RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-757/2017

RECURRENTE: ENCUENTRO SOCIAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA ELECTORAL: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

En el recurso de apelación indicado al rubro, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, RESUELVE confirmar la resolución impugnada.

A N T E C E D E N T E S

I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias del expediente, se advierten los hechos siguientes:

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1. Reforma constitucional. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en su Base V, apartado B, penúltimo párrafo, que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

2. Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[1], cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

3. Normas de transición en materia de fiscalización. El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del INE [2], en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG93/2014, por el que se determinaron las normas de transición en materia de fiscalización.

4. Acuerdo General Delegatorio de Sala Superior. Mediante Acuerdo General número 1/2017, de ocho marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó que los medios de impugnación que se presenten contra los dictámenes y resoluciones que emita el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local, serán resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción que corresponda a la entidad federativa atinente, siempre que se vinculen con los informes presentados por tales partidos políticos relativos al ámbito estatal.

Así, se determinó delegar en las Salas Regionales la competencia para resolver en su integridad las cuestiones de procedencia, fondo y de cualquier naturaleza que, en su caso, se presenten, y

5. Plazo para entregar a la Unidad Técnica de Fiscalización los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales. El cinco de abril de dos mil diecisiete, se cumplió el plazo para que los institutos políticos entregaran a la Unidad Técnica de Fiscalización los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

Una vez entregados los referidos informes, en cada caso, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a su análisis y revisión correspondiente.

6. Dictamen Consolidado. En su oportunidad, la Unidad Técnica de Fiscalización, previa revisión de los informes presentados y notificación a los Partidos Políticos Nacionales y locales de los errores y omisiones técnicas que advirtió, emitió el Dictamen Consolidado, por medio del cual determinó que se encontraron diversas irregularidades de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los aludidos institutos políticos, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

7. Engrose de la Comisión de Fiscalización. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE, en la Décima Sesión Extraordinaria, aprobó los Proyectos que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, y las Resoluciones y, se ordenó el engrose de los proyectos respectivos.[3]

8. Resolución impugnada. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE, emitió la resolución INE/CG532/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

II. Recurso de apelación. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de representante propietario del partido Encuentro Social, ante el Consejo General del INE, a fin de combatir la resolución referida en el punto 8 del resultando anterior, interpuso recurso de apelación ante la Oficialía de Partes del INE.

III. Integración, registro y turno. El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Presidente por Ministerio de Ley de esta Sala Superior acordó integrar el expediente del recurso de apelación, registrarlo con la clave SUP-RAP-757/2017 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos del artículo 19 de la Ley de Medios.

IV. Acuerdo de escisión. Mediante Acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo en el expediente SUP-RAP-757/2017, en el que determinó escindir la demanda para dar lugar a la integración de diversos expedientes, con motivo de la impugnación de resoluciones vinculadas con la fiscalización en otras entidades federativas.

V. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el recurso de apelación identificado al rubro fue radicado y admitido al considerar que cumplía con los requisitos de procedibilidad; y, por último, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia, y

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 1º; 17, párrafo segundo; 41, párrafo segundo, Base VI, 94, párrafos primero y quinto; y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo primero, fracción II; 184, 185, 186, fracción III, incisos a) y g); 189, fracción I, incisos c), y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º; 3º, párrafo segundo, inciso b); 4; 6, 40, párrafo 1, inciso b), 44, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque se trata de un recurso de apelación promovido por Encuentro Social, a fin de impugnar la resolución INE/CG532/2017, emitida el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del citado instituto político, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El recurso de apelación cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8° y 9°, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo siguiente:

1. Forma. Se tiene por cumplido, ya que el ocurso inicial de demanda, relativo al recurso de apelación, se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, se hizo constar el nombre del partido político impugnante, así como el nombre y firma de la persona que lo interpone en su representación; el domicilio para oír y recibir notificaciones; así como de las personas señaladas para tal efecto; identificó, tanto, el acto impugnado como a la autoridad responsable; asimismo, menciona los hechos y agravios que el apelante aduce, le causa la resolución reclamada.

2. Oportunidad. El requisito de procedencia en estudio se encuentra satisfecho, en razón de que el escrito del medio de impugnación identificado al rubro, fue interpuesto oportunamente, toda vez que el acto impugnado, es decir, la resolución INE/CG532/2017, fue emitida el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del citado instituto político, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis y, el escrito inicial de demanda relativo al recurso de apelación, se presentó el veintiocho de noviembre siguiente, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles que para tal efecto, prevé el artículo 8, en relación con el numeral 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el cual transcurrió del veintitrés al veintiocho de noviembre, sin contar los días veinticinco y veintiséis, por corresponder a sábado y domingo, respectivamente y, al no estar vinculado el presente asunto con el proceso electoral federal actualmente en curso.

De ahí que, para esta Sala Superior, resulta evidente que la demanda se presentó dentro de los cuatro días que, establece el dispositivo legal citado.

3. Legitimación y personería. En cuanto al partido político recurrente, estos requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en los artículos 12, párrafo 1, inciso a); 13, párrafo 1, inciso a); y, 45, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente medio de impugnación fue interpuesto por parte legítima, pues quien actúa es un partido político nacional que se inconforma contra la resolución INE/CG532/2017, emitida el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual, se sancionó al apelante.

En el caso, se encuentra acreditada la personería de quien comparece en su representación, ya que se trata de Berlín Rodríguez Soria, quién comparece en su calidad de representante propietario ante el Consejo General del INE, y la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado le reconoce tal carácter, por lo que se encuentra colmado este requisito, en términos del artículo 18 de la citada ley.

4. Definitividad. Respecto de la resolución INE/CG532/2017, emitida el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del INE, se cumple el principio de definitividad y firmeza, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte que no existe medio impugnativo que deba agotarse antes de acudir en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional electoral federal, de ahí que se cumpla el presente requisito.

5. Interés jurídico. El partido político apelante tiene interés jurídico para impugnar la resolución INE/CG532/2017, pues reclama, que las sanciones que le fueron impuestas resultan contrarias a Derecho.

En consecuencia, al haberse cumplido los requisitos mencionados y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO. Cuestión previa. De conformidad con el principio de economía procesal y porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir el acto impugnado y las alegaciones formuladas por el impetrante, máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior que en los apartados correspondientes se realice una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de título: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio orientador, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS".

CUARTO. Estudio de fondo. Por cuestión de método se propone el estudio de los motivos de inconformidad formulados por Encuentro Social, en el orden propuesto en el escrito recursal, salvo los relativos a la presunta violación de Derechos Humanos y a los planteamientos diversos, cuyo análisis se propone al final.

I. Conclusiones 6, 23, 24 y 28.

1. Agravios particulares.

Conclusión 23. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos realizados por concepto de teléfono, asesoría y capacitación, viáticos y cursos por un importe de $141,218.40.”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó, en esencia, lo siguiente.

“Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

…

23.ES. EL sujeto obligado omitió comprobar los gastos por concepto de teléfono, asesoría y capacitación, viáticos y cursos, por un importe de $141,218.40.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.”

De la resolución controvertida, se desprende, en esencia, lo siguiente:

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 11, 13, 19, 23, 24 y 28.

…

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

…

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $141,218.40 (ciento cuarenta y un mil doscientos dieciocho pesos 40/100 M.N.). 26

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 1,870 (mil ochocientos setenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $141,166.30 (ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.)

A) Ilegalidad de la sanción.

Encuentro Social sostiene en la conclusión 23, que la autoridad responsable lo sancionó con base en la fracción II, del artículo 456, de la LGIPE, consistente en multa de 1,870  Unidades de Medida y Actualización vigentes para 2017, equivalente a $141,166.30 (ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.), lo que denota una sanción desproporcionada y excesiva, al no considerar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, previstos en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Federal.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de disenso, porque el partido político recurrente se limita a señalar que la sanción consistente en una multa es desproporcionada y excesiva, al soslayar principios constitucionales, pero sin exponer las razones por virtud de las cuales se controviertan las consideraciones de la autoridad responsable.

Al efecto, en la resolución controvertida, el Consejo General del INE realizó la individualización de la sanción, para lo cual, en primer lugar, efectuó la calificación de la falta, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada en el recurso de apelación, identificado con el número de expediente SUP-RAP-5/2010.

En tal orden de ideas, la autoridad responsable determinó que la falta era de omisión; precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar; que existió culpa en el obrar; que al actualizarse la falta sustancial trajo consigo la no rendición de cuentas y se impidió garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, vulnerando la certeza y, lo dispuesto en el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización; que la infracción generó afectación directa y real de los intereses protegidos por la normativa en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados; que se trataba de una falta sustantiva; que no existió reincidencia; y, que, la falta se calificó como grave ordinaria.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora analizó las circunstancias en que fue cometida la falta, la capacidad económica del infractor; los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión y, procedió a la elección de la sanción de acuerdo a los supuestos previstos en el numeral 456, apartado 1, inciso a), de la LGIPE.

Por lo tanto, la autoridad responsable determinó que se debía imponer la sanción establecida en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una multa de 1,870 (mil ochocientos setenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $141,166.30 (ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.) y, que representa el 100% del monto involucrado.

Ahora bien, el partido político recurrente se abstiene de controvertir tales consideraciones, pues solo indica que la sanción es desproporcionada y excesiva, al soslayar principios constitucionales, pero sin formular planteamientos que permitan advertir la veracidad de sus afirmaciones.

Esto es, Encuentro Social debió señalar que la naturaleza de la falta no guarda correspondencia con la sanción, así como que la autoridad responsable calificó en forma indebida la infracción, lo cual repercutió en la imposición de una sanción ilegal.

Además de precisar, el por qué en su concepto, la multa resulta excesiva y, cual es la sanción que le correspondía.

De ahí la inoperancia del motivo de inconformidad bajo análisis.

Conclusión 24. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos realizados por concepto de cursos por un importe de $781,315.81.”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

Actividades Específicas

Educación y Capacitación Política

    De la revisión a la cuenta “Actividades Específicas”, subcuenta “Educación y Capacitación Política”, se localizaron pólizas de las cuales ES, omitió presentar la documentación soporte. Los casos en comento se detallan a continuación:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.
INE/UTF/DA-L/11250/2017 de fecha 4 de julio de 2017, recibido por el partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm.  PES/CAF/014/2017, de fecha 7 de agosto de 2017, recibido el día 8 del mismo mes y año; PES manifestó lo que a la letra se transcribe:

“De las pólizas ya se complementó la documentación en el Sistema Integral de Fiscalización, en donde se pueda tener la certeza de la erogación de los gastos.”

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señala que ya se complementó la documentación en el Sistema Integral de Fiscalización, en donde se pueda tener la certeza de la erogación de los gastos; se constató que de la verificación a las pólizas en el SIF en estas no se localizó la documentación solicitada; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.
INE/UTF/DA-L/13192/17 de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm.  PES/CAF/015/2017, de fecha 5 de septiembre de 2017, recibido el mismo día; PES manifestó lo que a la letra se transcribe:

“30.- Se procedió a registrar los importes correspondientes a los proyectos a los cuales se les adjunto su respectiva documentación soporte.”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:

Respecto a la póliza señalada con (3) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó inicialmente el registro de la póliza PDN210/12-16 por concepto del reconocimiento de gastos en la cuenta de actividades específicas, por un importe de $1,923,700.40, el cual estaba registrado en el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; sin embargo; mediante la póliza PD4/12-16 del primer ajuste, el sujeto obligado realizó la cancelación total de los gastos registrados en la cuenta de Actividades Específicas, por un importe de $1,923,700.40, con la finalidad de registrar en 13 pólizas de ajuste, específicamente en las subcuentas de “Cursos y Eventos”, los gastos de los cursos y eventos realizados, por un importe de $1,142,384.59; de los cuales, se constató que presentan la totalidad de la documentación soporte solicitada por esta autoridad; por tal razón, la observación quedó atendida en cuanto a este punto. Mediante la póliza PD3/12-16 del primer ajuste el PES registró en la subcuenta de “Cursos”, el complemento de los gastos de los cursos realizados, de los cuales se observó que omitió presentar la documentación soporte, por un importe de $781,315.81; por tal razón, la observación no quedó atendida. (Conclusión final 24 ES)

En consecuencia, al omitir comprobar los gastos por concepto de cursos, por un importe de $781,315.81, ES incumplió con lo establecido en el artículo 127 del RF.

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

24.ES. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos por concepto de cursos, por un importe de $781,315.81.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.

De la resolución controvertida, se desprende, en esencia, lo siguiente:

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 11, 13, 19, 23, 24 y 28.

…

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

…

Así pues, atendiendo las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.).

A) Ilegalidad de la infracción.

Respecto de la conclusión 24, Encuentro Social aduce que la autoridad responsable lo sanciona con base en la fracción III, inciso a), del artículo 456, de la LGIPE, consistente en  reducción del 50% de la ministración mensual, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.), sanción que resulta ilegal, pues no se hizo una debida valoración de las aclaraciones y documentos presentados con lo decidido, lo que denota incongruencia de la sanción.

Refiere el recurrente que presentó a la responsable el registro de la póliza PDN210/12-16, por concepto del reconocimiento de gastos en la cuenta de actividades específicas, por $1,923,700.40 (Un millón novecientos veintitrés mil setecientos pesos 40/100 M.N.), el cual estaba registrado en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sin embargo, mediante póliza PD4/12-16, del primer ajuste se realizó la cancelación total de los gastos registrados en la cuenta para actividades específicas, por la referida cantidad, con la finalidad de registrar en 13 pólizas de ajuste, específicamente en las subcuentas de “cursos y eventos”.

Al efecto, la autoridad responsable, en un primer momento, sostuvo que los gastos de los cursos y eventos realizados, se constataron y que se presentó la totalidad de la documentación solicitada.

A continuación, la autoridad responsable refirió que, en la subcuenta de “cursos”, el complemento de los gastos de los cursos realizados de los cuales se omite presentar la documentación por $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.) y, solo se tiene el registro de $1,142,384.59 (un millón ciento cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos 59/100 M.N.).

Posteriormente, la responsable mencionó que, las evidencias soportan los proyectos de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, asimismo la documentación sustenta los gastos que amparan tales actividades; sin embargo, el registro contable se realizó de forma incorrecta, al reportarse las cuentas de gastos para la referida capacitación.

Por tanto, Encuentro Social refiere que la omisión determinada por la responsable como no reportada, se debió a la reclasificación que se hizo en la subcuenta 5201170000, de cursos, de ahí que lo registrado coincide con lo antes manifestado.

Esta Sala Superior considera infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, por lo siguiente:

No le asiste la razón al partido político recurrente, porque, la autoridad responsable no realizó una valoración indebida de las aclaraciones y, de los documentos presentados, puesto que, la infracción deriva de que en la póliza PD3/12-16 del primer ajuste, Encuentro Social registró en la subcuenta de “Cursos”, el complemento de los gastos de los cursos realizados, de los cuales se observó la omisión de presentar la documentación soporte, por $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.).

En tal orden de ideas, el partido político recurrente parte de una idea equivocada, al suponer que la omisión no reportada, se debió a la reclasificación que se hizo en la subcuenta 5201170000 de cursos, puesto que la autoridad responsable no está determinando la infracción a partir de un indebido registro contable, sino con motivo de que no se presentó la documentación soporte.

Esto es, la autoridad fiscalizadora tuvo en cuenta la póliza PD3/12-16, relativa al Primer Ajuste de Diario, con fecha de registro  catorce de julio de dos mil diecisiete y, de operación, del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el Sistema Integral de Fiscalización, bajo la descripción “RECLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CUENTA CORRECTA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS”, por $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.) y, de cuyo análisis advirtió que no se presentó la documentación soporte, atinente al complemento de los gastos de los cursos realizados.

Al efecto, la referida póliza es del orden siguiente:

De la citada póliza se advierte, en primer lugar, la denominada “RECLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CUENTA CORRECTA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS”, así como que aparece la referencia contable 5201170000, del apartado “Cursos”, por $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.) y, como fecha del documento el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.

Posteriormente aparecen los mismos datos, con excepción de la referencia contable 5301180000 por -$781,315.81 (menos setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.).

Sin embargo, en ambos casos, en el apartado relativo a “DOCUMENTO SOPORTE”, no se precisa nada, lo cual corrobora la conclusión de la autoridad responsable. Aunado a que, del referido Sistema Integral de Fiscalización no se advierte el registro atinente.

En tal orden de ideas, la infracción determinada por la autoridad responsable encuentra sustento en la falta de documentación, respecto de $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.), relativa a cursos, de ahí que al partirse de una idea equivocada en cuanto a no considerar tal cuestión como aspecto fundamental de la falta, es que se debe desestimar el motivo de inconformidad.

Por otro lado, el motivo de inconformidad resulta inoperante, en tanto que Encuentro Social se abstiene de controvertir las razones torales de la autoridad responsable, pues no indica que sí presentó la documentación respectiva, así como que fue indebidamente valorada, además de que, en la especie, no ofrece algún medio de convicción que permita advertir que el proceder de la autoridad fiscalizadora fue incorrecto y que, por consecuencia, denote una posible incongruencia de la sanción.

Conclusión 28. “El sujeto obligado omitió comprobar gastos realizados por concepto de honorarios por un importe de $109,928.61”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó, en esencia, lo siguiente:

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

…

28.ES. El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de honorarios, por un importe de $109,928.61.

Tal situación incumple con lo establecido en el artículo 127 del RF.

De la resolución controvertida, se desprende, en esencia, lo siguiente:

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 11, 13, 19, 23, 24 y 28.

…

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

…

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $109,928.61 (ciento nueve mil novecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.). 31

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 1,456 (mil cuatrocientos cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $109,913.44 (ciento nueve mil novecientos trece pesos 44/100 M.N.)

A) Ilegalidad de la infracción.

Encuentro Social aduce, respecto de la conclusión 28, que la autoridad responsable lo sancionó con base en la fracción III, inciso a), del artículo 456, de la LGIPE, consistente en multa de 1,456 (mil cuatrocientos cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes en 2017, equivalente a $109,928.61 (ciento nueve mil novecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.), por lo que la sanción es ilegal, pues no se hizo una debida valoración de las aclaraciones y documentos presentados con lo decidido, lo que denota incongruencia de la sanción, además de que resulta desproporcionada y excesiva.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de disenso, porque el partido político recurrente no controvierte las consideraciones de la autoridad responsable, mediante las cuales determinó, en esencia, que omitió comprobar gastos por concepto de honorarios por $109,928.61 (ciento nueve mil novecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.), en contravención del artículo 127, del Reglamento de Fiscalización; y, que tal infracción, ameritó imponerle una sanción, consistente en una multa del 100% del monto involucrado, es decir, de 1,456 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a  $109,913.44 (ciento nueve mil novecientos trece pesos 44/100 M.N.)

En primer lugar, del Dictamen Consolidado se debe tener presente que, de la revisión a la cuenta de “Actividades Específicas”, subcuenta “Educación y Capacitación Política”, sub-sub cuenta “Honorarios”, la autoridad fiscalizadora identificó pólizas en las cuales el sujeto obligado omitió presentar las evidencias de pago, al tenor siguiente:

La referida observación le fue notificada a Encuentro Social mediante oficio número
INE/UTF/DA-L/11250/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, quien dio respuesta por escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, en el cual manifestó que se anexaron los pagos de las pólizas en cuestión, con lo cual se daba certeza de que se realizaron las erogaciones.

Al respecto, la autoridad fiscalizadora consideró que la respuesta del sujeto obligado era insatisfactoria, toda vez que, de la verificación a las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató que carecían de las evidencias de los pagos correspondientes, de ahí que, la observación no quedó atendida.

Ahora bien, tal observación le fue notificada a Encuentro Social, por la Unidad Técnica de Fiscalización,  mediante oficio
número INE/UTF/DA-L/13192/17 de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, quien dio respuesta el cinco de septiembre del referido año, en el sentido de reiterar que se anexaron los pagos de las pólizas en cuestión.

A su vez, la autoridad fiscalizadora determinó que la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, ya que aun cuando señaló que se anexaron los pagos de las pólizas, de la verificación a las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización se constató que únicamente presentó estados de cuenta donde se advirtieron pagos a nombre del prestador de servicios, los cuales no se podían vincular con lo registrado en las pólizas, toda vez  que los importes de los estados de cuenta eran mayores a los observados.

En consecuencia, la autoridad fiscalizadora determinó que, al omitir comprobar los gastos por honorarios, por $109,928.61 (ciento nueve mil novecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.), Encuentro Social incumplió con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, la inoperancia del motivo de disenso radica en que Encuentro Social se limita a manifestar que la sanción es ilegal, porque la autoridad responsable no hizo una debida valoración de las aclaraciones y documentos presentados con lo decidido, pero sin exponer las razones que evidencien un indebido proceder, como pudiera ser el hecho de que con las respuestas y documentos presentados y, el correspondiente registro en el Sistema Integral de Fiscalización, se acreditó que no hubo omisión de comprobar gastos por concepto de honorarios, o bien, que adjuntó las constancias que respaldaban sus afirmaciones.

B) Ilegalidad de la sanción.

Esta Sala Superior considera inoperante el planteamiento de Encuentro Social relativo a que la sanción resulta excesiva y desproporcionada, al soslayar principios constitucionales, pues no expone los planteamientos que denoten tales inconsistencias y la presunta ilegalidad, pues no se controvierten las razones que sustentan la individualización, respecto de la calificación de la falta y, la imposición de la sanción.

Al efecto, de la resolución controvertida se advierte que, una vez determinada la infracción, la autoridad responsable realizó la individualización de la sanción, precisando que se trataba de una falta de omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que existió culpa, la transcendencia de la norma transgredida, el bien jurídico tutelado, que era una falta sustantiva y, que el sujeto infractor no era reincidente, concluyendo que la infracción era grave ordinaria.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora analizó las circunstancias en que fue cometida la falta, la capacidad económica del infractor; los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión y, procedió a la elección de la sanción de acuerdo a los supuestos previstos en el numeral 456, apartado 1, inciso a), de la LGIPE.

Posteriormente, la autoridad responsable determinó imponer una sanción con fundamento en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, consistente en una multa de 1,456 (mil cuatrocientos cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $109,913.44 (ciento nueve mil novecientos trece pesos 44/100 M.N.)

Ahora bien, el partido político recurrente se abstiene de controvertir tales consideraciones, pues solo indica que la sanción es desproporcionada y excesiva, al soslayar principios constitucionales, pero sin formular planteamientos que permitan advertir la veracidad de sus afirmaciones.

Esto es, Encuentro Social debió señalar que la naturaleza de la falta no guarda correspondencia con la sanción, así como que la autoridad responsable calificó en forma indebida la infracción, lo cual repercutió en la imposición de una sanción ilegal, precisando además las razones por virtud de las cuales en su concepto, la multa resulta excesiva.

Conclusión 6. “El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA sin presentar la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco de origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario por un importe de $71,871.51.”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó, en esencia, lo siguiente:

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

…

Aportaciones de militantes

Efectivo

6.ES. El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA sin presentar la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario, por un importe de $71,871.51.

Tal situación incumple con lo establecido en artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del RF.

De la resolución controvertida, se desprende, en esencia, lo siguiente:

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del Reglamento de Fiscalización: conclusión 6.

…

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a $71,871.51 (setenta y un mil ochocientos setenta y un pesos 51/100 M.N.) 36

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 952 (novecientos cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $71,866.48 (setenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.)

A) Ilegalidad de la infracción.

Encuentro Social sostiene respecto de la conclusión 6, que la autoridad responsable lo sancionó, en base a la fracción II, inciso a), del artículo 456, de la LGIPE, consistente en multa de 952 (novecientas cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes en 2017, equivalente a $71,866.48 (setenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.), por lo que la sanción es ilegal, pues no se hizo una debida valoración de las aclaraciones y documentos presentados con lo decidido, lo que denota la incongruencia de la sanción, además de que resulta desproporcionada y excesiva.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de inconformidad, porque el partido político recurrente no controvierte las consideraciones de la autoridad responsable, mediante las cuales determinó, en esencia, que el sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA sin presentar la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario, por $71,857.51 (setenta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos 61/100 M.N.), en contravención del artículo 96, numeral 3, inciso b), del Reglamento de Fiscalización; y, que tal infracción, ameritó imponerle una sanción, consistente en una multa del 100% del monto involucrado, es decir, de 952 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a  $71,866.48 (setenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.)

Al efecto, se debe tener presente que en el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó que, de la revisión a la cuenta “Aportaciones de Militantes”, subcuenta “Efectivo”, se observaron pólizas que presentan como soporte documental recibos de aportaciones de Militantes en Efectivo “RMEF”; sin embargo, se advirtió que no contenían la totalidad de requisitos establecidos en el Manual General de contabilidad, consistentes en número de folio, firma del aportante, firma del responsable del Órgano de Finanzas y el número de registro del padrón de Militantes, tal como se precisa en el siguiente cuadro:

Asimismo, la autoridad fiscalizadora determinó que los recibos de la aportante Nayelli Vázquez Romero no contenían el número de padrón de militantes. Mientras que, las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia”, carecían de la ficha de depósito. A su vez, las pólizas indicadas con (2), carecían de la copia del cheque.

A efecto, de salvaguardar la garantía de audiencia de Encuentro Social, la observación citada le fue notificada mediante oficio número INE/UTF/DA-L/11250/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete.

Encuentro Social dio respuesta a tal oficio, mediante escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual indicó que se anexaron en la póliza de ajuste en Diciembre diario 14 los recibos de aportaciones de Militantes en efectivo “RMEF” debidamente requisitados, quedando pendientes las fichas de depósito, ya que sólo contaban con las de la militante Nayelli Vázquez Romero, mientras que las aportaciones restantes se solicitaron al banco y se anexó el oficio de la solicitud hecha, respecto de tales transferencias y depósitos.

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora determinó que, respecto de las pólizas señaladas con A en la columna “Referencia”, el sujeto obligado presentó los recibos de aportaciones de Militantes en efectivo “RMEF” debidamente requisitados; motivo por el cual, la observación quedó atendida.

Por lo que hace, a las pólizas indicadas con B, la autoridad fiscalizadora determinó que los recibos presentados de aportaciones de Militantes en efectivo “RMEF” referentes a Nayelli Vázquez Romero aun cuando contenían el número de folio, las firmas del aportante, del responsable del Órgano de Finanzas; carecían de la firma del aportante; por tal razón la observación no quedó atendida.

Por lo que se refiere a las pólizas señaladas con C, la autoridad fiscalizadora indicó que, aun cuando el sujeto obligado presentó el escrito dirigido al banco respecto a la solicitud de los comprobantes de las transferencias bancarias y las fichas de depósito, ello no lo eximía de presentar la documentación; de ahí que, la observación no quedó atendida.

Referente a las pólizas señaladas con D, la autoridad fiscalizadora destacó que la respuesta de Encuentro Social fue insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló haber presentado los recibos de aportaciones de Militantes en efectivo “RMEF” debidamente requisitados, estos no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización, motivo por el cual, la observación no quedó atendida.

Al efecto, tales observaciones fueron hechas del conocimiento de Encuentro Social mediante oficio número INE/UTF/DA-L/13192/17, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

El ahora recurrente dio respuesta al referido oficio el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual manifestó que se anexaron los recibos “RMEF” faltantes según observación D y los recibos carentes de firmas en la póliza Diario 5 de diciembre, así como el oficio evidencia en donde se mostró que el banco estaba imposibilitado para proporcionar las fichas de depósito o cheques de terceros.

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

La autoridad fiscalizadora determinó, respecto de las pólizas señaladas con 1 en la columna “Referencia para dictamen”, que el sujeto obligado presentó una póliza de ajuste con su documentación soporte consistente en recibos de aportaciones de Militantes en efectivo “RMEF” referentes a Nayelli Vázquez Romero con la firma del aportante; por tal razón, la observación quedó atendida.

Por lo que hace a las pólizas señaladas con 2 en la columna “Referencia para Dictamen”, aun cuando Encuentro Social presentó la impresión de un correo electrónico dirigido al banco respecto a la solicitud de los comprobantes de las transferencias bancarias o las fichas de depósito; ello no lo eximía de presentar la documentación señalada en la normativa, por lo que no se tenía certeza del origen de los recursos al no tener evidencia de su procedencia; por tal razón, la observación no quedó atendida, respecto de los siguientes aportantes:

En consecuencia, la autoridad fiscalizadora determinó que Encuentro Social, al recibir aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA sin presentar la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario, por $71,871.51 (setenta y un mil ochocientos setenta y un pesos 51/100 M.N.), incumplió con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del Reglamento de Fiscalización. Infracción que derivó en la conclusión 6, del Dictamen Consolidado y de la resolución controvertida.

Ahora bien, la inoperancia del motivo de disenso radica en que Encuentro Social se limita a manifestar que la sanción es ilegal, porque la autoridad responsable no hizo una debida valoración de las aclaraciones y documentos presentados con lo decidido, pero sin exponer las razones que evidencien un indebido proceder, como pudiera ser el hecho de que con las respuestas y documentos presentados y, el correspondiente registro en el Sistema Integral de Fiscalización, se acreditó que no hubo omisión de presentar copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario, o bien, que adjuntó las constancias que respaldaban sus afirmaciones.

Además de que, en la especie, el partido político recurrente no ofrece medios de convicción que acrediten la ilegalidad de la sanción, como serían los documentos y, su correspondiente registro en el Sistema Integral de Fiscalización.

B) Ilegalidad de la sanción.

Este órgano jurisdiccional electoral federal considera inoperante el motivo de disenso de Encuentro Social relativo a que la sanción es excesiva y desproporcionada, al soslayar principios constitucionales, pues no expone los planteamientos que denoten tales inconsistencias y la presunta ilegalidad de la sanción, al no controvertirse las razones que sustentan la individualización, respecto de la calificación de la falta y la imposición de la sanción.

De la resolución controvertida, se advierte que, una vez determinada la infracción, la autoridad responsable realizó la individualización de la sanción, precisando, respecto de la calificación que se trataba de una falta de omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que existió culpa en el obrar, la transcendencia de la norma transgredida (artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII, del Reglamento de Fiscalización), el bien jurídico tutelado (legalidad y certeza en el origen de los recursos), que era una falta de resultado al ocasionar un daño real y directo al indicado bien jurídico tutelado, que era una falta sustantiva y, que el sujeto infractor no era reincidente, concluyendo que la infracción era grave ordinaria.

Posteriormente, una vez que se calificó la falta, se analizaron las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, la autoridad fiscalizadora procedió a la elección de la sanción de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE.

Al efecto, la autoridad responsable determinó imponer una sanción con fundamento en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, consistente en una multa de 952 (mil cuatrocientos cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $71,866.48 (setenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.)

Ahora bien, el partido político recurrente se abstiene de controvertir tales consideraciones, pues solo indica que la sanción es desproporcionada y excesiva, al soslayar principios constitucionales, pero sin formular planteamientos que permitan advertir la veracidad de sus afirmaciones.

Esto es, Encuentro Social debió señalar que la naturaleza de la falta no guarda correspondencia con la sanción, así como que la autoridad responsable calificó en forma indebida la infracción, lo cual repercutió en la imposición de una sanción ilegal, precisando además las razones por virtud de las cuales, en su concepto, la multa resulta excesiva.

C) Ilegal aplicación del 100% del monto involucrado.

Encuentro Social refiere que la aplicación que realiza la autoridad responsable del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones II y III, de la LGIPE viola en su perjuicio el principio de legalidad, al imponerse una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento), del monto involucrado que, en su concepto, se dejó de acreditar, por lo que resulta indebida.

Esta Sala Superior considera inoperante e infundado el motivo de disenso.

La inoperancia, deriva de que Encuentro Social parte de la idea equivocada de que el monto determinado por la autoridad responsable fue previamente desvirtuado, cuando ello no es así, pues no se acreditó la presentación de la documentación comprobatoria y, que ello produjera como consecuencia, la disminución del referido importe.

Por otro lado, se considera infundado el motivo de disenso, porque contrariamente a lo sostenido por el partido político recurrente, la sanción determinada por la autoridad responsable, consistente en una multa equivalente al 100% (cien por ciento) del monto involucrado se ajusta a Derecho por lo siguiente.

Al efecto, la autoridad responsable determinó que la falta es de omisión; precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar; que existió culpa en el obrar; que al actualizarse la falta sustancial trajo consigo la no rendición de cuentas, vulnerando la certeza y, lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del Reglamento de Fiscalización; que la infracción generó una afectación directa y real de los intereses protegidos por la normativa en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados; que se trataba de una falta sustantiva; que no existió reincidencia; y, que, la infracción se calificó como grave ordinaria.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora analizó las circunstancias en que fue cometida la falta, la capacidad económica del infractor; los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión y, procedió a la elección de la sanción de acuerdo a los supuestos previstos en el numeral 456, apartado 1, inciso a), de la LGIPE.

Ahora bien, esta Sala Superior considera que la sanción determinada por la autoridad responsable resulta proporcional con la infracción, pues se trata de una falta sustancial que afectó directamente la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, aunado a que se tomaron en cuenta las circunstancias particulares, la capacidad económica y los elementos objetivos y subjetivos.

En tal orden de ideas, la sanción consistente en una multa equivalente al 100% (cien por ciento del monto involucrado) no resulta ilegal, puesto que guarda debida proporción con la infracción, al transgredirse la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, además de cumplir con una finalidad disuasiva para efecto de que la conducta sancionada no vuelva a repetirse, por lo que no era admisible la imposición de una sanción menor.

2. Indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas con motivo de las conclusiones 6, 23, 24 y 28.

Encuentro Social refiere que la resolución controvertida se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que las conductas que la autoridad responsable determina como infracciones a la normativa en materia de fiscalización, son arbitrarias, excesivas, desproporcionales, carentes e incongruentes de todo sustento legal, respecto de las hipótesis previstas en el artículo 456, apartado 1, inciso a), fracciones II y III, de la LGIPE, al no acreditarse el uso indebido de recursos públicos, sino sólo el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas, aunado a que no es reincidente, respecto de las conductas sancionadas.

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque contrariamente a lo aducido por Encuentro Social, la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente la calificación de las faltas y la individualización de las sanciones.

Es importante destacar que, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la imposición de multas excesivas, fijando como parámetro regulador, que toda sanción debe ser proporcional al ilícito que se sanciona y al bien jurídico que se afecta con la conducta tipificada.

De esta manera, para definir cuándo una multa resulta excesiva en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE[4], ha sostenido que para realizar el análisis correspondiente deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) La proporción que guarda respecto a las posibilidades económicas del ente infractor y de acuerdo a la gravedad de la conducta considerada como ilícita; b) si su imposición, va más allá de lo lícito y razonable, y; c) las características de cada persona, pues una multa puede ser excesiva para unas, moderada para otras y leve para muchas.

En ese sentido, al imponer una sanción por parte de las autoridades electorales, deben valorarse las circunstancias específicas de la comisión de la conducta con el objeto de lograr, en la medida de lo posible, que la sanción guarde una adecuada proporción con la conducta ilegal que se castiga y la capacidad económica que tiene el sujeto infractor para hacerle frente.

Así, las sanciones previstas en el artículo 456 párrafo1 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atienden a diversos grados y multas con máximos y mínimos, así como ciertos estándares inidentificables para la individualización de la sanción que la autoridad debe observar al momento de establecer la conclusión respectiva.

A su vez, el artículo 338 párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, establece que una vez acreditada la existencia de una falta y su imputación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impondrá las sanciones que correspondan, y para efecto de su individualización deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención a la norma, entre otras, las siguientes:

a.   La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.

b.   El dolo o culpa en su responsabilidad.

c.   Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta.

d.   La capacidad económica del infractor.

e.   Las condiciones externas y los medios de ejecución.

f.       La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones

g.   En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

De lo anterior es posible advertir que la Ley de Instituciones y el Reglamento de Fiscalización establecen los estándares de proporcionalidad de la sanción que habrá de cumplimentar la Autoridad Responsable para evitar la imposición de multas excesivas.

Ahora bien, se debe tener presente que, en la resolución controvertida, la autoridad responsable realizó la individualización de las sanciones, por lo que, en primer lugar, efectuó la calificación de las faltas, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada en el recurso de apelación, identificado con el número de expediente SUP-RAP-5/2010[5].

En tal orden de ideas, la autoridad responsable determinó que las faltas son de omisión; precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar; que existió culpa en el obrar; que al actualizarse las faltas sustanciales trajeron consigo la no rendición de cuentas y se impidió garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, vulnerando la certeza y, lo dispuesto en los artículos 96, numeral 3, inciso b), fracción VII (conclusión 6); y,  127 (conclusiones 23, 24 y 28), del Reglamento de Fiscalización; que las infracciones generaron una afectación directa y real de los intereses protegidos por la normativa en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados; que se trataban de faltas sustantivas; que no existió reincidencia; y, que, las infracciones se calificaron como graves ordinarias.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora analizó las circunstancias en que fueron cometidas las faltas, la capacidad económica del infractor; los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión y, procedió a la elección de la sanción de acuerdo a los supuestos previstos en el numeral 456, apartado 1, inciso a), de la LGIPE.

En primer lugar, por cuanto a la conclusión 6 (el sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA sin presentar la copia del cheque o comprobante de la transferencia bancaria que permita la identificación de los datos personales del aportante, por $71,871.51, setenta y un mil ochocientos setenta y un pesos 51/100 M.N.)), el Consejo General del INE impuso a Encuentro Social, la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en multa de 952 (novecientos cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $71,866.48 (setenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.) y, que representa el 100% del monto involucrado.

Por lo que hace a la conclusión 23 (el sujeto obligado omitió comprobar los gastos por concepto de teléfono, asesoría y capacitación, viáticos y cursos, por $141,218.40, ciento cuarenta y un mil doscientos dieciocho pesos 40/100 M.N.). la autoridad responsable impuso la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en multa de 1,870 (mil ochocientos setenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $141,166.30 (ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.) y, que representa el 100% del monto involucrado.

Respecto de la conclusión 24 (el sujeto obligado omitió comprobar los gastos por concepto de cursos, por $781,315.81, setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.), el Consejo General del INE impuso la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, de la LGIPE, consistente en una reducción del 50% de la ministración mensual que corresponda a Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar $781,315.81 (setecientos ochenta y un mil trescientos quince pesos 81/100 M.N.) y, que representa el 100% del monto involucrado.

Finalmente, en la conclusión 28 (el sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de honorarios por $109,928.61, ciento nueve mil novecientos veintiocho pesos 61/100 M.N.), la autoridad responsable impuso a Encuentro Social, la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en multa de 1,456 (mil cuatrocientos cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, equivalente a $109,913.44 (ciento nueve mil novecientos trece pesos 44/100 M.N.) y, que representa el 100% del monto involucrado.

En tal orden de ideas, lo infundado del agravio deriva de que contrariamente a lo aducido por Encuentro Social, la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente tanto la calificación de las faltas como la individualización de las sanciones, por lo que no se advierte que las infracciones resulten arbitrarias, excesivas, desproporcionales, carentes e incongruentes de todo sustento legal, puesto que las sanciones se encuentran previstas en el artículo 456, apartado 1, inciso a), fracciones II y III, de la LGIPE.

Además de que, las sanciones determinadas por la autoridad responsable resultan proporcionales con las infracciones, puesto que se tratan de faltas sustanciales que afectaron directamente la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, aunado a que se tomaron en cuenta las circunstancias específicas, la capacidad económica y los elementos objetivos y subjetivos, es decir, las particularidades de cada infracción.

En tal orden de ideas, deviene infundado el motivo de inconformidad, mediante el cual el partido político recurrente sostiene que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, sino sólo el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas, aunado a que no es reincidente, respecto de las conductas sancionadas, por lo que no se deben imponer multas.

Ello es así, porque Encuentro Social parte de la idea equivocada de que solo se actualiza el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas, cuando en realidad se determinó que las infracciones eran sustantivas y ameritaron ser calificadas como graves ordinarias, al afectarse de forma directa los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, por lo que no era posible imponerles una sanción diversa a las determinadas por la autoridad responsable como pudiera ser la amonestación, dada la gravedad de las faltas y, porque con ello no se cumpliría la finalidad de las sanciones, de convertirse en una medida ejemplar para efecto de disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

Aunado a que, la autoridad responsable también consideró la reincidencia, respecto de la cual determinó que no se actualizaba, sin que tal circunstancia por sí misma resulte suficiente para no imponerle multas al partido político recurrente.

Por otro lado, resulta inoperante el motivo de disenso, en tanto que, Encuentro Social se abstiene de controvertir las razones esgrimidas por la autoridad responsable al calificar las faltas e individualizar las sanciones, puesto que se limita a destacar que las infracciones son arbitrarias, excesivas, desproporcionales, carentes e incongruentes de todo sustento legal, pero sin aducir mayores planteamientos para corroborar tales aseveraciones, aunado a que si bien en todos los casos, al calificarse las infracciones se determinó que Encuentro Social no era reincidente, tal aspecto resulta por sí mismo insuficiente para que no se sancione al indicado partido político, dada la gravedad de las conductas y, sus respectivas particularidades.

2.1 Indebido análisis de la transcendencia de las normas transgredidas y de la singularidad o pluralidad de las faltas.

Encuentro Social sostiene que el razonamiento esgrimido por la responsable se traduce en que, incurrió en falta por la existencia de errores y omisiones técnicas con motivo de las infracciones determinadas en las conclusiones 6, 23, 24 y 28, de ahí que el argumento de la trascendencia de las normas vulneradas no es válido para tales conclusiones, aunado a que, la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas no fue juzgada de forma correcta.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de disenso, porque el partido político recurrente no cuestiona frontalmente lo determinado por la autoridad responsable, en el sentido de que se afectó de forma directa el bien jurídico tutelado relativo a la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, pues Encuentro Social se limita a señalar que no es válido tal razonamiento, pero sin indicar los argumentos que corroboren tal situación.

De igual forma resulta inoperante el planteamiento relativo a que la singularidad o pluralidad de las faltas no fue juzgada de forma correcta, en tanto que se abstiene de controvertir las razones de la autoridad responsable, relativas a que existió singularidad en las faltas pues Encuentro Social cometió irregularidades que se tradujeron en conductas de carácter sustantivo o de fondo, que vulneraron el bien jurídico tutelado relativo a la legalidad, certeza y transparencia en el origen de los recursos del sujeto infractor.

Esto es el partido político recurrente no indica porqué es indebido el razonamiento de la autoridad responsable, ni expone los argumentos que permitan advertir se trata de una falta formal y, no sustantiva.

2.2 Indebida calificación de la falta como grave ordinaria.

Encuentro Social refiere que, la calificación de las falta como graves ordinarias es incorrecta, al considerar la autoridad responsable que vulneró los valores y principios sustanciales protegidos por la normativa en materia de fiscalización y omitió dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco jurídico, de ahí que, con las infracciones no se vulneran los principios referidos por la responsable, de conformidad con lo previsto en el recurso de apelación SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior, al determinar, en esencia, que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales, sino sólo representan infracciones en la rendición de cuentas, por lo que, los errores y omisiones técnicas, no representan un indebido manejo de recursos.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de inconformidad, porque Encuentro Social hace depender su planteamiento de que no se trata de una falta grave ordinaria, sino de carácter formal, lo cual ha sido previamente desvirtuado, al demostrarse la afectación directa a los bienes jurídicos protegidos y, por ende, que son faltas sustantivas, de ahí que no resulta aplicable el criterio invocado por el recurrente.

II. Conclusión 13 “El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de servicios telefónicos por $59,402.50”.

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente:

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

…

Materiales y Suministros

13. ES. El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de servicios de teléfonos por $59,402.50

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

…

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.). 20

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 786 (setecientos ochenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $59,335.14 (cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 14/100 M.N.)

A) Ilegalidad de la infracción.

Encuentro Social refiere que la infracción determinada por la responsable en la conclusión 13 es ilegal, porque sí comprobó todos los gastos solicitados, mediante la póliza 27, de fecha de registro dos de diciembre de dos mil dieciséis y, de la póliza proveedor Telmex servicios especiales, que expide el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte que el Comité Ejecutivo Nacional hizo una transferencia en especie por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), por concepto de teléfono, de la que se desprenden las siguientes evidencias.

1) La ficha de depósito a HSBC, a la cuenta 012914002006241013, a nombre de TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.).

2) La factura número 3F52129, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por concepto de servicios especiales por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), que TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. expidió a su representada.

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de disenso, porque contrariamente a lo sustentado por el partido político recurrente, del Dictamen Consolidado, de la resolución controvertida, del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y, de la documentación presentada con el escrito recursal de Encuentro Social, no se advierte que haya comprobado gastos por concepto de servicios de teléfono por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), respecto de la Póliza 27.

Lo anterior es así, porque del Dictamen Consolidado se advierte que la autoridad fiscalizadora determinó que de la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Teléfonos” se observó el registro de una póliza por servicio telefónico; sin embargo, de la verificación a la documentación soporte presentada, se constató que corresponde a otro registro contable, omitiendo presentar el soporte de dicha póliza, para lo cual se precisaron los siguientes datos:

Al efecto, la autoridad responsable le comunicó a Encuentro Social, la referida observación, mediante oficio número INE/UTF/DA-L/11250/17, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, recibido el mismo día.

El ahora recurrente al dar respuesta no hizo aclaración, motivo por el cual la contestación se consideró insatisfactoria.

Posteriormente, mediante oficio número INE/UTF/DA-L/13192/17 de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se volvió a hacer del conocimiento de Encuentro Social, la indicada observación.

Al dar respuesta mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, Encuentro Social manifestó que se agregaron evidencias correctas (recibo, pago y xml) con fecha de alta del 30/agosto/2017 del proveedor Teléfonos de México en la póliza 27/diario/octubre/2016.

A su vez, la autoridad fiscalizadora determinó que la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que, de la verificación a la información presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató que aun cuando presentó la póliza con su documentación soporte, consistente en transferencia bancaria y factura y xml, ésta es del pago hecho el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con la póliza PD-9/10-16, por lo que la factura no corresponde al pago realizado; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Ahora bien, no pasa desapercibido que Encuentro Social controvierte la conclusión 13, a partir de que, mediante póliza 27, de fecha de registro dos de diciembre de dos mil dieciséis y, de la póliza proveedor Telmex servicios especiales, expedidas por el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte que el Comité Ejecutivo Nacional hizo una transferencia en especie por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), por concepto de teléfono, lo cual se corrobora con las siguientes evidencias.

1) La ficha de depósito a HSBC, a la cuenta 012914002006241013, a nombre de TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.).

2) La factura número 3F52129, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por concepto de servicios especiales por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), que TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. expidió a su representada.

Sin embargo, es importante precisar que tales constancias fueron adjuntadas por Encuentro Social, al desahogar el segundo oficio de errores y omisiones, respecto de las cuales la autoridad fiscalizadora determinó que la factura correspondía al pago realizado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con la póliza PD-9/10-16, por lo que la factura no amparaba el pago realizado, respecto de la póliza 27.

Ahora bien, esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al partido político recurrente, en tanto que, con la documentación presentada no se acredita el pago correspondiente a la póliza 27.

Al efecto, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, particularmente, de las referidas pólizas, se desprende, entre otras cuestiones que, la factura número 3F52129 expedida el primero de octubre de dos mil dieciséis, por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. fue registrada primeramente como soporte documental de la Póliza PD-9/10-16, el dos de diciembre de dos mil dieciséis a las 11:18, y, posteriormente, como soporte documental de la Póliza 27, en la indicada fecha, pero a las 12:22.

Siendo el caso, que en la póliza 9, se alude como fecha de operación el cinco de octubre de dos mil dieciséis, mientras que la diversa Póliza 27, registra como fecha de operación el veintisiete de octubre del referido año.

Es importante destacar que la póliza 9, es del orden siguiente:

Asimismo, del Sistema Integral de Fiscalización, este órgano jurisdiccional electoral federal advierte que, en la Póliza 9, tipo: Normal, Subtipo: diario; fecha y hora de registro: 02/12/2016 11:18; fecha de operación: 05/10/2016, relativa al Proveedor TELMEX, por un importe de $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N), aparecen como soportes documentales: una ficha de depósito o transferencia, así como una factura, los cuales son del orden siguiente:

Por otra parte, es de advertirse que en la Póliza 27, tipo: Normal, Subtipo: diario; fecha y hora de registro: 02/12/2016 12:22; fecha de operación: 28/10/2016, relativa al Proveedor TELMEX Servicios Especiales, por un importe de $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N), aparece, entre otro soporte documental, las siguientes facturas:

En tal orden de ideas, esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al partido político recurrente, porque si bien es de advertirse que la Póliza 27, se encuentra sustentada por la Factura 3F52129, expedida el primero de octubre de dos mil dieciséis, lo cierto es que también forma parte del soporte documental de la Póliza 9, que fue registrada primero en el Sistema Integral de Fiscalización.

Por tanto, contrariamente a lo sustentado por Encuentro Social la documentación presentada no resulta suficiente para desvirtuar la conclusión de la autoridad responsable, sin que tampoco precise las razones por virtud de las cuales para dos pólizas diversas presenta una misma factura, ni refiera que se trate de un error o bien de que la primera no debía tomarse en cuenta, al ser motivo de cancelación.

Máxime que, Encuentro Social estuvo en aptitud de formular las aclaraciones pertinentes con motivo de la observación formulada en dos oficios de errores y omisiones emitidos por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, sin que adujera nada al respecto.

En tal orden de ideas, no le asiste la razón al partido político recurrente, puesto que no desvirtúa la conclusión 13, consistente en que omitió comprobar gastos por concepto de servicios de teléfonos por $59,402.50 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 50/100 M.N.), al no presentar la factura correspondiente a la Póliza 27.

B) Ilegalidad de la sanción.

Encuentro Social aduce que sí reportó la referida cantidad al Sistema Integral de Fiscalización, por lo que no se le debió sancionar, al haber registrado el gasto respectivo con la factura y documentos atinentes, por lo que resulta irracional que la responsable indebidamente le haya impuesto el 100% (cien por ciento) del monto involucrado y, sancionado en términos de la fracción II, del artículo 456, de la LGIPE, con multa de 786 (setecientas ochenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 2017, equivalente a $59,335.14 (cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 14/100 M.N.), sin que la autoridad fiscalizadora se haya percatado que sí contaba con la documentación soporte.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de disenso relativo a la ilegalidad de la sanción, toda vez que se hace depender de que la infracción no estuviera ajustada a Derecho con base en la documentación presentada, lo cual ya fue desestimado, además de que el recurrente se limita a señalar que resulta irracional la imposición de una multa equivalente al 100% del monto involucrado, pero sin exponer mayores argumentos que evidencien tal situación.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1,154, del Tomo XXI, correspondiente al mes de abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.”

Similar calificativa de inoperancia merece el planteamiento de Encuentro Social relativo a que, en caso de que, hubiera presentado documentos soportes de forma extemporánea, entraría en el supuesto de falta formal y sólo se le deberá sancionar con una amonestación.

Lo anterior es así, porque el partido político recurrente parte de una idea equivocada, en tanto que tampoco acreditó la comprobación de la erogación respectiva, ni siquiera de forma extemporánea, de ahí que debe subsistir la calificación de la falta como sustancial o de fondo y, sancionarse tal como lo decidió la autoridad responsable mediante la imposición de una multa equivalente al 100% del monto involucrado.

III. Conclusión 20 “El sujeto obligado omitió destinar el monto mínimo de tres por ciento del financiamiento público ordinario 2016, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de $1,140,540.35.

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente:

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

…

Capacitación, Promoción y Desarrollo

20. ES. El sujeto obligado omitió destinar el monto mínimo del tres por ciento del financiamiento público ordinario 2016, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por un monto de $$1,140,540.35.

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGPP.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

j) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción V de la Ley General de Partidos Políticos. Conclusión 20.

…

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $1,140,540.35 (un millón ciento cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $1,710,810.53 (un millón setecientos diez mil ochocientos diez pesos 53/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,710,810.53 (un millón setecientos diez mil ochocientos diez pesos 53/100 M.N.).

A) Ilegalidad de la infracción.

Encuentro Social sostiene que la infracción determinada en la conclusión 20 es ilegal, porque en oposición a lo aducido por la responsable, sí destinó el recurso correspondiente a la realización de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como se advierte de lo siguiente:

Porque en la balanza de comprobación a nivel mayor que obra durante el ejercicio dos mil dieciséis, se advierte que en la cuenta de egresos de Encuentro Social, respecto de sus actividades ordinarias erogó el 3% para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, las cuales se pueden apreciar en las subcuentas 5301000000 por $4,857,717.64 (cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.), para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 530200000, la cantidad de $1,129,260.00 (un millón ciento veintinueve mil doscientos sesenta pesos), para divulgación y difusión de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; y la 530300000 por $739,500.00 (setecientos treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para publicación y distribución de libros, revistas y folletos de liderazgo político, dando la suma total de $6,729,477.64 (seis millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 64/100 M.N.).

Por lo tanto, Encuentro Social señala que sí destinó el porcentaje para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, porque del balance de comprobación a nivel mayor en la cuenta número 5300000000 (GASTOS), que se encuentra integrada por las subcuentas 5301000000, 5302000000 y 5303000000, se comprueba que haciendo la suma de las cantidades da un total de $6,729,477.64 (seis millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 64/100 M.N.), por lo que sí se erogó el total de recursos que Encuentro Social está obligado a destinar para actividades específicas, correspondiente al 3% del financiamiento público ordinario dos mil dieciséis, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Esta Sala Superior considera infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, por lo siguiente:

Al efecto, es importante destacar que en el Dictamen Consolidado, particularmente, en la verificación a la cuenta “Gastos en Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, subcuenta “Capacitación y Promoción”, la autoridad fiscalizadora observó registros contables que no pudieron ser vinculados en el objetivo del gasto etiquetado para la mujer, toda vez que Encuentro Social omitió presentar la totalidad de la documentación soporte que permitiera vincular la realización y el objeto del gasto, así como que realizó registro de gastos de Actividades Específicas en cuentas de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

En tal orden de ideas, la autoridad fiscalizadora determinó que Encuentro Social no cumplió con el monto mínimo a destinar por concepto de gastos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, acorde al siguiente cuadro:

Cabe resaltar que la referida observación fue notificada al partido político recurrente, mediante oficio número INE/UTF/DA-L/11250/17 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, recibido en la citada fecha.

Encuentro Social dio respuesta al referido oficio el siete de agosto del año próximo pasado, en el sentido de solicitar una aclaración, al no comprender porque no se cumplió con el monto mínimo a destinar por concepto de gastos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las Mujeres.

A su vez, la autoridad fiscalizadora consideró que la respuesta del sujeto obligado fue insatisfactoria, toda vez que se observaron diversos registros contables que no fueron vinculados en el objetivo del gasto etiquetado para la mujer mismo que fue registrado.

La referida observación le fue notificada a Encuentro Social mediante oficio número INE/UTF/DA-L/13192/17 de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, quien dio respuesta el inmediato cinco de septiembre, al tenor siguiente:

55.- Al respecto, es necesario exponer lo contenido por algunos preceptos normativos del Reglamento de Fiscalización, ya que, contrario a lo sostenido por esa Unidad de Fiscalización, los gastos que se reportan dentro de la cuenta “Promoción y Capacitación Política y Desarrollo de la Mujer” sí acreditan la vinculación directa del gasto y cumple con los objetivos del presupuesto referido en razón de lo siguiente:

Sin embargo, como se puede observar la imagen que antecede no genera conocimientos, habilidades, aptitudes y herramientas que favorezcan el liderazgo y participación política de las mujeres.

Derivado de lo anterior es importante señalar que la normatividad, establece que las actividades que integran el rubro de promoción del liderazgo político de las mujeres comprenden entre otras, cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados, coloquios, debates, mesas redondas y similares que favorezcan el desarrollo de competencias para la participación política de las mujeres; es preciso señalar que los gastos realizados por dichos conceptos cumplen el objetivo primordial que consiste en generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres en el ejercicio político, mediante la implementación de acciones afirmativas; asimismo, nuestros programas para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres contienen información, valores, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones, procurando el beneficio al mayor número de mujeres.

Al efecto, la autoridad fiscalizadora, por una parte, consideró que la respuesta del sujeto obligado fue satisfactoria, toda vez que, de la verificación a la información presentada, se constató que las cantidades señaladas con (1) en el cuadro “Referencia para Dictamen” del Anexo 2, Encuentro Social acreditó la vinculación de los gastos de la cuenta promoción, capacitación política y desarrollo de la mujer, por $2,750.673.91 (dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos setenta y tres pesos 91/100 M.N.); motivo por el cual, la observación quedó atendida respecto a tal monto. 

Por otro lado, la autoridad fiscalizadora determinó que respecto de las cantidades señaladas con (2) en la columna de “Referencia para Dictamen” del Anexo 2, Encuentro Social omitió acreditar los proyectos vinculados a los gastos registrados por $1,140,540.35 (un millón ciento cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), al tenor siguiente:

Por lo tanto, la autoridad responsable determinó que, Encuentro Social omitió destinar el monto mínimo del 3% del financiamiento público ordinario dos mil dieciséis, para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; por $1,140,540.35 (un millón ciento cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), con lo cual incumplió lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos[6]. 

Ahora bien, esta Sala Superior considera infundado el agravio mediante el cual Encuentro Social aduce que sí destinó el porcentaje para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, porque en el balance de comprobación a nivel mayor en la cuenta número 5300000000 (GASTOS), que se encuentra integrada por las subcuentas 5301000000, 5302000000 y 5303000000, se comprueba que haciendo la suma de todas las cantidades da un total de $6,729,477.64 (seis millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 64/100 M.N.), por lo que sí se erogó el total de recursos que se debe destinar para actividades específicas, correspondiente al 3% del financiamiento público ordinario dos mil dieciséis, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Lo anterior es así, porque el partido político recurrente parte de una idea equivocada, al considerar que la autoridad responsable sustenta la infracción, en un indebido registro contable, pues en su concepto la suma de los importes correspondientes a las subcuentas 5301000000, 5302000000 y 5303000000, que forman parte de la cuenta 5300000000 (GASTOS), produce la cantidad de $6,729,477.64 (seis millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 64/100 M.N.) y, por ende, que tales recursos se destinaron a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Al efecto, Encuentro Social no toma en consideración que la infracción de la cual deriva la conclusión 20, se sustenta particularmente en que, la autoridad responsable sí tomó en cuenta los referidos registros contables, sin embargo, también advirtió que el ahora recurrente omitió acreditar los proyectos vinculados a las erogaciones registradas por $1,140,540.35 (un millón ciento cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 35/100 M.N.).

En tal orden de ideas, no le asiste la razón al partido político recurrente, porque no basta el mero reporte de los gastos en la Balanza de Comprobación a Nivel Mayor en el Sistema Integral de Fiscalización, sino que también es necesario sustentar los gastos mediante la presentación de los respectivos proyectos, circunstancia que no ocurrió en la especie.

Es decir, que los registros contables por sí mismos resultan insuficientes para considerar que no existe infracción alguna, cuando también existe el deber en su calidad de sujeto obligado de presentar la respectiva documentación comprobatoria, en el caso, los proyectos que permitan advertir que se destinaron los recursos atinentes para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Por otro lado, devienen inoperantes los motivos de disenso, porque el recurrente no expone planteamientos dirigidos a evidenciar que sí presentó los proyectos atinentes, así como que ofreció los respectivos medios de convicción, es decir, se abstiene de controvertir la razón principal de la autoridad responsable relativa a la omisión de presentar los proyectos vinculados a los gastos reportados, pues Encuentro Social se limita a señalar que a partir de la suma de los montos de tres subcuentas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización se obtiene el importe total de los recursos que, en su concepto se destinaron a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

B) Ilegalidad de la sanción.

Por otro lado, esta Sala Superior considera inoperante el planteamiento, mediante el cual el partido político recurrente señala que resulta irracional que la autoridad responsable le haya impuesto la sanción prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456, de la LGIPE, consistente en reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponde al partido, por financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar $1,710,810.53 (un millón setecientos diez mil ochocientos diez pesos 53/100 M.N.), sin que la autoridad fiscalizadora se haya percatado que el recurrente sí destinó el porcentaje de gastos para actividades específicas, como se desprende de la balanza de comprobación a nivel mayor que obra durante el ejercicio dos mil dieciséis.

Lo anterior es así, porque la presunta irracionalidad de la sanción determinada por la autoridad responsable se sustenta en que Encuentro Social sí destinó $1,140,540.35 (un millón ciento cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 35/100 M.N.), para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo cual ya fue previamente desvirtuado, de ahí que al resultar ajustada a Derecho la acreditación de la infracción, entonces resulta correcto que ante la gravedad de la misma, se le haya impuesto la sanción consistente en la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar $1,710,810.53 (un millón setecientos diez mil ochocientos diez pesos 53/100 M.N.), equivalente al 150% del monto involucrado.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1,154, del Tomo XXI, correspondiente al mes de abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.”

Sin que, en la especie, el partido político recurrente aduzca motivos de inconformidad para controvertir la legalidad de la referida sanción.

IV. Conclusión 29 “El partido no destinó el porcentaje mínimo de gastos en Actividades Específicas, por un importe de $1,101,519.00”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente:

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 de Encuentro Social

Actividades específicas

29.ES. El partido no destinó el porcentaje mínimo de gastos en Actividades Específicas, por un importe de $1,101,519.00.

Tal situación incumple con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c) fracción I de la LGPP.

De la resolución impugnada, se advierte lo siguiente:

i) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos: conclusión 29

…

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $1,101,519.00 (un millón ciento un mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $1,652,278.50 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,652,278.50 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.).

A) Ilegalidad de la infracción.

Esta Sala Superior considera infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, por lo siguiente:

En primer lugar, es importante destacar que, del Dictamen Consolidado, particularmente, de la verificación a las cifras reportadas en las balanzas de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad fiscalizadora observó que Encuentro Social no destinó el porcentaje mínimo de gastos en Actividades Específicas de conformidad con el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c), fracción I de la LGPP, tal como se advierte:

Por lo tanto, la autoridad fiscalizadora determinó que el financiamiento total que se debió aplicar a Actividades Específicas era del tenor siguiente:

En tal orden de ideas, la autoridad fiscalizadora determinó que Encuentro Social no destinó la cantidad de $55,177.74 (cincuenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos 74/100 M.N.), para el gasto en Actividades Específicas, cuando la normativa es clara al determinar los porcentajes de gastos que deben aplicarse para tal concepto.

Al efecto, la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento de Encuentro Social la referida observación, mediante oficio número 
INE/UTF/DA-L/11250/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete.

El partido político ahora recurrente dio respuesta a través del ocurso de siete de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de que la diferencia por $55,177.74 (cincuenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos 74/100 M.N.) era real, por lo que, para cumplir con el porcentaje destinado para tal rubro, la diferencia sería considerada en el ejercicio dos mil diecisiete.

A su vez, la autoridad fiscalizadora consideró insatisfactoria la respuesta, toda vez que la normatividad es clara al establecer que todos los gastos realizados para el desarrollo de las actividades específicas deberán ser pagados en el ejercicio fiscal correspondiente; de ahí que, la observación no quedó atendida.

La observación se hizo del conocimiento de Encuentro Social por oficio número
INE/UTF/DA-L/13192/2017 de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, quien dio respuesta en el sentido de que presentó la póliza xxxxx, toda vez que al hacer un análisis de lo erogado, se constató que corresponde a un gasto programado.

La autoridad fiscalizadora determinó que, de la verificación a la tercera versión de la balanza de comprobación presentada por Encuentro Social, se observó la modificación del monto registrado y destinado en dos mil dieciséis para el rubro de “Actividades Específicas, para quedar de la siguiente forma:

De la documentación soporte de la póliza de diario 2 de ajuste segundo periodo que Encuentro Social presentó como parte de las aclaraciones para justificar el monto no destinado en actividades específicas, la autoridad fiscalizadora constató que no era correcta la reclasificación realizada ya que, de la revisión al Programa Anual de Trabajo se verificó que no se reportó un proyecto relacionado con el curso denominado Mapping y Lenguaje Claro registrado en la póliza citada, por $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos), por lo tanto, tal importe no se podía considerar en el monto de gastos en Actividades Específicas, como se precisa a continuación:

Por lo tanto, al no destinar el porcentaje mínimo de gastos en Actividades Específicas, por $1,101,519.00 (un millón ciento un mil quinientos diecinueve pesos), Encuentro Social incumplió con lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c) fracción I de la LGPP.

Ahora bien, esta Sala Superior considera infundado el agravio mediante el cual Encuentro Social sostiene que de la balanza de comprobación a nivel mayor que obra durante el ejercicio 2016, se puede advertir que en la cuenta de ingresos aparece un depósito a la cuenta 4103000000, por $6,726,477.60 (seis millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.), para Actividades Específicas y, de sus recursos para Actividades Ordinarias depositó el 2% para Actividades Específicas a las subcuentas 5201000000 por $7,271,259.13 (siete millones doscientos setenta y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 13/100 M.N.), para educación y capacitación política; a la subcuenta 5202000000, la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de pesos) para investigación socioeconómica y política; y, a la subcuenta 520300000 la cantidad de $2,000,359.20 (dos millones trescientos cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.), para tareas editoriales, dando un total de $11,271,618.33 (once millones doscientos setenta y un mil seiscientos dieciocho pesos 33/100 M.N.), por lo que sí se erogó el 3% del financiamiento público aportado por el INE, más el 2% que aportó Encuentro Social, lo que implica el 5% del monto total destinado para Actividades Específicas y, que implica la referida cantidad.

Lo anterior es así, porque el partido político recurrente parte de una idea equivocada, al considerar que la autoridad responsable sustenta la infracción, en un indebido registro contable, pues en su concepto la suma de los importes correspondientes a las subcuentas 5201000000, 5202000000 y 5203000000, que forman parte de la cuenta 5200000000 (GASTOS), produce la cantidad de $11,271,618.33 (once millones doscientos setenta y un mil seiscientos dieciocho pesos 33/100 M.N.) y, por ende, que tales recursos se destinaron a actividades específicas.

Al efecto, Encuentro Social no considera que la infracción de la cual deriva la conclusión 29, se sustenta particularmente en que, la autoridad responsable sí tomó en cuenta los referidos registros contables, sin embargo, también estimó que la infracción se actualizó con motivo de que al restar del  monto destinado para actividades específicas: $11,271,618.33 (once millones doscientos setenta y un mil seiscientos dieciocho pesos 33/100 M.N.), las cantidades de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos), por la disminución derivada del análisis a la reclasificación realizada por Encuentro Social; y, de $1,046,341.26 (un millón cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos 26/100 M.N.), por la disminución derivada de la realización de diez talleres de matrimonios; se obtuvo la cantidad de $10,109,277.07 (diez millones ciento nueve mil doscientos setenta y siete pesos 07/100 M.N.), como total de gastos considerados para efectos del límite.

Asimismo, es importante destacar que el descuento de los referidos importes por parte de la autoridad responsable, obedeció al hecho de que las erogaciones correspondientes no se destinaron a actividades específicas.

Ahora bien, para determinar el monto de los recursos no destinados para Actividades Específicas, la autoridad fiscalizadora restó al total de recursos que se debían destinar para actividades específicas: $11,271,618.33 (once millones doscientos setenta y  un mil seiscientos dieciocho pesos 33/100 M.N.), la última cantidad precisada en el párrafo anterior, es decir, $10,109,277.07 (diez millones ciento nueve mil doscientos setenta y siete pesos 07/100 M.N.), por lo que se obtiene como resultado $1,101,519.00 (un millón ciento un mil quinientos diecinueve pesos) que no fueron destinados para Actividades Específicas.

En tal orden de ideas, no le asiste la razón al partido político recurrente, porque no basta el reporte de los gastos en la Balanza de Comprobación a Nivel Mayor en el Sistema Integral de Fiscalización, sino que también es necesario acreditar debidamente que todos los recursos se destinaron para actividades específicas, particularmente, los relativos a las disminuciones derivadas del análisis a la reclasificación realizada por Encuentro Social; y, por la realización de diez talleres de matrimonios, mediante la presentación de los respectivos soportes documentales.

Es decir, que los registros contables por sí mismos resultan insuficientes para considerar que no existe infracción alguna, cuando también existe el deber en su calidad de sujeto obligado de presentar la respectiva documentación comprobatoria, que permita advertir que sí se destinaron los recursos atinentes para Actividades Específicas, circunstancia que, en la especie, no aconteció.

En el caso, el recurrente debió demostrar que la disminución realizada por la autoridad responsable era incorrecta, al haberse destinado los recursos correspondientes a actividades específicas.

Por otro lado, devienen inoperantes los motivos de disenso, porque el recurrente no expone planteamientos dirigidos a evidenciar que el proceder de la autoridad responsable es indebido, así como que ofreció ante aquella los respectivos medios de convicción, es decir, se abstiene de controvertir la razón principal relativa a que la infracción se actualiza porque la autoridad fiscalizadora determinó que de las operaciones realizadas se advirtió que $1,101,519.00 (un millón ciento un mil quinientos diecinueve pesos) no fueron destinados para Actividades Específicas, pues Encuentro Social se limita a señalar que a partir de la suma de los montos de tres subcuentas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización se obtiene el importe total de los recursos que, en su concepto se destinaron a Actividades Específicas.

B) Ilegalidad de la sanción.

Por otro lado, esta Sala Superior considera inoperante el planteamiento, mediante el cual el partido político recurrente señala que resulta irracional que la autoridad responsable indebidamente le haya impuesto la sanción prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456, de la LGIPE, consistente en reducción del 50% de la ministración mensual que corresponde al partido, por financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar $1,652,278.50 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), sin que la autoridad fiscalizadora se haya percatado que el recurrente sí destinó el porcentaje de gastos para actividades específicas, como se desprende de la balanza de comprobación a nivel mayor que obra durante el ejercicio dos mil dieciséis.

Lo anterior es así, porque la presunta irracionalidad de la sanción determinada por la autoridad responsable se sustenta en que Encuentro Social sí destinó $1,101,519.00 (un millón ciento un mil quinientos diecinueve pesos), para Actividades Específicas, lo cual ya fue previamente desvirtuado, de ahí que al resultar ajustada a Derecho la acreditación de la infracción, entonces resulta correcto que ante la gravedad de la misma, se le haya impuesto la sanción consistente en la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar  $1,652,278.50 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.),  equivalente al 150% del monto involucrado.

Sin que, el partido político recurrente aduzca motivos de inconformidad para controvertir la legalidad de la referida sanción.

V. Conclusión 45. “El sujeto obligado reportó saldos por cobrar con antigüedad mayor a un año de los cuales no presentó la documentación que acreditara el cobro o recuperación o bien la existencia de excepciones legales por un importe de $2,630,627.86.”

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

      Respecto a la columna “Saldos al 31-12-16 de partidas con antigüedad mayor a un año no comprobadas” identificada con (E) en el Anexo 9 del oficio INE/UTF/DA-L/11250/17, por un importe de $7,208,371.22, este corresponde a saldos que el partido reportó al 31 de diciembre de 2015 y que una vez aplicada la comprobación de gastos o recuperación de adeudos efectuada en el ejercicio 2016, presentan una antigüedad mayor a un año, como a continuación se detalla:

La integración de los saldos reportados en cada una de las cuentas en comento, se detalla en el Anexo 10 del oficio INE/UTF/DA-L/11250/17.

Al respecto, es preciso mencionar que si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Préstamos al Personal”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o en cualquier otra similar, y al cierre del ejercicio siguiente los mismos saldos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada en el SIF mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/11250/17 de fecha 4 de julio de 2017, recibido por su partido político el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. PES/CAF/014/2017 de fecha 7 de agosto de 2017, recibido el día 8 del mismo mes y año; ES manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Dando se reportan en la póliza de apertura los saldos iniciales del rubro de cuentas por cobrar $4,049,027.70 en la PA-2, aclarando que dicho monto es por concepto de deuda que tienen los Estados por el concepto de Impuestos generados en los ejercicios anteriores.

En la póliza de PA-DR.16 se realizan las correcciones correspondientes, derivado a que los estados realizaron depósitos por pago de impuestos, y algunos otros se les realizó la transferencia en especie a los estados del pago de sus impuestos.

Dejando un saldo final por un monto de $219,692.42 mismos que son pagados en el 2017 en los meses correspondientes de Marzo y Abril del año en curso.

En cuanto a la cuenta deudores diversos referida en este apartado y que corresponden efectivamente a saldos mayores a un año la CDMX presenta un saldo de $689,194.79 el cual corresponde a impuestos sobre la renta generados durante el 2015 y que fueron cubiertos por el comité directivo nacional por lo que se está a la espera de la determinación del mismo en relación a una posible reclasificación.

En cuanto a la cuenta de gastos por comprobar por un monto de $953.49 estos ya fueron comprobados y registrados en la contabilidad mediante la póliza número ______ que se acompaña con su respectiva evidencia.

En cuanto al saldo de anticipo a proveedores CDMX $209,234.50 esta continua en revisión.”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF se determinó lo siguiente:

ES presentó documentación en la cual se constató la recuperación de cuentas por cobrar por un monto de $4,347,202.14; por tal razón, la observación quedó atendida por dicho importe. Las cuentas en comento se detallan a continuación: