Es infundado lo alegado por el PVEM respecto a la falta de exhaustividad de la resolución impugnada, ya que el INE sí tomó en consideración tanto lo alegado por el partido, como la respuesta e información aportada por la empresa Ella Marketing.

El INE sí valoró tanto la respuesta del PVEM como la información remitida por la empresa Ella Marketing.

El PVEM considera que el INE no fue exhaustivo, ya que no tomó en cuenta su respuesta, ni la respuesta de la empresa Ella Marketing, documentos de los cuales se desprendía que, al haber sido contratados como parte de un paquete para la edición de videos y banners, por lo que el costo de 108 videos que se utilizaron como propaganda de campaña era menor al monto determinado por el INE de $3,333.36, por cada uno de ellos.

Justificación de la decisión

En la resolución impugnada, el INE concluyó que el PVEM reportó gastos subvaluados por el concepto de 108 videos difundidos en Facebook, con base en lo siguiente:

En las facturas reportadas por el PVEM no existe una descripción relativa a la producción de videos, pero tanto el partido, como el proveedor Ella Marketing señalan que esa empresa realizó los videos publicados en Facebook, lo cual se adminiculó con las pólizas registradas en el SIF y con la información remitida por dicha empresa.

El INE determinó el costo de los videos con base en el Registro Nacional de Proveedores y la información remitida por la Dirección de Auditoría y concluyó que el precio unitario de producción de los videos correspondía a $3,333.36, de ahí que el costo total por 108 videos correspondiera a $360,000.88

Sin embargo, el partido reportó gastos por concepto de producción de videos difundidos en redes sociales únicamente por $51,724.00.

Con base en lo anterior, el INE consideró que los costos ofertados por la empresa Ella Marketing no se encontraban dentro de los parámetros de valores comerciales razonables de la siguiente manera:

Valor estimado de los 108 videos	Importe pagado por los videos	Diferencia
$360,000.88	$51,724.00	$308,278.88

Con esos elementos el INE concluyó que el PVEM había reportado gastos subvaluados respecto de 108 videos difundidos en Facebook.

Así, tanto del expediente, como de la resolución impugnada se advierte que el INE sí consideró tanto la respuesta del PVEM como la información remitida por la empresa Ella Marketing, ya que fue precisamente esa información la que tomó en consideración para concluir que los costos ofertados por esa empresa al PVEM no se encontraban dentro de los parámetros de los valores comerciales razonables, consideraciones que el PVEM no controvierte, sino que se limita a señalar que sus alegaciones y la documentación aportada por la empresa Ella Marketing no fueron tomadas en consideración en la resolución impugnada, lo cual, como se ha establecido resulta erróneo.

Tema 2. Reporte no veraz de egresos respecto a elaboración de un jingle (PVEM)

Es infundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad, ya que el INE sí valoro, tanto las manifestaciones del PVEM, como la información remitida por la empresa Ella Marketing y tomó como base esos elementos para concluir que el PVEM reportó gastos subvaluados por el concepto de 108 videos difundidos en Facebook.

Es inoperante lo alegado por el PVEM respecto a que existieron dos facturas por la realización del jingle por $20,010.00 y solicitó al proveedor la cancelación de la primera de ellas, porque esa cuestión no fue hecha valer ante el INE.

Es infundado el argumento relativo a que se violó su garantía de audiencia al no haberle requerido que aclarara dicha situación, ya que no está contemplado dicho requerimiento con posterioridad a las indagatorias del INE.

El PVEM manifiesta que el costo del jingle usado en la campaña fue de $20,010 y no de $40,020, como lo consideró el INE, y que esa diferencia se debió a que se emitieron dos facturas y el PVEM le solicitó al proveedor la cancelación de la primera de ellas, pero ese proveedor no la canceló ante el SAT.

En ese sentido, considera que el INE violó su garantía de audiencia ya que, al haber detectado que existían dos facturas, le debió haber requerido que aclarara dicha situación, lo cual no hizo.

a. Es novedoso el argumento relativo la existencia de dos facturas y la solicitud de la cancelación de la primera de ellas.

Derivado de la queja presentada por el PAN, el INE realizó diversas diligencias para determinar cuál era el valor de mercado de la elaboración del jingle, entre ellas, la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores, así como el requerimiento de información a diversas empresas; sin embargo, de dichas diligencias no era posible establecer el costo real que pudiera tener el jingle, para establecerlo como parámetro para determinar si su reporte fue correcto o no.

A fin de obtener mayores elementos, se requirió a la Dirección de Auditoría si el jingle había sido reportado en el SIF, la cual informó que en las pólizas PN1-DR-38/04-21 con la descripción “Jingle en favor de Ricardo Gallardo Cardona” y PN2-EG-6/04-21 con la descripción “Pago de Jingle en favor de Ricardo Gallardo Cardona”, que se registraron por un importe de $20,010.00.

Respecto a las respuestas al emplazamiento y a los requerimientos, el INE consideró que el PVEM señaló la póliza de Diario 31 del periodo 1, Normal, de la que se desprendía que la empresa Asesorías en Medios de Producción S.A. de C.V. fue la que prestó los servicios para la elaboración del jingle.

El INE requirió a dicha empresa para corroborar la información proporcionada por el PVEM en el sentido de que fue ella quien se encargó de la elaboración del jingle, a lo que respondió:

 Presentó una factura expedida por la elaboración del jingle.

 El contrato de prestación de ese servicio.

 La muestra del jingle.

 Dos recibos de transferencia bancaria por un importe de $20,010.00

 Estado de cuenta.

Asimismo, se requirió al Sistema de Administración Tributaria diversa información, de la cual se desprende la existencia de dos facturas que fueron expedidas por Asesoría en Medios y Producción S.A. de C.V., información que fue corroborada por la Dirección de Auditoría a la ID 72877 del entonces candidato, en el sentido de que existían dos pólizas por conceptos similares.

Durante la sustanciación del procedimiento de queja en materia de fiscalización, el PVEM tuvo diversas oportunidades para exponer ante el INE el argumento relativo a la cancelación de la primera factura por el pago del jingle, sin que lo hiciera valer ante esa autoridad, como se explica a continuación.

 En la contestación al emplazamiento por la queja relativa a los costos del jingle, el PVEM se limitó a aportar la Póliza de Diario número 38 del Periodo 1 Normal, con fecha de registro 5 de abril, donde se registró en el SIF el gasto por el jingle.

 En la contestación al requerimiento que le fue formulado por el INE en relación con el jingle denunciado, el PVEM únicamente refirió que se encontraba amparado con las pólizas de diario 35 de cinco de abril y la Póliza de egresos 6 de catorce de abril, lo cual se vinculaba con el pago por $2,010.00 a la empresa Asesoría en Medios de Producción S.A. de C.V., el comprobante fiscal correspondiente y el aviso de contratación por la misma cantidad.

 Al responder el emplazamiento por una queja relacionada con la contratación del grupo Calibre 50, el PVEM únicamente señaló que el gasto relativo al jingle denunciado había sido debidamente reportado en el SIF.

 En su escrito de contestación vía alegatos, el PVEM señaló que sí había registrado en tiempo y forma la documentación contable relativa al pago del jingle.

Con la información remitida por la empresa Asesoría en Medios y Producción S.A. de C.V. concluyó que se emitió, de manera adicional otra factura por $20,010.00

Con base en los anteriores elementos, el INE concluyó que el denunciado omitió reportar en la contabilidad el comprobante fiscal con folio 4646DC1F-89BD-4FFDBCCF-E4CB73E8311F por concepto de “Jingle en favor de RGC, para uso exclusivo de campaña a gobernador den SLP, con el uso de la música de la canción del 5 de marzo al 2 de junio, teniendo y manteniendo en todo momento los derechos de la misma” por un monto de $20,010.00

Lo anterior porque el costo total que se generó por la elaboración del jingle (incluyendo todos los montos y comprobantes fiscales) fue de $40,020.00

De lo anterior puede advertirse que el PVEM no le manifestó al INE la supuesta solicitud de cancelación de la primera factura del jingle denunciado, aun cuando el registro del jingle y su costo era justamente el motivo de las quejas, y las manifestaciones del PVEM se relacionaban específicamente con el costo del jingle, sino que es hasta la presente instancia en que hace valer lo relativo a que existieron dos facturas y solicitó al proveedor la cancelación de la primera de ellas [10].

b. El INE no violó la garantía de audiencia del PVEM al no requerirle que aclarara la falta derivada de sus indagatorias.

Contrario a lo alegado por el PVEM, se considera que el INE no violó su garantía de audiencia ya que éste se garantizó con los emplazamientos en las quejas relacionadas con el costo del jingle, así como con los alegatos presentados por el partido, además de que no está previsto que formulara un requerimiento derivado de los hallazgos de sus investigaciones.

En este sentido, el derecho al debido proceso supone, esencialmente, que las partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento cuenten con garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos ante cualquier tipo de acto emanado del Estado, que pueda afectarlos, mediante la presentación de información que consideren pertinente, así como las pruebas y alegatos, para que todo ello pueda ser valorado antes de resolver [11].

En consecuencia, no estaba previsto que con posterioridad a que el INE emplazó al PVEM y le requirió información respecto al costo del jingle y el partido contestara los emplazamientos, desahogara el requerimiento de información y presentara un escrito de alegatos, el INE realizara un nuevo requerimiento al partido para hacer de su conocimiento lo relativo a que existían dos facturas y dos gastos por el gasto del jingle.

Por tanto, en todo momento se respetó la garantía de audiencia del PVEM, pues su obligación era proporcionar desde un inicio toda la información relativa al costo del jingle, incluyendo, en su caso, la manifestación relativa a la existencia de dos facturas y que solicitó al proveedor la cancelación de la primera de ellas, lo que no hizo [12].

Tema 3. Falta de exhaustividad en el estudio de inconsistencias en el registro de eventos (PVEM)

Es novedoso el planteamiento relativo a que existieron dos facturas por la realización del jingle por $20,010.00 y solicitó al proveedor la cancelación de la primera de ellas, porque no fue hecho valer ante el INE.

No se violó la garantía de audiencia del PVEM al no haberle requerido que aclarara lo relativo al costo del jingle, ya que no está contemplado dicho requerimiento con posterioridad a las indagatorias del INE.

Es infundado lo alegado por el PVEM respecto a la falta de exhaustividad de la resolución impugnada, ya que, contrario a lo que afirma, el INE sí tomó en consideración las respuestas e información aportadas tanto por el Colegio de Notarios, como por Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V.

El PVEM señala que el INE no fue exhaustivo en el estudio de dicha falta, ya que no tomó en consideración las respuestas del Colegio de Notarios y de Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V respecto de la organización de dichos eventos, ya que ambos eventos fueron gratuitos, porque la asistencia tanto al Colegio de Notarios, como al evento con productores del campo fue derivada de una invitación por dichas organizaciones, la cual no tuvo un gasto para la campaña del candidato.

El INE sí analizó la información aportada tanto por el Colegio de Notarios, como por Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V.

En la resolución impugnada el INE concluyó que el PVEM reportó indebidamente diversos gastos, entre ellos los relativos a:

a) Reunión en el Colegio de Notarios de San Luis Potosí.

Derivado de la queja relativa al reporte de diversos eventos, entre ellos la reunión del candidato a la gubernatura en el Colegio de Notarios, el INE consultó los registros del SIF y realizó diversos requerimientos, entre ellos al señalado Colegio de Notarios, el cual confirmó la realización del evento que tuvo como objeto conocer las propuestas del candidato y señaló que su costo fue de $6,900.00, que fue pagado por dicho colegio en la factura AAA17138-188C-4919-9915BDA094EDFE46, mientras que el candidato reportó ese evento como no oneroso

Por lo que el INE concluyó que omitieron rechazar una aportación de ente prohibido proveniente del Colegio de Notarios en el evento identificado con el ID 156, por un importe de $6,900.00

b) Campaña con productores del campo

Derivado de la queja relativa al reporte de diversos eventos, entre ellos el evento de campaña con productores del campo, el INE consultó los registros del SIF y realizó diversos requerimientos, entre ellos al representante legal del lugar en el que tuvo lugar ese evento, Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V., el que informó que el evento había sido realizado en coordinación con el equipo de campaña del candidato y se acordó el uso de las instalaciones sin renta.

En ese sentido al no haber una factura que determinara el costo de la renta del lugar en el que se desarrolló el evento de campaña de la reunión con productores del campo, ese valor se determinó con la matriz de precios por un monto de $12,700.00, mientras que el candidato reportó ese evento como no oneroso.

Por lo que el INE concluyó que se omitió rechazar una aportación de ente prohibido proveniente de Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V. por un monto de $12,700.00

Así, del expediente y de la resolución impugnada se advierte que el INE sí consideró las respuestas e información aportada tanto por el Colegio de Notarios, como por Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V., ya que fue precisamente esa información la que tomó en consideración para concluir que dichas aportaciones fueron realizadas por entes prohibidos y que constituían inconsistencias en el registro de gastos de la campaña, al haber sido reportados como eventos no onerosos.

Máxime que en su demanda de recurso de apelación el actor se limita a señalar la falta de exhaustividad de la resolución impugnada al no haber considerado las respuestas de dichos entes remitidas al INE, sin que en modo alguno el PVEM controvierta en este recurso de apelación la conclusión en el sentido de que dichos gastos constituían aportaciones de entes prohibidos, lo que sirvió de base para determinar que esas aportaciones constituían inconsistencias en el registro de esos eventos.

Tema 4. Valuación indebida de gastos en diversos eventos (PVEM y PAN)

Es infundado lo alegado respecto a la falta de exhaustividad, ya que el INE sí tomó en consideración las respuestas e información aportadas tanto por el Colegio de Notarios, como por Sureño Invernaderos S.P.R. de R.L. de C.V.

Los agravios son inoperantes, porque los recurrentes no proporcionan elementos objetivos que permitan a este órgano jurisdiccional analizar si la determinación de la responsable se ajusta a los criterios de evaluación, previstos en el artículo 27 del Reglamento.

a. Indebida metodología con la que se realizaron las subvaluaciones

Tanto el PVEM, como el PAN alegan que la responsable desarrolló una indebida metodología por la cual determinó las subvaluaciones.

i) El PVEM refiere que el INE no tomó en consideración: el volumen de la operación de los 257 eventos; la ubicación geográfica y las características específicas del servicio por lo que hace a tres eventos, dos relativos a cierres de campaña (en la ciudad de San Luis Potosí y en Tamazunchale) y, otro llevado a cabo en la capital del estado, relativo a la póliza 453.

ii) El PAN, señala que no existe una metodología para conocer por cada evento el gasto no aportado o subvaluado de cada uno de los 257 eventos denunciados en la queja, así como las bardas y espectaculares detectados.

b. Error en la matriz de precios

i) El PVEM dice que, para el análisis de las matrices, la responsable incurrió en el error de no tomar en cuenta los costos de las entidades federativas con el mismo ingreso per cápita, lo que la llevó a que los insumos que consideró subvaluados fueran más bajos que los que reportó el partido.

ii) El PAN, manifiesta que la valuación debió contener información homogénea y comparable, junto con asignar el valor más alto de la matriz de precios respectiva.

c. Indebida valuación de los gastos por los grupos musicales que intervinieron en los eventos denunciados.

i) El PVEM señala que hay una sobrevaloración de los grupos musicales Invasores de Nuevo León [13] y Los Acosta [14], derivado de que la responsable comete dos errores:

- El primero es que pasa por alto que el costo de las contrataciones de cada grupo fue prorrateado al ser un evento donde se presentaron diversos candidatos, y

-El segundo es que no analizó la universalidad de los gastos registrados, ya que compara el costo de su cotización que contempla la presentación del grupo y otros insumos, con el gasto registrado por la sola presentación del grupo, ignorando que la cotización es total.

ii) El PAN, argumenta que la autoridad no requirió a los representantes legales de los grupos musicales Calibre 50, Acorde Norteño, la Sonora Dinamita, los Invasores y los Acosta que fueron denunciados en algunos de los 257 eventos, para que informaran quién los contrató, cuánto cobraron y cuál fue la forma de pago.

Destaca que en cada uno de los eventos denunciados la participación de los grupos fue por conciertos completos hecho que debió ser evaluado.

d. Errores en análisis de la subvaluación en relación con los criterios de valuación de la Dirección de Auditoría

El PVEM argumenta que la responsable en 109 eventos supuestamente subvaluados cometió los siguientes errores:

- En los ID 7 e ID 143, el precio del hallazgo no corresponde al costo de cada gasto que se registró en la factura.

e. Indebida valuación de espectaculares

El PVEM dice que la responsable no fue exhaustiva, pues omitió tomar en cuenta la respuesta a la queja y el contenido de la póliza PN1/DR-21/25-03/2021, con lo que se hubiera percatado que se emitieron dos facturas y que el proveedor prestó el servicio por 60 días y no por 90, que se trata de 9 espectaculares y no de 6.

Metodología

Los agravios se analizarán de manera conjunta, porque todos van encaminados a controvertir una indebida valuación de los eventos denunciados, sin que esto afecte a las partes, pues lo importante es que se atiendan la totalidad de los mismos [15].

Los agravios son inoperantes porque son manifestaciones dogmáticas y subjetivas.

Resolución impugnada: Subvaluación de diversos conceptos

Derivado de que en las quejas se denunció que durante la campaña del candidato a gobernador se realizaron diversos eventos, fueron reportados por debajo de los costos de mercado.

El INE solicitó a la Dirección de Auditoría le informara si en el informe de campaña de los denunciados se advertían elementos que fueron reportados como gastos con costos de mercado distintos a los valores de mercado.

En respuesta la referida Dirección informó que 257 eventos se encontraban en el SIF, pero presentaban registros de montos pagados de bienes y servicios por debajo de los valores de mercado.

Cabe precisar que en estos eventos se encontraron como gastos reportados subvaluados los eventos relacionados con los grupos musicales Los Invasores de Nuevo León y Los Acosta (ID 252 e ID 257.

En consecuencia, procedió a realizar la determinación del valor razonable utilizando la metodología de valuación conforme los artículos 27 y 28 del Reglamento, comparando el valor reportado promedio equiparable para cada hallazgo en la matriz de precios, al cual después de restarle la quinta parte le permitió obtener el valor mínimo de mercado.

Para determinar la subvaluación de los conceptos denunciados, la responsable señaló que aplicaría la metodología de evaluación conforme a los artículos 25, párrafo 7, 27, párrafos 1 y 2, 28, párrafo 1, inciso a), del Reglamento.

Refirió que, de conformidad con el artículo 27, párrafo 1, inciso c), del Reglamento, se había reunido, analizado y evaluado información relevante de los conceptos de posible subvaluación.

Precisó que, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los citados artículos, se consideraron los productos y/o servicios de la matriz de precios correspondientes al mismo espacio geográfico (San Luis Potosí) y con características similares; posteriormente, se determinó el precio promedio de los bienes y/o servicios sujetos de análisis.

Estimó que lo anterior cumplía con lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, a), del Reglamento, el cual señala que, para determinar la sobrevaluación o subvaluación, se debe comprobar que los gastos analizar tengan un valor reportado inferior o superior en una quinta parte (1/5 0 20%) en relación con los determinados a través del criterio de evaluación.

Con base a lo anterior, la responsable señaló que la Dirección de Auditoría había identificado los registros en los que se actualizaba la subvaluación.

Para tal efecto, insertó una tabla con los eventos denunciados como subvaluados, en la que especificó: a) tipo de evento; b) hallazgo; c) referencia contable; d) precio del hallazgo; e) valor razonable, incluyendo en este último apartado: i) costo promedio de 2 o más precios de la matriz, ii) 20% del costo promedio, iii) valor mínimo de mercado, iv) diferencia, v) subvaluación e, vi) importe subvaluado a acumular.

Así, al analizar en los eventos reportados cada una de las características referidas concluyó que el recurrente había subvaluado un total de $714,238.77.

Por otra parte, la responsable también se pronunció respecto de la subvaluación de gastos en pinta de bardas e instalación de anuncios espectaculares.

Para ello, llevó a cabo la metodología ya referida, y también requirió a la Dirección de Auditoría le informara si en el marco de la revisión a los informes de campaña de los sujetos denunciados se analizó la subvaluación, en el reporte de los gastos por los conceptos referidos.

En respuesta, la Dirección requerida informó que diversos conceptos reportados en el SIF, correspondientes a pinta de barda e instalación de anuncios espectaculares presentaban registros de montos pagados por bienes y servicios por debajo de los valores de mercado.

Por tal motivo, al realizar el análisis respectivo en cinco facturas de pintas de bardas y seis facturas relativas a instalación de espectaculares, la responsable obtuvo que de la pinta de bardas existió una subvaluación de $296,838.93 y, de los espectaculares un total de $32,733.15.

Finalmente, la responsable concluyó que los conceptos subvaluados correspondían a gastos operativos de eventos de campaña, pinta de bardas e instalación de espectaculares, dando un total de $1,043,810.85

Determinación de esta Sala Superior

Los agravios son inoperantes porque los recurrentes omiten proporcionar elementos objetivos para determinar si la responsable se ajustó a los criterios de evaluación previstos en el artículo 27 del Reglamento.

Como se evidenció, la responsable estableció una metodología y desarrolló un procedimiento para la determinación de costos a partir de elementos que, en su conjunto, permitieron comparar los bienes y servicios que integran la matriz de precios contra los gastos no reportados por los partidos. Esto de conformidad con los artículos 27 y 29 del Reglamento.

Así, para controvertir lo anterior, el PVEM se limita a señalar que la responsable realizó una indebida valuación de los eventos porque no desarrolló una metodología adecuada; que hubo una indebida valuación de los grupos musicales a partir de que dejó de ver el prorrateo; que hubo errores al analizar la subvaluación frente al criterio de valuación de la Dirección de Auditoría y, que el número de espectaculares mal valuados no corresponde al número que reportó.

Por su parte el PAN, se constriñe a manifestar la falta de metodología para analizar la subvaluación en los 257 eventos reportados y el hecho de no requerir a los diversos grupos musicales que participaron en algunos de los eventos denunciados para saber quién los contrató, cuánto cobraron y cuál fue la forma de pago.

Como se advierte, los apelantes omiten especificar cuáles son los registros de la matriz de precios que en cada caso se debieron aplicar y a partir de qué características o atributos de los bienes y/o servicios consideran que resultaban aplicables y que, desde su punto de vista, la responsable dejó de atender.

No señalan qué ID de la matriz de precios no resultaba aplicable a determinado gasto; asimismo tampoco dicen cuáles precios debieron ser considerados y por qué.

De igual modo, los recurrentes dejaron de proporcionar las razones por las cuales ciertas características no resultan comparables con un determinado concepto, supuestamente mal valuado.

En ese sentido, los recurrentes dejan de cumplir con la carga argumentativa mínima con la cual acrediten que la matriz de precios en los que se basó la responsable no era correcta, para que, con ello, este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de analizar, si, en el caso, la resolución impugnada se apartó del criterio establecido en el artículo 28 del Reglamento.

Lo anterior, sin que obste que el PVEM argumente que, para el análisis de las matrices, la responsable incurrió en el error de no tomar en cuenta los costos de las entidades federativas con el mismo ingreso per cápita y, que el PAN, por su parte señale que la responsable debió asignar en la matriz de precios el valor más alto.

Sin embargo, dichas manifestaciones devienen también inoperantes, porque los recurrentes omiten identificar cuáles costos se debieron considerar para la matriz de precios; asimismo, tampoco especifican los rubros o conceptos que se vieron afectados con la subvaluación que, según ellos, derivaron de una incorrecta aplicación de los costos establecidos en la matriz de precios.

De ahí que, al ser argumentos genéricos también devienen inoperantes.

Máxime que fue el incorrecto reporte de gastos, en el caso del PVEM, lo que provocó la elaboración de la matriz de precios, para los efectos ya descritos [16].

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que el PVEM refiera que, en el ID 76, la responsable tomó dos veces el mismo concepto por supuesta subvaluación, el valor razonable no coincide con los dos montos y, el monto fue registrado en la póliza CAMLOC_JHHLP_GOBL_SLP_N_DR_P1_37 y se facturó por un monto de $1,000.00, lo cual coincide con el precio de hallazgo.

Al respecto, se considera dicho agravio, también como inoperante, derivado de que el recurrente no especifica qué concepto del ID 76 se tomó como subvaluado dos veces, y por tanto, esta autoridad está impedida para pronunciarse respecto de si el valor razonable coincide o no, con independencia de que señale la póliza.

Aunado a ello, esta Sala Superior advierte que, por lo que hace al ID impugnado, la responsable únicamente analizó los conceptos de: 4 matracas, 1 lona y 100 sillas, sin que se desprenda de los mismos y, de las referencias contables respectivas, que alguno de esos conceptos se haya considerado como subvaluado dos veces.

De ahí la inoperancia del agravio.

Tema 5. La valuación de pintas de bardas viola el principio non bis in idem (PVEM)

Al no aportar elementos objetivos que permitan analizar si la resolución se ajusta a los criterios de evaluación, los agravios se tornan inoperantes.

El agravio es inoperante porque el apelante vierte argumentos genéricos.

El PVEM refiere que:

- La Dirección de Auditoría omitió informar [17], a la Dirección de Resoluciones y Normatividad que la subvaluación de bardas ya había sido materia de observación en el dictamen consolidado [18] aprobado mediante resolución INE/CG1387/2021, la cual fue impugnada en el SUP-RAP-210/2021, situación por la que considera que se estaría juzgando dos veces el mismo objeto de estudio y,

- La responsable comete el error de establecer dos metodologías de subvaluación, porque en el dictamen consolidado aprobado en resolución INE/CG1387/2021, la metodología fue localizar el costo más bajo, por $37.12, posteriormente sacó la diferencia que se debía facturar, por lo que la acumulación fue de $172,956.64, precisando que en este se sancionó por 12 registros de bardas de toda la coalición.

Así, señala que, en la resolución impugnada, la autoridad toma un promedio de matriz por $57.42, no muestra el volumen de la operación y características del servicio. Y en este caso, solo subvaluó 6 registros contables que son únicamente de Ricardo Gallardo Cardona.

Los agravios son inoperantes al ser manifestaciones genéricas

Es inoperante el agravio en el que el recurrente refiere que las bardas sobrevaloradas ya fueron objeto de pronunciamiento en la resolución IN/CG1387/2021, la cual fue confirmada en el SUP-RAP-210/2021.

Lo anterior, porque el apelante no especifica a cuáles bardas se refiere, o bien, no evidencia de manera clara y contundente que las pintas de barda materia de pronunciamiento en el presente recurso, son las mismas que fueron objeto de estudio en el SUP-RAP-210/2021

Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que no se está en el supuesto del doble juzgamiento, porque en el caso no se trata de las mismas pintas de bardas, tal y como se evidencia al contrastar el dictamen consolidado y la resolución INE/CG1387/2021, con la resolución que aquí se controvierte.

Lo anterior, porque de la comparación que se hace por esta Sala Superior entre el número de referencia de las bardas que fueron motivo de estudio en la resolución impugnada es distinto al número de referencia de las bardas que fueron motivo de observación en la resolución en materia de fiscalización de los gastos de campaña de la coalición JHH en el proceso electoral local, lo que permite concluir que no coinciden las bardas en ambas resoluciones.

Asimismo, es inoperante el agravio en el que se alega que la responsable comete el error de establecer dos metodologías de subvaluación, la propuesta en el dictamen consolidado aprobado en resolución INE/CG1387/2021 y, la propuesta en la resolución que se impugna en el presente recurso.

La inoperancia radica en que, como ha quedado establecido, no se trata de las mismas bardas que fueron motivo de observación en la resolución de los informes de campaña y el PVEM tampoco demuestra que la metodología la metodología utilizada tuviera que ser idéntica o que ésta fuera diferente.

Tema 6. Falta de exhaustividad en la revisión de elementos probatorios denunciados respecto de redes sociales (PAN)

Los agravios se tornan inoperantes al ser manifestaciones genéricas y porque la metodología establecida por la responsable en el dictamen consolidado aprobado en la resolución INE/CG1387/2021 no es materia de litis en esta controversia.

A juicio de esta Sala Superior, las alegaciones del recurrente son inatendibles, puesto que, por una parte, no controvierten las determinaciones de la autoridad fiscalizadora en la resolución impugnada y, por otra, en tanto se duele de resoluciones ajenas al acto controvertido en la apelación que aquí se resuelve.

Metodología

A fin de analizar de manera ordenada lo relativo a redes sociales, se agruparán los argumentos del recurrente y la justificación de acuerdo a tres rubros distintos: 1. videos y fotografías en Facebook; 2. pago publicidad en Facebook; 3. Participación de “influencers”.

a. Videos y fotografías en Facebook

El recurrente alega que la responsable omitió realizar el estudio, ponderación y asignación del valor más alto en la matriz de precios, respecto de diversas publicaciones en redes sociales del partido denunciado las cuales refirió en sus escritos de queja, mediante fotografías y capturas de pantalla.

Puesto que las pruebas que presentó tienen valor meramente indiciario, la responsable se encontraba obligada a investigar y allegar de elementos de prueba adicionales para su perfeccionamiento.

Esto es así, porque de las 213 publicaciones identificadas de Facebook que presentó, infiere que la responsable omitió pronunciarse respecto de 168 de ellas.

Para comprobar su dicho, presenta una tabla en la que refiere las 213 publicaciones, que incluyen las 168 que supuestamente no fueron valoradas por la responsable.

Además, alega que la autoridad vulneró el principio de imparcialidad porque respecto de la misma conducta en una resolución diversa en la que sancionó al recurrente–correspondiente al estado de Querétaro—, sí actuó de manera escrupulosa en la investigación y en la imposición de la sanción.

b. Pago de publicidad en Facebook

Según el recurrente, en la página oficial del PVEM se divulgó que entre el 4 de agosto 2020 y el 22 de junio de 2021, ese instituto político pagó publicidad en Facebook por un monto de $37,616,991.00

A ese respecto, le solicitó al INE que investigara el pautado por entidad federativa y las fechas de difusión de la publicidad, a fin de identificar la erogación específica para la campaña de la gubernatura en San Luis Potosí.

Asegura que no advierte en el cuerpo de la resolución que se hubiera atendido su petición. Más aún, afirma que la autoridad no realizó requerimiento al proveedor para dilucidar el gasto en redes sociales a fin de dilucidar el monto y origen de los recursos utilizados en la campaña del partido político denunciado.

c. Contabilización de la participación de “influencers” durante el periodo de veda electoral

El apelante expone que el tema de la participación de los “influencers” ya fue resuelto y que el PVEM fue sancionado por la conducta ilegal, no obstante, afirma que el INE no acumuló en los topes de gasto respectivos el monto a favor de ese instituto político, ni se impactó en la elección de San Luis Potosí.

Ello pues ni siquiera se razona en los considerandos y resolutivos del acto que se controvierte.

Los agravios son inoperantes porque son pruebas técnicas carentes del elemento indispensable para su valoración (URL)

a. Videos y fotografías en Facebook

Las 213 publicaciones en la red social Facebook supuestamente no reportadas en el SIF, fueron denunciadas por el recurrente en uno de sus escritos de queja [19], mediante un listado en que señala, para cada uno de los casos, si se trató de video o fotografía.

Asimismo, agrega un número “identificador”, la fecha de difusión de publicidad, el importe y el alcance de usuarios.

A continuación, adiciona 194 fotografías bajo el título “evidencia de la publicidad pagada en redes sociales, en beneficio del candidato denunciado. Publicidad pagada por Ricardo Gallardo 5 de marzo a 4 de junio del 2021”.

Al respecto, el recurrente aduce que 168 de las publicaciones del total de 213 denunciadas, no fueron valoradas por la responsable.

El agravio es inoperante.

De la resolución controvertida se advierte que la responsable sí tuvo en consideración la tabla presentada en la queja, tan es así, que la ubicó dentro del anexo único de la resolución controvertida [20], que coincide en sus términos con el listado presentado por el recurrente.

Ahora bien, del conglomerado de publicidad en internet que fue denunciada por el recurrente, se advierte la falta de Localizadores de Recursos Uniformes [21] (URL por sus siglas en inglés) en todos los casos.

El URL es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en Internet para ser localizados por el navegador y visitados por los usuarios

Por tanto, el vínculo URL es el elemento indispensable mediante el cual es posible acceder y dar seguimiento específicamente a la publicidad de redes sociales.

Para las quejas y denuncias, la liga en comento es lo que permite a la autoridad fiscalizadora verificar la existencia del video o publicidad que investiga y así, de ser el caso, allegarse de otros elementos adicionales que le permitan fortalecer los indicios que encuentre.

En el caso a estudio, contrario a lo señalado por el recurrente, los hallazgos realizados por la autoridad fiscalizadora de videos y propaganda en redes sociales se obtuvieron como consecuencia del ejercicio de fiscalización de la responsable, pero no de la tabla que proporcionó en su escrito de queja.

En otras palabras, el inventario presentado por el recurrente se refiere expresamente a publicidad en Internet, no obstante, en todos los casos faltó el enlace que hubiera hecho posible el acceso a los videos denunciados.

Lo anterior provocó que la responsable no tuviera los elementos indispensables para verificar las afirmaciones del entonces quejoso.

El mismo criterio resulta aplicable a las 195 fotografías posteriores, que tampoco incluyen enlace o URL que permita su verificación o comprobación, por lo que la queja del PAN, al carecer del vínculo URL o dirección de acceso, hizo imposible al INE identificar y corroborar sus dichos.

Más aún pues de la resolución controvertida se aprecia que la responsable sí verificó la propaganda digital que fue acompañada del vínculo conducente [22] y que corroboró en el SIF las contabilidades del candidato denunciado y de la coalición que lo postuló, encontrando diversos registros de publicidad contratada en redes sociales
–Facebook entre ellas—.

Similar criterio se utilizó en la sentencia SUP-RAP-97/2021, en cuyo caso, la autoridad fiscalizadora sí contó con los vínculos digitales que le permitieron corroborar, junto con otros elementos conocidos, la publicidad denunciada.

De ahí lo inoperante del agravio.

En cuanto a que la autoridad vulneró el principio de imparcialidad porque en una resolución diversa, en la que sancionó al recurrente respecto de la misma conducta que denuncia –no reportar gastos de publicidad en internet— en otra entidad federativa, el argumento es igualmente inoperante.

Lo anterior, puesto que ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior establecer que las circunstancias y características de cada resolución y procedimiento sancionador son distintos.

Por tanto, las sanciones que impone la autoridad fiscalizadora a cada partido político, inclusive en un mismo proceso electoral, no son vinculantes, para que la responsable imponga la misma determinación a otros casos, ya que, al resolver, se deben de tomar en consideración las particularidades de cada caso.

Es decir, lejos de encontrarse obligada resolver de la misma manera, la autoridad responsable debe valorar en lo particular cada conducta, y establecer de manera particular, lo que considere procedente para la individualización e imposición de la sanción, en atención a los diversos elementos previstos en la ley electoral [23].

En consecuencia, cada caso tiene sus propias particularidades que lo hacen distinto de los demás. Esto es lo que justifica que exista un ejercicio prudente de apreciación para cada caso.

Similar criterio se sostuvo en los diversos SUP-RAP-57/2021, SUP-RAP-182/2021 y SUP-RAP-370/2021.

b. Pago de publicidad en Facebook

Lo alegado por el recurrente en cuanto a que la responsable omitió atender su petición de verificar el pago por publicidad en Facebook realizado por el PVEM entre el 4 de agosto 2020 y el 22 de junio de 2021, por un monto de $37,616,991.00, es inatendible.

En primer término, de la resolución controvertida se advierte que la responsable sí se pronunció en cuanto a los gastos de publicidad en Facebook, tan es así que confirmó la existencia de propaganda electoral en diversas redes sociales – Facebook, Twitter y Banners en el buscador Google— en beneficio del candidato a la gubernatura investigado [24].

Más aún, después de describir el procedimiento de investigación y valoración que realizó sobre los gastos de propaganda digital, la responsable confirmó que los gastos de redes sociales sí fueron registrados en el SIF y sancionó aquellos –108— que, a pesar de haber sido reportados, fueron subvaluados.

En ese orden de ideas, en el expediente se encuentran diversas constancias de los requerimientos que el INE dirigió a Facebook, en los que solicitó información relativa a los gastos de la campaña a la gubernatura de la coalición integrada por el PVEM, y las respuestas conducentes.

De manera específica, tal como se refiere en la resolución controvertida, la información pedida a Facebook se refirió a la pauta de las publicaciones, monto y especificidades varias del pago de publicidad de la cuenta @ricardogallardomx, en el periodo de campaña [25].

Esto es, el requerimiento que realizó la autoridad fue similar a lo sugerido por el recurrente, pero referido de manera específica al periodo investigado –campaña—.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la finalidad de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización es que la autoridad responsable verifique la licitud en el origen, manejo y destino de los recursos de los sujetos obligados.

De manera que la resolución, que pone fin a la investigación correspondiente, concluye necesariamente –de ser procedente— con la determinación de si la conducta denunciada es fundada o infundada y, de ser el caso, con la sanción conducente.

Por tanto, el agravio es inoperante, porque contrario a lo afirmado por el recurrente, la autoridad responsable sí investigó y encontró la propaganda correspondiente, sin que el recurrente combata las consideraciones de la responsable, pues se limita a manifestar el reportó gastos por publicidad en Facebook por un monto de $37,616,991.00 y, a decir del recurrente esa cantidad le corresponde a los gastos de la campaña a la gubernatura de San Luis Potosí.

y no establa obligada a incluir un rubro en la resolución en la que incluyera, de manera pormenorizada de la manera en la que la solicitó, la información señalada por el recurrente.

Es decir, lo que alega de ninguna manera controvierte los razonamientos lógico-jurídicos de la responsable, en donde, como se ha expuesto, investigó los pagos de propaganda de la coalición y del candidato incoados, analizó y valoró la información y documentación obtenida para, finalmente, emitir la determinación atinente.

c. Contabilización de la participación de “influencers” durante el periodo de veda electoral

Sobre la participación de los “influencers” del PVEM, respecto de lo que el recurrente solicita una nueva valoración más estricta por parte de la autoridad electoral, lo alegado es inoperante.

En primer lugar, porque los motivos de agravio se refieren a determinaciones establecidas por el CG del INE en procedimientos y resoluciones diversas al acto que se controvierte en los recursos de apelación que aquí se analizan.[26]

En tales resoluciones, el CG del INE dio por acreditada la contratación de una campaña publicitaria en benefició del PVEM y sus candidatos en el marco de los procesos electorales federal y locales concurrentes, que no se registró dentro de los informes de campaña respectivos.

Por ello, procedió al establecimiento del monto involucrado, al prorrateo del beneficio a distribuir y la suma correspondiente a sumar a cada una de las campañas.

Así, de acuerdo al dictamen consolidado de San Luis Potosí [27], según la cédula de prorrateo del Anexo 58_FD_PVEM para el caso específico del candidato a la gubernatura postulado por la coalición JHH, el monto del beneficio a sumar fue de $58,829.14

Además, tal determinación fue confirmada por esta Sala Superior mediante la sentencia SUP-RAP-172/2021 [28].

Esto es, en el caso concreto, el recurrente controvierte una resolución del Consejo General del INE que ya fue materia de pronunciamiento por esta Sala Superior, por tanto, existe imposibilidad tanto jurídica como material para que dicha resolución sea nuevamente controvertida, puesto que es definitiva y ha causado ejecutoria.

Similar criterio se sostuvo en el diverso SUP-RAP-182/2021.

Tema 7. Conceptos de gastos no reportados o indebidamente valuados (PVEM y PAN)

Se comprobó que:

 Respecto a las 213 publicaciones de publicidad en Facebook, fueron denunciadas, la responsable no contó con los vínculos digitales que permitieran verificar su existencia.

 La autoridad fiscalizadora no establa obligada a incluir un apartado específico en la resolución que, de manera pormenorizada, diera respuesta a lo requerido por el recurrente, distinto de los hechos denunciados, que fueron la materia de las quejas que presentó.

 El prorrateo del beneficio económico de la participación de influencers se sumó en la parte correspondiente, a los gastos de campaña del candidato a la gubernatura postulado por la coalición JHH, el monto del beneficio a sumar fue de $58,829.14; resolución diversa a la que aquí se controvierte y que fue confirmada en la sentencia SUP-RAP-172/2021.

En consecuencia, lo alegado es inoperante e inatendible porque no controvierte lo expuesto y razonado por la autoridad fiscalizadora.

Es inoperante la afirmación del PVEM en cuanto a que el INE valoró indebidamente las pruebas ofrecidas en las quejas, pues se limita a afirmar que tales probanzas tuvieron valor probatorio pleno, sin esgrimir un solo argumento para sustentar su afirmación y sin controvertir la valoración que, en cada caso, realizó la responsable.

Los alegatos en cuanto a que la responsable no se pronunció respecto a la totalidad de eventos denunciados (PAN), son infundados.

Ello es así pues tanto en la resolución controvertida como en las constancias que integran el expediente, se advierte que el INE sí se pronunció respecto de los eventos denunciados por el recurrente, lo que se observa tanto de la resolución controvertida, como de las constancias que integran el expediente [29].

De igual manera, en cuanto a la supuesta falta de exhaustividad al no existir pronunciamiento de la responsable respecto al pago del grupo Calibre 50, el agravio es infundado, ya se observa que el INE refirió, de manera expresa, lo concerniente al grupo musical en cuestión.

Finalmente, lo relativo a que las respuestas del partido investigado durante la sustanciación (PVEM) no fueron tomados en consideración es infundado.

Lo anterior porque de la revisión a los argumentos que, de manera particular refiere el partido político investigado para cada evento en específico, se observa que se limita a afirmar que sí reportó los gastos y a señalar la documentación que supuestamente los ampara.

No obstante, tanto de la resolución controvertida como como de las constancias del expediente, se advierte que la documentación identificada por el partido político no ampara los gastos no reportados o los subvaluados por los que fue sancionado en cada caso.

Metodología

El presente apartado se abordará de acuerdo a los siguientes subtemas: a. valoración probatoria; b. falta de exhaustividad de la responsable;
c. concepto de gastos respecto de los que sí existió pronunciamiento expreso (Calibre 50 y 31 eventos).

¿Qué se determinó en la resolución impugnada?

De la resolución controvertida se advierte de manera específica, que el INE identificó: i) los conceptos que tuvieron inconsistencias en el registro; ii) los que fueron registrados en el SIF; iii) los conceptos no reportados, y iv) los conceptos reportados en forma subvaluada.

Ello a partir del cruce de información relativo a los conceptos denunciados de manera particular para cada uno de los eventos, con la documentación y reportes ubicados en el SIF, y las respuestas de los sujetos investigados.

Concluyó que de los 257 eventos de la campaña a la gubernatura del estado por el candidato de la coalición JHH, en 71 de ellos se encontraron conceptos que no fueron reportados, y en 108 sí se reportaron gastos, pero por debajo de los costos de mercado (subvaluación)[30]; al investigar los diversos escritos de queja.

Del expediente y de la resolución controvertida se aprecia que, en sus respuestas al emplazamiento, los sujetos incoados manifestaron que todos los gastos realizados en los eventos fueron debidamente registrados en el SIF y soportados con la documentación conducente.

De la valoración de tales contestaciones, y de la revisión a lo reportado en el SIF, la autoridad encontró que diversos conceptos no fueron localizados –y por tanto, no reportados—, por lo que procedió a determinar el monto involucrado en cada caso, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización (matriz de precios).

El PVEM alega que el INE concedió pleno valor probatorio a las pruebas presentadas en su contra, a pesar de ser meramente técnicas, por ser notas periodísticas y documentos hallados en internet. Aunado a ello, asegura que no fueron certificadas por la oficialía electoral.

Asimismo, asegura que el INE no tomó en cuenta sus respuestas, en las que señaló cada evento identificándolo con su ID, y que en ninguno de los oficios de errores y omisiones se hizo mención de los gastos que ahora considera no reportados.

Por su parte, el PAN asegura que hubo falta de exhaustividad de la responsable pues alega que no se pronunció de la totalidad de elementos que señaló como reportados.

Específicamente, en cuanto a la participación de Calibre 50 el recurrente señala que de la resolución controvertida no se advierte pronunciamiento sobre el pago del grupo musical en comento.

La responsable sí resolvió sobre la totalidad de eventos denunciados como no reportados o subvaluados y valoró las respuestas del partido investigado

a. Valoración probatoria

En la resolución controvertida se aprecia que la responsable valoró adecuadamente las pruebas, pues una vez relacionadas, descritas y analizadas en lo individual, llevó a cabo su valoración conjunta, como a continuación se describe.

En primer lugar, identificó los conceptos que fueron motivo de denuncia y consideró que las pruebas, al tratarse de vínculos a páginas de Internet y fotografías ofrecidas por el quejoso, constituían únicamente pruebas técnicas e indiciarias.

Por ello, a continuación, solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión a los informes de campaña de los sujetos incoados, fueron reportados los gastos por los conceptos denunciados por el quejoso.

En su respuesta, la Dirección requerida informó que diversos conceptos fueron reportados en el SIF, identificó otros que no fueron localizados y finalmente, ubicó aquellos que fueron reportados de manera subvaluada.

Esto es, agrupó los conceptos denunciados, de acuerdo al evento correspondiente, identificó la póliza en la que se encuentra el registro de la contabilidad del SIF.

Además, ubicó aquellos que fueron objeto de observación en el oficio de errores y omisiones, emitido con motivo de las inconsistencias detectadas en la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de campaña.

Para aquellos casos denunciados en las quejas que no fueron reportados en el SIF, procedió a identificar el concepto, determinar el valor del hallazgo en específico y el monto correspondiente a cada evento, mediante el procedimiento de valor razonable (en resumen, comparó el valor reportado contra el valor promedio equiparable para cada hallazgo en la matriz de precios para, después, restar la quinta parte y obtener el valor mínimo de marcado).

Más aún, relacionó la totalidad de registros al rubro de eventos, para tener tanto los conceptos reportados, como los no reportados y los subvaluados, de manera integral.

Lo anterior fue retomado en la resolución controvertida, de la que se advierte que la responsable procedió a realizar el análisis de los hallazgos de revisión de los conceptos denunciados como no reportados contra lo efectivamente registrado en el SIF, mediante apartados de estudio de fondo específicos.

Así, se aprecia que los temas que se abordan en la resolución controvertida son, entre otros, conceptos con inconsistencia de registro [31], conceptos registrados en el SIF, conceptos no reportados y conceptos reportados en forma subvaluada.

Por lo que hace a la valoración probatoria, estimó las respuestas de auditoría de la UTF como documentos públicos con valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario, al haberse emitido por parte de la autoridad competente en ejercicio de sus funciones [32].

Por otro lado, y contrario a lo afirmado por el recurrente, consideró que las pruebas aportadas por el quejoso fueron técnicas, de modo que respecto a aquellas de las que no se encontraron elementos probatorios adicionales que les dieran certeza, las declaró infundadas [33].

Tan es así que consideró la información y documentación remitida por los partidos y los candidatos como documentales privadas [34].

En este orden de ideas, lo inoperante de lo alegado por el recurrente radica en que se limita a afirmar de manera dogmática que la responsable realizó una indebida valoración probatoria y que asignó valor probatorio pleno a pruebas presentadas por el quejoso, sin esgrimir un solo argumento que controvierta las consideraciones de la autoridad en la resolución controvertida a ese respecto.

En igual sentido, se considera inoperante lo argumentado en cuanto a que la Oficialía Electoral no certificó las pruebas presentadas por el quejoso en sus escritos de queja.

Lo anterior es así pues tanto de la resolución controvertida se aprecia que la autoridad responsable solicitó en ocho ocasiones a la Oficialía Electoral del INE certificara diversos elementos probatorios proporcionados por el quejoso, en sus diversos escritos.

Ello respecto de contenido de diversas URL de páginas de redes sociales, contenido de discos y de páginas de Internet [35].

No obstante, el recurrente afirma de manera dogmática que la responsable no contó con la certificación de pruebas realizada por la Oficialía Electoral, sin identificar, en su caso, cuáles fueron tales pruebas, cuáles fueron los hechos, eventos o direcciones que no fueron certificados por la autoridad competente.

Es por lo anterior que el agravio devine inoperante.

b. Falta de exhaustividad de la responsable

Lo alegado por el PVEM en cuanto a que la autoridad responsable no estimó las respuestas que presentó para subsanar los eventos y gastos no reportados y subvaluados, es infundado.

Ello es así pues, como se expuso en la resolución controvertida, sí tuvo en consideración las respuestas de los partidos incoados al emplazamiento y en cuanto al recurrente, señaló que el PVEM [36]:

 Remitió documentales que a su dicho demuestran que si acató la norma en tiempo y forma y que los conceptos denunciados se encuentran debidamente reportados en el SIF.

 Indicó que ciertas publicaciones denunciadas no son de su autoría, ya que las mismas se encuentran alojadas en medios digitales los cuales se dedican entre otros temas como lo son, cocina, política, viajes, entre otros.

 Que respecto de los 257 eventos que el quejoso denuncia, son mucho menos ya que se altera la numeración consecutiva y se repiten diversos eventos al presentar publicaciones distintas sobre el mismo evento, además de que los gastos de operación y de propaganda utilitaria producto de la realización de los eventos efectivamente realizados, se encuentran debidamente reportados en el sistema de contabilidad en línea y a precio real, por lo que es infundada la pretensión del quejoso en cuanto a gastos no reportados o reportados a precio subvaluado.

 Negó para todos los efectos legales a los que hubiere lugar que hubiera realizado actos en contravención a la norma electoral.

 Que en todo momento fue respetada la normatividad electoral en materia de fiscalización, por lo que el tope de gastos de campaña jamás fue rebasado.

Posteriormente y después de la revisión a los eventos incluidos en las quejas, de lo reportado en el SIF y de las respuestas de los sujetos investigados, la responsable concluyó que, de los elementos aportados por los sujetos incoados para desvirtuar lo denunciado por el quejoso, en los conceptos relacionados en el cuadro incluido en la resolución, no aportaron elementos de convicción que acreditaran los conceptos denunciados específicamente en cada evento [37].

En otras palabras, del expediente y de la resolución impugnada se advierte que el INE sí consideró tanto la respuesta del PVEM como la del candidato incoado, pero las desestimó, al hacer la revisión de la documentación localizada en SIF y de la obtenida durante la sustanciación de los procedimientos de queja.

Así, como se observa del procedimiento de verificación realizado por la responsable en cada caso, identificó, en primer lugar, el evento realizado por el PVEM según su ID, a continuación, describió si tuvo los gastos por reportados, por no reportados o por subvaluados, de acuerdo a la factura, póliza en la referencia contable y descripción.

Ahora bien, a fin de analizar lo alegado por el recurrente respecto de cada evento que señala en su demanda, esta autoridad jurisdiccional procedió a revisar la resolución controvertida, las constancias del expediente y las afirmaciones del PVEM.

Tal ejercicio se detalla en el anexo de esta sentencia, en el cual se indica lo aducido por el recurrente de manera específica para cada evento, y la determinación de esta Sala Superior en cuanto al pronunciamiento y valoración de la autoridad responsable en el acto controvertido en su integridad y se detallan los motivos por los cuales se considera que no asiste la razón al PVEM, que en resumen son:

b.i) Documentación que no soporta lo reportado [38].

El PVEM señala que, contrario a lo afirmado por el INE, sí reportó oportunamente los gastos por los que fue sancionado y presentó las facturas correspondientes.

El argumento es inoperante en cada uno de los eventos que se analizan en el cuadro anexo de la presente ejecutoria, pues la autoridad fiscalizadora concluyó que los conceptos de gasto y las facturas que el PVEM refirió como documentación soporte no coinciden, es decir, no se refieren a los mismos gastos, mientras que el partido recurrente se limita a reiterar que sí acreditó el reporte de los gastos por los que fue sancionado.

La misma consideración es aplicable para aquellos gastos que el PVEM señala que reportó, pero que el INE consideró que las facturas referidas no soportaban todos los gastos que registró, pues de ninguna manera controvierte la determinación de la autoridad, ni expone motivo alguno que confronte tal decisión.

Asimismo, en cuanto a los conceptos por los que el recurrente fue sancionado por haber reportado un costo menor (subvaluación), en ninguna de sus respuestas presentó argumento alguno que controvierta tal determinación [39].

Esto es, se limita a afirmar que sí reportó los gastos e identifica la referencia contable, pero no justifica ni presenta documentación alguna que explique o sustente los motivos para reportar por montos menores al mínimo establecido por el Reglamento de Fiscalización (valor mínimo de mercado).

b.ii) No controvierte los razonamientos de la responsable [40].

Respecto de diversos eventos, el recurrente expone que la responsable no valoró sus respuestas, que no certificó ni verificó las pruebas presentadas por el quejoso, o bien que los vínculos de internet sobre gastos de campaña no tienen acceso.

Tales alegaciones se consideran inoperantes al ser genéricas y dogmáticas, pues de ninguna manera controvierten los razonamientos lógico-jurídicos de la responsable, ni el procedimiento de fiscalización que realizó y plasmó en la resolución y en los documentos de revisión contable.

b.iii) Respeto a la garantía de audiencia [41].

El PVEM manifiesta que se le dejó en estado de indefensión ya que el evento resulta novedoso y no tuvo momento alguno para aclarar las faltas que derivaron de la revisión de gastos, ni durante la sustanciación de las quejas ni dentro de los oficios de errores y omisiones, por tanto, no conoció las conductas por las que fue sancionado, pues no pudo pronunciarse al respecto.

Lo alegado se desestima.

Contrario a lo que aduce el PVEM, se considera que el INE no violó su garantía de audiencia ya que ésta se garantizó con los emplazamientos en las diversas quejas sustanciadas, con los alegatos presentados por el partido, con los requerimientos que le fueron realizados y en los oficios de errores y omisiones [42], que le fueron formulados.

En efecto, como ya se señaló, con posterioridad a que el INE emplaza al partido y le requiere información sobre los eventos y éste contesta tal emplazamiento, desahoga los requerimientos de información y presenta su escrito de alegatos; no está previsto que el INE tenga que emitirle un nuevo requerimiento al partido para hacerle saber si se advierten eventos no reportados y gastos subvaluados.

Además, se advierte que sí conocía las infracciones por las que fue sancionado, pues en sus escritos de alegatos [43] se refirió a los diversos eventos no reportados y incorrectamente registrados.

Por tanto, en todo momento se respetó la garantía de audiencia del PVEM, pues su obligación era proporcionar desde un inicio toda la información.

b.iv) Reporte de gastos supuestamente no onerosos [44].

El PVEM señala que indebidamente se le sancionó por diversos gastos cuando estos fueron gratuitos y por ello los asentó en la agenda de eventos como gastos no onerosos, ya que derivaron de invitaciones que le fueron realizadas al candidato.

Lo argumentado por el recurrente es inoperante, pues independientemente de que se tratara de una invitación, el candidato se vio beneficiado por la realización de un evento que, aunque supuestamente no le generó un costo, si provocó un beneficio, mismo que se traduce en una aportación que debió reportar, cuestión que no controvierte.

b.v) Lo reportado corresponde a un evento diferente [45].

De igual manera resultan inoperantes las alegaciones del recurrente en aquellos casos en los que afirma que la responsable confundió el ID de los eventos realizados con la documentación comprobatoria de otro distinto.

Lo anterior es así, pues como se observa de las constancias que integran el expediente, el INE elaboró un cuadro integral que permite advertir de manera específica el ID del evento que revisó y la documentación que analizó al detallar cada uno de los conceptos, que fue: ID, nombre del evento; referencia contable; en caso de haberlo, hallazgo, cantidad, precio unitario y costo final.

Incluso, determinó el total de cada evento y las referencias necesarias para determinar si la valuación fue correcta o inferior al costo de mercado (total de la factura de referencia, valor razonable: costo promedio de 2 o más precios de la matriz; 20% del costo promedio; valor mínimo de mercado (fórmula aplicada a cada caso de subvaluación) y el importe subvaluado a acumular [46].

Para comprobar su dicho, insertó imágenes de los eventos que supuestamente comprueban la coincidencia entre los gastos que realizó y su reporte en un diverso evento.

No es posible atender a la valoración de tales dichos pues a partir de las fotografías es imposible determinar fehacientemente, como lo pretende el recurrente, que se trata de los mismos conceptos de gasto.

Esto es así, pues la referencia contable es el dato que permite a la autoridad ubicar la información y documentación de los sujetos obligados dentro del SIF. no es el ID, y no el ID, como lo pretende el recurrente.

b. vi) Gastos reportados como de carácter ordinario [47].

Con relación a diversos eventos, el PVEM se duele al haber sido sancionado por la omisión de reportar gastos en carpas, que asegura corresponde a gastos ordinarios los cuales registró en el momento oportuno.

El agravio es infundado, pues ha sido criterio de esta Sala Superior [48] que, el hecho de haber reportado una erogación en la contabilidad correspondiente al periodo ordinario no exime a los sujetos obligados de su deber de reportar en los informes de campaña aquellos gastos que representan un beneficio para las precandidaturas postuladas.

Considerar lo contrario, impediría la adecuada fiscalización pues dejarían de considerarse gastos que incidieron en beneficio de tales candidaturas, porque fueron reportado en otro tipo de informes.

Además, la resolución controvertida retoma esta distinción, al valorar en un apartado específico aquellos otros conceptos que, efectivamente, no susceptibles de ser considerados gastos de campaña, al estar destinados a cuestiones como evitar contagios o detección de coronavirus (COVID-19), los cuales no pueden ser clasificados como propaganda.

Apartado, en el cual, dada su naturaleza, no caben los eventos del anexo que se analizan bajo el parámetro de gastos que no pueden ser considerados como de carácter ordinario, porque está enfocados a situaciones o actos específicos de la campaña para favorecer a cierta o ciertas candidaturas.

c. Concepto de gastos respecto del que sí existió pronunciamiento

En cuanto a la falta de exhaustividad y que no existió pronunciamiento de la responsable respecto al pago del grupo Calibre 50, el agravio es infundado.

Lo anterior es así, pues de manera expresa, la resolución indica que el grupo musical Calibre 50 no participó para la creación del video denominado “El amor no fue pa´ mi -Calibre 50 (Ricardo Gallardo Cardona)”, el cual fue publicado en las redes sociales Facebook y YouTube, pues las imágenes que se aprecian de la agrupación corresponden a la crestomatía de un diverso video musical denominado “Simplemente gracias”, publicado el 06 de marzo del 2019, en la página oficial de YouTube del grupo “Calibre 50”.

Por ello concluyó que en tanto la elaboración del video denunciado se realizó mediante fragmentos de videos ya existentes (crestomatía), no hubo contratación de la agrupación musical en cuestión, ni existió la obligación de reportar gasto alguno [49].

De igual manera, en cuanto a que la autoridad fiscalizadora omitió pronunciarse respecto a diversos gastos realizados en 31 eventos de campaña que no fueron reportados por el PVEM en el SIF, el agravio es infundado.

El actor manifiesta que los gastos calificados como subvaluados por el INE en los eventos con ID 7 (Campaña a gobernador en Charcas con mujeres de la región), 11 (campaña a gobernador SLP día internacional de las mujeres) y 84 (arranque de campaña en Ciudad Valles) es inferior a la matriz de precios.

El agravio es inoperante, porque el INE se pronunció de los eventos y en cada caso detalló el procedimiento que siguió para determinar el valor de gastos [50], estableciendo el precio de los hallazgos, así como los elementos por los que razonó que sí existió subvaluación en su reporte (valor razonable), en su caso, e inclusive el precio total del evento.

Aunado a lo anterior, el recurrente realiza manifestaciones sin que aporte documentos que las sustenten.

Lo anterior es así pues de la resolución controvertida [51] se advierte que sí hubo pronunciamiento del INE en cada uno de los eventos; en algunas ocasiones los calificó como eventos que tuvieron gastos no reportados y en otras que existió un indebido reporte los costos registrados, de acuerdo a lo siguiente:

Eventos con gastos no reportados
Evento	Hallazgo	Costo Total
4.-Campaña gobernador en Matehuala con mujeres de la región	pantallas y soporte 2	$16,240.00
	equipo de cómputo 1	$2,018.40
	carpa 1	$1,200.00
	cámara fotográfica 3	$3,480.00
7- campaña a gobernador en Charcas con mujeres de la región	servicio de fotografía profesional (2)	$3,480.00
11. CAMPAÑA GOBERNADOR SLP DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	renta de inmueble salón de eventos 1	$5,800.00
	equipo de audio (2 bajos, 2 medios, 2 altavoces y 4 micrófonos)	$40,600.00
	servicio de fotografía profesional (3)	$3,480.00
14. CAMPAÑA GOBERNADOR EN SANTO DOMINGO CON HABITANTES DE LA REGIÓN	grupo musical 1	$3,500.00
25. CAMPAÑA GOBERNADOR EN SANTA MARIA DEL RIO EN LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO	carpa 4x4	$1,200.00
47 campaña a gobernador n Xilitla en la comunidad de San Pedro Huitzquilico	carpa 4x4	$1,200.00
	sillas plásticas	$15,999.88
52 campaña a gobernador en Cd valles en el lienzo charro los caporales	trio huasteco	$1,000.00
	maestro de ceremonias	$5,220.00
92 campaña a gobernador en cabecera de Sta. María del Rio	carpa 4x4 (1)	$1,200.00
127 mitin en Matlapa cabecera	carpa	$1,200.00
149 mitin en Cd. Valles	mesa	$799.99
149 mitin en Cd. Valles	mantel	$1,450.00
176 Encuentro con mujeres potosinas	cámaras de fotografía y video profesionales	$3,480.00
214 Reunión con personal de COBACH	cámara de video 2	$3,480.00
214 Reunión con personal de COBACH	cámara fotográfica 3	$3,480.00
218 entrevista de radio en oye 105.5	templete y estructura 1	$3,480.00
218 entrevista de radio en oye 105.5	cámara de video 1	$3,480.00
224 reunión regional con personal de los sistemas educativos COBACH	cámaras de fotografía profesional	$3,480.00
250 Cierre de Campaña en Villa de Guadalupe	Batucada	$174.00

Asimismo, en cuanto a los eventos con gastos subvaluados, la responsable señaló que:

Eventos con subvaluación
Evento	Hallazgo	Total subvaluado
7- campaña a gobernador en Charcas con mujeres de la región	sillas tipo Tiffany 300	$2,157.60
	mesas con mantelería 35	$765.60
	botellas de agua	$907.58
	pantallas 55 (4)	$1,160.00
	meseros 4	$1,624.00
	alimentos 300 botella s de agua	$907.58
	Renta de inmueble "LA quinta eventos" 1	$2,938.66
	Equipo de audio 4 bocinas, 1 consola y 1 micrófono.	$3,402.67
	carpa 4x2 1	$251.64
11. CAMPAÑA GOBERNADOR SLP DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	Pantalla digital 80 ´(1)	$440.80
14. CAMPAÑA GOBERNADOR EN SANTO DOMINGO CON HABITANTES DE LA REGION	equipo de audio 1 micrófono, 4 bocinas y una consola	$2,474.67
	servicio de videograbación y fotografía profesional 1	$40.00
	templete 2x3	$527.54
25. CAMPAÑA GOBERNADOR EN SANTA MARIA DEL RIO EN LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO	equipo de audio 1 micrófono 1 consola y 2 bocinas	$2,474.67
	templete 4x2	$858.05
	serv.,. De grabación y fotografía profesional 2	$40.00
43 campaña a gobernador en Tampamolón Corona	equipo de sonido 1	$1,314.67
43 campaña a gobernador en Tampamolón Corona	templete	$527.54
47 campaña a gobernador n Xilitla en la comunidad de San Pedro Huitzquilico	templete	$527.54
52 campaña a gobernador en Cd valles en el lienzo charro los caporales	equipo de audio	$2,010.67
	templete en forma de cruz	$527.54
77 campaña a gobernador en Tierra Blanca	equipo de sonido de iluminación 1	$2,358.67
	templete 3x2	$527.54
	cámaras de video y fotografía profesionales (grabación de video)	$40.00
87 Arranque de campaña en Cerritos	Equipo de sonido	$1,662.67
87 Arranque de campaña en Cerritos	templete	$791.30
92 campaña a gobernador en cabecera de Sta. María del Rio	equipo de audio sencillo e iluminacion1 (1 micrófono, 4 bocinas 1 consola)	$2,358.67
	templete 4x 2	$858.05
	servicio de grabación y fotografía profesional 1	$40.00
101 reunión maestros jubilados	equipo fotográfico	$620.00
127 mitin en Matlapa cabecera	templete	$593.48
127 mitin en Matlapa cabecera	equipo de sonido	$2,474.67
149 mitin en Cd. Valles	equipo de audio	$2,474.67
161 campaña gobernador en col. Pavón	templete	$593.48
161 campaña gobernador en col. Pavón	equipo de sonido e iluminación	$2,474.67
165 campaña a gobernador en col El Aguaje	templete	$659.42
	equipo de audio e iluminación	$2,474.67
	cámara profesional	$620.00
200 Mitin en Tamasopo	1 equipo de sonido	$2,242.67
227 mitin en Cd. Valles	equipo de audio e iluminación	$1,082.67
227 mitin en Cd. Valles	templete	$857.25
237 Mitin en Axtla de Terrazas	Templete con estructura	$5,275.36
248 Ciudad Valles	Cámaras de video profesionales (grabación de video)	$40.00
248 Ciudad Valles	Cámaras de fotografía profesionales (toma de fotografía)	$1,200.00
250 Cierre de Campaña en Villa de Guadalupe	Cámaras de fotografía profesionales (toma de fotografía)	$40.00
250 Cierre de Campaña en Villa de Guadalupe	Grupo Musical	$6,658.40
252 Cierre de Campaña en Matehuala	Cámaras de video y fotografía profesionales (grabación de video)	$40.00
254 Cierre de Campaña en Río Verde	servicio de producción de video y fotografía	$40.00

Esto es, de la resolución controvertida [52] y de las constancias que integran el expediente [53], se advierte que, contrario a lo alegado por el PAN, la autoridad fiscalizadora sí se pronunció respecto a los eventos que asegura no hubo determinación por parte de lar responsable. De ahí lo infundado del agravio.

Respecto a la referencia en la apelación del PAN, relativa a que el INE no se pronunció sobre el evento ID 201, esta Sala Superior considera que resulta inoperante, como se explica a continuación.

En su queja original el PAN no denunció el evento ID 201, razón por la cual no fue materia de estudio por el INE; además, de la lectura de la queja primigenia y de la demanda de apelación, esta Sala Superior advierte que en ellas refiere gastos similares en el evento ID 200 (400 sillas blancas, un equipo de sonido y una cámara de video)[54], el cual sí fue motivo de pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora, razón por la que el agravio resulta inoperante.

Finalmente, en cuanto al evento que el recurrente identifica como ID 2, el agravio es infundado, como a continuación se expone.

De la resolución controvertida se advierte que la responsable tuvo en cuenta la denuncia relativa a la entrevista de radio OYE 105.5 Matehuala [55]. De las constancias del expediente [56], se aprecia que la responsable identificó que la entrevista corresponde a eventos realizados durante el mes de marzo, es decir, al primer mes de campaña, por lo que los montos que se determinen son de aplicación directa y no susceptibles de prorrateo ya que benefician únicamente al candidato a gobernador, de existir determinación de gastos subvaluados no reportados. Lo que en la especie no sucedió.

Tema 8. No se acreditaron aportaciones por ente prohibido del Sindicato del COBACH (PAN).

De lo expuesto, se concluye que no asiste la razón a los recurrentes, pues:

 La responsable no valoró como probanzas plenas las presentadas en las quejas, sino que las adminiculó con otros medios de convicción que surgieron de las investigaciones que realizó.

 El INE si analizó, valoró y tuvo en consideración las respuestas del partido investigado durante la sustanciación (PVEM).

 No hubo falta de exhaustividad puesto que sí hubo análisis y pronunciamiento de la responsable respecto al pago del grupo Calibre 50 en el evento de cierre de campaña y respecto de los 31 eventos señalados en las quejas, los cuales fueron controvertidos.

Son inoperantes los agravios del PAN, ya que son manifestaciones subjetivas que no controvierten las consideraciones de la resolución impugnada, no desvirtúan las diligencias realizadas por el INE en ejercicio de su facultad de investigación, tampoco aporta elementos que sustenten siquiera de manera indiciaria, su afirmación relativa a que existe la presunción de la aportación del sindicato en la campaña.

El PAN manifiesta que el INE no fue exhaustivo en la valoración de las pruebas que aportó en su denuncia, ni respecto a las inconsistencias en los gastos reportados por el PVEM, ya que, a su decir, sí se acreditaba la aportación de un ente prohibido, en atención a lo siguiente:

El hecho de que el evento hubiera sido pagado en efectivo por Blanca Elizabeth Nales Medina y no por el órgano de administración de la campaña generaba la presunción de que se trató de dinero procedente de un ente prohibido, el sindicato del COBACH.

Por lo tanto, el INE tenía que haber investigado lo siguiente, para poder determinar si efectivamente existió una aportación de ente prohibido.

(i) Cuál es la relación de dicha persona con el sindicato del COBACH.

(ii) La procedencia de los recursos con los que se pagó el evento.

(iii) Los servicios que prestó el Hotel Valles (proveedor) en los últimos doce meses para establecer el valor del servicio.

(iv) Asimismo, considera el INE debió desestimar la información remitida por el Hotel Valles, ya que consiste en una declaración unilateral.

(v) El INE se verificó el contenido de las ligas electrónicas aporradas.

(vi) El INE no investigó si los honorarios del del notario público que estuvo presente en el evento se pagó con recursos de un ente prohibido.

(vii) El INE no investigó los compromisos adquiridos por el candidato con el Sindicato del COBACH, dentro de los que está la ampliación del presupuesto para el COBACH y la salvaguarda del contrato colectivo de trabajo, así como la gestión de recursos federales para mejorar las instalaciones.

Por otra parte, el PAN afirma que el evento fue organizado por el sindicato del COBACH, lo que constituye una aportación de ente prohibido, lo que, a su juicio, tuvo un impacto en la elección a la gubernatura, ya que el sistema del COBACH tiene una matrícula de 30,682 alumnos y el sindicato cuenta con más de 1,600 agremiados, lo que pudo tener una influencia determinante en la elección, ya que la diferencia de votos entre los dos primeros lugares fue de 57,883 votos, por lo que la intervención del sindicato del COBACH pudo estimular el voto corporativo y la coacción al sufragio.

a. El PAN no desvirtúa las diligencias de investigación realizadas por el INE.

No se desvirtúan las diligencias de investigación realizadas por el INE, ni existen elementos, siquiera indiciarios de aportaciones a la campaña por ente prohibido del Sindicato del COBACH

En primer lugar, el PAN señala que el INE no fue exhaustivo en su investigación, ni en la valoración de los elementos que obran en el expediente, sin embargo, no desvirtúa las siguientes actuaciones de la autoridad fiscalizadora.

Así, en su queja el PAN ofreció como pruebas dos capturas de pantalla obtenidas de la publicación en medios digitales de información, observable mediante el enlace https://laorquesta.mx/gallardo-propone-bienestar-atrabajadores-deI-cobach/, y seis capturas de pantalla de la publicación realizada en el mismo tipo de medios, observable mediante el enlace https://www.codigosanluis.com/trabajadores-cobach-respaldan-ricardo-gallardo/.

Al respecto, el INE consideró que las pruebas relativas al contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tenía como premisa que esas son pruebas técnicas las cuales son insuficientes por sí solas para acreditar los hechos denunciados y, para fincar responsabilidades, ya que esas pruebas deben ser perfeccionadas con otros elementos adicionales, de ahí que contrario a lo señalado por el actor, el INE sí valoró las pruebas aportadas y les otorgó un valor probatorio de pruebas técnicas, de acuerdo a la jurisprudencia emitida por esta Sala Superior [57].

Sin embargo, el INE sí consideró que las pruebas técnicas aportadas por el PAN en su queja permitían que desarrollara sus facultades de investigación para determinar si se acreditaba o no la falta denunciada, consistente en la aportación de entes prohibidos, entre las cuales realizó las siguientes:

Solicitó a la Dirección de Auditoría que informara si durante las visitas de verificación y/o los monitoreos realizó la visita de verificación al evento realizado en el salón Fundadores, del Hotel Valles, en Ciudad Valles, San Luis Potosí el día 22 de mayo de 2021; al respecto, la Dirección informó que no se realizó visita de verificación a ese evento.

Consultó el SIF y constató que el candidato José Ricardo Gallardo Cardona, registró el evento con la ID 224, relativo a la reunión regional con personal de los sistemas educativos COBACH.

Verificó que se registró el reporte de gastos operativos del evento, con la referencia contable de dicho evento con la descripción Prorrateo de reunión regional con personal de los sistemas educativos COBACH, por un monto por $38,860.00, la cual estaba vinculada con una factura por esa cantidad expedida por Enrique Ayala Martínez.

Solicitó información al Hotel en el que se desarrolló el evento, el cual informó:

 El evento fue contratado por fueron por Blanca Elizabeth Nales Medina.

 El día del evento se observaron algunas mantas de apoyo hacía el entonces candidato a la Gubernatura.

 El contrato fue verbal, por lo que no solicitó la emisión de una factura.

 El evento fue un servicio de desayuno para 800 personas.

 Que la documentación del pago del evento consta en dos recibos de depósito (R-51849 por $41,000.00 y R-66729 por $70,800.00) pagados en efectivo.

El INE también requirió información al Sindicato del COBACH, el cual informó:

 Que el veintidós de mayo diversos integrantes del sindicato asistieron al evento con el candidato a la gubernatura.

 Negó haber realizado el pago del evento y que los asistentes lo hicieron en calidad de invitados del equipo de campaña del candidato a la gubernatura, con la finalidad de conocer sus propuestas de campaña, ideologías políticas y compromisos con el gremio.

Así, el INE determinó que existía una discrepancia entre lo pagado el Hotel, ($112,800) y el pago reportado por el sujeto obligado ($38,860.00).

Asimismo, el INE requirió al notario público indicado en la denuncia, respecto a la certificación de compromisos de campaña del candidato, sin que a la fecha de la emisión de la resolución hubiera aportado el señalado instrumento público.

Así, con base en los elementos aportado por el denunciante y los resultados de su indagatoria, el INE tuvo por acreditado lo siguiente:

- La existencia de la celebración del evento.

- Existente multiplicidad de inconsistencias entre los registros generados por los denunciados en el SIF y la confirmación realizada por la autoridad con el prestador del servicio.

Por lo que concluyó que se acreditó que los denunciados no reportaron con veracidad del monto total de los gastos erogados por la realización del evento de campaña, por un monto de $112,800.00.

En este sentido, el PAN denunció la posible aportación de recursos por un ente prohibido y solamente aportó pruebas técnicas, sin embargo, parte de una premisa errónea al considerar que esos elementos probatorios son suficientes para actualizar la presunción de la existencia de aportaciones del sindicato a la campaña.

Así, el PAN tampoco establece cómo es que, de la investigación realizada por el INE podría establecerse, siquiera de manera indiciaria un vínculo entre la persona que solicitó la realización del evento y el sindicato del COBACH.

Razón por la cual, no demuestra que, de los resultados de la investigación realizada por el INE se desprendieran elementos que permitieran establecer, siquiera indiciariamente que el sindicato del COBACH fue quien pago el evento denunciado.

En consecuencia, se desestiman los argumentos del PAN relativos a supuestas deficiencias en la investigación realizada por el INE, el cual, a su juicio debió investigar:

(i) La procedencia de los recursos con los que se pagó el evento.

(ii) Los servicios que prestó el Hotel Valles (proveedor) en los últimos doce meses para establecer el valor del servicio.

(iii) Si los honorarios del del notario público que estuvo presente en el evento se pagó con recursos de un ente prohibido.

(iv) Los compromisos adquiridos por el candidato con el Sindicato del COBACH, dentro de los que está la ampliación del presupuesto para el COBACH y la salvaguarda del contrato colectivo de trabajo, así como la gestión de recursos federales para mejorar las instalaciones.

Lo anterior es así, ya que esta Sala Superior ha sostenido que, en el Estado constitucional democrático de Derecho se proscriben las pesquisas generales.

Así, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los derechos humanos de las personas.

Por ello, la función punitiva del órgano electoral nacional, aun con las amplias facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.

En el procedimiento sancionador se recoge ese principio, porque permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.

De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una pesquisa general [58].

En este sentido, el ámbito de investigación de los procedimientos sancionadores, la autoridad cuenta con una potestad discrecional para desahogar las diligencias que estime necesarias de acuerdo con parámetros de racionalidad, proporcionalidad e idoneidad y al principio de mínima intervención.

Por ello, la selección de medios de prueba que debe allegarse se enmarca en ese margen de discrecionalidad, en la medida que cuente con indicios que lo lleven a abrir una determinada línea de investigación, lo cual, en el caso, no aconteció.

b. El PAN no aportó elementos, siquiera indiciarios de aportaciones a la campaña por parte del Sindicato del COBACH.

Resultan inoperantes las manifestaciones del PAN que parten de la premisa de que el gasto de ese evento fue organizado por el sindicato del COBACH y que constituye una aportación de ente prohibido, lo que, a su juicio, tuvo un impacto en la elección a la gubernatura, ya que el sistema del COBACH tiene una matrícula de 30,682 alumnos y el sindicato cuenta con más de 1,600 agremiados, así que pudo tener una influencia determinante en la elección, ya que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue de 57,883 votos, y el sindicato señalado pudo estimular el voto corporativo y la coacción al sufragio.

Lo anterior, porque dichas manifestaciones parten de una premisa errónea, consistente en que se hubiera acreditado la aportación de un ente prohibido, además, exceden el objeto de la queja en materia de fiscalización.

Además, debe tenerse en cuenta que, al interponer la queja, el PAN debió precisar las diligencias de investigación que, a su consideración debían realizarse, a fin de que el INE, en su caso, pudiera desplegar sus facultades indagatorias; pero no lo hizo así, sino que expone tales cuestiones hasta esta instancia jurisdiccional, lo cual resulta inviable al no ser el momento procesal oportuno.