De ahí lo infundado del agravio y que deba confirmarse la conclusión sancionatoria correspondiente.

Tema 6. Indebido análisis sobre la presentación de los avisos de contratación

Agravio

(493)El partido aduce que existió una indebida motivación en tanto que la autoridad responsable partió de una premisa errónea al considerar que, en el caso de no dar aviso, la falta debe calificarse como sustantiva.

(494)Lo anterior, porque no se vulneraron los principios de transparencia y certeza en el origen de los recursos, para que eventualmente pudiera calificarse como falta sustantiva. Por el contrario, solo se trató de la omisión de un requisito que no trascendió o dañó de manera directa los bienes jurídicos y valores tutelados por la norma.

(495)De ahí que, en su concepto, la falta debió calificarse como formal al solo constituir la omisión de presentar un requisito para el adecuado control de cuentas.

Decisión

(496)El agravio es infundado, toda vez que la responsable analizó debidamente la falta.

Justificación

(497)Esta Sala Superior ha señalado que, al igual que otras herramientas, la presentación de los avisos de contratación es un mecanismo apto para que los sujetos obligados le informen a la autoridad, con oportunidad, las operaciones que pactan con terceros, lo que permitirá a la autoridad fiscalizadora, al momento de verificar cada uno de los registros en el SIF y de lo reportado en cada informe de ingresos y gastos, contar con elementos objetivos para conocer la totalidad de los egresos del partido y tener un mejor control de lo reportado en los informes y lo detectado por la autoridad y realizar, con mayor precisión, la conciliación de lo advertido en los avisos de contratación contra lo reportado en los informes de ingresos y gastos correspondientes.[61]

(498)Así, se ha determinado que, al omitir presentar los avisos de contratación, se impide que la autoridad fiscalizadora despliegue sus facultades con la debida oportunidad, de ahí que sí constituye una falta sustancial, por lo que se estima que la autoridad analizó debidamente la conclusión impugnada.[62]

(499)Además, este órgano jurisdiccional ha sostenido que las sanciones deben imponerse atendiendo a las circunstancias que rodean cada infracción en particular, bajo el arbitrio de la autoridad responsable. Dicho de otra manera, atendiendo a los aspectos intrínsecos de cada falta que deba ser sancionada, como la cantidad de faltas cometidas o la finalidad disuasiva o preventiva de la sanción,[63] cuestiones que, en el caso, no son combatidas por el recurrente.

(500)En consecuencia, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, se considera que la autoridad responsable justificó y explicó debidamente la determinación de la falta.

Tema 7. Observaciones cuyas sanciones carecen de la debida fundamentación y motivación, además de ser excesivas

Agravio

(501)El recurrente aduce que se le impusieron multas excesivas y desproporcionales sobre el 150% y 200% del monto involucrado, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución general.

(502)En específico sobre la conclusión C77-MORENA-CEN, señala que la autoridad fiscalizadora fue omisa en detallar las subcuentas (nombre de cada deudor, anticipo a proveedor, proveedor y/o acreedor) que integran cada uno de los importes y que permiten identificar con claridad en los anexos de las cuentas por cobrar y pagar las partidas que integran los montos que son objeto de sanción.

(503)Por otra parte, refiere que las infracciones no debieron calificarse como graves ya que no existió dolo, aunado a que sólo se pusieron en peligro los bienes tutelados. Al respecto, manifiesta que la autoridad responsable solo señala que se trata de faltas de carácter sustantivo, sin acreditar el dolo y limitándose a repetir argumentos sin razones.

Decisión y justificación

(504)El agravio es inoperante, por una parte, e infundado por otra.

(505)La inoperancia radica en que MORENA se limita a señalar que las multas son excesivas y desproporcionadas, sin dar razones que permitan advertir, a partir de alguna circunstancia particular, por qué fue indebido el actuar de la autoridad fiscalizadora, al momento de determinar que las observaciones no fueron atendidas.

(506)Tampoco controvierte los argumentos que utiliza la responsable para demostrar la trascendencia de la falta cometida, como es haber impedido el ejercicio de las facultades de comprobación y que, en ningún momento durante la revisión, informó sobre la existencia de algún caso de excepción que justificara por qué tuvo un impedimento para cobrar el pago correspondiente.

(507)Es más, la autoridad fiscalizadora señaló, sin que MORENA lo combata en esta instancia, que la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifiquen su existencia derivadas de la revisión del informe anual, no puede ser considerado como una falta formal, porque no se trata simplemente de una indebida contabilidad o inadecuado soporte documental de egresos.

(508)De igual forma, el recurrente deja de controvertir lo señalado por la responsable en el sentido de que la infracción, por sí misma, constituye una falta sustantiva, porque con las aludidas omisiones se acredita la no recuperación de recursos que no tuvieron una justificación en su salida.

(509)Los razonamientos anteriores son compartidos por esta Sala Superior, y se considera que no constituyen una repetición de argumentos, como lo refiere el recurrente y, por el contrario, resultan una justificación válida para imponer las sanciones correspondientes, de ahí que el agravio se estime infundado.

(510)En consecuencia, al haber existido un impedimento para indagar sobre la recuperación de recursos que no tuvieron una justificación en su salida, como lo señaló la responsable, la falta fue de resultado -daño directo a los principios de transparencia y rendición de cuentas- y no de riesgo, como lo pretende hacer ver el apelante.

(511)Por otra parte, respecto a lo que MORENA aduce sobre la conclusión C77-MORENA-CEN, en el sentido de que la autoridad fiscalizadora fue omisa en detallar las subcuentas que integran cada uno de los importes, lo cierto es que esta alegación resulta novedosa, ya que no lo hizo valer en las respuestas a los oficios de errores y omisiones, por lo que resulta inatendible en esta instancia.[64]

(512)En efecto, tal y como se puede advertir del oficio CEN/SF/0303/2022, el recurrente se limitó a señalar lo siguiente, en relación con la observación de la responsable:

(513)En ese sentido, como se puede advertir, de admitir lo alegado por el recurrente, se estarían planteando cuestiones novedosas o que no fueron parte de la defensa o aclaración del sujeto obligado en aquel momento. Sostener lo contrario implicaría reconocer que la presentación del medio de impugnación es una oportunidad adicional para el partido político de presentar información que debió hacer llegar a la autoridad fiscalizadora en el momento respectivo o de subsanar irregularidades.[65]

Tema 8. Falta de congruencia respecto de dos observaciones sobre la omisión de reportar ingresos.

(514)En este rubro, MORENA impugna las siguientes conclusiones:

Agravios

(515)MORENA reclama de manera esencial que la autoridad responsable no le otorgó la garantía de audiencia al instituto político respecto de las inconsistencias detectadas e incumplió con su deber de motivar la determinación de las conclusiones sancionatorias; esto, porque en su concepto, del acto impugnado no desprende qué movimientos de la cuenta bancaria fueron omitidos como tampoco se le fue notificado previamente.

(516)Respecto de la conclusión 7.1-C104-MORENA-CEN, estima que es incorrecto, que la autoridad responsable señalara que no se tuvo solventada la observación porque no se localizaron los soportes de saldos contrarios a su naturaleza reportados en su contabilidad, ni se adjuntó la confirmación de la cancelación de las cuentas bancarias.

(517)En lo que atañe a la conclusión 7.1-C107-MORENA-CEN, el partido considera que la autoridad responsable no motivó debidamente su determinación, debido a que en ningún apartado del dictamen ni del anexo se advirtieron qué movimientos de la cuenta bancaria son los que no fueron reportados, por lo cual considera que no se le notificó. Asimismo, señaló que en el segundo oficio de errores y omisiones la autoridad únicamente solicitó se realizaran las correcciones que correspondieran sin especificar la forma o método que siguió para la integración del monto.

(518)En su concepto, la autoridad responsable sí tuvo certeza del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados; además, no se vio impedida para realizar la revisión a los ingresos y egresos porque sí presentó la documentación con la que acreditó las evidencias.

(519)Finalmente, alega que la multa impuesta resulta excesiva, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 1° y 22 constitucionales, porque la autoridad responsable dejó de observar que debe sancionarse de la forma más favorable.

Decisión

(520)Los motivos de agravio son ineficaces porque la autoridad responsable sí le otorgó la garantía de audiencia al instituto político respecto de las inconsistencias detectadas, además, motivó la causa de la falta cometida y realizó correctamente individualización de la sanción; sin embargo, en esta instancia el partido recurrente solo realiza manifestaciones genéricas que no está encaminadas a combatir frontalmente las con las consideraciones del dictamen y resolución impugnadas.

Justificación

(521)Contrario a lo sostenido por el partido recurrente, del Dictamen y Resolución impugnados no se advierte que la autoridad responsable hubiera omitido señalar las observaciones detectadas al instituto político, ni tampoco que hubiera omitido motivar la causa de la falta impuesta.

(522)Lo anterior, debido a que sustentó la infracción al haber considerado que existieron discrepancias que no fueron atendidas por el partido político en torno las cuentas bancarias involucradas.

(523)En primer término, en lo que atañe a la conclusión 7.1.-C104-Morena-CEN, la autoridad responsable le hizo saber a MORENA en el oficio de errores y omisiones (segunda vuelta)[66], que en una cuenta bancaria se detectaron saldos contrarios a su naturaleza:

(…)

Así mismo, se precisa que las cuentas bancarias señaladas con (5) en la columna “Referencia oficio” del Cuadro 1 de la presente observación, aun y cuando el partido señalo que se encuentran canceladas, no se localizó la carta o aviso de cancelación por parte de la Institución bancaria, adicional de que mantienen el estatus de “ACTIVO”.

(…)

Por lo que respecta a la manifestación del sujeto obligado referente a la presentación de conciliaciones de las cuentas que se detallan en el Cuadro 1 de la presente observación, así como la presentación de las cartas de cancelación, es preciso mencionar que de la revisión a los diversos apartados del SIF, no fueron localizadas.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

-          Realizar las correcciones que procedan a su contabilidad para eliminar los saldos de naturaleza contraria en los saldos de las cuentas que integran el rubro de "Bancos".

-          Las pólizas con la documentación que soporten los movimientos realizados, incluyendo las referentes al origen de los movimientos.

-          Señalar el motivo por el cual los saldos en las cuentas bancarias reportan saldo contrario.

-          Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso a), d), e i),96, numeral 1, 127 del RF.

(…)

(524)En respuesta al oficio de errores y omisiones (segunda vuelta), Morena manifestó lo siguiente[67]:

Respecto a lo solicitado y para dar cumplimiento a lo observado, se hace de su entero que de los registros contables correspondientes al ejercicio 2021 se encuentran en proceso, esperando a esta autoridad con la autorización de la solicitud para proseguir con los registros contables correspondientes al punto observado, así mismo también hacemos de su conocimiento que dichas cuentas mencionadas se cambiaron el estatus de “ACTIVA” a “INACTIVA” y fueron canceladas como lo menciona las referencias que menciona el anexo 3.1.8

Por lo tanto, los saldos contrarios señalados por la fiscalizadora, corresponden a ejercicios anteriores. Y se solicitó de la manera más respetuosa a esa H. autoridad la aprobación de realizar los registros contables debidos para registrar los saldos mayores a un año de ejercicios anteriores.

De igual manera hacemos de su conocimiento que se presentaron las cartas de cancelación de cada cuenta como se detalla en el cuadro anterior. Para culminar se agrega captura de pantalla donde se señala en información adjunta apartado otros adjuntos la solicitud para poder cancelar los saldos anteriores, Por lo anterior se solicita dar por solventado este requerimiento.

(525)Ahora bien, en el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable consideró lo siguiente: