RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-459/2012

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIO: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ.

México, Distrito Federal, a treinta y uno de octubre de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-459/2012, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Fernando Castro Trenti, contra la resolución CG628/2012 emitida el cinco de septiembre de dos mil doce por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la que se sancionó al referido partido por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil once, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo expuesto por el apelante en su escrito inicial, y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

a) El veintisiete de marzo de dos mil doce, se cumplió el plazo para que los partidos políticos nacionales entregaran a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos políticos los Informes Anuales.

b) El treinta de agosto de dos mil doce se venció el plazo para que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, elaborará el Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales correspondientes al ejercicio dos mil once.

c) Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado al Consejo General para su aprobación.

d) El cinco de septiembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG628/2012, en la cual impuso diversas sanciones al Partido Revolucionario Institucional.

II. Recurso de Apelación. Inconforme con la determinación mencionada, el once de septiembre de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Fernando Castro Trenti, quien se ostenta como su representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la demanda del presente recurso de apelación.

III. Tramitación. Previos trámites de ley, la Secretaría Ejecutiva citada remitió el medio impugnativo aludido a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se recibió el dieciocho de septiembre pasado.

IV. Turno. Recibidas las constancias atinentes, el dieciocho de septiembre de dos mil doce, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar y turnar el presente expediente a la ponencia de su cargo, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El turno de mérito se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-8308/12, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

V. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación y, al no existir diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada su instrucción, con lo que quedaron los autos en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 44, apartado 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por un partido político nacional, contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, relacionada con la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los institutos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil once.

SEGUNDO. Procedibilidad. El recurso de apelación cumple con los requisitos de procedibilidad previstos al efecto en la legislación adjetiva de la materia, acorde con lo siguiente:

1.- Requisitos de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda se presentó ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre del recurrente, su domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que el actor estima le causa el acto reclamado, además de que el medio impugnativo cuenta con el nombre y la firma autógrafa del representante de la apelante.

Sobre el particular, es menester señalar que, en relación con el requisito consistente en que el medio impugnativo sea presentado ante la responsable, en la especie, el mismo se encuentra satisfecho aun cuando el presente recurso de apelación haya sido recibido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, y con él se impugne una resolución emanada del Consejo General del mismo instituto.

Esto, toda vez que, en atención a que el Secretario Ejecutivo es igualmente Secretario del Consejo General, tal como lo establecen los artículos 115, numeral 2, y 125, apartado 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a éste corresponde recibir y dar trámite legal a los medios de impugnación que se interpongan contra los actos o resoluciones del Consejo General aludido, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, apartado 1, inciso f) del ordenamiento legal en cita.

En este orden de ideas, toda vez que, en el caso, la autoridad señalada como responsable es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, es evidente que el requisito en comento se encuentra satisfecho, ya que el recurso de apelación fue interpuesto ante la Secretaría de dicho órgano.

a) Oportunidad. El presente recurso se interpuso dentro del plazo legal conferido al efecto, pues el acto impugnado consiste en la resolución CG628/2012, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el cinco de septiembre de dos mil doce, mientras que la demanda atinente fue presentada el once de septiembre del año en curso, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles, ya que los días ocho y nueve de septiembre son sábado y domingo y al no encontrarse en proceso electoral federal se consideran como días inhábiles, por lo que se tiene por presentado en tiempo como lo refiere el artículo 8 de la ley adjetiva electoral y,

b) Legitimación y personería. El recurso de apelación fue interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Fernando Castro Trenti, quien en su carácter de representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personería que fue reconocida por la responsable al rendir su informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, es evidente que, en la especie, se encuentran satisfechos los requisitos de mérito, atento a lo dispuesto en el inciso a), del apartado 1, del artículo 45, en relación con el 13, apartado 1, inciso a), fracción I, ambos del ordenamiento legal antes invocado.

c) Interés jurídico. En el presente medio impugnativo se controvierte la resolución CG628/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se impusieron, entre otras, diversas sanciones al recurrente, al haberse encontrado irregularidades en la revisión de su informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil once, mismas que estima lesiva de sus derechos.

En este escenario, la presente vía es la idónea y resulta ser útil, en caso de que se determinara la ilegalidad el acto reclamado, para restituir al promovente en el pleno goce de sus derechos, acorde con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, en relación con el diverso numeral 47, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, es evidente que en la especie se surte el requisito mencionado.

d) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad porque, para impugnar la resolución combatida en esta instancia, no se prevé algún medio de defensa diverso que pudiera revocarlo, anularlo o modificarlo.

Al estar colmados los requisitos de procedencia indicados, lo conducente es emprender el estudio de la controversia planteada.

TERCERO. Resolución impugnada. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cinco de septiembre de dos mil doce, emitió la resolución CG628/2012, en la cual impuso diversas sanciones al Partido Revolucionario Institucional, al respecto a continuación se transcribirá dicha resolución únicamente en lo que atañe a las conclusiones 9, 23, 48 y 50 y los correspondientes resolutivos, que dicen textualmente lo siguiente:

“CG628/2012

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL ONCE.

…

2.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil once, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Es preciso mencionar que el estudio de las diversas irregularidades que se consideren formales se hará en un solo apartado englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de ingresos y gastos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, son las siguientes:

a) 17 faltas de carácter formal: conclusiones 7, 18, 20, 22, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54 y 55. Asimismo, se ordena un procedimiento oficioso en las conclusiones 7 y 41.

b) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9.

c) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10.

d) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 23.

e) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 45.

f) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 48.

g) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 50

h) Vista al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral: conclusión 16.

i) Vista a al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral: conclusión 17.

j) Vista al Instituto Electoral del Estado de Michoacán: conclusión 19.

k) Vista al Instituto Electoral del Estado de Hidalgo: conclusión 21.

I) Vista a los Institutos Electorales de los Estados de Baja California Sur, Distrito Federal y Sonora: conclusión 24.

m) Vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: conclusión 53.

n) Vista al Secretario General del Consejo General de Instituto: conclusión 58.

o) Vista al Secretario General del Consejo General de Instituto: conclusión 59.

p) Vista al Secretario General del Consejo General de Instituto: conclusión 60.

q) Procedimiento oficioso: conclusión 6.

r) Procedimiento oficioso: conclusión 11.

s) Procedimiento oficioso: conclusión 12.

t) Procedimiento oficioso: conclusión 13.

u) Procedimiento oficioso: conclusión 25.

v) Procedimiento oficioso: conclusión 26.

w) Procedimiento oficioso: conclusión 29.

x) Procedimiento oficioso: conclusión 30,

y) Procedimiento oficioso: conclusión 32.

z) Procedimiento oficioso: conclusión 43.

Aa) Procedimiento oficioso: conclusión 57.

…

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 9 lo siguiente:

Egresos

Estados de cuenta y conciliaciones bancadas

Conclusión 9

“El partido presentó cheques emitidos por pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, lo que representa aportaciones de entidades no permitidas por un importe de $16,528.09”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 9

De la revisión a las conciliaciones bancarias presentadas por el partido, se localizaron partidas en conciliación con antigüedad mayor a un año, mismas que se detallan a continuación:

En consecuencia, se le solicitó al partido presentar lo siguiente:

Las razones por las cuales dichas partidas continúan en conciliación.

Una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha, importe y en su caso indique el nombre de la persona a la que le fue expedido el cheque en tránsito o el detalle del depósito no identificado.

La documentación que ampara las gestiones efectuadas para su regularización.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 28.8 y 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/6343/12 del 19 de junio de 2012, recibido por el partido el 20 del mismo mes y año.

Al respecto, con escrito SF/706/12 del 4 de julio de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

El Partido realizó las acciones correspondientes para la regularización de las Partidas en conciliación, de las cuales, se obtuvieron los resultados siguientes:

En el cuadro anterior, en la columna identificada como ‘REFERENCIA’ se comenta lo siguiente:

1. De las partidas señaladas con la letra A’

Se envío un escrito al domicilio de los beneficiarios en el que, se les solicita) las aclaraciones referentes al cobro no realizado del cheque expedido a su favor; sin embargo, dicha solicitud no prospero debido a que, el domicilio que se tiene en los registros del Partido, no se encuentran ó, a la fecha no han emitido respuesta. Por lo que, el Partido esta imposibilitado para poder indicar a esa Autoridad, las razones por las cuales continúan estas partidas en conciliación, toda vez que, actuó conforme al Reglamento, cumpliendo en tiempo y forma, con el pago y la entrega del cheque por los conceptos correspondientes a los beneficiarios de los que, en la actualidad, no se cuenta con alguna otra forma de contacto. En este mismo sentido, se pone a consideración de esa Autoridad y de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizarlos registró contables correspondientes a la cancelación de las partidas en conciliación observadas.

(...), se remiten en original 5 pólizas contables que dieron el origen al registro, los oficios originales enviados y la evidencia de la devolución de los mismos y, en su caso, el acuse de recibido proporcionado a la empresa del servicio de mensajería, así como, la póliza de propuesta para la cancelación de las partidas en conciliación observadas, por un monto de $8,811.62

2. De las partidas señaladas con la letra (B’

Debido a la operación del Partido, el enlace administrativo de cada área es el encargado de hacer llegar los cheques expedidos por concepto de viáticos o reintegro de gastos, a los militantes que se encuentran trabajando en las giras al interior del País. Debido a un desafortunado percance, el enlace encargado de la secretaria de organización, extravío los cheques correspondientes a estas partidas en conciliación; por lo que, se llevo a cabo, el levantamiento del acta ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, adiciona/mente, se solicitó la cancelación de los mismos, ante la respectiva institución bancaria.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esa Autoridad con fundamento en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar las operaciones correspondientes a la cancelación de las partidas en conciliación observadas.

(...), se remiten en original 11 pólizas contables que dieron el origen al registro contable, dos actas especiales de las averiguaciones previas directas, realizadas ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal oficios originales enviados, la cancelación ante la institución bancaria de los cheques extraviados: así como, la póliza de propuesta para la cancelación de las partidas en conciliación observadas por un monto de $ 62,744.83

3. De las partidas señaladas con la letra eC

Al respecto se aclara que, el cheque expedido de la cuenta Banorte terminación 4569, no. 14565 a nombre del C. Zamora Camacho Antonio por un monto de $ 706.00, fue cobrado el 03 de marzo de 2010 y devuelto el mismo día; dado que a la fecha, la Secretaria de Finanzas no ha recibido la solicitud de reexpedición del mismo, por parte del área responsable, se solicita a esa Autoridad, con fundamento en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar las operaciones correspondientes a la cancelación de la partida en conciliación observada.

(...), se remite en original la póliza contable Eg 310-Feb/10, que dio el origen al registro contable, copia del estado de cuenta en donde se refleja la devolución del cheque no. 14565, la impresión en pantalla del estado que aguarda el cheque ante la institución bancada Banorte y la póliza de propuesta de cancelación.

4. De las partidas señaladas con la letra ‘D’

Al respecto se aclara que, el cheque expedido de la cuenta Banorte terminación 4569, no. 20599 a nombre de la C. Galván Morgan Patricia, por un monto de $ 9,050.00, fue cobrado el 17 de marzo de 2010 y devuelto el mismo día; asimismo, mediante oficio CNDM/0002/PRI/2011 de fecha 29 de agosto de 2011, el Lic. Cristhian Ornar Castillo Trian a enlace administrativo del área de la Comisión Nacional de la Defensoría de los Derechos de los Militantes, a la cual se encuentra adscrita la beneficiaría del cheque, expone al Secretario de Finanzas del CEN, los motivos por los que el cheque no fue pagado y devuelto en cámara de compensación, que a la letra dice ‘...Al hacer la reclamación correspondiente ‘no paso3 por un error en el nombre, pues no aparecía el segundo de sus nombres: Patricia Antonia Galván Morgan, de su credencial de elector con el que aparece en el cheque es: Patricia Galván Morgan...’; sin embargo, en dicho oficio, el área no solicita la de reexpedición del mismo. Por lo que, se solicita a esa Autoridad, con fundamento en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar las operaciones correspondientes a la cancelación de la partida en conciliación observada.

(...), se remite en original la póliza contable Eg 232-Nov/1Q, que dio el origen a su registro, copia del estado de cuenta en donde se refleja la devolución del cheque no. 20599, el oficio CNDM/0002/PRI/2011 y la póliza de propuesta para cancelación.

5. De las partidas señaladas con la letra E’

Al respecto se aclara que, el cheque expedido de la cuenta Banorte 533815498, no. 346 a nombre del proveedor Bagoca Innovación Internacional, S.A. de C.V. por la cantidad de $ 75,655.14 fue cancelado y sustituido por el cheque no. 14337 perteneciente a la cuenta de Bancomer 159403051, con fecha del 16 de enero de 2012, el cual fue cobrado el día 13 de febrero del año en curso.

(...), se remite en original la póliza de Eg 931 Ene/12 en la que se registra el movimiento en comento, soportada con: 1) copia verde de la póliza de cheque no.14337, 2)copia del estado de cuenta donde se refleja su cobro y 3)el cheque no. 346 en original debidamente cancelado.

6. De las partidas señaladas con la letra ‘F’

Al respecto se aclara que, el cheque expedido de la cuenta Banorte 533815498, no. 11073 a nombre de la militante De la Puente Díaz Leonor, por un monto de $ 879.39 permanece como partida en conciliación debido a su lamentable deceso. De tal modo, se solicita a esa Autoridad, con fundamento en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar las operaciones correspondientes a la cancelación de la partida en conciliación observada.

(...), se remite en copia del Acta de Defunción de la militante en comento de fecha 01 de marzo de 2010.

7. De las partidas señaladas con la letra ‘G’

Al respecto se aclara que, de estas partidas en conciliación por ser de menor cuantía y continuar en conciliación, se solicita a esa Autoridad, la Autorización para efectos de su cancelación contable, conforme a lo establecido en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de

2011.

(...), se remite la póliza de propuesta para su cancelación.

Adicionalmente, en Apartado 2-H se remite una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha e importe y referencia contable, indicando el nombre de la persona a la que fue expedido el cheque en tránsito.

Baja California Sur

Al respecto se aclara que, la cuenta bancada Bancomer no. 0177499493, fue cancelada con fecha del 26 de julio de 2011; sin embargo el cheque no. 034 a nombre del C. Trinidad Vargas Cueto, por concepto de gastos a comprobar, continuaba en conciliación, pese a que el documento se había cancelado por concepto de extravío, ante la institución bancada el 19 de Octubre de 2010; sin embargo no se contaba con el documento que acreditará la operación, derivado de las gestiones realizadas se obtuvo el documento que lo acreditó, hasta el día 27 de septiembre de 2011; en consecuencia, el registro contable de la cancelación, se realizó con P-Dr 1 Sep/11

(...), se remite la póliza en comento, así como, la conciliación al 27 de julio de 2011, considerando la cancelación del cheque.

Chihuahua

En el caso del cheque 14, se informa que este fue reexpedido ya que fue cancelado durante el ejercicio 2012, en Apartado 4, se remite copia del cheque no. 143 el cual sustituyo al originalmente expedido, así como copia del estado de cuenta donde se refleja el cobro del mismo.

Durango

Por lo que respecta a los cheques 93, 218 y 239, del Comité Directivo Estatal de Durango, se informa que estos fueron reexpedidos ya que dichos cheques fueron cancelados durante el ejercicio 2012, en Apartado 5, se remite copia de los cheques no. 315, 318 y 319 los cuales sustituyeron a los originalmente expedidos, así como P.E. 1, 2 Y 3 del 29 de junio del 2012 donde se refleja el registro contable.

Instituto de Capacitación y Desarrollo Político

En el caso del cheque 1304, se informa que este fue reexpedido ya que fue cancelado durante el ejercicio 2012, en Apartado 6, se remite copia del cheque no.5559 el cual sustituyo al originalmente expedido, así como P.E. 1 del 28 de junio del año en curso donde se refleja el registro contable.”

De la revisión a las aclaraciones y documentación presentada por el partido se concluyó lo que a continuación se detalla:

Referente a los cheques señalados con (2) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación, la respuesta del partido se consideró satisfactoria, toda vez que sé localizaron los escritos DGCT/021/12, DGCT/025/12, DGCT/027/12 y DGCT/029/12 de fecha 24 de febrero de 2012, dirigidos a cada uno de los domicilios de los beneficiarios en los cuales se solicitan las aclaraciones pertinentes de la razón por la que no han cobrado los cheques expedidos a su favor. Razón por la cual, la observación se consideró atendida por $8,811.62.

Derivado de lo anterior, a efecto de que el partido presentara la información financiera de manera adecuada, se le informó que esta autoridad autorizó los registros contables solicitados para la reclasificación de las partidas en conciliación en el ejercicio correspondiente al 2011.

Sin embargo, procedió señalar que las partidas por las que se está autorizando el registro de cancelación corresponden a pagos por servicios prestados y por la creación de cuentas por cobrar correspondientes al ejercicio 2010, por lo que al 31 de diciembre de 2011 ya cuentan con la antigüedad mayor de un año, en consecuencia su partido podría incumplir con lo establecido en los artículos 18.4, 28.9 y 28.11 del reglamento de mérito.

Por lo que se refiere a los cheques señalados con (6) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que el hecho de que sean importes de poca cuantía, debió proporcionar la documentación que ampare las gestiones efectuadas para su regularización, o bien, indicar las razones por las cuales dichas partidas continúan en conciliación, razón por la cual la observación quedó no atendida por $89,112.63.

Sin embargo, por lo que procede a los cheques señalados en el párrafo anterior, procedió señalar que si el partido decidiera realizar las reclasificaciones de cancelación de dichas partidas, éstas corresponden al ejercicio 2010 y anteriores, por lo que al 31 de diciembre de 2011 ya cuentan con antigüedad mayor a un año, en consecuencia, el partido incumpliría con lo establecido en los artículos 18.4, 28.9 y 28.11 del Reglamento de mérito.

En consecuencia, se le solicitó al partido que presentara lo siguiente:

Por lo que corresponde a los cheques señalados con (2), (3), (4) y (5) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación:

      Las correcciones que procedan a su contabilidad.

      Las pólizas contables con su respectivo soporte documental en original.

      Los auxiliares contables y balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2011, a último nivel, en los cuales se reflejen las correcciones realizadas.

Respecto de los cheques señalados con (6) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación:

      Una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha, importe y en su caso indique el nombre de la persona a la que le fue expedido el cheque en tránsito o el detalle del depósito no identificado.

      La documentación que ampara las gestiones efectuadas para su regularización.

Por lo que corresponde al cheque señalado con (7) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación, el original debidamente cancelado.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 16.2, 18.3, inciso b), 18.4, 28.4, 28.6, 28.7, 28.8 28.9 y 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/8999/12 del 25 de julio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/823/12 del 1 de agosto de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(...), se remiten 4 pólizas contables Dr 7-Ajt4/11, Dr 8-Ajt4/11 Dr 9-Ajt4/11 y Dr 10-Ajt4/11 con su respectivo soporte documental en original, en las cuales, se cancelan las partidas en conciliación autorizadas y referenciadas como (2), (3), (4) y (5), adiciona/mente, se remiten, los auxiliares contables y balanza de comprobación al periodo de Ajt4/2011, a último nivel, en los cuales se reflejan las correcciones realizadas.

(...), se remite una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, referenciado como (6), en la que se detalla, fecha, importe así como el nombre de la persona a la que le fue expedido el cheque en tránsito.

Como parte de las gestiones efectuadas para su regularización respecto a la relación remitida en (...), se manifiesta lo siguiente:

De las partidas identificadas con (1) suman 14 cheques que a la fecha no han sido cobrados, por lo que, se procedió a cancelarlos ante la institución financiera; asimismo, se pone a consideración de esa Autoridad y de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar los registros contables correspondientes a la cancelación de las partidas en conciliación observadas. (...), se remite el documento expedido por la institución bancaria, adjunto a la póliza contable y la póliza de propuesta para su cancelación.

De las partidas identificadas con (2) se remiten (...), en original y debidamente cancelados los cheques no. 977, 1228, 1376 y 1471, expedidos a nombre del C. Ortega Carrillo Felipe de Jesús, mismos que a la fecha no los ha recogido el beneficiario; por lo que se pone a consideración de esa Autoridad y de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizarlos registros contables correspondientes a la cancelación de las partidas en conciliación observadas. Dentro del mismo Apartado, se remite la póliza de propuesta para su cancelación.

De las partidas identificadas con (3) se aclara que por un error involuntario el gasto fue duplicado, para el caso del cheque no. 15499, se encuentra registrado en P-Eg 739/Sep-10 y P-Eg 940/Sep-10; en cuanto al cheque no. 15250 se encuentra registrado en P-Eg 875/Agt-10 y P-Eg 1212/Agt-10; por lo que se pone a consideración de esa Autoridad y de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 28.7 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente al 31 de diciembre de 2011, la Autorización para efectos de realizar los registro contables correspondientes a la cancelación de las partidas en conciliación observadas. (...), se remite las pólizas en comento anexando la copia donde se verifica el cobro del cheque; así como, la póliza de propuesta para su corrección.

De la partida identificada con (4) (...), se remite copia del oficio No. DGCT/031/12 enviado al C. Carlos Chaudon Aceves, en el que se le solicitan las aclaraciones pertinentes en relación al cobro del cheque no. 16293 expedido a su favor. Por lo que el Partido se encuentra a la espera de su aclaración.

De la partida identificada con (5) (...), se remite copia del oficio No. DGCT/078/12 enviado al C. Guerrero García Javier, en el que se le solicitan las aclaraciones pertinentes en relación al cobro del cheque no. 8603 expedido a su favor. Por lo que el Partido se encuentra a la espera de su aclaración.

Por lo que corresponde al cheque numero 1304 referenciado con el inciso (6), a favor de José Javier Cazares Sánchez del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político se remite, (...), escrito 2011EMGS/ICADEP/035 del 23 de junio de 2011, dirigido a la Institución Bancada “Banco Mercantil del Norte, S.A.”, mediante el cual se solicitó la cancelación del cheque número 1304; así como la impresión del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2010, donde esa Autoridad considera satisfactoria la respuesta del Partido, toda vez que constató que el cheque fue cancelado por parte de la Institución Bancada; por tal razón, la observación quedó subsanada.

Del análisis a la documentación presentada por el partido, se determina que esta autoridad autoriza las propuestas de reclasificación presentadas por el mismo; sin embargo, procede señalar lo siguiente:

Por lo que corresponde a los casos señalados con “B” en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la presente observación, se determinó fueron observados por tener antigüedad mayor a un año y corresponden a cheques que fueron expedidos por servicios prestados por entidades con carácter mercantil o personas físicas con actividad empresarial o profesional, lo que al momento en que el partido solicita la reclasificación representan aportaciones de ente prohibido, por $16,528.09.

En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código, Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento ordinario de revisión de los informes anuales correspondiente al ejercicio dos mil once, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad observada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 9 del Dictamen Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, fue de una omisión, toda vez que no realizó las acciones de prevención ni mucho menos un repudio de la aportación en especie realizada al emitir cheques con antigüedad mayor a un año por concepto de pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, lo que representa aportaciones de entidades no permitidas por.un importe de $16,528.09, que tiene prohibido recibir según lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por $16,528.09 (dieciséis mil quinientos veintiocho pesos 09/100 M,N,)

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional recibió aportaciones al emitir cheques con antigüedad mayor a un año por concepto de pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, que se traduce en una aportación en especie de carácter mercantil por un monto de $16,528.09 (dieciséis mil quinientos veintiocho pesos 09/100 M,N,)

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió de la revisión de su Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes al ejercicio 2011.

Lugar: La irregularidad se cometió en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, CP. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por “dolo”, todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito él engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, dada su naturaleza subjetiva, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: VOLÓ DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaría permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”4, le son aplicables mutatis mutandis5, al derecho administrativo sancionador.

En ese entendido, no obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en él cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para recibir aportaciones por parte proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil.

No obstante, el instituto político incurrió en una falta de cuidado toda vez que se trata de cheques observados por esta autoridad durante la revisión del informe anual 2011 de mérito y al contar con antigüedad mayor a un año, aunado a que fueron expedidos por servicios prestados proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil por un importe de $16,528.09 (dieciséis mil quinientos veintiocho pesos 09/100 M.N.), el partido incumplió con lo establecido en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Lo anterior, se confirma con la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, consistente en recibir aportaciones de entidades no permitidas, por lo cual se vulneran los bienes jurídicos consistentes en la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

En este orden de ideas, en la conclusión 9 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala lo siguiente:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 77 (Se transcribe.)

(...)

En la parte conducente del artículo transcrito, prescribe la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, de empresas mexicanas de carácter mercantil. Para el estudio del fondo del presente asunto, resulta imperioso efectuar un análisis para desentrañar o dilucidar el sentido de la disposición en cuestión.

La proscripción de realizar aportaciones de empresas mercantiles, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de las personas jurídicas mencionadas, derivado de su propia naturaleza, por lo que se trata de impedir cualquier tipo de injerencia de los intereses particulares de las empresas en las actividades propias de los partidos políticos, que esencialmente se refieren a la obtención del poder público a través de los procesos democráticos, en razón de que los referidos intereses particulares no deben influir en ese quehacer, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con la propia actividad democrática

La ratio legis de dicho artículo se traduce en la necesidad de que los partidos políticos nacionales, en tanto entidades de interés público, se encuentren en libertad de realizar sus fines sin que exista vinculación alguna con intereses privados de carácter mercantil. En otras palabras, la norma persigue como finalidad mantener al margen de los procesos democráticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial.

Este es otro de los valores que la prohibición pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Por lo tanto, por la capacidad económica y por los elementos que podría encontrarse a su alcance por la actividad comercial que realiza, se prohíbe a las empresas mercantiles realizar aportes a los partidos políticos, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma y se mezclarían intereses privados con los públicos que deben prevalecer en los procesos democráticos, en los que los primeros se encuentran limitados por los segundos.

Bajo este contexto, para establecer el alcance de la prescripción del aludido artículo 77, numeral 1, inciso g), en cuanto a los sujetos que deben estar comprendidos en la prohibición que impone dicha norma, es necesario acudir a una exégesis o interpretación en primer término gramatical y, en su caso, funcional o sistemática en relación con los demás ordenamientos del sistema jurídico mexicano, para determinar si la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o jurídica colectiva.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima segunda edición) proporciona la acepción de empresa como “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”; y establece el concepto del término mercantil como “Perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio”

Por otro lado, es relevante poder precisar que la doctrina mexicana, como un principio general de derecho, cuenta con diversas definiciones que se pueden considerar dentro del presente estudio. En ese sentido, Raúl Cervantes Ahumada, en su obra “Derecho Mercantil”, editorial Porrúa, define a la empresa como “una universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes y servicios destinados al mercado general”] por su parte, Roberto Mantilla Molina, en su libro titulado “Derecho Mercantil”, de la señalada editorial, la conceptualiza como “conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro”.

Los significados que ponen a disposición la Real Academia y la doctrina mexicana, permiten establecer que una empresa es aquella unidad creada para la prestación de bienes y servicios contemplados en el comercio con el propósito de lucro, sin embargo, de esos significados no se puede concluir que una empresa pueda ser conformada o no por una persona física, por lo que resulta necesario acudir a otras legislaciones mexicanas para poder dilucidar la hipótesis planteada.

En ese entendido, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 16, en lo que interesa al estudio que se efectúa, establece lo siguiente:

“Artículo 16. (Se transcribe.)

De la lectura del artículo que se transcribe, se obtiene que la empresa debe ser considerada como la persona física o jurídica que lleva a cabo actividades entendidas como empresariales por el mismo precepto legal, en el que se contemplan a los comerciantes que las leyes federales les otorga ese carácter, en la especie, el Código de Comercio que establece en su artículo 75, fracción I lo siguiente:

“Artículo 75. (Se transcribe.)

(...)”

Derivado de lo anterior, resulta válido inferir que para considerar a una persona como “empresa” no es relevante que ésta cuente con la distinción de ser física o moral, simplemente que de conformidad con las leyes federales cuenten con tal carácter y al establecer a las personas físicas o morales que ejercen una actividad de edición éstas deben ser consideradas como empresas, adquiriendo la connotación de “mercantil”.

De lo anterior, se puede concluir que una empresa mexicana de carácter mercantil es aquella persona física o moral que cuente con actividades establecidas dentro de la legislación aplicable a la materia, con la finalidad de actuar en el mercado de bienes y servicios.

Por lo que derivado de todo lo expuesto, se concluye que el alcance de la norma en estudio en cuanto a los sujetos que se encuentran impedidos para realizar aportes a los partidos políticos, serán todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actividades empresariales, entendidas como la prestación de bienes y servicios con fines lucrativos.

La interpretación sistemática efectuada al artículo 77, numeral 2, inciso g) del código comicial electoral, resulta acorde con lo señalado por la Ley Fundamental, toda vez que obedece a las bases contempladas en su artículo 41, por un lado, que prevalezca una situación de equidad entre todos los institutos políticos que postulen candidaturas en una elección, y por otro, transparentar la procedencia y destino de los recursos con que cuentan estas entidades de interés público.

De modo tal, que en su aplicación debe privar la tutela de algunos intereses, evitando interpretaciones que, a la postre, pudieran ir en su detrimento y admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas con recursos provenientes de determinados entes que por su capacidad económica o por los elementos que podría encontrarse a su alcance por la actividad comercial que realiza afecten la igualdad de condiciones entre todos los contendientes en un proceso electoral federal, propiciando una clara ventaja indebida frente al resto de los contendientes, que quedarán al margen de la fiscalización de la autoridad electoral.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen de los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, al tratarse de cheques con antigüedad mayor a un año emitidos por pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, lo que representa aportaciones de entidades no permitidas por un importe de $16,528.09, (dieciséis mil quinientos veintiocho pesos 09/100 M.N.), el partido incumplió con lo establecido en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa “en abstracto”, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En efecto, el partido al omitir cumplir con su obligación de garante, al recibir aportaciones de entidades no permitidas, no pone en peligro los bienes jurídicos tutelados por las normas contenidas en el artículo 77, numeral 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas), sino que los vulnera sustantivamente, pues, con ello, se produce un resultado material lesivo que se considera significativo al desarrollo democrático del Estado.

Por lo tanto, el efecto producido por la trasgresión es de la mayor importancia pues el Partido Revolucionario Institucional, al haber tolerado la aportación en especie por parte de entidades con carácter mercantil o personas físicas con actividad empresarial o profesional, por servicios prestados con lo cual se benefició de una aportación en especie contraria a los principios antes señalados, vulnerando las bases constitucionales que regulan y protegen la democracia.

Así, al haberse presentado obtenido un ingreso prohibido, se constituyó una violación legal de gran trascendencia cuya gravedad se desprende de la naturaleza constitucional de los principios y bienes vulnerados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos a) y I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

         Se trata de una falta sustantiva o de fondo, al emitir cheques con antigüedad mayor a un año por concepto de pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, que se traduce en una aportación en especie de carácter mercantil.

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se incrementó la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con el incumplimiento de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

Se impidió, y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ORDINARIA, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Revolucionario Institucional, por haber incumplido con su obligación de garante, al recibir aportaciones de entidades no permitidas, lo cual conllevó a la violación a lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta sustantiva o de fondo cometida por el Partido Revolucionario Institucional se califica como GRAVE ORDINARIA.

Lo anterior es así, en razón de que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de negarse a recibir aportaciones de entidades no permitidas, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

De la revisión al Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil once, se advierte que la infracción cometida por el partido político al omitir cumplir con su obligación de garante, al aceptar o recibir aportaciones de entidades no permitidas, vulnera sustantivamente los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas, pues, por un lado, obstaculizan la función de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral sobre los recursos de los partidos políticos, lo cual trasciende a un menoscabo del desarrollo del Estado democrático.

En ese tenor, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional es sustantiva y el resultado lesivo es significativo.

Aunado a lo anterior, al no presentar la documentación comprobatoria que otorgue certeza en el origen y monto de los ingresos en el ejercicio correspondiente al año dos mil once se fomenta la participación de entes prohibidos como una fuerza que modifica la balanza a favor de una propuesta política específica en los procesos electorales, mermando el poder ciudadano como pilar principal en las decisiones políticas del país.

Es así que, la falta de cumplimiento de la obligación anteriormente señalada, acarrea como consecuencia que la prohibición establecida en el Código Comicial Federal sea obsoleta, con lo que se beneficia indebidamente al Partido Revolucionario Institucional, en perjuicio de las reglas establecidas para la comprobación de los ingresos y gastos

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la tesis de Jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de seis de octubre de dos mil diez, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción:

1. El ejercicio o período en el que se cometió la trasgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Adicionalmente, en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-512/2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, para considerar justificada plenamente la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, es indispensable que la autoridad administrativa electoral sancionadora exponga en su resolución:

a) La conducta que en el ejercicio anterior se consideró infractora de la normativa electoral.

b) El periodo en el que se cometió la infracción anterior, por la que estima repetida la infracción (fecha del ejercicio fiscalizado).

c) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad (violación formal o sustantiva) y los preceptos infringidos, pues aunque este elemento no es determinante, ayuda a identificar el tipo de infracción cometida y también el bien jurídico tutelado y, por ende, transgredido con esa infracción.

d) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor en ejercicios anteriores, toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal resolución (por no haber sido impugnada, o bien, por haber sido confirmada por la Sala Superior al resolver el medio impugnación procedente contra esa sanción).

Asimismo, en el SUP-RAP-583/2011 la máxima autoridad en materia electoral hizo alusión al jurista Jesús González Pérez, quien ha sostenido criterios para considerar colmada la reincidencia en la materia administrativa adicionando, a los ya mencionados, que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de manera semejante (dolosa o culposamente).

De lo anterior se puede advertir, que la reincidencia implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito o la infracción con la pena o sanción.

De manera que, para que exista reincidencia, el infractor debe repetir la falta, es decir, infringir el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma, a través de conductas iguales o análogas por la que ya fue sancionado por resolución firme.

Los criterios señalados resultan aplicables al presente caso, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 279 del Reglamento de Fiscalización, la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

En razón de lo anterior, en la especie es posible concluir que se actualiza la reincidencia, ya que se acreditó la aportación de ente no permitido, por lo cual a efecto de considerar justificada plenamente su aplicación se procede a exponer de manera clara y precisa:

a) La conducta infractora descrita en la conclusión 9 del dictamen consolidado se considera reincidente, debido a que el partido no presento la justificación de los diversos eventos realizados.

9. El partido presentó cheques emitidos por pagos a proveedores y prestadores de servicios con carácter mercantil que no fueron cobrados; sin embargo, el servicio si fue prestado y el partido político solicitó su reclasificación a la cuenta déficit o remanente, lo que representa aportaciones de entidades no permitidas por un importe de $16,528.09.”

b) Lo anterior es así, toda vez que la conducta igual o análoga fue sancionada en la revisión al Informe Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2010, específicamente en el considerando 2.2 de la Resolución, conclusión 84, inciso i), que se transcribe a continuación:

“El partido recibió una condonación de deuda por parte del proveedor Domínguez Vera Alfredo, por $73,880.49.”

c) La naturaleza de la infracción cometida durante la revisión del informe Anual dos mil diez, consistente en la condonación de una deuda por parte de proveedor del partido político, la cual fue sustancial al igual que la irregularidad identificada como conclusión 9 de la presente resolución.

Se infringió el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma de manera culposa, pues ambas conductas infringieron lo dispuesto en el artículo 77 numeral 2 inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone la prohibición expresa de recibir aportaciones por parte de empresas de carácter mercantil:

“Artículo 77 (...) (Se transcribe.)

A mayor abundamiento, es importante mencionar que el precepto violado en la resolución que sirve como precedente, se encuentra vigente actualmente al momento de la realización de la presente resolución.

Respecto a dicha disposición, a efecto de evidenciar que la conducta actualizada en ejercicios anteriores y la que se sanciona en la presente resolución, vulneraron el mismo bien jurídico tutelado, es menester realizar las precisiones siguientes:

En la parte conducente del artículo transcrito, prescribe la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, de empresas mexicanas de carácter mercantil. Para el estudio del fondo del presente asunto, resulta imperioso efectuar un análisis para desentrañar o dilucidar el sentido de la disposición en cuestión.

La proscripción de realizar aportaciones de empresas mercantiles, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de las personas jurídicas mencionadas, derivado de su propia naturaleza, por lo que se trata de impedir cualquier tipo de injerencia de los intereses particulares de las empresas en las actividades propias de los partidos políticos, que esencialmente se refieren a la obtención del poder público a través de los procesos democráticos, en razón de que los referidos intereses particulares no deben influir en ese quehacer, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con la propia actividad democrática

La ratio legis de dicho artículo se traduce en la necesidad de que los partidos políticos nacionales, en tanto entidades de interés público, se encuentren en libertad de realizar sus fines sin que exista vinculación alguna con intereses privados de carácter mercantil. En otras palabras, la norma persigue como finalidad mantener al margen de los procesos democráticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial.

Este es otro de los valores que la prohibición pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Por lo tanto, por la capacidad económica y por los elementos que podría encontrarse a su alcance por la actividad comercial que realiza, se prohíbe a las empresas mercantiles realizar aportes a los partidos políticos, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma y se mezclarían intereses privados con los públicos que deben prevalecer en los procesos democráticos, en los que los primeros se encuentran limitados por los segundos.

d) Este Consejo General, mediante resolución CG303/2011 emitida por en sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de dos mil once, determinó sancionar al Partido Revolucionario Institucional respecto de la irregularidad descrita en el inciso b) del presente apartado, la cual se encuentra prevista en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2010, la cual fue materia de impugnación a través del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP 518/2011, quedando firme la conducta al ser confirmado por el órgano jurisdiccional electoral.

Podemos concluir que las faltas cometidas son iguales o análogas, ambas se consideran faltas sustanciales, se vulneró el mismo bien jurídico tutelado, en ambas conductas infractoras el partido actuó con culpa y que dicha determinación es cosa juzgada, por lo que se atiende a la determinación de que en el caso que nos ocupa se acredita plenamente la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

La falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se incrementa la actividad fiscalizadora y los costos estatales al de los incumplimientos de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

El partido conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual correspondiente.

El partido político nacional si es reincidente, por lo que hace a la conducta sancionada en la conclusión 9

Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por la ley y el reglamento de la materia.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria a la que arribó esta autoridad, asciende a $16,528.09 (dieciséis mil quinientos veintiocho pesos 09/100 M.N.), que configura un incumplimiento que incrementó la actividad fiscalizadora y que vulneró el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida; así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

(...)

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

(...y

Es importante destacar que si bien es cierto la sanción debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, no es menos cierto que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión —según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09— la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de la autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este orden de ideas y en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la individualización de la sanción, se estima necesario decidir cuál de las sanciones señaladas en el catálogo del numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta apta para cumplir con el propósito persuasivo e inhibitorio de conductas similares a la conducta cometida por el Partido Revolucionario Institucional.

En este sentido, la sanción contenida en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político nacional infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en las fracciones III, IV, V y VI de dicho precepto no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que, dado el estudio de su conducta infractora, quebrantarían el fin específico del ente político que es el desarrollo de la vida democrática en una sociedad.

Por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en las fracciones I, III, IV, V, y VI se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario lnstitucional.es la prevista en la fracción II, es decir, una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior, se hace con la finalidad de generar un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares por el partido incoado, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Además, debe tenerse en cuenta la tesis XII/2004 “MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO”, en la que se advierte: “En los casos en que el autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio”.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Por lo anterior, y considerando la trascendencia de las normas trasgredidas así como el monto del beneficio obtenido por el instituto político, se estima conveniente imponer al Partido Revolucionario Institucional la sanción prevista en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de 690 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil once, equivalente a $41,275.80 (cuarenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos 80/100 M.N.), cantidad que se considera apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido infractor, puesto que la misma es suficiente para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de falta.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la multa se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Así, la graduación de la multa referida, se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la falta se llegó a la conclusión de que la misma era clasificable como GRAVE ORDINARIA, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resultaba necesario que la imposición de la sanción fuera acorde con tal gravedad.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2012 un total de $1,074,539,708.07(un mil setenta y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ocho pesos 07/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG431/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Así también del cuadro correspondiente se advierte que el Partido Revolucionario Institucional, no tiene pendientes por liquidar, consecuentemente no produce una afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades permanentes.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CONCLUSIÓN 23

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 23 lo siguiente:

Egresos

Servicios Generales del Comité Ejecutivo Nacional

Conclusión 23

“El partido registró gastos por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $324,800.00y $326,424.00)”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, varias subcuentas, se observó el registro de pólizas que presentan como soporte documental facturas por concepto de servicios diversos (asesorías, servicio de mensajes sms, vallas, y otros), de las cuales, aun cuando presentó los respectivos contratos, no anexó las muestras que ampararan el gasto, o en su caso, la evidencia del servicio prestado. Los casos en comento se detallan en el Anexo 2 del oficio UF-DA/6344/12.

En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente:

Las muestras y en su caso la evidencia del servicio prestado, indicada en la columna “Muestra o evidencia solicitada” del Anexo 2 del oficio UF-DA/6344/12.

Las hojas membretadas del proveedor con el detalle respectivo, correspondientes a los servicios por publicaciones en medios impresos, servicios de envío de mensajes por SMS y cibercafés.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1 inciso k) y o), 83 numeral 1 inciso b) y d), 81, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.1 y 14.4, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio UF-DA/6344/12 del 20 de junio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/718/12 del 04 de julio de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se remiten muestras de los proveedores: Profesionales en Técnicas de Crecimiento Empresarial, S.C, Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S. A. de C. V., Promotion 595, S.A. de C.V., Aciertos Servicios Publicitarios,  S.A. de C.V., Mimata Grupo Publicitaria, S.A. de C.V.,

Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Servicios, Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V., Psycom de México, S.A. de C.V. y AGC, Asesores en Grupos y Convenciones, S.A. de C.V.

En lo que respecta al proveedor Riego Publicidad, S.A. de C.V., se manifiesta que únicamente prestó el servicio de asesoría y supervisión de imagen de las pautas publicitarias, tal y como lo establece el contrato de prestación de servicios celebrado con el Partido, y revisado por esa Autoridad.

En relación a los proveedores: Asociación Nacional de Actores, Atmosfera Producciones y Asociados, S.A. de C.V., Conceptuar, S.A. de C.V. y La Estancia Di Roberto, S.A. de C.V., se manifiesta que, fueron solicitadas las muestras al área correspondiente y una vez recibido serán remitidos a esa Autoridad.”

De la revisión a la documentación proporcionada por el partido, se determinó lo siguiente:

      Por lo que corresponde al proveedor identificado con (7) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio UF-DA/6344/12, no se localizó la muestra solicitada.

      En relación a los proveedores identificados con (13) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio UF-DA/6344/12, el partido omitió presentar las muestras y/o evidencia solicitadas.

En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente:

La relación de las inserciones de los gastos por concepto de inserciones en encartes.

La vinculación de las muestras presentadas con el gasto reportado.

Las hojas membretadas de los proveedores con el detalle respectivo, así como las relaciones de la propaganda correspondientes a los medios impresos, servicios de envío de mensajes por SMS y cibercafés.

En el caso de gastos en vallas indicar el lugar y fecha del evento en el cual fueron utilizadas.

En el caso de las encuestas, deberá presentar lo siguiente:

Indicar el objeto partidista del gasto.

Presentar el trabajo final de las encuestas, indicar el número de personas encuestadas, lugares donde se aplicaron los cuestionarios e indicar para que se utilizaron los resultados obtenidos.

En el caso de las encuestas telefónicas, indicar si se realizaron mediante grabación, la cual deberá presentarse como muestra, o en su caso, indicar si una persona realizó la encuesta de manera directa.

Indicar la base de donde fueron tomados los números telefónicos para la realización de las encuestas y el método de selección.

Las muestras y en su caso la evidencia del servicio contratado

El escrito por medio del cual el órgano de finanzas del partido autorizó los gasto en comento.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 numeral 1 inciso k) y o), 81, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.1 y 23.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio UF-DA/9018/12 del 23 de julio de 2012, recibido por el partido el 25 del mismo mes y año.

Al respecto, con escrito SF/826/12 del 01 de agosto de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto al proveedor Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V., señalado con (1) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se aclara que, los servicios proporcionados por dicho proveedor fueron diseño, impresión y distribución de encarte por lo que se remite relación de encartes del proveedor antes mencionado.

Referente al proveedor Promotion 595, S.A. de C.V., señalado con (2) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se aclara que las fotografías enviadas corresponden al gasto por las exhibición de vallas móviles, así mismo se remiten nuevamente las hojas membretadas por parte del proveedor, en las cuales se indica el nombre del Partido al que se prestó el servicio, las medidas de cada espectacular, la versión que se proyectó, los meses de duración, las rutas y placas de cada una de las unidades móviles, así como el costo de cada una de ellas.

Así mismo se incluye las direcciones de los lugares donde fueron exhibidas y las fechas.

En relación a los mensajes enviados vía sms por el proveedor Promotion 595, S.A. de C.V., señalado con (3) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se aclara que, en hoja membretada del proveedor se indica el periodo de envío de cada uno de los mensajes, así como el estado en el cual se enviaron, las versiones que se manejaron y los costos de los mismos, por lo que se envían las hojas membretadas en mención y las muestras de los mensajes enviados mismo que se incluían en el gasto reportado.

Referente al proveedor Aciertos Servicios Publicitarios, S.A. de C.V., señalado con (4) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se aclara que el importe total de las facturas es por un monto de $8’540,000.00, tal y como lo sustentan los contratos celebrados, motivo por el cual las hojas membretadas del proveedor integran la totalidad de los servicios proporcionados. Se remiten los contratos celebrados con el proveedor por importes de $7’540,000.00 y $1’000,000.00 así como las hojas membretadas en las cuales se detalla la pauta de exhibición en cibercafés mismas que contienen la dirección de los café internet donde se exhibió el mensaje, el periodo, la tarifa y los costos, así como una foto que muestra la publicidad realizada.

Es muy importante aclarar que, los mensajes de cibercafés nos (sic) son espectaculares, sino publicidad virtual en las computadoras del cibercafé tal y como se muestra en el testigo entregado por el proveedor, por tal razón no se incluye la hoja membretada con los requisitos que debe contener un espectacular, ya que pertenece a propaganda en internet

En tal razón, no aplica el requerimiento de esa Autoridad respecto de hojas membretadas.

En relación al proveedor Psycom de México, S.A. de C.V., señalado con (7) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se aclara que, anexo a la factura viene ficha técnica en la cual el proveedor detalla los servicios de producción y logística del evento por lo que se remite ficha técnica de la factura 1043 de Psyscom de México, S.A: de C. V. así como fotografías de dicho evento.

En relación al proveedor AGC Asesores en grupos y Convenciones, S.A. de C.V., señalado con (8) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio al respecto se remiten muestras de las erogaciones realizadas como a continuación se detalla:

Factura 030 Fotografías consistentes en una comida ofrecida a miembros del sector campesino en el estacionamiento de las instalaciones del CEN del PRI.

Factura 056 Fotografías consistentes en una comida de trabajo ofrecida a militantes y simpatizantes distinguidos el día 15 de septiembre de 2011 en el Lobby del Auditorio Plutarco Ellas Calles.

Factura 088 Fotografías consistentes en servicios de salones para coffe break y hospedajes derivados de diversas actividades del CEN.

Factura 121 Fotografías consistentes en una comida para jóvenes priistas llevada a cabo el día 16 de noviembre del 2011 en el Lobby del Auditorio Plutarco Elías Calles.

Factura 160 Fotografías consistentes en servicio de comidas para Consejeros Políticos el 8 de diciembre del 2011 en el Lobby del auditorio Plutarco Elías Calles.

En relación al proveedor Profesionales en Técnicas de Crecimiento Empresarial, S.C, señalado con (9) en la columna ‘referencia3 del anexo 1 de su oficio se aclara que, este se encargó de realizar la asesoría permanente del cálculo de nómina, cálculo del 2% sobre nómina, finiquitos, compensaciones, pago IMSS entre otros relacionados con las percepciones y deducciones de los militantes actividades que especifica en su muestra cuadernillo ‘plan de previsión social para los militantes colaboradores del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional’. No se omite señalar que elaboraron las nóminas, los recibos y determinaron los impuestos de Partido.

Cabe mencionar que, existe contrato de prestación de servicios el cual especifica en la clausula decima primera “Vigencia” lo que a continuación se transcribe:

‘La vigencia del presente contrato comenzara a correr a partir de la fecha de firma del mismo, y hasta el día 31 de diciembre del 2010; siendo aplicable la tácita reconducción o renovación automática por periodos anuales a partir del día 01 de enero del 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2011; aplicando de forma posterior una renovación automática final que correrá del 01 de enero del 2012’

Por lo anterior se aclara que, es posible vincular los servicios de honorarios correspondientes del mes de marzo, abril y mayo del 2011 ya que este servicio es prestado desde el ejercicio 2010 y venció en enero 2012.

Por lo que, se remite en original contrato de prestación de servicios del proveedor profesionales en Técnicas de Crecimiento Empresarial, S.C. no se omite señalar que, este ya había sido entregado en el año 2010 a esa Autoridad.

En relación al proveedor Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A. de C.V., señalado con (10) y (11) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se manifiesta que, las encuestas y estudios de opinión realizados se efectúan de manera confidencial para conocer las tendencias electorales y opiniones de las personas en los diferentes estados de la República Mexicana.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 91 fracción XII de los Estatutos del Partido, el cual menciona que la Secretaria de Acción Electoral podrá dar seguimiento y evaluar las estrategias, directrices y acciones de campaña del Partido y su candidatos a cargos de elección popular.

Respecto al señalamiento que hace esa Autoridad del objeto partidista se aclara que, los trabajos realizados se hacen con fundamento en el artículo 4 de los estatutos del Partido el cual establece que el “PRI es un partido político nacional en permanente transformación interna y de frente a la Nación, que mantendrá el compromiso de anticipar y adecuar sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas visionarios y estrategias de largo plazo que lo ubiquen como el partido de vanguardia en el siglo XXI’; en esta tesitura es que en la integración del Presupuesto Anual que apruebe el Consejo Político Nacional del Partido deberá prever, conforme el artículo 79 fracción II inciso a) numeral 8, de los estatutos: los programas de investigación, educación, capacitación política, divulgación y tareas editoriales, así como los estudios socio-electorales y de opinión pública.’

Asimismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido en el artículo 85 fracción IV tiene la atribución de ‘fijar los criterios para elaborar estudios políticos, económicos, sociales y culturales’.

Respecto al trabajo final se aclara que mediante el escrito SF/718/12 del 04 de julio del 2012 fueron presentadas a esa Autoridad las muestras referentes a cuadernillos con el resumen de la totalidad de las encuestas; en tal razón dichos cuadernillos se consideran el trabajo final ya que menciona porcentajes de los resultados obtenidos en ellas.

Asimismo se aclara que las encuestas telefónicas se realizaron de persona a persona de manera directa.

De igual forma se manifiesta que la base donde fueron tomados los números telefónicos fue tomada del directorio de Telmex y los números fueron seleccionados al azar.

Así mismo se aclara que al final de cada encuesta existe una ficha técnica en la cual detalla el trabajo final e indica el número de personas encuestadas, lugares en donde se aplicaron los cuestionarios.

Se remiten muestras correspondientes a las encuestas del proveedor antes mencionado.

Adicionalmente se manifiesta que:

‘FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.

JURISPRUDENCIA 2ª SALA, Séptima Época, Vol. 30, Tercera Parte, Pág. 57’.

‘FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, como precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos a ducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Informe 1978, Segunda Parte, Sala Administrativa, Pág. 7, S.C.J.N. 7ª. Época.’

‘AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- FACULTADES DE LAS.- Las autoridades administrativas no tienen más facultades que las que expresamente les conceden las leyes, y cuando dictan alguna determinación que no está debidamente fundada y motivada en alguna ley, debe estimarse que es violatoria de las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional.’ Seminario Judicial de la Federación, Tesis de Ejecutorias 19917-1985, Octava Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y las Salas, página 114.

FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. (Se transcribe.)

En conclusión con lo antes expuesto se concluye que, para su eficacia jurídica, todo acto de las autoridades electorales que pueda afectar la esfera jurídica de los Partidos Políticos, debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, constar por escrito, estar debida y suficientemente fundado y motivado, respetando con ello el principio constitucional de legalidad.

Por ultimo, es de extrañar que la autoridad fiscalizadora pretenda fundamentar sus requerimientos con el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, toda vez que los derechos que otorgan las normas adjetivas se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modificara la tramitación de ésta se debe aplicar la nueva ley en este caso el Reglamento de Fiscalización, según se desprende de los dispuesto en la jurisprudencia que se cita:

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES. Para que una ley se considere retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales. En efecto, se entienden como normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 503/94. Miguel Ángel Tronco Quevedo. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.

Amparo directo 800/96. Alejandro Barrenechea Meza y Rosa María Matonee Espinosa de Barrenechea. 29 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.

Amparo directo 822/96. Antonio Cuadros Olvera. 5 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Cárdenas.

Secretario: Jesús Jiménez Delgado.

Amparo directo 52/97. Juan Miguel Rivera Pina. 18 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez

Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.

Amparo directo 63/97. Leobardo Gutiérrez Gómez y Araceli Torres González. 24 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.

En relación al proveedor Riego Publicidad, S.A. de C.V., señalado con (12) en la columna ‘referencia’” del anexo 1 de su oficio se remite muestra que contiene la explicación de la asesoría proporcionada.

En relación al proveedor Asociación Nacional de Actores, señalado con (13) en la columna ‘referencia” del anexo 1 de su oficio, se remiten muestras consistentes en tarjeta de presentación, invitación del evento y ficha técnica del mismo.

En relación a los proveedor Atmosfera Producciones y Asociados, S.A. de C.V. y La Estancia Di Roberto, S.A. de C.V., señalados con (13) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se manifiesta que, mediante el oficio de alcance SF/752/12 de fecha 23 de julio de 2012 se remitieron las muestras correspondientes.

En relación al proveedor Conceptuar, S.A. de C.V., señalado con (13) en la columna ‘referencia’ del anexo 1 de su oficio se remiten Muestras consistentes en dos cuadernillos donde muestra la organización del certamen nacional ‘los territorios fundamentales de nuestra nacionalidad’ y ‘México sigue en ti’.

De la revisión a la documentación proporcionada por el partido, se determinó lo siguiente:

$324,452.02

Por lo que corresponde al proveedor Psycom de México, S.A. de C.V. identificado con (7) en la columna “Referencia” Anexo 2 del oficio UF-DA/9018/12, el partido presentó detalle de los gastos que se erogaron para la producción del evento “Registro de precandidatos a la presidencia de la República”, así como dos fotografías; sin embargo, las fotografías presentadas no se pudieron vincular con el gasto reportado en virtud de que no hacen alusión al evento en comento por lo que el gasto se considera no justificado; así también no se aportó elementos probatorios para efectos de relacionar dicho gasto tales como videos, convocatoria al evento etc, y toda vez que la autoridad no cuenta con elementos suficientes que justifiquen la erogación en comento, aunado a ello no acredita la finalidad partidista; por tal razón, la observación no quedó subsanada por un importe de $324,452.02.

$656,212.00

Referente al proveedor AGC, Asesores en Grupos y Convenciones, S.A. de C.V., identificado con (8) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio UF-DA/9018/12, específicamente lo que corresponde a la factura 121, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó una relación de asistencia a la reunión “Jóvenes D.F.” realizado el 16 de Noviembre del 2011 llevada a cabo en el Lobby del Auditorio Plutarco Elías Calles, estas solo consisten en una relación de con el nombre de personas en las que no se advierte firma de ninguna de ellas, adicionalmente, de las impresiones fotográficas presentadas se desprenden solo personas en las que no se observa que estén en el evento de mérito; asimismo, en diversas imágenes se observaron algunas personas sentadas y mesas vacías, por lo que no se advierte vinculo alguno con el evento reportado, derivado de lo anterior y toda vez que la autoridad no cuenta con elementos suficientes que justifiquen la erogación en comento, aunado a que no acreditó la finalidad partidista; por tal razón, la observación no quedó subsanada por un importe de $656,212.00.

$324,800.00

En relación con el proveedor Asociación Nacional de Actores, el partido presentó las muestras solicitadas consistentes en fotografías y ficha técnica de la obra de teatro “Romeo y Julieta”; sin embargo, toda vez que la autoridad no cuenta con elementos suficientes que justifiquen la erogación en comento, aunado a que no se acredita el objeto partidista, la observación se consideró no subsanada, por un importe de $324,800.00.

         326,424.00

Respecto al proveedor La Estancia Di Roberto, S.A. de C.V., la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó una cotización para una comida de 840 personas; no presentó evidencia del evento realizado, derivado de lo anterior, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes que justifiquen la erogación en comento, aunado a que no se acredita el objeto partidista; por tal razón, la observación no quedó subsanada por un importe de $326,424.00.

En consecuencia, al registrar gastos por concepto de diversos eventos de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $326,424.00 y $324,800.00), el partido incumplió con lo establecido en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso a) en relación con el 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de interés público a los partidos políticos y remite a la legislación secundaria la determinación de las reglas de su injerencia en los procesos electorales.

De igual forma, el precepto establece que dichos institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por su parte, la Base II de la aludida disposición constitucional establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, además, en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Así también, en la apuntada base constitucional señala que el financiamiento público para los partidos políticos que conserven su registro, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las actividades siguientes:

a) Ordinarias permanentes;

b) Tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, y

c) Las relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales (actividades específicas).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 36, numeral 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Carta Magna.

En el artículo 78 del citado ordenamiento legal, en concordancia con la Base II del citado artículo 41 constitucional, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en el mismo código, precisando los rubros o conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe darse a los mismos, en los siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:

         Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,

         Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquellas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 38, numeral 1, inciso o) del código comicial, impone la obligación a los partidos políticos de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma legislación electoral9, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos.

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, el artículo 77, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. En la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede ser corresponder con los fines señalado por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En el presente caso, el Partido Revolucionario Institucional registró gastos por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $324,800.00 y $326,424.00).

Es el caso que la autoridad fiscalizadora una vez que reportó el gasto se abocó a realizar un análisis minucioso sobre la aplicación del mismo, mediante el cual se advirtió claramente que versan sobre los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011 por lo que procedió solicitar al partido la justificación de dicho gasto para efectos de valorar si se aplicó adecuadamente el egreso para los fines del partido.

Así las cosas, que el partido no acreditó la finalidad partidista para sustentar sus afirmaciones y justificar el gasto, esta autoridad colige que dichos egresos no fueron aplicados para los fines del partido que constitucional y legalmente tiene encomendados.

Lo anterior es así en razón de que debe entenderse que las actividades de los partidos políticos, no solo se encuentran circunscritas a los procesos electorales, sino que también se realizan actividades de manera permanente con el objeto de que la ciudadanía participe en todo momento en la vida democrática del país.

De esta manera, resulta válido concluir que si el financiamiento público que reciben los partidos políticos, se constituye, preponderantemente, como la base para el desempeño de las tareas que se han mencionado con antelación, entonces es evidente que el partido se encuentra obligado a señalar y acreditar la aplicación del gasto, situación que no aconteció pues contrario a ello fue omiso en justificar los egresos realizados por conceptos de diversos eventos por un total de $1,631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N., por lo que esta autoridad no advirtió vinculo entre los fines del partido y el egreso reportado.

En consecuencia, al haber reportado gastos por conceptos de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, y no justificar el egreso, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión de los informes anuales correspondiente al ejercicio dos mil once, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, el instituto político fue omiso en responder en relación con las observaciones analizadas en el presente apartado.

En la especie se puede advertir que el Partido Revolucionario Institucional en uso de su garantía de audiencia argumentó que los gastos reportados en el informe anual del ejercicio dos mil once estaban acreditados conforme a lo siguiente: respecto de la irregularidad por un monto de $324,452.02, relacionado con el evento “Registro de precandidatos a la presidencia de la República”, indicó que presentaba muestras y ficha técnica del evento remitida por el proveedor Psyscom de México, S.A de C.V.

Ahora bien respecto a dicha documenta se advierte una copia simple en el cual se extiende una cotización en el que se detalla la relación de conceptos para la producción del evento registro de precandidatos a la Presidencia de la República, en el que se detallan diversas cantidades por concepto, sin embargo dicha copia no tiene nombre del suscrito, solo el logo de la empresa SYSCOM, más no así de el representante legal, o algún sello, pues tan solo es una mera cotización, en este tenor es una simple copia que no genera siquiera indicios de que se haya celebrado el evento que pretende vincular con el objeto partidista.

Sin embargo con aras de vincular dicha documental privada se trató de adminicular con las impresiones fotografías anexas a la cotización por lo que tampoco, no se obtuvo la vinculación de dichos elementos con el evento reportado y alegado por el partido, pues es el caso que tan solo en una de ellas se advierte diversas mesas vacías y a lo lejos se puede percibir aproximadamente seis personas, y la otra impresión es de seis personas posando en una fotografías, sin que se pueda advertir elemento alguno, cabe destacar que dicha documentales por si mismas no generan convicción a la autoridad de que se haya celebrado el evento reportado y menos aun que haya tenido algún objeto partidista, pues es el caso, que el partido Revolucionario Institucional no detalló circunstancia de modo tiempo y lugar, respecto de dichas documentales.

Es menester señalar que el partido estuvo en la posibilidad de acreditar la celebración del evento, pues si efectivamente se efectuó con muchas personas, ameritaba con ello, presentar por lo menos, la difusión del mismo en algún medio de comunicación, video, listas de asistencia debidamente firmadas de manera autógrafa, sin embargo el partido fue omiso en realizar alguna otra diligencia para acreditar lo sostenido en el informe anual del ejercicio dos once.

Ahora bien, por lo que hace a la irregularidad por $656,212.00, relacionado con el evento “Jóvenes D.F.” y con el proveedor AGC Asesores en grupos y Convenciones, S.A. de C.V., indicó que remitía muestras de las erogaciones realizadas. En cuanto a la irregularidad por $326,424.00, relacionado con el proveedor La Estancia Di Roberto, S.A. de C.V., indicó que mediante el oficio de alcance SF/752/12 de fecha 23 de julio de 2012 se remitieron las muestras correspondientes, La irregularidad por un monto de $324,800.00, relacionado con la obra de teatro “Romeo y Julieta” y el proveedor Asociación Nacional de Actores, Atmósfera Producciones y Asociados, S.A. de C.V., indicó que presentaba muestras.

Para acreditar sus afirmaciones aportó como pruebas lo siguiente: por la irregularidad por un monto de $324,452.02 se presentó ficha técnica de la factura 1043 en la cual el proveedor detalla los servicios de producción y logística del evento, así como 2 fotografías del mismo. Por la irregularidad por el monto de $656,212.00, remite Factura 030, Factura 056, Factura 088 y Factura 121. En cuanto a la irregularidad por $326,424.00 presentó una cotización para una comida de 840 personas. Por la irregularidad por el monto de $324,800.00 presentó muestras consistentes en fotografías y ficha técnica de la obra de teatro “Romeo y Julieta”

Es relevante mencionar que con dicha documentación no se acredita el objeto partidista, pues respecto de la irregularidad por un monto de $324,452.02 las fotografías presentadas no se pudieron vincular con el gasto reportado en virtud de que no hacen alusión al evento en comento por lo que el gasto se considera no justificado; así también no se aportó elementos probatorios para efectos de relacionar dicho gasto tales como videos, convocatoria al evento etc. La irregularidad por el monto de $656,212.00, aun cuando se presentó una relación de asistencia a la reunión “Jóvenes D.F.” realizado el 16 de Noviembre del 2011 llevada a cabo en el Lobby del Auditorio Plutarco Elías Calles, estas solo consisten en una relación con el nombre de personas en las que no se advierte firma autógrafa de ninguna de ellas, adicionalmente, de las impresiones fotográficas presentadas se desprenden solo personas en las que no se observa que estén en el evento de mérito; asimismo, en diversas imágenes se observaron algunas personas sentadas y mesas vacías, por lo que no se advierte vinculo alguno con el evento reportado, En cuanto a la irregularidad por $326,424.00; no presentó evidencia del evento realizado. La irregularidad por el monto de $324,800.00, esta autoridad no contó con elementos suficientes que justificaran la erogación en comento.

Ahora bien, si bien es cierto que obra en autos, muestras de los eventos realizados, fichas técnicas, facturas, cotizaciones y fotografías documentación con la cual se acredita que efectivamente se efectuó el gasto, sin embargo éstos no se encuentran vinculados a la actividad que se pretende probar, es decir, la justificación fehaciente de erogaciones registradas por concepto de diversos eventos por un total de $1’631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.).

A mayor abundamiento, si bien el partido político nacional manifestó que con la presentación de diversos elementos probatorios se justifica el gasto por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” en el que se advierte tan solo una mención sobre, así como una sinopsis de la obra de teatro, pero se insiste que en caso, de que se haya efectuado el evento en mención no tiene finalidades partidistas y la comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011 lo que proporciona un indicio en contra del oferente y no a su favor, es decir, que existe incongruencia toda vez que con los documentos y pruebas presentadas por el partido político, no se justifica fehaciente las erogaciones realizadas por concepto de los eventos en comento.

Ahora bien, debe tenerse presente que el partido al tener conocimiento de las obligaciones que tienen que cumplir, en ese tenor debió prever elementos de convicción para acreditar la celebración del evento y justificar el fin partidista en el que se advierta la publicidad del evento e incluso una convocatoria original para soportar su dicho y acreditar la finalidad del gasto, lo cual en la especie no aconteció.

Aunado a ello, el partido debe señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar por lo que se obligado acreditar el gasto realizado, ello con la finalidad de que la autoridad fiscalizadora tenga certeza de lo reportado.

Por lo anterior, es posible afirmar que no existe un vínculo cierto ni existen las circunstancias que permitan tener una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretendieron demostrar, es decir, se presenta como prueba muestras de los eventos realizados, fichas técnicas, facturas, cotizaciones y fotografías que no vincula de ninguna manera la justificación del gasto.

En este sentido, como parte de las labores del Instituto Federal Electoral está la de sustanciar procedimientos sancionadores, y para tal efecto han quedado establecidos criterios y reglas para la valoración de las pruebas (directas e indirectas) que permiten relacionar hechos realizados entre personas o entre personas y cosas. Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido lo siguiente:

“Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para inferir o deducir el segundo.

En ese sentido, los argumentos respecto que con la presentación de diversos documentos se acredita el gasto por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, no constituyen prueba, para vincular la realización del objeto partidista con motivo de los eventos realizados, por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $324,800.00 y $326,424.00) , ya que de su análisis se desprende que esta autoridad no contó con los elementos suficientes por medio de los cuales se pudiera justificar el gasto como actividades ordinarias del Partido Revolucionario Institucional.

Por ello el Partido Revolucionario Institucional al erogar gastos de los que no acredita la finalidad partidista vulneró lo establecido en el artículo 38 inciso o), del Código Federal Electoral.

“PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento ordinario de revisión de los informes anuales correspondiente al ejercicio dos mil once, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad observada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 23 del Dictamen Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, fue de omisión y consistió en no justificar el objeto partidista de un gasto por concepto de diversos eventos por un total de $1’631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.).

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad al no en no justificar el objeto partidista de erogaciones registradas por concepto de de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió de la revisión de su Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes al ejercicio 2011.

Lugar: La irregularidad se cometió en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, CP. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por “dolo”, todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, dada su naturaleza subjetiva, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL’, donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaría permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador.

En ese entendido, no obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para no justificar los gastos realizados. No obstante, el instituto político incurrió en una falta de cuidado toda vez que no realizó ninguna acción tendiente a demostrar el objeto partidista del gasto por concepto de, con la realización de diversos eventos, por un importe de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $326,424.00 y $324,800.00),

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Lo anterior, se confirma con la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, consistente en omitir justificar el objeto partidista de gastos por concepto de diversos eventos de los cuales el partido omitió presentar la justificación del objeto partidita por erogaciones por un total de $1,631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.), por lo cual se vulneran los bienes jurídicos consistentes en la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

En este orden de ideas, en la conclusión 23 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala lo siguiente:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales “Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código

(...y

Así, el referido precepto, se impone a los partidos políticos la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los partidos políticos nacionales por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos institutos políticos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 36 del mismo código.

De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en la norma legal antes citada.

Consecuentemente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede ser corresponder con los fines señalado por la ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En conclusión en dicho precepto, se prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, supuesto que en el caso concreto no se actualizó, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional no justificó el objeto partidista respecto del gasto realizado por concepto de diversos eventos de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de erogaciones por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $326,424.00 y $324,800.00), vulnerando la prohibición que señala el código electoral, que tutelando la certeza y transparencia en el origen de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por la falta de reportar y presentar la documentación con la que se acredite el vinculo entre el gasto con los diversos eventos realizados por el instituto político de mérito materia del presente procedimiento, acarreando como consecuencia que la prohibición en comento se transformara en obsoleta y, con ello, resultar beneficiado indebidamente, pues el partido al momento de acreditar el gasto, realmente así fue sin embargo no lo vinculo con el objeto partista.

En la especie, se puede advertir que el Partido Revolucionario Institucional vulneró directamente el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues no cumplió con la obligación establecida de aplicar el financiamiento exclusivamente para las actividades ordinarias, pues se limitó a reportar sin justificar de modo alguno la aplicación del gasto por concepto de diversos eventos de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones, constituyendo lo anterior, una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos de los partidos políticos.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen de los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, al registrar gastos por concepto de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, de los cuales omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $324,800.00 y $326,424.00), el partido incumplió con lo establecido en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa “en abstracto”, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En efecto, el partido al omitir cumplir con su obligación de garante, al no justificar el objeto partidista de erogaciones realizadas por concepto de la realización de diversos eventos, no pone en peligro los bienes jurídicos tutelados por las normas contenidas en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas), sino que los vulnera sustantivamente, pues, con ello, se produce un resultado material lesivo que se considera significativo al desarrollo democrático del Estado.

En el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al Partido Revolucionario Institucional, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38 numeral 1 inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos a) y I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de una falta sustantiva o de fondo, al incumplir la obligación de justificar fehacientemente los gastos por concepto de diversos eventos.

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se incrementó la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con el incumplimiento de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

Se impidió, y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ORDINARIA, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Revolucionario Institucional, por haber incumplido con su obligación de garante, al omitir justificar el objeto partidista con gastos por diversos eventos, lo cual conllevó a la violación a lo dispuesto en el artículo 38 numeral 1 inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 1.

Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta sustantiva o de fondo cometida por el Partido Revolucionario Institucional se califica como GRAVE ORDINARIA.

Lo anterior es así, en razón de que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Es decir, al omitir el instituto político justificar el objeto partidista con el gasto realizado por concepto de diversos eventos de los cuales el partido omitió presentar la justificación fehaciente de dichas erogaciones por un total de $1’631,888.02 ($324,452.02, $656,212.00, $326,424.00 y $324,800.00).”, se infringen las normas sustantivas que afectan de forma directa la certeza y transparencia en el funcionamiento del partido incoado.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que el Partido Revolucionario Institucional se hace responsable de manera culposa de la conducta desplegada y prohibida, este Consejo General concluye que la gravedad de la falta debe calificarse como ordinaria y no especial o mayor, pues a pesar de haber sido de gran relevancia, no se encuentran elementos subjetivos que agraven las consideraciones manifestadas en el párrafo anterior.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, al no justificar el objeto partidista de los gastos por concepto de la realización de los eventos “Registro de precandidatos a la presidencia de la república”, reunión “Jóvenes D.F.”, obra de teatro “Romeo y Julieta” y comida para “Sesión del Consejo Político Nacional” del día 30 de noviembre de 2011, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

De la revisión a los Informe Anual correspondientes al ejercicio dos mil once, se advierte que la infracción cometida por el partido político al omitir cumplir con su obligación de garante, al no justificar el objeto partidista con el gasto realizado por concepto de diversos eventos por un total de $1’631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.)., vulnera sustantivamente los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas, pues, por un lado, obstaculizan la función de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral sobre los recursos de los partidos políticos, lo cual trasciende a un menoscabo del desarrollo del Estado democrático.

En ese tenor, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional es sustantiva y el resultado lesivo es significativo.

Aunado a lo anterior, al no presentar la documentación comprobatoria que otorgue certeza respecto a la justificación del objeto partidista con el gasto realizado, es decir, demostrar la justificación fehaciente de erogaciones realizadas por concepto de diversos eventos, durante el ejercido anual dos mil once, se fomenta la participación de factores económicos como una fuerza que modifica la balanza a favor de una propuesta política específica en los procesos electorales, mermando el poder ciudadano como pilar principal en las decisiones políticas del país.

Es así que, la falta de cumplimiento de la obligación de anteriormente señalada, acarrea como consecuencia que la prohibición establecida en el Código Comicial Federal sea obsoleta, con lo que se beneficia indebidamente al Partido Revolucionario Institucional, en perjuicio de las reglas establecidas para la comprobación de los ingresos y gastos

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la tesis de Jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de seis de octubre de dos mil diez, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción:

1. El ejercicio o período en el que se cometió la trasgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Adicionalmente, en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-512/2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, para considerar justificada plenamente la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, es indispensable que la autoridad administrativa electoral sancionadora exponga en su resolución:

a) La conducta que en el ejercicio anterior se consideró infractora de la normativa electoral.

b) El periodo en el que se cometió la infracción anterior, por la que estima repetida la infracción (fecha del ejercicio fiscalizado).

c) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad (violación formal o sustantiva) y los preceptos infringidos, pues aunque este elemento no es determinante, ayuda a identificar el tipo de infracción cometida y también el bien jurídico tutelado y, por ende, transgredido con esa infracción.

d) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor en ejercicios anteriores, toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal resolución (por no haber sido impugnada, o bien, por haber sido confirmada por la Sala Superior al resolver el medio impugnación procedente contra esa sanción).

Asimismo, en el SUP-RAP-583/2011 la máxima autoridad en materia electoral hizo alusión al jurista Jesús González Pérez, quien ha sostenido criterios para considerar colmada la reincidencia en la materia administrativa adicionando, a los ya mencionados, que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de manera semejante (dolosa o culposamente).

De lo anterior se puede advertir, que la reincidencia implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito o la infracción con la pena o sanción.

De manera que, para que exista reincidencia, el infractor debe repetir la falta, es decir, infringir el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma, a través de conductas iguales o análogas por la que ya fue sancionado por resolución firme.

Los criterios señalados resultan aplicables al presente caso, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 279 del Reglamento de Fiscalización, la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

La falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se reportaron gastos no relacionados con las actividades constitucionalmente encomendadas a los partidos políticos

Se incrementa la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

El partido conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual correspondiente.

El partido político nacional no es reincidente, por lo que hace a la conducta sancionada en la conclusión 23

Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por la ley y el reglamento de la materia.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria a la que arribó esta autoridad, asciende a $1’631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.), que configura un incumplimiento que incrementó la actividad fiscalizadora y que vulneró el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida; así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, numeral i, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“(…)

I. COA? amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salado mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.” (...)”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien es cierto la sanción debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, no es menos cierto que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión —según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09— la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de la autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este orden de ideas y en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la individualización de la sanción, se estima necesario decidir cuál de las sanciones señaladas en el catálogo del numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta apta para cumplir con el propósito persuasivo e inhibitorio de conductas similares a la conducta cometida por el Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, por lo que hace a la sanción contemplada en la fracción II tampoco es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político nacional infractor, dado la lesión de los bienes tutelados por la normatividad electoral.

Las sanciones contempladas en las fracciones, IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento. Finalmente, la sanción contenida en la fracción VI resultaría excesiva en razón de que la cancelación del registro como partido político sólo se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en dicha fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo consistir en una reducción del 0.30 % de la ministración mensual que corresponda al partido por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $1’631,888.02 (un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.) ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la multa se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Así, la graduación de la multa referida, se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la falta se llegó a la conclusión de que la misma era clasificable como GRAVE ORDINARIA, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resultaba necesario que la imposición de la sanción fuera acorde con tal gravedad.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2012 un total de $1’074,539,708.07 (un mil setenta y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ocho pesos 07/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG431/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 45 lo siguiente:

Ingresos

Cuentas por Cobrar

Conclusión 45

"El partido reportó saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, por $542,874.36"

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Respecto a la columna "Saldos generados en 2010 no sancionados", identificados con la letra "N" en el Anexo 1 del oficio UF-DA/9017/12 Anexo 5 del Dictamen Consolidado, por un importe de $1,926,798.09 corresponden a saldos por los cuales una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2011, presentan saldos pendientes por recuperar, los cuales se integran como se detalla a continuación:

Nota: Los saldos detallados en el cuadro que antecede corresponden a saldo de la tercera versión de balanzas presentada por el partido. Para mayor referencia, los saldos iniciases, se encuentran detallados en las columnas "A", "B" y "C" del Anexo 1. Así mismo, respecto a las columnas de recuperaciones se encuentran detalladas en las columnas "F", "G" y "H" del citado Anexo 1.

La integración de los saldos reportados en la subcuenta señalada en el cuadro que antecede, se detallaron en el Anexo 3 del oficio UF-DA/6804/12.

Es preciso señalar, que en el Dictamen Consolidado respecto a la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2010, Tomo 4.2 Partido Revolucionario Institucional, apartado "Cuentas por Cobrar", se indicó lo que a la letra se transcribe:

"Fue preciso señalar que los saldos positivos reflejados en dichas cuentas por cobrar al cierre del ejercicio 2010, que al término del ejercicio siguiente continuaran sin haberse comprobado, serán considerados como gastos no comprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo tanto, a efecto de no incurrir en el supuesto previsto en la citada normatividad, el partido deberá efectuar las gestiones necesarias para la recuperación o comprobación de dichas cuentas durante el ejercicio 2011, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal."

Ahora bien, como se observa en el cuadro que antecede, el partido comprobó o recuperó durante 2011, un monto de $10,259,100.50; sin embargo, al 31 de diciembre de 2011 ejercicio continuaba sin haber comprobado o recuperado saldos con antigüedad mayor a un año por $1,926,798.09

En consecuencia, se le solicitó al partido que presentara lo siguiente:

• Las gestiones llevadas a cabo para su comprobación o recuperación, así como la documentación correspondiente.

• En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por cobrar.

• En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten documentación de 2011 y que corresponda a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá proporcionar lo siguiente.

• Las pólizas con su respectiva documentación soporte, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que le dio origen.

• En caso de existir comprobaciones o recuperaciones realizadas en el ejercicio 2012, presentar las pólizas con su respectivo soporte documental.

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1 inciso k), 81, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 28.9, y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF/DA/6408/12 del 20 de junio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/717/12 del 4 de julio de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

"(...), se remite la Relación detallada de las Cuentas por Cobrar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos que integran el saldo de $899,682.21 ($1'926,798.09 menos $ 1'027,115.88), de forma impresa y en medio magnético (excel); identificando en cada una el nombre del deudor, importe, fecha en la que se originó el adeudo a favor del partido y tipo de deuda.

No se omite comentar que el saldo de $1'926,798.09 reflejado por esa Autoridad es incorrecto, siendo el importe correcto de $899,682.21, cuya diferencia por un importe de $1 '027,115.88 se integra de la siguiente manera:

(...), se remite la documentación comprobatoria que ampara las diferencias entre los saldos que reflejan nuestros registros contables y los saldos presentados por esa Autoridad, correspondientes al cuadro que antecede.

Respecto a la cuenta 103-1032-0019 Jesús Armando Órnelas Ceballos, del CDE de Zacatecas, cabe señalar que el saldo correcto generado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, es por un importe de $0.00 y no por el importe de $5,258.75 como muestra esa Autoridad en el Anexo 3 del oficio UF-DA/6408/12; por lo que (...), se remite la Balanza de Comprobación y el Auxiliar Contable al 31 de diciembre de 2009 (mes de Ajuste 6), en los que se refleja que dicho importe corresponde a 2009 y ejercicios anteriores; así como la Balanza de Comprobación y el Auxiliar Contable al 31 de diciembre de 2010 (mes de Ajuste 10), en los que se refleja que dicho importe no corresponde a 2010.

Asimismo se manifiesta que, en el oficio UF-DA/1351/12 (Respuesta a solicitud de autorización para la reclasificación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar), de fecha 15 de marzo de 2012, correspondiente al Anexo 1 A (Saldos Menores a $25,000.00), Ejercicio 2009 y anteriores, esa Autoridad autorizó la reclasificación de la cuenta 103-1032-0019 Jesús Armando Órnelas Ceballos, del CDE de Zacatecas, correspondiente a 2009 y Ejercicios anteriores y no al Ejercicio 2010, por el importe de $ 5,258.75 anteriormente mencionado; por lo que (...), se remite copia de dicho anexo.

En relación a los anticipos a proveedores con antigüedad mayor a un año se aclara que, dichos pagos corresponden a servicios pagados; sin embargo, no se aplicaron los registros contables de gasto correspondiente; por lo anterior se solicita a esa Autoridad la autorización para su registro en el ejercicio 2010 (...), se remite propuesta de la póliza para su registro y autorización.

Respecto al saldo por $147,125.00 del proveedor Comisión Federal de Electricidad me permito comentar que, a la fecha se encuentra en trámite de aclaración.

(...)

Por último, se remiten de los Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos, (...), los Oficios que muestran las gestiones llevadas a cabo para la recuperación de las Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2010 pendientes de comprobar".

Del análisis a lo manifestado por el partido y a la documentación presentada se determina lo siguiente:

Aun cuando el partido manifestó que los anticipos a proveedores con antigüedad mayor a un año corresponden a servicios pagados y que no se aplicaron en los registros contables a los gastos correspondientes, no presentó la documentación que dio origen ni elementos que confirmen lo que manifestó, únicamente presentó una propuesta de registro contable, los casos en comento se referenciaron con (2) en el citado Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12; por tal razón la observación queda no subsanada, por $450,632.66.

Por lo que se refiere a la cuenta 108-1080-0210, "Comisión Federal de Electricidad", toda vez que el partido manifiesta que a la fecha se encuentra en trámite de aclaración, de la verificación a la documentación presentada no se localizaron las gestiones realizadas en el ejercicio ni excepciones legales, el caso en comento se referencian con (3) en el citado Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12 por lo que la observación no quedó subsanada por $147,125.00.

Aunado a lo anterior, de la verificación a la documentación proporcionada por el partido se localizaron escritos dirigidos a los Comités Directivos Estatales, solicitándoles, la recuperación de los saldos generados por ellos mismos; sin embargo, no presentaron documentación ni aclaraciones al respecto por parte de los Comités Directivos Estatales, los casos en comento se referencian con (5) en el citado Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12, porque lo que a estos casos se refiere la observación no quedó subsanada por $83,422.68.

Por lo que se refiere a los demás saldos, el partido no manifestó ni presentó documentación al respecto, en consecuencia, al no presentar evidencia del intento de recuperación de las cuentas por cobrar mediante un órgano jurisdiccional o bien no se elaboró un convenio de pagos con cada uno de los deudores, por los saldos referenciados con (6) en el citado Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12, por $148,692.03, no quedó subsanada.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

• Las gestiones llevadas a cabo para su comprobación o recuperación, así como la documentación correspondiente.

• En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por cobrar.

• En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten documentación de 2011 y que corresponda a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá proporcionar lo siguiente:

• Las pólizas con su respectiva documentación soporte, en las cuales se indique con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que le dio origen.

• En caso de existir comprobaciones o recuperaciones realizadas en el ejercicio 2012, presentar las pólizas con su respectivo soporte documental.

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1 inciso k), 81, numera! 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 28.9 y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/9017/12 del 25 de julio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/787/12 del 1 de agosto de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

"(...), se remiten nuevamente, los Oficios enviados a los Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos, que muestran las gestiones llevadas a cabo para la recuperación de las Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2010 pendientes de comprobar; dicha documentación ya había sido entregada a esa Autoridad en el oficio SF-717-12, de fecha 4 de julio de 2012.

Se vuelve a aclarar que, respecto a la cuenta 103-1032-0019 Jesús Armando Órnelas Ceballos, del CDE de Zacatecas, el saldo correcto generado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, es por un importe de $0.00 y no por el impone de $5,258.75 como muestra esa Autoridad en el Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12; por lo que (...), se vuelve a remitir la Balanza de Comprobación y el Auxiliar Contable al 31 de diciembre de 2009 (mes de Ajuste 6), en los que se refleja que dicho importe corresponde a 2009 y ejercicios anteriores; así como la Balanza de Comprobación y el Auxiliar Contable al 31 de diciembre de 2010 (mes de Ajuste 10), en los que se refleja que dicho importe no corresponde a 2010; dicha documentación ya había sido entregada a esa Autoridad en el oficio SF-717-12, de fecha 4 de julio de 2012.

Asimismo se manifiesta que, en el oficio UF-DA/1351/12 (Respuesta a solicitud de autorización para la reclasificación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar), de fecha 15 de marzo de 2012, correspondiente al Anexo 1 A (Saldos Menores a $25,000.00), Ejercicio 2009 y anteriores, esa Autoridad autorizó la reclasificación de la cuenta 103-1032-0019 Jesús Armando Órnelas Ceballos, del CDE de Zacatecas, correspondiente a 2009 y Ejercicios anteriores y no al Ejercicio 2010, por el importe de $5,258.75 anteriormente mencionado; por lo que en el mismo Apartado 1 C, se remite nuevamente copia de dicho anexo; dicha documentación ya habla sido entregada a esa Autoridad en el oficio SF-717-12, de fecha 4 de julio de 2012.

Respecto a la cuenta 108-1080 CEN por un importe de $450,632.66 se aclara que, dichos importes corresponden a servicios pagados, a los cuales no se les aplicaron los registros contables del gasto correspondiente, por lo que se solicita a esa Autoridad la autorización para su registro en el ejercicio 2010; por lo que (...), se remite nuevamente la propuesta de la póliza para su registro y autorización.

Por lo que se refiere al saldo por un importe de $147,125.00 del proveedor Comisión Federal de Electricidad, reitero que, a la fecha se encuentra en trámite de aclaración; por lo que una vez que se tenga respuesta, ésta será remitida en alcance al presente oficio.

(...), se envían copias de las P.D. 7 Aj. 4/2011, P.D. 8 Aj. 4/2011 y P.D. 9 Aj. 4/2011, en donde se muestra la cancelación de los saldos autorizados por esa Autoridad por un monto de $45,090.20 (Pólizas Originales en escrito SF/823/12 de fecha 01 de Julio); asimismo, se aclara que, la cuenta 103-1034-0113-0208 Delgado Рида María Osvelia tiene un saldo de $13,587.00 correspondiente al ejercicio 2010 y NO de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) como indica esa Autoridad, mostrando su cancelación en la pólizas antes mencionadas.

Respecto a la cuenta 103-1034-0114-0232 Ibarrola Chavarría Miguel con un saldo de $3,567.55, (...), se envía el auxiliar y la P.D. 33 de fecha 30 de Noviembre de 2011 en original, donde se muestra la compensación de este saldo.

Respecto a la cuenta 103-1037-0001-0002 Gastos por Recuperar con un saldo de $1,872.35, se remite nuevamente en Apartado 1 E, la P.D. 195/mayo/11, P.D. 200/mayo/11, P.D. 138/jun/11, P.D. 263/julio/11, P.D. 310/ago/11, P.i. 112/nov/11 y P.D. 676/dic/11 en original, así como la integración que ampara la recuperación de dicho saldo."

Del análisis y verificación a las aclaraciones y documentación presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

Derivado de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas por el partido a las observaciones de los oficios emitidos, presentó la quinta versión de la balanza de comprobación consolidada al 31 de diciembre de 2011, reportando en cuentas por cobrar $774,083.52 monto que se integra en el Anexo 5 del Dictamen Consolidado.

En relación a los anticipos a proveedores con antigüedad mayor a un año, referenciados con (2) en el Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12 Anexo 5 del Dictamen Consolidado, en donde el partido manifestó que corresponden a servicios pagados y que no se aplicaron los registros contables a los gastos correspondientes, la respuesta se considero insatisfactoria toda vez que no presentó la documentación que dio origen ni elementos que confirmen lo manifestado, únicamente presentó una propuesta de registro contable; por tal razón la observación queda no subsanada y no se autoriza el registro contable propuesto por el partido, por $450,632.66.

Por lo que corresponde al saldo señalado con (3) en el Anexo 3 del oficio UF-DA/9017/12 Anexo 5 del Dictamen Consolidado, respecto de la cuenta 108-1080-0210, "Comisión Federal de Electricidad", la respuesta del partido se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando el partido manifestó que a la fecha se encuentra en trámite de aclaración, y que una vez que se tenga respuesta, ésta será remitida en alcance al presente oficio, a la fecha de elaboración del , no han sido presentada las aclaraciones ni la documentación correspondiente; por tal razón, la observación quedó no subsanada, por $147,125.00.

En relación a los escritos dirigidos a los Comités Directivos Estatales por un importe de $83,422.68, solicitándoles la recuperación de los saldos generados por ellos mismos, señalados con (4) en Anexo 5 del Dictamen Consolidado, la respuesta del partido se considero insatisfactoria, toda vez que aun y cuando señala que ya había sido entregada a esa Autoridad mediante el escrito SF-717-12, de fecha 4 de julio de 2012, no presentó documentación adicional, la observación quedó no subsanada.

En relaciona a los demás saldos señalados con (5) en el Anexo 5 del Dictamen Consolidado, el partido omitió presentar documentación al respecto y al no presentar evidencia de recuperación de las cuentas por cobrar mediante un órgano jurisdiccional o bien algún convenio de pagos con cada uno de los deudores; por tal razón la observación quedó no subsanada, por $92,903.18.

Adicionalmente, con escrito SF/910/12 del 20 de agosto de 2012, en alcance al escrito SF/787/12, el partido, manifestó lo que a la letra se transcribe:

"En relación al saldo de Cuentas por Cobrar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos de Investigación por un importe de $774,083.52, se aclara nuevamente que:

En los oficios de referencia SF/1096/11 y SF1110/12 se envió la documentación soporte relacionada con los saldos del ejercicio de 2010; sin embargo, en respuesta en el oficio de referencia UF-DA/1351/12 esa Autoridad informó que se le daría seguimiento en la revisión del ejercicio 2011; la documentación en comento se quedó en custodia de esa Autoridad.

Por lo antes expuesto, en los oficios SF/787/12 y SF/826/12 de fecha 1 de Agosto de 2012, se reiteró la solicitud a esa Autoridad para la autorización y poder efectuar las correcciones contables de estos gastos registrados como anticipos de proveedores por pertenecer al ejercicio 2010; sin embargo, esa Autoridad rechazó esa autorización argumentando que no tenía la información.

Es importante señalar que, en los oficios SFI1096/11 y SF/110112 este Partido le entregó a la Unidad de Fiscalización dicha información que dio origen a estos saldos.

Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos.

El saldo por un importe de $80,631.43, contenido en la cuenta 103-1035-0001 Previsión Social del CDE de Sonora, se manifiesta que la ley del Impuesto sobre la Renta no limita al contribuyente a que, en el mismo ejercicio fiscal en el cual se generó el Crédito al Salario sea acreditado este mismo, por lo que dicho crédito al Salario será compensando contra el impuesto sobre la renta en los ejercicios posteriores al 2011."

Por lo que a esta aclaración respecto, por la cantidad $80,631.43, se consideró atendida y dicho saldo se aplicó a los generados en el ejercicio 2011.

"ANTICIPO A PROVEEDORES Comité Ejecutivo Nacional

En razón de lo anterior, se solicita nuevamente la autorización para registrar contablemente los gastos registrados como anticipos a proveedores del ejercicio 2010 y que forman parte de ese saldo señalado por la Autoridad; de los casos siguientes:

Cuenta Contable 108-1080-0189, García Lazo José Luis saldo $9,048.00; se registraron las pólizas de egresos 267 y 325 del mes de junio de 2010, como anticipo; sin "embargo, estos anticipos corresponden a los pagos de la factura 2751 por importe de $9,048.00; en consecuencia este saldo debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento con la factura original núm. 2751 del proveedor García Lazo José Luis por $9,048.00 y que afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio."

Por lo que se refiere a este caso; se verificó que en el ejercicio 2010 no hubiera registrado el gasto por la cantidad de $9,048.00, en consecuencia toda vez que se cuenta con la factura y no se registró en el ejercicio 2010, la observación se considera subsanada por lo que se autoriza el registro propuesto por el partido en el ejercicio 2012.

En consecuencia en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, esta autoridad dará seguimiento al registro autorizado de reclasificación.

Cabe hacer mención que dicho importe se considera para efectos de las integraciones del saldo en el Anexo 5 al 31 de diciembre de 2011.

"Cuenta Contable 108-1080-0186 Onward Perú saldo $19,835.20; se registró el pago de inscripción de dos militantes que participaron en el Curso la Misión Técnica Internacional en la ciudad de Cusco, Perú; cuyo comprobante es la transferencia electrónica por el mismo importe; en consecuencia este importe debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo. Este gasto está relacionado con los comprobantes registrados en la póliza de diario 5 del 15 de enero de 2010, en el cual se anexa copia de las cartas comisión de los dos asistentes y del temario; así como copia de los boletos de avión de la comisión.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento con la transferencia del proveedor Onward Perú por $19,835.20 y afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio. Copia de la póliza de diario 5 del 15 de enero de 2010 con sus respectivos soportes."

Por lo que se refiere a este caso, aun cuando el partido presenta evidencia de la transferencia al citado proveedor y presenta una impresión de transferencia electrónica, esto comprueba el anticipo otorgado al proveedor, así mismo, el que tenga relación dicho gasto con otros realizados como el pago del vuelo, no presentó el comprobante del gasto, por la inscripción de los militantes al curso, por lo tanto la observación no quedó subsanada.

"Cuenta Contable 108-1080-0203, Sanroman Castillo Juan Luis saldo $7,649.62; se registró la póliza de egresos 1579 del mes de noviembre de 2010, como anticipo; sin embargo, este anticipo corresponde al pago de la factura 932 por importe de $7,649.62; en consecuencia este saldo debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento con la factura origipal núm. 932 del proveedor Sanroman Castillo Juan Luis por $7,649.62 y que afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio."

Por lo que se refiere a éste caso, se verificó que en el ejercicio 2010 se haya registrado el anticipo en la póliza PE-1579/11-10; sin embargo, según los auxiliares del mismo ejercicio, en la PE-1494/11-12 se registraron el gasto, la provisión y el pago de otra factura, por el mismo importe, mismo que el partido no presentó.

En consecuencia al no contar con la totalidad de elementos para determinar el registro propuesto por el partido no se autoriza la reclasificación y la observación no quedó subsanada.

"Cuenta Contable 108-1080-0212, Asesorías Nacionales Expanders, S.C. saldo $104,400.00; se registró la póliza de egresos 1683 del mes de diciembre de 2010, como anticipo; sin embargo, este anticipo corresponde al pago del servicio; cuya póliza y factura fueron extraviados, en tal razón se solicitó levantar ante el Ministerio Publico el 16 de mayo de 2010; en consecuencia este saldo debe ser corregido el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento con la factura original núm. 932 del proveedor Asesorías Nacionales Expanders, S.C. por $104,400.00 y que afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio.

Asimismo se remite el original para cotejo del acta especial."

Por lo que se refiere a este caso, aun cuando el partido manifestó que la factura fue extraviada y presentó acta ante el ministerio publico por extravío, no presentó escrito del proveedor que manifestara haber emitido dicha factura ni copia simple de la misma. En consecuencia no se autoriza la reclasificación y la observación no quedó subsanada.

"Cuenta Contable 108-1080-0210, Comisión Federal de Electricidad saldo $147,125.00; se registró la póliza de egresos 1998 del mes de noviembre de 2010, como anticipo; sin embargo, este anticipo corresponde al pago de la línea de captura por importe de $147,125.00; que por error involuntario se contabilizó como anticipo; en consecuencia este saldo debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento del pago de la línea de captura de la Comisión Federal de Electricidad por $147,125,00, y afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio.

Por lo que se refiere a este caso, aun cuando el partido manifiesta por error se contabilizó el pago de una línea de captura; en las evidencias presentadas demuestra que se emitieron dos transferencias bancarias por el mismo importe a nombre del proveedor; sin embargo, no se solicitó la devolución ni se aplicó el anticipo en consumos posteriores. En consecuencia no se autoriza la reclasificación y la observación no quedó subsanada.

"Cuenta Contable 108-1084-0001-0033, Letras Adheribles S.A. de C.V. saldo $35,551.96; se registró la póliza de egresos 2064 del mes de mayo de 2010, como anticipo; sin embargo, este pago corresponde al pasivo del distrito 12 de la campaña de Chiapas del 2009; que por error involuntario se contabilizó como anticipo; en consecuencia este saldo debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de contable 200-2014-0042 por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento del pago de Letras Adheribles S.A. de C.V. por $35,551.96, y afecta la cancelación del saldo en la cuenta de activo y pasivo respectivamente.

Por lo que se refiere a este caso; y en atención a la duplicidad del anticipo a proveedores, se procedió a verificar que en los auxiliares del ejercicio 2010 existiera un saldo en pasivos, por lo que se corroboró lo manifestado por el partido y por consecuencia la observación se considera subsanada por lo que se autoriza el propuesto por el partido en el ejercicio 2012, por la cantidad de $35,551.96.

En consecuencia en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, esta autoridad dará seguimiento al registro autorizado de reclasificación.

Cabe hacer mención que dicho importe se considera para efectos de las integraciones del saldo en el Anexo 5 al 31 de diciembre de 2011.

"Cuenta Contable 108-1080-0183, Consultoría, Vigilancia Privada y Supervisión Corporativa, S.C. saldo $186,609.20; se registró la póliza de egresos 582 del mes de enero de 2010, como anticipo; sin embargo, este corresponde al pago del servicio; en consecuencia este saldo debe ser corregido efectuando el asiento contable contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por el importe total del anticipo.

(...), se remite la póliza contable que corrige el movimiento con la factura copia de la factura núm. 764 del proveedor Consultoría, Vigilancia Privada y Supervisión Corporativa, S.C. por $186,609.20 y que afecta la cancelación del saldo y la cuenta de remanente del ejercicio; así como, copia del acta de la entrega formal de los equipos de audio y video que ampara el servicio prestado."

Por lo que se refiere a este caso; se verificó que en el ejercicio 2010 no hubiera registrado el gasto, en consecuencia toda vez que se cuenta con la factura y no se registró en el ejercicio 2010, la observación se considera subsanada por lo que se autoriza el registro propuesto por el partido en el ejercicio 2012.

En consecuencia en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, esta autoridad dará regimiento al registro autorizado de reclasificación.

Cabe hacer mención que dicho importe se considera para efectos de las integraciones del saldo en el Anexo 5 del Dictamen Consolidado al 31 de diciembre de 2011.

Por todo lo anterior, considerando las aclaraciones y documentación presentada por el partido, y las autorizaciones antes detalladas, aun cuando la integración del cuadro no se modifica por que los registros de reclasificación se aplicaran en el ejercicio 2012, el saldo al 31 de diciembre de 2011, es por $774,083.52, (Anexo 5 del Dictamen Consolidado), sin embargo para efectos de lo autorizado por $231,209.16, integrada por ($9,048.00, $35,551.96 y $186,609.20) la observación no quedó subsanada por $542,874.36 ($774,083.52 - $231,209.16)

En consecuencia, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 28.9, y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento ordinario de revisión de los informes anuales correspondiente al ejercicio dos mil once, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad observada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen .legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 45 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido reportó saldos de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año de los cuales no presentó la comprobación ni las excepciones legales correspondientes, por un importe de 542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido político, toda vez que se abstuvo de acreditar haber recuperado o comprobado diversos saldos reportados en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, sin que informara acerca de la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los saldos en comento, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 28.9 y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once, violentando de esa forma lo dispuesto en dicho cuerpo normativo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad al reportar saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, por $542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió de la revisión de su Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondientes al ejercicio 2011.

Lugar: La irregularidad se cometió en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Delegación Tialpan, CP. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electora!, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS", conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de ¡os subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, dada su naturaleza subjetiva, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL", donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaría permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL"13, le son aplicables mutatis mutandis14, al derecho administrativo sancionador. En ese entendido, no obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011, por lo cual se considera que únicamente existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Lo anterior, se confirma con la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, consistente en la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justificaran la existencia de los mismos, por lo cual se vulneran los bienes jurídicos consistentes en la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

Como ya fue señalado, el Partido Revolucionario Institucional vulneró lo dispuesto en los artículos 28.9 y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, el cual es del tenor siguiente:

Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales

"28.9 "Si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como 'Deudores Diversos', 'Préstamos al Personal', 'Gastos por Comprobar', “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra, y al cierre del ejercicio siguiente lo mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnético; y presentar la documentación que justifique la excepción legal. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida autorización de la Unidad de Fiscalización, para lo cual los partidos deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen los motivos por los cuales se pretende darlos de baja.'

Cabe preciar que los partidos tienen la obligación de presentar la documentación que soporte los gastos que declaran, a efecto de que haya claridad y no se declaren erogaciones que nunca se realizaron, en detrimento del erario.

El artículo en comento reitera esta obligación en el sentido de que, en referencia a conceptos relativos a cuentas por cobrar, el partido debe presentar las constancias que acrediten los saldos y los procedimientos o juicios para el cobro de las cuentas.

De igual forma se establece que para dar de baja los saldos ya revisados, los partidos deberán solicitar autorización a la autoridad fiscalizadora, lo cual tiene como finalidad sanear la contabilidad de los partidos. Se entiende que las cuentas incobrables son susceptibles de ser sancionadas dado que podría tratarse de recursos públicos destinados a fines específicos y que al no recuperar tales recursos existe una presunción iuris tantum sobre !a falta de comprobación del gasto, pero una vez que han sido observados y objeto de sanción, procede darlos de baja, previa solicitud del partido a la autoridad fiscalizadora, para evitar que tales saldos se conserven en la contabilidad de forma indefinida.

En efecto, la norma en comento prevé fa obligación que tienen los partidos políticos, en principio, de comprobar en el mismo ejercicio en el que se generen, los saldos positivos registrados en su contabilidad, y que de no hacerlo así, deberán comprobarlos a más tardar al cierre del ejercicio siguiente, so pena de ser considerados como no comprobados, excepción hecha de que se acredite la existencia de una causa legal que les exima de justificarlos dentro de la temporalidad acotada por la norma, con el fin de evitar mantener saldos por tiempo indefinido en las cuentas por cobrar.

La descrita situación tiene como finalidad evitar que mediante el registro de los saldos en las cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de los egresos efectuados por los partidos políticos.

En todo caso, el partido tendrá el derecho de acreditar las excepciones legales que correspondan y que justifiquen la permanencia de dichos saldos en los informes de ingresos y gastos de varios ejercicios.

Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la recuperación o comprobación de los egresos registrados en las cuentas por cobrar, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso, hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son aquellas que exceden de dicho periodo.

De lo anterior se desprende que el artículo 28.9, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once, considera que para valorar la certeza del destino de los recursos que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia máximo de dos ejercicios, es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la existencia de alguna excepción legal.

Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: a) a cargo de clientes y b) a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.

Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de acuerdo a su importancia.

Ahora bien, la exigencia del artículo 28.9, del multicitado Reglamento, se inscribe de ese modo toda vez que de lo contrario se generaría que mediante el registro de dichas cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de los mismos.

No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción, consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se consideraran los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad superior a un año, como egresos no comprobados.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendientes a exigir el pago de las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas por cobrar de naturaleza deudora.

En el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la norma es, principalmente, garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, derivados de cualquier fuente del financiamiento genéricamente considerado (público y privado),15 en razón de que se trata de la erogación de recursos por parte de! partido que se encuentran pendiente de comprobación o recuperación, sin que se presente alguna excepción legal que justifique la permanencia de los mismos.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo reglamentario referido concurre directamente con la certeza que la autoridad electoral pueda tener sobre el destino final de los recursos erogados por el partido político, así como la transparencia en la rendición de cuentas y en el registro de los egresos de los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades del artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once es, precisamente, que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos y que cuenten con recursos de fuentes identificadas, pues ello genera confianza en la relación de los partidos políticos con la sociedad.

Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que haya certeza sobre el manejo de todo tipo de recursos en entidades que cumplen una función pública y sobre todo, como ya se mencionó, cuando se encuentran involucrados recursos públicos, ya que son los que provienen de toda la sociedad para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de manera que es preciso que la sociedad conozca que sus recursos que proporciona al Estado vía impuesto están siendo utilizados legalmente.

En ese sentido, la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifican la existencia de los mismos derivadas de la revisión del informe anual del partido político correspondientes al ejercicio 2011, no puede ser considerado como una falta formal, porque no se trata simplemente de una indebida contabilidad o inadecuado soporte documental de egresos, por lo contrario la infracción en cuestión por sí misma constituye una falta sustantiva, porque con las aludidas omisiones se acredita, como presunción iuris tantum, el uso indebido de los recursos con los que cuentan los partidos políticos para el desarrollo de su fines al no tener certeza de la aplicación.

Artículo 28.10."Los partidos deberán presentar junto con su informe anual del ejercicio sujeto a revisión, la relación a que hace referencia el artículo 28.9 de este Reglamento, en la que además de los datos indicados en el citado artículo, deberán integrarse detalladamente cada uno de los movimientos que conforman los saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año. En dicha relación se deberá indicarla referencia contable y en el caso de las disminuciones de saldos, deberá señalar si dichos movimientos corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año. Dicha relación deberá entregarse en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnético."

El artículo en estudio impone la obligación de detallar pormenorizadamente el rubro de "Cuentas por Cobrar", en especial, indicar la referencia contable y las disminuciones de saldos, en su caso, así como hacer mención a la antigüedad de dichas disminuciones.

La finalidad tutelada por este artículo guarda relación con el principio rector respecto de la prevalencia del financiamiento público de los partidos políticos, y el carácter de instituciones de interés público que les otorga la Constitución Federal y las leyes secundarias. Así, resulta relevante que en el proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos la autoridad fiscalizadora cuente con los elementos técnico-contables que le permitan identificar, más allá de cualquier duda, y velando por el adecuado gasto y aplicación de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, las cuentas y elementos contables que el partido tiene a su favor respecto de terceros.

En el entendido de lo anterior, el propósito de la norma es dotar a la autoridad fiscalizadora de herramientas que le permitan identificar, dentro del Informe Anual de los partidos políticos, a las terceras personas que resultan deudoras de los institutos políticos, así como motivar a dichos entes de interés público a defender el patrimonio que les es confiado.

Así las cosas ha quedado acreditado, que por la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifiquen la existencia de los mismos, por un importe de 542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), por lo que en ese orden de ideas, el Partido Revolucionario Institucional se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 28.9, y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y se le tiene como no comprobado el gasto registrado en la cuentas en comento.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo tota! o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro de! bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En efecto, el partido al omitir cumplir con su obligación de garante, al reportar saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, no pone en peligro los bienes jurídicos tutelados por las normas contenidas en los artículos 28.9, y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once, (legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas), sino que los vulnera sustantivamente, pues, con ello, se produce un resultado material lesivo que se considera significativo al desarrollo democrático del Estado.

Por lo tanto, el efecto producido por la trasgresión es de la mayor importancia pues el Partido Revolucionario Institucional, al no garantizar la recuperación o comprobación de los egresos registrados en las cuentas por cobrar, vulnera el uso debido de los recursos con los que cuenta el partido político para el desarrollo de sus fines.

Así, al reportar saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, se constituyó una violación legal de gran trascendencia cuya gravedad se desprende de la naturaleza constitucional de los principios y bienes vulnerados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Revolucionario institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, toda vez que existe violación directa a los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida, consistente en la certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, derivado de la falta de comprobación, recuperación o presentación de excepciones legales que sustenten la existencia de saldos en cuentas por cobrar.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos a) y I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

• Se trata de una falta sustantiva o de fondo, al incumplir la obligación de comprobar, recuperar o presentar excepciones legales que sustenten la existencia de saldos en cuentas por cobrar.

• Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

• Se incrementó la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con el incumplimiento de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

• Se impidió, y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ORDINARIA, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Revolucionario Institucional, por haber incurrido en una falta a la normatividad, al reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año de los cuales no presentó la comprobación ni las excepciones legales correspondientes, por un importe de 542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.) vulnerando lo dispuesto lo dispuesto en los artículos 28.9, y 28.10 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Dada la transcendencia de las normas transgredidas así como los efectos que produce respecto de los objetivos y valores jurídicos tutelados por la normativa electoral, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional fue calificada como GRAVE ORDINARIA.

Lo anterior es así, en razón de que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, queda expuesto que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y se vulnera el principio de certeza, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

En ese tenor, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional es sustantiva y el resultado lesivo es significativo.

En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que un partido político no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, así como no presentar excepciones legales para recuperar saldos de cuentas con antigüedad a un año, trae como consecuencia la imposibilidad de vigilara cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y, vulnerando así los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de sus obligaciones.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la tesis de Jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de seis de octubre de dos mil diez, con el rubro 'REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN", la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción:

1. El ejercicio o período en el que se cometió la trasgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Adicionalmente, en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-512/2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, para considerar justificada plenamente la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, pomo elemento para agravarla, es indispensable que la autoridad administrativa electoral sancionadora exponga en su resolución:

a) La conducta que en el ejercicio anterior se consideró infractora de la normativa electoral.

b) El periodo en el que se cometió la infracción anterior, por la que estima repetida la infracción (fecha del ejercicio fiscalizado).

c) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad (violación formal o sustantiva) y los preceptos infringidos, pues aunque este elemento no es determinante, ayuda a identificar el tipo de infracción cometida y también el bien jurídico tutelado y, por ende, transgredido con esa infracción.

d) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor en ejercicios anteriores, toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal resolución (por no haber sido impugnada, o bien, por haber sido confirmada por la Sala Superior al resolver el medio impugnación procedente contra esa sanción).

Asimismo, en el SUP-RAP-583/2011 la máxima autoridad en materia electoral hizo alusión al jurista Jesús González Pérez, quien ha sostenido criterios para considerar colmada la reincidencia en la materia administrativa adicionando, a los ya mencionados, que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de manera semejante (dolosa o culposamente).

De lo anterior se puede advertir, que la reincidencia implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito o la infracción con la pena o sanción.

De manera que, para que exista reincidencia, el infractor debe repetir la falta, es decir, infringir el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma, a través de conductas iguales o análogas por la que ya fue sancionado por resolución firme.

Los criterios señalados resultan aplicables al presente caso, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 279 del Reglamento de Fiscalización, la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

En razón de lo anterior, en la especie es posible concluir que se actualiza la reincidencia, razón por la cual, a efecto de considerar justificada plenamente su aplicación se procede a exponer de manera clara y precisa:

a) La conducta infractora descrita en la conclusión 45 del dictamen consolidado se considera reincidente, mismas que consisten en la acción por parte del Partido Político en la cual se observa saldos en la cuenta con antigüedad mayor a un año.

"45. El partido reportó saldos en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, por$542,874.36."

b) Lo anterior es así, toda vez que dicha conducta es igual o análoga, ya que fue sancionada en la revisión al Informe Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2010, específicamente en el considerando 2.2 de la Resolución, conclusión 66 , inciso a), que se transcribe a continuación:

"66. El partido reportó en sus registros contables, saldos de cuentas por cobrar y anticipo a proveedores con antigüedad mayor a un año de los cuales no presentó la comprobación ni las excepciones legales correspondientes; por un importe de $4, 333,383.19 ($2,361.92 y $4,331,021.27)."

Por otro lado también la conducta es igual o análoga, ya que fue sancionada en la revisión al Informe Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2009, específicamente en el considerando 2.2 de la Resolución, conclusión 38, inciso a), que se transcribe a continuación:

"38. El partido reporta saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación por $1469,666.12 ($1'023,369.02 y $146,297.10) y no informó de la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia."

c) La naturaleza de la infracción consistente en el reporte de saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, permitió acreditar que la naturaleza del evento fue formal al igual que la irregularidad identificada como conclusión 45 de la presente resolución.

Se infringió el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma de manera culposa, pues tales conductas infringieron lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, que dispone:

"Artículo 28.9

Si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como "Deudores Diversos", "Préstamos al Personal", "Gastos por Comprobar", "Anticipo a Proveedores" o cualquier otra, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnética; y presentar la documentación que justifique la excepción legal. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida autorización de la Unidad de Fiscalización, para lo cual los partidos deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen los motivos por los cuales se pretende darlos de baja."

A mayor abundamiento, es importante mencionar que el precepto violado en la resolución que sirve como precedente, se encontró vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, no obstante toda vez que se realizó la revisión del correspondiente al ejercicio dos mil once, resultó aplicable el artículo en cita.

Respecto a dichas disposiciones, a efecto de evidenciar que la conducta actualizada en ejercicios anteriores y la que se sanciona en la presente resolución, vulneraron el mismo bien jurídico tutelado, es menester realizar las precisiones siguientes:

Los partidos tienen la obligación de presentar la documentación que soporte los gastos que declaran, a efecto de que haya claridad y no se declaren erogaciones que nunca se realizaron, en detrimento del erario público. El presente artículo reitera esta obligación en el sentido de que, en referencia a conceptos relativos a cuentas por cobrar, el partido debe presentar las constancias que acrediten los saldos y los procedimientos o juicios para el cobro de las cuentas. Asimismo, se establece que para dar de baja los saldos ya revisados, los partidos deberán solicitar autorización a la autoridad fiscalizadora, lo cual tiene como finalidad sanear la contabilidad de los partidos. Se entiende que las cuentas incobrables son susceptibles de ser sancionadas dado que podría tratarse de recursos públicos destinados a fines específicos y que al no recuperar tales recursos existe una presunción sobre la falta de comprobación del gasto, pero una vez que han sido observados y objeto de sanción, procede darlos de baja, previa solicitud del partido a la autoridad fiscalizadora, para evitar que tales saldos se arrastren por decirlo así de forma indefinida.

d) Este Consejo General, mediante las resoluciones CG303/2011 emitida en sesión extraordinaria el 27 de septiembre de dos mil once y el CG311/2010 celebrada el 28 de septiembre de dos mil diez en sesión extraordinaria ;en las que se determinó sancionar al Partido Revolucionario Institucional, respecto de las irregularidades que se describe en el inciso b) del presente apartado, las cuales se encuentran previstas en las revisiones de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente a los ejercicios 2010 y 2009, la cual fue materia de impugnación a través de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP 518/2011 por lo que respecta al CG303/2011 y SUP-RAP 174/2010 respecto al CG311/2010, quedando firme la conducta al ser confirmado por el órgano jurisdiccional electoral.

Podemos concluir que las faltas cometidas son iguales o análogas, ambas se consideran faltas sustantivas, se vulneró el mismo bien jurídico tutelado, en ambas conductas infractoras el partido actuó con culpa y que dicha determinación es cosa juzgada, por lo que se atiende a la determinación de que en el caso que nos ocupa se acredita plenamente la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

• La falta se califica como GRAVE ORDINARIA.

• Durante el procedimiento de revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2011, el Partido Revolucionario Institucional reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia.

• Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

• Se incrementa la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

• El partido conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual correspondiente.

• El partido político nacional si es reincidente.

• Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por la ley y el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria a la que arribó esta autoridad, asciende a $542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), que configura un incumplimiento que incrementó la actividad fiscalizadora y que vulneró el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida; así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“(…)

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorías de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político."

(…)”

Es importante destacar que si bien es cierto la sanción debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, no es menos cierto que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión —según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09—la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como Ta que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de la autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este orden de ideas y en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electora! del Poder Judicial de la Federación respecto a la individualización de la sanción, se estima necesario decidir cuál de las sanciones señaladas en el catálogo del numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta apta, para cumplir con el propósito persuasivo e inhibitorio de conductas similares a la conducta cometida por el Partido Revolucionario Institucional.

En este sentido, la sanción contenida en las fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a la gravedad ordinaria de la conducta y las circunstancias objetivas que la rodearon, incluyendo el monto de los recursos obtenidos indebidamente: 542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.) puesto que una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o la amonestación pública sería insuficiente para generar en el partido infractor esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo para evitar que en un futuro cometa ese tipo de faltas.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en las fracciones IV, V y VI de dicho precepto no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Revolucionario Institucional toda vez que, dado el estudio de sus conductas infractoras, quebrantarían el fin específico del ente político que es el desarrollo de la vida democrática en una sociedad.

De este modo, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Además, debe tenerse en cuenta la tesis XII/2004 "MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO", en la que se advierte: "En los casos en que el autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio".

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso16.

En este sentido, se estima que la fracción III del inciso a), numeral 1 del artículo 354 que contempla como sanción la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponde, resulta adecuada, pues permite sancionar al partido, tomando en cuenta la gravedad de la violación cometida, siendo suficiente para generar en el partido político una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo de cometer este tipo de faltas en el futuro, cumpliendo así con los fines preventivos y disuasivos de la sanción.

En este contexto, existió un beneficio económico por parte del partido político al reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que Be informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia., por un monto total de 542,874.36 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en dicha fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo consistir en una reducción del 0.90% de la ministración mensual que corresponda al partido por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $814,311.54 (ochocientos catorce mil trescientos once pesos 54/100 M.N.) ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la multa se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Así, la graduación de la multa referida, se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la falta se llegó a la conclusión de que la misma era clasificable como GRAVE ORDINARIA, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resultaba necesario que la imposición de la sanción fuera acorde con tal gravedad.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2012 un total de $1,074,539,708.07 (un mil setenta y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ocho pesos 07/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG431/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la conclusión sancionatoria 48 lo siguiente:

Conclusión 48

“Se observaron saldos en cuentas por pagar que al 31 de diciembre de 2011 presentan antigüedad mayor a un año y que representaron un beneficio en favor del partido político, por $20,139 ,961.18.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 48

Respecto de la conducta contenida en la conclusión 48, en la columna “Saldos Generados en 2009 y Ejercicios anteriores que presentan una antigüedad mayor a un año”, identificados con la letra “G” en el Anexo 5 del oficio UF-DA/9017/12 Anexo 7 del presente dictamen por $155’063,161.65, corresponde a saldos que su partido reportó al 31 de diciembre de 2010 y que una vez aplicados los pagos efectuados en el ejercicio 2011, presentan una antigüedad mayor a un año y se integran de la siguiente manera:

Nota: Los saldos detallados en el cuadro que antecede corresponden a saldo de la tercera versión de balanzas presentada por el partido.

La integración de los saldos reportados en la subcuenta señalada en el cuadro que antecede, se detallaron en el Anexo 6 del oficio UF-DA/9017/12.

Aun cuando los saldos detallados en el cuadro que antecede corresponden a saldos observados y sancionados en ejercicios anteriores, no exime al partido político del correspondiente pago a los proveedores.

En consecuencia, se le solicitó al partido que presentara lo siguiente:

Una integración detallada con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento y, en su caso, especificar si existía alguna garantía o aval otorgados para el crédito.

Los contratos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro instrumento con los que se encuentren documentados los pasivos que se indican en la columna “Saldos al 31-12-11 que presentan antigüedad mayor a un año”.

En su caso, la documentación que acreditara la existencia de alguna excepción legal, actualizada al ejercicio de 2011.

En caso de que existieran liquidaciones de cuentas por pagar que presenten documentación de 2011, pero correspondan a justificaciones de pasivos del ejercicio o ejercicios anteriores, proporcionara lo siguiente:

Las pólizas con su documentación soporte respectiva, en la cual indicara con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.

En su caso, la documentación que acreditara que los pasivos fueron pagados con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.11, 28.12 y 32.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF/DA/6408/12 del 20 de junio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/717/12 del 4 de julio de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(...), se remite la Relación detallada de los Pasivos al 31 de diciembre de 2009 (2009 y Ejercicios Anteriores) del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos que integran el saldo de $155’254,022.52 ($155^063,161.65 mas $190,860.87), de forma impresa y en medio magnético (excel); con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento y la especificación de si existe alguna garantía o aval otorgados para el crédito.

No se omite comentar que el saldo de $155’063,161.65 reflejado por esa Autoridad es incorrecto, siendo el importe correcto de $155´254,022.52, cuya diferencia por un importe de $190,860.87 se integra de la siguiente manera:

(...), se remite la documentación comprobatoria que ampara las diferencias entre los saldos que reflejan nuestros registros contables y los saldos presentados por esa Autoridad, correspondientes al cuadro que antecede.

En relación a los Pasivos al 31 de diciembre de 2009 (2009 y Ejercicios Anteriores), se informa que en el oficio UF-D A/1351 ft2 (Respuesta a solicitud de autorización para la reclasificación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar), de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó la cancelación del importe que se muestra en el siguiente cuadro, por lo que (...), se remiten las Pólizas de Diario del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos en las que se realizan las reclasificaciones correspondientes:

Cabe mencionar que (...), se integra la diferencia correspondiente a 27’913,098.73”.

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

Es importante mencionar que mediante oficio UF-DA/1351/12 de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó al partido la reclasificación de cuentas a déficit y remanentes del ejercicio 2012.

Considerando el oficio emitido por esta autoridad, respecto a la autorización de reclasificación, se observó que por lo que se refiere a los saldos referenciados con (1) en la columna de referencia del Anexo 6 del oficio UF-DA/9017/12, el partido presentó 63 pólizas contables en las cuales se realizaran las reclasificaciones autorizadas en el ejercicio 2012, por $127’339,129.58.

Asimismo, considerando que los registros contables se realizaron en el ejercicio 2012, en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, esta autoridad llevará a cabo los procedimientos necesarios con la finalidad de constatar que el partido se apegó a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Por otra parte, se observó que el partido presentó la relación detallada de las cuentas señaladas en el Anexo 6, del oficio UF-DA/9017/12, en la cual se puede identificar el nombre, montos, conceptos, fechas de contratación de las obligaciones, calendario de amortización y de vencimiento y la especificación de si existe alguna garantía o aval para los créditos otorgados; por tal razón, respecto a este punto, la observación se considera atendida.

Es importante mencionar que aún y cuando el partido señala en su escrito de contestación que integra la diferencia de $27’913,098.73 respecto del saldo autorizado a reclasificar contra los registros contables correspondientes al saldo del 31 de diciembre de 2009, se observó que solo presentó documentación e integración por $27’489,689.16, mismas que se detallaron en el Anexo 6, del oficio UF-DA/9017/12, en la columna de referencia con (2).

Es importante mencionar que aun cuando los saldos detallados con (2) en el Anexo 6, del oficio UF-DA/9017/12, corresponden a saldos observados y sancionados en ejercicios anteriores, no exime al partido político del correspondiente pago a los proveedores.

Por lo que se refiere a la diferencia por $423,409.57, de los cuales no presentó documentación como son contratos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro instrumento con los que se encuentren documentados los pasivos que presentan antigüedad mayor a un año, razón por la cual la observación quedo no subsanada, por dicho importe.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

Los contratos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro instrumento con los que se encuentren documentados los pasivos que se indican en la columna “Saldos al 31-12-11 que presentan antigüedad mayor a un año”, por la diferencia de $423,409.57.

En su caso, la documentación que acredite la existencia de alguna excepción legal, actualizada al ejercicio de 2011.

En caso de existir liquidaciones de cuentas por pagar que presenten documentación de 2011, pero correspondan a justificaciones de pasivos del ejercicio o ejercicios anteriores, proporcionar lo siguiente:

Las pólizas con su documentación soporte respectiva, en la cual se indicara con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.

En su caso, la documentación que acreditara que los pasivos fueron pagados con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.11, 28.12 y 32.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/9017/12 del 25 de julio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/787/12 del 1 de agosto de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…)

En relación al saldo según cuadro del oficio UF-DA/1351/12 por un monto de $155’254,023.42 integrado por el importe autorizado reclasificado ($127,340,924.69) y por el saldo final 2009 después de la reclasificación ($27,913,098.73), se aclara que, estos importes ya fueron sancionados con anterioridad.

Respecto a la cuenta acreedora 202-2020-0024 de “Duran Contreras María Magdalena”, (...), se remite la P Eg 6/Dic-09 que dio origen al saldo reportado por $283.00

Respecto a la cuenta acreedora 202-2020-0034 de Pérez Becerra Salvador, se aclara que el saldo reportado por $-64.20 será compensado con los pagos realizados a su crédito Infonavit durante el ejercicio 2012.

Respecto a la cuenta acreedora 202-2020-0034 de Almazán Olivares Leonor, se manifiesta que el saldo reportado por $446.44 será compensado con los pagos realizados a su crédito Infonavit durante el ejercicio 2012.

Respecto a los saldos que presentan diversas cuentas de Acreedores Diversos según se muestra en el siguiente cuadro se solicita a esa Autoridad, la Autorización para la cancelación de dichos saldos cuyo importe total es por $79,878.98, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Fiscalización, ya que ha sido conocido, revisado y sancionado en los diversos ejercicios en los cuales ha encuadrado en tener antigüedad mayor a un año por la autoridad fiscalizadora, en consecuencia debe ser cancelado dentro de los registros contables del Partido. Se aclara que, el saldo en comento está integrado por movimientos que, se encuentran clasificados como menores a los $25,000.00. Por lo que en el mismo (..-.), se remite póliza propuesta de cancelación.

Respecto al saldo registrado en la cuenta 204-2040-0001, de Sueldos por Pagar por un monto de $342,865.56, se solicita a esa Autoridad la Autorización para la cancelación de este saldo, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Fiscalización, ya que ha sido conocido, revisado y sancionado en los diversos ejercicios en los cuales ha encuadrado en tener antigüedad mayor a un año por la autoridad fiscalizadora, en consecuencia debe ser cancelado dentro de los registros contables del Partido. Asimismo, se aclara que, el saldo en comento está integrado por diferentes movimientos que se en su mayoría, se encuentran clasificados como menores a los $25,000.00.

(...), se remite la integración del saldo en comento, adjunto la póliza contable correspondiente:

Derivado de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas por el partido a las observaciones de los oficios emitidos, presentó la quinta versión de la balanza de comprobación consolidada al 31 de diciembre de 2011, reportando derechos a cargo de terceros por este concepto de $155’254,086.72 monto que se integra en el Anexo 8.

Del análisis y verificación a la documentación presentada por el partido, se determinó lo siguiente:

Considerando lo ya manifestado anteriormente, en relación a que mediante oficio UF-DA/1351/12 de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó al partido la reclasificación de cuentas a déficit y remanentes del ejercicio 2012, por lo que se refiere a los saldos referenciados con (1) y (2) en la columna de referencia del Anexo 6 del oficio UF-DA/9017/12, Anexo 8 del presente dictamen, el partido presentó pólizas contables en las cuales se realizaran las reclasificaciones autorizadas en el ejercicio 2012, por $154’828,818.74. ($127’339,129.58 y 27’489,689.16)

Respecto al saldo de $79,878.98 señalado con (3) en el anexo 6 del oficio UF-DA/9017/12 Anexo 8 del presente dictamen el partido solicita la cancelación de diversas cuentas por tratarse de saldos, revisados, sancionados por tener antigüedad mayor a un año, es conveniente señalar que es obligación del partido presentar ante esta autoridad la documentación que acredita el origen de las mismas en virtud de que se trata de cuentas sancionadas en ejercicios anteriores, por tal razón; en lo que se refiere a la propuesta de registro de afectación contra la cuenta de déficit o remanente de ejercicios anteriores, esta autoridad no cuenta con todos los elementos de juicio suficientes para autorizar el registro contable, toda vez que no presentó la documentación que originó el registro.

Respecto de las cuentas identificadas con (4) en la columna de referencia del Anexo 8, la observación se da por atendida toda vez que presentó documentación soporte y serán aplicadas a las retenciones de infonavit del ejercicio 2012, los casos en comento se detalla a continuación:

Respecto a la solicitud del partido de cancelar el saldo registrado en la cuenta 204-2040-0001 de Sueldos por Pagar identificada con (5) en la columna de referencia del Anexo 8, por un monto de $342,865.56, se autoriza el registro contable contra la cuenta de déficit o remanente de ejercicios anteriores, únicamente por los movimientos que integran este saldo, toda vez que el partido presentó la documentación soporte que dio origen a dichos saldos.

Ahora bien, derivado del análisis realizado se desprende que los saldos sancionados y pendientes de sancionar mayores a $25,000.00 de los cuales no se había autorizado su reclasificación se integran de la siguiente manera:

Con relación al tema que nos ocupa y debido a la antigüedad de los saldos en comento, conviene mencionar lo dispuesto en el párrafo 7 del boletín C-9 de las Normas de Información Financiera, “Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos” que a la letra establece:

“...Un pasivo es el conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados...”

Asimismo, el párrafo 35 del citado boletín establece lo siguiente:

“... Todos los pasivos de la entidad necesitan ser valuados y reconocidos en el balance general. Para efecto de su reconocimiento, deben cumplir con las características de ser una obligación presente, donde la transferencia de activos o prestación de servicios sea virtualmente ineludible y surja como consecuencia de un evento pasado...”

De igual forma, es conveniente tomar en cuenta lo que señala el párrafo 52 del citado boletín que a la letra se transcribe:

“... El deudor dejará de reconocer un pasivo sólo si éste ha sido extinguido. Se considera que un pasivo ha sido extinguido si reúne cualquiera de las siguientes condiciones:

a) El deudor paga al acreedor y es liberado de su obligación con respecto a la deuda. El pago puede consistir en la entrega de efectivo, de otros activos financieros, de bienes, servicios o la adquisición de obligaciones en circulación emitidas por la misma entidad, sin importar si dichas obligaciones se cancelan posteriormente o se retienen en tesorería.

b) Se libera legalmente a la entidad de ser el deudor principal, ya sea por medios judiciales o directamente por el acreedor...”

Por lo antes expuesto, y dada la naturaleza de los partidos políticos, la Unidad de Fiscalización acepta como formas idóneas para la extinción de obligaciones en materia de financiamiento y gasto, las siguientes:

Pago, dación en pago, compensación, novación y prescripción negativa; lo anterior es así, ya que dichas formas no representan situación de perdón, condonación, o análogas, las cuales son inaceptables en materia de rendición de cuentas respecto de fuentes de financiamiento privado.

En consecuencia, considerando que las cuentas por pagar por un monto de $36,635,572.19 se encontraban en el supuesto descrito anteriormente, se le ordena la reclasificación a la cuenta de Patrimonio (Superávit), acreditando que al no realzar el pago del crédito en su oportunidad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, representa un beneficio económico en favor del partido por los bienes y/o servicios adquiridos en su momento, en importe de $20,139,961.18, el cual se detalla en el Anexo 13, esta autoridad electoral determinó que incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La reclasificación de los saldos es únicamente para efectos contables; sin embargo, esto no exime a su partido de la obligación de pago en caso de que un beneficiario lo reclame.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil once, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante oficios referidos en el análisis de la conclusión, la Unidad de Fiscalización notificó al Partido, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara la irregularidad observada; sin embargo, el instituto político fue omiso en responder en relación con las observaciones analizadas en el presente apartado.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f)  Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 48 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido reclasificó las cuentas por pagar para extinguir la obligación por un monto de $36,635,572.19, y en atención de que la autoridad fiscalizadora ordenó la reclasificación a la cuenta de Patrimonio (Superávit), y toda vez que se acreditó que no realizó el pago del crédito en su oportunidad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, representa un beneficio económico en favor del partido por los bienes y/o servicios adquiridos en su momento, por un total de $20,139,961.18, el cual se detalla en el Anexo 13 del dictamen consolidado.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido político, toda vez que toleró aportaciones de entes prohibidos en contravención a lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad, toda vez que el partido reclasificó $36,635,572.19 a la cuenta Patrimonio (Superávit), acreditándose la extinción de su obligación con respecto a la deuda, representando un beneficio económico a favor del partido por los bienes y/o servicios adquiridos en su momento, en importe de $20,139,961.18

Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político surgió de la revisión de su Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos, correspondiente al ejercicio 2011.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Av. Acoxpa No. 436, Col. Exhacienda de Coapa, Delegación. Tlaipan, CP. 14300, México, D.F.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por “dolo”, todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, dada su naturaleza subjetiva, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaría permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”, (Sala Superior Tesis XLV/2002) le son aplicables mutatis mutandis18[1], al derecho administrativo sancionador.

En ese entendido, no obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo cual se considera que únicamente existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse la falta sustancial por recibir aportaciones de personas no permitidas por la ley se vulneran los principios de equidad e imparcialidad.

Así las cosas, dicha falta sustancial trae consigo la certeza del origen de los recursos de entes prohibidos por el Código de la materia, por lo que se vulneran los principios antes mencionados.

Como ya fue señalado, el Partido Revolucionario Institucional vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

”Artículo 77

(...)

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: (...)

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.”

De esta manera, el artículo 77, numeral 2 del código electoral, establece la prohibición que vincula a diversos sujetos, en los que se encuentra a las empresas mexicanas de carácter mercantil, la cual consiste en que no pueden realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de empresas mexicanas de carácter mercantil, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de las empresas mexicanas de carácter mercantil.

En efecto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de empresas mercantiles responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 77 del código comicial (empresas, gobierno, iglesia, extranjeros, funcionarios públicos), esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que algunas empresas mexicanas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad comercial que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.

Lo anterior es así, ya que con los pasivos no saldados se vulnera el bien jurídico tutelado por el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en garantizar la fuente legítima del financiamiento de los partidos políticos que no provengan de alguna fuente de financiamiento prohibida por la legislación, en razón de que se trata de la prestación de servicios y/o bienes que ingresaron al patrimonio del partido político y que no fueron pagados, situación que se traduce en una aportación en especie proveniente de un ente impedido por la ley.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de pago de pasivos, por sí misma constituye una falta sustantiva, porque con esas omisiones se acredita el uso de bienes y/o servicios por parte de cualquiera de los entes jurídicos con el que el partido contrae obligaciones de pago, mismos que no fueron saldados, por lo que es inconcuso que se traducen en aportaciones en especie. Considerarlo de otra forma, generaría una hipótesis de permisión para que cualquier partido político pudiera contratar la prestación de bienes y/o servicios para el desarrollo de sus fines sin contraprestación alguna, arrastrándolos ejercicio tras ejercicio, permitiendo presumir que le han sido condonados los mismos, propiciando con ello un fraude a la ley.

Así las cosas ha quedado acreditado, que el partido político obtuvo un beneficio económico a su favor por los bienes y/o servicios adquiridos en su momento sin haber realizado el pago correspondiente, en importe de $20,139,961.18; por lo que en ese orden de ideas, el Partido Revolucionario Institucional se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa “en abstracto”, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

Respecto a la conducta irregular que se imputa al Partido Revolucionario Institucional, se acredita la afectación directa a los valores sustanciales protegidos por la norma infringida.

Es importante considerar que los principios protegidos por el artículo 77, numeral 2 del código electoral federal, son el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con su artículo 1º, son de orden público y observancia general.

Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas de intereses particulares o privados específicos.

En cuanto al principio de equidad, el mismo radica que los partidos políticos cuentan con determinados mecanismos derivados de la legislación electoral, a efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que dichos institutos políticos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene la población.

En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención a la ley es precisamente la posibilidad que tendría el partido político beneficiado, mediante la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad, de modificar su presencia en el ánimo de la ciudadanía, colocándose en situación de ventaja respecto del resto de los institutos políticos; situación que se deriva de la aplicación de recursos por parte del aportante.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, toda vez que existe violación directa a los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida, consistentes en equidad e imparcialidad, principios que rigen la actividad electoral.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, incisos a) y I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido toleró la aportación de bienes y/o servicios de empresas mexicanas de carácter mercantil por un importe de $20,139,961.18

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se incrementó la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con el incumplimiento de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

Se impidió, y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ORDINARIA, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Revolucionario Institucional, por haber incurrido en una falta a la normatividad, al tolerar la aportación de bienes y/o servicios de empresas mexicanas de carácter mercantil por un importe de $20,139,961.18; por lo que en ese orden de ideas, el partido vulneró lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Dada la transcendencia de las normas transgredidas así como los efectos que produce respecto de los objetivos y valores jurídicos tutelados por la normativa electoral, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional fue calificada como GRAVE ORDINARIA.

Lo anterior es así, en razón de que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, queda expuesto que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político.

Siendo así, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la comisión de la irregularidad, este Consejo General del Instituto Federal Electoral toma en cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las mismas.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.

En ese tenor, la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que recibió aportaciones de empresas de carácter mercantil, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de equidad e imparcialidad.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, la jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de 6 de octubre de 2010, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por actualizada la reincidencia, es necesario que se actualicen los siguientes elementos:

1. El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Adicionalmente, en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-512/2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, para considerar justificada plenamente la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, es indispensable que la autoridad administrativa electoral sancionadora exponga en su resolución:

a) La conducta que en el ejercicio anterior se consideró infractora de la normativa electoral.

b) El periodo en el que se cometió la infracción anterior, por la que estima repetida la infracción (fecha del ejercicio fiscalizado).

c) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad (violación formal o sustantiva) y los preceptos infringidos, pues aunque este elemento no es determinante, ayuda a identificar el tipo de infracción cometida y también el bien jurídico tutelado y, por ende, transgredido con esa infracción.

d) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor en ejercicios anteriores, toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal resolución (por no haber sido impugnada, o bien, por haber sido confirmada por la Sala Superior al resolver el medio impugnación procedente contra esa sanción).

Asimismo, en el SUP-RAP-583/2011 la máxima autoridad en materia electoral hizo alusión al jurista Jesús González Pérez, quien ha sostenido criterios para considerar colmada la reincidencia en la materia administrativa adicionando, a los ya mencionados, que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de manera semejante (dolosa o culposamente).

De lo anterior se puede advertir, que la reincidencia implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito o la infracción con la pena o sanción.

De manera que, para que exista reincidencia, el infractor debe repetir la falta, es decir, infringir el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma, a través de conductas iguales o análogas por la que ya fue sancionado por resolución firme.

Los criterios señalados resultan aplicables al presente caso, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 279 del Reglamento de Fiscalización, la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el partido político, se desprende lo siguiente:

La falta se califica como GRAVE ORDINARIA.

Durante el procedimiento de revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2011, el Partido Revolucionario Institucional reclasificó $36,635,572.19 a la cuenta Patrimonio (Superávit), acreditándose la extinción de su obligación con respecto a la deuda, representado un beneficio económico a favor del partido por los bienes y/o servicios adquiridos en su momento, en importe de $20,139,961.18

Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

Se incrementa la actividad fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas acciones y diligencias.

El partido conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de Informes Anuales.

El partido político nacional no es reincidente.

Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $20’139,961.18 ello tomando en cuenta que el origen de dicho monto corresponde a un ente impedido por la ley.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salado mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 1 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este orden de ideas y en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la individualización de la sanción, se estima necesario decidir cuál de las sanciones señaladas en el catálogo del numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales resulta apta para cumplir con el propósito persuasivo e inhibitorio de conductas similares a la conducta cometida por el Partido Revolucionario Institucional.

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a la gravedad ordinaria de la conducta y las circunstancias objetivas que la rodearon, incluyendo el monto de los recursos obtenidos indebidamente: $20,139,961.18 puesto que una amonestación pública sería insuficiente para generar en el partido infractor esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo para evitar que en un futuro cometa ese tipo de faltas.

Ahora bien, por lo que hace a la sanción contemplada en la fracción II también no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político nacional infractor, dado la lesión de los bienes tutelados por la normatividad electoral.

Las sanciones contempladas en las fracciones, IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Finalmente, la sanción contenida en la fracción VI resultaría excesiva en razón de que la cancelación del registro como partido político sólo se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en las fracciones I, II, IV, V, y VI se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, es decir, la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones su financiamiento público. Lo anterior, se hace con la finalidad de generar un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares por el partido incoado, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

En este contexto, existió un beneficio económico por parte del partido político al tolerar la aportación de bienes y/o servicios por parte de empresas de carácter mercantil, por un monto total de $20,139,961.18 (veinte mil ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta y un peso /100 M.N.).

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en dicha fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo consistir en una sanción económica una reducción de ministración es ministración mensual que corresponda al partido consiste del 0.50% hasta alcanzar la cantidad de $2’013,926.11 (Dos millones trece mil novecientos veintiséis pesos 11/100 M.N) ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la multa se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Así, la graduación de la multa referida, se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la falta se llegó a la conclusión de que la misma era clasificable como GRAVE ORDINARIA, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resultaba necesario que la imposición de la sanción fuera acorde con tal gravedad.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y tácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2012 un total de $1’074,539,708.07(un mil setenta y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ocho pesos 07/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG431/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria el 16 de diciembre de 2011.

En este sentido, no obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral registro alguno de sanciones pendientes de pago por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, párrafo 5, en relación con el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 50 lo siguiente:

Bancos

Estados de cuenta y conciliaciones bancarias

Conclusión 50

“El partido reportó saldos en cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2011 con antigüedad mayor a un año, $1’875,653.94”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 50

En relación con la columna “Saldos Generados en 2010”, identificados con la letra “C” en el Anexo 5, del oficio UF-DA/9017/12, convino indicar al partido que una vez analizados los pagos reflejados en la columna “F” del citado Anexo, el saldo pendiente de pago con antigüedad mayor a un año del ejercicio 2010, al 31 de diciembre de 2011, ascendía a $1,938,361.78, reflejado en la columna T del citado Anexo, el cual se integra de la siguiente manera:

Nota: Los saldos detallados en el cuadro que antecede corresponden a saldo de la tercera versión de balanzas presentada por el partido.

La integración de los saldos reportados en la subcuenta señalada en el cuadro que antecede, se detallaron en el Anexo 7 del oficio UF-DA/6408/12.

Adicionalmente, con la finalidad de verificar que las obligaciones contraídas por el partido, así como los pagos realizados durante el ejercicio 2011 a nivel nacional (Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales, Organizaciones Adherentes, Fundaciones e Institutos), estuvieran debidamente registrados y soportados, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.11 y 28.12 del Reglamento de la materia, se le solicitó al partido que presentara lo siguiente:

En su caso, la documentación que amparara las acciones legales llevadas a cabo tendientes a documentar la imposibilidad práctica del pago de pasivos con la finalidad de transparentar el origen y destino de los recursos, así como la documentación que acreditara la existencia de alguna excepción legal.

Los contratos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro instrumento con los que se encuentren documentados los pasivos que se indican en la columna “Saldos al 31-12-11 que presentan antigüedad mayor a un año”.

En caso de existir liquidaciones de cuentas por pagar que presentará documentación de 2011, pero correspondan a justificaciones de pasivos del ejercicio o ejercicios anteriores, proporcionar lo siguiente:

Las pólizas con su documentación soporte respectiva, en la cual se indicara con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.

En su caso, proporcionara la documentación que acreditara que los pasivos fueron pagados con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión.

Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.7, 28.11, 28.12 y 32.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales vigente hasta el 31 de diciembre de dos mil once y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF/DA/6408/12 del 20 de junio de 2012, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SF/717/12 del 4 de julio de 2012, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(...),se remite la Relación detallada de los Pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos que integran el saldo de $1’962,267.22 ($1’938,361.78 más $23,905.44), de forma impresa y en medio magnético (excel); con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento y la especificación de si existe alguna garantía o aval otorgados para el crédito.

Respecto al saldo por un importe de $80,631.43, contenido en la cuenta de Previsión Social, se manifiesta que la ley del Impuesto sobre la Renta no limita al contribuyente a que, en el mismo ejercicio fiscal en el cual se generó el Crédito al Salario sea acreditado este mismo por lo que, dicho crédito al Salario será compensando contra el impuesto sobre la renta en los ejercicios posteriores al 2011.

En relación a la integración de saldos de pasivos del ejercicio 2010 me permito comentar que, para estar en posibilidades de realizar un análisis completo es necesario contar con la totalidad de los documentos originales que fueron remitidos a esa Autoridad mediante oficio de referencia SF/1131/11 con fecha 09 de enero de 2012. Porto anterior solicito a Usted que, sean devueltos a la brevedad posible los documentos originales antes señalados para estar en condiciones de subsanar la observación.

No se omite comentar que el saldo de $1’938,361.78 reflejado por esa Autoridad es incorrecto, siendo el importe correcto de $V962,267.22, cuya diferencia por un importe de $23,905.44 se integra de la siguiente manera:

(...), se remite la documentación comprobatoria que ampara las diferencias entre los saldos que reflejan nuestros registros contables y los saldos presentados por esa Autoridad, correspondientes al cuadro que antecede.

(...), se remiten los Oficios dirigidos a los Comités Directivos Estatales, Organizaciones Adherentes y Fundaciones e Institutos, que muestran las gestiones llevadas a cabo para la regularización de los Pasivos del 1 al 31 de diciembre de 2010 pendientes de pagar”.

Del análisis a la documentación presentada por el partido se determinó que los saldos al 31 de diciembre de 2011, aplicando las aclaraciones quedarían los saldos como se detalla a continuación: