RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-516/2011

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

México, Distrito Federal, a nueve de noviembre de dos mil once.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-516/2011, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Nueva Alianza, contra el punto 2.7 la resolución CG303/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que se sancionó entre otros al partido recurrente por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil diez; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo expuesto por el apelante en su escrito inicial, y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

a) El veintinueve de marzo de dos mil once, el Partido Nueva Alianza, presentó el informe anual de ingresos y egresos del ejercicio dos mil diez, en consecuencia, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, procedió a su análisis y revisión.

b) Los días veintisiete de junio y veintidós de agosto del presente año, se llevaron a cabo confrontas entre la Unidad de Fiscalización y el Partido Nueva Alianza respecto a la revisión de su informe anual.

c) El veintisiete de septiembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG303/2011 en la que se sancionaron las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil diez, entre ellos las correspondientes al Partido Nueva Alianza, contenidas en el considerando 2.7 y los resolutivos respectivos.

II. Recurso de Apelación. Inconforme con la determinación mencionada, el tres de octubre de dos mil once, el Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Luis Antonio González Roldán, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la demanda del presente recurso de apelación.

III. Tramitación. Previos trámites de ley, la Secretaría Ejecutiva citada remitió el medio impugnativo aludido a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se recibió el diez de octubre pasado.

IV. Turno. El diez de octubre de dos mil once, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior, dictó acuerdo en el que con las constancias recibidas ordenó integrar el expediente SUP-RAP-516/2011 y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos señalados en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio de la misma fecha, identificado con el número TEPJF-SGA-13346/11, signado por el Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado, de la misma fecha.

V. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación y, al no existir diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada su instrucción, con lo que quedaron los autos en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 44, apartado 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por un partido político nacional, contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, relacionada con la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los institutos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio dos mil diez.

SEGUNDO. Procedibilidad. El recurso de apelación cumple con los requisitos de procedibilidad previstos al efecto en la legislación adjetiva de la materia, acorde con lo siguiente:

Requisitos de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda se presentó ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre del recurrente, su domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que el actor estima le causa el acto reclamado, además de que el medio impugnativo cuenta con el nombre y la firma autógrafa del representante de la apelante.

Sobre el particular, es menester señalar que, en relación con el requisito consistente en que el medio impugnativo sea presentado ante la responsable, en la especie, el mismo se encuentra satisfecho aun cuando el presente recurso de apelación haya sido recibido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, y con él se impugne una resolución emanada del Consejo General del mismo instituto.

Esto, toda vez que, en atención a que el Secretario Ejecutivo es igualmente Secretario del Consejo General, tal como lo establecen los artículos 115, numeral 2, y 125, apartado 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a éste corresponde recibir y dar trámite legal a los medios de impugnación que se interpongan contra los actos o resoluciones del Consejo General aludido, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, apartado 1, inciso f) del ordenamiento legal en cita.

En este orden de ideas, toda vez que, en el caso, la autoridad señalada como responsable es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, es evidente que el requisito en comento se encuentra satisfecho, ya que el recurso de apelación fue interpuesto ante la Secretaría de dicho órgano.

Oportunidad. El presente recurso se interpuso dentro del plazo legal conferido al efecto, pues el acto impugnado consiste en la resolución CG303/2011, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el veintisiete de septiembre de dos mil once, mientras que la demanda atinente fue presentada el tres de octubre siguiente, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles a que se refiere el artículo 8 de la ley adjetiva electoral, toda vez que, el término respectivo corrió a partir del veintiocho de septiembre y hasta el día treinta de ese mismo mes en que se interrumpió por que los días primero y dos de octubre por ser sábado y domingo, reanudándose el día tres citado.

Legitimación y personería. El recurso de apelación fue interpuesto por el Partido Nueva Alianza, por conducto de Luis Antonio González Roldán, quien es su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personalidad que demuestra con copia certificada de la acreditación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

Además de lo anterior, debe señalarse que, en la especie, la personería de Luis Antonio González Roldán fue reconocida por la responsable al rendir su informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, es evidente que, en la especie, se encuentran satisfecho el requisito de mérito, atento a lo dispuesto en el inciso a), del apartado 1, del artículo 45, en relación con el 13, apartado 1, inciso a), fracción I, ambos del ordenamiento legal antes invocado.

Interés jurídico. En el presente medio impugnativo se controvierte la resolución CG303/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se impusieron, entre otras, diversas sanciones al recurrente, al haberse encontrado irregularidades en la revisión de su informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil diez, mismas que estima lesiva de sus derechos.

En este escenario, la presente vía es la idónea y resulta ser útil, en caso de que se determinara la ilegalidad el acto reclamado, para restituir al promovente en el pleno goce de sus derechos, acorde con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, en relación con el diverso numeral 47, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, es evidente que en la especie se surte el requisito mencionado.

Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad porque, para impugnar la resolución combatida en esta instancia, no se prevé algún medio de defensa diverso que pudiera revocarlo, anularlo o modificarlo.

Al estar colmados los requisitos de procedencia indicados, lo conducente es emprender el estudio de la controversia planteada, previa transcripción de la resolución impugnada y de los agravios expuestos en su contra.

TERCERO. Resolución impugnada. En sesión extraordinaria de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG303/201, en los siguientes términos:

“2.7. PARTIDO NUEVA ALIANZA.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en el Informe Anual del aludido partido político correspondiente al ejercicio 2010, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Conviene mencionar que el estudio de las diversas irregularidades que se consideren formales se hará en un solo apartado englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de ingresos y gastos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Nueva Alianza, son las siguientes:

a) 17 faltas de carácter formal: conclusiones 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 39, 41, 46, 48, 50, 52 y 53. Asimismo, se ordenan iniciar un procedimiento oficioso en relación con los hechos relatados en la conclusión 8;

b) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 34;

c) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 36;

d) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 49;

e) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 50;

f) Iniciar un procedimiento oficioso en relación con los hechos relatados en la conclusión 35;

g) Iniciar un procedimiento oficioso en relación con los hechos relatados en la conclusión 58;

h) Se ordena dar una vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace a la conducta descrita en la conclusión 18;

i) Se ordena dar una vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace a la conducta descrita en la conclusión 19;

j) Se ordena dar una vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace a la conducta descrita en la conclusión 55, y

k) Se ordena dar una vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace a la conducta descrita en la conclusión 56.

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas.

INGRESOS

Bancos

Conclusión 8

“El Partido omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias de la cuenta No.156151140, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2010.”

Conclusión 9

“El partido informó de la apertura de 25 cuentas bancarias fuera del plazo establecido en la normatividad.”

Conclusión 10

“El partido omitió presentar la tarjeta de firmas de la cuenta bancaria
No. 074013780025 de la institución Banco Regional de Monterrey, S.A. (BANREGIO)”

EGRESOS

Gastos en Actividades Permanentes

Conclusión 21

“En el rubro “Servicios Generales” se observó un cheque que carece de la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario” por $89,600.00, como a continuación se detalla:

(...)”

Conclusión 22

“En el rubro “Servicios Generales” se observaron 3 facturas expedidas con fecha posterior a la vigencia de dichos comprobantes por un monto total de $10,319.98.”

Conclusión 23

“En el rubro “Servicios Generales” se observaron 10 recibos por concepto de consumo de energía expedidos a nombre de un tercero y no a nombre del partido por un importe total de $168,579.00 (26,507.00+142,072.00), los cuales se detallan a continuación:

(…)”

Conclusión 24

“El partido omitió presentar comprobantes de gastos con la totalidad de los requisitos fiscales por un monto de $633.63.”

Juntas Ejecutivas Estatales

Egresos Guanajuato

Servicios Generales

Conclusión 29

“El partido presentó una factura expedida fuera del periodo de revisión por un monto de $1,368.99.”

Egresos Yucatán

Servicios Generales

Conclusión 30

“El partido omitió presentar un comprobante con requisitos fiscales por un monto de $784.00.”

Conclusión 31

“El partido presentó un cheque que carece de la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario” por un importe $10,000.00.”

Pasivos

Conclusión 39

“El partido omitió presentar documentación soporte, respecto al origen de un saldo que se encuentra justificado con excepción legal, por un importe de $244,392.11”.

Conclusión 41

“En el rubro de “Cuentas por Pagar” y “Anticipo para Gastos” se identificó que el partido no presentó la integración detallada y la documentación que soporte  el origen de un pasivo por la cantidad de $1, 944,000.00”.

Conclusión 46

“El partido no presentó la integración detallada del saldo y la documentación que da origen al pasivo por un importe de $99, 039.50.”

Conclusión 48

“El partido no presentó la integración detallada y la totalidad de la documentación de una cuenta acreedora sancionada en ejercicios anteriores, por un importe de $49,371.93.”

Conclusión 50

“El partido no presentó la integración detallada y documentación que soporta el origen de un pasivo, no liquidado con una antigüedad mayor a un año, respecto del cual, no presentó la documentación de su pago o en su caso las excepciones legales correspondientes, por lo que se considera un ingreso no comprobado, por un importe de $31,000.00.”

Conclusión 52

“El partido emitió 5 cheques por la cantidad total de $7’379,064.00 que carecen de la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario.”

Conclusión 53

…

Conclusión 50

Por lo que se refiere al “Saldo inicial generado en 2009”, detallado en la columna (D) del Anexo 9 del Dictamen (Anexo 1 del Oficio UF-DA/4475/11), se procedió a revisar los auxiliares contables de las diversas subcuentas que integran el saldo de las cuentas “Proveedores”, “Cuentas por Pagar” y “Acreedores Diversos”, determinando las deudas con una antigüedad mayor a un año y que al 31 de diciembre de 2010, no fueron liquidadas. Los casos en comento se detallan a continuación:

Conviene señalar que al contar con una antigüedad mayor a un año, dichos pasivos deben estar soportados, de no ser así, serán considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informara oportunamente de la existencia de alguna excepción legal, de conformidad con el artículo 28.11 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/4475/11 de 27 de junio de 2011, se solicitó al partido presentara lo siguiente:

       Las pólizas contables que amparan el saldo al 31 de diciembre de 2010.

       La documentación que soportara dichos pasivos debidamente autorizados por la persona designada por el partido.

       Una relación detallada con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento.

       En su caso, las garantías o aval otorgados para el crédito.

       En caso de que fueran pasivos pagados con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión; las pólizas con la documentación soporte respectiva, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la póliza que le dio origen.

       En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por pagar en cuestión.

       Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.10, 28.11 y 32.1 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/037 de 11 de julio de 2011, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“…Con relación a esta observación de la autoridad, en breve estaremos entregando la documentación solicitada…”

Sin embargo, el partido no dio contestación al oficio UF-DA/4475/11 ni presentó documentación alguna.

En este sentido, mediante oficio UF-DA/5174/11 de 16 de agosto de 2011, se le solicitó nuevamente al partido presentara la documentación y las aclaraciones señaladas anteriormente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.10, 28.11 y 32.1 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/051 de 23 de agosto de 2011, el partido presentó diversa información y documentación, a continuación se analizan los casos en comento:

En este sentido por lo que hace al caso identificado con (3) en la columna “REFERENCIA” del cuadro que antecede, el partido no manifestó ni presentó documentación alguna, por lo que la observación no quedó subsanada por la cantidad de $31,000.00 por no presentar la integración y pólizas de origen y contar con una antigüedad mayor a un año.

En consecuencia, al no presentar la integración  detallada y documentación del origen de un pasivo, no liquidado con una antigüedad mayor a un año, por un importe de $31,000.00; el Partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 18.4 del Reglamento de la materia.[1]

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión de los informes anuales correspondiente al ejercicio 2010, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas.

…

Sin embargo, toda vez que al citado partido político, se le asignó como financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil once, recursos por la cantidad total de $213’633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.), aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente resolución. Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido Nueva Alianza está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Ley Fundamental y la ley electoral.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción consistente en una reducción del 3%, mensual de las ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que le correspondan, hasta completar la cantidad de $1’582,507.17 (un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos siete pesos 17/100 M.N.), que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la conclusión sancionatoria 34 lo siguiente:

Conclusión 34

“En los rubros ‘Cuentas por Cobrar’ y ‘Anticipos para Gastos’ existen saldos al 31 de diciembre de 2010 con antigüedad mayor a un año no comprobados, considerados en ejercicios anteriores como ‘Saldos con Excepción Legal no Sancionados’ por un monto total de $28,700.00; sin embargo, el partido no presentó la documentación que soporte dichas excepciones o, en su caso, la comprobación o recuperación de los mismos; por lo que se consideran como gastos no comprobados.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 34

Respecto de la columna “Saldos Observados en el 2009 con Excepción Legal no Sancionados”, identificados con la letra “H” del anexo 1 del oficio UF-DA/5175/11 por $3’916,700.00, correspondió a un saldo del prestador de servicios “Alcort y Asociados Comercializadora, S.A. de C.V.”, así como a saldos de cheques en demanda judicial por lo cual en el ejercicio 2010, no se realizó comprobación o recuperación alguna, como se indica a continuación:

Referente a la demanda judicial por cheques y a la demanda en contra del proveedor “Alcort y Asociados Comercializadora, S.A. de C.V.” presentadas en el ejercicio 2009, el partido omitió proporcionar la documentación que mostrara el seguimiento que se le hubiera dado durante el ejercicio 2010.

En consecuencia, considerando que el artículo 28.9 del Reglamento de la materia, establece que si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar” y “Anticipo a Proveedores”, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos saldos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente la existencia de alguna excepción legal; por lo que el 27 de junio de 2011, mediante oficio UF-DA/4476/11, se solicitó al partido lo siguiente:

      Indicara la situación que guardaban las citadas demandas, identificando cada una y proporcionando la documentación que sustentara la respuesta.

      Indicara el tiempo estimado para su recuperación.

      Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k), en relación con el 81, numeral 1, inciso f) del Código de la materia; así como el 23.2 y 28.9 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/036 de 11 de julio de 2011, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con relación a esta observación de la autoridad, (…) presentamos:

-       Expediente de la denuncia judicial por el robo y cobro de cheques por la cantidad de $28,700.00. 

-       Expediente del juicio entre Nueva Alianza y Alcort y Asociados Comercializadora S.A. de C.V;  En éste se incluye copia de la sentencia a nuestra favor y en la que se condena a la parte actora a pagar gastos y costas; pero que también deja a salvo los derechos para que Alcort y Asociados Comercializadora ejercite nuevamente esta acción en nuestra contra.

Asimismo comentamos que, para el caso de Alcort y Asociados, estamos en espera de obtener sentencia definitiva aproximadamente en el mes de septiembre del presente.”

Visto lo anterior y de la revisión a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:

I.     En relación a la partida señalada con (1) en la columna “REFERENCIA” del cuadro que antecede, el partido presentó copias simples de la denuncia de hechos relacionada con el robo de cheques presentada el 14 de abril de 2009; cartas de cancelación de las cuentas bancarias a las que pertenecían dichos cheques, correspondientes al ejercicio 2008, por un total de $28,700.00; así como la copia simple de la notificación de 16 de junio del 2010, al Lic. Eduardo Guzmán Romero como apoderado del partido; sin embargo, resultó necesario que presentara la documentación en copia certificada en donde mostrara el estado procesal que presentaba la denuncia de referencia.

Es importante señalar que el artículo 28.9 del Reglamento de la materia, establece que si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar” y “Anticipo a Proveedores”, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos saldos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente la existencia de alguna excepción legal,

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5175/11, de 16 de agosto de 2011, se solicitó al partido lo siguiente:

      Indicara e informará la situación que guardaba la citada denuncia identificando y proporcionando la documentación en copia certificada que sustentara la respuesta.

      Indicara el tiempo estimado para su recuperación.

      Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k), en relación con el 81, numeral 1, inciso f) del Código de la materia; así como el 23.2 y 28.9 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/052 de 23 de agosto de 2011, el partido dio contestación al oficio antes citado; sin embargo, referente a este punto omitió presentar documentación o aclaración alguna.

Por lo anterior, se determinó que la observación quedó no subsanada por $28,700.00.

En consecuencia, toda vez que el saldo de $28,700.00, presentó una antigüedad mayor a un año al 31 de diciembre de 2010, y no ha sido recuperado, comprobado o, en su caso, amparado con la copia certificada que sustente el seguimiento de la excepción legal presentada en el ejercicio 2009 referente a la denuncia de hechos por el robo de los cheques, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento de la materia.

Es preciso señalar que el partido al omitir presentar comprobación, recuperación o excepción legal en copia certificada que ampararan los saldos por un total de $28,700.00, citados en el párrafo anterior con antigüedad mayor a un año, para el presente ejercicio dichos saldos serán considerados como “Saldos observados en el 2009 y anteriores con excepción legal no sancionados y no comprobados en 2010” identificados con “H” en el Anexo 5 del Dictamen Consolidado.

En consecuencia, al reportar saldos sin recuperar en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año por $28,700.00 y no informar la existencia de alguna excepción legal que justifique su permanencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio de 2010, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante oficios referidos en el análisis de cada conclusión, la Unidad de Fiscalización notificó al Partido Nueva Alianza, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara las irregularidades observadas.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral.

En el artículo 41, base V, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Unidad de Fiscalización, es un órgano especializado dentro del Instituto Federal Electoral, encargado de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en los siguientes términos:

“…

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

…”

Por su parte, los artículos 79 y 81, numeral 1, incisos c), d), e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan:

Artículo 79

“1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto”.

Artículo 81

“1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:

…

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este Código;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

…”

Respecto al artículo 355, numeral  5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan:

“..

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Por su parte, el artículo 26.1, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, establece lo siguiente:

“26.1 En el Consejo se presentará el Dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad de Fiscalización, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. Para fijar la sanción se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para determinar la gravedad de la falta se deberá analizar, en su caso, la comisión reiterada o sistemática de la conducta, la trascendencia de la norma transgredida, los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho, así como la capacidad económica del partido y en su caso, las circunstancias especiales. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. Serán aplicables los siguientes criterios:

Hay comisión reiterada o sistemática cuando la falta cometida por el partido sea constante y repetitiva en el mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos ejercicios;

Las circunstancias especiales serán entendidas como el especial deber de cuidado de los partidos derivado de las funciones, actividades y obligaciones que les han sido impuestas por la legislación electoral o que desarrollan en materia político-electoral; así como la mayor o menor factibilidad de prever y evitar el daño que se hubiere causado; y

Por reincidencia se entenderá la repetición de la falta que ya ha sido cometida con anterioridad y por la cual el partido ha sido sancionado en ejercicios previos.”

De las disposiciones antes transcritas se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde a la legislación electoral, fijar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en el caso, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, de una interpretación de los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Reglamento de mérito, antes mencionado, se advierte que es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, imponiendo la única obligación de tomar en consideración las circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a selecciona la clase de sanción que corresponda.

Dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006, SUP-RAP-241/2008, SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos, a saber: a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que se puede manifestar como una acción o una omisión.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 34 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido reportó saldos en las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que se encuentran pendientes de recuperar o comprobar al 31 de diciembre de 2010, de los que no informó de alguna excepción legal que justificara la permanencia de dichos saldos por un importe de $ 28,700.00.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido político, toda vez que se abstuvo de acreditar haber recuperado o comprobado diversos saldos reportados en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, sin que informara acerca de la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los saldos en comento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, violentando de esa forma lo dispuesto en dicho cuerpo normativo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El partido reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación por la cantidad de $28,700.00, sin que informara la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los mismos.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2010, presentado el 29 de marzo de 2011.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Av. Acoxpa No. 436, Col. Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, D.F.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Nueva Alianza para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad.

Toda vez que en concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y que no puede ser presumido, por lo que no puede establecerse por presunción, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada, se determina que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Esta autoridad determina la existencia de una violación a lo establecido en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, sin embargo, se considera que únicamente existe culpa en el obrar, situación que es concordante con el criterio al que se alude en el párrafo que antecede, ya que el dolo tiene que acreditarse plenamente, además de que no puede ser presumido.

Asimismo, es incuestionable que el partido político intentó cooperar con la autoridad administrativa fiscalizadora al atender los diversos requerimientos formulados manifestando la existencia de diversos procedimientos para la recuperación de los adeudos en cuestión, no obstante los mismos no constituyen una excepción legal válida que justifique su permanencia ni lo exime a recuperar o comprobar los mismos.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Como ya fue señalado, el Partido Nueva Alianza vulneró lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, el cual es del tenor siguiente:

Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales

Artículo 28.9 “Si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como ‘Deudores Diversos’, ‘Préstamos al Personal’, ‘Gastos por Comprobar’, ‘Anticipo a Proveedores’ o cualquier otra, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnético; y presentar la documentación que justifique la excepción legal. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida autorización de la Unidad de Fiscalización, para lo cual los partidos deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen los motivos por los cuales se pretende darlos de baja.”

Cabe precisar que los partidos tienen la obligación de presentar la documentación que soporte los gastos que declaran, a efecto de que haya claridad y no se declaren erogaciones que nunca se realizaron, en detrimento del erario.

El artículo en comento reitera esta obligación en el sentido de que, en referencia a conceptos relativos a cuentas por cobrar, el partido debe presentar las constancias que acrediten los saldos y los procedimientos o juicios para el cobro de las cuentas.

De igual forma se establece que para dar de baja los saldos ya revisados, los partidos deberán solicitar autorización a la autoridad fiscalizadora, lo cual tiene como finalidad sanear la contabilidad de los partidos. Se entiende que las cuentas incobrables son susceptibles de ser sancionadas dado que podría tratarse de recursos públicos destinados a fines específicos y que al no recuperar tales recursos existe una presunción uiris tantum sobre la falta de comprobación del gasto, pero una vez que han sido observados y objeto de sanción, procede darlos de baja, previa solicitud del partido a la autoridad fiscalizadora, para evitar que tales saldos se conserven en la contabilidad de forma indefinida.

En efecto, la norma en comento prevé la obligación que tienen los partidos políticos, en principio, de comprobar en el mismo ejercicio en el que se generen, los saldos positivos registrados en su contabilidad, y que de no hacerlo así, deberán comprobarlos a más tardar al cierre del ejercicio siguiente, so pena de ser considerados como no comprobados, excepción hecha de que se acredite la existencia de una causa legal que les exima de justificarlos dentro de la temporalidad acotada por la norma, con el fin de evitar mantener saldos por tiempo indefinido en las cuentas por cobrar.

La descrita situación tiene como finalidad evitar que mediante el registro de los saldos en las cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de los egresos efectuados por los partidos políticos.

En todo caso, el partido tendrá el derecho de acreditar las excepciones legales que correspondan y que justifiquen la permanencia de dichos saldos en los informes de ingresos y gastos de varios ejercicios.

Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la recuperación o comprobación de los egresos registrados en las cuentas por cobrar, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar a corto plazo aquéllas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso, hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son aquéllas que exceden de dicho periodo.

De lo anterior se desprende que el artículo 28.9, del Reglamento de la materia, considera que para valorar la certeza del destino de los recursos que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia máximo de dos ejercicios, es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la existencia de alguna excepción legal.

Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: a) a cargo de clientes y b) a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.

Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de acuerdo a su importancia.

Ahora bien, la exigencia del artículo 28.9, del multicitado Reglamento, se inscribe de ese modo toda vez que de lo contrario se generaría que mediante el registro de dichas cuentas por cobrar se evada ad infinitud la debida comprobación de los mismos.

No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción, consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se consideraran los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad superior a un año, como egresos no comprobados.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendientes a exigir el pago de las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas por cobrar de naturaleza deudora.

En el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la norma es, principalmente, garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, derivados de cualquier fuente del financiamiento genéricamente considerado (público y privado)[2], en razón de que se trata de la erogación de recursos por parte del partido que se encuentran pendiente de comprobación o recuperación, sin que se presente alguna excepción legal que justifique la permanencia de los mismos.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo reglamentario referido concurre directamente con la certeza que la autoridad electoral pueda tener sobre el destino final de los recursos erogados por el partido político, así como la transparencia en la rendición de cuentas y en el registro de los egresos de los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades del artículo 28.9 del Reglamento de la materia es, precisamente, que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos y que cuenten con recursos de fuentes identificadas, pues ello genera confianza en la relación de los partidos políticos con la sociedad.

Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que haya certeza sobre el manejo de todo tipo de recursos en entidades que cumplen una función pública y sobre todo, como ya se mencionó, cuando se encuentran involucrados recursos públicos, ya que son los que provienen de toda la sociedad para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de manera que es preciso que la sociedad conozca que sus recursos  que proporciona al Estado vía impuesto están siendo utilizados legalmente.

En ese sentido, la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifican la existencia de los mismos derivadas de la revisión del informe anual del partido político correspondientes al ejercicio 2009, no puede ser considerado como una falta formal, porque no se trata simplemente de una indebida contabilidad o inadecuado soporte documental de egresos, por lo contrario la infracción en cuestión por sí misma constituye una falta sustantiva, porque con las aludidas omisiones se acredita, como presunción uiris tantum, el uso indebido de los recursos con los que cuentan los partidos políticos para el desarrollo de su fines al no tener certeza de la aplicación.

En este sentido ha quedado acreditado, que el partido político cuenta dentro de sus estados financieros con saldos positivos en las cuentas señaladas en el artículo invocado y que las mismas tienen una antigüedad mayor a un año, sin presentar alguna excepción legal para ello, por lo que en ese orden de ideas, el Partido Nueva Alianza se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 28.9 del Reglamento de la materia y se le tienen como no comprobado el gasto registrado en la cuentas en comento.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se vulneraron o los efectos que pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y, c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo y que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere la vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 34, es garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, así como la certeza del destino final de los recursos erogados por el partido político y la transparencia en el registro de los ingresos y egresos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, consistente en la falta de comprobación o recuperación o presentar excepciones legales que sustenten la existencia de saldos en cuentas por cobrar, se acredita la vulneración o afectación a los aludidos bienes jurídicos protegidos.

Lo anterior en virtud de la obligación de los partidos políticos de demostrar los gastos realizados en los términos de la normativa aplicable y en el año fiscal de que se trate, admitiendo como excepción que no lo hagan, y que se incluyan como saldos positivos en la cuentas por cobrar, cuando se acerca el tiempo para realizar las actividades correspondientes al cierre fiscal, sin que sea posible obtener la documentación comprobatoria correspondiente, el pago adeudado, o se trate de operaciones que abarquen dos ejercicios fiscales; debiendo realizar en el siguiente año las acciones necesarias para la comprobación del gasto en cuestión.

Esto con el fin de que se evite conservar saldos positivos en las cuentas por cobrar, ya que de lo contrario, se actualizaría el absurdo de considerar la posibilidad de eximir a los partidos políticos de su obligación de acreditar determinados gastos, con el sólo hecho de que los mismos se incluyeran en las cuentas citadas; posición que desde luego es inadmisible, pues constituiría un fraude a la ley, al permitir que un partido político realizara gastos con financiamiento primordialmente de origen público, sin que tuviera la obligación de demostrar que destinó los recursos a las actividades que constitucional y legalmente tiene encomendadas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades imputables al partido político nacional, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, así como la certeza del destino final de los recursos erogados por el partido político y la transparencia en el registro de los ingresos y egresos.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de manejar adecuadamente los recursos egresados por el partido vulnerando, también la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos y especialmente la certeza en la aplicación de los recursos del partido político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación.

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el partido político nacional, que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que conforme al artículo 22.1, inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales (artículo 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales), la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en ejercicio anteriores.

En la especie, no existe una vulneración reiterada por parte del Partido Nueva Alianza respecto de estas obligaciones, toda vez que por la naturaleza de la misma, solo se puede violentar una sola vez dentro de un mismo ejercicio.

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Nueva Alianza cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales en vigor.

Calificación de la falta

En conclusión, una vez expuesto el tipo de acción, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de las normas violentadas y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo considera que al tratarse de una violación a los principios certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de gran relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como grave.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la gravedad de la falta debe calificarse como especial, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues con su sola comisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, lo que provoca que la autoridad no tenga plena certeza del destino de los recursos erogados en un ejercicio determinado por los partidos políticos, acreditándose con ello, por presunción uiris tantum, egresos no comprobados.

En el caso concreto, se trata de una omisión en la recuperación de saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, registrados en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2010; de manera que el partido incurrió de manera culposa en una falta sustantiva al impedir que la autoridad electoral tuviera certeza sobre el debido uso del financiamiento que reciben los partidos políticos.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ESPECIAL, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Nueva Alianza, por haber incurrido en una falta al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

La falta cometida por el Partido Nueva Alianza fue calificada como grave especial.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, queda expuesto que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político.

Siendo así, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la comisión de la irregularidad, este Consejo General del Instituto Federal Electoral toma en cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las mismas.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de entidad es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que detrimento es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que un partido político no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, así como no presentar excepciones legales para recuperar saldos de cuentas con antigüedad a un año, trae como consecuencia la imposibilidad de vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y, vulnerando así los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de sus obligaciones.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de 6 de octubre de 2010, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a continuación:

1. El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Criterio que se encuentra contemplado en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, en el sentido de que la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

En la especie, queda plenamente justificada la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, al presentarse los siguientes elementos:

      De conformidad con lo establecido en la resolución CG311/2010, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, el día veintiocho de septiembre de dos mil diez, el Partido Nueva Alianza fue sancionado por la violación a lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales al no presentar evidencia de la realización de gestiones de cobro, o en su caso la recuperación de los saldos con antigüedad mayor a un año por un importe de $208,984.83.

      Que la violación cometida al no presentar evidencia de la realización de gestiones de cobro, o en su caso la recuperación de los saldos por un importe de $28,700.00, de un saldo con antigüedad mayor a un año, constituye en sí misma una violación de naturaleza sustantiva, pues dañó directamente el adecuado manejo de los recursos del partido y vulneró los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, hecho que es de idénticas características, en cuanto a su naturaleza, que el que por medio de esta resolución se sanciona.

      Que la Resolución antes referida no fue impugnada por el partido infractor mediante recurso alguno, por lo que la misma se encuentra firme y constituye verdad jurídica, siendo entonces un antecedente válido para efectos de tomar en cuenta la reincidencia.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el partido político, se desprende lo siguiente:

        La falta se califica como GRAVE ESPECIAL.

        Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

        Se reportaron saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia.

        No se presentó una conducta reiterada.

        El partido político nacional es reincidente.

        El partido político nacional no demostró mala fe en su conducta.

        No existe dolo.

        Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $28,700.00, ello tomando en cuenta que el destino de dicho monto no se encuentra debidamente acreditado al tener su origen en un saldo positivo de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 1 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I, no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a la gravedad especial de la infracción descrita, a las circunstancias objetivas que la rodearon y en atención a que una amonestación pública, sería insuficiente para generar en el Partido Nueva Alianza una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo de cometer este tipo de faltas en el futuro.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, las sanciones contenidas en las fracciones III y VI resultarían excesivas en razón de lo siguiente: la reducción de hasta el 50% de la entrega de ministraciones del financiamiento que le corresponda por un período determinado, sería excesivo tomando en consideración el monto involucrado; la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en las fracciones I, III, IV, V, y VI se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción II, es decir, una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior, se hace con la finalidad de generar un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares por el partido incoado, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que, como resultado de la determinación y comprobación del ilícito; así como, la responsabilidad del infractor, al elegir el tipo de sanción y precisar su quantum, otro elemento que necesariamente lleva consigo la sanción, es la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, tales como los beneficios que le reditúe al infractor.

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción II, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de 561 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el 2010, equivalente a $32,235.06 (treinta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 M.N.) cantidad que se considera apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido infractor, puesto que la misma es suficiente para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.[3]

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil once un total de $213,633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG03/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en  sesión ordinaria el dieciocho de enero de dos mil once.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral el siguiente registro de diversas sanciones que le fueron impuestas al Partido Nueva Alianza por este Consejo General y el monto que por dicho concepto se le ha deducido de sus ministraciones.

Del cuadro anterior se desprende que al mes de agosto de dos mil once, el citado partido tiene un saldo pendiente de $817,275.17 con motivo de las sanciones impuestas por este Consejo General.

Sin embargo, toda vez que al citado partido político se le asignó como financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil once, recursos por la cantidad total de $213,633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.), aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente resolución. Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido Nueva Alianza está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Ley Fundamental y la ley electoral.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción consistente en una multa de 561 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el 2010, equivalente a $32,235.06 (treinta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 M.N.), que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en la conclusión sancionatoria 36 lo siguiente:

Conclusión 36

“En el rubro anticipos para gastos existen saldos al 31 de diciembre de 2010 con antigüedad mayor a un año y no comprobados, en los que el partido omitió proporcionar la documentación que soportara el origen de los saldos o, en su caso, la existencia de alguna excepción legal por un importe de $556,370.00 ($242,622.37 y 313,747.63); por lo que se consideran como gastos no comprobados.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 36

Referente a la columna “Saldos al 31-12-09 con Antigüedad Mayor a un Año” no comprobados, identificados con la letra “I” en el anexo 1 del oficio UF-DA/5175/11, por $559,935.89 que correspondían a saldos que el partido reportó al 31 de diciembre de 2009, y que una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2010, presentaron una antigüedad mayor a un año y se integraban de la siguiente manera:

Nota: La integración de los saldos reportados en cada una de las subcuentas señaladas en el cuadro que antecede se detallaron en el Anexo 2 del oficio UF-DA/5175/11.

En consecuencia, considerando que el artículo 28.9 del Reglamento de la materia, establece que si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar” y “Anticipo a Proveedores”, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos saldos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente la existencia de alguna excepción legal; por lo tanto, mediante oficio UF-DA/4476/11 de 27 de junio de 2011, se solicitó al partido lo siguiente:

    Las pólizas contables que ampararan el saldo inicial del ejercicio 2010, por $1’812,656.13; así como, la documentación que soportara dichos adeudos debidamente autorizados por la persona designada por el partido, con la firma de quien recibió el efectivo o el bien; en su caso, una relación detallada de dichas cuentas, identificando en cada una nombre del deudor, importe, fecha de vencimiento y tipo de deuda.

         Las gestiones llevadas a cabo para la comprobación o recuperación; así como la documentación correspondiente.

         En caso de que existieran comprobaciones de cuentas por cobrar en el ejercicio 2011, y que correspondieran a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, proporcionara lo siguiente:

         Las pólizas con su respectiva documentación soporte con todos los requisitos fiscales, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo correspondían, anexando la póliza que le dio origen.

         En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por cobrar o anticipos para gastos en cuestión.

         Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k), en relación con el 81, numeral 1, inciso f) del Código de la materia; así como el 23.2 y 28.9 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/036 de 11 de julio de 2011, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…), anexamos lo que a continuación se detalla:

-       PD-12140/12-10 en la cual se registran la condonación de deuda a la Junta Ejecutiva Estatal en Chihuahua.

-       PD-12539/12-09  en la que se hizo el registro inicial de esta saldo deudor.

-       Los auxiliares de las cuentas que sufrieron modificaciones.

-  PI-1/12-10 de la Junta Ejecutiva Estatal de Chihuahua en la que se registra el ingreso por la condonación de deuda recibida

-  La Balanza de Comprobación de la Junta Ejecutiva Estatal en Chihuahua y auxiliares de las cuentas modificadas, tanto impresas como en medios magnéticos.

-  PD-12145/12-10 que reclasifica saldo, junto con los auxiliares corregidos.

La Balanza de comprobación de la Junta Ejecutiva Nacional, tanto impresa como en medios magnéticos y que incluye estos movimientos ha sido presentada en el Adjunto uno del presente.”

De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determinó lo que a continuación se detalla:

II. Por lo que se refiere a los saldos referenciados con (2) en la columna “REFERENCIA” del anexo 2 del oficio UF-DA/5175/11 (Anexo 6 del dictamen), el partido presentó la póliza de reclasificación de los saldos a distintas cuentas de gastos; sin embargo, omitió presentar la documentación soporte y los elementos necesarios para que la autoridad electoral pudiera determinar el origen de dichos anticipos, así como el destino que se le dio a dichos recursos.

Aunado a lo anterior, fue preciso señalar que las reclasificaciones por $242,622.37 efectuadas por el partido, no fueron solicitadas para su revisión y autorización, en su caso, por la autoridad electoral. Además de que dicho importe se encontraba en el supuesto de los “Saldos al 31-12-10 con Antigüedad Mayor a un Año no Comprobados”, y que no habían sido sancionados en ejercicios anteriores.

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5175/11, de 16 de agosto de 2011, se solicitó al partido lo siguiente:

 La evidencia documental de las gestiones llevadas a cabo para su comprobación o recuperación; así como, la documentación soporte correspondiente.

 En caso de que las comprobaciones de cuentas por cobrar presentaran documentación de 2011 y que correspondieran a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, debería proporcionar lo siguiente:

      Las pólizas con su respectiva documentación soporte consistente en factura original a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales, contrato de prestación de servicios y muestras en su caso, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo correspondían, anexando además las pólizas que les dieron origen.

 En su caso, las excepciones legales y documentación que justificaran la permanencia de las cuentas por cobrar o anticipo para gastos en cuestión.

 En su caso, el escrito con el cual el partido hubiera solicitado a la autoridad electoral la autorización para dar de baja los saldos de los anticipos a proveedores señalados con (2) en la columna “REFERENCIA” del anexo 2 del oficio UF-DA/5175/11 (Anexo 6 del dictamen), debidamente justificada, así como, la autorización emitida.

         En su caso, las correcciones que procedieran a sus registros contables.

         En caso de que el partido no contara con la documentación comprobatoria que justificara las reclasificaciones efectuadas por los $242,622.37 de los saldos referenciados con (2) en la columna “REFERENCIA” del anexo 2 del oficio UF-DA/5175/11 (Anexo 6 del dictamen), debería presentar las pólizas de reclasificación, las balanzas de comprobación tanto mensuales como la consolidada; así como, los auxiliares contables a último nivel en donde se reflejaran las correcciones respectivas, en medio impreso y magnético.

 En su caso, la integración de las “cuentas por cobrar” con los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas; así como, cada uno de los movimientos que conforman los saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, especificando la referencia contable, y en el caso de las disminuciones de saldos, señalar si dichos movimientos correspondían a saldos con antigüedad mayor a un año, de tal forma que coincidieran con la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2010, en medio impreso y en medio magnético.

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, incisos k) y o) en relación con el 81, numeral 1, inciso f) del Código de la materia; así como el 12.1, 16.2, 23.2, 28.4, 28.9 y 28.10 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/052 de 23 de agosto de 2011, el partido manifestó lo siguiente:

“Respecto a esta observación, (…) presentamos lo que se detalla:

-  PD-12147/12-10 con la cual se reclasifican los ajustes no solicitados a la autoridad.

-  PD-12145/12-10 con la cual se realizaron inicialmente los ajustes

-  Auxiliares de las cuentas modificadas.

No omitimos comentar que la Balanza de Comprobación de la Junta Ejecutiva Nacional, la Balanza Nacional Consolidada y la versión corregida del Informe Anual 2010, han quedado incluidas en el (…) oficio UF-DA-5174/11, mismo que se presenta este mismo día.”

De la revisión y análisis a las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación presentadas por el partido, se determinó que realizó las correcciones contables a la cuenta “Anticipo para Gastos”, aumentando los saldos a comprobar o recuperar por $242,622.37, mismos que formaran parte de los “Saldos al 31-12-10 con Antigüedad Mayor a un Año no Comprobados”, y que no habían sido sancionados en ejercicios anteriores.

En consecuencia, toda vez que los saldos de las “Cuentas por Cobrar” y Anticipos para Gastos” por $242,622.37 presentaron una antigüedad mayor a un año al 31 de diciembre de 2010, y no han sido recuperados, comprobados o, en su caso, amparados con las excepciones legales que justificaran la permanencia de dichas cuentas, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento de la materia.

III. Por lo que se refiere a los saldos señalados con (3) en la columna “REFERENCIA” del Anexo 2 del oficio UF-DA/5175/11 (Anexo 6 del dictamen) por $313,747.63, el partido no manifestó ni presentó documentación alguna.

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/5175/11 de 16 de agosto de 2011, se solicitó nuevamente al partido lo siguiente:

 Las pólizas contables que ampararan el saldo inicial del ejercicio 2010 por $313,747.63; así como, la documentación que soportara dichos adeudos debidamente autorizados por la persona designada por el partido, con la firma de quien recibió el efectivo o el bien; en su caso, una relación detallada de dichas cuentas, identificando en cada una nombre del deudor, importe, fecha de vencimiento y tipo de deuda.

 Las gestiones llevadas a cabo para la comprobación o recuperación; así como, la documentación correspondiente.

 En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar en el ejercicio 2011, y que correspondan a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, debía proporcionar lo siguiente:

      Las pólizas con su respectiva documentación soporte con todos los requisitos fiscales, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo correspondían, anexando la póliza que le dio origen.

 En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por cobrar o anticipos para gastos en cuestión.

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k), en relación con el 81, numeral 1, inciso f) del Código de la materia; así como el 23.2 y 28.9  del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/052 de 23 de agosto de 2011,  el partido manifestó lo siguiente:

“Con relación a esta observación de la autoridad electoral, (…) presentamos lo que a continuación se detalla:

-       PD-6122/06-09 en la cual queda registrado el pago de $9,000.00 y el consumo de $4,500.00. No omitimos comentar que este movimiento correspondió a campaña federal 2009.

-       PD-9086/09-09 en la cual se cancelan facturas del proveedor Asirius y en ella se corrige el sobregiro que dichas cancelaciones generaron en la cuenta de acreedores. Resultando entonces indispensable el registro del saldo en la cuenta de anticipos.

-       Auxiliar de la cuenta acreedora del proveedor, en la cual la autoridad electoral puede identificar el sobregiro y su posterior ajuste.”

De la revisión a la documentación presentada por el partido se determinó que las pólizas del ejercicio 2009 y documentación soporte consistente en copias de cheques, facturas y auxiliares contables, constatan el anticipo para gastos; así como, la comprobación y aplicación que dieron origen al saldo inicial del ejercicio 2010 observado por $313,747.63.

Sin embargo, al reportar en su contabilidad saldos positivos por un importe total de $313,747.63 en las “cuentas por cobrar” y “anticipos para gastos” con antigüedad mayor a un año al 31 de diciembre de 2010, que no fueron recuperados, comprobados y no presentaron las excepciones legales correspondientes; así como, la documentación que justificara la permanencia de dichas cuentas, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento de la materia.

Para concluir, el partido omitió presentar la comprobación, recuperación o excepción legal en copia certificada que amparara los saldos con antigüedad mayor a un año, en las “cuentas por cobrar” y “anticipos para gastos” por los importes de $242,622.37 y $313,747.63, lo que da el total de $556,370.00 que se consideran como egresos no comprobados.

En consecuencia, al mantener saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año por $556,370.00 y no informar la existencia de alguna excepción legal que justifique su permanencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante oficios referidos en el análisis de cada conclusión, la autoridad electoral notificó al Partido Nueva Alianza, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara las irregularidades observadas.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral.

En el artículo 41, base V, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Unidad de Fiscalización, es un órgano especializado dentro del Instituto Federal Electoral, encargado de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en los siguientes términos:

“…

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

…”

Por su parte, los artículos 79 y 81, numeral 1, incisos c), d), e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan:

Artículo 79

“1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto”.

Artículo 81

“1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:

…

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este Código;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

…”

Respecto al artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan:

“..

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Por su parte, el artículo 26.1, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, establece lo siguiente:

“26.1 En el Consejo se presentará el Dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad de Fiscalización, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. Para fijar la sanción se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para determinar la gravedad de la falta se deberá analizar, en su caso, la comisión reiterada o sistemática de la conducta, la trascendencia de la norma transgredida, los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho, así como la capacidad económica del partido y en su caso, las circunstancias especiales. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. Serán aplicables los siguientes criterios:

Hay comisión reiterada o sistemática cuando la falta cometida por el partido sea constante y repetitiva en el mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos ejercicios;

Las circunstancias especiales serán entendidas como el especial deber de cuidado de los partidos derivado de las funciones, actividades y obligaciones que les han sido impuestas por la legislación electoral o que desarrollan en materia político-electoral; así como la mayor o menor factibilidad de prever y evitar el daño que se hubiere causado; y

Por reincidencia se entenderá la repetición de la falta que ya ha sido cometida con anterioridad y por la cual el partido ha sido sancionado en ejercicios previos.”

De las disposiciones antes transcritas se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde a la legislación electoral, fijar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en el caso, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, de una interpretación de los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Reglamento de mérito, antes mencionado, se advierte que es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, imponiendo la única obligación de tomar en consideración las circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución); así como, las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a selecciona la clase de sanción que corresponda.

Dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006, SUP-RAP-241/2008, SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos, a saber: a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que se puede manifestar como una acción o una omisión.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 36 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido reportó saldos en las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que se encuentran pendientes de recuperar o comprobar al 31 de diciembre de 2010, de los que no informó de alguna excepción legal que justificara la permanencia de dichos saldos por un importe de $556,370.00.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido político, toda vez que se abstuvo de acreditar haber recuperado o comprobado diversos saldos reportados en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, sin que informara acerca de la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los saldos en comento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, violentando de esa forma lo dispuesto en dicho cuerpo normativo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y a en que se concretizaron

Modo: El partido reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación por la cantidad de $556,370.00, sin que informara la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los mismos.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2010, presentado el 29 de marzo de 2011.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Av. Acoxpa No. 436, Col. Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, D.F.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Nueva Alianza para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad.

Toda vez que en concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y que no puede ser presumido, por lo que no puede establecerse por presunción, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada, se determina que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Esta autoridad determina la existencia de una violación a lo establecido en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, sin embargo, se considera que únicamente existe culpa en el obrar, situación que es concordante con el criterio al que se alude en el párrafo que antecede, ya que el dolo tiene que acreditarse plenamente, además de que no puede ser presumido.

Asimismo, es incuestionable que el partido político intentó cooperar con la autoridad administrativa fiscalizadora al atender los diversos requerimientos formulados manifestando la existencia de diversos procedimientos para la recuperación de los adeudos en cuestión, no obstante los mismos no constituyen una excepción legal válida que justifique su permanencia ni lo exime a recuperar o comprobar los mismos.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Como ya fue señalado, el Partido Nueva Alianza vulneró lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, el cual es del tenor siguiente:

Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales

Artículo 28.9 “Si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como ‘Deudores Diversos’, ‘Préstamos al Personal’, ‘Gastos por Comprobar’, ‘Anticipo a Proveedores’ o cualquier otra, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnético; y presentar la documentación que justifique la excepción legal. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida autorización de la Unidad de Fiscalización, para lo cual los partidos deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen los motivos por los cuales se pretende darlos de baja.”

Cabe preciar que los partidos tienen la obligación de presentar la documentación que soporte los gastos que declaran, a efecto de que haya claridad y no se declaren erogaciones que nunca se realizaron, en detrimento del erario.

El artículo en comento reitera esta obligación en el sentido de que, en referencia a conceptos relativos a cuentas por cobrar, el partido debe presentar las constancias que acrediten los saldos y los procedimientos o juicios para el cobro de las cuentas.

De igual forma se establece que para dar de baja los saldos ya revisados, los partidos deberán solicitar autorización a la autoridad fiscalizadora, lo cual tiene como finalidad sanear la contabilidad de los partidos. Se entiende que las cuentas incobrables son susceptibles de ser sancionadas dado que podría tratarse de recursos públicos destinados a fines específicos y que al no recuperar tales recursos existe una presunción uiris tantum sobre la falta de comprobación del gasto, pero una vez que han sido observados y objeto de sanción, procede darlos de baja, previa solicitud del partido a la autoridad fiscalizadora, para evitar que tales saldos se conserven en la contabilidad de forma indefinida.

En efecto, la norma en comento prevé la obligación que tienen los partidos políticos, en principio, de comprobar en el mismo ejercicio en el que se generen, los saldos positivos registrados en su contabilidad, y que de no hacerlo así, deberán comprobarlos a más tardar al cierre del ejercicio siguiente, so pena de ser considerados como no comprobados, excepción hecha de que se acredite la existencia de una causa legal que les exima de justificarlos dentro de la temporalidad acotada por la norma, con el fin de evitar mantener saldos por tiempo indefinido en las cuentas por cobrar.

La descrita situación tiene como finalidad evitar que mediante el registro de los saldos en las cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de los egresos efectuados por los partidos políticos.

En todo caso, el partido tendrá el derecho de acreditar las excepciones legales que correspondan y que justifiquen la permanencia de dichos saldos en los informes de ingresos y gastos de varios ejercicios.

Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la recuperación o comprobación de los egresos registrados en las cuentas por cobrar, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por cobrar a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor de un año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en que el ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este caso, hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo plazo son aquellas que exceden de dicho periodo.

De lo anterior se desprende que el artículo 28.9, del Reglamento de la materia, considera que para valorar la certeza del destino de los recursos que son erogados por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia máximo de dos ejercicios, es decir, cuentas por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la existencia de alguna excepción legal.

Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: a) a cargo de clientes y b) a cargo de otros deudores.

Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones.

Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos políticos sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas que sean a cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por concepto y de acuerdo a su importancia.

Ahora bien, la exigencia del artículo 28.9, del multicitado Reglamento, se inscribe de ese modo toda vez que de lo contrario se generaría que mediante el registro de dichas cuentas por cobrar se evada ad infinitud la debida comprobación de los mismos.

No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de excepción, consistente en que el partido político informe oportunamente a esta autoridad electoral la existencia de alguna excepción legal, pues en caso contrario se consideraran los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una antigüedad superior a un año, como egresos no comprobados.

De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendientes a exigir el pago de las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas por cobrar de naturaleza deudora.

En el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la norma es, principalmente, garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, derivados de cualquier fuente del financiamiento genéricamente considerado (público y privado)[4], en razón de que se trata de la erogación de recursos por parte del partido que se encuentran pendiente de comprobación o recuperación, sin que se presente alguna excepción legal que justifique la permanencia de los mismos.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo reglamentario referido concurre directamente con la certeza que la autoridad electoral pueda tener sobre el destino final de los recursos erogados por el partido político, así como la transparencia en la rendición de cuentas y en el registro de los egresos de los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades del artículo 28.9 del Reglamento de la materia es, precisamente, que mediante el registro de cuentas por cobrar se evada ad infinitud la debida comprobación de los egresos realizados por los partidos políticos y que cuenten con recursos de fuentes identificadas, pues ello genera confianza en la relación de los partidos políticos con la sociedad.

Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que haya certeza sobre el manejo de todo tipo de recursos en entidades que cumplen una función pública y sobre todo, como ya se mencionó, cuando se encuentran involucrados recursos públicos, ya que son los que provienen de toda la sociedad para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de manera que es preciso que la sociedad conozca que sus recursos  que proporciona al Estado vía impuesto están siendo utilizados legalmente.

En ese sentido, la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifican la existencia de los mismos derivadas de la revisión del informe anual del partido político correspondientes al ejercicio 2010, no puede ser considerado como una falta formal, porque no se trata simplemente de una indebida contabilidad o inadecuado soporte documental de egresos, por lo contrario la infracción en cuestión por sí misma constituye una falta sustantiva, porque con las aludidas omisiones se acredita, como presunción uiris tantum, el uso indebido de los recursos con los que cuentan los partidos políticos para el desarrollo de su fines al no tener certeza de la aplicación.

En este sentido ha quedado acreditado, que el partido político cuenta dentro de sus estados financieros con saldos positivos en las cuentas señaladas en el artículo invocado y que las mismas tienen una antigüedad mayor a un año, sin presentar alguna excepción legal para ello, por lo que en ese orden de ideas, el Partido Nueva Alianza se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 28.9 del Reglamento de la materia y se le tienen como no comprobado el gasto registrado en la cuentas en comento.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se vulneraron o los efectos que pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y, c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo y que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere la vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 36, es garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines; así como, la certeza del destino final de los recursos erogados por el partido político y la transparencia en el registro de los ingresos y egresos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, consistente en la falta de comprobación o recuperación o presentar excepciones legales que sustenten la existencia de saldos en cuentas por cobrar, se acredita la vulneración o afectación a los aludidos bienes jurídicos protegidos.

Lo anterior en virtud de la obligación de los partidos políticos de demostrar los gastos realizados en los términos de la normativa aplicable y en el año fiscal de que se trate, admitiendo como excepción que no lo hagan, y que se incluyan como saldos positivos en la cuentas por cobrar, cuando se acerca el tiempo para realizar las actividades correspondientes al cierre fiscal, sin que sea posible obtener la documentación comprobatoria correspondiente, el pago adeudado, o se trate de operaciones que abarquen dos ejercicios fiscales; debiendo realizar en el siguiente año las acciones necesarias para la comprobación del gasto en cuestión.

Esto con el fin de que se evite conservar saldos positivos en las cuentas por cobrar, ya que de lo contrario, se actualizaría el absurdo de considerar la posibilidad de eximir a los partidos políticos de su obligación de acreditar determinados gastos, con el sólo hecho de que los mismos se incluyeran en las cuentas citadas; posición que desde luego es inadmisible, pues constituiría un fraude a la ley, al permitir que un partido político realizara gastos con financiamiento primordialmente de origen público, sin que tuviera la obligación de demostrar que destinó los recursos a las actividades que constitucional y legalmente tiene encomendadas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades imputables al partido político nacional, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar el uso debido de los recursos con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines, así como la certeza del destino final de los recursos erogados por el partido político y la transparencia en el registro de los ingresos y egresos.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de manejar adecuadamente los recursos egresados por el partido vulnerando, también la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos y especialmente la certeza en la aplicación de los recursos del partido político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación.

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el partido político nacional, que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que conforme al artículo 22.1, inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales (artículo 26.1 del Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales), la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en ejercicio anteriores.

En la especie, no existe una vulneración reiterada por parte del Partido Nueva Alianza respecto de estas obligaciones, toda vez que por la naturaleza de la misma, solo se puede violentar una sola vez dentro de un mismo ejercicio.

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Nueva Alianza cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales en vigor.

Calificación de la falta

En conclusión, una vez expuesto el tipo de acción, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de las normas violentadas y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo considera que al tratarse de una violación a los principios certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de gran relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como grave.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la gravedad de la falta debe calificarse como especial, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues con su sola comisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, lo que provoca que la autoridad no tenga plena certeza del destino de los recursos erogados en un ejercicio determinado por los partidos políticos, acreditándose con ello, por presunción uiris tantum, egresos no comprobados.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ESPECIAL, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Nueva Alianza, por haber incurrido en una falta al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al reportar saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

La falta cometida por el Partido Nueva Alianza fue calificada como grave especial.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, queda expuesto que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político.

Siendo así, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la comisión de la irregularidad, este Consejo General del Instituto Federal Electoral toma en cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las mismas.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de entidad es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que detrimento es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que un partido político no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, así como no presentar excepciones legales para recuperar saldos de cuentas con antigüedad a un año, trae como consecuencia la imposibilidad de vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y, vulnerando así los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de sus obligaciones.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de 6 de octubre de 2010, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a continuación:

1.   El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2.   La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3.   Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Criterio que se encuentra contemplado en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, en el sentido de que la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

En la especie, queda plenamente justificada la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, al presentarse los siguientes elementos:

      De conformidad con lo establecido en la resolución CG311/2010, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, el día veintiocho de septiembre de dos mil diez, el Partido Nueva Alianza fue sancionado por la violación a lo dispuesto en el artículo 28.9 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales al no presentar evidencia de la realización de gestiones de cobro, o en su caso la recuperación de los saldos con antigüedad mayor a un año por un importe de $208,984.83.

      Que la violación cometida al no presentar evidencia de la realización de gestiones de cobro, o en su caso la recuperación de los saldos por un importe de $556,370.00, de un saldo con antigüedad mayor a un año, constituye en sí misma una violación de naturaleza sustantiva, pues dañó directamente el adecuado manejo de los recursos del partido y vulneró los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, hecho que es de idénticas características, en cuanto a su naturaleza, que el que por medio de esta resolución se sanciona.

      Que la Resolución antes referida no fue impugnada por el partido infractor mediante recurso alguno, por lo que la misma se encuentra firme y constituye verdad jurídica, siendo entonces un antecedente válido para efectos de tomar en cuenta la reincidencia.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el partido político, se desprende lo siguiente:

         La falta se califica como GRAVE ESPECIAL.

         Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

         Se reportaron saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año pendientes de recuperación o comprobación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia.

         No se presentó una conducta reiterada.

         El partido político nacional es reincidente.

         El partido político nacional no demostró mala fe en su conducta.

         No existe dolo.

         Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $556,370.00, ello tomando en cuenta que el destino de dicho monto no se encuentra debidamente acreditado al tener su origen en un saldo positivo de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 1 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este sentido, las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometieron las conductas irregulares y la forma de intervención del partido político nacional infractor, una amonestación pública o una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, sería poco idónea para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia de la presente Resolución.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI resultaría excesiva en razón de lo siguiente: la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en las fracciones I, II, IV, V, y VI se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción III, es decir, la reducción de hasta el 50% de la entrega de ministraciones del financiamiento público que le corresponda por un período determinado, lo anterior, se hace con la finalidad de generar un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares por el partido incoado, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que, como resultado de la determinación y comprobación del ilícito; así como, la responsabilidad del infractor, al elegir el tipo de sanción y precisar su quantum, otro elemento que necesariamente lleva consigo la sanción, es la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, tales como los beneficios que le reditúe al infractor.

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, consistente en una reducción del 3%, mensual de las ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que le correspondan, hasta completar la cantidad de $625,916.25 (seiscientos veinticinco mil novecientos dieciséis pesos 25/100 M.N.), cantidad que se considera apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido infractor, puesto que la misma es suficiente para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.[5]

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil once un total de $213,633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG03/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en  sesión ordinaria el dieciocho de enero de dos mil once.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral el siguiente registro de una sanción que le fue impuesta al Partido Nueva Alianza por este Consejo General y el monto que por dicho concepto se le ha deducido de sus ministraciones.

Del cuadro anterior se desprende que al mes de agosto de dos mil once, el citado partido tiene un saldo pendiente de $817,275.17 con motivo de las sanciones impuestas por este Consejo General.

Sin embargo, toda vez que al citado partido político se le asignó como financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil once, recursos por la cantidad total de $213’633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.), aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente resolución. Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido Nueva Alianza está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Ley Fundamental y la ley electoral.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción consistente en una reducción del 3%, mensual de las ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que le correspondan, hasta completar la cantidad de $625,916.25 (seiscientos veinticinco mil novecientos dieciséis pesos 25/100 M.N), que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 49 lo siguiente:

Conclusión 49

“El partido no presentó la documentación que acredite el pago o excepción legal de un pasivo con antigüedad mayor a un año relacionado con las cuentas ‘Depósitos por identificar’, por $6,182.00; Grupo Mas Mensajería Al Momento, S.A. de C.V., por $1,354.00 y JEE Chihuahua, por $708.18, que en su conjunto dan un importe total de $8,244.18.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 49

Por lo que se refiere al “Saldo inicial generado en 2009”, detallado en la columna (D) del Anexo 9 del  Dictamen Consolidado (Anexo 1 del Oficio UF-DA/4475/11), se procedió a revisar los auxiliares contables de las diversas subcuentas que integran el saldo de las cuentas “Proveedores”, “Cuentas por Pagar” y “Acreedores Diversos”, determinando las deudas con una antigüedad mayor a un año y que al 31 de diciembre de 2010, no fueron liquidadas. Los casos en comento se detallan a continuación:

Convino señalar que al contar con una antigüedad mayor a un año, dichos pasivos debían estar soportados, de no ser así, serían considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informara oportunamente de la existencia de alguna excepción legal, de conformidad con el artículo 28.11 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, el 27 de junio de 2011, mediante oficio UF-DA/4475/11 se solicitó al partido lo siguiente:

       Las pólizas contables que ampararan el saldo al 31 de diciembre de 2010.

       La documentación que soportara dichos pasivos debidamente autorizados por la persona designada por el partido.

       Una relación detallada con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento.

       En su caso, las garantías o aval otorgados para el crédito.

       En caso de que fueran pasivos pagados con posterioridad al ejercicio sujeto a revisión; las pólizas con la documentación soporte respectiva, en las cuales se indicara con toda precisión a qué periodo correspondían, anexando la póliza que le dio origen.

       En su caso, las excepciones legales y documentación que justificara la permanencia de las cuentas por pagar en cuestión.

       Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.10, 28.11 y 32.1 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/037 de 11 de julio de 2011, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“…Con relación a esta observación de la autoridad, en breve estaremos entregando la documentación solicitada…”

Sin embargo a la fecha de emisión del oficio UF-DA/4475/11 el partido no había presentado documentación alguna.

En este sentido, el 27 de junio de 2011, mediante oficio UF-DA/5174/11, se solicitó nuevamente al partido la documentación y las aclaraciones señaladas anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.4, 28.10, 28.11 y 32.1 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, mediante escrito NA/JEN/CEF/11/037 de 11 de julio de 2011, el partido presentó diversa información y documentación. A continuación se analizan los casos en comento:

Del análisis y verificación a la documentación presentada por el partido, la respuesta se consideró satisfactoria, por lo que la observación quedó atendida en cuanto a la integración del saldo observado; sin embargo no presentó la documentación que acreditara el pago de este pasivo o bien, o en su caso que acreditara alguna excepción legal; razón por la cual, la observación no quedó subsanada por la cantidad de $1,354.00.

En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.11 en del Reglamento de la materia.

“…Presentamos

(...)

“…Oficio UF-DA/0411/11 por el cual se da respuesta a nuestra solicitud para dar de baja al saldo y adjunto a él, fue presentada la información contable del origen del saldo…”

Del análisis y verificación a la documentación presentada en el escrito No. NA/JEN/CEF/10/213 de 14 de diciembre de 2010 por el partido y aunado a la solicitud realizada respecto a la integración del saldo en cuestión, la respuesta se consideró satisfactoria, por lo que la observación de esta cuenta contable quedó atendida en cuanto a la integración del saldo observado; sin embargo no quedó subsanada por lo que hace a la documentación que acreditara el pago del adeudo.

Cabe mencionar que mediante oficio UF-DA/0411/11 antes mencionado, recibido por el partido el 25 de enero de 2011, se le solicitó diversa documentación con ciertas especificaciones, para que en su caso, se autorizara dicha baja del saldo en cuestión; sin embargo a la fecha del Dictamen Consolidado, la documentación y/o aclaraciones no fueron recibidas por la autoridad electoral.

Por lo tanto, al no haber presentado la documentación que acreditara el pago de este pasivo o bien, o en su caso que acreditara alguna excepción legal, la observación no quedó subsanada por la cantidad de $6,182.00.

En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento de la materia.

Del análisis y verificación a la documentación presentada por el partido la respuesta se consideró satisfactoria, por lo que la observación quedó atendida en cuanto a la integración del saldo observado; sin embargo no presentó la documentación que acreditara el pago de este pasivo o bien, o en su caso que acreditara alguna excepción legal; razón por la cual, la observación no quedó subsanada por la cantidad de $708.18.

En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento de la materia.

De los casos identificados con (2) e la columna “REFERENCIA” del cuadro que antecede, el partido presentó únicamente la integración de los saldos, como anteriormente fue señalado, careciendo del pago de los mismos, por lo que la observación quedó no subsanada respecto a dichos pasivos, pues no han sido liquidados y cuentan con antigüedad mayor a un año por un importe de $8,244.18

En consecuencia, al no presentar la documentación que acreditara el pago de estos pasivos o bienes, o en su caso alguna excepción legal; la observación no quedó subsanada por lo que hace a los importes relacionados con “Depósitos por identificar”, por $6,182.00; Grupo Mas Mensajería Al Momento, S.A. de C.V., por $1,354.00 y JEE Chihuahua, por $708.18, que en su conjunto dan un total de $8,244.18; por lo anterior el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento de la materia.

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 84, numeral 1, incisos b) y c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que al advertir durante el procedimiento de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio de dos mil diez, la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante oficios referidos en el análisis de cada conclusión, la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes y la documentación que subsanara las irregularidades observadas.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral.

En el artículo 41, base V, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Unidad de Fiscalización es un órgano especializado dentro del Instituto Federal Electoral, encargado de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en los siguientes términos:

“…

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

…”

Por su parte, los artículos 79; y 81, numeral 1, incisos c), d), e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan lo siguiente:

Artículo 79

“1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto”.

Artículo 81

“1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:

…

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este Código;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

…”

Por su parte, en el artículo 355, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a la letra indica:

“..

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Finalmente, el artículo 26.1, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos establece lo siguiente:

“26.1 En el Consejo se presentará el Dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad de Fiscalización, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. Para fijar la sanción se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para determinar la gravedad de la falta se deberá analizar, en su caso, la comisión reiterada o sistemática de la conducta, la trascendencia de la norma transgredida, los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho, así como la capacidad económica del partido y en su caso, las circunstancias especiales. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. Serán aplicables los siguientes criterios:

a) Hay comisión reiterada o sistemática cuando la falta cometida por el partido sea constante y repetitiva en el mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos ejercicios;

b) Las circunstancias especiales serán entendidas como el especial deber de cuidado de los partidos derivado de las funciones, actividades y obligaciones que les han sido impuestas por la legislación electoral o que desarrollan en materia político-electoral; así como la mayor o menor factibilidad de prever y evitar el daño que se hubiere causado; y

c) Por reincidencia se entenderá la repetición de la falta que ya ha sido cometida con anterioridad y por la cual el partido ha sido sancionado en ejercicios previos.”

De las disposiciones antes transcritas se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde a la legislación electoral, fijar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en el caso, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, de una interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que es el Consejo General del Instituto Federal Electoral quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de sanción que corresponda.

Dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006, SUP-RAP-241/2008, SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos, a saber: a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que se puede manifestar como una acción o una omisión.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 49 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido reportó saldos en las cuentas por pagar (pasivos) con antigüedad mayor a un año que se encuentran pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2010, que no saldó ni informó de alguna excepción legal que justificara la permanencia de dichos saldos por un importe de $8,244.18.

Esto es, la referida conducta implica una omisión del partido político de no comprobar la permanencia del registro contable en el rubro de “Haber” de “cuentas por pagar” con antigüedad superior a un año, toda vez que se abstuvo de acreditar el pago de los adeudos pendientes de liquidar a la conclusión del ejercicio en revisión o, en su caso, informar de la existencia de alguna excepción legal que justificara el asiento contable de los aludidos saldos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El partido reportó saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor de un año, pendientes de pago por el importe de $8,244.18, sin que informara de la existencia de alguna excepción legal que justificara la permanencia de los mismos. Es relevante señalar que las observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y omisiones emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2010, presentado el 29 de marzo de 2011.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ubicadas en Av. Acoxpa No. 436, Col. Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, D.F.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente ilegal.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Nueva Alianza para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad.

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada.

Esta autoridad determina la existencia de una violación a lo establecido en el artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, sin embargo, se considera que únicamente existe culpa en el obrar, situación que es concordante con el criterio al que se alude en el párrafo que antecede, ya que el dolo tiene que acreditarse plenamente, además de que no puede ser presumido.

Asimismo, aun cuando el partido intentó cooperar con la autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en la revisión de su informe como consta en el Dictamen Consolidado, no lo exime de liquidar los saldos registrados en las cuentas por pagar o, en su caso, presentar las excepciones legales que justifiquen la permanencia de los mismos.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

En relación con la conclusión 49, el partido incumplió lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación:

28.11 Si al término de un ejercicio existen pasivos que no se encuentren debidamente soportados como lo señala el artículo 18.4 de este Reglamento con una antigüedad mayor a un año, serán considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.

Se establece que respecto de los pasivos que al término de un ejercicio están pendientes de liquidación que no se encuentren debidamente soportados y que tengan una antigüedad mayor a un año, serán considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal que justifique la permanencia de dichos saldos.

La situación descrita tiene como finalidad evitar la simulación, pues al arrastrar adeudos ejercicio tras ejercicio podría presumirse que al partido le han sido condonados los mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de que los servicios ya le han sido prestados o los bienes ya han entrado al patrimonio del partido.

En todo caso, el partido tendrá el derecho de acreditar las excepciones legales que correspondan y que justifiquen la permanencia de dichos saldos en los informes de ingresos y gastos de varios ejercicios.

Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la liquidación de esas cuentas por pagar y comprobar su origen, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.

Lo anterior es así, ya que con los pasivos no saldados o la inexistencia de excepciones legales que justifiquen la falta de pago de los mismos, se vulnera el bien jurídico tutelado por el artículo 28.11 del Reglamento de la materia, consistente en garantizar la fuente legítima del financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario federal, en razón de que se trata de la prestación de servicios y/o bienes que ingresaron al patrimonio del partido político que no fueron pagados, situación que se traduce en una aportación en especie y por tanto, en un ingreso no reportado.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo reglamentario referido concurre directamente con la certeza y transparencia en los ingresos de los recursos con que cuentan los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de pago de pasivos o, en su caso, de la existencia de excepciones legales que justifican la existencia de los mismos derivadas de la revisión del informe anual del partido político correspondientes al ejercicio 2010, por sí misma constituye una falta sustantiva, porque con esas omisiones se acredita el uso de bienes y/o servicios por parte de cualquiera de los entes jurídicos con el que el partido contrae obligaciones de pago, mismos que no fueron saldados, por lo que es inconcuso que se traducen en aportaciones en especie y por tanto, en ingresos no reportados.

Considerarlo de otra forma, generaría una hipótesis de permisión para que cualquier partido político pudiera contratar la prestación de bienes y/o servicios para el desarrollo de sus fines sin contraprestación alguna, arrastrándolos ejercicio tras ejercicio, propiciando con ello un fraude a la ley.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y, c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo y que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere la vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 49, es garantizar la fuente legítima de los recursos con los que cuenten los partidos políticos que no provengan del financiamiento público, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos percibidos durante un ejercicio determinado, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado, consistente en la falta de pago o presentar excepciones legales que sustenten la existencia de saldos en cuentas por pagar, se acredita la vulneración o afectación a los aludidos bienes jurídicos protegidos.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político nacional, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la fuente legítima del financiamiento de los partidos políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos que percibieron esos institutos políticos.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de manejar adecuadamente los recursos que ingresan al partido vulnerando, también la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos y especialmente la certeza en el origen de los recursos del partido político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación.

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el partido político nacional, que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que conforme al artículo 22.1, inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales (artículo 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales), la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en ejercicio anteriores.

En la especie, no existe una vulneración reiterada por parte del Partido Nueva Alianza respecto de estas obligaciones, toda vez que por la naturaleza de la misma, sólo se puede violentar una sola vez dentro de un mismo ejercicio.

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Nueva Alianza cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales en vigor.

Calificación de la falta

En conclusión, una vez expuesto el tipo de acción, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente en garantizar la fuente legítima de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de gran relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como grave.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la gravedad de la falta debe calificarse como especial, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues con su sola comisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, lo que provoca que la autoridad no tenga plena certeza de la totalidad de los ingresos percibidos por los partidos políticos, al acreditarse aportaciones en especie no reportados con el uso de bienes y/o servicios no liquidados.

Al efecto, es importante recordar que la infracción en estudio constituye una omisión del partido de liquidar oportunamente sus deudas, pues en la especie presentó saldos en sus cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año por un monto de $8,244.18, mismos que a juicio de la autoridad deben ser considerados como ingresos no reportados; razón por la cual se calificó como una falta sustantiva al haber vulnerado la garantía sobre el origen cierto y lícito de la totalidad de los recursos con los que cuenta el partido.

No obstante lo anterior, no merece una calificación mayor, pues a pesar de haber sido de gran relevancia, no se encuentran elementos subjetivos que agraven las consideraciones manifestadas en el párrafo anterior.

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ESPECIAL, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Nueva Alianza, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento y gasto de los partidos políticos nacionales al reportar saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año pendientes de liquidación, sin que se informara la existencia de alguna excepción legal que justificara su permanencia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido Nueva Alianza se califica como grave especial.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, queda expuesto que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político.

Lo anterior es así, en razón de que se acreditó un ánimo de cooperación del Partido Nueva Alianza; la falta de reiteración de las conductas descritas y la ausencia de dolo por el ente político. Adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

En ese contexto, el Partido Nueva Alianza debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

Siendo así, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la comisión de la irregularidad, este Consejo General del Instituto Federal Electoral toma en cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las mismas.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de entidad es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que detrimento es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

En este sentido, resulta claro el daño a los fines y principios de la legislación electoral, dado que la existencia de pasivos con antigüedad mayor a un año, sin la presentación de las excepciones legales que justifiquen el no pago de los adeudos contratación, implica un daño al sistema electoral dado el inadecuado manejo de los recursos que ingresan al partido a través de conductas que podrían tratarse de simulaciones o de un posible fraude a la ley, por lo que el valor de garantizar el origen lícito de los recursos derivados del financiamiento privado, así como los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas se ven vulnerados por tal hecho.

Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en garantizar la liquidación de esas cuentas por pagar, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada vigilancia de los recursos con los  que contó el partido para el desarrollo de sus fines, afectando a un mismo valor común, que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, dañando de manera directa el bien jurídico consistente en garantizar la fuente legítima de los recursos con los que contó el partido político infractor.

Igualmente, está acreditado que obtuvo un beneficio con motivo de su proceder ilícito, en razón de que recibió la prestación de servicios y/o los bienes fueron ingresados al patrimonio del infractor, sin haberlos liquidado.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en sesión pública de 6 de octubre de 2010, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a continuación:

1.   El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

2.   La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

3.   Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Criterio que se encuentra contemplado en los artículos 355, numeral 5, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, en el sentido de que la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones.

En la especie, queda plenamente justificada la aplicación de la reincidencia en la individualización de la sanción, como elemento para agravarla, al presentarse los siguientes elementos:

      De conformidad con lo establecido en la resolución CG469/2009, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, el día veintisiete de septiembre de dos mil nueve, el Partido Nueva Alianza fue sancionado por la violación a lo dispuesto en el artículo 24.10 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales al no presentar evidencia de la realización de gestiones de pago con antigüedad mayor a un año.

      Que el artículo 24.10 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, vigente hasta el uno de enero de dos mil nueve, es de idéntico contenido al artículo 28.11 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales que por esta vía se sanciona.

      Que la violación cometida al no presentar evidencia de la realización de gestiones de pago, o en su caso la recuperación de los saldos con antigüedad mayor a un año, constituye en sí misma una violación de naturaleza sustantiva, pues dañó directamente el adecuado manejo de los recursos del partido y vulneró los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, hecho que es de idénticas características, en cuanto a su naturaleza, que el que por medio de esta resolución se sanciona.

      Que la Resolución antes referida no fue impugnada por el partido infractor mediante recurso alguno, por lo que la misma se encuentra firme y constituye verdad jurídica, siendo entonces un antecedente válido para efectos de tomar en cuenta la reincidencia.

III. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el partido político, se desprende lo siguiente:

      La falta se califica como GRAVE ESPECIAL.

      Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos nacionales.

      Se omitió realizar los pagos o bien presentar las excepciones legales respecto de saldos con antigüedad mayor a un año.

      El partido político nacional no presentó una conducta reiterada.

      El partido político nacional Nueva Alianza es reincidente.

      El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas.

      No existe dolo.

      Que los montos involucrados asciende a $6,182.00, $1,354.00; $708.18, dando un total de $8,244.18 (ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 18/100 M.N.).

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 1 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I, no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a la gravedad especial de la infracción descrita, a las circunstancias objetivas que la rodearon y en atención a que una amonestación pública, sería insuficiente para generar en el Partido Nueva Alianza una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo de cometer este tipo de faltas en el futuro.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, las sanciones contenidas en las fracciones III y VI resultarían excesivas en razón de lo siguiente: la reducción de hasta el 50% de la entrega de ministraciones del financiamiento que le corresponda por un período determinado, sería excesivo tomando en consideración el monto involucrado; la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en las fracciones I, III, IV, V, y VI se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción II, es decir, una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo anterior, se hace con la finalidad de generar un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares por el partido incoado, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que, como resultado de la determinación y comprobación del ilícito; así como, la responsabilidad del infractor, al elegir el tipo de sanción y precisar su quantum, otro elemento que necesariamente lleva consigo la sanción, es la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, tales como los beneficios que le reditúe al infractor.

Por lo tanto, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza es la prevista en la fracción II, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de 107 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el 2010, equivalente a $6,148.22 (seis mil ciento cuarenta y ocho pesos 22/100 M.N.), cantidad que se considera apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido infractor, puesto que la misma es suficiente para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.[6]

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil once un total de $213,633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.) como consta en el acuerdo número CG03/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en  sesión ordinaria el dieciocho de enero de dos mil once.

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral el siguiente registro de varias sanciones que le fueron impuestas al Partido Nueva Alianza por este Consejo General y el monto que por dicho concepto se le ha deducido de sus ministraciones.

Del cuadro anterior se desprende que al mes de agosto de dos mil once, el citado partido tiene un saldo pendiente de $817,275.17 con motivo de las sanciones impuestas por este Consejo General.

Sin embargo, toda vez que al citado partido político se le asignó como financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil once, recursos por la cantidad total de $213,633,457.58 (doscientos trece millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 58/100 M.N.), aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica; por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente resolución. Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido Nueva Alianza está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Ley Fundamental y la ley electoral.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción consistente en una multa de 107 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el 2010, equivalente a $6,148.22 (seis mil ciento cuarenta y ocho pesos 22/100 M.N.), cantidad que se considera apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido infractor, puesto que la misma es suficiente para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, párrafo 5, en relación con el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 50 lo siguiente:

Conclusión 50

“El partido no presentó la integración detallada y documentación que soporta el origen de un pasivo, no liquidado con una antigüedad mayor a un año, respecto del cual, no presentó la documentación de su pago o en su caso las excepciones legales correspondientes, por lo que se considera un ingreso no comprobado, por un importe de $31,000.00.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 50

Por lo que se refiere al “Saldo inicial generado en 2009”, detallado en la columna (D) del Anexo 9 del Dictamen (Anexo 1 del Oficio UF-DA/4475/11), se procedió a revisar los auxiliares contables de las diversas subcuentas que integran el saldo de las cuentas “Proveedores”, “Cuentas por Pagar” y “Acreedores Diversos”, determinando las deudas con una antigüedad mayor a un año y que al 31 de diciembre de 2010, no fueron liquidadas. Los casos en comento se detallan a continuación: