RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-1316/2025

RECURRENTE: FEDERICO DÖRING CASAR[1]

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

TERCEROS INTERESADOS: PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y OTROS[3]

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ANA LAURA ALATORRE VÁZQUEZ, JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA, ALFONSO GONZÁLEZ GODOY Y CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ[4]

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiséis[5].

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma la resolución INE/CG1109/2025, respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena, David León Romero y Pío Lorenzo López Obrador.

I. ANTECEDENTES

1. Quejas INE-Q-COF-UTF/12/2020 y acumuladas[6]. Entre el veintiuno y el veinticinco de agosto de dos mil veinte, el recurrente, así como los partidos Acción Nacional[7] y de la Revolución Democrática[8], presentaron quejas en contra de Morena, David León Romero y Pío Lorenzo López Obrador, por el presunto incumplimiento de las normas que regulan el origen, monto y destino de los recursos.

Específicamente se denunció que, el veinte de agosto de dos mil veinte, mediante la plataforma Latinus.us, se dieron a conocer los denominados videos de Pío Lorenzo López Obrador recibiendo dinero para la campaña de su hermano, refiriendo que tal conducta fue ilegal al no haber sido reportadas por Morena ni fiscalizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización[9] del INE.

Como pruebas aportaron los audiovisuales difundidos por la referida plataforma, notas periodísticas y la versión estenográfica de una conferencia de prensa matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas documentales como los listados de donantes presentados al INE y aportaciones de militantes y simpatizantes que elaboró la UTF, respecto del proceso electoral 2017-2018, entre otras.

2. Instrucción de los procedimientos sancionadores. En su momento, la UTF admitió las quejas bajo las claves indicadas y las acumuló a la primera de ellas.

De igual forma, las quejas fueron admitidas y se les corrió traslado a las partes denunciadas, quienes comparecieron al procedimiento haciendo valer lo que a su derecho convino.

3. Resolución INE/CG1109/2025. Dictada en sesión del CGINE de veintiuno de agosto, para declarar infundado el procedimiento sancionador instaurado en contra de las partes denunciadas.

4. Recurso de apelación SUP-RAP-1316/2025. Por demanda presentada el veintisiete de agosto ante esta Sala Superior, el recurrente controvirtió la resolución descrita en el punto que antecede. El asunto fue registrado y turnado por la entonces Magistrada Presidenta a su ponencia, y una vez radicado y admitido, ordenó la elaboración del proyecto correspondiente.

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente[10] para conocer y resolver el presente recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente en contra de una resolución emitida por el CGINE, en el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/12/2020 y acumulados.

SEGUNDA. Procedencia. Es procedente el recurso de apelación, porque cumple los requisitos respectivos[11] sin que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, según se verá enseguida:

2.1. Requisitos formales. El recurso se interpuso por escrito en el que consta el nombre, carácter y firma autógrafa de quien lo interpone; identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; menciona hechos, indica los preceptos vulnerados y plantea agravios contra la determinación controvertida.

2.2. Oportunidad. El recurso se interpuso dentro del plazo de cuatro días contados a partir de la emisión del acto controvertido, toda vez que la sesión durante la que se aprobó la resolución impugnada se llevó a cabo el veintidós de agosto, en tanto que la demanda se presentó ante esta Sala Superior el veintisiete siguiente, sin considerar los días veintitrés y veinticuatro por ser inhábiles, dado que el caso no está vinculado con un proceso electoral[12], de ahí que resulte oportuno.

2.3. Legitimación e interés jurídico. Se satisfacen porque el recurrente presentó uno de los escritos de denuncia que dio origen a la resolución impugnada.

2.4. Definitividad. Se cumple, debido a que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del recurso que ahora se resuelve.

TERCERA. Comparecientes. Esta Sala Superior considera que los escritos de tercería presentados por quienes comparecen son procedentes, conforme a las siguientes consideraciones.

3.1 Oportunidad. Los comparecientes acudieron dentro del plazo legal de setenta y dos horas, conforme con lo siguiente:

Como se advierte, todos los escritos se presentaron dentro del referido plazo, de ahí que sean oportunos.

3.2 Forma. Se cumple, dado que en los escritos respectivos constan el nombre y la firma autógrafa de quienes comparecen y de la representación de Morena; además, todos expresan las razones en que fundan su interés incompatible con el del recurrente.

3.3 Legitimación, interés jurídico y personería. Se cumple porque las personas y partido comparecientes fueron partes denunciadas en el procedimiento de queja en materia de fiscalización del que derivó la resolución recurrida.

Asimismo, tienen un interés incompatible con el de la recurrente, porque pretenden que la resolución impugnada sea confirmada.

Además, se reconoce la personería del representante de Morena, al estar acreditado como tal ante el CGINE.

CUARTA. Estudio del fondo.

4.1. Contexto del asunto. La controversia surgió en dos mil veinte cuando el recurrente, así como el PAN y PRD presentaron escritos de queja en contra de Morena, David León Romero y Pío López Obrador por hechos ocurridos en dos mil quince que podrían constituir infracciones en materia de fiscalización, respecto al origen, destino y aplicación de recursos con fines electorales.

Para acreditar su pretensión, la parte quejosa expuso que David Eduardo León Romero entregó recursos económicos –dinero en efectivo– a Pío Lorenzo López Obrador –hermano del otrora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador– con la finalidad de beneficiar al partido Morena -referencia Movimiento Regeneración Morena– en Chiapas, así como a la elección celebrada en dos mil dieciocho, para lo cual aportaron un cúmulo de enlaces electrónicos de medios informativos consistentes en la publicación principal del medio noticioso Latinus en el cual, se publicaron dos videograbaciones y un audio.

Sobre ello, la autoridad substanciadora emprendió dos líneas de investigación:

1. Recaudación de hallazgos y

2. Estudio con enfoque de riesgo.

Esto con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad; sin embargo, se llegó a la conclusión de que, de la valoración adminiculada de los medios de prueba presentados por la parte quejosa y los obtenidos en la investigación, éstos no resultaban suficientes para acreditar la trasgresión a la normativa electoral por parte de los denunciados –un financiamiento paralelo consistente en aportaciones en efectivo–, al no generar certeza y convicción sobre lo que se pretendía probar.

De esa suerte, se declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los denunciados, y que ahora es la materia de impugnación en esta instancia federal.

4.2. Síntesis de agravios. En contra de lo anterior, el recurrente sostiene que la resolución impugnada incurrió en indebida valoración probatoria, particularmente respecto de las confesiones y testimoniales rendidas por Pío López Obrador, David León Romero y el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues desde su perspectiva, dichas manifestaciones, adminiculadas con los videos, debieron considerarse suficientes para integrar una cadena probatoria sólida, conforme al principio de confesión de parte, relevo de prueba, que exime de mayores acreditaciones cuando una parte reconoce hechos relevantes.

Agrega que lejos de aplicar ese estándar jurídico, la responsable otorgó mayor peso a las negativas expresadas por los denunciados, minimizando las confesiones tácitas y expresas, así como el reconocimiento del entonces Presidente sobre la identidad de las personas en los videos y el destino de los recursos, omisión que vulnera los principios de legalidad, exhaustividad y certeza.

Finalmente refiere que los videos, aunque considerados meros indicios, pudieron robustecerse mediante la adecuada valoración de las confesiones y testimoniales, lo que habría permitido perfeccionar la prueba y acreditar los hechos denunciados. Al no hacerlo, la responsable incurrió en una apreciación arbitraria que impidió fincar responsabilidades.

4.3. Contestación de los agravios. A juicio de esta Sala Superior, los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, tal como se razona enseguida.

4.3.1. Marco jurídico. Antes de analizar los planteamientos formulados por el recurrente, conviene desarrollar el marco jurídico al que se sujetará el estudio respectivo.

a) Facultad fiscalizadora del INE. El diseño constitucional y legal[14] otorga al INE la función de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de las candidaturas, a través del CGINE y sus órganos dependientes del mismo, como son la Comisión de Fiscalización y la UTF, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme su ámbito de actuación.

Se tiene que el CGINE es el órgano superior de dirección y, en lo que interesa, tiene las facultades relevantes siguientes:

o        Emitir los lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos;

o        Resolver en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como la resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos;

o        Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las disposiciones legales; y

o        En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan.

Aunado a ello, el CGINE ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual cuenta con las facultades siguientes:

o        Revisar y someter a la aprobación del CGINE los proyectos de resolución de los procedimientos y quejas en materia de fiscalización, en los términos del reglamento de la materia;

o        Revisar las funciones y acciones de la UTF, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización;

o        Modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, para ponerlos a consideración del CGINE en los plazos que esta Ley establece.

Ahora bien, para el cumplimiento de las mencionadas funciones, la Comisión de Fiscalización contará con una UTF en la materia que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los propios partidos.

Por su parte, sus facultades que destacan son las siguientes:

o        Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.

o        Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos.

o        Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

o        Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en la materia.

o        Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas.

A partir de lo anterior, el CGINE es el órgano rector del procedimiento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidaturas, quien se apoya en sus órganos técnicos como lo es la Comisión de Fiscalización y, a su vez, la UTF con la finalidad de lograr una correcta fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos políticos.

b) Valoración probatoria en el procedimiento administrativo sancionador. El artículo 15, párrafo 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del INE contempla que podrán ofrecerse y aportarse las pruebas siguientes: I. Documental pública; II. Documental privada; III. Técnicas; IV. Pericial siempre y cuando el procedimiento de queja u oficioso no se encuentre vinculado al Proceso Electoral y a sus resultados; V. Inspección ocular; VI. Superveniente; VII. Presuncional legal y humana, y VIII. Instrumental de actuaciones.

En mismo ordenamiento dispone que las pruebas testimonial y confesional también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en el acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y se asiente la razón de su dicho.

El testimonio –según Devis Echandia[15]– es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona, ajena al proceso en que se aduce, rinde ante un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza.

Asimismo, señala que, además de ser personal, forma parte del grupo de las pruebas indirectas e históricas:

o       Indirecta, en el sentido de que no se identifica con el hecho por probar, que es su objeto, por lo que la persona jueza llega al conocimiento de este de manera mediata, por medio del testimonio del cual lo induce, y no directamente o en forma inmediata por su propia percepción, porque él percibe únicamente el testimonio.

o       Histórica, porque con ella se reconstruye o reproducen hechos pasados o que todavía subsisten, pero cuya existencia data de antes de producirse el testimonio y representa una experiencia del sujeto que declara.

El testimonio es una declaración consciente de una persona, es un acto jurídico y no un simple hecho jurídico.

Otro aspecto para destacar en la prueba testimonial, consistente en la aportación y su admisibilidad, ya que dependerán del sistema procesal en el que se ventile el litigio.

Así, Michele Taruffo[16], al hacer alusión a la asunción de las pruebas, señala que los rasgos procesales de la presentación de las pruebas dependen, en buena medida, de la estructura general del proceso, así, refiere, se utilizan distintos procedimientos en los sistemas de common law y en la mayoría de los de civil law.

Por tanto, las reglas de ofrecimiento, aportación, desahogo e incluso valoración de los testimonios, podrán variar de acuerdo con el sistema procesal bajo el cual se desarrolle un proceso.

En el caso de la prueba confesional se ha considerado, por parte de este órgano jurisdiccional que, con independencia de su idoneidad y pertinencia en los procedimientos sancionatorios, no puede producir por sí misma la demostración de los hechos imputados, sino que, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de semejante probanza con otros elementos de convicción.

Ello, se robustece con el contenido esencial de la tesis XII/2008, de rubro PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL, al establecerse que en el procedimiento sancionador electoral no puede considerarse que declarar o desahogar una prueba confesional revista el carácter de una carga procesal que genere una aceptación de los hechos imputados, porque afectaría la garantía de no declarar en su perjuicio.

En el caso, lo anterior se robustece con el contenido del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del INE, que determina que las documentales privadas, las técnicas, la presuncional, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmado.

Como se advierte, por regla general, en los procedimientos sancionadores las pruebas testimonial y confesional puede aportarse únicamente mediante acta levantada por fedatario público, y el valor probatorio será pleno al concatenarse con otros medios de prueba.

4.3.2. Análisis de los agravios. En este apartado se analizarán los agravios planteados por el recurrente, a partir de lo siguiente.

a) La responsable valoró las pruebas de forma adminiculada. Fundamentalmente, el recurrente se duele de la indebida valoración de las pruebas, pues considera que la responsable omitió adminicular el análisis del material videográfico aportado con su denuncia, junto con las manifestaciones expuestas por Pío Lorenzo López Obrador, David León Romero y Andrés Manuel López Obrador. En su consideración, con dicha forma de valoración se deben tener por acreditadas las faltas denunciadas.

En concepto de esta Sala Superior, el agravio es INFUNDADO, porque el recurrente parte de la premisa errónea de que la responsable no adminiculó las probanzas que presentó en su denuncia y las recabadas por la autoridad investigadora. Ello es así, porque pierde de vista que la responsable sí valoró las pruebas que obraban en el procedimiento, tanto de forma individual como adminiculándolas entre sí, sin que con ello se demostraran los hechos que se pretendían probar.

En efecto, del análisis integral de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable valoró todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, así como las recabadas por la UTF durante la instrucción del procedimiento.

Y dicha valoración fue adminiculada, lo que desde luego incluyó aquellos medios de convicción que la parte recurrente señala como indebidamente valorados, de ahí que no le asista razón en su alegato, por lo que no es factible que alcance su pretensión, consistente en que las faltas denunciadas se hayan acreditado.

Así, como puede verse de la resolución reclamada, la responsable enlistó y relacionó los medios probatorios[17], así como los hechos que en cada uno consignaba. Posteriormente los valoró según las reglas de la lógica y la sana crítica, así como con apego a los principios rectores de la función electoral, en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del INE.

De ello, en lo que interesa, el CGINE dividió su línea de investigación en dos objetivos: la recaudación de hallazgos y el enfoque de riesgo, según se demuestra enseguida.

En cuanto a la recaudación de hallazgos, se tiene que la responsable llevó a cabo lo siguiente:

a.    Certificación de la Oficialía Electoral consistente en el cúmulo de enlaces electrónicos, todos en similitud semántica, de medios informativos derivados de la publicación principal del medio noticioso Latinus en el cual se publicaron dos videograbaciones y un audio donde David Eduardo León Romero entrega supuestamente recursos económicos al hermano del otrora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En su valoración conjunta se determinó que la información difundida presentaba ausencia de sustento fáctico porque no se contaba con el lugar de los hechos y temporalidad.

b.    Documental pública remitida por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales –prueba pericial–, que determinó que ambos videos no presentan una secuencia de imagen cronológica y continua; tenían mala calidad, cortes, fragmentos de audio ininteligibles en los diálogos, mala calidad por ruido de fondo intenso y ancho de banda reducido, deface en audio y video, entre otros, derivado de alteraciones de un proceso de postproducción, donde los videos contienen insertados elementos como: logotipo, marca de agua, títulos y subtítulos de los diálogos; circunstancias que llevaron a la responsable a no poder asignar valor probatorio a las videograbaciones, ya que surgía incertidumbre respecto de la veracidad de su contenido, pues no fue posible determinar la fuente de origen, las fechas, así como los lugares donde se realizaron las grabaciones, además del software y hardware utilizado en el proceso de grabación y postproducción.

Respecto de tales documentales, la responsable determinó que, de su adminiculación y aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia no podían aportar mayor valor indiciario leve porque solo dan cuanta de la opinión de quien emite las notas sin que exista certeza sobre las infracciones denunciadas.

Sobre esa línea de investigación, la responsable expuso que no pasaba desapercibido lo siguiente:

c.    En uno de los enlaces electrónicos, se advertía que David Eduardo León Romero en su cuenta de X (antes Twitter) publicó el veinte de agosto de dos mil veinte, lo siguiente: “Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Al otorgarse la garantía de audiencia, se obtuvo que David León negó que sus actividades personales se encaminaran a la recaudación de aportaciones en beneficio de Morena, refiriendo que, de existir, serían privadas y ajenas a cuestiones electorales.

d.    Además, la autoridad fiscalizadora tuvo conocimiento que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, Pío Lorenzo López Obrador concedió una entrevista al medio de comunicación denominado Expansión Política de la cual, entre otros tópicos, en referencia a las videograbaciones difundidas por el medio Latinus en el año dos mil veinte, expresó que “Estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, asimismo, señaló que las aportaciones recibidas “fueron para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolina, por ejemplo, ello con la finalidad de organizar a la gente que quería un cambio verdadero en el país”.

e.    De otro de los enlaces electrónicos aportados se desprendía que el entonces presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del veintiuno de agosto de dos mil veinte, referente a las videograbaciones publicadas por Latinus en días previos, señaló lo siguiente: “Estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y, como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos”; de igual manera, en dicha conferencia, aclaró que del diálogo donde se menciona “Voy a ver a Marcelo” no es “Marcelo Ebrard” sino Marcelo el entonces (2015) dirigente de Morena en Chiapas, es decir, Marcelo Toledo Cruz.

De las declaraciones del entonces presidente de la República se requirió a Marcelo Toledo Cruz, dirigente de Morena en Chiapas en dos mil quince, quien tampoco aportó elementos respecto de los hechos denunciados; únicamente reconoció los cargos partidistas, pero negó relación laboral o profesional con Pío López Obrador, así como negar haber recibido recursos.

f.       Adicionalmente, la Dirección de Auditoría informó que David Eduardo León Romero no fue identificado como aportante, proveedor, prestador de servicios, simpatizante o militante en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, así como del Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas; en los periodos correspondientes a precampaña, campaña y ordinario que abarcan de enero de 2015 a diciembre de 2018.

De lo anteriormente señalado, la autoridad responsable concluyó que tanto los testimonios vertidos por David Eduardo León Romero (otrora tuit y emplazamiento), Pío Lorenzo López Obrador (entrevista en Expansión Política) y como del otrora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (mañanera del veintiuno de agosto de dos mil veinte) referente a las aportaciones y supuestos gastos en beneficio de lo que se menciona como “movimiento”, se consideraron indicios porque de adminicular los medios probatorios con los que contaba la responsable, sus dichos no generan convicción con los medios electrónicos presentamos como medios de prueba, el dictamen pericial de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y de la información obtenida por la Dirección de Auditoría.

En cuanto al estudio con enfoque de riesgo, la responsable obtuvo documentación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de la parte denunciada, así como de terceras personas físicas y/o morales relacionadas con los hechos materia de investigación, por lo que a través de su Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, de las constancias que comprenden el presente procedimiento, realizó un estudio con enfoque de riesgo a partir de tres vertientes: fiscal, financiero y bancario:

a)   Fiscal. De la base de datos del Servicio de Administración Tributaria de obtuvo que Pio Lorenzo López Obrador presentó su declaración en ceros. Mientras que, David Eduardo León Romero presentó declaraciones normales por los ejercicios de 204-2018 y modificó en 2020 la declaración del año 2015.

b)   Financiera. La Unidad Técnica Financiera informó que Pio Lorenzo López Obrador no contó con reporte relevante de orden financiera, y David Eduardo León Romero no contó con reportes inusuales.

c)   Bancaria. De la información obtenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se identificaron cinco cuentas bancarias pertenecientes a Pío Lorenzo López Obrador y cuatro cuentas a David Eduardo León Romero.

De lo expuesto, la responsable determinó que del análisis con enfoque de riesgo no se advirtieron indicios o posibles hipótesis que permitieran vincular las actividades fiscales, financieras y bancarias con los hechos denunciados.

Aún más, la resolución refleja que la responsable llevó a cabo un análisis integral de todos los medios probatorios existentes en el expediente, como fueron notas periodísticas, pruebas técnicas –videos y fotografías–, testimonios y manifestaciones públicas, así como hallazgos de auditoría.

Todo lo anterior fue analizado de manera conjunta y adminiculada por la autoridad responsable, la cual señaló que los testimonios de las personas denunciadas y del entonces Presidente sobre las aportaciones y gastos del movimiento, no generaban convicción con los medios electrónicos presentados como medios de prueba, el dictamen pericial de la FEPADE y la información obtenida por la Dirección de Auditoría del INE.

De esa manera la responsable determinó que, del análisis conjunto del cúmulo probatorio se apreciaban meramente indicios sobre los hechos denunciados. Esto, porque aun cuando distintos testimonios sugirieron aportaciones en variados contextos, el análisis conjunto e integral de medios probatorios, testimonios y solicitudes de información era insuficiente para sustentar lo alegado por la parte quejosa en sus denuncias, esto es, el empleo de un financiamiento paralelo (privado) proveniente de supuestas aportaciones realizadas por David Eduardo León Romero a Pío Lorenzo López Obrador que beneficiaron al partido Morena.

En ese estado de cosas, la responsable concluyó que el estudio adminiculado de las notas periodísticas, las pruebas técnicas y las manifestaciones públicas no genera certeza sobre la existencia de aportaciones económicas en beneficio de Morena en Chiapas durante o con impacto en 2018.

Advirtió que la evidencia converge en indicios pero sin alcanzar el estándar de convicción plena exigible en materia sancionadora, máxime cuando en este tipo de procedimientos las pruebas testimoniales y, en general, las pruebas indirectas o de valor indiciario requieren corroboración, por lo que, en ausencia de registros objetivos, como fueron la contabilidad y la trazabilidad financiera, los dichos y videos carecían de fuerza probatoria suficiente para demostrar la existencia y veracidad de los hechos denunciados.

Esta Sala Superior comparte la conclusión a la que arribó la responsable, pues es verdad que durante la instrucción del asunto se decretaron una serie de diligencias exhaustivas. se observaron emplazamientos, requerimientos, auditorías contables multi periodo, solicitudes interinstitucionales e indagación a terceros, todo lo cual fue analizado de manera adminiculada en la resolución impugnada, sin que de ello se demostraran las aportaciones o flujos financieros atribuibles a León Romero o a Pío López en favor de Morena.

Así, distinto de lo alegado por el recurrente, esta Sala Superior advierte que es inexacta la premisa planteada por el recurrente, pues la responsable no solo valoró conjuntamente las pruebas que refiere como indebidamente analizadas, sino que, además, dichos medios de convicción sirvieron de base para que la UTF decretara diversas líneas de investigación con el fin de allegarse de elementos para poder reconstruir los hechos del caso y, a partir de ello, verificar la eventual comisión de los ilícitos denunciados en materia de fiscalización.

Sin embargo, distinto de lo que alega el recurrente, la responsable revisó conjunta y separadamente las pruebas en comento, sin que de ellas ni de los demás medios probatorios hayan consignado elementos que sirvieran de base para demostrar la existencia de las faltas atribuidas a Morena y las personas señaladas como involucradas.

Estudio que esta Sala Superior comparte, pues si se tiene en cuenta que la prueba consistente en el video resultó ineficaz para demostrar los hechos denunciados, al haber sido editada con fines de producción periodística, lo cierto es que su adminiculación con los testimonios y publicaciones referidas en la demanda, es insuficiente para tener por acreditada la responsabilidad de las personas denunciadas en los hechos que les fueron atribuidos.

Esto es así, porque de ninguna de tales probanzas se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos denunciados.

La responsable tomó nota del reconocimiento expreso de las personas denunciadas en cuanto a que se trató de aportaciones para el movimiento, sin que se hubiesen obtenido elementos que demostraran que dicho dinero ingresara a las arcas del partido durante el periodo que se analizó, con todo y que la responsable decretó un sinnúmero de requerimientos a diversas entidades financieras, bancarias y de auditoría con el fin de allegarse elementos que demostraran el destino de dichos recursos, sin que nada se haya demostrado.

En ese sentido, es INFUNDADO el planteamiento central del recurrente, pues distinto de lo que alega, la responsable sí analizó de manera conjunta las probanzas que él identifica como testimoniales y confesionales, sin que de ello se advirtieran elementos que colmaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar ni mucho menos acreditaran las presuntas aportaciones al partido político Morena, en la forma en que fueron denunciadas.

Misma suerte corre su pretensión, pues intenta que, a partir del análisis de dichas testimoniales, se fortalezca el alcance y valor probatorio de los videos para que, en conjunto, se tengan por demostradas las faltas denunciadas.

Sin embargo, el recurrente no advierte que todas esas probanzas son carentes de elementos circunstanciales, fundamentales para tener por demostrados los hechos que consignan, tan es así que tienen el carácter de meros indicios.

De esa forma no encuentra sustento jurídico la pretensión del recurrente consistente en que, con solo adminicular las testimoniales y confesionales con el resto del material probatorio es suficiente para acreditar las infracciones denunciadas porque pierde de vista que la responsable otorgó, al acervo probatorio, el carácter de indicios por carecer de elementos fácticos, es decir, no se cuenta con prueba plena que genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.

En todo caso, correspondía a la parte denunciante la carga de probar sus afirmaciones sobre los hechos contenidos en la queja inicial; sin embargo, en el caso concreto, el denunciante incumplió con esa carga procesal, pues los medios de convicción aportados son insuficientes para demostrar los hechos afirmados, mecanismos probatorios que, a pesar de las líneas de investigación seguidas por la responsable, no se vieron fortalecidos.

Lo anterior no obsta para señalar que, en todo caso, el sentido de la resolución deriva no de un indebido análisis probatorio, sino de que los medios de convicción aportados por las partes y, en su caso, recabados por la autoridad durante la instrucción del procedimiento, resultaron por demás insuficientes para tener por demostrado plenamente los hechos denunciados, más allá de toda duda razonable, la existencia de las infracciones sometidas a conocimiento de la autoridad electoral.

En ese contexto, también resulta INFUNDADO lo alegado por el recurrente, en el sentido de que la valoración conjunta del supuesto testimonio y las presuntas confesiones, junto con los videos, hacían prueba plena.

El calificativo deriva de que, como ya se dijo, la confesión, el testimonio y las manifestaciones carecen de elementos circunstanciales y no acreditan trazabilidad hacia la contabilidad partidista; los videos, además de alterados según el peritaje de la FGR, son insuficientes para demostrar la infracción denunciada.

Así, cabe reiterar que la responsable valoró correctamente todo el acervo probatorio conforme al marco legal y al estándar jurídico aplicable, agotando diligencias y líneas de investigación sin advertir elementos que acreditaran los hechos denunciados.

En todo caso, la parte denunciante incumplió con la carga de la prueba, ya que solo aportó notas y videos sin medios adicionales que robustecieran su pretensión.

En ese estado de cosas, pretender lo contrario implicaría invertir dicha carga y desconocer principios del procedimiento sancionador electoral, lo que es jurídicamente inviable.

b) La responsable satisfizo el principio de exhaustividad. Por otra parte, también resulta INFUNDADO E INOPERANTE el agravio relativo al incumplimiento del referido principio en el análisis de la valoración de las pruebas.

Lo infundado deriva de que, a juicio de esta Sala Superior, y a partir de lo expresado en el apartado anterior, la autoridad responsable respetó el referido principio en el análisis y la valoración de las pruebas glosadas al sumario, tanto las aportadas por las partes denunciantes, como las producidas por los denunciantes y las recabadas durante la instrucción del asunto, a partir de lo cual no fue posible tener por acreditada la infracción denunciada.

Además, esta Sala Superior no advierte, ni el recurrente refiere cual o cuales pruebas dejaron de valorarse, o bien, si hay alguna que la autoridad instructora debiera requerir y no lo hizo, ni mucho menos demuestra el alcance o valor probatorio que tendrían tales medios de convicción –de haberlos– y de qué manera ello repercutiría en el sentido de la resolución recurrida, de ahí que su agravio devenga inoperante por genérico.

c) La confesión y testimoniales se valoraron adecuadamente. Finalmente, es infundado lo alegado por el recurrente respecto de la omisión de aplicar el principio “confesión de parte, relevo de prueba” respecto del reconocimiento expreso, claro y evidente sobre los hechos propios a los que se refirieron las personas involucradas en los hechos denunciados.

Esto es así, porque Andrés Manuel y Pío Lorenzo López Obrador, como David León negaron los hechos en sus escritos; el entonces Presidente únicamente reconoció la identidad de las personas en los videos y que las aportaciones eran para apoyar al movimiento, sin vinculación alguna con la contabilidad partidista ni con actos de campaña.

Así, contrario a lo que alega la parte recurrente, tales manifestaciones no constituyen confesión ni producen prueba plena sobre los hechos denunciados; por ende, no relevan la necesidad de acreditarlos con otros medios de convicción.

En ese sentido, no se puede llegar al extremo de tener por acreditada la infracción denunciada, a partir de las meras manifestaciones de las personas referidas, pues de hacerlo así se estaría dando a los dichos un alcance del que carecen, pues de ellas no se desprenden, por ejemplo, la cuantía de los recursos aportados, ni la forma en que estos se llevaron a cabo, el destino que se les dio, ni por qué no obran en la contabilidad del partido ni están registradas ante las autoridades competentes de su fiscalización, entre otros puntos, todos ellos elementos que son indispensables para evidenciar la falta denunciada.

En efecto, el principio que dice vulnerado exige que la confesión sea expresa, clara y sobre hechos propios, no sobre interpretaciones o valoraciones sobre hechos que son ajenos, y en el caso, Pío Lorenzo López Obrador y David León negaron los hechos en sus escritos, por lo que no hubo confesión expresa, y el entonces Presidente de la República reconoció la identidad de las personas en los videos, pero no confesó la existencia de aportaciones ilícitas ni la finalidad electoral prohibida.

Su manifestación se circunscribió a señalar que eran aportaciones para apoyar al movimiento, lo que en sí misma no equivale a una confesión que diera pie al reconocimiento de un ilícito, porque no se vincula con la contabilidad ni con actos de campaña partidista, de ahí que tampoco produzca prueba plena sobre los hechos, y sea ineficaz para relevar la necesidad de probar los hechos denunciados con otros medios de convicción, de ahí lo infundado de su alegación.

En conclusión, al haber resultado INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios planteados por el recurrente, lo conducente será confirmar la resolución controvertida.

Es por ello que esta Sala Superior

III. RESUELVE:

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada, en lo que fue materia de controversia.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

Devuélvanse los documentos respectivos y archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, así como de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

ANEXO

PRUEBAS VALORADAS EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1109/2025

A.  Pruebas recabadas por la autoridad

B.  Pruebas presentadas por la parte demandante

C.  Pruebas presentadas por la parte demandada

D.  Notas periodísticas

E.   Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/262/2020: