RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-51/2004.

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

VISTOS, para resolver, los autos que integran el expediente SUP-RAP-51/2004, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil cuatro, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la cual se le impusieron diversas sanciones, derivadas de la revisión del informe anual de ingresos y gastos del ejercicio dos mil tres, y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Acto impugnado. El veintitrés de agosto de dos mil cuatro, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG146/2004, donde se sancionó al Partido Revolucionario Institucional, por irregularidades en su informe anual de dos mil tres.

SEGUNDO. Recurso de apelación. El treinta de agosto, el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación, en contra de dicha resolución.

La Secretaria del Consejo General tramitó el medio de impugnación, rindió el informe circunstanciado y remitió la documentación a esta Sala Superior, en donde se recibió el diez de septiembre.

En la misma fecha, el Presidente de esta Sala Superior turnó el expediente al Magistrado José Luis de la Peza, para los efectos legales.

El seis de enero de dos mil cinco, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación returnó el expediente al Magistrado Leonel Castillo González, quien admitió el recurso y declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente recurso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 186 fracción III inciso a), y 189 fracción I inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el y 44, apartado 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación.

SEGUNDO. El apelante solicita a esta Sala Superior la admisión y valoración de varios medios de prueba, exhibidos con el escrito de apelación, y no tomados en cuenta por el Consejo General responsable, por haberse ofrecido y presentado el día de inicio de la sesión donde se emitió la resolución impugnada.

Según se advierte del planteamiento, el recurrente pretende realmente la validación del pretendido cumplimiento extemporáneo, de la obligación de exhibir documentación faltante a su informe anual, o de la presentación de elementos fuera del plazo dado, para corregir omisiones o deficiencias en la rendición del informe.

La pretensión es improcedente, por los motivos siguientes.

En los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, por regla general, sólo son admisibles como pruebas las constancias del expediente de la resolución impugnada base de las consideraciones de la autoridad administrativa electoral, por no ser dicha instancia impugnativa una renovación del procedimiento de fiscalización, sino un medio jurisdiccional para resolver los argumentos jurídicos expuestos contra la decisión recaída a la rendición del informe presentado por el partido político, con el objeto de revisar la legalidad de la resolución impugnada y verificar si la autoridad sancionadora se apegó o no a la regulación jurídica aplicable. En esa virtud, sólo son admisibles los medios de prueba referidos a la ocurrencia de hechos, presentación de documentos, celebración de actuaciones, o cualquiera otra circunstancia relativa al desarrollo del procedimiento administrativo de revisión, cuando exista controversia sobre tales aspectos entre el partido político y el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En esa virtud, las obligaciones de exhibir la documentación correspondiente, con el informe anual, sólo se puede y debe cumplir en las oportunidades previstas legalmente en el proceso de fiscalización, y la última posibilidad está en el plazo dado para desahogar el requerimiento de la autoridad administrativa electoral, con motivo de la revisión del informe, y de modo alguno en el recurso de apelación interpuesto para controvertir la resolución sancionatoria.

Consecuentemente, no se admite la documentación ofrecida.

TERCERO. Las consideraciones del acto reclamado son, en lo conducente, las siguientes.

“c) En el apartado de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 8, lo siguiente:

8. Se localizó el registro de pólizas contables por concepto de aportaciones de militantes amparadas con su respectivo recibo “RM”, sin embargo, no se localizaron las fichas de depósito bancario correspondientes por un monto de $12,021.10.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 1.2 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

La Comisión de Fiscalización señala que de la revisión a la cuenta “Financiamiento Priv. Aport. de Militantes”, subcuenta “Aportaciones en Efectivo”, subsubcuenta “Aportaciones Otros Militantes”, se observó el registro de pólizas por concepto de aportaciones de militantes efectuadas a través de un programa denominado “El Peso de la Militancia”, las cuales estaban amparadas con su respectivo recibo “RM”. Sin embargo, no se localizaron las fichas de depósitos bancarios correspondientes por un monto de $178,454.10. Los recibos “RM” que integran dicho importe se señalaban en el Anexo 1 del oficio STCFRPAP/706/04.

Mediante oficio No. STCFRPAP/706/04, de fecha 22 de junio de 2004, recibido por el partido el día 23 del mismo mes y año, se solicitó al partido que presentara las fichas de depósito correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 19.2 y 24.1 del Reglamento de mérito, así como en el numeral 5 de la Guía Contabilizadora contenida en el mismo

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0160/04 de fecha 7 de julio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“… se remiten en original el oficio de respuesta del banco Scotiabank Inverlat en el que confirman los importes y las fechas en que fueron acreditados los depósitos a la cuenta 131769-5 del programa ‘El Peso de la Militancia’ por importes de $76,547.00, $49,839.00 y $350.00; de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Quintana Roo, Tlaxcala y Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente. Así también, se remiten las relaciones detalladas de los depósitos que reflejan las aportaciones de los militantes reconocidas por el banco.

Adicionalmente, se remiten en copia 163 fichas de depósito y relación que detalla la referencia de la póliza de ingreso, número de recibo de aportación ‘RM’, fecha de la aportación, aportante, importe y lugar de recaudación”.

Con relación a las 163 fichas de depósitos mencionadas en el escrito antes citado, cabe mencionar que sólo se localizaron 161 que amparan un importe de $29,977.00, por lo que la observación se considera subsanada por dicho importe.

Referente a un importe de $136,456.00, aun cuando el partido no proporcionó las fichas de depósito correspondientes, presentó un escrito en hoja membreteada del banco Scotiabank Inverlat suscrito por Marcelo Tulio Sevilla Glez., Ejecutivo de Relación Banca de Gobierno, en el cual se señala el procedimiento seguido para recaudar las aportaciones relativas al programa “El peso de la militancia”, indicando que a cada aportante se le expedía y entregaba un comprobante de la operación de depósito el cual generaba un número de folio en el que se señalaba el nombre del depositante y el importe de la operación. Asimismo, en el escrito de referencia se indica que el total de la recaudación se acreditaba a la cuenta de cheques No. 001 131769-5, enviando un archivo electrónico donde constaban todos los movimientos de dicha cuenta a su Banca Electrónica para su control y archivo. Adicionalmente, anexo al escrito citado se entregaron 7 hojas con las relaciones de los aportantes que integran cada uno de los depósitos realizados, señalando folio, nombre e importe. De la revisión a la relación entregada, y en virtud de que se identificaron cada uno de los depósitos efectuados, la observación se consideró subsanada.

Respecto al importe de $12,021.10, restante el partido no presentó documentación alguna. En consecuencia, al omitir presentar las fichas de depósito solicitadas por un monto de $12,021.10, no quedó subsanada la observación, por lo que el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los artículos 1.1, 1.2 y 19.2, así como en el numeral 5 de la guía contabilizadora del Reglamento de mérito.

Las fichas de depósitos no proporcionadas por el partido, se detallan a continuación:

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia regula dos supuestos: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 1.1 establece como obligación a cargo de los partidos la relativa a registren contablemente y sustenten en documentación comprobatoria los ingresos en efectivo y en especie que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

El artículo 1.2 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de depositar en cuentas bancarias a nombre del propio partido, todos aquellos ingresos en efectivo que reciban; 2) la obligación de manejarlas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido; 3) la obligación a cargo del partido de conciliar mensualmente los estados de cuentas bancarias de referencia y de remitirlos a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establezca el propio Reglamento; 4) finalmente, se establece la facultad del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización para requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de “hacer” o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en exhibir documentación comprobatoria -fichas de depósito- de los recursos que ingresaron al patrimonio del partido vía aportaciones de militantes. Por lo que esta autoridad no puede asegurar que el ingreso mencionado, derivado de una aportación, efectivamente haya entrado al patrimonio del partido ni que se haya depositado en una cuenta bancaria a nombre de éste.

Las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, tanto respecto de su obligación de presentar documentación que acredite que los ingresos mencionados accedieron al patrimonio del partido y se depositaron en cuentas a su nombre, como respecto de la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su Informe Anual, situaciones que de confirmarse originarían la aplicación de una sanción una vez acreditada la comisión de la falta.

En el Dictamen Consolidado respecto de los Informes de Gastos Anuales correspondientes al ejercicio 2002, la Comisión de Fiscalización, enunció un criterio de interpretación de los artículos 38, 1, k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y 1.2 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. A la letra:

Las normas tienen por objeto conocer la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias.

Este criterio fue retomado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Resolución correspondiente.

En el apartado “Considerandos” del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, identificado con el número CG224/2002, de 18 de diciembre de 2002, el máximo órgano de dirección del Instituto emitió un criterio de interpretación del artículo 1.2, a fin de aclarar su finalidad y alcance:

Las adiciones al artículo 1.2 obedecen a la necesidad de establecer reglas más precisas que permitan a esta autoridad electoral allegarse de los elementos necesarios para verificar la veracidad de lo reportado en los informes de los partidos políticos. En este sentido, se dispone que se podrá requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

Los criterios de interpretación antes transcritos pone de relieve que la finalidad de esas normas es tener certeza sobre lo reportado por el partido político en su Informe Anual y conocer con claridad los movimientos bancarios efectuados por el instituto político en el ejercicio correspondiente, tanto para saber cuáles son los recursos que ingresan a su patrimonio, como para saber el destino último que tienen éstos.

El hecho de que los ingresos en efectivo que reciban los partidos deban depositarse en cuentas bancarias, que esas cuentas bancarias se manejen mancomunadamente por una persona autorizada, que se concilien de modo mensual, y que los partidos tengan que presentar, en caso que así lo requiera la Comisión de Fiscalización, los documentos que respalden los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, obedece a la necesidad de que la autoridad conozca el origen, uso y destino que se les da a los recursos con que los partidos sostienen su operación ordinaria.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización, se insiste, es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos manejan sus recursos a través de instumentos bancarios. Ello con el fin de saber, como apunta el criterio antes citado, “…la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias”.

Los criterios citados resultan aplicables al caso concreto en tanto enuncian la finalidad que persiguen la normas reguladoras de las obligaciones de los partidos de depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los ingresos en efectivo que reciban, así como de respaldar documentalmente los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, de modo que se refuerza el sentido de las normas aplicables y explica la forma en que debe interpretarse la obligación a cargo de los institutos políticos.

Al mismo tiempo, permite valorar con elementos objetivos la irregularidad en que incurre el partido conforme a criterios prefijados que aportan certeza al momento de resolver.

Respecto del propósito de las normas que regulan la obligación de que los partidos políticos depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los ingresos en efectivo que reciban, así como de respaldar documentalmente los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-RAP-054/2003, ha señalado lo siguiente:

(…) en términos de los artículos 1.2. (…) y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, conforme a los cuales, los estados de cuenta de las cuentas bancarias de los partidos políticos deben conciliarse mensualmente y remitirse a la autoridad electoral cuando lo solicite o lo establezca ese reglamento, y junto con el informe anual, los partidos deben remitir a la autoridad electoral los estados de cuenta bancarios correspondientes al año del ejercicio. Además, la comisión de fiscalización tiene la facultad de solicitar a los órganos correspondientes de los partidos, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; por lo que resulta claro que, los partidos políticos están vinculados a tener a su disposición esos documentos, para exhibirlos a la comisión de fiscalización junto con su informe correspondiente, o en el momento en que le sean requeridos durante el período de revisión de los informes anuales.

Con mayor claridad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución recaída al SUP-RAP-057/2001, determinó que el propósito del artículo 1.2 del Reglamento de la materia es el siguiente:

El propósito claro, que de tales disposiciones se desprende, consiste en que se proporcionen a la autoridad electoral los instrumentos que se estiman óptimos para verificar el uso y destino de los recursos de los partidos políticos, para que se tenga un panorama claro sobre los movimientos y operaciones realizados por éstos, tanto de los ingresos como de los egresos derivados de todas las cuentas bancarias que tengan, y así cumplir con la función de vigilar que el manejo de los recursos de tales entes políticos se ajuste a las normas electorales correspondientes.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la SUP-RAP-049/2003, ha señalado que las consecuencias de que el partido político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la autoridad electoral, supone la imposición de una sanción:

El incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones; en este sentido, entre diversos casos de infracción, el artículo 269, apartado 2, incisos b), c) y d) del código citado dispone que, los partidos políticos pueden ser sancionados, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, lo que incluye los relacionados con los lineamientos para la rendición de sus informes anuales.

En este mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-022/2002, ha señalado lo que a continuación se cita:

...la infracción ocurre desde que se desatienden los lineamientos relativos al registro de los ingresos del partido, al no precisar su procedencia ni aportar la documentación comprobatoria conducente… lo cual propicia la posibilidad de que el actor pudiera haber incrementado su patrimonio mediante el empleo de mecanismos no permitidos o prohibidos por la ley,...debe tenerse en consideración que la suma de dinero cuyo ingreso no quedó plenamente justificado, pudo generar algunos rendimientos económicos al ser objeto de inversiones, además de representar ventaja indebida frente a los otros partidos políticos (TEPJF,)

De los criterios antes transcritos se pueden concluir cuatro situaciones principales: 1) el objeto de la norma es otorgar certeza respecto del modo en que los partidos manejan sus ingresos a través de instrumentos bancarios; 2) la presentación de la documentación atinente y el manejo de cuentas acorde con las disposiciones reglamentarias es ineludible; 3) la Comisión de Fiscalización tiene la Facultad de requerir al partido en cualquier momento la documentación comprobatoria correspondiente para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual; 4) el incumplimiento de esa obligación coloca al partido infractor en un supuesto de sanción.

Los precedentes judiciales antes apuntados aportan criterios objetivos en tres ámbitos principales: 1) respecto de la forma en que deben interpretarse las normas aplicables al caso concreto; 2) sobre el alcance de las obligaciones jurídicas que tienen los partidos de depositar en cuentas bancarias los ingresos en efectivo que reciban conforme a lo dispuesto en la normatividad correspondiente, y respecto de la obligación de tener disponible la documentación que respalde los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta, ante una solicitud de autoridad, y; 3) respecto de las consecuencias jurídicas que tiene la inobservancia de esa obligación.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

En el caso concreto, la aplicación de los criterios judiciales transcritos redundan en favor de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad, y dan cumplimiento estricto a los principios de certeza y objetividad, pues en razón de la aplicación de los criterios judiciales de cuenta se elimina cualquier elemento subjetivo de interpretación, ya que la valoración del caso concreto se hace en función de criterios objetivos que la autoridad jurisdiccional emitió de modo previo, de forma que son conocidos con anterioridad tanto por la autoridad que en este momento los aplica, como por el partido al que le son aplicados.

De tal suerte, en tanto los criterios señalados otorgan claridad respecto al sentido de las normas aplicables en el caso concreto, el alcance de las obligaciones a valorar y la consecuencia de la inobservancia de la normas que regulan la obligación apuntada, su aplicación es necesaria, pues en virtud de ellos se deben evaluar las conductas del partido, consistentes en depositar en cuentas bancarias a nombre del partido los ingresos en efectivo que reciban, así como la relativa a soportar documentalmente los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta, y hace posible que la autoridad aplique las sanciones acordes con la gravedad y responsabilidad del infractor.

Del apartado de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, se desprende que el partido político viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y 1.1, 1.2, y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no presentar fichas de depósito de los recursos que recibió por la vía de aportaciones de militantes.

En tanto el partido viola diversos dispositivos tanto de carácter legal como de carácter reglamentario, se concluye la falta presenta aspectos formales y de fondo. Como a continuación se explica:

La violación a los artículos 1.1, 1.2 y 19.2 del Reglamento tiene implicaciones meramente formales ya que la irregularidad afecta únicamente al registro contable de ingresos y a la presentación de documentación soporte.

Como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo presentar fichas de depósito de recursos que recibió en efectivo por la vía de las aportaciones de militantes y desatendió las solicitudes de información que formuló la Comisión de Fiscalización.

Tal conducta es contraria a lo dispuesto por el Reglamento de la materia, en tanto los partidos deben depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los recursos que reciban en efectivo y soportar de forma documental los movimientos bancarios que se deriven de esas cuentas.

La violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene implicaciones de fondo ya que la conducta desplegada por el partido impidió conocer el origen y destino de los recursos con los que cuenta para su operación ordinaria.

Esto es así porque el partido se abstuvo de presentar documentación comprobatoria -fichas de depósito- que permitieran comprobar que los recursos obtenidos por la vía de aportaciones de militantes se depositaron en cuentas bancarias a su nombre, de modo que la Comisión de Fiscalización se vio en la necesidad de solicitar al instituto político las fichas de depósito mencionadas, a fin de conocer si la información que el partido entregaba en su Informe Anual era veraz.

No obstante lo anterior, el partido político omitió entregar las fichas de depósito solicitadas expresamente por la Comisión de Fiscalización, lo que a la sazón impidió conocer de modo cierto el origen y destino de los recursos del partido.

La siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, el requerimiento resulta ineludible, y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo presentar las fichas de depósito respecto de los ingresos que recibió por vía de aportaciones de militantes, independientemente de que la autoridad fiscalizadora las solicitó expresamente, lo que impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político incurrió en una falta de fondo.

De los criterios transcritos, tanto del Consejo General como del Tribunal Electoral, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación comprobatoria que sustenten sus operaciones bancarias, de modo que la autoridad pueda conocer el origen de sus recursos, el modo en que fueron utilizados y el destino final que tuvieron.

En consecuencia, si el partido no proporcionó las fichas de depósito que justificaran sus ingresos por la vía de las aportaciones de militantes por un monto de $12,021.10 y desatendió el requerimiento formulado por la autoridad que los solicitaba, se vulnera por completo con el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar estos documento bancarios, también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y se hace nugatorio el objeto mismo de la fiscalización: conocer de modo definitivo la forma en que el partido maneja sus recursos.

Cabe señalar que al momento en que el infractor incurrió en la irregularidad de mérito tenía conocimiento previo de la misma, pues las diversas normas que violó con el despliegue de la conducta omisiva, estaban contenidas en el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, que aprobó el Consejo General del Instituto el 18 de diciembre de 2002, así como en la Ley Electoral, que entró en vigor desde el año 1996.

De tal suerte, el partido infractor no puede alegar en su defensa ignorancia o desconocimiento respecto de las normas que vulnera, pues todas ellas estaban vigentes al momento que se realizó la revisión del Informe Anual y conforme a las mismas rindió el Informe que hoy se revisa.

Es importante mencionar que durante la etapa de errores y omisiones, la Comisión de Fiscalización informó al partido del incumplimiento en que incurría al no presentar diversas fichas de depósito que ampararan el ingreso obtenido por la vía de aportaciones de militantes. Por lo que se deriva que la Comisión de Fiscalización cumplió cabalmente con el derecho de audiencia que le asiste al partido político y con la obligación de señalar las faltas en que incurría a efecto de que las subsanara.

En vista de que la respuesta del partido político no aclaró la observación formulada por la Comisión ni presentó la documentación solicitada, se llega a la conclusión de que éste vulneró las disposiciones legales y reglamentarias ya apuntadas, por no presentar las fichas de depósito que amparaban el ingreso de $12,021.10 por la vía de aportaciones de militantes, a las cuentas bancarias a nombre del partido.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que existen elementos de convicción suficientes para acreditar que el infractor intentó subsanar las irregularidades cometidas y demostró un afán de colaboración con la autoridad.

Si bien esta autoridad debe valorar estas circunstancias como atenuantes, el hecho de que no se atienda en sus términos los requerimientos de autoridad, coloca al partido en un supuesto de sanción. De no ser así, la imperatividad del requerimiento perdería sustancia y se convertiría en una instrucción meramente enunciativa, cuyo desconocimiento no tendría consecuencias para quien lo ignorase.

En este entendido, la imposición de una sanción por el incumplimiento de una obligación (presentación de fichas de depósito para acreditar ingresos por concepto de aportaciones de militantes) y la desatención al requerimiento de autoridad correspondiente debe ser tal que permita disuadir en lo futuro este tipo de conductas, a fin de que se cumpla el valor tutelado de certeza que protege la norma, y la finalidad de la fiscalización, consistente en conocer el origen, uso y destino de los recursos de los partidos.

La Sala Superior señaló al resolver la SUP-RAP-049/2003, que el incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones de acuerdo a la naturaleza de la violación.

En el caso concreto, el partido político no presentó fichas de depósito para acreditar ingresos por concepto de aportaciones de militantes; ni atendió en sus términos el requerimiento que formuló ésta solicitando la documentación comprobatoria mencionada.

Tales conductas, en consecuencia, vulneran el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar este documento bancario, también la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, de suerte que el partido se ubica en los supuestos de sanción previstos en los incisos a) y b), del párrafo 2, del artículo 269, que señala que las sanciones previstas en el párrafo 1, del mismo artículo podrán ser impuestas cuando el partido incumpla con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones de este Código, así como cuando incumpla con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral.

Para tal efecto, esta autoridad debe tener en cuenta, en primer lugar, que el partido político no ha sido sancionado por una conducta similar. Por lo que no se actualiza el supuesto de reincidencia.

En segundo lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el partido político sabía y conocía de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas trae aparejadas, pues la normatividad que regula la obligación de presentar documentación comprobatoria de los ingresos obtenidos por aportaciones de militantes era previa y conforme a esta normatividad se rindió el Informe Anual de cuenta.

En orden a las circunstancias apuntadas, esta autoridad considera que el partido cometió una falta grave que debe sancionarse en términos de lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1, del artículo 269, en tanto el partido cometió una falta que tiene implicaciones formales y de fondo, es decir, que viola una disposición reglamentaria y un requerimiento de autoridad formulado en términos de ley, ya que no presentó fichas de depósito para acreditar ingresos por concepto de aportaciones de militantes, y no atendió en sus términos el requerimiento de autoridad que le solicitaba la presentación de las mismas.

Ahora bien, el hecho de no presentar documentación comprobatoria de los ingresos, aun cuando exista un requerimiento de autoridad que la solicita, hace que la falta adquiera una trascendencia mayor, pues su implicación meramente reglamentaria alcanza repercusiones de carácter legal que vulneran el valor tutelado por la norma, a saber: la certeza.

No obstante, la circunstancia de que la falta cometida por el partido político no ha sido motivo de sanción en un momento previo, permite concluir que la gravedad de la falta se mantiene dentro de un carácter ordinario.

Así las cosas, dado que no se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el monto que el partido implicado de la asciende a los $12,021.10, este Consejo General llega a la convicción de que la falta debe calificarse como de gravedad ordinaria y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 275 salarios mínimos general vigente para el Distrito Federal.

En relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $499,131,088.83, tal y como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por este Consejo General. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional, en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

g) Esta autoridad detectó en sus archivos antecedentes de que el partido incumplió en una falta similar en tres ocasiones anteriores.

Respecto de lo apuntado en el inciso previo, hay que señalar que esta autoridad sancionó al Partido Revolucionario Institucional en los años de 2001, 2002 y 2003, por incurrir en una falta similar. En el primero de los años, la sanción se calificó como medianamente grave, en los dos años posteriores se calificó como grave. Por lo tanto, resulta posible aplicar una sanción económica al partido en orden a las circunstancias ya apuntadas.

En el caso particular, la sanción asciende a un monto de equivalente a 1,375 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Es importante apuntar que el quantum de la sanción no toma en cuenta un monto implicado para la aplicación de la sanción, sino la existencia de una conducta omisiva que desatendió la obligación reglamentaria de presentar estados de cuenta bancarios junto con el Informe Anual que se rinde, así como a la desatención a un requerimiento de la Comisión de Fiscalización planteada en términos de ley, y en última instancia la reincidencia, como circunstancia agravante de la conducta.

En relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $ 499,131,088.83, tal y como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por este Consejo General. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional, en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen de cuenta, se señala en el numeral 16 lo siguiente:

16. El partido no acreditó que 12 cuentas bancarias utilizadas fueron manejadas mancomunadamente. Las cuentas en comento se señalan a continuación:

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen de mérito.

Mediante el oficio STCFTRPAP/706/04, de fecha 22 de junio de 2004, se hizo del conocimiento del Partido Revolucionario Institucional lo siguiente:

De la revisión efectuada a los contratos bancarios proporcionados por el partido, se observó lo que a continuación se señala:

En consecuencia, la Comisión de Fiscalización solicitó al partido que presentara completos los contratos de las cuentas bancarias antes citadas, de manera que estuviera en posibilidad de verificar los datos bancarios señalados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0160/04, de fecha 7 de julio de 2004, el partido presentó diversa información y documentación. De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se determinó lo siguiente:

Del cuadro anterior se desprende que el Partido Revolucionario Institucional proporcionó 3 contratos de apertura y 6 tarjetas de firmas mancomunadas, los cuales se detallan en la columna “Documentación presentada”, por lo que la observación se consideró subsanada por dichas cuentas.

Asimismo, se desprende que en relación con los 6 contratos de apertura y las 3 tarjetas de firmas autorizadas detalladas en la columna “Documentación faltante”, la observación se consideró no subsanada por la Comisión de Fiscalización por un total de 9 cuentas bancarias referidas.

En consecuencia, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia, al no acreditar que dichas cuentas fueron manejadas mancomunadamente.

Asimismo, consta en el Dictamen correspondiente que en relación la tarjeta de firmas autorizadas de la cuenta bancaria número 101275550, aperturada en la institución bancaria BBVA-Bancomer, en Puebla, se desprende que la cuenta se maneja con firma individual y no mancomunada como lo establece el artículo 1.2 del reglamento. En consecuencia, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró no subsanada la observación realizada determinando que el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento de la materia, irregularidad que será analizada por este Consejo General en el siguiente inciso del presente considerando.

Igualmente, consta en el Dictamen correspondiente que de la revisión a cuatro contratos bancarios presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se determinó que las cuentas bancarias un número 4025073560, 4024763567, 101815385, aperturadas las dos primeras en Bital y la tercera en BBVA-Bancomer, correspondientes a los Comités Estatales de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, respectivamente son manejadas con firmas individuales. Asimismo, la Comisión de Fiscalización determinó que la cuanta bancaria número 101412582, aperturada en BBVA-Bancomer, en el Comité Estatal de San Luis Potosí, es manejada con firmas indistintas. El siguiente cuadro detalla lo observado por la Comisión de Fiscalización:

Por lo antes expuesto, mediante el oficio STCFRPAP/706/04, de fecha 22 de julio, la citada Comisión solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia.

Consta en el Dictamen correspondiente que mediante escrito número SAF/0160/04, de fecha 7 de julio, el Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al oficio STCFRPAP/706/04. De la revisión efectuada a la documentación presentada por el partido la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó lo siguiente:

Las conclusiones a las que arribó la Comisión de Fiscalización, respecto de la respuesta del partido político, son las siguientes:

“(…) el partido proporcionó un contrato de apertura del estado de Aguascalientes, donde se observa que la cuenta es mancomunada, además proporcionó un anexo del citado contrato en el que se observa que las 2 personas autorizadas para firmar, lo hacen en forma mancomunada. Por tal razón, la observación se consideró subsanada.

Por lo que respecta a las 3 observaciones restantes, la observación se consideró no subsanada, toda vez que el partido omitió presentar aclaración alguna o documentación que demostrara que las citadas cuentas son mancomunadas. Por tal razón, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia”.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en los artículos en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, por un lado, la obligación de los partidos políticos de entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que ésta le solicite respecto a sus ingresos y egresos y, por otro lado, la de permitir la práctica de auditorias y verificaciones que la Comisión de Fiscalización determine.

Por su parte, el artículo 1.2 del Reglamento aplicable señala que todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos políticos deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, que deben ser manejadas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido. Los estados de cuenta respectivos, establece la disposición citada, deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a esta autoridad electoral cuando lo solicite o en los casos previstos por el propio Reglamento.

Por su parte el artículo 19.2 del reglamento de la materia dispone que la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de los partidos que pongan a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña, es decir, durante la revisión correspondiente y de la cual la Comisión emitirá el dictamen respectivo. Asimismo, establece que durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En el presente caso, el Partido Revolucionario Institucional no acreditó haber manejado de forma mancomunada un total de 12 cuentas bancarias aperturadas a su nombre, dos correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional y diez en diversos Comités Estatales, a saber: tres en Campeche, una en Morelos, dos en Querétaro, una en Coahuila, una en Quintana Roo y dos en San Luis Potosí.

En el caso particular, el Partido Revolucionario Institucional, incumplió con la obligación consignada en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), toda vez que omitió entregar seis contratos de apertura de sendas cuentas bancarias, así como tres tarjetas de firmas de igual número de cuentas. Adicionalmente, en relación con las cuantas bancarias número 4024763567, 101412582 y 101815385 el partido omitió dar respuesta a las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

Al respecto, conviene traer a colación la Tesis Relevante emitida por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, identificada con el número TRE-030-2001, misma que a continuación se transcribe:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

Ahora bien, por otro lado, se tiene en cuenta que el sentido del artículo 1.2 del Reglamento aplicable es garantizar un mayor control por parte de los partidos políticos del uso de los recursos depositados por ellos en sus cuentas bancarias. El hecho de que las cuentas de los partidos políticos requieran por disposición Reglamentaria de un manejo mancomunado, va precisamente orientado a evitar que de modo unilateral una persona pueda tomar decisiones que afectarán de modo eventualmente relevante la vida del partido, como en la especie suponen las decisiones relacionadas con el manejo de los recursos. El manejo solidario o individual de una cuenta bancaria de ninguna manera puede sustituir el control que supone el carácter mancomunado del mismo. Antes al contrario: el hecho de que una u otra persona (y no ambas) o, en su caso, sólo una pueden hacer uso de los recursos, no hace sino diluir la responsabilidad y debilitar el control diseñado para evitar –junto con otros mecanismos– los malos manejos o hasta el abuso de recursos públicos en manos de los partidos políticos.

Asimismo, el partido incumplió con la obligación consignada en el artículo 19.2 relativa a permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos que soportan la forma en la que se manejan los recursos depositados en nueve cuantas bancarias, toda vez que omitió poner a disposición de la Comisión de Fiscalización seis contratos de apertura de sendas cuentas bancarias, así como tres tarjetas de firmas de igual número de cuentas.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre el uso que una sola persona (firmas solidarias o firma individual) puede dar a los recursos de los partidos políticos, con motivo de que la cuenta bancaria a la que ingresan no es manejada de forma mancomunada. Principalmente, si se tiene en consideración que los paridos políticos reciben por mandato de ley recursos públicos cuyo manejo, por disposición reglamentaria, debe ser mediante la apertura de cuentas bancarias con firmas mancomunadas.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018/2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable, toda vez que la documentación solicitada para acreditar la forma en la que el Partido Revolucionario Institucional manejó los recursos de 12 cuentas bancarias es documentación que en su calidad de titular de una determinada cuenta bancaria pude solicitar a la institución bancaria respectiva.

Asimismo, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

Adicionalmente, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes. Asimismo, se tiene en consideración que el partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el partido atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 2,700 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Finalmente, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $ 550,797,172.79, como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen de cuenta, se señala en el numeral 17 lo siguiente:

17    El partido omitió manejar de forma mancomunada la cuenta bancaria número 101275550, de la institución bancaria BBVA-Bancomer, relativa al Comité Directivo Estatal de Puebla.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo general para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen de mérito.

Mediante el oficio STCFTRPAP/706/04, de fecha 22 de junio de 2004, se hizo del conocimiento del Partido Revolucionario Institucional lo siguiente:

De la revisión efectuada a los contratos bancarios proporcionados por el partido, se observó lo que a continuación se señala:

En consecuencia, la Comisión de Fiscalización solicitó al partido que presentara completos los contratos de las cuentas bancarias antes citadas, de manera que estuviera en posibilidad de verificar los datos bancarios señalados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0160/04, de fecha 7 de julio de 2004, el partido presentó diversa información y documentación. De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se determinó lo siguiente:

Del cuadro anterior se desprende que el Partido Revolucionario Institucional proporcionó 3 contratos de apertura y 6 tarjetas de firmas mancomunadas, los cuales se detallan en la columna “Documentación presentada”, por lo que la observación se consideró subsanada por dichas cuentas.

Asimismo, se desprende que en relación con los 6 contratos de apertura y las 3 tarjetas de firmas autorizadas detalladas en la columna “Documentación faltante”, la observación se consideró no subsanada por la Comisión de Fiscalización por un total de 9 cuentas bancarias referidas.

En consecuencia, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia, al no acreditar que dichas cuentas fueron manejadas mancomunadamente, incumplimiento que ya que fue analizada en el inciso anterior del presente considerando.

Asimismo, consta en el Dictamen correspondiente que en relación la tarjeta de firmas autorizadas de la cuenta bancaria número 101275550, aperturada en la institución bancaria BBVA-Bancomer, en Puebla, se desprende que la cuenta se maneja con firma individual y no mancomunada como lo establece el artículo 1.2 del reglamento. En consecuencia, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró no subsanada la observación realizada determinando que el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento de la materia.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en los artículos en el artículo 1.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 1.2 del Reglamento aplicable señala que todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos políticos deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, que deben ser manejadas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido. Los estados de cuenta respectivos, establece la disposición citada, deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a esta autoridad electoral cuando lo solicite o en los casos previstos por el propio Reglamento.

En el presente caso, el Partido Revolucionario Institucional presentó documentación con la que se acredita que la cuenta bancaria número 101275550, aperturada en BBV-A Bancomer, es manejada con firma individual y no mancomunada como lo establece el reglamento aplicable.

El sentido del artículo 1.2 del Reglamento aplicable es garantizar un mayor control por parte de los partidos políticos del uso de los recursos depositados por ellos en sus cuentas bancarias. El hecho de que las cuentas de los partidos políticos requieran por disposición Reglamentaria de un manejo mancomunado, va precisamente orientado a evitar que de modo unilateral una persona pueda tomar decisiones que afectarán de modo eventualmente relevante la vida del partido, como en la especie suponen las decisiones relacionadas con el manejo de los recursos. El manejo individual de una cuenta bancaria de ninguna manera puede sustituir el control que supone el carácter mancomunado del mismo. Antes al contrario: el hecho de que una sola persona pueda hacer uso de los recursos, no hace sino debilitar el control diseñado para evitar –junto con otros mecanismos- los malos manejos o hasta el abuso de recursos públicos en manos de los partidos políticos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre el uso que una sola persona puede dar a los recursos de los partidos políticos, con motivo de que la cuenta bancaria a la que ingresan no es manejada de forma mancomunada. Lo anterior es así fundamentalmente, si se tiene en consideración que los paridos políticos reciben por mandato de ley recursos públicos cuyo manejo, por disposición reglamentaria, debe ser mediante la apertura de cuentas bancarias con firmas mancomunadas.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018/2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo y tampoco es posible presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información.

Cabe señalar que el partido presenta, en términos generales, condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

Por otro lado, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 300 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Finalmente, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $ 550,797,172.79, como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 22 lo siguiente:

“22. El partido presentó el registro de pólizas que tenían como soporte documental recibos de honorarios profesionales que no cumplían con la totalidad de los requisitos fiscales, por un importe de $2,851,313.38

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión un incumplimiento con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes y en los artículos 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, primer párrafo y 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en lo establecido en la Regla 2.4.7, incisos C. y E. de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de mayo de 2002 y 31 de marzo de 2003, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

De la revisión efectuada a la cuenta “Servicios Personales”, subcuenta “Honorarios Servicios Profesionales“, se observó el registro de pólizas que tenían como soporte documental recibos de honorarios profesionales que no cumplían con la totalidad de los requisitos fiscales, toda vez que carecían de lo que se detalla a continuación:

Por lo antes expuesto, se solicitó al partido las correcciones y aclaraciones pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de mérito, en relación con lo dispuesto en los artículos 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, primer párrafo y 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en lo establecido en la Regla 2.4.7, incisos C. y E. de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de mayo de 2002 y 31 de marzo de 2003.

La solicitud antes citada fue notificada al partido político mediante oficio No. STCFRPAP/744/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0161/04 de fecha 7 de julio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En relación a la observación del recibo de honorarios número 0649 expedido por el Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes en el sentido de que “carece de vigencia el comprobante” se expresa lo siguiente:

El comprobante contiene los datos de vigencia que exige el artículo 29-A Código Fiscal de la Federación y fue expedido dentro del término de 2 años a que se refiere dicho numeral, lo que significa que cumple cabalmente con la medida de control que tutela la norma de referencia, sin que sea obstáculo para lo anterior que no contenga una fórmula sacramental de cuando inicia y cuando termina la referida vigencia.

La razón de ser de la norma es en el sentido de que del propio comprobante se advierta si este se expide o no dentro del término de 2 años a partir de su impresión, a fin de evitar el mal uso de este tipo de documentos. En el caso concreto el recibo de honorarios expresa que fue impreso en el mes de enero de 2003 y que se expidió el día 24 del mes de noviembre de 2003, de ahí que su vigencia sea absolutamente procedente.

Con base en todo lo anteriormente manifestado y como un elemento adicional a nuestra argumentación se aclara que el compromiso en comento aún no ha sido pagado, por lo que se consideró que la observación debe ser desestimada.

En relación a la observación del recibo de honorarios número 625 del Lic. Luis Dugay Pedroza, en el sentido de que “carece de fecha en que se incluyó la autorización correspondiente del impresor en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”, se señala lo siguiente:

El artículo 29 de Código Fiscal de la Federación establece obligaciones, para quien expide comprobantes fiscales, así como, para quien los recibe para su deducibilidad. También establece obligaciones diversas para los impresores de dichos documentos.

En el caso concreto de este partido en su carácter de receptor del comprobante tiene una obligación de cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos sean los correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en él articulo 29-A del Código de referencia tal y como lo establece el artículo 29, párrafo tercero de dicho ordenamiento.

De la norma de referencia no se desprende la obligación de cerciorarnos de que el comprobante también cumpla con los requisitos diversos a los anteriores, como es la “la fecha en que se incluyó la autorización correspondiente del impresor en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”.

Este requisito observado, en todo caso es atribuible como obligación de quien expide el comprobante y no de su receptor con fundamento en la regla 2.4.7 Inciso C de la resolución miscelánea para 2003.

Por otra parte, es importante señalar el recibo de honorarios establece respecto de su impresor el numero de autorización 1722921 y la fecha de su autorización por el SAT del 6 de marzo de 2002, publicado en el D.O.F, datos todos ellos que hacen indudable el cumplimiento de la obligación de hacer público y verificable que se trata de un impresor autorizado, razón de ser de la norma fiscal. Es de agregarse también que el recibo de referencia se encuentra aún pendiente de pago.

Por lo antes expuesto se consideró que no existe ninguna violación a las normas establecidas imputables a este Partido.

Por lo que respecta a las observaciones de los recibos números 2, 3 y 10 de expedidos por José Gonzalo Ocampo Echalaz y a los recibos números 5, 6 y 7 de Israel Irma (sic) Ortiz Huerta en el sentido de que “carece de fecha en que se incluyó la autorización correspondiente del impresor en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”, se señala lo siguiente:

El artículo 29 de Código Fiscal de la Federación establece obligaciones, para quien expide comprobantes fiscales, así como, para quien los recibe para su deducibilidad. También establece obligaciones diversas para los impresores de dichos documentos.

En el caso concreto de este partido en su carácter de receptor del comprobante tiene una obligación de cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en él articulo 29-A del Código de referencia tal y como lo establece el artículo 29, párrafo tercero de dicho ordenamiento.

De la norma de referencia no se desprende la obligación de cerciorarnos de que el comprobante también cumpla con los requisitos diversos a los anteriores, como es “la fecha en que se incluyó la autorización correspondiente del impresor en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”.

Este requisito observado, en todo caso es atribuible como obligación de quien expide el comprobante y no de su receptor con fundamento en la regla 2.4.7 Inciso C de la resolución miscelánea para 2003.

Por lo antes expuesto se solicita que esta observación se de por subsanada.

Por lo que respecta a las observaciones de recibos expedidos por Lilian Briceño Senosian (sic) y José Manuel Gil Padilla, en el sentido de que se expidieron con fecha posterior a su vigencia, este partido ya procede con el prestador de los servicios para subsanar esta irregularidad en dichos documentos.

Finalmente, “Apoya nuestros argumentos, el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aplicación analógica, al integrar la jurisprudencia número 20/2004 a propósito del cumplimiento de requisitos que deben contener los comprobantes fiscales, misma que a continuación se reproduce”.

COMPROBANTES FISCALES, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER CUANDO SON EXPEDIDOS POR CONTRIBUYENTES QUE NO CUENTAN CON SUCURSALES. De lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A, fracciones I y III, del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción I, de su Reglamento, se advierte que los comprobantes fiscales deben contener, entre otros datos, el domicilio fiscal del contribuyente (de manera impresa) y el lugar de su expedición. Ahora bien, aun cuando es obligación legal consignar ambos datos en el comprobante fiscal respectivo, el referido artículo 29-A, en su fracción I, señala que cuando se trate de contribuyentes que tengan más de un local, deberá precisarse el domicilio del establecimiento en que se expida el comprobante, disposición que interpretada a contrario sensu, permite colegir que tratándose de contribuyentes con un solo local, es decir, sin sucursales, se entenderá que el domicilio fiscal contenido en el comprobante corresponde también al del lugar de expedición, por lo que en ese supuesto los requisitos relativos al señalamiento del domicilio fiscal y al lugar de expedición previstos en las fracciones I y III del citado artículo 29-A estarán satisfechos cuando en los comprobantes se exprese el referido domicilio fiscal, sin que sea necesario señalar el de expedición a través del formulismo “lugar de expedición”, ya que esa exigencia implicaría revestir al documento privado de características de un acto formal, que la ley no le otorga.

Clave: 2ª/J., Núm.: 20/2004

Contradicciones de tesis 112/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa y Segundo en Materia Penal, ambos del Tercero Circuito, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito. 13 de febrero de 2004. unanimidad de cuatro votos. Poniente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 20/2004. aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de febrero de dos mil cuatro.

Materias: Administrativa – Fiscal

Tipo: Jurisprudencia por Contradicción”.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación en su totalidad, con base en las siguientes consideraciones:

“La respuesta del partido en todos los casos se consideró insatisfactoria, toda vez que en el artículo 11.1 del Reglamento de mérito establece claramente el deber de soportar los egresos con documentación original expedida a nombre del partido y que cumpla con todos los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales mientras que el artículo 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dispone que los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.

De lo anterior se desprende que es obligación del partido cerciorarse de que los comprobantes que amparen sus gastos reúnan la totalidad de los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, tales como:

Por lo que se refiere a los recibos números 132 de Lilián Briceño Senosiain, y 027 de José Manuel Gil Padilla que fueron expedidos fuera del periodo de vigencia para su utilización, aún cuando el partido señala que “ya procede con el prestador de los servicios para subsanar esta irregularidad en dichos documentos”, esto no lo exime del cumplimiento de la norma, toda vez que el artículo 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación señala que los comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años, contados a partir de su fecha de impresión y que transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, deberán cancelarse.

Respecto al recibo número 625 de Luis Dugay Pedroza, aún cuando el partido manifiesta que “el recibo de referencia se encuentra aún pendiente de pago”, esto no lo exime de presentar el comprobante original, tal como lo exige el artículo 11.1 del Reglamento de la materia y leyes fiscales.

Por lo que se refiere al recibo número 005 de María Cristina Díaz Salazar, el partido no presentó aclaración alguna.

Por todo lo antes expuesto, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de mérito, en relación con lo dispuesto en los artículos 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, primer párrafo y 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en lo establecido en la Regla 2.4.7, incisos C. y E. de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de mayo de 2002 y 31 de marzo de 2003. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada, por un importe de $2,851,313.38.”

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, en relación con los artículos 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, primer párrafo y 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en lo establecido en la Regla 2.4.7, incisos C. y E. de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de mayo de 2002 y 31 de marzo de 2003.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

“ARTÍCULO 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

k) Permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

…”

Asimismo, el artículo 19.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes anuales y de campaña, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

“Artículo 19.2

La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

...”

Por su parte, el artículo 11.1 del Reglamento de la materia dispone que los egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá ser a nombre del partido político, cumpliendo con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales:

“Artículo 11.1

Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables...”

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Finalmente, el artículo 11.1 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de registrar contablemente sus egresos; 2) soportar con documentación original todos los egresos que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los partidos de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

En síntesis, las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a cargo de los partidos políticos de presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, para lo cual la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de hacer o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido respecto de su obligación de presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, en relación con la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

Así, se puede desprender que la finalidad del artículo 11.1 del Reglamento de mérito es otorgar seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trata de los egresos que realizan los partidos políticos e impone claramente la obligación de entregar la documentación con la totalidad de los requisitos fiscales que le solicite la autoridad, lo que en el caso a estudio no sucedió.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, mediante oficio, solicitó al partido político diversa documentación con la totalidad de requisitos fiscales exigidos por la normatividad, lo cual no subsanó e incurre en irregularidades administrativas como la que ahora nos ocupa.

Debe quedar claro que la autoridad electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia del partido al hacer de su conocimiento la observación y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como de la documentación comprobatoria que juzgara conveniente.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorias y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

La conducta desplegada por el partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que la documentación soporte de los mismos adolece de requisitos para otorgarles legitimidad y que, en efecto, puedan servir a cabalidad de comprobante o soporte de un gasto.

En ningún procedimiento de auditoria y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables.

La normatividad electoral ha establecido una serie de requisitos claramente señalados en el Reglamento aplicable a los partidos políticos, con base en los cuales los partidos deben acreditar el origen y destino de todos los recursos con los que cuente, a partir de documentación comprobatoria que debe cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en el citado Reglamento, así como en la normatividad fiscal aplicable. Esto último con la finalidad de que la autoridad tenga un alto grado de certeza sobre la procedencia y aplicación de todos sus recursos.

Lo anterior se hace especialmente relevante cuando se trata de recursos públicos. Para esta autoridad es claro que no cualquier documentación puede ser admitida como prueba fehaciente del uso y destino de este tipo de recursos. De ahí que las normas reglamentarias, que integran y desarrollan a la Ley Electoral, establezcan reglas específicas para su comprobación. En ese sentido, esta autoridad considera que sólo aquella documentación que satisface los tres extremos previstos en el artículo 11.1 del Reglamento, esto es, presentada en original, a nombre del partido político y que satisfaga todos los requisitos fiscales exigidos por la normativa en la materia, puede ser considerada como válida para efectos de comprobación de un egreso realizado por los partidos políticos. Cualquier omisión en la satisfacción de estas exigencias reglamentarias, por lo demás conocidas por sujetos a los que están dirigidas, implica la imposibilidad de que la autoridad tenga certeza de la veracidad de lo reportado por los partidos en sus informes.

Esta autoridad electoral considera trascendente que un partido político, por las razones que sean, no presente la documentación comprobatoria con los requisitos exigidos por la normatividad del egreso que ésta solicite en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta tiene efectos sobre la verificación del origen de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado con claridad, en la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-021/2001, que los egresos deben estar soportados con documentación que reúna los requisitos fiscales, a saber:

“... los egresos se deben registrar contablemente y para su comprobación, dichos egresos deben estar soportados con documentación que reúna los requisitos que las leyes fiscales exigen. La referida documentación se debe expedir a nombre del partido político o coalición que realizó el pago.

... lo ordinario es que los egresos efectuados por dichos entes, sólo pueden ser comprobados con documentación que reúna los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del código fiscal mencionado.

Los referidos documentos se exigen, para dar certeza de que los egresos reportados son veraces.

... en primer lugar, se debe atender a la regla general que exige, que toda la documentación presentada para la comprobación de egresos contenga los requisitos que las disposiciones fiscales exigen y, en segundo término, porque respecto a dichos egresos no es difícil obtener los comprobantes que reúnan tales requisitos.

...”

De acuerdo con lo anterior, se desprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar la documentación soporte de los egresos con la totalidad de requisitos fiscales, más aún cuando no es difícil obtener dicha documentación.

Así las cosas, se pueden concluir que la conducta desplegada por el partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que la documentación soporte de los mismos adolece de requisitos para otorgarles legitimidad y que, en efecto, puedan servir a cabalidad de comprobante o soporte de un gasto.

Debe tenerse en cuenta, que lo dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye un argumento de autoridad en materia de fiscalización, ya que deriva de una sentencia ejecutoriada que ha emitido la máxima autoridad electoral jurisdiccional electoral en ejercicio de sus funciones, al estudiar y resolver sobre un caso concreto respecto de la materia que nos ocupa. Por lo que su aplicación resulta no sólo útil sino necesaria.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de emitir acuerdos y resoluciones debidamente fundados y motivados. El acto de fundar surte sus efectos al momento que se invocan los artículos aplicables al caso concreto; la motivación se cumple cuando la autoridad explica de modo detallado los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevan a tomar una decisión determinada.

En este sentido, la aplicación del criterio judicial de mérito abonan en favor de que el asunto de cuenta se resuelva conforme a los instrumentos jurídicos atinentes, de modo que la resolución se funde y motive conforme a las disposiciones aplicables y los razonamientos lógico jurídicos correspondientes, situación que a la sazón redunda en garantizar de modo efectivo la seguridad jurídica del justiciable.

Por lo que debe decirse que la documentación sin requisitos fiscales no hace prueba plena del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento de mérito, para acreditar los egresos que se efectúen, y la documentación presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

Por su parte, la interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la siguiente:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, resulta ineludible entregarla y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político amerita una sanción.

De todo lo dicho con antelación, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, de modo que la autoridad pueda conocer a cabalidad el destino de sus recursos y el modo en que fueron utilizados.

Por lo tanto, si el partido se abstuvo de cumplir con esta obligación de hacer, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, en tanto impide que la autoridad electoral despliegue sus tareas de fiscalización a cabalidad y conozca de modo fehaciente el destino de los recursos del partido.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta debe considerarse grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, es decir, la documentación presentada no hace prueba plena del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento de mérito.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

Para tal efecto, esta autoridad debe tener en cuenta, en primer lugar, que el Partido Revolucionario Institucional ya fue sancionado por una conducta similar, misma que en su momento fue considerada como medianamente grave. En consecuencia, se actualiza el supuesto de reincidencia, con lo cual es menester calificar la falta como de gravedad ordinaria.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables. Para sostener tal afirmación, esta autoridad toma en cuenta el hecho de que el partido político presenta en el Dictamen Consolidado once observaciones respectó a la falta de requisitos fiscales de la documentación soporte de sus egresos, con lo cual esta autoridad no tuvo certeza del destino de los recursos del partido.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el partido político sabía y conocía de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas trae aparejadas, pues dicho partido ya había sido sancionado con anterioridad por una irregularidad similar. Tal y como consta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades detectadas en la revisión de los Informes de Campaña de 2003, esta autoridad determinó que el partido político no entregó documentación soporte de egresos con la totalidad de requisitos fiscales.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, esta autoridad electoral no omite señalar que el partido político infractor se encuentra pagando una sanción económica consistente en una multa de $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) derivada de la queja identificada con el número de expediente Q-CFRPAP 01/02 PRD vs PRI y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-018/2003.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así las cosas, dado que se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el monto implicado asciende a la cantidad de $2,851,313.38, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad ordinaria.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en la reducción del 0.31% de la ministración mensual que le corresponda por concepto de financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto total de $1,440,525. 35

m) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 36 lo siguiente:

“36. Se localizó una póliza contable de la Fundación Colosio, A.C. que carece de la documentación soporte correspondiente, por un monto de $13,025.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

De la revisión efectuada a la cuenta “Gastos en Fundaciones o Institutos”, se observó que el partido no efectuó transferencias de recursos a sus Fundaciones o Institutos de Investigación, es decir, no aperturó una cuenta bancaria específica para cada una de sus fundaciones en las que controlara los recursos a los que se refiere el artículo 49, párrafo 7, inciso c), fracción VIII del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como lo ordena expresamente el artículo 8.3 del Reglamento aplicable. Sin embargo, reportó en sus registros contables un total de $21,293,790.83 como gastos en fundaciones, tal y como a continuación se señala:

Por lo que se refiere a Fundación Colosio, A.C. y Democracia XXI, A.C., se observó que estas fundaciones expidieron comprobantes a nombre del Partido Revolucionario Institucional, mismos que son liquidados mediante recursos de la cuenta CBCEN-PRI-(9796)2691. Los comprobantes en cuestión se detallan a continuación:

* No se anexó a la póliza el comprobante correspondiente, por lo que no fue posible determinar el número del mismo ni su fecha.

Es preciso destacar que esta modalidad de facturación se puso en evidencia que las fundaciones no eran consideradas como órganos internos o personas adscritas formal o materialmente a la organización política, sino como terceros externos proveedores de servicios específicos. En tal condición, la Fundación Colosio, A.C. y Democracia XXI, A.C. estarían imposibilitadas para percibir los recursos a que se refiere el artículo 49, párrafo 7, incisos a), fracción VIII del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo antes expuesto, se le solicitó al partido:

         Explicara si las Fundaciones Colosio A.C. y Democracia XXI, A,C, eran órganos o personas adscritas estatutariamente o por cualquier otro título jurídico, o bien, circunstancia de hecho a la organización política, así como la finalidad de su actividad cotidiana;

         En caso de que fueran consideradas como órganos o personas adscritas formal o materialmente al partido político, explicara la razón por la cual los recursos no fueron transferidos a las cuentas específicas a las que hace referencia el artículo 8.3 del Reglamento aplicable; presentara documentación original de los gastos realizados por dichas fundaciones a nombre del partido político; presentara los estados de cuenta bancarios correspondientes a las cuentas bancarias en las que se controlaron los recursos transferidos por el partido a las fundaciones de referencia y, por último, presentara auxiliares, pólizas y balanzas de comprobación de las fundaciones;

         En caso de que el partido considerara a las Fundaciones Colosio A.C. y Democracia XXI, A,C como terceros proveedores de servicios de investigación o estudios, presentara la evidencia de las actividades realizadas por dichas fundaciones;

         Explicara y comprobara fehacientemente la finalidad perseguida con las erogaciones a favor de terceros, soportados documentalmente con facturas expedidas por diversos proveedores, por un total agregado de $17,568,290.83 y específicamente, la relación que guardaban dichos gastos con la finalidad prevista en el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción VIII del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su caso, formulara las aclaraciones que estimara pertinentes.

Lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) y 49, párrafo 7, inciso a), fracción VIII del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 1.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.1 16.5, 19.2 y 24.3 del Reglamento de mérito.

La solicitud antes citada fue notificada al partido político mediante oficio No. STCFRPAP/744/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0161/04 de fecha 7 de julio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En relación a lo anterior se comenta lo siguiente:

1. Se ratifica que se trata de organizaciones adherentes al Partido, como se demuestra en oficio No. SAF/0106/03 del 28 de enero de 2003 del que se adjunta copia.

Por otra parte se informa que la finalidad de la actividad cotidiana de estas organizaciones es la realización de funciones de investigación y análisis de orden político, económico y social de divulgación ideológica y de apoyo a la capacitación política, que contribuyen al desarrollo de la cultura democrática del país, así como para elaborar los planes de gobierno y plataformas electorales

2. Por lo que corresponde a las cuentas bancarias, existe tanto para la Fundación Colosio, A.C., como para Democracia XXI, A.C. una cuenta específica, a través de la cual se controlan exclusivamente los recursos que el Partido les destina. Estas cuentas, se identifican plenamente en las balanzas de comprobación y registros contables de estas dos organizaciones. En refuerzo a esta argumentación, se anexa antecedente de respuesta IFE, donde la misma observación se da por subsanada con la explicación aquí presentada; en cuanto a las transferencias de recursos, este Instituto Político efectivamente las realizó de manera particular a cada una de las cuentas de estas organizaciones, como se da constancia en las hojas electrónicas de transferencias bancarias que se anexan, así como en los recibos internos que cada organización expide al Partido.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 8.3 del Reglamento aplicable, se manifiesta que este Partido, efectivamente llevó a cabo transferencias de apoyo a Fundación Colosio, A.C. y Democracia XXI, A.C., mismas que se registraron contablemente en la cuenta 525 “Gastos en Fundaciones o Institutos de Investigación”, considerando que en el catálogo de cuentas aplicable para el Comité Ejecutivo Nacional no aparece la cuenta contable de “transferencias a fundaciones o Institutos de Investigación”, así mismo, en el catálogo de cuentas aplicable a la contabilidad de las organizaciones adherentes o equivalentes, no existe la cuenta “Gastos en Fundaciones o Institutos de Investigación,” por lo que se procedió a aplicarlo directamente en la contabilidad del CEN; sin embargo, considerando que los catálogos de cuenta no son limitativos y con el objeto de cumplir con la norma electoral vigente se procede a incorporar las cuentas referidas en los catálogos correspondientes, y de esta manera reflejar contablemente las transferencias de recursos efectuadas a Fundación Colosio, A.C. y Democracia XXI, A.C., por lo cual se remite (…):

Documentación original de los gastos realizadas por estas dos organizaciones;

Estados de cuenta bancarios correspondientes a las dos organizaciones y,

Auxiliares, pólizas y balanzas de comprobación de estas organizaciones.

3. Como quedó de manifiesto, tanto en los puntos 1 y 2, se evidencia que el Partido no realizó pagos a estas dos organizaciones como terceros externos ò proveedores de servicios específicos, sino que es un hecho notorio que se trata de transferencias de recursos a fundaciones.

4. Los pagos que directamente realizó el partido por cuenta de las dos organizaciones en comento, de derecho es un procedimiento permitido por el Reglamento de mérito en su artículo 8.6 que establece: “Los recursos en especie que transfiera el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente de cada partido político a sus comités estatales u órganos equivalentes, organizaciones adherentes, fundaciones o institutos de investigación, deberán registrarse contablemente en una cuenta específica para tal efecto, en la que se especifique el destino de los mismos” y de hecho, es un procedimiento que posibilita al partido tener un mejor control de los recursos tanto en la calendarización u oportunidad de pagos como en la racionalización de los mismos, al tener ventajas comparativas en la negociación y contratación de bienes y servicios.

Los gastos erogados por el CEN a favor de estas dos organizaciones, se trata de transferencias en especie, mismas que se registraron directamente en la cuenta de “Gastos de Fundaciones o Institutos de Investigación”, como se asienta en su observación, sin embargo, apegándonos a lo referido en el artículo señalado en el párrafo anterior, se procede a efectuar las reclasificaciones y correcciones contables correspondientes, por lo que se anexa: balanza de comprobación, pólizas contables y auxiliares

Con todo lo anterior queda demostrado: que se trata inobjetablemente de dos organizaciones adherentes al Partido Revolucionario Institucional, que existe plena claridad en las cuentas que identifican el origen y destino de los recursos asignados a estas, que bajo ningún concepto puede considerárseles como terceros externos o proveedores de servicios específicos y finalmente que las erogaciones a favor de terceros, soportados documentalmente con facturas expedidas por diversos proveedores es un procedimiento validado por la norma y favorable en las estrategias de racionalización del gasto del partido.”

En esa tesitura, al verificar la cuenta “Servicios Personales”, subcuenta “Honorarios Asimilados” se observó el registro de una póliza la cual carecía de la documentación soporte correspondiente. A continuación se detalla el caso en comento:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró que el partido incumplía con lo siguiente:

“Por lo antes expuesto, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con lo dispuesto en los artículos 102, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, primer párrafo y 29-A, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en lo establecido en las resoluciones que establecen las Reglas Generales y otras disposiciones de carácter fiscal, Regla 2.4.7 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2003.”

Es preciso señalar que dicha observación fue resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.1, y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

“ARTÍCULO 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

k) Permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

…”

Asimismo, el artículo 19.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes anuales y de campaña, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

“Artículo 19.2

La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

...”

Por su parte, el artículo 11.1 del Reglamento de la materia dispone que los egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá ser a nombre del partido político, cumpliendo con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales:

“Artículo 11.1

Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables...”

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Finalmente, el artículo 11.1 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de registrar contablemente sus egresos; 2) soportar con documentación original todos los egresos que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los partidos de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

En síntesis, las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de hacer o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar la documentación soporte de sus egresos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido respecto de su obligación de presentar la documentación original soporte de sus egresos, en relación con la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

Así, se puede desprender que la finalidad del artículo 11.1 del Reglamento de mérito es otorgar seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trata de los egresos que realizan los partidos políticos e impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos que le solicite la autoridad, lo que en el caso a estudio no sucedió.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, observó que dicha irregularidad fue resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

En ese sentido, no hay duda que el partido político tenía la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos, lo que en la especie no sucedió.

Cabe aclarar que la ley señala plazos y términos fijos previamente establecidos dentro de los cuales la autoridad electoral debe llevar a cabo el estudio de la documentación proporcionada por los partidos políticos en el procedimiento de revisión de los Informes Anuales, sin que sea admisible la prórroga de dichos plazos. Así, al concluir la tercera etapa del procedimiento, es decir, finalizado el plazo de sesenta días para revisar los Informes Anuales no se permite comunicar irregularidades diversas a las originalmente notificadas, sin que se óbice que la autoridad encuentre irregularidades derivadas de la documentación entregada por los partidos, las cuales pueden ser sancionadas.

Esto es así, pues de lo contrario se permitiría a los partidos políticos la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a su Informe Anual una vez que haya finalizado el plazo de los sesenta días y por ese simple hecho colocar a la autoridad en imposibilidad de aplicar las sanciones que se deriven de su revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL. (Se transcribe).

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorias y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

La conducta desplegada por el partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que no presentó la documentación soporte de los mismos.

En ningún procedimiento de auditoria y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos y menos aun la falta de entrega de los mismos.

La normatividad electoral ha establecido que los partidos políticos deben acreditar el origen y destino de todos los recursos con los que cuente, a partir de documentación original comprobatoria. Esto último con la finalidad de que la autoridad tenga certeza sobre la procedencia y aplicación de todos sus recursos.

Lo anterior se hace especialmente relevante cuando se trata de recursos públicos. Para esta autoridad es claro que no cualquier documentación puede ser admitida como prueba fehaciente del uso y destino de este tipo de recursos. De ahí que las normas reglamentarias, que integran y desarrollan a la Ley Electoral, establezcan reglas específicas para su comprobación. En ese sentido, esta autoridad considera que sólo aquella documentación que satisface los tres extremos previstos en el artículo 11.1 del Reglamento, esto es, presentada en original, a nombre del partido político y que satisfaga todos los requisitos fiscales exigidos por la normativa en la materia, puede ser considerada como válida para efectos de comprobación de un egreso realizado por los partidos políticos. Cualquier omisión en la satisfacción de estas exigencias reglamentarias, por lo demás conocidas por sujetos a los que están dirigidas, implica la imposibilidad de que la autoridad tenga certeza de la veracidad de lo reportado por los partidos en sus informes.

Esta autoridad electoral considera trascendente que un partido político, por las razones que sean, no presente la documentación comprobatoria del egreso que ésta solicite en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta tiene efectos sobre la verificación del origen de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado con claridad, en la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-021/2001, que los egresos deben estar soportados con documentación y que, entre otros, reúna los requisitos fiscales, a saber:

“... los egresos se deben registrar contablemente y para su comprobación, dichos egresos deben estar soportados con documentación que reúna los requisitos que las leyes fiscales exigen. La referida documentación se debe expedir a nombre del partido político o coalición que realizó el pago.

Los referidos documentos se exigen, para dar certeza de que los egresos reportados son veraces.

... en primer lugar, se debe atender a la regla general que exige, que toda la documentación presentada para la comprobación de egresos contenga los requisitos que las disposiciones fiscales exigen y, en segundo término, porque respecto a dichos egresos no es difícil obtener los comprobantes que reúnan tales requisitos.

...”

De acuerdo con lo anterior, se desprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar la documentación soporte de los egresos, más aún cuando no es difícil obtener dicha documentación.

Así las cosas, se pueden concluir que la conducta desplegada por el partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que no entregó la documentación soporte de los mismos.

Debe tenerse en cuenta, que lo dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye un argumento de autoridad en materia de fiscalización, ya que deriva de una sentencia ejecutoriada que ha emitido la máxima autoridad electoral jurisdiccional electoral en ejercicio de sus funciones al estudiar y resolver sobre un caso concreto respecto de la materia que nos ocupa. Por lo que su aplicación resulta no sólo útil sino necesaria.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de emitir acuerdos y resoluciones debidamente fundados y motivados. El acto de fundar surte sus efectos al momento que se invocan los artículos aplicables al caso concreto; la motivación se cumple cuando la autoridad explica de modo detallado los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevan a tomar una decisión determinada.

En este sentido, la aplicación del criterio judicial de mérito abonan en favor de que el asunto de cuenta se resuelva conforme a los instrumentos jurídicos atinentes, de modo que la resolución se funde y motive conforme a las disposiciones aplicables y los razonamientos lógico jurídicos correspondientes, situación que a la sazón redunda en garantizar de modo efectivo la seguridad jurídica del justiciable.

Por lo que debe decirse que la falta de entrega de la documentación soporte no hace prueba plena del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento de mérito, para acreditar los egresos que se efectúen.

Por su parte, la interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la siguiente:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, resulta ineludible entregarla y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar la documentación soporte de sus egresos e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político amerita una sanción.

De todo lo dicho con antelación, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación soporte de sus egresos, de modo que la autoridad pueda conocer a cabalidad el destino de sus recursos y el modo en que fueron utilizados.

Por lo tanto, si el partido se abstuvo de cumplir con esta obligación de hacer, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, en tanto impide que la autoridad electoral despliegue sus tareas de fiscalización a cabalidad y conozca el destino de los recursos del partido.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta debe considerarse grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes. Adicionalmente, es claro que el partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el partido atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, esta autoridad electoral no omite señalar que el partido político infractor se encuentra pagando una sanción económica consistente en una multa de $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) derivada de la queja identificada con el número de expediente Q-CFRPAP 01/02 PRD vs PRI y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-018/2003.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así las cosas, dado que se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el monto implicado asciende a la cantidad de $13,025.00, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad ordinaria y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en 89 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

n) En el numeral 38 del capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, se señala:

37. Se observó el registró pólizas contables de la Fundación Colosio, A.C., que presentan documentación soporte en fotocopia, por un monto de $97,955.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

De la revisión a las cuentas “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”, se observó el registro de varias pólizas contables que presentan como parte de su soporte documental, comprobantes a nombre de “Fundación Colosio A.C.” y no a nombre del partido por un monto de $3,484,780.23. La documentación en comento se señala en el Anexo B del dictamen consolidado en el apartado correspondiente al Partido Revolucionario Institucional.

Por esta razón se solicitaron al partido político una serie de aclaraciones y rectificaciones. De la respuesta del partido político y de la documentación que entregó a la autoridad, se observaron las siguientes irregularidades.

Al verificar las cuentas “Servicios Personales” y “Servicios Generales” se observó el registro de varias pólizas las cuales presentaba como soporte documental recibos en copia fotostática y no en original. A continuación se detallan los casos en comento:

Por lo antes expuesto, el partido incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia.

En el numeral 37 de las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar la documentación original que soporta sus egresos que estaba obligado a entregar e inclusive le fue solicitada, por lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Los artículos en comento señalan lo siguiente:

Artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

(…)

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

Los artículos 11.1 y 19.2, del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

11.1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los siguientes párrafos.

19.2        La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros. En caso de que el partido político indique que la documentación que se le solicite de conformidad con el presente artículo se encuentra en poder del Instituto Federal Electoral por haber sido entregada para la comprobación de gastos por actividades específicas a que se refiere la fracción II del inciso c) del párrafo 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido tiene la obligación de especificar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización los datos precisos para su fácil identificación dentro de la documentación entregada.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia, tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 11.1 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) los egresos deberán estar registrados contablemente; 2) dichos egresos deberán estar soportados con la documentación original que se expida a nombre del partido político por parte de la persona a quien se efectuó el pago; 3) la documentación descrita deberá cumplir con los requisitos que imponen las disposiciones fiscales aplicables.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que sustente sus egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas. En primer lugar, las obligaciones a cargo de los partidos políticos para justificar sus ingresos y egresos, consisten en lo siguiente: 1) la de registrar contablemente sus ingresos y egresos; 2) la de soportar dichos ingresos y egresos con la documentación original correspondiente; 3) la de entregar dicha documentación a la autoridad electoral junto con el informe anual o cuando le sea solicitada;

En segundo lugar, regula las facultades de la Comisión de Fiscalización para solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de “hacer” o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar junto con el informe anual, la documentación original que sustente sus egresos.

El artículo 11.1 del Reglamento de la materia, es aplicable al caso concreto, toda vez que en razón de éstos se puede valorar con certeza el grado de cumplimiento que dio el partido a su obligación de presentar la documentación original que soporte sus egresos, junto con el informe anual correspondiente.

A su vez, lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo que establece el artículo 19.2 del Reglamento, resultan aplicables para determinar tres situaciones específicas: 1) si el partido permitió que la autoridad fiscalizadora llevara a cabo todas las auditorías y verificaciones para corroborar la veracidad de lo reportado; 2) conocer si el partido permitió el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus egresos, y; 3) determinar si no existió obstrucción o impedimento a cargo del partido político respecto de la facultad que asiste a la autoridad fiscalizadora para solicitar en todo momento la documentación comprobatoria de los egresos de los partidos políticos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, ya respecto de su obligación de presentar la documentación que soporte sus ingresos o egresos en original; ya respecto de la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su informe anual, para en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

En la Resolución respecto de los Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2002, el Consejo General, enunció un criterio de interpretación de los artículos 38, 1, k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. A la letra:

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Debe recordarse que la copia fotostática de un documento no hace prueba plena del contenido de ese documento. Así, los egresos no se consideran debidamente comprobados en tanto que el partido debía presentar la documentación original, pues es de explorado derecho que a las fotocopias de documentos no se les otorga valor probatorio en sí mismas.

El criterio de interpretación antes transcrito pone de relieve que lo que busca la autoridad a través de la aplicación de esas normas es tener certeza sobre lo reportado por el partido político en su Informe Anual y contar con los documentos necesarios para corroborar eficazmente lo informado, tanto para saber cuáles son los recursos que ingresan a su patrimonio, como para saber el destino último que tienen éstos.

El hecho de que se exija la documentación en original es con el único objeto de contar con elementos de convicción idóneos para realizar eficazmente la función fiscalizadora que la ley encomienda a la Comisión de Fiscalización.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello, se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorías y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos manejan sus recursos a través de la presentación de la documentación comprobatoria en original. Ello con el fin de saber la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual.

De tal suerte, el criterio en cita resulta aplicable al caso concreto dado que enuncia la finalidad que persiguen la normas reguladoras de la obligación de los partidos de presentar como documentación soporte de su informe anual los comprobantes en original, de modo que refuerza el sentido de la norma aplicable y explica la forma en que debe interpretarse la obligación a cargo de los institutos políticos.

Al mismo tiempo, permite valorar con elementos objetivos la irregularidad en que incurre el partido conforme a criterios prefijados que aportan certeza al momento de resolver.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha explicado con claridad en diversas resoluciones el propósito de la obligación consistente en presentar la documentación original por parte de los partidos políticos, así como las consecuencias por incumplir esta obligación.

Respecto del propósito de las normas que regulan la obligación de que los partidos políticos presenten la documentación señalada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado con la clave SUP-RAP-021/2001, ha señalado lo siguiente:

“…los partidos políticos tienen el imperativo de presentar a la autoridad competente los documentos originales que sustenten la veracidad de lo reportado en sus informes anuales de ingresos y gastos..” (pág. 414)

“…la fotocopia es insuficiente para tener por acreditado el gasto por el monto pretendido, pues no tiene la fuerza de convicción para generar certeza sobre su contenido, por principio, por tratarse de una simple fotocopia..” (pág. 418)

De acuerdo con el criterio transcrito se puede concluir que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar la documentación que le solicite la Comisión de Fiscalización en original.

En cuanto al propósito de las normas que regulan la obligación de los partidos de presentar la documentación comprobatoria de sus egresos en original, la Sala Superior ha señalado que éstas tienen como objetivo principal otorgar certeza respecto del modo en que los institutos políticos manejan sus recursos.

A su vez, hace manifiesta la facultad que le asiste a la Comisión de fiscalización de solicitar a los órganos correspondientes de los partidos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; de modo que los partidos políticos están vinculados a tener a su disposición esos documentos, para exhibirlos a la Comisión de Fiscalización junto con el informe correspondiente, o en el momento en que le sean requeridos durante el período de revisión de los informes anuales.

De los criterios antes transcritos se pueden concluir cuatro situaciones principales: 1) el objeto de la norma es otorgar certeza respecto del manejo de los egresos de los recursos públicos con los que cuentan los partidos políticos; 2) la presentación de la documentación atinente en original, acorde con las disposiciones reglamentarias es ineludible; 3) la Comisión de Fiscalización tienen al facultad de requerir al partido en cualquier momento la documentación comprobatoria correspondiente para corroborar la veracidad de lo reportado en su informe anual; 4) el incumplimiento de esa obligación coloca al partido infractor en un supuesto de sanción.

El precedente judicial antes apuntado aporta criterios objetivos en tres ámbitos principales: 1) respecto de la forma en que deben interpretarse las normas aplicables al caso concreto; 2) sobre el alcance de las obligaciones jurídicas que tienen los partidos de presentar toda la documentación soporte de sus egresos en original conforme a lo dispuesto en la normatividad correspondiente, y; 3) respecto de las consecuencias jurídicas que tiene la inobservancia de esa obligación.

Debe tenerse en cuenta, que el criterio judicial antes transcrito son líneas de interpretación que han sido reiterados por el Tribunal Electoral en diversas ocasiones y que constituyen argumentos de autoridad en materia de fiscalización, ya que derivan de sentencias ejecutoriadas que ha emitido la máxima autoridad electoral jurisdiccional electoral en ejercicio de sus funciones, al estudiar y resolver sobre casos concretos respecto de la materia que nos ocupa. Por lo que su aplicación resulta no sólo útil sino necesaria.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de emitir acuerdos y resoluciones decisiones debidamente fundados y motivados. El acto de fundar surte sus efectos al momento que se invocan los artículos aplicables al caso concreto; la motivación se cumple cuando la autoridad explica de modo detallado los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevan a tomar una decisión determinada.

En este sentido, la aplicación de los criterios judiciales de mérito abonan en favor de que el asunto de cuenta se resuelva conforme a los instrumentos jurídicos atinentes, de modo que la resolución se funde y motive conforme a las disposiciones aplicables y los razonamientos lógico jurídicos correspondientes, situación que redunda en garantizar de modo efectivo la seguridad jurídica del justiciable.

En el caso concreto, la aplicación de los criterios judiciales transcritos redundan en favor de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad, y dan cumplimiento estricto a los principios de certeza y objetividad, pues en razón de la aplicación de los criterios judiciales de cuenta se elimina cualquier elemento subjetivo de interpretación, ya que la valoración del caso concreto se hace en función de criterios objetivos que la autoridad jurisdiccional emitió de modo previo, de forma que son conocidos con anterioridad tanto por la autoridad que en este momento los aplica, como por el partido al que le son aplicados.

Como se mencionó líneas arriba, el Tribunal Electoral ha señalado que el objeto de las normas que regulan la obligación de los partidos de presentar la documentación en original es otorgar certeza respecto del modo en que éstos manejan sus egresos acorde con las disposiciones reglamentarias, y; ubicar al partido en un supuesto de sanción en caso de que se acredite el incumplimiento de la obligación mencionada.

Los criterios transcritos resultan aplicables al caso concreto porque detallan con toda claridad el sentido que tienen las normas aplicables; el alcance que tiene la obligación de presentar dicha documentación a cargo de los partidos políticos; las facultades que tiene la Comisión para requerir cualquier información comprobatoria, así como la posibilidad de sancionar al partido en caso de que se incumpla con las obligaciones señaladas.

Esto es así porque de los criterios antes referidos se desprende de modo preciso el sentido y propósito de las normas aplicables al caso concreto.

Los criterios señalados otorgan claridad respecto de las normas aplicables al caso concreto, el alcance de las obligaciones a valorar y la consecuencia de la inobservacia de la normas que regulan la obligación apuntada, su aplicación es necesaria, dado que en virtud de ellos se puede analizar con toda claridad la irregularidad en que incurre el partido por no presentar la documentación comprobatoria en original solicitada por la autoridad fiscalizadora, y hace posible que la autoridad aplique las sanciones que considere convenientes en caso de que se acredite la presencia de una irregularidad.

Como se señala en el numeral 37 de las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar documentación soporte de su egresos en original, lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Como se apuntó el párrafo precedente, la violación en que incurre el partido tiene implicaciones legales y reglamentarias, y por ende la falta presenta aspectos formales y de fondo.

La violación a los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento tiene implicaciones meramente formales, ya que la irregularidad afecta únicamente al registro contable de ingresos y a la presentación de documentación soporte.

Como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo de presentar la documentación original y desatendió las solicitudes de información que formuló la Comisión de Fiscalización.

Tal conducta es contraria a lo dispuesto por el Reglamento de la materia, en tanto los partidos deben tener en su poder, oportunamente, la señalada documentación, en el caso concreto el partido faltó a dicha obligación, por lo que incurre en una falta de carácter formal.

La violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene implicaciones de fondo ya que la conducta desplegada por el partido impidió conocer el origen y destino de los recursos con los que cuenta para su operación ordinaria.

Esto es así porque el partido se abstuvo de entregar la documentación original que le fue solicitada y que estaba obligado a proporcionar, de modo que la Comisión de Fiscalización se vio en la necesidad de solicitar al instituto político la documentación atinente, a fin de conocer si la información que el partido entregaba en su informe anual era veraz.

No obstante lo anterior, el partido político omitió entregarla, lo que impidió conocer de modo cierto el origen y destino de los recursos del partido.

La siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, el mismo resulta ineludible, y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar la documentación original que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político incurrió en una falta de fondo.

El bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación comprobatoria en original que sustenten sus egresos, de modo que la autoridad pueda conocer el origen de sus recursos, el modo en que fueron utilizados y el destino final que tuvieron.

En consecuencia, si el partido omitió presentar la documentación en original, se rompe por completo con el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar lo solicitado con la documentación original correspondiente, también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y se hace nugatorio el objeto mismo de la fiscalización: conocer de modo definitivo la forma en que el partido maneja sus recursos.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, observó que dicha irregularidad fue resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

En ese sentido, no hay duda que el partido político tenía la obligación de entregar la documentación solicitada en original, lo que en la especie no sucedió.

Cabe aclarar que la ley señala plazos y términos fijos previamente establecidos dentro de los cuales la autoridad electoral debe llevar a cabo el estudio de la documentación proporcionada por los partidos políticos en el procedimiento de revisión de los informes anuales, sin que sea admisible la prórroga de dichos plazos. Así, al concluir la tercera etapa del procedimiento, es decir, finalizado el plazo de sesenta días para revisar dichos informes no se permite comunicar irregularidades diversas a las originalmente notificadas, sin que se óbice que la autoridad encuentre irregularidades derivadas de la documentación entregada por los partidos, las cuales pueden ser sancionadas.

Esto es así, pues de lo contrario se permitiría a los partidos políticos la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a su informe anual una vez que haya finalizado el plazo de los sesenta días y por ese simple hecho colocar a la autoridad en imposibilidad de aplicar las sanciones que se deriven de su revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL. (Se transcribe).

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, máxime si se toma en cuenta que los documentos presentados en fotocopia, no generan la suficiente convicción sobre su contenido. En otros términos, la documentación original permite que la autoridad pueda determinar la forma en la que los partidos destinan los recursos con los que cuentan, de modo que la omisión en la presentación de dichos instrumentos impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, pues al no contar con ellos, la autoridad requiere invertir un mayor esfuerzo y dificultan la actividad fiscalizadora, que se lleva a cabo en plazos legales acotados, lo que eventualmente se traduce en la imposibilidad material de revisar a fondo el comportamiento financiero del partido político durante un determinado ejercicio.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como de grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable, pues tuvo la posibilidad de recabar la documentación original con la debida oportunidad.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus egresos.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el artículo 11.1 del Reglamento de la materia, establece de manera indubitable que la documentación que entreguen los partidos políticos para sustentar sus egresos debe ser original, razón por la que no es posible determinar que exista duda de la obligación que impone la citada norma. Adicionalmente, es claro que el partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el partido atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 673 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

q) En el numeral 41 del capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, se señala:

41. Se localizó una póliza contable que presenta como documentación soporte comprobantes en fotocopia, por un importe de $31,544.50

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Al verificar varias subcuentas se observó el registro de pólizas las cuales carecían de la documentación soporte correspondiente. A continuación se detallan los casos en comento:

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las pólizas citadas con la respectiva documentación soporte en original, a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con lo dispuesto en los artículos 29-A, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y en la regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2003.

La solicitud antes citada fue notificada al partido político mediante oficio No. STCFRPAP/778/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el partido en la misma fecha.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0162/04 de fecha 7 de julio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(...), se remiten las pólizas de egresos números 109 de mayo y 101 de abril de 2003, ambas con su documentación soporte en original del Comité Directivo Estatal del Distrito Federal. Así como copia de la documentación de las pólizas de egresos número 88 de abril y 48 de mayo y oficio del Coordinador Jurídico de dicho comité en el que indica que los recibos originales fueron presentados ante el juzgado Primero de Arrendamiento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con número de expediente 868/2003”.

Por lo que se refiere a las pólizas PE-109/May-03 y PE-101/Abr-03, el partido presentó las pólizas y las facturas originales a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales, que amparan un importe de $72,134.00. Por tal razón, la observación se consideró subsanada por dicho importe.

Por lo que respecta a las pólizas PE-88/Abr-03 y PE-48/May-03, por un monto de $31,544.50, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez aún cuando proporcionó copia fotostática de los comprobantes del gasto así como una nota informativa (escrito interno del propio partido) en la que se indica que los documentos originales se encuentran en el juzgado por un proceso, no presentó documentación de la que se desprenda que los originales no están a disposición del partido precisamente por estar relacionada a un proceso jurisdiccional o, en su caso, copias certificadas de los mencionados comprobantes emitidas por el juzgado correspondiente.

Al respecto, conviene citar lo señalado en el Considerando I, primer párrafo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora, que a la letra se transcribe:

“Con la finalidad de evitar confusiones en relación con la documentación que sustenta los ingresos y egresos de los partidos políticos, en los artículos 1.1 y 11.1 se adiciona la palabra ‘original’ para precisar que los partidos tienen la obligación de presentar la documentación original comprobatoria tanto de ingresos como de gastos. Esto es así puesto que muchas veces los partidos políticos han pretendido comprobar sus ingresos o egresos mediante copias fotostáticas de recibos o factura (artículos 1.1 y 11.1)”.

En consecuencia, al no presentar los comprobantes originales solicitados, el partido incumplió lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada.

En el numeral 41 de las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar la documentación original que soporta sus egresos que estaba obligado a entregar e inclusive le fue solicitada, por lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Los artículos en comento señalan lo siguiente:

Artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

(…)

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

Los artículos 11.1 y 19.2, del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

11.1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los siguientes párrafos.

19.3        La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros. En caso de que el partido político indique que la documentación que se le solicite de conformidad con el presente artículo se encuentra en poder del Instituto Federal Electoral por haber sido entregada para la comprobación de gastos por actividades específicas a que se refiere la fracción II del inciso c) del párrafo 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido tiene la obligación de especificar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización los datos precisos para su fácil identificación dentro de la documentación entregada.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia, tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 11.1 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) los egresos deberán estar registrados contablemente; 2) dichos egresos deberán estar soportados con la documentación original que se expida a nombre del partido político por parte de la persona a quien se efectuó el pago; 3) la documentación descrita deberá cumplir con los requisitos que imponen las disposiciones fiscales aplicables.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que sustente sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas. En primer lugar, las obligaciones a cargo de los partidos políticos para justificar sus ingresos y egresos, consisten en lo siguiente: 1) la de registrar contablemente sus ingresos y egresos; 2) la de soportar dichos ingresos y egresos con la documentación original correspondiente; 3) la de entregar dicha documentación a la autoridad electoral junto con el informe anual o cuando le sea solicitada;

En segundo lugar, regula las facultades de la Comisión de Fiscalización para solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de “hacer” o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar junto con el informe anual, la documentación original que sustente sus egresos.

El artículo 11.1 del Reglamento de la materia, es aplicable al caso concreto, toda vez que en razón de éstos se puede valorar con certeza el grado de cumplimiento que dio el partido a su obligación de presentar la documentación original que soporte sus egresos, junto con el informe anual correspondiente.

A su vez, lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo que establece el artículo 19.2 del Reglamento, resultan aplicables para determinar tres situaciones específicas: 1) si el partido permitió que la autoridad fiscalizadora llevara a cabo todas las auditorías y verificaciones para corroborar la veracidad de lo reportado; 2) conocer si el partido permitió el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus egresos, y; 3) determinar si no existió obstrucción o impedimento a cargo del partido político respecto de la facultad que asiste a la autoridad fiscalizadora para solicitar en todo momento la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, ya respecto de su obligación de presentar la documentación que soporte sus ingresos o egresos en original; ya respecto de la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su informe anual, para en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

En la Resolución respecto de los Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2002, el Consejo General, enunció un criterio de interpretación de los artículos 38, 1, k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. A la letra:

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Debe recordarse que la copia fotostática de un documento no hace prueba plena del contenido de ese documento. Así, los egresos no se consideran debidamente comprobados en tanto que el partido debía presentar la documentación original, pues es de explorado derecho que a las fotocopias de documentos no se les otorga valor probatorio en sí mismas.

El criterio de interpretación antes transcrito pone de relieve que lo que busca la autoridad a través de la aplicación de esas normas es tener certeza sobre lo reportado por el partido político en su Informe Anual y contar con los documentos necesarios para corroborar eficazmente lo informado, tanto para saber cuáles son los recursos que ingresan a su patrimonio, como para saber el destino último que tienen éstos.

El hecho de que se exija la documentación en original es con el único objeto de contar con elementos de convicción idóneos para realizar eficazmente la función fiscalizadora que la ley encomienda a la Comisión de Fiscalización.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello, se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorías y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos manejan sus recursos a través de la presentación de la documentación comprobatoria en original. Ello con el fin de saber la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual.

De tal suerte, el criterio en cita resulta aplicable al caso concreto dado que enuncia la finalidad que persiguen la normas reguladoras de la obligación de los partidos de presentar como documentación soporte de su informe anual los comprobantes en original, de modo que refuerza el sentido de la norma aplicable y explica la forma en que debe interpretarse la obligación a cargo de los institutos políticos.

Al mismo tiempo, permite valorar con elementos objetivos la irregularidad en que incurre el partido conforme a criterios prefijados que aportan certeza al momento de resolver.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha explicado con claridad en diversas resoluciones el propósito de la obligación consistente en presentar la documentación original por parte de los partidos políticos, así como las consecuencias por incumplir esta obligación.

Respecto del propósito de las normas que regulan la obligación de que los partidos políticos presenten la documentación señalada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado con la clave SUP-RAP-021/2001, ha señalado lo siguiente:

“…los partidos políticos tienen el imperativo de presentar a la autoridad competente los documentos originales que sustenten la veracidad de lo reportado en sus informes anuales de ingresos y gastos..” (pág. 414)

“…la fotocopia es insuficiente para tener por acreditado el gasto por el monto pretendido, pues no tiene la fuerza de convicción para generar certeza sobre su contenido, por principio, por tratarse de una simple fotocopia..” (pág. 418)

De acuerdo con el criterio transcrito se puede concluir que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar la documentación que le solicite la Comisión de Fiscalización en original.

En cuanto al propósito de las normas que regulan la obligación de los partidos de presentar la documentación comprobatoria de sus egresos en original, la Sala Superior ha señalado que éstas tienen como objetivo principal otorgar certeza respecto del modo en que los institutos políticos manejan sus recursos.

A su vez, hace manifiesta la facultad que le asiste a la Comisión de fiscalización de solicitar a los órganos correspondientes de los partidos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; de modo que los partidos políticos están vinculados a tener a su disposición esos documentos, para exhibirlos a la Comisión de Fiscalización junto con el informe correspondiente, o en el momento en que le sean requeridos durante el período de revisión de los informes anuales.

De los criterios antes transcritos se pueden concluir cuatro situaciones principales: 1) el objeto de la norma es otorgar certeza respecto del manejo de los egresos de los recursos públicos con los que cuentan los partidos políticos; 2) la presentación de la documentación atinente en original, acorde con las disposiciones reglamentarias es ineludible; 3) la Comisión de Fiscalización tienen al facultad de requerir al partido en cualquier momento la documentación comprobatoria correspondiente para corroborar la veracidad de lo reportado en su informe anual; 4) el incumplimiento de esa obligación coloca al partido infractor en un supuesto de sanción.

El precedente judicial antes apuntado aporta criterios objetivos en tres ámbitos principales: 1) respecto de la forma en que deben interpretarse las normas aplicables al caso concreto; 2) sobre el alcance de las obligaciones jurídicas que tienen los partidos de presentar toda la documentación soporte de sus egresos en original conforme a lo dispuesto en la normatividad correspondiente, y; 3) respecto de las consecuencias jurídicas que tiene la inobservancia de esa obligación.

Debe tenerse en cuenta, que el criterio judicial antes transcrito son líneas de interpretación que han sido reiterados por el Tribunal Electoral en diversas ocasiones y que constituyen argumentos de autoridad en materia de fiscalización, ya que derivan de sentencias ejecutoriadas que ha emitido la máxima autoridad electoral jurisdiccional electoral en ejercicio de sus funciones, al estudiar y resolver sobre casos concretos respecto de la materia que nos ocupa. Por lo que su aplicación resulta no sólo útil sino necesaria.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de emitir acuerdos y resoluciones decisiones debidamente fundados y motivados. El acto de fundar surte sus efectos al momento que se invocan los artículos aplicables al caso concreto; la motivación se cumple cuando la autoridad explica de modo detallado los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevan a tomar una decisión determinada.

En este sentido, la aplicación de los criterios judiciales de mérito abonan en favor de que el asunto de cuenta se resuelva conforme a los instrumentos jurídicos atinentes, de modo que la resolución se funde y motive conforme a las disposiciones aplicables y los razonamientos lógico jurídicos correspondientes, situación que redunda en garantizar de modo efectivo la seguridad jurídica del justiciable.

En el caso concreto, la aplicación de los criterios judiciales transcritos redundan en favor de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad, y dan cumplimiento estricto a los principios de certeza y objetividad, pues en razón de la aplicación de los criterios judiciales de cuenta se elimina cualquier elemento subjetivo de interpretación, ya que la valoración del caso concreto se hace en función de criterios objetivos que la autoridad jurisdiccional emitió de modo previo, de forma que son conocidos con anterioridad tanto por la autoridad que en este momento los aplica, como por el partido al que le son aplicados.

Como se mencionó líneas arriba, el Tribunal Electoral ha señalado que el objeto de las normas que regulan la obligación de los partidos de presentar la documentación en original es otorgar certeza respecto del modo en que éstos manejan sus egresos acorde con las disposiciones reglamentarias, y; ubicar al partido en un supuesto de sanción en caso de que se acredite el incumplimiento de la obligación mencionada.

Los criterios transcritos resultan aplicables al caso concreto porque detallan con toda claridad el sentido que tienen las normas aplicables; el alcance que tiene la obligación de presentar dicha documentación a cargo de los partidos políticos; las facultades que tiene la Comisión para requerir cualquier información comprobatoria, así como la posibilidad de sancionar al partido en caso de que se incumpla con las obligaciones señaladas.

Esto es así porque de los criterios antes referidos se desprende de modo preciso el sentido y propósito de las normas aplicables al caso concreto.

Los criterios señalados otorgan claridad respecto de las normas aplicables al caso concreto, el alcance de las obligaciones a valorar y la consecuencia de la inobservancia de la normas que regulan la obligación apuntada, su aplicación es necesaria, dado que en virtud de ellos se puede analizar con toda claridad la irregularidad en que incurre el partido por no presentar la documentación comprobatoria en original solicitada por la autoridad fiscalizadora, y hace posible que la autoridad aplique las sanciones que considere convenientes en caso de que se acredite la presencia de una irregularidad.

Como se señala en el numeral 41 de las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar documentación soporte de su egresos en original, lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Como se apuntó el párrafo precedente, la violación en que incurre el partido tiene implicaciones legales y reglamentarias, y por ende la falta presenta aspectos formales y de fondo.

La violación a los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento tiene implicaciones meramente formales, ya que la irregularidad afecta únicamente al registro contable de ingresos y a la presentación de documentación soporte.

Como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo de presentar la documentación original y desatendió las solicitudes de información que formuló la Comisión de Fiscalización.

Tal conducta es contraria a lo dispuesto por el Reglamento de la materia, en tanto los partidos deben tener en su poder, oportunamente, la señalada documentación, en el caso concreto el partido faltó a dicha obligación, por lo que incurre en una falta de carácter formal.

La violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene implicaciones de fondo ya que la conducta desplegada por el partido impidió conocer el origen y destino de los recursos con los que cuenta para su operación ordinaria.

Esto es así porque el partido se abstuvo de entregar la documentación original que le fue solicitada y que estaba obligado a proporcionar, de modo que la Comisión de Fiscalización se vio en la necesidad de solicitar al instituto político la documentación atinente, a fin de conocer si la información que el partido entregaba en su informe anual era veraz.

No obstante lo anterior, el partido político omitió entregarla, lo que impidió conocer de modo cierto el origen y destino de los recursos del partido.

La siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN. (Se transcribe).

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, el mismo resulta ineludible, y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar la documentación original que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político incurrió en una falta de fondo.

El bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación comprobatoria en original que sustenten sus ingresos y egresos, de modo que la autoridad pueda conocer el origen de sus recursos, el modo en que fueron utilizados y el destino final que tuvieron.

En consecuencia, si el partido omitió presentar la documentación en original y desatendió el requerimiento formulado por la autoridad que los solicitaba, se rompe por completo con el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar lo solicitado, también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y se hace nugatorio el objeto mismo de la fiscalización: conocer de modo definitivo la forma en que el partido maneja sus recursos.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, máxime si se toma en cuenta que los documentos presentados en fotocopia, no generan la suficiente convicción sobre su contenido. En otros términos, la documentación original permite que la autoridad pueda determinar la forma en la que los partidos destinan los recursos con los que cuentan, de modo que la omisión en la presentación de dichos instrumentos impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, pues al no contar con ellos, la autoridad requiere invertir un mayor esfuerzo y dificultan la actividad fiscalizadora, que se lleva a cabo en plazos legales acotados, lo que eventualmente se traduce en la imposibilidad material de revisar a fondo el comportamiento financiero del partido político durante un determinado ejercicio.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como de grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable, pues tuvo la posibilidad de recabar la documentación original con la debida oportunidad.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus egresos.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el artículo 11.1 del Reglamento de la materia, establece de manera indubitable que la documentación que entreguen los partidos políticos para sustentar sus egresos debe ser original, razón por la que no es posible determinar que exista duda de la obligación que impone la citada norma. Adicionalmente, es claro que el partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el partido atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 361 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

t) En el Capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, en el numeral 45 se señala:

45. El partido no acreditó el origen de una transferencia recibida por el Comité Directivo Estatal de Jalisco por un monto de $190,000.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 8.4, 9.3 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Transferencias a Campañas Electorales Locales. (Artículo 10.1)

El partido reportó en su Informe Anual Transferencias Internas por un importe de $68,576,629.97, correspondientes a transferencias efectuadas por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Estatales a Campañas Locales, integrado por las siguientes cifras:

* Los estados que por este concepto no tuvieron transferencias, no aparecen en el cuadro

Revisión

La revisión de las transferencias a campañas electorales locales se realizó al 100%.

En relación con la revisión de las transferencias reportadas, se efectuó lo siguiente:

a)                 Se verificó que los recursos transferidos en efectivo por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Estatales a campañas locales se depositará en cuentas destinadas expresamente para ello.

b)     Adicionalmente, se verificó que las transferencias se encontraban soportadas con las pólizas de cheques correspondientes, los recibos internos expedidos por el Comité correspondiente y la respectiva documentación comprobatoria.

De la verificación efectuada a los saldos de la cuenta “Transferencias a Campañas Electorales Locales” reflejados en las Balanzas de Comprobación al 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Directivos Estatales, se observó el registro de transferencias de recursos federales a campañas electorales locales. A continuación se detallan las transferencias en comento:

Sin embargo, el partido omitió proporcionar todas las Balanzas de Comprobación mensuales de las campañas locales correspondientes a las entidades federativas en comento, en las cuales controla contablemente los gastos de campaña local realizados con los recursos federales transferidos, así como la totalidad de los estados de cuenta bancarios de las cuentas que se aperturaron para realizar erogaciones en las campañas locales con recursos federales.

Por lo anterior, se solicitó al partido que presentara la totalidad de las Balanzas de Comprobación mensuales y los estados de cuenta bancarios antes señalados, en ambos casos por un lapso de tiempo de por lo menos un mes antes y hasta un mes después del periodo de campaña, así como los auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos y las correspondientes pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 16.5, incisos a) y b),19.2, 24.3, 24.5 y 24.6, del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada al partido político, mediante oficio No. STCFRPAP/695/04 de fecha 16 de junio de 2004, y recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0153/04 de fecha 30 de junio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto a la solicitud de presentar la totalidad de las Balanzas de Comprobación mensuales, cubriendo al menos un mes antes y un mes después de los periodos de campaña, mediante (...), se remiten las balanzas mensuales de las campañas locales, de los meses previos al periodo de campaña. En el entendido de que los movimientos en las balanzas aparecen a partir de las aperturas de las cuentas bancarias respectivas; asimismo, se informa que las balanzas de comprobación de los meses siguientes, se remitieron a esa autoridad en el Anexo II, apartado 1, del oficio SAF/0152/04 de fecha 18 de junio de 2004.

En el caso de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos y las correspondientes pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, se informa lo siguiente:

(...), se remiten los auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos de las campañas locales de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

(...), se remiten los estados de cuenta bancarios relativos a las cuentas bancarias utilizadas en las Campañas Locales.

Asimismo, se hace entrega de las pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, expedida a nombre del partido y de conformidad con el artículo 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; dicha documentación se encuentra ordenada en 23 carpetas que hacen un total de 983 pólizas, de las cuales 53 corresponden a pólizas de ingresos, 781 a pólizas de egresos y 149 a pólizas de diario, tal como se muestra en relación anexa.

Adicionalmente, (...), se remite el control de folios CF-REPAP y la relación de las personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas en la Campaña Local de Sonora”.

De la revisión a la documentación proporcionada por el partido se observó que presenta la totalidad de las Balanzas de comprobación, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios utilizados para las campañas locales, pólizas de ingresos, egresos y diario, así como la documentación soporte. Por tal motivo, la observación se consideró subsanada.

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada a la autoridad electoral, se detectaron una serie de observaciones, las cuales se señalan en el punto siguiente así como en el apartado “Gastos de Campañas Electorales Locales”. Dichas observaciones son el resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

Transferencias en Efectivo

Jalisco

De la revisión efectuada a la cuenta “Transferencias de Recursos no Federales”, subcuenta “Comité Directivo Prerrogativas Locales”, se observó el registro de una póliza que carece de su respectivo recibo interno. A continuación se señala la póliza en comento:

Anexo a la póliza citada, se presenta la hoja 1 que dice: “Partido Revolucionario Institucional CEEJ 2002 y 2003 diario cronológico del 02/07/2003 al 02/07/2003” que entre otros datos menciona como concepto “Traspaso del CEN”, por lo cual la autoridad electoral no tiene la certeza de si se trata de recursos locales o federales. Adicionalmente no fue posible identificar el origen de dichos recursos ya que no presentó los estados de cuenta bancarios, de la cuenta de la que salió la transferencia. Por lo antes expuesto, el partido incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 8.4, 9.3 y 19.2 del Reglamento de la materia.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales; 8.4 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadota Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, toda vez que el partido omitió presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00.

Los artículos en comento señalan lo siguiente:

El artículo 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es obligación de los partidos políticos nacionales entregar la documentación que la propia Comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos, mientras que el artículo 8.4 del Reglamento de la materia, señala que todas las transferencias de recursos que se efectúen conforme a lo establecido en este artículo deberán estar registradas como tales en la contabilidad del partido, y deberán conservarse las pólizas de los cheques correspondientes junto con los recibos internos que debe expedir el órgano del partido, organización adherente, fundación o instituto de investigación que reciba los recursos transferidos. Adicionalmente, el artículo 19.2 del mismo Reglamento dispone que los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 8.4 del Reglamento de la materia establece los siguientes supuestos: 1) la obligación de los partidos políticos de registrar todas las transferencias de recursos que se efectúen conforme al propio artículo; 2) la obligación de conservar las pólizas de los cheques correspondientes junto con los recibos internos; 3) que los recibos interno correspondientes sean expedidos por el órgano de finanzas del partido, organización adherente, fundación o instituto de investigación que reciba los recursos transferidos.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas. En primer lugar, las obligaciones a cargo de los partidos políticos de justificar sus ingresos, consisten en lo siguiente: 1) la obligación de los partidos políticos nacionales de reportar en el informe anual los ingresos totales obtenidos durante el ejercicio objeto del informe; 2) la obligación de los partidos políticos de registrar todas las transferencias de recursos; 3) la obligación de conservar las pólizas de los cheques correspondientes junto con los recibos internos; y, 4) que los recibos internos correspondientes sean expedidos por el órgano de finanzas del partido, organización adherente, fundación o instituto de investigación que reciba los recursos transferidos.

En segundo lugar, regula las facultades de la Comisión de Fiscalización para solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de “hacer” que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00.

El artículo 8.4 del Reglamento de la materia, es aplicable al caso concreto, toda vez que en razón de éste se puede valorar con certeza el grado de cumplimiento que dio el partido a su obligación de presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00.

A su vez, lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), del Código Comicial, en relación con lo que establece el artículo 19.2 del Reglamento, resultan aplicables para determinar tres situaciones específicas: 1) si el partido permitió que la autoridad fiscalizadora llevara a cabo todas las auditorias y verificaciones para corroborar la veracidad de lo reportado; 2) conocer si el partido permitió el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos, y; 3) determinar si no existió obstrucción o impedimento a cargo del partido político respecto de la facultad que asiste a la autoridad fiscalizadora para solicitar en todo momento la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, respecto de su obligación de presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00; así como de de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello, se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la misma, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria en el desarrollo de las auditorias.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes, por cuanto entidad de interés público.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos emplean sus recursos, en el presente caso a través del recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal que recibió los recursos transferidos.

Como se indica en el numeral 45 de las Conclusiones Finales, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00 , lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales; 8.4 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Por lo tanto, el partido incumple diversos dispositivos, tanto de carácter legal como de carácter reglamentario, toda vez que la violación a los artículos citados en el párrafo que antecede trae como consecuencia que la Comisión de Fiscalización se vea imposibilitada para conocer el destino de los recursos del partido, ya que como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo de presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00, motivo de la observación de dicha Comisión, desatendiendo la solicitud de información que se le formuló.

Como se apuntó párrafos arriba, la Comisión ha señalado que las normas que regulan la presentación de la documentación soporte de todos los egresos que realicen los partidos políticos, tienen el propósito de conocer la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual.

Por lo tanto, si el partido se abstuvo de cumplir con su obligación de hacer, consistente en presentar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos por un importe de $190,000.00, desatendiendo además el requerimiento de la autoridad electoral, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, toda vez que no sólo se incumple con su obligación de presentar tal documentación, sino también de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, impidiendo que esta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad, y conozca de modo fehaciente la legalidad del uso y destino que el partido dio a sus recursos en el ejercicio que se revisa, de modo que la irregularidad detectada no permite concluir si efectivamente fueron destinados a cumplir con el objeto partidista del instituto político, por cuanto entidad de interés público.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, observó que dicha irregularidad fue resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

En ese sentido, no hay duda que el partido político tenía la obligación de entregar el recibo interno expedido por el órgano de finanzas del Comité Directivo Estatal de Jalisco que recibió los recursos transferidos, lo que en la especie no sucedió.

Cabe aclarar que la ley señala plazos y términos fijos previamente establecidos dentro de los cuales la autoridad electoral debe llevar a cabo el estudio de la documentación proporcionada por los partidos políticos en el procedimiento de revisión de los informes anuales, sin que sea admisible la prórroga de dichos plazos. Así, al concluir la tercera etapa del procedimiento, es decir, finalizado el plazo de sesenta días para revisar dichos informes no se permite comunicar irregularidades diversas a las originalmente notificadas, sin que se óbice que la autoridad encuentre irregularidades derivadas de la documentación entregada por los partidos, las cuales pueden ser sancionadas.

Esto es así, pues de lo contrario se permitiría a los partidos políticos la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a su informe anual una vez que haya finalizado el plazo de los sesenta días y por ese simple hecho colocar a la autoridad en imposibilidad de aplicar las sanciones que se deriven de su revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL. (Se transcribe).

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, máxime si se toma en cuenta que la omisión del Partido Revolucionario Institucional de entregar la documentación comprobatoria del gasto observado, se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual. En otros términos, la falta de documentación original que acredite el gasto que el partido dice haber realizado, no permite que la autoridad tenga la plena certeza sobre el uso y destino de dicho egreso y, por tanto, le impide determinar la forma en la que el partido integró su patrimonio y, en particular, el uso y destino de los recursos con los que contó, de modo que la omisión en la presentación de los referidos documentos, imposibilita a la Comisión para verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, como quedó anotado.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes. Adicionalmente, es claro que el partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el partido atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en 1305 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

w) En el numeral 49 del capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, se señala:

49. Se observaron facturas por un importe de $43,298.23, por concepto de adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 “Gastos por Amortizar”, no presentó kardex ni notas de entrada y salida.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 13.2, 13.3 y 13.4 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

De la verificación efectuada a los saldos de la cuenta “Transferencias a Campañas Electorales Locales” reflejados en las Balanzas de Comprobación al 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Directivos Estatales, se observó el registro de transferencias de recursos federales a campañas electorales locales.

Sin embargo, el partido omitió proporcionar todas las Balanzas de Comprobación mensuales de las campañas locales correspondientes a las entidades federativas en comento, en las cuales controló contablemente los gastos de campaña local realizados con los recursos federales transferidos, así como la totalidad de los estados de cuenta bancarios de las cuentas que se aperturaron para realizar erogaciones en las campañas locales con recursos federales.

Por lo anterior, se solicitó al partido que presentara la totalidad de las Balanzas de Comprobación mensuales y los estados de cuenta bancarios antes señalados, en ambos casos por un lapso de tiempo de por lo menos un mes antes y hasta un mes después del periodo de campaña, así como los auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos y las correspondientes pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 16.5, incisos a) y b),19.2, 24.3, 24.5 y 24.6, del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada al partido político, mediante oficio No. STCFRPAP/695/04 de fecha 16 de junio de 2004, y recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito No. SAF/0153/04 de fecha 30 de junio de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto a la solicitud de presentar la totalidad de las Balanzas de Comprobación mensuales, cubriendo al menos un mes antes y un mes después de los periodos de campaña, mediante (...), se remiten las balanzas mensuales de las campañas locales, de los meses previos al periodo de campaña. En el entendido de que los movimientos en las balanzas aparecen a partir de las aperturas de las cuentas bancarias respectivas; asimismo, se informa que las balanzas de comprobación de los meses siguientes, se remitieron a esa autoridad en el Anexo II, apartado 1, del oficio SAF/0152/04 de fecha 18 de junio de 2004.

En el caso de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos y las correspondientes pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, se informa lo siguiente:

(...), se remiten los auxiliares contables a último nivel de las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Egresos de las campañas locales de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

(...), se remiten los estados de cuenta bancarios relativos a las cuentas bancarias utilizadas en las Campañas Locales.

Asimismo, se hace entrega de las pólizas contables con su respectiva documentación soporte en original, expedida a nombre del partido y de conformidad con el artículo 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; dicha documentación se encuentra ordenada en 23 carpetas que hacen un total de 983 pólizas, de las cuales 53 corresponden a pólizas de ingresos, 781 a pólizas de egresos y 149 a pólizas de diario, tal como se muestra en relación anexa.

Adicionalmente, (...), se remite el control de folios CF-REPAP y la relación de las personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas en la Campaña Local de Sonora”.

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada a la autoridad electoral, se detectaron una serie de observaciones que son el resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta al requerimiento previo. Dentro de las observaciones mencionadas se encontró lo siguiente:

En las subcuentas “Bardas”, “Presidente Municipal” y “Otros Similares”, se observaron facturas por concepto de adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 “Gastos por Amortizar”, ni proporciona el kardex y las notas de entrada y salida de almacén, debidamente llenados, las facturas en comento se señalan a continuación:

Por lo anterior, el partido incumplió con lo establecido en los artículos 13.2, 13.3 y 13.4 del Reglamento de la materia.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo previsto en los artículos 13.2, 13.3 y 13.4 del Reglamento aplicable.

Artículo 13.2

“Para efectos de la propaganda electoral, la propaganda utilitaria y las tareas editoriales, se utilizará la cuenta “gastos por amortizar” como cuenta de almacén, abriendo las subcuentas que requieran. Tanto en estas cuentas, como en las correspondientes a materiales y suministros, en caso de que los bienes adquiridos sean adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, deberá llevarse un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe. Se debe llevar un control físico adecuado a través de kardex de almacén y hacer cuando menos un levantamiento de inventario una vez al año, que podría ser al mes más próximo al cierre del ejercicio”.

Artículo 13.3

“Las erogaciones por concepto de adquisiciones de materiales, propaganda electoral y utilitaria, deberán registrarse y controlarse a través de inventarios. Las salidas de estos materiales deberán ser identificadas específicamente en las campañas políticas que los soliciten, con objeto de aplicar el gasto por este concepto en cada una de ellas. Asimismo, se deberá indicar cuando los partidos políticos realicen compras para varias campañas. En caso de que un evento específico donde se distribuyan este tipo de bienes tenga relación con las campañas de diversos candidatos, deberá utilizarse el criterio de prorrateo establecido en el artículo 12.6”.

Artículo 13.4

“En caso de que un partido político determine llevar los controles de que hablan los párrafos anteriores a través de sus comités estatales u órganos equivalentes, cada uno de ellos deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el presente artículo”.

La obligación contenida en el artículo 13.2 de mencionado Reglamento, se impone con la finalidad de contar con un mayor numero de elementos para la verificación de lo reportado en los informes, pues, tratándose de la propaganda electoral, utilitaria y tareas editoriales deben registrarse en cuentas denominadas “gastos por amortizar” como cuenta de almacén, a efecto de que en dichas cuentas, en caso de que los bienes adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, lleven un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe, y llevar un control físico a través de kardex de almacén, es decir, la norma reglamentaria impone actividades específicas para el control de esos bienes, ello con el objeto de que la autoridad cuente con los elementos suficientes para corroborar que lo reportado por el partido político efectivamente sea lo que se llevó a cabo, lo que no sucede en el apartado específico que se analiza.

La finalidad que persiguen los artículos 13.2 y 13.3 es que la autoridad electoral pueda tener el control, a través de los inventarios que deben realizar los partidos, de recursos que son invertidos por éstos en la compra de materiales destinados a la propaganda utilitaria y a las tareas editoriales, así como de propaganda electoral. Dichos materiales no deben ser considerados gastos en tanto el partido no compruebe plenamente su destino final, de ahí que la cuenta se denomine “Gastos por Amortizar”.

Por último el artículo 13.4 impone la obligación para los partidos políticos de llevar controles en sus comités estatales u órganos equivalentes y ajustarse a los requisitos del artículo 13, obligación que debió cumplir en sus términos el Partido Revolucionario Institucional, pues la irregularidad se deriva de las transferencias que se realizaron a diversas entidades federativas.

La Comisión de Fiscalización no pudo tener certeza de la existencia de cada uno de los bienes consignados, ni del destino final de los mismos, pues debido a la falta del partido no pudo conocer las notas de entrada y salida, así como los kardex que se utilizan para su control, es decir, el origen y destino, así como tener conocimiento de quien fue la persona que los entregó y recibió e identificar específicamente las campañas políticas beneficiadas.

Es importante destacar que los documentos contables que se señalan en el Reglamento, para el control de la propaganda electoral y utilitaria, así como las tareas editoriales, se imponen con el único objeto de que tanto el partido, como la autoridad electoral al momento de revisar el manejo de los recursos públicos, tengan un esquema perfectamente definido de dónde y cómo se utilizan los recursos que el partido eroga para la adquisición de los bienes destinados a utilizarse en varias campañas, controlando estos bienes a través de inventarios.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, observó que dicha irregularidad fue resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido político en respuesta a un requerimiento previo.

En ese sentido, no hay duda que el partido político tenía la obligación de entregar la documentación solicitada con los documentos contables que el Reglamento establece, que en el caso lo constituyen las notas de entrada y salida, así como los kardex correspondientes, lo que en la especie no sucedió.

Cabe aclarar que la ley señala plazos y términos fijos previamente establecidos dentro de los cuales la autoridad electoral debe llevar a cabo el estudio de la documentación proporcionada por los partidos políticos en el procedimiento de revisión de los informes anuales, sin que sea admisible la prórroga de dichos plazos. Así, al concluir la tercera etapa del procedimiento, es decir, finalizado el plazo de sesenta días para revisar dichos informes no se permite comunicar irregularidades diversas a las originalmente notificadas, sin que se óbice que la autoridad encuentre irregularidades derivadas de la documentación entregada por los partidos, las cuales pueden ser sancionadas.

Esto es así, pues de lo contrario se permitiría a los partidos políticos la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a su informe anual una vez que haya finalizado el plazo de los sesenta días y por ese simple hecho colocar a la autoridad en imposibilidad de aplicar las sanciones que se deriven de su revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL. (Se transcribe).

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, en tanto no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los egresos del partido, sin embargo, la norma reglamentaria establece la obligación de que los documentos que dan soporte a la información deben llevarse tal y como se establece, a fin de dar certeza a la autoridad fiscalizadora de que lo reportado es realmente lo que se realizó y por los medios idóneos, pues actuar de otra forma puede provocar confusión en los ingresos que no se hayan registrado correctamente e impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, máxime si se toma en cuenta que dichas notas son el mecanismo contable que sirve para el debido control de las entradas y salidas de los bienes sujetos a revisión. En otros términos, los kardex y las notas de entrada y salida permite que la autoridad pueda determinar el destino de los bienes que integran patrimonio del partido y, en particular, el origen y destino de los recursos con los que cuentan, de modo que la omisión en la presentación de dichos instrumentos contables impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, pues al no contar con ellos, la autoridad requiere invertir un mayor esfuerzo, en plazos legales acotados, lo que eventualmente se traduce en la imposibilidad material de revisar a fondo el comportamiento financiero del partido político durante un determinado ejercicio.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables. Para sostener tal afirmación, esta autoridad toma en cuenta el hecho de que el partido político presenta en el Dictamen Consolidado cinco observaciones respecto a la omisión de presentar kardex y notas de entrada y salida, de la documentación soporte de sus egresos, con lo cual esta autoridad no tuvo certeza del destino de los recursos del partido.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que el partido político cuenta con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su registro luego de las pasadas elecciones celebradas el 6 de julio de 2003, y recibió como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Instituto Federal Electoral, para el año 2004, un total de $550,797,172.79 como consta en el acuerdo número CG03/2004 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al Partido Revolucionario Institucional en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en multa de 2,000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Las razones expuestas por la responsable son idénticas a las del inciso w), y sólo varía lo siguiente:

x) En las subcuentas ‘Mantas’ y ‘Propaganda Utilitaria’, se observó el registro de dos pólizas por un importe de ciento veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, cuarenta centavos, que presentaban como soporte documental facturas por concepto de adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 Gastos por Amortizar, no proporcionó Kardex ni notas de entrada y salida. Las pólizas son las siguientes:

aa) En la subcuenta Propaganda Utilitaria, se observó el registro de facturas por concepto de la adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 Gastos por Amortizar, no proporcionó Kardex ni notas de entrada y salida por un importe total de trescientos veintitrés mil setecientos cuarenta y nueve pesos veinte centavos. Las facturas son las siguientes:

ac) En las subcuentas Propaganda Utilitaria y Otros Similares, se observó el registro de facturas por concepto de la adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 Gastos por Amortizar, no proporcionó Kardex ni notas de entrada y salida por un importe total de un millón trescientos nueve mil ciento cuarenta y seis pesos noventa y seis centavos.

Se fijó una multa consistente en cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

af) En la subcuenta Propaganda Utilitaria, se observaron facturas por un total de tres millones trescientos veintitrés mil quinientos pesos por concepto de la adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 Gastos por Amortizar, no proporcionó Kardex ni notas de entrada y salida.

ai) Se observó una factura por un total de trece mil ochocientos pesos, por concepto de la adquisición de bienes susceptibles de inventariarse, que no se controlaron en la cuenta 105 Gastos por Amortizar, no proporcionó Kardex ni notas de entrada y salida.

ah) En el numeral 60 del capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, se señala:

60. Se localizó el registro de pólizas que tienen como soporte documental comprobantes de gastos en fotocopia, por un importe total de $ 5,058,624.81, como se señala a continuación:

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

De la verificación efectuada a los saldos de la cuenta “Transferencias a Campañas Electorales Locales” reflejados en las Balanzas de Comprobación al 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Directivos Estatales, se observó el registro de transferencias de recursos federales a campañas electorales locales. A continuación se detallan las transferencias en comento: