RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-143/2017

RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIOS: CLAUDIA MYRIAM MIRANDA SÁNCHEZ Y RODRIGO QUEZADA GONCEN

COLABORÓ: MARCO VINICIO ORTÍZ ALANIS

Ciudad de México a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-143/2017, interpuesto por Royfid Torres González, quien se ostenta como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE INGRESOS Y GASTOS AL CARGO DE GOBERNADOR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE MÉXICO", identificada con la clave INE/CG129/2017, en el cual se impusieron diversas sanciones pecuniarias; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De la narración de hechos del escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el citado Consejo General celebró sesión para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para renovar la gubernatura del Estado de México, para el periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete al quince de septiembre de dos mil veintitrés.

2. Dictamen consolidado. El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se celebró la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la cual se aprobo el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de Gobernador, correspondiente al proceso local ordinario 2016-2017, en el Estado de México.

3. Acto impugnado. El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó la resolución INE/CG129/2017, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México, en la que se determinó, sancionar de manera pecuniaria al Partido de la Revolución Democrática, conforme a lo siguiente:

[…]

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 25.3 de la presente Resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática, las sanciones siguientes:

a)                      10 faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18 y 20.

Con una multa consistente en 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

b)                     1 falta de carácter sustancial o de fondo:

Conclusión 8

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

c)                      1 falta de carácter sustancial o de fondo:

Conclusión 9

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

d)                     3 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 15, 16 y 17

Conclusión 15

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $35,981.67. (Treinta y cinco mil novecientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.).

Conclusión 16

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $693,042.00 (seiscientos noventa y tres mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 17

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $337,479.86 (trescientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 86/100 M.N.).

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 19

Conclusión 19

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $105.48 (ciento cinco pesos 48/100 M.N.).

f)                        1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 21

Con una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $276,350.49 (doscientos setenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 49/100 M.N.).

SEGUNDO. Recurso de apelación.

a. Interposición del recurso. Inconforme con la resolución anterior, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación.

b. Recepción en Sala Superior. El tres de mayo de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el oficio INE/SCG/403/2017, mediante el cual, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitió el escrito de demanda referido en el párrafo anterior, el informe circunstanciado y demás documentación que estimó necesaria para resolver el medio de impugnación.

c. Integración del expediente y turno a Ponencia. Recibidas las constancias en este órgano jurisdiccional, la Magistrada Presidenta acordó integrar el expediente identificado con la clave SUP-RAP-143/2017 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó radicar el expediente en que se actúa, admitir la demanda al considerar cumplidos los requisitos de procedibilidad del recurso de apelación, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 al 45, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, al no existir diligencia pendiente por desahogar, declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación interpuesto por un partido político nacional que controvierte una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le sancionó al haber incurrido en diversas irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación reúne los requisitos formales y de procedencia previstos en los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se examina:

a. Forma. Se satisfacen las exigencias establecidas en el artículo 9, párrafo 1, de la citada ley adjetiva electoral, en razón de que en el escrito de demanda se señala el nombre del partido político recurrente, la identificación del acto impugnado, así como de la autoridad señalada como responsable; la mención de los hechos y agravios que afirma le causa el acto reclamado; asimismo, obra la firma autógrafa del representante del partido político.

b) Oportunidad. El recurso de apelación fue promovido dentro del plazo de cuatro días que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la resolución INE/CG129/2016 se emitió el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, y el recurso fue interpuesto el veintiocho del propio mes y año, por lo que se interpuso de manera oportuna.

c) Legitimación. Se satisface este requisito, porque en términos del artículo 45, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde interponerlo a las personas físicas o morales, por propio derecho o a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos o en los términos de la legislación aplicable.

En el caso, el recurso de apelación fue interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, esto es, por un partido político, por conducto de Royfid Torres González, en su carácter de representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tal como lo reconoce la responsable al emitir su informe circunstanciado.

d) Interés Jurídico. El recurrente interpone el medio de impugnación a fin controvertir la resolución INE/CG129/2017, en la que se impuso al instituto político que representa, diversas sanciones, derivadas de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado relativo a los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de Gobernador, correspondiente al proceso local ordinario 2016-2017, en el Estado de México; de ahí, el interés jurídico que le asiste para controvertir esa determinación por la afectación consecuente.

e) Definitividad. Este requisito se cumple, toda vez que el acto combatido no admite medio de defensa susceptible de ser agotado previamente a la interposición del recurso de apelación, por virtud del cual pueda ser modificado o revocado.

De ese modo, al encontrarse colmados los requisitos de procedibilidad señalados por la legislación procesal federal, lo conducente es realizar el estudio de la controversia planteada.

TERCERO. Cuestión previa. En el asunto que se resuelve, se omite la transcripción de los motivos de agravio que formula el Partido de la Revolución Democrática, dado que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación.[1]

Sin que ello limite a este órgano jurisdiccional a realizar un resumen de los disensos expuestos en el apartado correspondiente.

CUARTO. Estudio de fondo. El Partido de la Revolución Democrática controvierte las conclusiones 8, 9, 15, 16, 17 y 19.

Para efecto de un mejor entendimiento del asunto, se procederá a señalar lo dispuesto en el dictamen consolidado, posteriormente lo sostenido en la resolución reclamada, el agravio vertido por el partido recurrente y las consideraciones de este órgano jurisdiccional.

        Conclusión 8

        Dictamen consolidado

Aportaciones de Simpatizantes

             El sujeto obligado registró aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 90 UMA, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/3059/17 notificado el 26 de marzo de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: s/n de fecha 1 de abril de 2017, el PRD manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se envía para la solventación en el sistema SIF y físicamente copia de IFE, CURP, RFC, ficha de depósito y recibo de aportaciones (080), asimismo me permito aclarar que el importe fue depositado mediante cheque No. 418 del Banco Banorte”

De la revisión a la documentación presentada por el PRD en el SIF, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a la aportación señalada con (1) en la columna “Ref. Dictamen” del cuadro que antecede, se constató que registró aportación en efectivo que presenta como soporte documental recibo de aportación, credencial para votar del aportante y ficha de depósito en cuanta salvo buen cobro que describe como Cuenta **6781, No. De Cheque 00418, Banco BANORTE, mediante la cual se identifica que la aportación se realizó a través de una operación bancarizada; por tal razón, la observación quedó atendida.

Por lo que respecta a las aportaciones señaladas con (2) en la columna “Ref. Dictamen” del cuadro que antecede, se constató que registró aportaciones en efectivo que superan 90 UMA, que presentan como soporte documental recibos de aportaciones por $390,000.00; sin embargo, omitió presentar copia del cheque nominativo y/o transferencia electrónica, que acredite que las aportaciones en efectivo que superan los 90 UMA provienen de una cuenta bancaria personal de los aportantes; por lo cual, la observación no quedó atendida. (Conclusión 8.PRD/MEX).

Al omitir presentar cheque nominativo y/o transferencia electrónica que acredite el origen de aportaciones en efectivo que superan las 90 UMA por un total de $390,000.00, el PRD incumplió con lo dispuesto en el artículo 104 numeral, 2 del RF.

        Resolución controvertida

b)   En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización: conclusión 8.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el  análisis  de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de siete días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los precandidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña materia de estudio en el Estado de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

1)     Informes del gasto ordinario:

a.     Informes trimestrales.

b.     Informe anual.

c.      Informes mensuales.

2)     Informes de Proceso Electoral:

a.     Informes de precampaña.

b.     Informes de obtención de apoyo ciudadano.

c.      Informes de campaña.

3)     Informes presupuestales:

a.     Programa Anual de Trabajo.

b.     Informe de Avance Físico-Financiero.

c.      Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

●       Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.

●       Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.

●       Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

[…]

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)

        Agravio

El partido refiere que se vulneró su derecho de audiencia, y se le sanciona de manera incongruente, a partir de haberle notificado, en el oficio INE/UTF/DA-L/3059/17 de errores y omisiones, una cantidad distinta a la que debía aclarar por concepto de aportaciones de simpatizantes.

Esto es, señala que en el citado oficio, se expuso lo siguiente:

Al efecto señala, que se vulnera en su perjuicio el principio de congruencia y su derecho de audiencia, al haberse notificado, en el oficio de errores y omisiones datos incorrectos que provocaron que quedara en estado de indefensión, al no estar en posibilidad de subsanarlos correctamente.

Lo anterior, debido a que, en el oficio de errores y omisiones se le requirió que justificara una aportación en efectivo por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y, al emitir la resolución se le sanciona por no recibir mediante cheque una aportación por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), lo cual le dejó en estado de indefensión.

En ese sentido refiere, que la autoridad fiscalizadora coartó su derecho para desahogar el aparente error en el que había incurrido.

        Consideraciones de la Sala Superior

El agravio se estima infundado, debido a que el recurrente no quedó en estado de indefensión, conforme a las consideraciones siguientes:

Conforme lo establecido en el artículo 287 del Reglamento de Fiscalización, se constituye por el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia.

A su vez, el artículo 291 en sus párrafos 1 y 2 de la norma reglamentaria precisa que, si durante la revisión de los informes se advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al sujeto obligado para que, en un plazo de siete días, tratándose de la revisión de informes de precampaña, presente la documentación solicitada así como las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertienentes.

Es así que, mediante oficio INE/UTF/DA-L/3059/17, la Unidad Técnica de Fiscalización, otorgó vista al Partido de la Revolución Democrática para efecto de que presentara diversos documentos a fin de clarificar las aportaciones en efectivo que resultaron superiores a 90 (noventa) unidades de medida, conforme a la tabla que a continuación se reproduce:

Como se observa de la tabla anterior, la autoridad fiscalizadora precisó que el monto de aportación en efectivo a favor del precandidato José Eduardo Neri Rodríguez, fue por el monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), cuestión que es disímil a la contenida en el dictamen consolidado y resolución reclamada, que consiste en $150,000.00 (ciento cicuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

Lo anterior, constituye un lapsus calami en el que incurrió la autoridad electoral que requirió, al asentar la cantidad de forma incorrecta en el mencionado Oficio de errores y omisiones, en el sentido de que aclarara lo concerniente a la aportación con referencia contable “PI-02/03-17”, folio “076”, de fecha “07-02-17”, siendo asentado de forma incorrecta “$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional)”, siendo que la cantidad correcta era “$150,000.00 (ciento cicuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)”; lo cual ningún a agravio le genera al recurrente porque el mismo fue convalidado por el recurrente desahogar el Oficio de errores y omisiones y al impugnar ante esta instancia.

En efecto, a partir de las constancias de autos del recurso que se analiza, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática no quedó en estado de indefensión ni se vulneró el derecho de audiencia en atención a los diversos documentos que a continuación se reproducen:

Como se advierte de las imágenes reproducidas con antelación, el propio recurrente, en el documento “18 FORMATO RSEF-CL, RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES Y CANDIDATOS EN EFECTIVO PARA PRECAMPAÑAS LOCALES, folios 0076 y 0077” señala que existieron dos aportaciones supuestamente realizadas por Juan Luis Javier Mendoza Tapia por importes de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) y $240.000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor del precandidato José Eduardo Neri Rodríguez, cuestión que por lo menos tuvo conocimiento desde la fecha en que emitió los propios documentos supracitados.

Así también se evidencia, que en el Sistema Integral de Fiscalización el Partido de la Revolución Democrática ingresó las dos aportaciones de referencia por las mismas cantidades; especificamente, la que ahora es materia de impugnación, la consistente en $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

En ese sentido, como se expuso, es cierto que en el oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora incurrió en una imprecisión, pero tal cuestión no relevaba al instituto político de su obligación de contestar el citado requerimiento: a) en el sentido de solicitar una aclaración por parte de la Unidad Técnica o b) desahogando el requerimiento por el monto correcto; esto, partiendo que el instituto político sabía que la cantidad por la cual se realizó el depósito había sido por el mondo de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), máxime que los datos de identificación de la operación eran claros y no tuvieron error (referencia contable “PI-02/03-17”, folio “076”, de fecha “07-02-17”).

Además, tampoco señaló nada respecto de la otra aportación por la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

Por tal motivo, contrario a lo expuesto por el recurrente en vía de agravio, no se vulneró su derecho de audiencia ni se le dejó en estado de indefensión, toda vez que el propio partido tuvo pleno conocimiento de los datos de identificación de la operación y el monto por el que ocurrió, esto de manera anticipada al requerimiento; además de que pudo advertir con meridiana claridad el lapsus calami en el cual incurrió la autoridad, de ahí que no sea conforme a derecho acoger su pretensión de revocar la resolución para que se le notifique nuevamente el oficio de errores y omisiones.

        Conclusión 15

        Dictamen consolidado

b.3 Monitoreos

Páginas de Internet y Redes Sociales

En términos de los artículos 230, en relación con el 243 numeral 2, de la LGIPE y 199, numeral 4 del RF, se considera gastos de precampaña los relativos a: propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos; propaganda utilitaria elaborada con material textil; producción de los mensajes para radio y televisión; anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de precampaña.

El artículo 203 del RF, en el que se establece que serán considerados como gastos de precampaña, además de los señalados en el artículo 76 de la LGPP, los que la UTF mediante pruebas selectivas, identifique o determine; en tal virtud, se realizó un proceso de monitoreo en páginas de internet y redes sociales identificando propaganda difundida de los partidos y candidatos, con el propósito de conciliar lo reportado por los Partidos Políticos y aspirante a candidato Independiente, en los Informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas contra el resultado de los monitoreos realizados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 correspondiente a la precampaña de Gobernador. Del análisis realizado se determinó lo siguiente:

             Derivado del monitoreo en Internet se observaron gastos operativos y propaganda que no fue reportada en los informes, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/3059/17 notificado el 26 de marzo de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: s/n de fecha 1 de abril de 2017, el PRD manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se observó que el anexo 3, 5 y 6 son producto del mismo evento el cual se describe en el cuadro de “CORRECCIÓN”, así como determinó que en el anexo 4 es el resultado del evento efectuado en Tultepec estado de México.”

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo que a continuación se indica:

La respuesta se consideró satisfactoria, respecto de las razones y constancias señaladas con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, en virtud de que el sujeto obligado proporcionó las pólizas con su respectivo soporte documental mediante los cuales se registraron los gastos detectados en el monitoreo de internet; por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto.

El sujeto obligado omitió registrar gastos por concepto de publicidad colocada en páginas de internet señaladas con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo

       Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el Estado de México.

       En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

       Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

       En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.

       De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de éste dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al Estado de México.

       Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Al omitir reportar gastos por concepto de publicidad colocada en páginas de internet de dos precandidatos, valuados en $23,987.78, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y 127 del RF. (Conclusión 15.PRD/MX).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 230, 243, numeral 1 de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de precampaña.

        Resolución reclamada

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, entre otras cuestiones estimó imponer al Partido de la Revolución Democrática una sanción consistente en una reducción del 50% de sus ministraciones mensuales, que correspondan a actvidades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $35,981.67. (treinta y cinco mil novecientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.), derivado de considerar que el instituto político omitió reportar gastos por concepto de publicidad colocada en páginas de internet de dos precandidatos, los cuales fueron valuados en $23,987.78 (veintitrés mil novecientos ochenta y siete pesos 78/100 moneda nacional).

        Agravios

El partido recurrente señala que se viola en su perjuicio los principios de legalidad y debido proceso, toda vez que de manera contraria a derecho se sancionó al partido por supuestamente realizar un gasto de precamapaña relativo a un anuncio publicado en la página personal de facebook de Plácido López Miralrio, el cual, señala que, a simple vista se aprecia que fue producto de una elaboración casera y no de un estudio profesional, como lo afirma la responsable.

En ese sentido señala que, en contestación al oficio de errores y omisiones, el partido detalló que: “ como se podrá observar de las imágenes de las propuestas difundidas del compañero Placido López Miralrio, estas no implican de ninguna manera la realización de manera profesional, siendo elaboradas por el propio candidato, se anexan las imágenes a efecto de que se constate lo aquí detallado”.

En ese sentido aduce, que la responsable omitió considerar tanto el citado escrito de contestación, en cuanto a que, de ninguna manera tenía la obligación de reportar el contenido de la página personal de Facebook del entonces precandidato y menos aún, como gasto de producción.

Además que, de conformidad con el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-228/2016, resuelto por este órgano jurisdiccional, la propaganda de páginas personales de redes sociales no se les debe considerar como gasto de precampaña.

Por lo cual refiere que la multa impuesta es excesiva e incongruente al originarse sobre un supuesto no actualizado, como lo es, la imputación de haber realizado un gasto de producción cuando la propaganda fue de confección casera.

        Consideraciones de la Sala Superior

En principio, es dable establecer que, como se advierte de lo anterior, el partido fue sancionado por omitir reportar propaganda colocada en internet respecto de dos precandidatos: Placido López Miralrio y José Eduardo Neri Rodríguez; sin embargo, el instituto político sólo realiza manifestaciones respecto del primero de los mencionados, aduciendo que esa propaganda fue de realización propia del precandidato, no así que se haya efectuado un gasto de producción.

En ese sentido, éste órgano jurisdiccional se avocará al análisis y revisión de la conclusión sólo respecto del precandidato Placido López Miralrio, conforme a lo siguiente:

Se estima necesario hacer referencia al argumento atiente a que la conclusión que se analiza es contraria al criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el seis de junio de dos mil dieciséis, el juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SUP-JRC-228/2016, en el que supuestamente la Sala Superior sostuvo que, en tratándose de propaganda en páginas personales de redes sociales no se considera como gasto de campaña.

Es dable señalar que en aquel asunto se impugnó la resolución del procedimiento especial sancionador SAE-PES-0083/2016, que declaró inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Martín Orozco Sandoval, otrora candidato a Gobernador del Estado de Aguascalientes, en la cual, en la parte que interesa, se sostuvo lo siguiente:

[…]

5.2. Configuración de actos anticipados de campaña

El artículo 157 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes define como actos de campaña a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que los candidatos o voceros de los partidos políticos o de los candidatos independientes se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Asimismo, el artículo 244 del código comicial en cita, indica que constituyen infracciones de los candidatos, la realización de actos anticipados de campaña.

Sobre el particular, esta Sala Superior ha reconocido que para poder acreditar un acto anticipado de campaña, es necesaria la concurrencia de tres elementos necesarios:

a.     Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos;

b.     Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de candidatos;

c.      Un elemento subjetivo: que tengan el propósito fundamental de presentar la plataforma de un partido político o coalición o promover a un candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral.[2]

En este sentido, si cualquiera de estos elementos no se acredita, no es posible establecer que nos encontramos ante un acto anticipado de campaña.

No obstante, aunque se dé la concurrencia de dichos elementos, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que la difusión de propaganda político-electoral por Internet no es susceptible de configurar actos anticipados de campaña.

Existen diversos tipos de páginas de internet, las cuales sirven a fines distintos y tienen una lógica de funcionamiento acorde a dicho fin. Por ejemplo, existen páginas enfocadas al comercio electrónico (e-commerce), en las cuales, las empresas exhiben sus productos para que los clientes las adquieran. El principal objetivo de estas páginas es realizar ventas o transacciones en línea. También existen páginas de internet de contenido, las cuales proveen de información a los usuarios y suelen generar sus ingresos a través de la publicidad. Y, finalmente encontramos las redes sociales, que son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red.

Las redes sociales son redes de relaciones personales, también llamadas comunidades que proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad social. Las redes sociales pueden clasificarse, a su vez, de la siguiente manera:

1.     Redes personales: Se componen de cientos o miles de usuarios en los que cada uno tiene su pequeño espacio con su información. Cada uno de los usuarios se puede relacionar con los demás de múltiples maneras, aunque todas ellas involucran el uso de Internet.

2.     Redes temáticas: Son similares a las personales, aunque se diferencian de estas por el hecho de que suelen centrarse en un tema en concreto y proporcionan las funcionalidades necesarias para el mismo; por ejemplo, una red de cine, de informática, de algún deporte, etcétera.

3.     Redes profesionales: Son una variedad especial de las personales, dedicadas al ámbito laboral. Pueden poner en contacto a aquellos que ofrecen trabajo con los que lo buscan, crear grupos de investigación, etcétera.3

Véase Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula. CPR Llanes-Asturias. Módulo Redes Sociales 1. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion

A partir de estas definiciones, esta Sala Superior considera que las redes sociales como YouTube y las páginas personales de los candidatos, al ser de carácter personal, y requerir de un interés por parte de los usuarios registrados en las mismas para acceder a las mismas, carecen de una difusión indiscriminada o automática, por lo que los contenidos que en ella aparezcan no son considerados como propaganda electoral, y por tanto no son aptos para configurar actos anticipados de campaña.

En efecto, al tratarse de medios de comunicación de carácter pasivo, es imprescindible que, previamente, exista la intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, las redes sociales no permiten accesos espontáneos, a diferencia de lo que ocurre con páginas de contenido o de compras, en los cuales se pueden adquirir banners, pop-ups, layers, micro-sitios, webspots, entre otros tipos de publicidad, que se exhiban sin el permiso del usuario.

Así pues, este Tribunal igualmente ha señalado que el ingresar a alguna página de alguna red social, bajo cualquiera de los esquemas mencionados, se requiere de una intención expresa de acceder a dónde se ubica la información específica, pues cada usuario debe materializar de forma libre su intención de visitar tal o cual página y de esa suerte, acceder a un contenido determinado, dependiendo cuál es el tipo de información a la que desea acceder, como es el caso de las páginas personales de los candidatos o los contenidos específicos que haya en YouTube.

En consecuencia, toda vez que las alegaciones del partido recurrente respecto de la actualización de actos anticipados de campaña, dependen exclusivamente de la difusión de los videos mencionados en la supuesta página personal del candidato y en la red social denominada YouTube, es que deben desestimarse, y por tanto, confirmarse la inexistencia de los actos anticipados de campaña.

[…]

Como se advierte de lo anterior, la Sala Superior analizó el contenido y alcance de los artículos 157 y 244, del Código Electoral de Aguascalientes relativos a la regulación de propaganda electoral y los actos anticipados de campaña en esa entidad federativa.

A partir del análisis de esas normas, se determinó que, si cualquiera de los elementos -personal, temporal y subjetivo- no se acredita, tampoco es posible afirmar la existencia de un acto anticipado de campaña.

En el tema de redes sociales, con independencia de que se actualizaran los elementos antes mencionados, se razonó, exclusivamente para efectos de la acreditación de los actos anticipados de campaña, que las redes sociales, en específico las páginas personales de los candidatos, -al ser de carácter personal-, y requerir de un interés por parte de los usuarios registrados para acceder a las mismas, carecen de difusión indiscriminada o automática, por lo que su contenido no es considerado como propaganda electoral, como elemento para acreditar actos anticipados de campaña.

En ese sentido, es factible afirmar que la cuestión definida en aquel asunto fue la de verificar si, con la publicación en la red social de YouTube y perfiles personales del entonces candidato a la Gubernatura del Estado de Aguascalientes, se actualizó la realización de actos anticipados de campaña, llegando a la conclusión de la inexistencia de tales actos a virtud de que se necesitaba la actualización de los elementos referidos en la normativa electoral estatal.

Ahora, a juicio de este órgano jurisdiccional, a diferencia del precedente mencionado, en el presente recurso de apelación estamos frente a una determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que resolvió imponer una sanción al partido recurrente, aplicando la normativa en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, especialmente en virtud de omitir reportar gastos de producción por concepto de publicidad colocada en páginas de internet.

Es decir, contrario a lo señalado por el Partido de la Revolución Democrática, no existe contradicción entre lo resuelto por el Consejo General y lo determinado por la Sala Superior en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-228/2016, ya que, como se expuso, se interpretaron y aplicaron normas jurídicas que regulan supuesto diversos y que no colisionan entre si.

Así, en el presente recurso lo que se analiza es la omisión de reportar gastos de producción en internet y en aquel asunto se resolvió sobre la actualización de actos anticipados de campaña.

Esto es, no se consideró lo incluido en páginas personales como propaganda electoral apta, para acreditar actos anticipados de campaña, dado el elemento volitivo que se requiere para conocer de esa propaganda; lo que es distinto a que sea excluida y considerada como propaganda electoral que deba ser reportada como gasto de precampaña o campaña, para efecto de verificar el gasto originado y su impacto en el rebase o no de gastos de precampaña o campaña.

Es por ello que se estima infundado su alegato encaminado a que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió contra el criterio de la Sala Superior asumido en el SUP-JRC-228/2016.

Lo anterior, porque en el presente asunto se analiza la resolución de fiscalización de los recursos de los partidos políticos realizados en el periodo de precampañas por sus precandidatos en el proceso electoral 2016-2017, en el Estado de México.

Así, para abundar en lo anterior, es factible establecer la diferencia de las normas analizadas en aquel asunto y las aplicables al presente recurso.

Al efecto, es dable traer a cuentas lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y Reglamento de Fiscalización en lo que al tema abona:

Ley General de Partidos Políticos

Fiscalización de los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales

Artículo 75.

1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.

Reglamento de Fiscalización

Artículo 195.

De los conceptos integrantes del gasto de precampaña

1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de Partidos, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet y se deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el presente Reglamento, respecto de los de gastos de campaña.

Artículo 199.

[…]

4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:

e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados en inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de Internet, así como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como finalidad promover la campaña de un partido político o candidato.

De lo anterior, existe divergencia en el análisis de las normas referidas en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-228/2016 y en las que se fundamenta el presente asunto.

Como se advierte de la normativa reglamentaria trasunta, el propio reglamento de fiscalización, especifica que son aplicables a los conceptos de gastos de precampaña lo dispuesto para actos de campaña; por tanto, los gastos de producción de la propaganda en cuentas de redes sociales se considera como un gasto que debe reportarse ante la autoridad fiscalizadora, salvo que se acredite que no se trata de propaganda que requirió de un gasto, sino de expresiones protegidas por el artículo 6° constitucional.

En ese sentido, contrario a lo considerado por el partido recurrente para efectos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, el partido omitió reportar el gasto de producción de la publicidad existente en las cuentas de redes sociales de los precandidatos ante la autoridad fiscalizadora.

Por lo cual, no asiste la razón al Partido de la Revolución Democrática, cuando afirma que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la conclusión que se analiza, resolvió en contravención del precedente correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-228/2016, del índice de esta Sala Superior, conforme se ha demostrado con antelación.

En la inteligencia de que en el caso de la difusión de los mensajes como de la naturaleza del examinado, quien los realiza debe aclarar para efectos de fiscalización, si esos generaron o no gastos que impacten en el propio procedimiento de fiscalización, al amparo de la rendición de cuentas y la máxima publicidad, a efecto de deslindarse del gasto realizado.

Una vez especificado lo anterior, es dable mencionar que, derivado del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/3059/17; así como del acta levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, uno de febrero de dos mil diecisiete –que obra en autos- es factible desprender las imágenes siguientes, las cuales se estimaron como gasto de producción:

Documentación que tiene pleno valor probatorio, conforme al artículo 14, apartado 4, inciso c), y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser constancias firmadas por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Es dable resaltar que la responsable consideró que era propaganda elaborada profesionalmente y en ese sentido en el oficio de errores y omisiones lo hizo del conocimiento del Partido de la Revolución Democrática.

Al desahogar el mencionado oficio de errores y omisiones, el partido recurrente señaló específicamente que, en relación a la propaganda difundida por Placido López Miralrio, éstas fueron de realización casera tal como se podía apreciar de las imágenes que insertó en el escrito de contestación, el cual se reproduce en la parte atinente:

En el dictamen consolidado se tuvo por no solventada la observación y se procedió, ante la omisión de registrar esta propaganda a cuantificar el gasto, para efecto de saber el monto de lo omitido.

A partir de lo anterior, el Consejo General consideró que existía una falta grave ordinaria y procedió a desarrollar los elementos por los que consideró que se actualizó el ilícito e imponer la sanción correspondiente.

Precisado, a juicio de la Sala Superior deviene infundado el concepto de agravio, conforme a lo siguiente.

La sanción impuesta al recurrente es por la omisión de reportar el gasto de la producción de la propaganda del precandidato Placido López Miralrio, la cual fue difundida por el mismo en la red social Facebook.

Al respecto, el argumento del Partido de la Revolución Democrática se limita a que no se reportó tal propaganda en el Sistema Integral de Fiscalización, debido a que fue producida por el propio precandidato, de forma casera.

En el recurso de apelación, el recurrente insiste en que a simple vista, se puede concluir que no es propaganda que se haya elaborado de forma profesional, además de que la responsable omitió considerar tanto el citado escrito de contestación, en cuanto a que, de ninguna manera tenía la obligación de reportar el contenido de la página personal de Facebook del entonces precandidato y menos aún, como gasto de producción.

Tales argumentos son infundados, porque el recurrente parte de la premisa errónea de que no tenía el deber de reportar esa propaganda para efecto de fiscalización, debido a que es la página personal de Facebook del precandidato, siendo que, acorde a lo previsto en los artículos 203, 215 y 379, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenía el deber de informar sobre tal propaganda, además de registrar la operación en el Sistema Integral de Fiscalización, al respecto se transcriben los mencionados artículos:

Artículo 203.

De los gastos identificados a través de Internet

1. Serán considerados como gastos de campaña, además de los señalados en el artículo 76 de la Ley de Partidos, los que la Unidad Técnica mediante pruebas selectivas, identifique o determine, con base en la información difundida en internet de los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes.

2. Derivado de los hallazgos descritos en el numeral anterior, podrá realizar confirmaciones con terceros.

3. Independientemente de lo anterior, la Unidad Técnica deberá solicitar a los proveedores de servicios en páginas de internet y redes sociales información respecto de contratación de publicidad o cualquier otro servicio relacionado con dichos proveedores en beneficio de los sujetos obligados.

Artículo 215.

Propaganda exhibida en internet

1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, deberán contar con los contratos y facturas correspondientes a la propaganda exhibida en Internet manifestado en los informes de campaña. Así como una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente:

a) La empresa con la que se contrató la exhibición.

b) Las fechas en las que se exhibió la propaganda.

c) Las direcciones electrónicas y los dominios en los que se exhibió la propaganda.

d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos.

e) El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida.

f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido de la propaganda exhibida en Internet.

Artículo 354.

Requisitos para la autorización del pago

1. Que los bienes objeto de pago hayan sido entregados satisfactoriamente y en el caso de los servicios, se hayan realizado de acuerdo a lo contratado.

2. Que los comprobantes que amparan los gastos se encuentren plenamente identificados en la contabilidad del partido o coalición.

3. Para la realización del pago, el proveedor deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores establecido por la Unidad.

4. El proveedor deberá contar con una cuenta bancaria activa para que el pago se realice mediante transferencia electrónica bancaria.

5. El proveedor deberá solicitar a la Unidad Técnica el pago, a través de solicitud escrita, adjuntando archivo electrónico o representación impresa de la factura digital y evidencia de la entrega-recepción del bien o servicio a entera satisfacción del partido político.

6. La Unidad Técnica recibirá la documentación descrita en el numeral anterior y entregará un contra-recibo, mismo que deberá ser presentado por el proveedor en la caja del Instituto previo a la recepción del cheque o transferencia.

7. El contra-recibo, deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre del partido.

b) Fecha recepción.

c) Fecha compromiso de pago.

d) Importe.

e) Nombre del proveedor.

f) Descripción del bien o servicio.

g) Nombre del representante legal del proveedor o persona facultada para recibir el pago.

h) Nombre y firma autógrafa del funcionario de la Unidad Técnica facultado para autorizar el pago.

8. Los partidos y coaliciones serán responsables de la contratación, recepción del bien o servicio y adecuada comprobación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 379.

Comprobación de gastos de propaganda en Internet

1. Los gastos de propaganda en Internet deberán ser reportados con:

a) Facturas expedidas por lo proveedores o prestadores de servicios.

b) Contrato en el que se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubiere comprometido.

c) Relación, impresa y en medio magnético que detalle la empresa con la que se contrató la colocación, las fechas en las que se colocó la propaganda, las direcciones electrónicas y los dominios en los que se colocó la propaganda, el valor unitario de cada tipo de propaganda contratada, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos, el candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda colocada.

d) Muestras del material y del contenido de la propaganda.

2. Los pagos realizados para estos efectos, deberán hacerse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria.

A partir de los artículos transcritos se obtiene que existe el deber jurídico de los partidos políticos de reportar la propaganda difundida en internet, incluidas las redes sociales, aportando todos los documentos y elementos exigidos en la normatividad aplicable, para efecto de acreditar el bien o servicio, de ahí que sea infundado el concepto de agravio.

Ahora bien, por cuanto hace a lo relativo a que la Unidad Técnica de Fiscalización, así como el Consejo General no tomaron en consideración lo expresado en el escrito por el cual se dio respuesta al oficio de errores y omisiones, también deviene infundado, toda vez que el recurrente se limitó a expresar una afirmación genérica, sin sustento en los elementos de prueba idóneos para acreditar que la elaboración de esa propaganda fue casera.

Al efecto debió aportar los archivos digitales mediante los cuales fueron creados, así como especificar los programas y el equipo de cómputo usado para tal efecto, exponiendo en su caso, si se generó o no alguna erogación por estos aspectos, lo que en la especie no ocurrió, de ahí que no asista razón al Partido de la Revolución Democrática y se considere que las responsables actuaron con estricto apego a la normatividad aplicable.

Por otra parte, tampoco asiste razón el recurrente cuando pretende que esta Sala Superior, mediante la simple observación concluya que la propaganda motivo de reproche fue producida caseramente, debido a que debió aportar los medios de convicción idóneos y pertinentes, a fin de acreditar su dicho, motivo por el cual su argumento es infundado, al ser una manifestación genérica, vaga e imprecisa, no sustentada en algún elemento de prueba.

3. Conclusión 16

        Dictamen consolidado

Espectaculares y Propaganda Colocada en la Vía Pública

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 319 y 320, del RF, que establece que la CF del Consejo General del INE, a través de la UTF, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI); se obtuvieron muestras de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública en el Estado de México; con el propósito de conciliar lo reportado por los Partidos Políticos en los Informes de precampaña contra el resultado del monitoreo realizado durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, correspondiente a la precampaña al cargo de Gobernador. Del análisis realizado se determinó lo siguiente:

             Derivado del monitoreo se observaron espectaculares que no fueron reportados en los informes, como se muestra en Anexo 1:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/3059/17 notificado el 26 de marzo de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: s/n de fecha 1 de abril de 2017, el PRD manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se anexa en archivo XLS y en PDF la localización con la información de los espectaculares en la vía pública.

Se anexa oficio donde se manifiesta el deslinde de la publicidad, propaganda y otros efectuada por terceros ajena al precandidato desconociendo total o parcial difusión y aclaración complementaria con el fundamento legal correspondiente.

De acuerdo a su anexo 1 en relación a los espectaculares que no fueron localizados, cabe hacer la aclaración que en el punto núm. 2 y núm. 5 ya estaban contabilizados en la póliza de diario núm. 3.”

Del análisis a la documentación presentada por el PRD mediante el SIF se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a la propaganda señalados con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del presente Dictamen, la respuesta se consideró satisfactoria, toda vez que se constató que presentó el registró de gastos por concepto de espectaculares que presenta como soporte documental consistente en facturas, evidencia de pago, hojas membretadas con sus respectivas muestras; por tal razón, la observación quedó atendida.

Respecto los espectaculares señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del presente Dictamen, se observó que el sujeto obligado registró gastos por concepto de propaganda colocada en la vía pública; sin embargo, omitió registrar los gastos por concepto de renta de espectaculares que benefician a cuatro precandidatos; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Ahora bien, respecto al testigo señalado con (3) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del presente Dictamen, en el apartado “Documentación Adjunta al Informe” presentó un escrito que tiene como finalidad deslindarse del beneficio que genera la exhibición de propaganda, al entonces precandidato Juan Manuel Zepeda Hernández.

Esta autoridad procedió a realizar la valoración a fin de determinar si:

1. Los actos informados constituyen un gasto de precampaña o campaña.

2. Verificado lo anterior, determinar si los argumentos formulados en los escritos de deslinde, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la LGIPE, se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y en el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

Por otra parte, el artículo 242 señala que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos independientes registrados para la obtención del voto.

Ahora bien, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

La propaganda de precampaña y campaña tienen los elementos siguientes:

-Un ámbito de aplicación temporal: pues su desarrollo se encuentra íntimamente ligado al periodo de precampaña, teniendo como principal propósito propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante militantes, simpatizantes y al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

-Un ámbito de aplicación material: pues tiene como finalidad esencial promover las candidaturas registradas.

De conformidad con los artículos 230, y 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedaran comprendidos dentro de los topes de gasto los conceptos siguientes:

a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

Los elementos expuestos deberán considerarse para determinar si los gastos informados son de campaña.

Los partidos políticos pueden ser indirectamente responsables por las conductas desplegadas por sus militantes o simpatizantes a través de la institución jurídica conocida como culpa in vigilando, esto es, por falta razonable de supervisión o acción para prevenir, impedir, interrumpir o rechazar los actos que podrían realizar dichas personas, por lo que se les ha reconocido el derecho de desautorizar la responsabilidad respecto de dichos actos.

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, el deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizarse mediante escrito presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.

Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica; ello puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones (oportuno). Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.

Del análisis al escrito presentado se advierte lo siguiente:

Del análisis al escrito de deslinde se determinó que no fue oportuno, toda vez que no fue presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización así mismo no se consideró eficaz toda vez que no se realizaron las gestiones necesarias para desconocer el beneficio obtenido por la publicidad en comento, por lo cual dicha publicidad debe ser acumulada a los informes de precampaña prestados por el sujeto obligado.

Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo

       Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el Estado de México.

       En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

       Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

       En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.

       De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de éste dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al Estado de México.

       Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Al omitir reportar gastos por concepto de renta de espectaculares valuados en $462,028.00; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y 127 del RF. (Conclusión 16.PRD/MEX).

        Resolución reclamada

[…]

Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia  de fiscalización como “una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Precampaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las precampañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

[…]

Conclusión 16

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

         Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

         Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la precampaña en el Proceso Electoral local ordinario 2016-2017 en el Estado de México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

         Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

         Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al Proceso Electoral local ordinario 2016-2017.

         Que el sujeto obligado no es reincidente.

         Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $462,028.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil veintiocho pesos 00/100 M.N.).

         Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.64

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $462,028.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil veintiocho pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $693,042.00 (seiscientos noventa y tres mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.