RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-62/2005.

ACTOR: ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIA: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

México, Distrito Federal, a veintidós de diciembre de dos mil cinco.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación SUP-RAP-62/2005, interpuesto por el Partido Político Nacional Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra de la resolución de seis de octubre del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la cual se sancionó a la agrupación política Sentimientos de la Nación, pero se vinculó al partido a pagar las de índole económica; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. El catorce de julio de dos mil cinco, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG150/2005, mediante la cual aprobó la solicitud de las agrupaciones políticas nacionales Sentimientos de la Nación e Iniciativa XXI, para registrarse como Partido Político Nacional, bajo la denominación de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

SEGUNDO. Acto impugnado. En sesión extraordinaria de seis de octubre, el mencionado Consejo emitió la resolución CG211/2005, mediante la cual, entre otras decisiones, sancionó a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación, por irregularidades en su informe anual de dos mil cuatro sobre el origen y destino de sus recursos, en los términos siguientes:

También se determinó que como la agrupación política mencionada varió su naturaleza jurídica al convertirse en partido político, sería éste quien pagaría las sanciones pecuniarias impuestas.

TERCERO. Recurso de apelación. El diez de octubre, el Partido Político Nacional Alternativa Socialdemócrata y Campesina interpuso, ante la autoridad responsable, recurso de apelación en contra de la resolución sancionatoria.

La Secretaria del Consejo General tramitó el medio de impugnación, rindió el informe circunstanciado y remitió la documentación atinente a esta Sala Superior.

El dieciocho de octubre, la Presidencia de esta Sala Superior turnó el expediente al Magistrado Leonel Castillo González, para los efectos legales correspondientes.

El veintiséis de octubre, se admitió el recurso, y se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, apartado 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación.

SEGUNDO. En el resolutivo cuadragésimo octavo del acto impugnado, la autoridad responsable impuso al recurrente once sanciones, identificadas con los incisos del a) al k), con base en las consideraciones expuestas en el considerando 5.70 de la propia resolución. En este recurso de apelación, se combaten, de forma genérica, todas las sanciones pecuniarias y, de modo particular, las identificadas con los incisos i) y j).

En lo que importa para esta apelación, la resolución reclamada es del tenor siguiente:

“i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 13 lo siguiente:

“13. La Agrupación no entregó la integración de pasivos registrados en su contabilidad al 31 de diciembre de 2004, por un monto de $13,949,804.68, asimismo, no presentó las pólizas y los comprobantes que dieron origen a los movimientos, ni presentó aclaración alguna.

Tal situación constituye, a juicio de está Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes citados, así como en los artículos 12.3 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Al verificar la documentación presentada por la Agrupación a la autoridad electoral, se observó que no entregó la integración de pasivos registrados en su contabilidad al 31 de diciembre de 2004, toda vez que en las cuentas “Proveedores” y “Acreedores” reportan adeudos por servicios prestados y préstamos otorgados. Asimismo, se observó que existen saldos que provienen del ejercicio de 2003 y que no reportan ningún movimiento de pago. A continuación se detallan los pasivos en comento:

Por lo anterior, se solicitó a la Agrupación que presentara una integración detallada de los saldos antes citados, especificando montos, nombres, concepto y fechas, anexando las pólizas y los comprobantes que dieron origen al movimiento, así como los pagos realizados, los contratos y, en su caso, los pagarés o letras de cambio con los que se documentaron las operaciones, especificando si existía alguna garantía o aval para el crédito; asimismo, que aclarará el por qué no se han pagado los adeudos correspondientes a 2003, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 12.3 y 14.2 del Reglamento en la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio número STCFRPAP/1064/05 (Anexo 3), de fecha 19 de agosto de 2005, recibido por la Agrupación el mismo día.

En consecuencia, con escrito de fecha 2 de septiembre de 2005 (Anexo 4), la Agrupación manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con relación a la integración de pasivos, anexo les enviamos los contratos correspondientes”.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

“Aún cuando la Agrupación señala en su escrito que presenta los contratos correspondientes, de la verificación a la documentación presentada a la autoridad electoral no se localizó contrato alguno según consta en el escrito de referencia.

Aunado a lo anterior la Agrupación por iniciativa propia realizó una serie de ajustes y reclasificaciones disminuyendo el saldo inicialmente observado situación que se detalla en el punto siguiente, por lo tanto el saldo reportado en la nueva versión de Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2004 de “Pasivos” es por un monto de $13,949,805.25 del cual la Agrupación no presentó la integración detallada de los saldos de las subcuentas de Proveedores y Acreedores Diversos, que especificara el monto, nombre, concepto y fecha, las pólizas y los comprobantes que dieron origen al movimiento, así como los pagos realizados.

En consecuencia, la Agrupación incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 12.3 y 14.2 del Reglamento en la materia.”

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 12.3 y 14.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que a las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 del propio Código.

Por su parte, el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

“Artículo 38. 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

…

k) Permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos;

…”

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

En ese sentido, el requerimiento realizado a la Agrupación Política al amparo del presente precepto, tiende a despejar obstáculos o barreras para que la autoridad pueda realizar su función fiscalizadora, es decir, allegarse de elementos que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia.

Asimismo, con el requerimiento formulado se impone una obligación a la Agrupación Política que es de necesario cumplimiento y cuya desatención implica la violación a la normatividad electoral que impone dicha obligación, y admite la imposición de una sanción por la contumacia en que se incurre.

De igual forma, el artículo 14.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las agrupaciones políticas, de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

“ARTÍCULO 14.

…

14.2 Durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.”

Por su parte, el artículo 14.2 tiene por objeto regular la siguiente situación: 1) la obligación de las agrupaciones políticas de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Ahora bien, el Tribunal Electoral dentro de la tesis relevante S3EL 030/2001, argumenta que el artículo 38, apartado 1, inciso k) del propio ordenamiento, dispone que los partidos tienen, entre otras obligaciones, primeramente la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos y egresos y la segunda consistente en que, cuando la propia autoridad emite un requerimiento de carácter imperativo, éste resulta de ineludible cumplimiento para el ente político de que se trate; tesis que también resulta aplicable a las agrupaciones políticas en tanto que la misma se refiere a las obligaciones de los partidos políticos contenidas en el citado artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal Electoral y que, por disposición del artículo 34, párrafo 4 del propio Código, es aplicable, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales.

Con el requerimiento formulado, se impone una obligación a la Agrupación Política que es de necesario cumplimiento, y cuya desatención implica la violación a la normatividad electoral que impone dicha obligación, y admite la imposición de una sanción por la contumacia en que se incurre. Esta hipótesis podría actualizarse cuando dicho requerimiento tuviera como propósito despejar obstáculos o barreras para que la autoridad realizara su función fiscalizadora. La función fiscalizadora que tiene encomendada la autoridad electoral se rige por los principios de certeza, objetividad y transparencia, por lo que la contumacia del requerido puede impedir o dificultar dicha función y vulnerar los principios rectores de la función electoral.

La tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

“FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.” (se transcribe)

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-049/2003, ha señalado que las consecuencias de que el partido político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la autoridad electoral, supone la imposición de una sanción:

“El incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones; en este sentido, entre diversos casos de infracción, el artículo 269, apartado 2, incisos b), c) y d) del código citado dispone que, los partidos políticos pueden ser sancionados, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, lo que incluye los relacionados con los lineamientos para la rendición de sus informes anuales.”

En este mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-022/2002, ha señalado lo que a continuación se cita:

“...la infracción ocurre desde que se desatienden los lineamientos relativos al registro de los ingresos del partido, al no precisar su procedencia ni aportar la documentación comprobatoria conducente... lo cual propicia la posibilidad de que el actor pudiera haber incrementado su patrimonio mediante el empleo de mecanismos no permitidos o prohibidos por la ley, ... debe tenerse en consideración que la suma de dinero cuyo ingreso no quedó plenamente justificado, pudo generar algunos rendimientos económicos al ser objeto de inversiones, además de representar ventaja indebida frente a los otros partidos políticos...”

Los criterios antes citados, resultan aplicables a las agrupaciones políticas en tanto que los mismos se refieren a las obligaciones de los partidos políticos contenidas en el citado artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal Electoral y que, por disposición del artículo 34, párrafo 4 del propio Código, es aplicable, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales.

El artículo 14.2 del Reglamento citado obliga a las agrupaciones políticas a permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos los estados financieros.

Derivado de lo anterior, el hecho de que una Agrupación Política no presente la documentación solicitada, no permita el acceso a la documentación original requerida, niegue información o sea omiso en su respuesta al requerimiento expreso y detallado de la autoridad, implica una violación a lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4, del código comicial y 14.2 del Reglamento de mérito. Por lo tanto, la Agrupación Política estaría incumpliendo una obligación legal y reglamentaria, que aunada a lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Electoral, suponen el encuadramiento en una conducta típica susceptible de ser sancionada por este Consejo General.

Por su parte, el artículo 12.3 del Reglamento de la Materia dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 12.

…

12.3 Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad de la Agrupación, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos, nombres, concepto y fechas. Dichos pasivos deberán estar debidamente registrados y soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para ello en el manual de operaciones del órgano de finanzas de la Agrupación.”

Del artículo antes trascrito se desprende que en aquéllos casos en que las agrupaciones políticas registren pasivos en su contabilidad se encuentran obligados a lo siguiente:

1) Presentar el detalle de los saldos correspondientes señalando: monto, concepto, nombre del acreedor y fecha en la que se contrajo el adeudo.

2) Registrarlos en la contabilidad.

3) Conservar la documentación soporte correspondiente.

4) Contar con la autorización de los funcionarios autorizados por la Agrupación de conformidad con lo establecido en su manual de operaciones.

Ahora bien, las normas antes señaladas son aplicables al caso concreto en razón de las siguientes consideraciones:

La Comisión de Fiscalización solicitó a la Agrupación que presentara una integración detallada de los saldos antes citados, especificando montos, nombres, concepto y fechas, anexando las pólizas y los comprobantes que dieron origen al movimiento, así como los pagos realizados, los contratos y, en su caso, los pagarés o letras de cambio con los que se documentaron las operaciones, especificando si existía alguna garantía o aval para el crédito; asimismo, que aclarará el por qué no se han pagado los adeudos correspondientes a 2003.

La Agrupación dio respuesta a diversas observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora, sin embargo, de la lectura de las respuestas presentadas es claro que no incluyen aclaraciones, información o documentación relacionada con las diversas observaciones que dieran certeza a la autoridad electoral sobre el registro de los saldos.

Lo anterior es así, tomando en cuenta que la Agrupación manifiesta que anexa los contratos correspondientes, mismos que de la verificación respectiva a la documentación presentada a la autoridad electoral no se localizaron según consta en el escrito de referencia.

Aunado a lo anterior la Agrupación por iniciativa propia realizó una serie de ajustes y reclasificaciones disminuyendo el saldo inicialmente observado, por lo tanto el saldo reportado en la nueva versión de Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2004 de “Pasivos” es por un monto de $13,949,805.25 del cual la Agrupación no presentó la integración detallada de los saldos de las subcuentas de Proveedores y Acreedores Diversos, que especificara el monto, nombre, concepto y fecha, las pólizas y los comprobantes que dieron origen al movimiento, así como los pagos realizados.

Por todo lo anterior, este Consejo General llega a la conclusión que la Agrupación Política incumplió sus obligaciones legales y reglamentarias por las siguientes razones:

En consecuencia, con su conducta la Agrupación incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 12.3 y 14.2 del Reglamento de la Materia.

Lo anterior, toda vez que desatendió la solicitud formulada por la Comisión de Fiscalización relativa a presentar la documentación que dio origen a diversos registros contables que afectan su patrimonio, en especifico, se trata de obligaciones contraídas por la Agrupación con sus proveedores y acreedores respecto de las cuales se desconoce el detalle al no haber presentado la documentación e información que sirviera como soporte para comprobar los registros contables correspondientes.

En concreto, la Agrupación con su actuar, incumplió la obligación consignada en el artículo 38, párrafo 1, del código electoral federal, consistente en entregar a la Comisión la documentación en la que se sustentan los registros contables, documentación que la citada Comisión le solicitó para verificar la veracidad de lo reportado en su informe anual.

Asimismo, la Agrupación incumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 14.2 del reglamento de la materia, consistentes en entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en su informe anual.

Adicionalmente, con su actuar la Agrupación violentó lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento de la Materia, toda vez que los registros contables presentados en su informe anual no se encuentran debidamente soportados con la documentación que les dio origen. En concreto, un monto de $13,949,804.68.

Ahora bien, de conformidad con el “Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos”, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, un pasivo es el conjunto de obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro, como consecuencia de transacciones o eventos pasados.

Asimismo, el citado Boletín establece que se trata de obligaciones derivadas de la transferencia de recursos o, en su caso, de prestaciones de servicios y que la obligación tiene su origen en sucesos pasados, no por transacciones que ocurrirían en el futuro.

Ahora bien, los pasivos son clasificados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente manera:

a) Pasivo a corto plazo. Aquéllos cuyo vencimiento se produce en un plazo no mayor a un año.

b) Pasivo largo plazo. Aquellos adeudos cuyo vencimiento es mayor a un año.

Asimismo, el Boletín antes señalado establece que la totalidad de los Pasivos deben ser valuados y reconocidos en el balance general correspondiente y que para efecto de su reconocimiento se debe cumplir con las siguientes características: 1) que se trate de una obligación presente; 2) que la transferencia de activos o presentación de servicios sea virtualmente ineludible y, 3) que tengan su origen en un evento pasado.

Cabe destacar que los pasivos por proveedores que tienen su origen en la compra de bienes, nacen en el momento en que los riesgos y beneficios han sido transferidos a la entidad que se obliga a su pago.

Una vez expuesto lo anterior, este Consejo General estima que de los registros contables presentados por la Agrupación en sus pasivos, subcuentas “Proveedores” y “Acreedores Diversos” se puede inferir que la Agrupación recibió diversos bienes y servicios cuyo pago se encuentra pendiente de realizar, los cuales tienen su origen en sucesos pasados, mismos que no fue posible conocer por esta autoridad.

Ahora bien, el hecho de que una Agrupación Política omita presentar a la autoridad fiscalizadora la documentación soporte de las obligaciones contraídas con sus proveedores impide al ente fiscalizador verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en su informe anual.

Lo anterior es así toda vez que, la documentación soporte correspondiente es considerada como un elemento indispensable para acreditar la existencia de obligaciones de cumplimiento futuro que tienen su origen en sucesos pasados.

No pasa desapercibido para esta autoridad que el cumplimento de las obligaciones contraídas por las agrupaciones políticas con sus proveedores deberá ser realizado con cargo a su patrimonio el cual, por disposición de la Ley Suprema de la Unión tiene su origen en el financiamiento público que por ministerio de ley tienen derecho a recibir.

Por tal motivo, cobra especial relevancia que los pagos que las agrupaciones deben realizar en cumplimiento a sus obligaciones previamente contraídas se encuentren debidamente documentados, situación que en la especie no ocurrió.

En ningún procedimiento de auditoria, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de las agrupaciones políticas nacionales, formas de asociación ciudadana que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por bueno el registro de pasivos que no se encuentran debidamente soportados, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares.

En el caso, la Agrupación omitió presentar información, documentación o aclaración alguna para acreditar las cifras que la autoridad fiscalizadora le observó.

Cabe señalar que los documentos que exhiba una Agrupación Política a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. Sin embargo, la Agrupación no presentó los documentos correspondientes para subsanar la totalidad de los saldos observados.

Cabe decir que, a pesar de que la Agrupación Política Nacional hubiera perdido el registro, ello no la evade de la responsabilidad de presentar, debidamente requisitado y con toda la documentación comprobatoria atinente a su Informe de Ingreso y Egresos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha manifestado que a pesar de que los partidos políticos pierdan el registro, las obligaciones que hubiesen contraído durante su tiempo de existencia permanecen. Este criterio es aplicable a las agrupaciones políticas nacionales en virtud de que son entes que reciben financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades y el hecho de que pierdan el registro no las exime del cumplimiento de esta obligación.

Al respecto, resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe:

“REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SU PÉRDIDA NO IMPLICA QUE DESAPAREZCAN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DURANTE SU VIGENCIA.” (se transcribe)

En consecuencia, en vista de que la Agrupación faltó a la obligación señalada en el cuerpo de la presente resolución, como lo ordena la Ley y el reglamento aplicable, y desatendió los requerimientos de autoridad en los que se le solicitaba, incurre en violaciones de fondo que merecen ser sancionadas.

La sanción es aplicable a pesar de que la Agrupación haya perdido el registro porque, como se ha detallado anteriormente, tal circunstancia no la exime de cumplir con las obligaciones que contrajo durante su existencia, más cuando esas obligaciones están relacionadas con la obligación de rendir cuentas de los recursos de que dispuso durante un ejercicio.

Adicionalmente, en otra tesis el propio Tribunal señala que el exigir el cumplimiento de obligaciones a los otros partidos resulta posible, puesto que la cancelación de su registro no implica, necesariamente, la desaparición de una persona jurídica de naturaleza diversa.

“CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NO NECESARIAMENTE TIENE POR EFECTO LA EXTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUBYACENTE.” (se transcribe)

Esta tesis resulta aplicable a las agrupaciones políticas en virtud de que si bien desaparece la Agrupación como tal, subyace otra entidad que tiene como origen a la Agrupación Política. En el caso concreto, la Agrupación que por esta vía se sanciona obtuvo su registro como partido político, por lo que las sanciones a las que se hizo acreedora ésta en su calidad de Agrupación Política resultan exigibles al partido político que subyace a su disolución.

Con fecha 14 de julio de 2005, se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional de las agrupaciones políticas nacionales "Sentimientos de la Nación" e "Iniciativa XXI", con la denominación "Alternativa Socialdemócrata y Campesina", bajo el número CG150/2005, que en su primer resolutivo señala:

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a “Sentimientos de la Nación” e “Iniciativa XXI” bajo la denominación “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, en los términos de los considerandos de esta resolución, toda vez que se reúnen los requisitos de ley y satisfacen el procedimiento establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho registro surtirá efectos a partir del uno de agosto de dos mil cinco, según lo establecido por el artículo 31, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo dicho se puede concluir que la Agrupación Política Sentimientos de la Nación varió su naturaleza a la de un partido político al momento que obtuvo su registro como tal. Sin embargo, las obligaciones que contrajo como Agrupación Política permanecen a pesar de esta circunstancia en virtud de que, como lo dice el Tribunal en la tesis de jurisprudencia en cita, subyace una organización o asociación de naturaleza diversa a la que se pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones que con motivo de su funcionamiento y operación contrajo la Agrupación en el momento que lo era.

De tal suerte, resulta procedente sancionar a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación, y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ésta al partido que subyace a su disolución, en virtud de que, como se ha explicado en párrafos previos si bien la persona jurídica “Agrupación Política Nacional” desaparece al momento que ésta obtiene su registro como partido político, las obligaciones previamente contraídas por ésta subsisten y su exigibilidad se extiende a la organización o asociación que sobrevive a su desaparición, en el caso concreto al partido político que se originó con los integrantes originales de la Agrupación.

Como marco conceptual hay que decir que, la H. Cámara de Diputados consideró procedente modificar la legislación secundaria en materia electoral en el artículo 22, numeral 1, con el objeto de establecer que sean sólo las agrupaciones políticas nacionales las que puedan solicitar ante la autoridad electoral el registro como partidos políticos, partiendo de que dichas agrupaciones debieron previamente acreditar ante la misma autoridad que cuentan con un nivel de representatividad política suficiente como para pretender obtener obligaciones y derechos como partido político.

Derivado de lo anterior, si sólo las organizaciones que tienen registro ante el IFE como agrupaciones políticas tienen la posibilidad legal de obtener el registro como partido político, una vez que cubran los extremos legales, debe entenderse que esas agrupaciones deben cumplir con todas las obligaciones legales que hubiesen adquirido, aun cuando varíen su naturaleza al momento de convertirse en partidos políticos. Ello porque la entidad que subyace -el partido político- es la que debe asumir las responsabilidades contraídas por éstas, más tratándose de obligaciones contraídas por el uso y manejo de sus recursos.

Tal situación no es novedosa, pues con motivo de la revisión de los Informes Anuales del año 1998, este Consejo General aplicó diversas sanciones al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, antes Agrupación Política Nacional Organización Auténtica de la Revolución Mexicana; al Partido de la Sociedad Nacionalista, antes Agrupación Política Sociedad Nacionalista, y; al Partido Convergencia por la Democracia, antes Agrupación Política Nacional Convergencia por la Democracia, a fin de que se responsabilizaran por las diversas irregularidades en que habían incurrido las agrupaciones políticas que les dieron origen.

De tal suerte, este Consejo General considera procedente sancionar al Partido Político Nacional “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, por las irregularidades cometidas por la Agrupación Política Nacional “Sentimientos de la Nación”, con base en los argumentos antes señalados, a fin de que el partido político cumpla con las obligaciones que contrajo de modo previo, en su calidad de Agrupación Política Nacional.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

“(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley.”

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con números S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.

La falta se califica como grave, en tanto que Sentimientos de la Nación, Agrupación Política Nacional, no atendió en sus términos las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y omitió presentar la totalidad de los comprobantes que dieron origen a los saldos citados.

Por lo antes expuesto, este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave especial la irregularidad detectada por la Comisión de Fiscalización, procede a determinar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

Este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, una falta de cuidado por parte de la Agrupación Política en el control y manejo de los documentos que soportan sus registros contables.

Asimismo, se observa que la Agrupación Política presenta en términos generales, incondiciones adecuadas respecto al control de su registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normatividad electoral, reglamentaria y contable.

Por otra parte, este Consejo General advierte que la irregularidad observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte de la misma. Lo anterior, toda vez que no es la primera vez que somete a un procedimiento de revisión es decir, conocía con anterioridad la norma aplicable y sus consecuencias.

Asimismo, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone a la Agrupación infractora no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido. Por otra parte, se tiene en cuenta que el monto de los pasivos cuyo origen no fue acreditado asciende a $13,949,804.68.

Por último, en relación con la capacidad económica de la infractora, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que la Agrupación Política cuenta con capacidad económica suficiente para enfrentar la sanción que se le impuso, toda vez que por concepto de financiamiento público para el año 2005, le correspondió la cantidad de $201,111.58 en la primera ministración como consta en el acuerdo número CG24/2005, aprobado en sesión ordinaria del 31 de enero de 2005; $25,750.59 en la segunda ministración como consta en el acuerdo número CG029/2005, aprobado en sesión ordinaria del 29 de abril de 2005 y $88,002.49 en la tercera ministración como consta en el acuerdo número CG152/05, aprobado en sesión ordinaria del 15 de julio del presente año; emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que da como total $314,864.66 de financiamiento público en 2005, por lo que la imposición de esta sanción no obstruye ni obstaculiza a la Agrupación Política en el cumplimiento de sus objetivos ni en el de sus funciones. Adicionalmente la Agrupación se encuentra en posibilidades de recibir financiamiento privado, siempre que éste se encuentre apegado a las disposiciones legales y reglamentarias, por lo que se considera pertinente imponer una sanción suficiente para disuadir en el futuro que ésta, así como otras agrupaciones políticas, incumplan con este tipo de obligaciones.

En mérito de lo que antecede, se puede concluir que la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación varió su naturaleza a la de un partido político que obtuvo su registro como tal. En consecuencia, como se argumento anteriormente, las obligaciones que contrajo como Agrupación Política Nacional, permanecen a pesar de esta circunstancia, puesto que subyace una organización o asociación de naturaleza diversa a la que se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones y que con motivo de su funcionamiento y operación contrajo la Agrupación en el momento en que lo era.

De tal suerte, que resulta procedente sancionar a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación, y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ésta al partido político nacional Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mismo que subyace a su disolución, y por lo tanto este Consejo General llega a la convicción de que debe imponerse una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en la reducción del 6.5% (seis punto cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanente, hasta alcanzar un monto líquido de $1,394,975.40 (un millón trescientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.).

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone a la con (sic) base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone a la Agrupación Políticas nacional, en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

j) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 14 lo siguiente:

“14. La Agrupación canceló saldos reportados inicialmente en su contabilidad como anticipos a proveedores y lo registró en la cuenta de proveedores, con saldo contrario a su naturaleza, así mismo, no proporcionó la integración correspondiente.

Tal situación constituye, a juicio de está Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes citados, así como en los artículos 14.2 y 19.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el articulo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

De la verificación a la nueva versión de auxiliares contables y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2004 presentados, se observó que la Agrupación realizó ajustes y reclasificaciones a las subcuentas observadas y adicionó el registro de las nuevas subcuentas, como a continuación se detalla:

Con relación al proveedor “Revista Campesina, S.A. de C.V.” la Agrupación realizó reclasificaciones derivadas de la depuración del saldo de cuentas por cobrar de Rafael Piñeiro López y de anticipo a proveedores, corroborando que su registro es correcto.

Sin embargo, por lo que se refiere a las subcuentas de “Víctor Hugo Helguero Arroyo” y “Centro de Estudios de Políticas Públicas” la Agrupación canceló los saldos reportados inicialmente en su contabilidad como anticipos a proveedores para registrar dicho pago en dos subcuentas de pasivos, sin embargo, al no existir ningún adeudo o provisión de una obligación contraída previamente los saldos reportados en dichas subcuentas al 31 de diciembre de 2004, son contrarios a la naturaleza de la cuenta, aunado a que no proporcionó la integración correspondiente, las pólizas de registro en comento, se indican a continuación:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

“Por lo anterior, la Agrupación incumplió con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes citados, 14.2 y 19.3 del Reglamento de la materia.

Cabe señalar que tal situación no fue posible informarla a la Agrupación Política, toda vez que ya había vencido el plazo para la notificación sobre errores y omisiones detectados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.1 y 15.1 de Reglamento de la materia”

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes citados, 14.2 y 19.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 34, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que a las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 del propio Código. Por su parte, el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

“Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

…

k) Permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos;

…”

El articulo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

En ese sentido, el requerimiento realizado a la Agrupación Política al amparo del presente precepto, tiende a despejar obstáculos o barreras para que la autoridad pueda realizar su función fiscalizadora, es decir, allegarse de elementos que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia.

Asimismo, con el requerimiento formulado se impone una obligación a la Agrupación Política que es de necesario cumplimiento y cuya desatención implica la violación a la normatividad electoral que impone dicha obligación, y admite la imposición de una sanción por la contumacia en que se incurre

De igual forma, el artículo 14.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las agrupaciones políticas, de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

“ARTÍCULO 14.

…

14.2 Durante el periodo de revisión de los informes, las agrupaciones políticas tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.”

Por su parte, el artículo 14.2 tiene por objeto regular la siguiente situación: 1) la obligación de las agrupaciones políticas de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Ahora bien, el Tribunal Electoral dentro de la tesis relevante S3EL 030/2001, argumenta que el artículo 38, apartado 1, inciso k) del propio ordenamiento, dispone que los partidos tienen, entre otras obligaciones, primeramente la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos y egresos y la segunda consistente en que, cuando la propia autoridad emite un requerimiento de carácter imperativo, éste resulta de ineludible cumplimiento para el ente político de que se trate; tesis que también resulta aplicable a las agrupaciones políticas en tanto que la misma se refiere a las obligaciones de los partidos políticos contenidas en el citado artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal Electoral y que, por disposición del artículo 34, párrafo 4 del propio Código, es aplicable, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales.

Con el requerimiento formulado, se impone una obligación a la Agrupación Política que es de necesario cumplimiento, y cuya desatención implica la violación a la normatividad electoral que impone dicha obligación, y admite la imposición de una sanción por la contumacia en que se incurre. Esta hipótesis podría actualizarse cuando dicho requerimiento tuviera como propósito despejar obstáculos o barreras para que la autoridad realizara su función fiscalizadora. La función fiscalizadora que tiene encomendada la autoridad electoral se rige por los principios de certeza, objetividad y transparencia, por lo que la contumacia del requerido puede impedir o dificultar dicha función y vulnerar los principios rectores de la función electoral.

La tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

“FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.” (se transcribe)

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-049/2003, ha señalado que las consecuencias de que el partido político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la autoridad electoral, supone la imposición de una sanción.

“El incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones; en este sentido, entre diversos casos de infracción, el artículo 269, apartado 2, incisos b), c) y d) del código citado dispone que, los partidos políticos pueden ser sancionados, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, lo que incluye los relacionados con los lineamientos para la rendición de sus informes anuales.”

En este mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-022/2002, ha señalado lo que a continuación se cita:

“...la infracción ocurre desde que se desatienden los lineamientos relativos al registro de los ingresos del partido, al no precisar su procedencia ni aportar la documentación comprobatoria conducente... lo cual propicia la posibilidad de que el actor pudiera haber incrementado su patrimonio mediante el empleo de mecanismos no permitidos o prohibidos por la ley,...debe tenerse en consideración que la suma de dinero cuyo ingreso no quedó plenamente justificado, pudo generar algunos rendimientos económicos al ser objeto de inversiones, además de representar ventaja indebida frente a los otros partidos políticos...”

Los criterios antes citados, resultan aplicables a las agrupaciones políticas en tanto que los mismos se refieren a las obligaciones de los partidos políticos contenidas en el citado artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal Electoral y que, por disposición del artículo 34, párrafo 4 del propio Código, es aplicable, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales.

El artículo 14.2 del Reglamento citado obliga a las agrupaciones políticas a permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos los estados financieros.

Derivado de lo anterior, el hecho de que una Agrupación Política no presente la documentación solicitada, no permita el acceso a la documentación original requerida, niegue información o sea omiso en su respuesta al requerimiento expreso y detallado de la autoridad, implica una violación a lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso k), en relación con el 34, párrafo 4, del código comicial y 14.2 del Reglamento de mérito. Por lo tanto, la Agrupación Política estaría incumpliendo una obligación legal y reglamentaria que aunada a lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Electoral, suponen el encuadramiento en una conducta típica susceptible de ser sancionada por este Consejo General.

Por su parte, el artículo 19.3 del Reglamento de la materia, dispone que las agrupaciones políticas deben apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras, a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En ese sentido, no hay duda que la Agrupación tenía la obligación de entregar la documentación solicitada el original, lo que en la especie no sucedió.

Cabe aclarar que la ley señala plazos y términos fijos previamente establecidos dentro de los cuales la autoridad electoral debe llevar a cabo el estudio de la documentación proporcionada por las agrupaciones en el procedimiento de revisión de los Informes Anuales, sin que sea admisible la prórroga de dichos plazos. Así, a concluir la tercera etapa del procedimiento, es decir, finalizado el plazo de sesenta días para revisar los Informes Anuales no se permite comunicar irregularidades diversas a las originalmente notificadas, sin que sea óbice que la autoridad encuentre irregularidades derivadas de la documentación entregada, las cuales pueden ser sancionadas.

Esto es así, pues de lo contrario se permitiría a las agrupaciones políticas la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a su Informe Anual una vez que haya finalizado el plazo de los sesenta días y por ese simple hecho colocar a la autoridad en imposibilidad de aplicar las sanciones que se deriven de su revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de a Federación, respecto a los partidos políticos, criterio que resulta aplicable al caso concreto:

“GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL.” (se transcribe)

En ese sentido, la decisión de la Agrupación Política de suspender su adecuado registro contable y la comprobación de sus egresos, va en contra del cumplimiento cabal de las obligaciones de reportar todos y cada uno de sus egresos, respetar los principios generalmente aceptados de contabilidad al manejar sus cuentas y soportar con la documentación atinente sus egresos, de modo que permita determinar su aplicación y destino.

En el caso en concreto, la Agrupación Política canceló los saldos reportados inicialmente en su contabilidad como anticipos a proveedores para registrar dicho pago en dos subcuentas de pasivos, sin embargo, no existía ningún adeudo o provisión de una obligación contraída, previamente los saldos reportados en dichas subcuentas a 31 de diciembre de 2004, por lo que son contrarios a la naturaleza de la cuenta, aunado a que no proporcionó la integración correspondiente.

En ese sentido, es inconcuso que el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento aplicable, no pueden dejarse al arbitrio de los sujetos a las que se encuentran dirigidas, pues la fuerza imperativa de las normas que regulan el manejo de los recursos constriñe a las agrupaciones políticas a ajustarse de manera estricta a las formas por ellas establecidas, sin que sea admisible, como lo ha afirmado la Sala Superior del Tribunal Electoral, “que las normas dadas puedan modificarse por otras que se estimen más accesibles a las necesidades particulares de los asociados y simpatizantes de las agrupaciones políticas, máxime cuando las normas que establecen las obligaciones en comento, ya eran del conocimiento de la Agrupación Política, de modo que, estuvo en condiciones de prever su cumplimiento” (SUP-RAP-018/2004), criterio aplicable al presente caso para las agrupaciones políticas.

Cabe decir que, a pesar de que la Agrupación Política Nacional hubiera perdido el registro, ello no la evade de la responsabilidad de presentar, debidamente requisitado y con toda la documentación comprobatoria atinente a su Informe de Ingreso y Egresos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha manifestado que a pesar de que los partidos políticos pierdan el registro, las obligaciones que hubiesen contraído durante su tiempo de existencia permanecen. Este criterio es aplicable a las agrupaciones políticas nacionales en virtud de que son entes que recibe financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades y el hecho de que pierdan el registro no las exime del cumplimiento de esta obligación.

Al respecto, resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe:

“REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SU PÉRDIDA NO IMPLICA QUE DESAPAREZCAN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DURANTE SU VIGENCIA.” (se transcribe)

En consecuencia, en vista de que la Agrupación faltó a la obligación señalada en el cuerpo de la presente resolución, como lo ordena la Ley y el reglamento aplicable, y desatendió los requerimientos de autoridad en los que se le solicitaba, incurre en violaciones de fondo que merecen ser sancionadas.

La sanción es aplicable a pesar de que la Agrupación haya perdido el registro porque, como se ha detallado anteriormente, tal circunstancia no la exime de cumplir con las obligaciones que contrajo durante su existencia, más cuando esas obligaciones están relacionadas con la obligación de rendir cuentas de los recursos de que dispuso durante un ejercicio.

Adicionalmente, en otra tesis el propio Tribunal señala que el exigir el cumplimiento de obligaciones a los otros partidos resulta posible, puesto que la cancelación de su registro no implica, necesariamente, la desaparición de una persona jurídica de naturaleza diversa.

“CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NO NECESARIAMENTE TIENE POR EFECTO LA EXTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUBYACENTE.” (se transcribe)

Esta tesis resulta aplicable a las agrupaciones políticas en virtud de que si bien desaparece la Agrupación como tal, subyace otra entidad que tiene como origen a la Agrupación Política. En el caso concreto, la Agrupación que por esta vía se sanciona obtuvo su registro como partido político, por lo que las sanciones a las que se hizo acreedora ésta en su calidad de Agrupación Política resultan exigibles al partido político que subyace a su disolución.

Con fecha 14 de julio de 2005, se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional de las agrupaciones políticas nacionales “Sentimientos de la Nación” e “Iniciativa XXI”, con la denominación “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, bajo el número CG150/2005, que en su primer resolutivo señala:

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a “Sentimientos de la Nación” e “Iniciativa XXI” bajo la denominación “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, en los términos de los considerandos de esta resolución, toda vez que se reúnen los requisitos de ley y satisfacen el procedimiento establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho registro surtirá efectos a partir del uno de agosto de dos mil cinco, según lo establecido por el artículo 31, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

De lo dicho se puede concluir que la Agrupación Política Sentimientos de la Nación varió su naturaleza a la de un partido político al momento que obtuvo su registro como tal. Sin embargo, las obligaciones que contrajo como Agrupación Política permanecen a pesar de esta circunstancia en virtud de que, como lo dice el Tribunal en la tesis de jurisprudencia en cita, subyace una organización o asociación de naturaleza diversa a la que se pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones que con motivo de su funcionamiento y operación contrajo la Agrupación en el momento que lo era.

De tal suerte, resulta procedente sancionar a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación, y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ésta al partido que subyace a su disolución, en virtud de que, como se ha explicado en párrafos previos si bien la persona jurídica "Agrupación Política Nacional" desaparece al momento que ésta obtiene su registro como partido político, las obligaciones previamente contraídas por ésta subsisten y su exigibilidad se extiende a la organización o asociación que sobrevive a su desaparición, en el caso concreto al partido político que se originó con los integrantes originales de la Agrupación.

Como marco conceptual hay que decir que, la H. Cámara de Diputados consideró procedente modificar la legislación secundaria en materia electoral en el artículo 22, numeral 1, con el objeto de establecer que sean sólo las agrupaciones políticas nacionales las que puedan solicitar ante la autoridad electoral el registro como partidos políticos, partiendo de que dichas agrupaciones debieron previamente acreditar ante la misma autoridad que cuentan con un nivel de representatividad política suficiente como para pretender obtener obligaciones y derechos como partido político.

Derivado de lo anterior, si sólo las organizaciones que tienen registro ante el IFE como agrupaciones políticas tienen la posibilidad legal de obtener el registro como partido político, una vez que cubran los extremos legales, debe entenderse que esas agrupaciones deben cumplir con todas las obligaciones legales que hubiesen adquirido, aun cuando varíen su naturaleza al momento de convertirse en partidos políticos. Ello porque la entidad que subyace -el partido político- es la que debe asumir las responsabilidades contraídas por éstas, más tratándose de obligaciones contraídas por el uso y manejo de sus recursos.

Tal situación no es novedosa, pues con motivo de la revisión de los Informes Anuales del año 1998, este Consejo General aplicó diversas sanciones al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, antes Agrupación Política Nacional Organización Auténtica de la Revolución Mexicana; al Partido de la Sociedad Nacionalista, antes Agrupación Política Sociedad Nacionalista, y; al Partido Convergencia por la Democracia, antes Agrupación Política Nacional Convergencia por la Democracia, a fin de que se responsabilizaran por las diversas irregularidades en que habían incurrido las agrupaciones políticas que les dieron origen.

De tal suerte, este Consejo General considera procedente sancionar al Partido Político Nacional “Alternativa Socialdemócrata y Campesina”, por las irregularidades cometidas por la Agrupación Política Nacional “Sentimientos de la Nación”, con base en los argumentos antes señalados, a fin de que el partido político cumpla con las obligaciones que contrajo de modo previo, en su calidad de Agrupación Política Nacional.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Cabe destacar que la falta cometida por la Agrupación es considerada por esta autoridad electoral como una falta de fondo, toda vez que impide que la autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre lo reportado por la misma en su informe anual, concretamente sobre el uso y destino de los recursos con los que contó.

La falta se califica en consecuencia como grave, pues se impide a la Comisión verifique a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, afectando el registro contable y la presentación documental por parte de la Agrupación Política.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

“(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley.”

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con números S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave especial la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, esta autoridad toma en consideración que la Agrupación Política no fue sancionada en el ejercicio anterior por una falta de esta naturaleza, por lo que no se actualiza el supuesto de reincidencia.

No obstante, se advierte que la Agrupación Política conocía de las consecuencias que el despliegue de esta conducta eventualmente podría traer consigo, dado que de modo previo a que se practicara la revisión, la norma aplicada se encontraba en vigor, por lo que no se puede alegar desconocimiento o ignorancia de la misma.

En segundo lugar, por las características de la infracción, no se puede presumir dolo, ni la intención de ocultar información o el ánimo de entorpecer el ejercicio de las funciones de fiscalización atribuidas a esta autoridad, sin embargo sí puede hablarse de una falta de cuidado que refleja un importante desorden administrativo y contable, pues si bien, la Agrupación colaboró en las labores de fiscalización y mostró ánimo de colaborar con la autoridad, esta circunstancia no la releva de la obligación de cumplir con su obligación de atender en sus términos el requerimiento de autoridad.

En tercer lugar, se observa que la Agrupación presenta, en términos generales, un descontrol administrativo en cuanto al registro y documentación de sus ingresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone a la Agrupación infractora no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Por último, en relación con la capacidad económica de la infractora, la cual constituye uno de los elementos que la autoridad ha de valorar en la aplicación de sanciones, este Consejo General advierte que la Agrupación Política cuenta con capacidad económica suficiente para enfrentar la sanción que se le impuso, toda vez que por concepto de financiamiento público para el año 2005, le correspondió la cantidad de $201,111.58 en la primera ministración como consta en el acuerdo número CG24/2005, aprobado en sesión ordinaria del 31 de enero de 2005; $25,750.59 en la segunda ministración como consta en el acuerdo número CG029/2005, aprobado en sesión ordinaria del 29 de abril de 2005 y $88,002.49 en la tercera ministración como consta en el acuerdo número CG152/2005, aprobado en sesión ordinaria del 15 de julio del presente año; emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que da como total $314,864.66 de financiamiento público en 2005, por lo que la imposición de esta sanción no obstruye ni obstaculiza a la Agrupación Política en el cumplimiento de sus objetivos ni en el de sus funciones. Adicionalmente la Agrupación se encuentra en posibilidades de recibir financiamiento privado, siempre que éste se encuentre apegado a las disposiciones legales y reglamentarias, por lo que se considera pertinente imponer una sanción suficiente para disuadir en el futuro que ésta, así como otras agrupaciones políticas, incumplan con este tipo de obligaciones.

En mérito de lo que antecede, se puede concluir que la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación varió su naturaleza a la de un partido político que obtuvo su registro como tal. En consecuencia, como se argumento anteriormente, las obligaciones que contrajo como Agrupación Política Nacional, permanecen a pesar de esta circunstancia, puesto que subyace una organización o asociación de naturaleza diversa a la que se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones y que con motivo de su funcionamiento y operación contrajo la Agrupación en el momento en que lo era.

De tal suerte, que resulta procedente sancionar a la Agrupación Política Nacional Sentimientos de la Nación, y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ésta al partido político nacional Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mismo que subyace a su disolución, y por lo tanto este Consejo General llega a la convicción de que debe imponerse una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en la reducción del 7.0% (siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $1,425,833.70 (un millón cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta y tres pesos 70/100 M.N.).

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone a la Agrupación Política Nacional, en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

TERCERO. El recurrente expresó los siguientes agravios:

“1. Las multas impuestas a nuestro instituto político, desde luego que atentan en contra de los artículos 14, 16, 22 y 41 de la Constitución Federal en nuestro perjuicio, así como en contra de los principios de legalidad, objetividad, profesionalización y certeza, que están obligados a respetar la autoridad electoral responsable, en virtud de que carecen dichas multas de una debida fundamentación y motivación mediante la cual se acredite convicción plena de legalidad en su imposición.

2. Pues en efecto antes de dar comienzo al planteamiento de agravios es importante considerar las siguientes tesis emitidas por este H. Tribunal las cuales de antemano podemos decir, la autoridad responsable no cumple al momento de sancionar, por lo tanto se procede a citarlas como parte inicial de la ruta legal a seguir por esta parte accionante y que al efecto dicen lo siguiente:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.” (se transcribe)

ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” (se transcribe)

3. Así a mayor abundamiento, las multas impuesta a mi representada, desde luego que es ilegal que se le impongan, cuando de antemano dentro de su vida jurídica no tuvo responsabilidad alguna respecto de las posibles faltas cometidas derivadas de las APN sancionadas, esto es, la autoridad sanciona a la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, pero determinado que quien debe de pagar las multas referidas lo debe de ser mi representada, por lo anterior ello desde luego que no esta debidamente fundado y motivado en términos del artículo 16 Constitucional ya que no hay precepto alguno dentro del COFIPE, que ordene que un partido político subrogara las obligaciones pendientes de una APN, ya que en efecto, no hay disposición en ese sentido con cual se pueda crear convicción de legalidad y fundar como consecuencia el acto con senda determinación por demás excesiva, y lo anterior es tan claro que la misma autoridad no funda su determinación en ningún precepto legal sino solo se limita a dar un razonamiento carente de sustento, basado en antecedentes que ni siquiera describe para por lo menos tener mi representada las bases legales supuestamente aplicables, por lo tanto se deberá de revocar la sanción ordenándose que quien deba pagar la multa lo sea la APN que la origino por medio de su organización civil subyacente o en todo caso por medio de sus administradores físicos responsables del mal manejo contable, financiero y administrativo de acuerdo a las leyes civiles.

4. Lo anterior desde luego, que es de tomarse en cuenta ya que como la misma autoridad lo funda, en las diversas tesis de la jurisprudencia emitida por este H. Tribunal, quien debe de responder de las obligaciones pendientes de una agrupación o partido que pierde su registro, lo debe de ser su organización civil subyacente, que en el caso concreto desde luego que existe, dado que la APN que perdió su registro, continua vigente su organización de ciudadanos que le dieron vida a la misma, y que al efecto ninguno de ellos en lo personal le dio vida jurídica al partido político ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA, esto es, el hecho de que la APN sentimientos de la nación haya participado en la creación de nuestro nuevo partido político, ello no implica que sus agremiados estén participando en su conjunto dentro de ALTERNATIVA, pues veamos, cuando se inicia el procedimiento de creación del nuevo partido, su único requisito básico relacionado con las APN, se encuentra en la solicitud del registro, por así ordenarlo las nuevas disposiciones del COFIPE de diciembre del año 2003, que ordenan que solo las agrupaciones políticas podrán solicitar registro como partido político nacional, sin embargo ya en lo posterior de ello, son nuevos ciudadanos los que participan en las asambleas distritales o estatales, y asimismo lo mas evidente es que quien participa en la asamblea nacional constitutiva, por igual lo es y fue gente, que nada tuvo que ver con la APN sentimientos de la nación, aunado a que por igual es de considerarse, que el órgano directivo del partido casi nadie de sus integrantes perteneció a la organización de la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, por lo tanto si los integrantes del partido no son los mismos de la APN sancionada, es de concluirse que el nuevo partido no tiene porque pagar las obligaciones pendientes de la APN, así mismo otro elemento importante, es que para la creación y/o constitución de mi representada, no solo participo la multicitada APN, ya que por igual participo otra como lo fue INICIATIVA XXI, luego entonces no es ni justo ni equitativo que se este sancionando a ALTERNATIVA con senda multa, cuando la misma es responsabilidad única y exclusivamente de la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, que además nada tiene por igual, que ver con la APN INCIATIVA XXI, es decir, en caso de que se adopte el espurio criterio de la autoridad responsable, ello equivaldría a que entonces se este sancionando a la mitad de los integrantes del partido, que no fueron ni participaron con la agrupación política infractora, por lo tanto estos últimos elementos se deberán de tomar en cuenta para efecto de valorar las multas impuestas y así revalorar la proporcionalidad de la mismas, sobre todo las dos mas altas, que es evidente que en los términos en que se dio, violan el artículo 41 Constitucional, así como el artículo 16 Constitucional, así como los principios de legalidad, certeza y equidad que en materia electoral debe de respetar la autoridad.

5. Y ad cautelam en cuanto a lo referente a las multas impuestas a ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA, para el indebido caso que este H. Tribunal pase por alto los anteriores conceptos de violación, se procede a impugnar la multa por la cantidad de $1,394,975.40, identificada con la letra i), dentro del resolutivo y dictamen correspondiente a la agrupación política nacional “SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”, cuyo supuesto motivo se determina que “13. La Agrupación no entregó la integración de pasivos registrados en su contabilidad al 31 de diciembre de 2004, por un monto de $13,949,804.68, así mismo no presento las pólizas y los comprobantes que dieron origen a los movimientos, ni presento aclaración alguna.” (sic), procediéndose a responsabilizar a mi representada en lo que se refiere a su pago.

6. Lo anterior desde luego que es falso y por lo tanto ilegal, ya que en efecto, según se desprende del propio dictamen, la autoridad considera que la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN no acredito la integración de sus pasivos por la cantidad total de $14,258,337.05, y que asimismo dichos montos provienen de adeudos generados al 31 de diciembre del año 2003 así como los generados en el ejerció 2004, por lo anterior hemos de manifestar su Señoría que la autoridad califica, valora y aprecia indebidamente los informes presentados por la APN referida, lo cual nos causa un serio perjuicio, ya que en efecto, de acuerdo a las balanzas de comprobación ofrecidas como informes respecto del ejercicio del año 2004, que son materia de revisión, solo la cantidad de $5,367.05 con cargo de la Revista Campesina S.A. de C.V. corresponde como deuda al ejercicio referido y no así el resto de los pasivos que son del año 2003, que si bien es cierto se informaron, lo cierto también es que dichos pasivos no representan ni son ingresos y egresos del ejercicio materia de revisión correspondiente al año 2004, por lo tanto de ahí que la APN no tuviera porque acreditar su integración y máxime cuando dicho pasivo ya fue materia de revisión en el año 2004, derivado precisamente del informe de ingresos y egresos del ejercicio 2003.

7. Ahora bien en una aplicación estricta de las normas de fiscalización electorales es de resaltarse que la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, no que tenia la obligación absoluta de informar en el presente año, lo era respecto de lo que es materia de revisión, es decir, respecto del ejercicio 2004, es decir, todo lo referente a sus ingresos y egresos y no así lo del 2003, que como ya se dijo ya fue revisado el año pasado, en consecuencia si los pasivos del año 2003, no fueron ingresos y egresos realizados durante el año 2004, no tenía porque la APN informarlos, dado que se reitera eso correspondió en todo caso hacerse y requerirse por parte de la autoridad el año pasado, que fue cuando se revisó el ejercicio 2003 y en donde sí se presentaron, suponiendo sin conceder, ingresos y egresos.

8. Así  que como se puede percibir, la autoridad responsable valora indebidamente y va mas allá de lo que en todo caso le correspondía revisar y requerir, que al efecto lo era únicamente la documentación relativa al ejercicio del año 2004, luego entonces ante tal ilegalidad en el exceso, es de acreditarse que en todo caso la multa fue del todo desproporcionada ante la falta cometida, por lo que lo idóneo en todo caso, lo era el haberse solo amonestado a la APN, en virtud de que lo que en términos reales no acredito, fue únicamente la integración del pasivo del año 2004, respaldándose esto incluso con lo que dice el mismo artículo 12.3 del Reglamento de Fiscalización de las agrupaciones políticas nacionales, y el cual establece que si al final del ejercicio existieran pasivos, éstos deberán integrarse detalladamente señalando los montos, nombre, conceptos y fechas (...), por lo anterior derivado de dicho precepto se evidencia como es que en todo caso la APN, solo le correspondía probar la integración de ese pasivo relativo del año 2004 y no así el total de los pasivos, puesto que entonces qué caso tendría precisamente la revisión que se hace año con año.

9. Por tanto ante las referidas circunstancias, se acredita la violación al artículo 41 Constitucional en lo que se refiere a la violación directa a los principios de legalidad y certeza, así como los artículo 14 y 16 Constitucionales, al no fundar y motivar adecuadamente su sanción hacia mi representada ALTERNATIVA, ya que en efecto, el que se haya resuelto de esa manera, tomando en consideración documentos que no le correspondía revisar como lo son los pasivos del año 2003, ello es violatorio de los principios de fundamentación, motivación, certeza y legalidad que toda autoridad debe de cumplir, toda vez que nos encontramos ante un acto de autoridad que no valoro debidamente las constancias existentes que obran en su poder y con las cuales se acredita el cumplimiento por parte de SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN al artículo 38 inciso k) del COFIPE, respecto de su informe de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio del año 2004, luego entonces la motivación en ese sentido, es evidente brillo por su ausencia puesto que con una apreciación de los hechos totalmente unilateral, la autoridad procedió a valorar lo que se le vino en gana, manipulando los medios de prueba en perjuicio de la APN, lo cual le repercute de forma totalmente ilegal y directa a mi representada, al determinarse que es la responsable del cumplimiento de pago de la sanción.

10. Por lo tanto la motivación del acto reclamado no se cumple si la autoridad se limita a sancionar en base a hechos y circunstancias nunca reales, dado que nunca valoro el desahogo oportuno que la APN dio respecto del oficio del área de fiscalización del IFE, identificado como STCFRPAP/1064/05 de fecha 19 de agosto del año 2005, que aunque dicho desahogo se haya realizado de forma incorrecta, lo cierto es que por igual se presento el oficio de fecha 15 de septiembre del año en curso donde se acreditan de forma legal las operaciones respecto de sus ingresos y sus egresos de la APN SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, por tanto su Señoría, lo anterior especialmente se deberá valorar puesto que por el contrario a lo que afirma la autoridad, sí existe la comprobación de la integración de los pasivos reflejados en sus informes de parte de la APN en cita referentes al año 2004.

11. Así podemos concluir que como consecuencia de lo anterior, la fundamentación aplicada por la autoridad de igual forma no se cumple, lo que en todo caso es violatorio de los artículos 16 y 41 Constitucional en virtud de que en la realidad no hubo trasgresión a las normas aplicables por parte de la APN y por tanto no se encuadra en fundamento legal alguno, por lo que es de revocarse la sanción impuesta.

12. Ahora bien a lo largo de la resolución, la autoridad insiste en afirmar que la APN Sentimientos de la Nación no presentó documentación alguna que soportara los pasivos informados, sin embargo independientemente de que ya se probo que ello no es así, lo cierto también es que no hay motivo para sancionar a mi representada con tan exorbitante monto ya que en el fondo su Señoría, la APN sí cumplió con el artículo 38 fracción K del COFIPE en el sentido de informar el total de sus ingresos y egresos, esto es, esa es la obligación primordial y no la de informar la integración de sus pasivos del año 2003 que en todo caso se derivan de una situación anexa contable, pero que no corresponden a un ingreso real del ejercicio 2004, por lo tanto en el fondo la APN no tenía porque informar la autoridad la integración de sus pasivos contenidos y mucho menos cuando estos surgieron a la vida jurídica de actos privados que legítimamente pudo realizar la APN en el año 2003, luego entonces si los pasivos y su documentación respectiva no contravienen el sistema de financiamiento ni mucho menos el de fiscalización, no hay motivo alguno para que se le sancione así a la APN Sentimientos de la Nación, circunstancia que desafortunadamente le repercuta gravemente a mi representada en su financiamiento, pues en todo caso como bien lo dice la autoridad, es una falta de cuidado de parte del área contable y administrativa de la APN, que más bien nos parece amerita una amonestación pública y máxime cuando la APN siempre colaboro con la autoridad como esta misma lo reconoce, por lo que es de valorarse estos argumentos y confesiones de la autoridad y más aún cuando dichos pasivos no provienen ni siquiera del financiamiento público, es decir, no se encuentra garantizada con el mismo, por lo tanto es aberrante que se imponga senda multa a mi representada de un acto quizá omitido por la APN pero que debió haberse requerido en la revisión del ejercicio 2003, cosa diferente con los informes de los ingresos y egresos que se encuentren debidamente acreditados, pues en el fondo el ingreso que al final de cuentas se reporta, es en específico el del ejercicio de 2004.

13. Ahora bien, la autoridad afirma que en los principios de contabilidad generalmente aceptados, los pasivos a corto plazo son aquellos cuyo vencimiento se produce en un plazo no mayor a un año, por lo anterior, la autoridad nos da la razón en el siguiente sentido, y que es precisamente que la deuda adquirida por concepto de pasivos, se dio sobre todo en el año 2003, luego entonces, la información referida la debió de haber requerido la autoridad fiscalizadora en el año 2004 a la hora de proceder a revisar los informes de ingresos y egresos del año 2003, y no así hasta la presente fecha lo cual es del todo incorrecto e indebido, y más aún dado que la deuda adquirida del 2003 su vencimiento era precisamente en ese mismo año y no mayor del mismo, por tanto ante la referida situación esta claro que la autoridad de forma totalmente ilegal valoró situaciones o documentos que en su momento debió más bien de haber requerido en el año 2004 derivado de la revisión del informe al ejercicio 2003, esto es, en consecuencia en el presente año al revisar los informes de ingresos y egresos del año 2004, solo la deuda del año 2004 es la que debió de haber requerido se acreditara su integración, puesto que los pasivos del año 2003, no son ingresos ni egresos del año 2004.

14. Por tanto con esto se acredita que la autoridad viola flagrantemente el reglamento aplicable toda vez que dicha autoridad revisó y requirió documentación en nada correspondiente al ejercicio del año 2004, como lo es la de los pasivos registrados del año 2003 que tenían por qué requerirse dado que esos pasivos no fueron ingresos en el año 2004, puesto que dicha documentación ya se revisó desde hace un año, esto es, si el informe se rindió sobre el ejercicio 2004, es sólo la documentación correspondiente del referido ejercicio la que debe de requerir y solicitar la autoridad, pues de lo contrario estaríamos en presencia de un acto de autoridad de los prohibidos por la ley como lo son las llamadas pesquisas, ya que en efecto, para el caso de que la autoridad fiscalizadora del IFE pretendiera hacer una revisión nuevamente sobre ejercicios anteriores no correspondientes a revisar en el año de que se trate, debe de existir, orden debidamente fundada y motivada de la comisión de fiscalización del IFE, ordenando a la agrupación política la entrega de documentación de los ejercicios anuales que en su caso quisiera revisar, tal y como lo ordena el propio artículo 18 del Reglamento de Fiscalización para partidos políticos, sin embargo ello no ocurrió, pues según se aprecia lo que hizo la autoridad es que al tener el informe en su conjunto, al observar los pasivos del año 2003, sin más ni más por conducto de su Secretario Técnico los procedió a requerir cuando ello no era materia de los informes, (pues se insiste ese pasivo no fue un ingreso ni egreso del año 2004), puesto que la materia de revisión por el momento lo es únicamente el ejercicio del año 2004, así que ante tal anomalía en el actuar de la autoridad fiscalizadora se debe de revocar la sanción que se le impone a mi representada por violar el artículo 41 Constitucional en lo que se refiere a los principios de legalidad y certeza, puesto que el Consejo General del IFE aprobó un acuerdo sancionatorio que en su origen violó los referidos principios invocados al ir más allá de lo que en su caso le correspondía revisar.

15. Por último por lo que se refiere al monto de la multa, esta desde luego que es violatoria del artículo 16 y 22 Constitucional, puesto que por un lado no se funda y motiva adecuadamente su imposición y por el otro resulta ser notablemente excesiva, lo cual esta prohibido por nuestra Carta Magna, ya que veamos, la autoridad principalmente se limita a supuestamente motivar y valorar que la falta es grave para en lo posterior afirmar que es grave especial, (¿o es de un tipo o es de otro?), sin embargo dice que no hay dolo, así mismo que la capacidad económica se tiene, ya que la APN recibió en total por concepto de ministraciones la cantidad de $314,864.66... por lo anterior para empezar, es falso de toda falsedad que la APN “Sentimientos de la Nación” haya recibido el total del monto afirmado, ya que la tercera ministración que se narra nunca se recibió, es decir, la cantidad de $88,002.49, por lo que la autoridad demandada deberá de rendir su informe en ese sentido y manifestar si realmente la APN recibió esa tercera ministración, que se niega de forma lisa y llana haberse recibido, por lo tanto como no se recibió, entonces no se tiene la cantidad de forma cierta en la que funda su razonamiento la autoridad sobre la capacidad económica, lo que la hace en consecuencia incorrecta su afirmación, por otro lado, esa misma calificativa acerca de la capacidad económica independientemente de lo anterior, no es correcta, ni legal ni nada, pues se parte de la premisa de que la APN tienen un determinado monto en recursos, y que por ello es suficiente, hecho que no es así como ya se dijo, sin embargo suponiendo tuviera tal dinero, la cantidad que se impone como multa es 4 veces mayor a la cantidad que afirma la autoridad recibió la APN, luego entonces se evidencia que en un comparativo se rompe totalmente el criterio acerca de la supuesta debida valoración de la capacidad económica real de la APN, ya que con tal razonamiento no se puede acreditar que sí exista esa capacidad, aunado a que no se descifra en todo caso como es que por tal razonamiento se llega a esa conclusión de que efectivamente se tiene una capacidad económica para pagar la multa impuesta, es decir, por citar un ejemplo de simple lógica, ante la afirmación de que el deudor tiene sólo un peso en su patrimonio, como es que se pueda afirmar que ese deudor puede pagar una multa de $100,000.00, es absurdo!, así que el ejemplo por burdo que suene esa es la realidad en la que se encuentra Sentimientos de la Nación, dado que no es posible afirmarse que se tiene la suficiente capacidad económica en los referidos términos, así que como se puede constatar es ilógico el razonamiento planteado por la autoridad ya que no aparece ni siquiera como es que en todo caso se ilumino para determinar de forma absoluta, que por el hecho de tenerse supuestamente la cantidad de $314,864.66, ello es suficiente para considerar que se tiene la suficiente capacidad para pagar el millón y cacho de pesos de multa, así que como se puede apreciar sus Señorías, es evidente que la autoridad no motiva ello, ni mucho menos motivó en todo caso que mi representada sí tuviera esa capacidad económica dado que como partido político nacional recibirá recursos mensuales, así que sólo de forma subjetiva razona pero sin crear convicción alguna de que ese elemento sine qua non como lo es el de la valoración de la capacidad económica, a la hora de imponerse multas, por lo tanto se debe de revocar la ilegal y excesiva multa de $1,394,975.40.