RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

 

EXPEDIENTE: SUP-REC-15/2011.

 

RECURRENTE: MOVIMIENTO LIBERTAD, AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL.

 

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

 

SECRETARIOS: ESTEBAN MANUEL CHAPITAL ROMO Y MARTÍN JUÁREZ MORA.

 

México, Distrito Federal, a seis de julio de dos mil once.

 

VISTOS, para resolver los autos del recurso de reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-15/2011, promovido por Movimiento libertad, Agrupación Política Local, contra la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, el veintiséis de mayo de dos mil once en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números SDF-JDC-43/2011 y SDF-JDC-46/2011, acumulados; y,

R E S U L T A N D O:

 

Del escrito inicial de demanda y demás constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

 

PRIMERO. Antecedentes.

 

I. Acto primigenio. El dieciocho de enero de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal emitió el Acuerdo “ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”.

 

Dicho acuerdo fue notificado personalmente a la agrupación actora, el veinte de enero del año en curso.

 

II. Solicitud de constitución como partido político local. Mediante notificación realizada por Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su carácter de presidenta de la agrupación política local “Movimiento Libertad”, al Instituto Electoral del Distrito federal, el veintiséis de enero de este año, manifestó su intención de constituirse como partido político local.

 

III. Juicio electoral local. Disconforme con el acuerdo citado en el apartado I que antecede, el veintiséis de enero del año en curso, la agrupación política local “Movimiento Libertad”, por conducto de su Presidenta de la Directiva Provisional, Lucerito del Pilar Márquez Franco, promovió ante el Instituto Electoral del Distrito Federal juicio electoral, el que se radicó ante el Tribunal Electoral de la mencionada entidad federativa con el número TEDF-JEL-010/2011.

 

IV. Escisión. El veintidós de febrero siguiente, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, determinó escindir dicha impugnación para continuar con la sustanciación únicamente de los agravios identificados como “Cuarta” a “Sexta”, en el expediente TEDF-JEL-010/2011.

 

Por lo que se refiere a los agravios “Primero” a “Tercero”, el mencionado tribunal local estableció que su estudio le correspondía a la Sala Regional Distrito Federal, por estimarla competente, al considerar que en ellos la actora impugnaba la constitucionalidad de dos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y del “REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, lo cual, a su juicio, implicaba un pronunciamiento sobre la no aplicación de leyes electorales por ser contrarias a la Constitución.

 

V. Resolución en el expediente TEDF-JEL-010/2011. El tres de marzo de dos mil once, el Tribunal Electoral del Distrito Federal determinó desestimar los agravios señalados como “Cuarta” a “Sexta” y confirmar el acto impugnado en el expediente TEDF-JEL-010/2011.

 

VI. Acuerdo Plenario de la Sala Regional Distrito Federal. Respecto los agravios “Primero” a “Tercero”, esgrimidos en la demanda primigenia y que fueron objeto de escisión por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal, la Sala Regional Distrito Federal ordenó formar el expediente identificado con la clave SDF-AG-2/2011, en el cual, mediante actuación colegiada de diez de marzo pasado, declaró improcedente encauzar la controversia a algún medio de impugnación electoral federal y ordenó la devolución del expediente al Tribunal Electoral del Distrito Federal para que emitiera resolución conforme a sus atribuciones.

 

VII. Cumplimiento al Acuerdo Plenario por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Distrito Federal en el acuerdo plenario señalado en el punto que antecede, el veintidós de marzo siguiente el Tribunal Electoral del Distrito Federal integró el expediente número TEDF-JEL-018/2011, por considerar distinta la materia de impugnación del que originalmente fue escindido, es decir, del diverso TEDF-JEL-010/2011.

 

VIII. Resolución en el expediente TEDF-JEL-018/2011. El veinticinco de marzo de dos mil once, el Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvió confirmar el acto impugnado, respecto de los agravios primero a tercero de la demanda atinente.

 

SEGUNDO. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

1. Disconforme con las resoluciones dictadas en los expedientes números TEDF-JEL-10/2011 y TEDF-JEL-18/2011, el diez de marzo y primero de abril, ambos del año en curso, la Presidenta de la Directiva Provisional de “Movimiento Libertad”, agrupación política local, presentó sendas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la autoridad responsable, los cuales se radicaron en la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal con las claves números SDF-JDC-43/201 y SDF-JDC-46/2011, respectivamente.

 

2. Rechazo mayoritario del proyecto original y engrose. En sesión pública de veintiséis de mayo de dos mil once, el Magistrado Eduardo Arana Miraval sometió a consideración del Pleno de la Sala Regional del Distrito Federal, el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números SDF-JDC-43/2011 y SDF-JDC-46/2011, acumulados, cuyos puntos resolutivos son de este tenor:

 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados en el proemio de esta sentencia en los términos indicados en el Considerando Segundo. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente sentencia al expediente acumulado.

 

SEGUNDO. Se confirman las resoluciones, emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal en los juicios electorales identificados con las claves TEDF-JEL-010/2011 y TEDF-JEL-018/2011.

 

TERCERO. Se declara la no aplicación de la fracciones I y II del artículo 214, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, por ser contrario a la Constitución, para los efectos señalados en esta sentencia.

 

CUARTO. Dese aviso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la declaración de inaplicación de una norma por considerarse contraria a la Constitución, para que a su vez haga el aviso correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Sometido a votación el citado proyecto, los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Regional Distrito Federal determinaron, por mayoría de votos, determinaron rechazar la propuesta.

 

En virtud de lo anterior, el Magistrado Presidente propuso al Magistrado Roberto Martínez Espinosa para elaborar el proyecto de engrose respectivo; propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes de la citada Sala Regional, respecto de los puntos resolutivos primero y tercero, no así con relación al segundo de ello, los cuales son del tenor literal siguiente:

 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios  para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados en el proemio de esta sentencia en los términos indicados en el Considerando Segundo. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente sentencia al expediente acumulado.

 

SEGUNDO. No ha lugar a la inaplicación del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en los términos solicitados por la parte actora.

 

TERCERO. Se confirman las resoluciones, emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal en los juicios electorales identificados con las claves TEDF-JEL-010/2011 y TEDF-JEL-018/2011.

 

Dicha resolución se notificó a la agrupación política local “Movimiento Libertad”, el treinta de mayo de dos mil once.

 

TERCERO. Recurso de Reconsideración.

 

Disconforme con la determinación anterior, el dos de junio del presente año, la agrupación política local “Movimiento Libertad”, por conducto de su Presidenta de la Directiva Provisional, Lucerito del Pilar Márquez Franco, interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Regional responsable, haciendo valer los siguientes agravios:

 

[…]

 

PRIMERO.- LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INCURRE EN EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 FRACCIÓN IV, ES DECIR QUE DEJÓ DE RESOLVER LA NO APLICACIÓN DE ALGUNA LEY EN MATERIA ELECTORAL POR ESTIMARLA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO DEL D.F., SON TOTALMENTE CONTRARIAS A NUESTRA CARTA MAGNA EN VIRTUD DE CONTENER REQUISITOS TOTALMENTE DESPROPORCIONADOS AL OBJETO PARA EL CUAL FUERON EMITIDAS Y SOBRE TODO SON ANARCAS AL ESPÍRITU DE LA LEY DEL LEGISLATIVO CONSTITUYENTE RELACIONADO A LA DEMOCRACIA Y AL SISTEMA DE PARTIDOS DE NUESTRO PAÍS AL INDICAR QUE DICHAS DISPOSICIONES LIMITAN EN TODOS LOS SENTIDOS EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACIÓN DEL HOY QUEJOSO MOVIMIENTO LIBERTAD A.P.L.

 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO HA CREADO LA GARANTÍA JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL Y CON ELLO HACE POSIBLE CONTROVERTIR LA VALIDEZ DE TODA AQUELLA LEY QUE VIOLENTA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EN CONSECUENCIA ES CONTRARIA A LA LEY DE LEYES, CAYENDO DENTRO DE ESTE CASO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, TODAS LAS LEYES Y EN EL CASO QUE NOS OCUPA AL NO SER LOS QUE SUSCRIBIMOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA HACER VALER EN NUESTRO BENEFICIO EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL, POR NO SER AUTORIDAD RECONOCIDA PARA PEDIR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTO, (ESTO ES PORQUE NO SOMOS UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL), NO PODEMOS ACUDIR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A FIN DE QUE LA GARANTE DE LA CONSTITUCIÓN DECLARE LA INVALIDEZ DE LA NORMA VIOLATORIA DE DERECHOS QUE TODO EL MUNDO POLÍTICO CONOCE COMO LA "LEY EBRARD" Y POR TAL MOTIVO COMO SÓLO SOMOS SIMPLES CIUDADANOS COMUNES Y MORTALES (COMO ASÍ NOS HAN PRETENDIDO VER POR UNA PARTE EL ÓRGANO INICIADOR DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, LLÁMESE JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL ÓRGANO EMISOR Y PUBLICADOR QUE NO SE PUEDE DECIR CONSULTOR NI ANALISTA, LLÁMESE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL QUIEN AL PARECER ÚNICAMENTE ESTÁ PARA APLICAR Y NO ANALIZAR, ES DECIR ES UN SIMPLE EJECUTOR, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL QUIEN NO SE ATREVE A REVISAR LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SU SUPERIOR JERÁRQUICO, JEFE DE GOBIERNO, Y LA SALA REGIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL), PODEMOS CUESTIONAR UNA NORMA ELECTORAL EN CUANTO A SU CONSTITUCIONALIDAD ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL, QUE SEÑALA QUE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL PODRÁ RESOLVER LA NO APLICACIÓN DE LEYES SOBRE LA MATERIA ELECTORAL CONTRARIAS A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN, LIMITÁNDOSE AL CASO CONCRETO SOBRE EL QUE VERSE EL JUICIO DEBIENDO ESTA SALA SUPERIOR INFORMAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y POR LO CUAL LOS PROMOVENTES SOMOS LOS ÚNICOS AFECTADOS Y EN CONSECUENCIA LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DISPOSICIÓN ATACADA.

 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, E INSISTIMOS QUE LOS ACTOS COMBATIDOS SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA HIPÓTESIS QUE NOS CAUSA UNA AFECTACIÓN A NUESTRAS GARANTÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES, MOTIVO POR LO CUAL ES QUE SOLICITAMOS LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS, Y POR TAL MOTIVO ES QUE CUESTIONAMOS LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA CONSTITUIRNOS COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL Y DE IGUAL FORMA EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN SU ARTÍCULO 214 FRACCIÓN I Y II, TODA VEZ QUE, DICHOS REQUISITOS QUE EMANAN DE AMBOS ORDENAMIENTOS ADEMÁS DE SER DESPROPORCIONADOS, EXCESIVOS, ANTIDEMOCRÁTICOS, RETARDATARIOS Y REGRESIVOS, SUPERAN EN TODOS SUS TÉRMINOS A LOS EXIGIDOS PARA CREAR UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE LOS PROMOVENTES FUIMOS NOTIFICADOS DEL REGLAMENTO Y EN CONSECUENCIA NOS EMPEZÓ A SURTIR EFECTOS LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO ELECTORAL, Y AL HABER PRESENTADO NUESTRA CARTA DE INTENCIÓN COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL FUE QUE NOS SUJETAMOS AL PROCESO Y CON ELLO SE CREA NUESTRA OBLIGACIÓN A PARTIR DE ESE MOMENTO PARA LLENAR LOS REQUISITOS IMPUESTOS, SIENDO EN ESE MOMENTO EL INICIO DE LA AFECTACIÓN Y DE IGUAL FORMA ES QUE SÓLO A PARTIR DE DICHO MOMENTO ES QUE NOS PODÍAMOS OPONER POR SER CONTRARIOS A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE EMANAN DE LA CONSTITUCIÓN Y ES, VALGA LA REDUNDANCIA, EL MOMENTO PRECISO EN QUE SE APLICA EL ARTICULO Y EL REGLAMENTO COMBATIDOS EL PUNTO EN QUE SE DEBE HACER EL ANÁLISIS EXHAUSTIVO ACERCA DE LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS MISMOS.

 

POR OTRO LADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOS OTORGA EL DERECHO A TODO CIUDADANO MEXICANO PARA PODER ASOCIARNOS EN FORMA LIBRE E INDIVIDUAL Y DE ESTA FORMA PARTICIPAR EN FORMA PACÍFICA EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DEL PAÍS Y OBLIGA EN DIVERSO ARTÍCULO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A PROMOVER DICHA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO, A PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL Y HACER POSIBLE EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO Y PARA ELLO LA PROPIA CONSTITUCIÓN ORDENA LA EXPEDICIÓN DE LEYES REGLAMENTARIAS QUE PERMITAN EL LIBRE EJERCICIO, LA PROTECCIÓN Y LOS LIMITES A DICHOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES, DADO QUE NO PUEDEN NI ÉSTOS NI SUS LIMITACIONES ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY, NI EN CONTRA DE LA SEGURIDAD DEL PAÍS, NI POR ENCIMA DE LA LIBERTAD DE OTROS CIUDADANOS O PONER EN RIESGO LA ARMONÍA SOCIAL Y CON ELLO DE IGUAL MANERA DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS Y VALORES RECOGIDOS POR NUESTRA LEY DE LEYES COMO SON LOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD, NECESIDAD, TOLERANCIA, LIBERTAD DE CRITERIOS, CERTEZA JURÍDICA Y DEMOCRACIA ENTRE OTROS.

 

PARA ELLO, TODA RESTRICCIÓN DEBE CUMPLIR EL REQUISITO DE ESTAR EN UNA LEY, ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, NO IR DIRIGIDA A ALGUIEN EN PARTICULAR, SUSTENTARSE EN CRITERIOS RAZONABLES Y NO IMPEDIR EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, EN VIRTUD DE QUE SI NO TIENEN UN OBJETIVO ACORDE A LA PROPIA CONSTITUCIÓN Y SOBRE TODO NO SE CONDUCEN CON EL OBJETO DE OBTENER EL BIENESTAR GENERAL, ESTO IMPLICA QUE NO SON ÚTILES; ADEMÁS DEBEMOS ESTAR EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PROPORCIONALIDAD ES QUE CUALQUIER LIMITACIÓN NO SEA MÁS ALLÁ DE LO NECESARIO Y DE LA FINALIDAD PARA LA CUAL HA SIDO PUESTA EN LA LEY, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE RACIONALIDAD Y JUSTIFICACIÓN, SIENDO LA CAUSA TOTAL POR LA CUAL CONSIDERAMOS QUE DEBEN INAPLICARSE LAS FRACCIONES I, Y II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTES A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.

 

SEGUNDO.- ES MENESTER INDICAR LAS VIOLACIONES A NUESTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, A LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIÓN POLÍTICA, TODA VEZ QUE TODO LO ANTERIOR PERMITE DILUCIDAR QUE LAS DISPOSICIONES COMBATIDAS PIDEN COMO ELEMENTOS QUE LLENAR PARA QUE LA HOY PROMOVENTE SE PUEDA CONSTITUIR COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL EL QUE SE CUENTE CON UN NÚMERO DE CIUDADANOS AFILIADOS IGUAL O SUPERIOR A 146, 403 Y QUE LOS MISMOS ESTÉN REGISTRADOS EN LAS LISTAS NOMINALES CORRESPONDIENTES AL DISTRITO FEDERAL, MISMOS QUE A SU VEZ TIENEN QUE ESTAR DIVIDIDOS EN FORMA TOTALMENTE PROPORCIONAL EN CADA UNA DE LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS TERRITORIALES Y EN CONSECUENCIA DE ELLO EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE IZTAPALAPA DEBEMOS TENER AFILIADOS POR LO MENOS 26,376 CIUDADANOS Y EN LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE MILPA ALTA SE DEBEN AFILIAR 1,707, TODO LO CUAL SE PRESENTA COMO UNA VERDADERA RESTRICCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL ENMARCADO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 35 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE, IMPIDE DE CUALQUIER FORMA UNA POSIBILIDAD REAL DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS CIUDADANOS QUE PUDIERAN TENER INTERÉS DE CONFORMAR UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL, DEBIDO A QUE DENTRO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UN PARTIDO ESTÁ PRECISAMENTE EN LA POSIBILIDAD DE CREARLO Y DE ESA FORMA SER PARTICIPES EN LAS ELECCIONES QUE DEN COMO OBJETIVO ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DEMOCRÁTICAMENTE EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN EN QUE ESTÉN REGISTRADOS Y ESTO DEJA DE CUMPLIRSE AL NO PERMITIRSE LA NUEVA OPCIÓN POLÍTICA QUE PUDIERA SER EN EL CASO CONCRETO "MOVIMIENTO LIBERTAD PARTIDO POLÍTICO LOCAL", ADEMÁS DE ROMPER CON LA POSIBILIDAD DE AQUELLOS QUE SIN SER AFILIADOS PUDIESEN LLEGAR A SIMPATIZAR CON NUESTRO PROGRAMA DE ACCIÓN, NUESTRA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y SOBRE TODO CON LAS IDEAS QUE POSTULAMOS, Y EN FORMA MÁS CONCRETA SE LE ROMPE EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A TODOS AQUELLOS CANDIDATOS QUE PUDIESEN QUERER PARTICIPAR CON NOSOTROS COMO CANDIDATOS A JEFE DE GOBIERNO, A JEFES DELEGACIONALES, A LOS 40 CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, Y LOS 26 CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AMBOS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CON LO CUAL SE DA SIN LUGAR A DUDAS LA POLÍTICA DE ENTRE MENOS BURROS MAS OLOTES; LO ANTERIOR SIN CONTAR QUE EN EL CASO DE QUE SE SURTIERAN ALIANZAS O ACUERDOS CON LOS DEMÁS PARTIDOS POLÍTICOS ESTO LE AFECTA A LAS POSIBLES PROPUESTAS DE NUESTRA AGRUPACIÓN.

 

ADEMÁS CABE SEÑALAR LA DESPROPORCIÓN EXISTENTE EN LA EXIGENCIA DE PEDIR EL NÚMERO DE CIUDADANOS AFILIADOS Y QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES (LISTA NOMINAL), TODA VEZ QUE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE VOTOS QUE DEBEN TENER LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN EL DISTRITO FEDERAL PARA CONSERVAR SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL Y EN CONSECUENCIA NO INCURRIR EN LA CAUSAL SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 272 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL VIGENTE ES EL HABER OBTENIDO AL MENOS EL 2% DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LA ELECCIÓN DE JEFE DE GOBIERNO O DIPUTADOS LOCALES, DEBIENDO CONSIDERARSE QUE EN CADA JORNADA ELECTORAL NUNCA ACUDIRÁ EL CIEN POR CIENTO DE LOS CIUDADANOS REGISTRADOS EN LAS LISTAS NOMINALES, YA SEA POR MUERTE, POR ENCONTRARSE AUSENTES DEL TERRITORIO LOCAL O NACIONAL, POR EXTRAVÍO O ROBO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, POR FALTA DE INTERÉS, POR INCAPACIDAD, POR CAUSAS LABORALES, POR HABER SIDO SUSPENDIDO O POR HABER PERDIDO SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES, ETC., Y POR ELLO EL NÚMERO DE VOTANTES SERÁ OBLIGATORIAMENTE MENOR AL NÚMERO DE CIUDADANOS REGISTRADOS EN LAS LISTAS NOMINALES, SIENDO ELLO CAUSA IMPORTANTE PARA DILUCIDAR QUE EL NÚMERO DE AFILIADOS QUE LE PIDEN CON ESTE CÓDIGO A MOVIMIENTO LIBERTAD ES, INSISTO 146, 403 AFILIADOS DE UN TOTAL DE 7,320,170 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA) CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL, MIENTRAS QUE EN EL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL SE TIENE QUE EL NÚMERO DE VOTANTES PARA ELEGIR DIPUTADOS LOCALES FUE LA CANTIDAD DE 3,044,402 EN EL PROCESO ELECTORAL 2009 Y EN CONSECUENCIA EL 2% EXIGIDO POR EL CÓDIGO COMBATIDO ES LA CANTIDAD DE 146, 403 CIUDADANOS AFILIADOS PARA MOVIMIENTO LIBERTAD, MIENTRAS QUE EL NÚMERO DE VOTANTES Y EN CONSECUENCIA EL 2% REQUERIDO PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONSERVARAN SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL EN EL DISTRITO FEDERAL FUE EL NUMERO DE 60, 888 CIUDADANOS VOTANTES, TODO LO CUAL NOS SEÑALA QUE PARA CONSERVAR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL BASTÓ A CONVERGENCIA Y A NUEVA ALIANZA OBTENER UNA VOTACIÓN MÍNIMA DE 60, 888 DENTRO DE UN PROCESO DE ELECCIÓN CON UNA ABSTENCIÓN DEL 58.41% Y UNA PARTICIPACIÓN DEL 41.59% DEL PADRÓN QUE INTEGRAN LAS LISTAS NOMINALES, CON LO CUAL SE DEMUESTRA QUE CONVERGENCIA CONSERVÓ SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL CON UNA VOTACIÓN TOTAL DE 72, 731 CIUDADANOS VOTANTES Y NUEVA ALIANZA DE IGUAL MANERA CONSERVÓ EL REGISTRO CON UNA VOTACIÓN TOTAL DE 114, 118 CIUDADANOS VOTANTES Y EL EXTINTO SOCIALDEMOCRATA NO CONSERVÓ EL REGISTRO (EN UNO MÁS DE LOS ABSURDOS EN QUE ESTAMOS INMERSOS LOS CIUDADANOS EN ESTE SISTEMA DE COSAS) A PESAR DE HABER OBTENIDO UNA VOTACIÓN MAYOR A LA DE CONVERGENCIA COMO LO ES 73, 262 VOTOS, MISMAS CANTIDADES QUE DE NINGUNA MANERA SE COMPARAN A LOS 146, 404 AFILIADOS QUE NOS REQUIERE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONSTITUIR NUESTRO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ES DECIR, QUE MIENTRAS QUE CONVERGENCIA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CONSERVÓ EL REGISTRO EN EL DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2012 A CELEBRARSE EN EL DISTRITO FEDERAL CON 73, 262 VOTOS QUE REPRESENTAN EL 49.997% DE LO QUE SE LE PIDE PARA QUE MOVIMIENTO LIBERTAD SE CONSTITUYA EN PARTIDO POLÍTICO LOCAL, RESULTANDO ABERRANTE PARA UN SISTEMA DE PARTIDOS EN DONDE LA EQUIDAD, ES UN ELEMENTO QUE DEBE ENARBOLAR TODA INSTITUCIÓN QUE SE PRECIE DE DEMOCRÁTICA COMO EN ESTE CASO DICEN SER EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL EFECTO ME PERMITO ANEXAR A LA PRESENTE LA TABLA DE VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2009 PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, A FIN DE QUE QUEDE EXPRESADO EN FORMA POR DEMÁS CLARA LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA EN ESTE RECURSO.

 

ADEMÁS, POR SI LO ANTERIOR FUERA POCO, A MOVIMIENTO LIBERTAD SE NOS EXIGE QUE EL NUMERO DE LOS 146, 403 CIUDADANOS QUE SE NOS PIDE, QUE ÉSTOS DEBEN SER AFILIADOS, ES DECIR, PERTENEZCAN IDEOLÓGICAMENTE A MOVIMIENTO LIBERTAD, HAYAN SUSCRITO SU COMPROMISO CON EL MISMO, PARTICIPEN EN ÉL, HAYAN ACEPTADO EL PROGRAMA DE ACCIÓN, SU DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y SUSCRITO LOS ESTATUTOS, MIENTRAS QUE A CONVERGENCIA (QUE NO SE TRATA DE ATACARLOS SINO COMO UNA REFERENCIA AL CASO QUE NOS OCUPA) ÚNICAMENTE SE LES PIDE PARA CONSERVAR SU REGISTRO QUE SEAN AFILIADOS, O SIMPATIZANTES, O QUE SEAN LOS QUE LO CONSIDERARON COMO LA OPCIÓN POLÍTICA VIABLE, O PORQUE NO LES GUSTARON LOS DEMÁS, O VOTARON POR ÉL COMO VOTO DE CASTIGO HACIA OTRO PARTIDO, O PROBABLEMENTE HICIERON EL "DE TIN MARÍN", COMO SUELE SUCEDER EN NUESTRAS ELECCIONES POR NO ENCONTRAR LA OPCIÓN QUE CONVENZA, TORNÁNDOSE EN ALGO INVEROSÍMIL YA QUE NO ES POSIBLE QUE UN PARTIDO POLÍTICO QUE RECIBE EL SUBSIDIO FEDERAL, ASÍ COMO EL SUBSIDIO LOCAL ENTRE OTROS RECURSOS, MISMOS QUE SON PARA PROMOVER SUS IDEAS Y PROPUESTAS A LOS CIUDADANOS ADEMÁS DE LA IMAGEN DEL MISMO PARTIDO, COMO DE SUS CANDIDATOS, TANTO EN LA PRENSA ESCRITA COMO EN LA TELEVISIÓN, EN LA RADIO, EN EL INTERNET, Y EN LAS CALLES, CON TODO ELLO OBLIGADAMENTE MAS POSIBLES VOTANTES PODRÍAN SIMPATIZAR CON ELLOS Y EN CONSECUENCIA EL USO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DA COMO RESULTADO QUE FUESEN MUCHOS MÁS LOS VOTANTES QUE LOS PROPIOS AFILIADOS Y POR ELLO SONARÍA NORMAL QUE UN VERDADERO ESPÍRITU DEMOCRÁTICO, IGUALITARIO Y DE EQUIDAD DEL LEGISLADOR EXIGIERA UN MAYOR NÚMERO DE VOTANTES PARA EL PARTIDO YA CONSTITUIDO Y UN MENOR NÚMERO DE AFILIADOS PARA EL PARTIDO EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN, DADO QUE ESTE ÚLTIMO NO CUENTA CON TODOS LOS RECURSOS FINANCIEROS A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA, COMO LO ES EL CASO DE CONVERGENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE PEDIMOS A ESTA SALA SUPERIOR, EL ANÁLISIS MÁS PROFUNDO, MÁS EFICAZ, Y SOBRE TODO APLICANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EQUIDAD, IGUALDAD, CERTEZA JURÍDICA, PROPORCIONALIDAD, NECESIDAD, LIBERTAD Y DEMOCRACIA, DECLARAR LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 214 FRACCIÓN I Y II DEL CÓDIGO VIGENTE DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA ESTA ENTIDAD.

 

TERCERO.- POR OTRA PARTE ES INELUDIBLE INDICAR QUE EN EL CASO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA ES DESPROPORCIONADO EL NÚMERO DE AFILIADOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA DELEGACIONAL (1000), PARA SER VÁLIDA DICHA ASAMBLEA, TODA VEZ QUE AUN Y CUANDO EXISTIERA EL INTERÉS PARA LA CONFORMACIÓN DE MOVIMIENTO LIBERTAD PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEBE DESTACARSE QUE NO TODOS ESOS INTERESADOS POSIBLES AFILIADOS PUEDAN DEJAR DE CONSIDERAR UN OBSTÁCULO INSALVABLE (EL TRABAJO, LOS ESTUDIOS, LA SALUD ENTRE OTROS) Y EN CONSECUENCIA NO ASISTIR EL DÍA Y HORA DE LA ASAMBLEA Y CON ELLO NO PODER CONTAR CON EL QUE SÍ PUDIERA SER UN AFILIADO MAS ASISTENTE; EN BASE A ELLO ES POR LO QUE CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE AFILIADOS VA ENTRELAZADO CON LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA DELEGACIONAL Y POR ELLO TAMBIÉN DEBE INAPLICARSE LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL YA MULTISEÑALADO ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO ELECTORAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL.

 

POR OTRO LADO CABE SEÑALAR QUE LA APLICACIÓN DEL DOS POR CIENTO PARA CADA UNA DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS QUE EXIGE EL CÓDIGO ANÓMALO COMBATIDO A MOVIMIENTO LIBERTAD ES TAN DESPROPORCIONADO, DADO QUE CADA ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL, ESCUELA, SOCIEDAD CIVIL, AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, PARTIDO POLÍTICO LOCAL, AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL O EN SU CASO LOS PROPIOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES TIENEN DETERMINADAS ZONAS EN LA CUALES TIENEN MAYORES PREFERENCIAS QUE EN OTRAS, ES DECIR TIENEN MAYOR PREFERENCIA, CABE EL CASO DEL PROPIO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE EN ALGUNOS CASOS DE LOS ESTADOS DEL NORTE DEL PAÍS, HA LLEGADO A ESTAR EN APTITUD DE PERDER SU REGISTRO PORQUE SU PORCENTAJE DE VOTACIÓN HA SIDO MÍNIMO Y POR ELLO, NO ES POSIBLE QUE SE PIDA UN PORCENTAJE EXACTO DE AFILIADOS EN EL CASO DE MOVIMIENTO LIBERTAD PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PARA QUE PUEDA ADQUIRIR EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL; SEGÚN LO SEÑALA EL CÓDIGO LOCAL DE MANERA DEFORME.

 

ABUNDANDO, ES MENESTER INDICAR QUE LA GEOGRAFÍA DE CADA DELEGACIÓN ES DIFERENTE ENTRE SÍ, Y POR TAL MOTIVO NO PUEDE SER POSIBLE QUE SE EXIJA UNA ASAMBLEA DE MÁS DE MIL CIUDADANOS, EN CADA DELEGACIÓN, Y DIGO MÁS DE MIL CIUDADANOS, PORQUE AUN Y CUANDO SE PRESENTARAN EXACTAMENTE LOS MIL CIUDADANOS, ESTO NO QUIERE DECIR QUE LOS MIL CIUDADANOS PRESENTES ESTÉN CON SUS DERECHOS POLÍTICO CIUDADANOS VIGENTES, ESTÉN CON CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE, NO SE RETIREN ANTES DE QUE LA PROPIA ASAMBLEA TERMINE, ALGUNO TENGA DOMICILIO DISTINTO EN SU CREDENCIAL DE AQUEL EN EL QUE REALMENTE VIVE, O QUE YA NO VIVA EN LA DELEGACIÓN Y TENGA UNA CREDENCIAL AUN VIGENTE DE LA PROPIA DELEGACIÓN, QUE LA HAYA EXTRAVIADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, QUE AUN NO SE LA ENTREGUEN Y OTROS CASOS QUE PUEDEN DAR CAMBIOS AL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE SE PRESENTARAN.

ASI, LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CAUSA SEVERO AGRAVIO EN CONTRA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL MOVIMIENTO LIBERTAD, AL NO HACER UNA VALORACIÓN PROPIA Y PRECISA A FONDO DE LOS AGRAVIOS PROPUESTOS Y EN PARTICULAR EL QUE MENCIONA QUE EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL SEÑALA EN SU ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, LA OBLIGACIÓN DE TENER UN NÚMERO DE AFILIADOS NO MENOR AL 2 POR CIENTO DE LA LISTA NOMINAL, SIENDO QUE EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EL CUAL EMANA DIRECTAMENTE DE LA CARTA MAGNA, EN SU ARTÍCULO 30 INCISO 2, SEÑALA UN PORCENTAJE DEL DIEZ POR CIENTO A AQUEL QUE IMPONE EL CÓDIGO LOCAL, POR LO CUAL ES TOTALMENTE ABERRANTE PARA LA DEMOCRACIA PRETENDER QUE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN PARTIDO NACIONAL SEAN INFERIORES LOS REQUISITOS Y SE NECESITE EL .026 POR CIENTO DE LA LISTA NOMINAL Y PARA UNO LOCAL SE SEÑALE EL 2 POR CIENTO DE LA LISTA NOMINAL LOCAL.

 

POR LO QUE RESPECTA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL SEÑALA QUE EN SU ARTÍCULO 214, FRACCIÓN II, OBLIGA A TENER LA PRESENCIA DE MIL AFILIADOS POR CADA UNA DE LAS ASAMBLEAS DELEGACIONES QUE SE HAGAN EN LAS DIECISÉIS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, SIENDO QUE EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EL CUAL EMANA DIRECTAMENTE DE LA CARTA MAGNA, EN SU ARTÍCULO 28 INCISO A), FRACCIÓN I, SEÑALA UNA CANTIDAD DE 300 PARTICIPANTES EN LAS ASAMBLEAS DISTRITALES O 3,000 EN LAS ASAMBLEAS ESTATALES, TOTALMENTE FUERA DE LO IRREAL QUE IMPONE EL CÓDIGO LOCAL, POR LO CUAL ES TOTALMENTE ABERRANTE PARA LA DEMOCRACIA PRETENDER QUE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN PARTIDO LOCAL SEAN SUPERIORES LOS REQUISITOS Y SE NECESITE 300 ASISTENTES EN LAS ASAMBLEAS PARA EL PARTIDO NACIONAL Y PARA UNO LOCAL SE SEÑALE MIL POR CADA DELEGACIÓN.

 

ASÍ, TENEMOS QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE SUS SALAS REGIONALES NO SOLO NO QUIEREN ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DE LAS INCONSISTENCIAS CONSTITUCIONALES QUE SE DESPRENDEN Y SEÑALA QUE ES INATENDIBLE LO ARGUMENTADO POR LOS QUE SUSCRIBIMOS, Y POR TAL MOTIVO SI ES PROCEDENTE HACER UN ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS EN CUESTIÓN, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y POR TAL MOTIVO SI DEBIÓ PRONUNCIARSE RESPECTO DEL PROPIO REGLAMENTO, Y EN SU CASO DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 214 EN SUS FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE ES DEBER DEL TRIBUNAL VERIFICAR QUE LA DEMOCRACIA SE APLIQUE EN FORMA IGUALITARIA, Y EN SU CASO CON EQUIDAD ENTRE TODOS LOS CONTENDIENTES Y SOBRE TODO ENTRE LOS CIUDADANOS, EXTREMO QUE NO HIZO Y POR ELLO ES QUE SE COMBATE SU SENTENCIA, YA QUE EL PROPIO ARTÍCULO 76 DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL TIENE POR OBJETIVO EL QUE SE GARANTICE LA LEGALIDAD DE TODOS LOS ACTOS ACUERDO Y RESOLUCIONES QUE DICTEN LAS AUTORIDADES ELECTORALES, ESTO ES UNA FACULTAD DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ELECTORALES A LA LUZ DE LO PREVISTO DEL CÓDIGO, EL CUAL AL SER TOTALMENTE NUEVO, TIENE SIN DUDA SUS PROPIAS OBSCURIDADES QUE TIENEN QUE EMPEZAR A VERIFICARSE POR SUS PROPIOS INTERPRETES COMO LO SON EL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL Y SI NO POR LAS PROPIAS SALAS REGIONALES Y EN ULTIMA INSTANCIA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; AHORA BIEN LA SOBERANÍA A QUE HACE REFERENCIA EL TRIBUNAL LOCAL, NO ES APLICABLE A ESTE CASO, DADO QUE SIN LUGAR A DUDAS, LA SOBERANÍA EMANA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MÁXIMA NORMA LEGAL, Y SOBRE DE LA CUAL NADIE PUEDE ESTAR O PASAR, EXTREMO QUE SÍ ESTÁ HACIENDO EL LEGISLADOR LOCAL, AL IRSE POR ENCIMA DE LO QUE MANDATA LA LEY DE LEYES, ASÍ COMO EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIENDO ESA LA CAUSA POR LA CUAL SE HACE REFERENCIA A LA COMPARACIÓN ENTRE LA SIMPLE LEY LOCAL, LA LEY FEDERAL, Y MÁXIME LA CARTA MAGNA.

 

DE LO ANTERIOR SE INSISTE DEBE HABER UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE ESTA SALA SUPERIOR, Y EN SU CASO ORDENAR LA INAPLICACIÓN DEL ARTICULO 214 FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE LAS TERGIVERSACIONES EXISTENTES, QUE HACEN OÍR (SIC) EN CONTRA DE LA PROPIA CARTA MAGNA, DADO QUE ESTA SALA SUPERIOR TIENE COMO FUNCIÓN APLICAR Y EN SU CASO INTERPRETAR LAS PROPIAS LEYES LOCALES QUE SE APLICAN A LOS GOBERNADOS, EN MATERIA ELECTORAL, Y SI NO ES ASÍ, ENTONCES NO TIENE RAZÓN DE SER SU EXISTENCIA, PUES LA JURISPRUDENCIA, PRECISAMENTE ES UNA FACULTAD QUE SE DA PARA LOGRAR CAMBIAR LOS ELEMENTOS DE LAS LEYES QUE NO SON APLICABLES, SON EXAGERADOS, SON DESPROPORCIONADOS, O RAYAN EN LA ARBITRARIEDAD O QUE SE VAN MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD CONCRETA Y TODO CON EL FIN DE IR CORRIGIENDO LOS EXCESOS EN QUE EN ALGÚN MOMENTO INCURREN LOS PROPIOS LEGISLADORES, LOS CUALES NO TIENEN PALABRA DE REY.

 

CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE CONGRUENCIA ENTRE LOS FINES PARA LOS CUALES FUE CREADO EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS CONSTITUCIONALES IMPLÍCITAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 41 Y 42 TODA VEZ QUE EL MISMO CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN SU ARTÍCULO 35 DIVERSAS FRACCIONES INDICA LA OBLIGATORIEDAD EN QUE SE DEBE SUBSUMIR EL ACTUAR DE DICHO CONSEJO EN RELACIÓN AL ÁMBITO FEDERAL, ES DECIR QUE NO PUEDE DE NINGUNA MANERA DICHO CONSEJO VIOLENTAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EXISTENTES EN FAVOR DE NINGÚN INDIVIDUO ASÍ COMO DE NINGÚN ENTE DE INTERÉS PÚBLICO COMO SON LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES AL PRETENDER SEÑALAR QUE ES UN HORARIO RAZONABLE EL QUE IMPONE EL CONSEJO GENERAL INFRACTOR AL IMPONER LA OBLIGATORIEDAD EN SU REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE QUE ÚNICAMENTE HASTA LAS 17:00 HORAS PODRÁN LLEVARSE A CABO LAS ASAMBLEAS, YA QUE SI VEMOS LA HISTORIA Y LOS ANTECEDENTES DE TODO TIPO DE ELECCIÓN CUANDO MENOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS EN QUE SE HAN REALIZADO LAS TRANSFORMACIONES PARA DARNOS UN SISTEMA MÁS APEGADO A UNA POSIBLE DEMOCRACIA, EN LAS MISMAS SE SEÑALA AUN SIENDO DOMINGO QUE CUANDO SE LLEVA A CABO LAS ELECCIONES LOCALES, FEDERALES Y PARA ELEGIR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE ES HASTA LAS 18:00 HORAS EN QUE SOLAMENTE QUE NO HUBIERA PERSONAS FORMADAS EN QUE SE ORDENARA DAR POR CONCLUIDA LA JORNADA ELECTORAL MIENTRAS QUE AQUÍ EL ÓRGANO ELECTORAL LOCAL ORDENA QUE POR NO REUNIRSE LOS REQUISITOS EXPEDIDOS EN EL PROPIO REGLAMENTO IMPUGNADO, DEBE DARSE POR CANCELADA LA ASAMBLEA A LAS 17:00 HORAS, CON LO CUAL INSISTIMOS SE VIOLENTA EL DERECHO DE NUESTROS COMPAÑEROS ASOCIADOS A PARTICIPAR EN POLÍTICA Y SOBRE TODO A ELEGIR ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL QUE PRETENDE REUNIR CARACTERÍSTICAS AFINES A LOS MISMOS Y CON ELLOS SE ALEJA EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE HAN CONOCIDO DE ESTE ASUNTO DE LOS FINES CONSTITUCIONALES QUE HABLAN DE LA DEMOCRACIA, ADEMÁS DE ACTUAR SIN ATINGENCIA, TODA VEZ QUE LA EMISIÓN DEL REGLAMENTO IMPUGNADO TRAE COMO CONSECUENCIA PONER EN PELIGRO LOS VALORES ELECTORALES QUE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES TRAEN APAREJADAS COMO SON LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, LA CONSERVACIÓN DE LA LIBERTAD DE DECISIÓN POLÍTICA, EL DERECHO A LA AUTO ORGANIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN POLÍTICA QUE UNO CONSIDERE DE SU PREFERENCIA, Y DE ESA FORMA, VOLVER AL PASADO YA SUPUESTAMENTE SUPERADO DE INTOLERANCIA, MOSTRANDO ESE REGLAMENTO EL AUTORITARISMO, LA INCONGRUENCIA Y LA EXCLUSIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE PRETENDEN APLICAR UNA POLÍTICA DE PRIMERO YO, SÓLO YO Y ÚNICAMENTE YO, PARA AQUELLOS QUE AL PARECER NO SÓLO NO ESTAMOS CON ELLOS, SINO QUE ADEMÁS PODEMOS ESTAR EN CONTRA DE ELLOS, Y EN CONSECUENCIA NO COMULGAMOS EN IDEAS, POR LO CUAL ESTE ÓRGANO REVISOR CONSTITUCIONAL DEBERÁ CONSIDERAR LAS MISMAS Y TODOS LOS ELEMENTOS EXPUESTOS AL MOMENTO DE EMITIR SU RESOLUCIÓN.

 

POR TODO LO ANTERIOR SOLICITO A ESTA H. SALA SUPERIOR QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, NUMERAL 4, AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA DEJE DE APLICAR LEYES ELECTORALES QUE SON TOTALMENTE CONTRARIAS A NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, COMO LO ES EL CASO CONCRETO DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EN SU ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, OBLIGA A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES INTERESADAS EN CONSTITUIRSE EN PARTIDO POLÍTICO LOCAL EN EL DISTRITO FEDERAL, A TENER UN NÚMERO DE AFILIADOS NO MENOR AL 2% DE LA LISTA NOMINAL, ES DECIR, A UN PROMEDIO DE APROXIMADAMENTE 146, 404 AFILIADOS, LO CUAL ES TOTALMENTE CONTRARIO A LO QUE MANDATA LA NORMA REGLAMENTARIA CONSTITUCIONAL, ES DECIR, EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES QUE EN SU ARTÍCULO 30, INCISO 2, SEÑALA UN PORCENTAJE DEL 0.26% DEL PADRÓN ELECTORAL, ES DECIR, UN APROXIMADO DE 170 MIL AFILIADOS, ES DECIR, PRÁCTICAMENTE LA MISMA CANTIDAD DE AFILIADOS EXIGE EL CÓDIGO LOCAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE EL CÓDIGO FEDERAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO CON CARÁCTER NACIONAL, INSISTIENDO QUE AL PARECER LA DEMOCRACIA EN EL DISTRITO FEDERAL SE PRACTICA DE UNA MANERA EXCLUYENTE AL NO PERMITIR ENTENDER CÓMO ES QUE SE PIDA LA MISMA CANTIDAD DE AFILIADOS PARA UN ENTE DE INTERÉS NACIONAL, QUE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN ENTE DE INTERÉS LOCAL, SUMÉMOSLE LA FALTA DE RESPETO POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL LOCAL TRANSGRESOR A TODOS LOS PRINCIPIOS, VALORES Y BIENES PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE, TODA VEZ QUE EN UNA SUPUESTA APLICACIÓN EFICAZ Y FUNCIONAL DE LAS FACULTADES QUE LE SON CONCEDIDAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL (MISMO QUE REPETIMOS AL SER CONTRARIO A LAS NORMAS DE NUESTRA CARTA MAGNA, NO DEBEN SER ADMITIDAS, NI MUCHO MENOS APLICADAS) Y EN CONSECUENCIA DEBEN SER ATACADAS EN EL ÁMBITO DE LAS FACULTADES DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL, Y EN CONSECUENCIA DICHAS FACULTADES DEL CONSEJO AL ESTAR ALEJADAS DE LA REALIDAD CONSTITUCIONAL DEBEN SER DECLARADAS NULAS POR ESTA SALA Y ORDENAR QUE SE APLIQUEN LAS ANTERIORES POR NO HABER SIDO NUNCA COMBATIDAS POR AGRUPACIÓN O PARTIDO POLÍTICO LOCAL ALGUNO.

 

DE IGUAL MANERA NO SE DA LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA Y EN LA PARTICIPACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, DADO QUE MIENTRAS LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES QUE EXISTEN POR LA EXISTENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, TIENEN TODAS LAS FACILIDADES PARA CONTINUAR VIVIENDO DENTRO DEL SISTEMA DE PARTIDOS, LOS NUEVOS QUE PRETENDEN LLEVAR A CABO SU VIGENCIA SE LES PONEN TODAS LAS TRABAS HABIDAS Y POR HABER. AGREGUEMOS QUE EN EL ARTÍCULO 20 DEL MISMO CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, LE DA COMO RESPONSABILIDAD AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL EN SUS NUMERALES I, Y II, EL DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA, Y FORTALECER EL RÉGIMEN DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, Y CON EL ACUERDO Y REGLAMENTO COMBATIDOS, SE DEMUESTRA LA FALTA DE INTERÉS EN DAR ESE FORTALECIMIENTO, PUES PONE TRABAS A LA CREACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LO CUAL SE VE REFLEJADO EN EL PROPIO ACTUAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL, AL MOMENTO DE EMITIR SU SENTENCIA PUES SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE DAR EL DINERO NECESARIO PARA QUE SE TENGA LO INDISPENSABLE EN MOBILIARIO, Y PERSONAL PARA HACER POSIBLE LA EXISTENCIA DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL, TODO LO CUAL SE LE OLVIDA AL TRIBUNAL PUES DEBERÍA ENTENDER QUE EN UN SISTEMA DESACREDITADO COMO LO ES PRECISAMENTE LA CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES, SE DEBE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN ESA CREACIÓN, Y AL NO HACERLO HACE TODO LO CONTRARIO (SIC), PUES EVITA QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN AL IMPONER LIMITACIONES Y RESTRICCIONES ECONÓMICAS EN SU PARTICIPACIÓN. A LO ANTERIOR ES MENESTER SEÑALAR QUE ADEMÁS LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS NO ESTÁ COMO PARA QUE LA GENTE DÉ DINERO DE SUS RAQUÍTICOS INGRESOS PARA LA CREACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO.

 

[…]

 

 

CUARTO. Trámite y sustanciación.

 

I. El tres de junio de dos mil once, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recurso de reconsideración interpuesto por Movimiento Libertad, Agrupación Política Local, por conducto de Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su carácter de Presidenta de la Directiva Provisional; el Informe Circunstanciado de ley, así como diversa documentación atinente al recurso de mérito.

 

II. Por acuerdo del propio tres de junio del presente año, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó integrar el expediente SUP-REC-15/2011, y turnarlo al Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos establecidos en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

El acuerdo de referencia se cumplimentó mediante oficio número TEPJF-SGA-6150/11, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior; y,

 

III. Por auto de fecha cinco de julio del año en curso, se acordó admitir el recurso de reconsideración; y, concluida la sustanciación respectiva, se declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia; y,

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Base VI, 60, párrafo tercero y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción I y 189, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto por una agrupación política local contra una resolución de fondo pronunciada en un juicio de inconformidad por una Sala Regional de este Tribunal.

 

SEGUNDO. Procedencia.

 

El medio de impugnación bajo análisis reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 61; 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV; 63, párrafo 1, inciso b); 65 y 66, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se constata enseguida:

 

Presupuestos procesales y requisitos de la demanda.

 

a) Los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran satisfechos ya que el escrito del recurso de reconsideración se presentó ante la autoridad responsable y en él se cumplen las exigencias formales, en tanto se señala el nombre del recurrente, se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable, se hace mención de los hechos y agravios que causa la sentencia combatida, además de asentarse la firma autógrafa de quien promueve el recurso.

 

 

b) El recurso de reconsideración fue interpuesto por parte legítima, ya que si bien conforme con lo previsto en el artículo 65, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso de reconsideración debe interponerse exclusivamente por los partidos políticos o bien, los candidatos, y en la especie, la demandante es una Agrupación Política Local, igualmente cierto es, que la reforma electoral de dos mil ocho, en materia procesal electoral federal, modificó sustancialmente el sistema de medios de impugnación en materia electoral.

 

Por cuanto al recurso de reconsideración, el legislador ordinario previó la creación de un supuesto de procedibilidad diverso, a fin de prever un recurso de casación con finalidad de preservar el principio de constitucionalidad en materia electoral, con la condicionante de que se haya inaplicado una norma electoral, por considerarla contraria a la Constitución General.

 

En este sentido, el artículo 61, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé a la letra:

 

Artículo 61

 

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

 

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

 

De lo transcrito se advierte, que en los medios de impugnación diversos a los juicios de inconformidad —como son los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión constitucional electoral—, el recurso de reconsideración es procedente cuando se haya considerado una norma inconstitucional y se haya inaplicado al caso concreto.

 

Así, la legitimación, en este nuevo diseño de casación constitucional, no se puede entender restringida a los partidos políticos y en supuestos específicos a los candidatos afectados, como se advierte de la lectura del artículo 65, de la citada Ley General de Medios, el cual es al tenor siguiente:

 

Artículo 65

 

1. La interposición del recurso de reconsideración corresponde exclusivamente a los partidos políticos por conducto de:

 

a) El representante que interpuso el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada;

b) El representante que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada;

 

c) Sus representantes ante los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral que correspondan a la sede de la Sala Regional cuya sentencia se impugna, y

 

d) Sus representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para impugnar la asignación de diputados y de senadores según el principio de representación proporcional.

 

2. Los candidatos podrán interponer el recurso de reconsideración únicamente para impugnar la sentencia de la Sala Regional que:

 

a) Haya confirmado la inelegibilidad decretada por el órgano competente del Instituto Federal Electoral, o

 

b) Haya revocado la determinación de dicho órgano por la que se declaró que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

 

3. En los demás casos, los candidatos sólo podrán intervenir como coadyuvantes exclusivamente para formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes, dentro del plazo a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo 66 de la presente ley.

 

En efecto, considerar que únicamente los partidos políticos y los candidatos, en supuesto específicos, tienen legitimación para promover el recurso de reconsideración, sería hacer nugatoria la reforma electoral, en materia procesal, porque alguna de las partes que intervienen en la relación jurídico procesal que se conformó en la instancia previa, no podrían controvertir la sentencia de la Sala Regional en la cual se declarara inconstitucional una norma electoral, aplicada al caso concreto, o bien, no se hizo pronunciamiento sobre la constitucionalidad o se omite estudiar el concepto de agravio sobre la inaplicación de la norma por inconstitucional o bien cuando declara inoperante ese concepto de agravio.

 

En el caso concreto, la agrupación promovente del recurso de reconsideración en que se actúa, promovió sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional Distrito Federal, juicio que forma parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral de conformidad con el artículo 3, de la aludida Ley General de Medios, que a la letra dispone:

 

Artículo 3

 

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

 

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y

 

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

 

2. El sistema de medios de impugnación se integra por:

 

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

 

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

 

c) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;

 

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos,

 

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

 

 

En este sentido, si la agrupación ciudadana, en términos del artículo 12 y 79, de la citada ley procesal electoral federal, es parte en la relación jurídico procesal, ya bien como actora o como tercero interesada, es inconcuso, que a fin de evitar dejarla en estado de indefensión, ante la posibilidad de que una norma electoral se haya declarado inconstitucional de forma incorrecta, se les aplique siendo contraria a la constitución federal, o, por último, les afecte sus derechos político-electorales, y con fundamento en el principio general del Derecho de igualdad procesal, esta Sala Superior considera que la agrupación promovente del recurso de reconsideración citado al rubro tiene legitimación para promoverlo.

 

c) El supuesto previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme al cual, el recurso de reconsideración sólo será procedente para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, distintos al juicio de inconformidad, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, se considera que se cumple por lo siguiente:

 

Derivado de la reforma constitucional de dos mil siete y legal de dos mil ocho en materia electoral, se advierte que a fin de darle funcionalidad al sistema de impugnación electoral y con la finalidad de garantizar, a los sujetos de Derecho, un efectivo acceso a la justicia constitucional en materia electoral, se estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la competencia de las Salas de este Tribunal Electoral para analizar aspectos relativos a la constitucionalidad de leyes, a partir de un acto concreto de aplicación.

 

Asimismo, del análisis de la citada ley de impugnación electoral se advierte que el recurso de reconsideración se estableció como una vía impugnativa para controvertir tres tipos de actos, a saber: 1) Sentencias de fondo dictas por las Salas Regionales en juicios de inconformidad; 2) Sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los demás medios de impugnación, cuando hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución, y 3) La indebida asignación de diputados y senadores, electos por el principio de representación proporcional, que haga el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

De lo anterior se advierte, que una de las finalidades del recurso de reconsideración, prevista por el legislador ordinario, es que esta Sala Superior revise las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando determinen la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución federal. En este sentido, el recurso de reconsideración se torna en segunda instancia constitucional electoral, que tiene como objetivo que esta Sala Superior revise el control de constitucionalidad de leyes que hacen las mencionadas Salas Regionales.

 

Ahora bien, se estima conveniente destacar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el Título Quinto, Capítulo I, “De la procedencia”, en específico el artículo, 61, párrafo 1, establece claramente que el recurso de reconsideración es procedente para impugnar sentencias de fondo, dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral.

 

Asimismo, en los incisos a) y b), del precepto mencionado, se prevén los actos que pueden ser objeto de controversia mediante el recurso de reconsideración, a saber:

 

1. Las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad, que se hubiesen promovido para controvertir los resultados de las elecciones de diputados y senadores, por el principio de mayoría relativa.

 

2. La asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, que lleve a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

3. Las sentencias dictadas en los demás medios de impugnación, de la competencia de las salas regionales, cuando éstas hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución federal.

 

De lo anterior se advierte que la procedibilidad del recurso de reconsideración, tratándose de sentencias emitidas en cualquier medio de impugnación, diferente del juicio de inconformidad, se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional responsable hubiese determinado la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución General de la República.

 

Al respecto, el artículo 3, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece lo siguiente:

 

Artículo 3

 

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

 

a)   Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y

 

b)   La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

 

2. El sistema de medios de impugnación se integra por:

 

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

 

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

 

c) El juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano;

 

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos,

 

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

 

Asimismo, los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan:

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

 

[…]

 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

 

Artículo 99.

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Así, de la interpretación sistemática, teleológica y funcional, de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1 y 2, y 61, párrafo 1, inciso b) y 62, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que el recurso de reconsideración debe proceder siempre que las salas regionales determinen la inaplicación de una norma jurídica por inconstitucional; igualmente procede si la Sala Regional omite estudiar el concepto de agravio sobre la inaplicación de la norma por inconstitucional o bien cuando declara inoperante ese concepto de agravio.

 

Esta conclusión obedece a la convicción de que el análisis sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de una ley electoral es de tal trascendencia que, con independencia de que la Sala Regional competente resuelva aplicar o inaplicar la norma electoral, cuya constitucionalidad resulta controvertida, es conforme a Derecho concluir que la sentencia de primera instancia debe ser sometida a revisión, en segunda instancia, por esta Sala Superior, mediante el recurso de reconsideración, a fin de dar certeza a los justiciables sobre los parámetros en los que se sustentan los criterios de este Tribunal Electoral, respecto de la constitucionalidad de las leyes electorales.

 

De lo anterior, se concluye que esta Sala Superior también debe conocer de los recursos de reconsideración promovidos para controvertir las sentencias dictadas por las salas regionales, en las que hayan hecho un análisis de constitucionalidad de leyes electorales; igualmente, si la Sala Regional omite estudiar el concepto de agravio sobre la inaplicación de la norma por inconstitucional o bien cuando declara inoperante ese concepto de agravio.

 

En la especie, la agrupación política local recurrente interpuso el presente medio de impugnación en contra de la resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SDF-JDC-43/2011 y su acumulado SDF-JDC-46/2011, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en la que determinó confirmar las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en los juicios electorales identificados con las claves TEDF-JEL-010/2011 y TEDF-JEL-018/2011; así como negar la inaplicación del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en los términos solicitados por la parte actora.

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que la hoy recurrente, al promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional responsable, hizo valer a manera de agravios, en la parte que interesa, la inaplicación del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, por considerarlo contario a la Constitución federal, como se constata con las transcripciones siguientes.

 

En la demanda del expediente SDF-JDC-43/2011, señaló a manera de agravios:

 

[…]

 

ES MENESTER SOLICITAR A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 6° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NUMERAL 4, AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA DEJE DE APLICAR LEYES ELECTORALES QUE SON TOTALMENTE CONTRARIAS A NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, COMO LO ES EL CASO CONCRETO EN PRIMER LUGAR DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EN SU ARTICULO 214 FRACCIÓN I […]

 

Y en el expediente SDF-JDC-46/2011, manifestó textualmente:

 

[…] ASÍ MISMO SOLICITO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NUMERAL 4, AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA DEJE DE APLICAR LEYES ELECTORALES QUE SON TOTALMENTE CONTRARIAS A NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, COMO LO ES EL CASO CONCRETO EN PRIMER LUGAR DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EN SU ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, […]

 

En efecto, de lo trasunto se advierte que la hoy recurrente solicitó textualmente la inaplicación del artículo 214 del Código Electoral del Distrito Federal.

 

Por su parte, en la resolución impugnada la sala responsable determinó no abordar el estudio de la inaplicación del precepto tildado de inconstitucional, declarando inoperantes los agravios respectivos, bajo el argumento de que no existía acto concreto de aplicación.

 

Por su parte, la accionante en su escrito de reconsideración señaló expresamente, lo siguiente:

 

[…]

 

PRIMERO.- LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INCURRE EN EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 FRACCIÓN IV, ES DECIR QUE DEJÓ DE RESOLVER LA NO APLICACIÓN DE ALGUNA LEY EN MATERIA ELECTORAL POR ESTIMARLA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO DEL D.F., SON TOTALMENTE CONTRARIAS A NUESTRA CARTA MAGNA EN VIRTUD DE CONTENER REQUISITOS TOTALMENTE DESPROPORCIONADOS AL OBJETO PARA EL CUAL FUERON EMITIDAS Y SOBRE TODO SON ANARCAS AL ESPÍRITU DE LA LEY DEL LEGISLATIVO CONSTITUYENTE RELACIONADO A LA DEMOCRACIA Y AL SISTEMA DE PARTIDOS DE NUESTRO PAÍS AL INDICAR QUE DICHAS DISPOSICIONES LIMITAN EN TODOS LOS SENTIDOS EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACIÓN DEL HOY QUEJOSO MOVIMIENTO LIBERTAD A.P.L.

 

[…]

 

Por tanto, a juicio de esta Sala Superior, al haber existido un planteamiento de inconstitucionalidad, cuya argumentación fue declarada inoperante por la Sala Regional responsable, es procedente el recurso de reconsideración interpuesto, a fin de revisar si la sentencia impugnada en esta instancia fue dictada conforme a Derecho o no.

 

d) El escrito de interposición de este medio de impugnación fue presentado oportunamente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva federal en cita, toda vez que la resolución impugnada se notificó a la recurrente el treinta de mayo de dos mil once, y la demanda se presentó el dos de junio siguiente.

 

e) En el caso se cumple el presupuesto que señala el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, del ordenamiento legal invocado, ya que el recurrente aduce en sus agravios, que la Sala responsable indebidamente omitió entrar al estudio de la inaplicación del artículo que tildó de inconstitucional, ello, conforme lo señalado en el inciso c), de este considerando.

 

f) Se satisface el requisito previsto en el inciso a), del apartado 1, del artículo 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque antes de acudir a esta instancia, la ahora recurrente agotó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

g) Se satisface también la exigencia prevista en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 63 de la ley invocada, en virtud de que el recurrente señaló expresamente el presupuesto de la impugnación, a saber:

 

ARTÍCULO 62

 

1. Para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes:

 

a) Que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal:

 

IV. Haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

[…]

 

Lo anterior es así, en la medida de que, dicho requisito debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por la agrupación política actora, en razón de que ello implicaría entrar al estudio de fondo del recurso antes de su tramitación.

 

h) Finalmente, respecto el requisito señalado en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe señalarse que en el caso resulta innecesaria su actualización, en virtud de que la agrupación actora funda su recurso de reconsideración en la fracción IV, del diverso artículo 62, de la propia ley de la materia, que exige como presupuesto de procedencia del recurso de que se trata que la Sala Regional responsable haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de manera alguna modificaría el resultado de una elección.

 

En consecuencia, al haberse cumplido en el presente asunto con los requisitos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como con los presupuestos y requisitos especiales que se precisan en los diversos numerales 61; 62; 63; 65 y 66, párrafo 1, inciso a), del propio ordenamiento, y toda vez que esta Sala Superior no advierte oficiosamente que se actualice alguna causa de improcedencia, lo conducente es realizar el estudio de fondo del presente recurso de reconsideración.

 

CUARTO. Síntesis de agravios.

 

Cabe destacar que la cadena impugnativa de medios de defensa correspondientes a la materia electoral está conformada por una secuencia de procedimientos sucesivos, que se van enlazando de un modo dialéctico, en donde el actor o recurrente inicial plantea sus agravios frente a los actos impugnados, y con ello obliga al órgano resolutor a formular respuestas en la resolución final del juicio o recurso, pero si existe una nueva instancia o un proceso diferente para combatir la resolución dictada en la instancia original, el impugnante no puede concretarse a repetir las mismas consideraciones expresadas inicialmente, ni a esgrimir argumentos genéricos y subjetivos, sino que tiene la carga procesal de fijar su posición argumentativa frente a la posición asumida por el órgano que decidió la instancia primigenia, con elementos orientados a evidenciar que las consideraciones torales del órgano sentenciador no se encuentran ajustadas a la legislación aplicable.

 

En ese orden de ideas, para tener por debidamente configurados los agravios es suficiente con que el actor exprese claramente la causa de pedir o causa petendi, sin exigir para ello el seguimiento de una forma sacramental e inamovible, y menos aún su necesaria ubicación en determinado capítulo o sección del escrito de demanda, pues estos pueden encontrarse en un apartado específico, o bien, a lo largo de todo el libelo inicial.

 

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en las tesis de jurisprudencia números 03/2000 y 02/98, emitidas por esta Sala Superior y publicadas en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visibles en las páginas 21 a 23, de rubros: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y, AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL..

 

En este sentido, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme a los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho.

 

Así, el inconforme en el recurso de reconsideración debe esgrimir argumentos precisos y coherentes, tendentes a demostrar que las consideraciones utilizadas por la autoridad responsable son insostenibles debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la experiencia o la sana crítica; que los hechos no fueron debidamente probados; que las pruebas no tienen el valor que se les dio, o que se acreditara cualquiera otra circunstancia que justificara una contravención a la ley o a la Constitución, por indebida aplicación o interpretación, o bien, porque simplemente se dejó de aplicar un precepto jurídico.

 

La importancia de una correcta expresión de agravios se hace aún más relevante en el recurso de reconsideración, en el que por ser de estricto derecho está prohibida la suplencia de las deficiencias u omisiones en la expresión de los agravios, ya que si la litis que se tendrá en consideración para resolver se fija entre los argumentos que sustenta la resolución combatida y los agravios expresados por el actor en su escrito de demanda, al no existir estos últimos o ser deficientes en su expresión no se alcanza a construir la cuestión por dilucidar, dejando incólume, el contenido de la resolución impugnada, por lo que los motivos y fundamentos de esta última deben seguir rigiendo el sentido de la misma.

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, ratio esendi, la jurisprudencia número 1ª./J.81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO..

 

Una vez precisado lo anterior, de la lectura integral del escrito de recurso de apelación se advierte que la agrupación actora plantea, en esencia, los siguientes agravios:

 

1. Que la Sala Regional Distrito Federal dejó de resolver la no aplicación de una ley en materia electoral contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las disposiciones contenidas en las fracciones I y II del artículo 214 del código del Distrito Federal (sic), son contrarias a la Carta Magna en virtud de contener requisitos desproporcionados al objeto para el cual fueron emitidas, pues limitan su derecho de asociación.

 

Agrega, que tomando en consideración que los actos combatidos son contrarios a la constitución, porque le causa una afectación a sus garantías y derechos fundamentales, solicitaron la protección de los mismos, y cuestionaron la constitucionalidad del reglamento de verificación de requisitos para constituirse como partido político local y de igual forma el Código Electoral del Distrito Federal vigente, en su artículo 214, fracción I y II, porque superan en sus términos los requisitos exigidos para crear un partido político nacional, y por el solo hecho de que la agrupación actora fue notificada del reglamento y le empezó a surtir efectos su aplicación, por lo que al haber presentado su carta de intención de integrarse como partido político local fue que se sujetaron al proceso y con ello se crea su obligación de cumplir los requisitos impuestos, siendo en ese momento el inicio de la afectación y en que se actualiza el acto de aplicación en su perjuicio.

 

También aduce el recurrente, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a todo ciudadano mexicano para poder asociarse en forma libre e individual y participar en forma pacífica en los asuntos políticos del país, además, obliga a los partidos políticos a promover la participación democrática, así como a promover la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y para ello, ordena la expedición de leyes reglamentarias que permitan el libre ejercicio, la protección y los limites a derechos político electorales, dado que no pueden estar por encima de la ley, ni en contra de la seguridad del país, ni por encima de la libertad de otros ciudadanos o poner en riesgo la armonía social y con ello, deben respetar los principios y valores recogidos por la ley de leyes, como son los de legalidad, proporcionalidad, necesidad, tolerancia, libertad de criterios, certeza jurídica y democracia entre otros.

 

Por lo anterior, aduce la actora, toda restricción debe cumplir el requisito de estar en una ley, estar fundada y motivada, y estar dirigida a alguien en particular, sustentarse en criterios razonables y no impedir el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, en virtud de que si no tienen un objetivo acorde a la Constitución y no se conducen con el objeto de obtener el bienestar general, no son útiles; además, la proporcionalidad es que cualquier limitación no sea más allá de lo necesario y de la finalidad para la cual ha sido puesta en la ley (sic), debiendo cumplir con los objetivos de racionalidad y justificación, siendo la causa por la cual consideran deben inaplicarse las fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, vigentes a partir del veinte de diciembre del año próximo pasado.

 

2. Que las disposiciones combatidas piden como elementos que llenar para que la promovente se pueda constituir como partido político local, que se cuente con un número de ciudadanos afiliados y que los mismos estén registrados en las listas nominales correspondientes al distrito federal, que a su vez deben estar divididos en forma proporcional en cada una de las dieciséis delegaciones políticas, lo cual se presenta como una restricción al derecho constitucional enmarcado en los artículos 9 y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide una posibilidad real de participación democrática de los ciudadanos que pudieran tener interés de conformar un partido político local.

 

3. Que la aplicación del dos por ciento para cada una de las delegaciones políticas que exige el código combatido es desproporcionado, porque cada organización social, civil, escuela, sociedad civil, agrupación política local, partido político local, agrupación política nacional o en su caso los propios partidos políticos nacionales, tienen determinadas zonas en la cuales tienen mayores preferencias que en otras, y por ello, no es posible que se pida un porcentaje exacto de afiliados para que pueda adquirir el registro como partido político local.

 

Además, que la sala responsable le causa agravio al no hacer una valoración propia y precisa a fondo de los agravios propuestos y en particular el que menciona que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal señala en su artículo 214, fracción I, la obligación de tener un número de afiliados no menor al dos por ciento de la lista nominal, siendo que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que emana directamente de la Carta Magna, en su artículo 30, inciso 2, señala un porcentaje del .026 por ciento de la lista nominal.

 

Agrega que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, obliga que en su artículo 214, fracción II, a tener la presencia de mil afiliados por cada una de las asambleas que se hagan en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, siendo que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que emana directamente de la Carta Magna, en su artículo 28 inciso a), fracción I, señala una cantidad de 300 participantes en las asambleas distritales o 3,000 en las asambleas estatales, por lo cual es totalmente aberrante para la democracia, pretender que para la constitución de un partido local sean superiores los requisitos solicitados para el partido nacional.

 

Considera que la sala responsable no quiso entrar al estudio de fondo de las inconsistencias constitucionales, señalando que es inatendible lo argumentado (sic) en los agravios, pero que sí era procedente hacer un análisis de los requisitos en cuestión y pronunciarse al respecto, porque ello es facultad de dicha sala.

 

Así, estima la actora que debe haber un pronunciamiento por parte de esta Sala Superior, y en su caso ordenar la inaplicación del articulo 214 fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en virtud de las tergiversaciones existentes, que lo hacen ir (sic) en contra de la Carta Magna, dado que la Sala Superior tiene como función aplicar y en su caso interpretar las leyes locales que se aplican a los gobernados en materia electoral.

 

Finalmente, solicita a esta Sala Superior que en términos del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, numeral 4, al momento de emitir sentencia deje de aplicar leyes electorales que son totalmente contrarias a la constitución política, como lo es el caso concreto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, toda vez que en su artículo 214, fracción I, obliga a las agrupaciones políticas locales interesadas en constituirse en partido político local en el distrito federal, a tener un número de afiliados no menor al 2% de la lista nominal, lo cual es contrario a lo que mandata el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su artículo 30, inciso 2, que señala un porcentaje del 0.026% del padrón electoral.

 

QUINTO. Estudio de fondo.

 

Cabe destacar en primer término, que por cuestión de técnica jurídica, se analizarán en primer término los agravios tendentes a impugnar la omisión de estudio de la inaplicación en beneficio de la actora de lo dispuesto por el artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal por parte de la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal; y, de declararse fundados los mismos, se analizarán los diversos motivos de disenso relativos a la impugnación tanto del propio artículo 214 mencionado, como del acuerdo ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como el propio reglamento.

 

Esta Sala Superior considera que es esencialmente fundada la alegación de la agrupación política actora relativa a que fue indebida la actuación de la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal, al omitir entrar al estudio de la inaplicación del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, considerando que no existe, en el caso, acto concreto de aplicación, pero soslayando que al haber presentado al Instituto Electoral del Distrito Federal su carta de intención de constituirse como partido político local, propició que se sujetara a la normativa electoral aplicable, creando la obligación de cumplir los requisitos impuestos en el artículo 214 del Código de Instituciones y procedimiento Electorales del Distrito Federal, tildado de inconstitucional [cuya inaplicación solicitó], por lo que en dicho momento inició la afectación en su perjuicio y, por ende, en su concepto, dicho acto constituye el primer acto de aplicación.

 

En principio, es menester señalar que el concepto acto de aplicación ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, derivado del ejercicio de la facultad de los particulares para impugnar leyes.

 

Por ello, se estima pertinente dejar sentadas algunas premisas en relación con dicha facultad.

 

El estado de derecho constitucional otorga a los gobernados garantías de seguridad jurídica, entre ellas el acceso a la tutela judicial efectiva. Tal acceso tiene el alcance de otorgar, a través de vía acción, el derecho de controvertir leyes que se considere que son contrarias a la Constitución de la República.

 

En materia electoral, la facultad de los particulares para impugnar leyes ha sido esclarecida en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, al adicionarse en el artículo 99, el ahora párrafo sexto que establece:

 

[…]

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

[…]

 

Con base en esta disposición, en los medios de impugnación puede solicitarse la no aplicación de leyes en materia electoral, por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual se traduce en que, la facultad de los particulares para impugnar leyes electorales debe ejercitarse para casos concretos, es decir, cuando la norma afecta una situación particular del gobernado.

 

De ahí la importancia del concepto acto de aplicación.

 

Ahora, para identificar los casos en que la ley produce una afectación, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado y son coincidentes en los siguientes conceptos:

 

a) Ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, entendida como la que con su sola entrada en vigor afecta la esfera de derechos del gobernado, debido a que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas determinadas; y,

 

b) Ley heteroaplicativa o de individualización condicionada, que es la que no genera esa afectación con su sola entrada en vigor, sino que requiere ser particularizada a un caso concreto, que produzca un menoscabo en la esfera jurídica del sujeto al que, precisamente, le está siendo aplicable la disposición.

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 328, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, del Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Materia Constitucional, que es del tenor siguiente:

 

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

 

En dicho criterio se resumen elementos y condiciones que reflejan los casos en los que una ley genera efectos en el cúmulo de derechos de los gobernados, y por lo cual, admite ser impugnada.

 

En efecto, la referencia a los conceptos “autoaplicativas”, “heteroaplicativas”, “individualización incondicionada” e “individualización condicionada”, han ido conformando criterios útiles para poner de manifiesto el elemento común, y a la vez requisito esencial, para que una ley admita ser impugnada por ser contraria a la Constitución; dicho requisito es: que la ley produzca una afectación en la esfera jurídica del gobernado.

 

La importancia de puntualizar los anteriores conceptos, estriba en que, de acuerdo con la Constitución y la ley, las normas electorales susceptibles de ser impugnadas por los particulares se encuentran vinculadas con lo que el criterio jurisprudencial invocado refiere como leyes “heteroaplicativas”, o de “individualización condicionada”.

 

Es decir, los anteriores conceptos admiten ser identificados y relacionados forzosamente con el concepto de “acto de aplicación”, ya que se trata del acto necesario para que la ley adquiera individualización que actualice un perjuicio en el gobernado.

 

De ahí la importancia de establecer lo que debe entenderse como acto de aplicación de la norma electoral, para efectos de su impugnación a través, en la especie, del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

Si bien es cierto, que tanto la doctrina como algunos criterios jurisprudenciales han identificado ciertos elementos para configurar un concepto, en sentido estricto, de acto de aplicación, al establecer que es el acto de autoridad en contra del gobernado, positivo o negativo, de facto o de jure, que de forma particular, específica y concreta actualiza una hipótesis normativa y produce una afectación en sus derechos.

 

También es cierto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado en la jurisprudencia número 339, visible a foja 394, del Apéndice               2000, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Materia Constitucional, que es del tenor literal siguiente:

 

LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia.

 

Como elemento del acto de aplicación de la ley, se encuentra el hecho de que éste haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, y que basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico del individuo, para que se estime aplicada.

 

Sin embargo, esta Sala Superior estima que los elementos enunciados en los párrafos precedentes no persiguen la finalidad de circunscribir y limitar el concepto de acto de aplicación de manera restrictiva a esas hipótesis, pues se señalan de manera enunciativa, no limitativa; sino que se inclinan a poner de manifiesto, de manera clara y evidente, que una ley está siendo aplicada y afecta de manera particular y concreta a un gobernado.

 

De ese modo se justifica plenamente, que la intervención del órgano constitucional es necesaria para el análisis de una ley que pudiendo ser contraria a la Constitución, se aplica en perjuicio de un gobernado. Por el contrario, la ausencia de tales elementos constituye la evidencia de que la ley impugnada en realidad no está desplegando efecto alguno sobre los derechos del ciudadano, de tal suerte que su impugnación ante el órgano jurisdiccional constitucional no se encuentra justificada.

 

Es por ello que el concepto acto de aplicación no está restringido al acto de autoridad que, por sí mismo y de manera directa determine la aplicación de una ley a un gobernado y que produzca la afectación inmediata de sus derechos.

 

Ello es así, porque los actos con las características y los elementos mencionados no son los únicos que ponen de manifiesto, que una ley está siendo aplicada en perjuicio de un sujeto, pues el concepto de acto de aplicación se encuentra asociado al de “individualización condicionada” de la norma, como referente de las leyes heteroaplicativas.

 

En tal sentido, de acuerdo con el criterio jurisprudencial invocado en párrafos precedentes, del rubro LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA”, la condición (o concreción del acto de aplicación), para que se surta la procedencia de la impugnación de una ley que se estime contraria a la Constitución federal, heteroaplicativa o de individualización condicionada, puede consistir en:

 

1. La realización de un hecho jurídico necesario para que la ley adquiera individualización, el cual puede ser, a su vez: i) administrativo; o, ii) jurisdiccional;

 

2. La realización de un hecho jurídico emanado de la voluntad del propio gobernado; y,

 

3. La realización de un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana.

 

Hipótesis todas estas, que sitúan al particular dentro del supuesto legal controvertido.

 

Como se puede apreciar, existen diversos actos o hechos, jurídicos, que admiten ser considerados como la condición necesaria de aplicación de una ley en el ámbito de derechos de un gobernado, y constituyen un requisito sine qua non para su impugnación, los cuales le otorgan el carácter de ley heteroaplicativa o de “individualización condicionada” y no solamente el acto de autoridad, positivo o negativo, de facto o de jure, que de manera directa, particular, específica y concreta determine la aplicación de una ley a un particular, y como consecuencia de ello produzca la afectación inmediata de sus derechos.

 

Dichos actos hacen patente la aplicación de una ley, que ejerce influencia y efectos sobre los derechos de un sujeto, aun cuando no sea el que propiamente aplique de manera directa la norma.

 

El concepto de acto de aplicación debe entenderse en sentido extensivo, en la medida de que puede provenir de una autoridad, del propio particular, o incluso emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad humana, siempre y cuando ponga de evidencia que la ley impugnada está siendo aplicada al gobernado, con influencia y efectos en el cúmulo de derechos de éste. Es decir, el concepto de acto de aplicación admite ser extensivo a casos respecto de los cuales pueda deducirse lógicamente del contexto, como razonablemente incluidos en dicha concepción, por virtud de que se surte el rasgo esencial indicado.

 

Lo anterior se justifica en el método de interpretación pro homine, del artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el tema incide en la protección de derechos fundamentales y la optimización de las garantías de los particulares.

 

Ahora bien, en la especie, de las constancias de autos se advierte que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SDF-JDC-43/2011 y su acumulado, la agrupación política recurrente cuestionó la constitucionalidad del Reglamento de verificación de requisitos que deberán cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse como partido político local, y solicitó la inaplicación en su favor del artículo 214, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, por considerar que los requisitos establecidos para constituirse como partido político local son excesivos, al ser mayores que los exigidos para la creación de partidos políticos nacionales.

 

Igualmente, identifica como acto de aplicación de la normativa tildada de inconstitucional, la emisión del reglamento y su respectiva notificación, por ser el acto administrativo, a través del cual se le sujetó al cumplimiento de los requisitos establecidos en el código referido para constituirse como partido político local.

 

Al respecto, conviene tener presente las conductas reguladas en la norma impugnada, a fin de verificar si, en la especie se trata de una disposición de carácter autoaplicativo o de individualización incondicionada o bien, de una de perfil heteroaplicativo o de individualización condicionada.

 

Artículo 214. La Agrupación Política Local interesada en constituirse en partido político local, lo notificará al Instituto Electoral, entre el 20 y el 31 de enero del año previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los requisitos señalados en los artículos anteriores y deberá realizar los siguientes actos previos en los plazos señalados por este Código:

 

I. Contar con un número de afiliados no menor al 2% de la Lista Nominal en cada una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

 

II. Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaría Ejecutiva y de un Notario Público, en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, una asamblea cuyo número de ciudadanos residentes de la misma demarcación no será inferior a 1000 afiliados. Para la realización de dicha asamblea el representante del Instituto Electoral deberá registrar, verificar y validar los asistentes, y certificará:

 

a) El número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de acción, y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

 

 

 

 

b) La conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas en la fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, firma de cada uno o huella digital, en caso de no saber escribir, y la clave de la credencial para votar; y

 

c) La elección de la directiva delegacional de la organización, así como delegados para la Asamblea Local Constitutiva del Partido.

 

De la transcripción anterior se advierte, que en la especie la norma impugnada alude una lista de requisitos que deben ser cumplidos por las agrupaciones locales que pretendan constituirse en partidos políticos locales, por lo cual, es claro, que se trata de una disposición de carácter heteroaplicativo, pues con su sola entrada en vigor no se afecta la esfera jurídica de la promovente, pues para que ésta sufriera tal afectación era menester que estuviera ubicada previamente en la hipótesis normativa, esto es, que desde antes hubiera estado sujeta al proceso de constitución de partidos políticos locales.

 

Sin embargo, de la propia lectura de la norma impugnada se advierte que ese proceso de constitución inicia con la notificación que haga la agrupación política local al Instituto Electoral del Distrito Federal, en la que informe su intención de constituirse en partido político en esa entidad, para lo cual establece el plazo comprendido del veinte al treinta y uno de enero del año previo a la jornada electoral, y el reglamento ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, fue aprobado mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil once y notificado personalmente a la agrupación actora el veinte de enero siguiente.

 

De lo anterior, se advierte que es jurídicamente imposible que la agrupación política local se encontrara inmersa en el supuesto normativo con anterioridad a la emisión del citado acuerdo número ACU-11-11; esto es, no estaba sujeta al proceso para constituirse como partido político local cuando inició la vigencia del código electoral referido, de tal forma que la entrada en vigor de esas disposiciones no implicaban una modificación a una conducta que estuviera realizando la promovente; máxime, si se estima que no todas las asociaciones o agrupaciones políticas se constituyen en partidos políticos, pues si bien, para constituirse en partido político es requisito sine qua non ser previamente asociación o agrupación política, no menos verdad es, que ello no necesariamente implica que todas las asociaciones pretendan dicha finalidad, por lo que no se encuentran en los supuestos de la norma y por ende, ésta no causa perjuicio en su esfera de derechos.

 

En mérito de lo anterior, es evidente que es a partir de la aprobación del aludido acuerdo ACU-11-11, y concretamente de la notificación que realizan las agrupaciones políticas al instituto electoral local, a efecto de hacerle saber su intención de constituirse en partido político local, motu proprio, cuando se genera el acto de aplicación de la norma.

 

 

 

Ello, porque el acto que sitúa al individuo en la hipótesis legal, puede provenir de él mismo, así, cuando la agrupación notifica al Instituto que se someterá al proceso para constituirse como partido político, por un acto de su propia voluntad, actualiza la obligación de cumplir con los requisitos señalados en la norma tildada de inconstitucional, por lo que, es a partir de ese momento en que se encuentran actualizados los requisitos para la aplicabilidad del precepto legal tildado de inconstitucional, y se encontraba compelida a cumplir con el mínimo de afiliados y el quórum de asistencia a las asambleas delegacionales.

 

Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que la notificación realizada por Lucerito del Pilar Márquez Franco, en su carácter de presidenta de la agrupación política local “Movimiento Libertad”, en la cual manifestó al instituto electoral local su intención de constituirse como partido político local, presentada el veintiséis de enero de este año, constituye el acto concreto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional.

 

En ese sentido, la agrupación política actora mediante ese acto no sólo manifestó su intención de constituirse como partido político local, sino que también se ubicó en la hipótesis normativa regulada en la ley, con lo cual, se produjo el acto de aplicación de la misma.

 

 

De ahí que, si en ese momento en que se encontró obligada a cumplir los requisitos, se consideró afectada en sus derechos por esa norma, podía combatir su validez, por considerarla contraria a la Constitución federal.

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, rato esendi, la jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior, número 1/2009, derivada de la contradicción de criterios número SUP-CDC-1/2009, aprobada en sesión pública de diecinueve de marzo de dos mil nueve, del rubro y texto siguiente:

 

CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO Y FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL GOBERNADO. Si bien es cierto que para determinar si existe un acto de aplicación de una norma, debe atenderse a si éste ha irrumpido en la individualidad del gobernado, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, de tal suerte que se materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, también lo es que el concepto de acto de aplicación no se limita a esas hipótesis, ya que éstas más bien persiguen la finalidad de poner de manifiesto, de manera clara y evidente, que una ley está siendo aplicada y que afecta de manera particular y concreta a un gobernado. Es así que el concepto de acto de aplicación debe entenderse en sentido extensivo, ya sea que provenga de una autoridad, del propio particular, o incluso emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad humana, siempre y cuando ponga de manifiesto la afectación apuntada. Por tanto, para considerar que la respuesta dada a una consulta tiene el carácter de acto de aplicación, debe atenderse al contexto jurídico y fáctico que permita determinar razonablemente, si dicha respuesta reviste la característica esencial de poner de manifiesto, que el gobernado esté colocado en la hipótesis jurídica que afecta sus derechos.

 

 

Así es, tal como se adelantó, este órgano jurisdiccional considera que el motivo de disenso resulta sustancialmente fundado, toda vez que en el caso bajo estudio es posible estimar que, efectivamente, se ha materializado un acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional en perjuicio de la actora, como se demuestra enseguida:

 

Debe precisarse que, contrariamente a lo afirmado por la Sala Regional recurrida, la solicitud de constitución como partido político local formulada por la agrupación actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito federal, sí tiene efectos vinculantes.

 

Lo anterior es así, porque se hizo con fundamento, en el párrafo primero, del artículo cuya inaplicación solicita, esto es, el 214.

 

En este sentido, debe precisarse que el párrafo primero del artículo 214, de la legislación electoral del Distrito federal, señala que la agrupación política local interesada en constituirse en partido político local, lo notificará al Instituto Electoral, entre el veinte y el treinta y uno de enero del año previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los requisitos señalados en los artículos anteriores al mismo y debe realizar los actos previos, en los plazos señalados por ese código, señalados en las fracciones I y II, del aludido numeral.

 

 

Con base en lo anterior, se considera que en tratándose de agrupaciones políticas cuya intención sea constituirse en partido político local, deberán notificar su voluntad al Instituto local, en determinado periodo y cumpliendo, obligatoriamente, con diversos requisitos que, tanto la propia norma, como sus artículos precedentes establecen, es decir, la solicitud de constitución y la obligatoriedad, tanto de su presentación ante el instituto electoral local, como del cumplimiento de diversos requisitos para su constitución, están previstas en la normatividad electoral del Distrito Federal.

 

En el caso, la solicitud de constitución como partido político local, formulada por la agrupación actora y notificada al Instituto Electoral del Distrito Federal, autoridad competente para recibirla y en su caso, autorizarla, en términos del primer párrafo del artículo 214 supracitado, evidentemente no constituye únicamente una solicitud genérica, sino que se constituye en un verdadero acto jurídico de la agrupación actora, emitido conforme a sus derechos y atribuciones que le otorga el mencionado numeral y, por tal razón es susceptible de producir consecuencias de derecho en su esfera jurídica, como en el caso de la actora, de ahí sus efectos vinculantes.

 

Ahora bien, como se señaló en párrafos precedentes, la agrupación recurrente se duele de lo manifestado por la sala responsable, al omitir pronunciarse sobre la inaplicación del referido artículo 214 del código electoral local, el cual, señala los requisitos a cumplir por una agrupación política cuya pretensión sea constituirse en partido político local.

En el presente caso, deben tomarse en cuenta los siguientes hechos:

 

a) El veinte de enero de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, notificó a la agrupación actora, el Acuerdo ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”.

 

b) El veintiséis de enero de este año, mediante notificación realizada por la presidenta de la agrupación política local “Movimiento Libertad”, al Instituto Electoral del Distrito Federal, se manifestó la intención de dicha agrupación, de constituirse como partido político local.

 

Los hechos anteriores no se encuentran controvertidos de ninguna manera, por lo que se tienen como actos ciertos y de plena eficacia legal y partidaria.

 

Ahora bien, de lo anterior es posible concluir que la agrupación política local “Movimiento Libertad”, a partir del veintiséis de enero del dos mil once, debe estar a lo ordenado por el artículo 214, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, por lo que en su caso, particular y concreto, se encuentra bajo la vigencia y aplicabilidad del referido precepto a partir de esa fecha con la consecuente afectación a su esfera jurídica.

 

Es decir, no se está solamente frente a una expectativa o posibilidad de aplicación de la norma cuestionada, sino ante la vigencia específica y particular del precepto jurídico, en virtud de que se han actualizado los requisitos para su aplicabilidad.

 

Como se adelantó, y dado el análisis realizado en párrafos precedentes, en el sentido de que fue incorrecta la decisión mayoritaria emitida en la sentencia que se revisa, relativa a que en la especie no existe acto concreto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, así como del acuerdo que de él emana, lo procedente, conforme a derecho es revocar la sentencia recurrida y realizar, de ser el caso, el análisis de los diversos motivos de disenso relativos a la impugnación tanto del propio artículo 214 mencionado, como del acuerdo ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

 

Este Órgano Jurisdiccional Federal considera que le asiste la razón a la agrupación política local actora, cuando afirma que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, concretamente su artículo 214, en sus fracciones I y II, es inconstitucional, porque los requisitos que ahí se prevén para crear un partido político local son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En el caso bajo estudio, la agrupación actora solicita la inaplicación en su beneficio del artículo 214, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, por considerarlo inconstitucional, así como la del acuerdo citado en líneas precedentes, denominado ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

 

Ahora bien, de la demanda del recurso de reconsideración en que se actúa, se advierte que la pretensión de la agrupación actora radica en que se inaplique en su beneficio el artículo y fracciones en comento; así como el acuerdo señalado.

 

En efecto, asiste razón a la agrupación demandante, toda vez que mediante sesiones públicas ordinarias celebradas los días seis y siete de junio del dos mil once, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió la acción de inconstitucionalidad número 2/2011, promovida por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 35, fracciones IX y XXXVIII; 37, segundo párrafo; 43, fracciones V y VI; 44, fracción VIII; 64, fracción III; 86, fracciones I y II; 88, párrafo segundo; 90, fracciones I, X y XV; 214, fracción I; 224, segundo párrafo; 231, fracciones VII y X; y 268, fracción VI, inciso g), último párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de diciembre de dos mil diez.

 

En dichas sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó parcialmente la inconstitucionalidad del artículo 214, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la invalidez constitucional por extensión de las demás fracciones de dicho numeral.

 

Al analizar el artículo 214, fracción I, del código invocado, que establece los requisitos para que una agrupación política pueda constituirse en partido político local, señalando como primer requisito el consistente en contar con un número de afiliados no menor del 2% de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, consideró en esencia:

 

a) Que el número de afiliados del 2% de la lista nominal que exige la primera parte de la disposición, no resulta inconstitucional, en atención a la libertad de configuración legislativa, que el Poder reformador dejó a los Congresos locales, que permite a éstos dentro de ese ámbito de libertad, fijar las reglas que estimen pertinentes para la constitución de los partidos políticos, siempre y cuando los requisitos que fijen sean razonables.

 

Es decir, que permitan a los interesados cumplir con los fines que prevé la Constitución federal, toda vez que son el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, de ahí que el porcentaje que de la lista nominal exige la disposición combatida no represente supuesto alguno que impida, imposibilite o restrinja gravemente la conformación de nuevos partidos políticos.

 

b) Que resultó fundado el argumento consistente en que el artículo combatido es inconstitucional porque el requisito del 2% de la lista nominal se exige para cada una de las demarcaciones territoriales electorales que componen el Distrito Federal, lo que constituye una restricción al derecho de asociación política; toda vez que podría dificultar la creación de un partido político local si se toman en cuenta las diferencias demográficas que existen en las dieciséis demarcaciones territoriales de la entidad; máxime que de acuerdo con los programas, principios e ideas, que en su caso difunda la agrupación política, su representatividad puede variar de una demarcación a otra.

 

c) Que al exigirse el 2% de todas y cada una de las delegaciones, se pierde el ingrediente de razonabilidad, sin un motivo objetivo, y se propicia la existencia de una traba en la ley que dificulta o impide, la formación de partidos políticos de carácter local.

 

 

d) Que el establecimiento de un porcentaje de 2% de la lista nominal en cada una de las delegaciones o demarcaciones territoriales de esta entidad, es inconstitucional porque constituye un requisito excesivo para que los ciudadanos puedan asociarse para conformar un partido político, puesto que la representatividad y permanencia que necesariamente debe demostrar una agrupación política, a fin de que se logren los fines que tienen los partidos políticos, concretamente, contar con determinado número de afiliados, debe ser en la entidad en su conjunto, mas exigirlo en cada delegación, se constituye en un requisito excesivo, que hace nugatorio el derecho de los ciudadanos para organizarse y formar un partido político local.

 

e) Que la declaratoria de invalidez de la fracción I del artículo 214, produce la inconstitucionalidad de las demás previsiones que contiene ese numeral, pues parten de lo establecido en la fracción I, por lo que debía hacerse extensiva a las restantes fracciones del mismo, debiendo en todo caso el legislador local establecer el mecanismo relativo siguiendo los lineamientos de esa Corte.

 

En este sentido es inconcuso, se reitera, que asiste razón a la agrupación actora, al aducir la inconstitucionalidad del artículo 214, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, pues así ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad número 2/2011, promovida por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

 

Señalado lo anterior, es evidente que deviene igualmente fundado el alegato relativo a la inconstitucionalidad del acuerdo número ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, el dieciocho de enero de dos mil once lo que trae como consecuencia directa e inmediata que el mismo quede sin efectos jurídicos en la parte impugnada, por extensión a la inconstitucionalidad decretada por el Máximo Tribunal de la Nación del artículo 214, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, del cual tiene su base fundamental dicho acuerdo, así como el reglamento emanado del mismo, en la parte relativa a los requisitos que deben cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse en partido político local.

 

Así es, en la especie, como ya se señaló, el citado artículo 214, alude una lista de requisitos que deben ser cumplidos por las agrupaciones locales que pretendan constituirse en partidos políticos locales.

 

 

Por su parte, el acuerdo ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, el dieciocho de enero de dos mil once, establece medularmente:

 

ACU-II-N

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL.

 

[…]

 

20. En observancia a la previsión del artículo 214 del Código, la agrupación política local interesada en constituirse en partido político local, lo notificará al Instituto Electoral entre el 20 y el 31 de enero del año previo a la jornada electoral.

 

Que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 214, párrafo primero y 276 del Código y toda vez que la próxima jornada electoral se celebrará el primer domingo de julio de 2012, se concluye que las agrupaciones políticas notificarán al Instituto Electoral su interés para constituir un partido político local a partir del 20 y hasta el 31 de enero de 2011, debiendo comprobar los requisitos establecidos en el Código, a más tardar el 31 de julio de 2011.

 

21. En términos del citado artículo 214, fracciones I a III del Código, las agrupaciones políticas solicitantes de registro como partido político local, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de constitución, como son:

 

I. Contar con un número de afiliados no menor al 2% de la lista nominal en cada una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

 

II. Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaría Ejecutiva y de un Notario Público, en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, una asamblea cuyo número de ciudadanos residentes de la misma demarcación no será inferior a 1000 afiliados. Para la realización de dicha asamblea el representante del Instituto Electoral deberá registrar, verificar y validar los asistentes, y certificará:

 

a)     El número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de acción, y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

 

b)     La conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas en el inciso anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, firma de cada uno o huella digital, en caso de no saber escribir, y la clave de la credencial para votar; y

 

c)     La elección de la directiva delegacional de la organización, así como delegados para la asamblea local constitutiva del partido.

 

III. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaría Ejecutiva y de un notario público, quienes certificarán:

 

a)     La asistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delegados propietarios o suplentes elegidos en las asambleas delegacionales;

 

b)     Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las asambleas se celebraron de conformidad con lo establecido en el inciso b) anterior, y

 

c)     Que se aprobaron su declaración de principios, programa de acción y estatutos.

 

A partir de la notificación, la agrupación política interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro como partido político local Lo anterior conforme a los criterios establecidos por el Instituto Electoral sobre fiscalización y montos máximos de los recursos a utilizar para realizar las actividades señaladas en el artículo 214 del aludido Código.

 

[…]

 

A C U E R D A

 

PRIMERO. Aprobar el Reglamento de verificación de requisitos que deberán cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse como partido político local.

 

[…]”

De lo transcrito con antelación, se advierte con meridiana claridad, que el acuerdo mencionado tiene como sustento jurídico fundamental lo ceñido en el mencionado artículo 214, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, pues reglamenta la forma en la que debe conducirse el Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto de verificar los requisitos que deberán cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse como partido político local, previstos en el precepto legal de mérito.

 

Sin embargo, dicho numeral 214, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 2/2011, promovida por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que resulta inconcuso, que el acuerdo controvertido carece de sustento legal, por lo que debe dejar de surtir efectos jurídicos, así como el reglamento que de él deriva en la parte relativa a los requisitos que deben cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse en partidos políticos locales.

 

Por lo expuesto y fundado; se,

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, el veintiséis de mayo de dos mil once, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SDF-JDC-43/2011 y SDF-JDC-46/2011, acumulados.

 

SEGUNDO. Se deja sin efectos jurídicos en la parte impugnada el acuerdo ACU-11-11 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, el dieciocho de enero de dos mil once, así como el reglamento que de él deriva en la parte relativa a los requisitos que deben cumplir las agrupaciones políticas locales que pretendan constituirse en partidos políticos locales.

 

NOTIFÍQUESE personalmente la presente sentencia a la recurrente Movimiento libertad, Agrupación Política Local, en el domicilio señalado en autos; por oficio, agregando copia certificada de este fallo, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal; así como al Tribunal Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral, ambos del Distrito Federal; y, por estrados, a los demás interesados, en términos de los artículos 26, párrafo 3; 27; 28; 29; 60 y 70, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 102 y 103 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto particular de la Magistrada Presidenta María del Carmen Alanis Figueroa y del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

 

VOTO PARTICULAR QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 187, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, FORMULAN LA MAGISTRADA MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA Y EL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-15/2011.

 

Con el respeto que nos merecen nuestros compañeros Magistrados, disentimos de las consideraciones que sustentan el criterio de la sentencia aprobada por la mayoría en el presente recurso de reconsideración, porque en nuestro concepto, resulta incorrecto que en el considerando segundo se estime procedente dicho medio de impugnación.

 

Lo anterior, porque la procedencia del recurso de reconsideración, en su concepto, debe ampliarse a los casos en los que la Sala Regional omita estudiar el agravio en el cual se pide la inaplicación de la norma por estimarla inconstitucional o bien cuando tales alegaciones se declaren inoperantes.

 

Tal conclusión obedece, según se afirma, a la convicción de que el análisis sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de una ley electoral es de tal trascendencia que, con independencia de que la Sala Regional competente resuelva aplicar o no la norma cuya inconstitucionalidad se alega, es conforme a Derecho que la sentencia de primera instancia debe someterse a revisión de esta Sala Superior, en segunda instancia, mediante el recurso de reconsideración, a fin de dar certeza a los justiciables sobre los parámetros en los que se sustentan los criterios de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la constitucionalidad de leyes en la materia.

 

En suma, en la especie se abre la procedencia del citado medio de impugnación federal siempre que las Salas Regionales omitan analizar los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de un derecho que se pide se inaplique o los mismos se declaren inoperantes, criterio que, respetuosamente, no compartimos, por lo que formulamos el presente VOTO PARTICULAR, sustentado en las consideraciones siguientes:

 

Génesis y evolución del recurso de reconsideración

 

1. Reforma constitucional y legal de 1993

 

En el Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre de 1993, se estableció en los artículos 41, párrafo décimo sexto y 60 lo siguiente:

 

Artículo 41. […]

 

Para cada proceso electoral se integrará una Sala de segunda instancia con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Esta Sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.

 

[…]

 

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

 

La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley.

 

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser revisadas por la Sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

 

Como se puede apreciar, a nivel constitucional, el origen del recurso de reconsideración se refirió, en principio, a la posibilidad que tenía la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral de revisar las sentencias dictadas por las salas.

 

Al acudir a los artículos 295, párrafo 1, inciso d), 300, párrafo 1, inciso c), y 303, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que derivó de la citada reforma constitucional, de acuerdo con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de septiembre así como del veintitrés de diciembre, ambas de mil novecientos noventa y tres, se advierte que el recurso de reconsideración cuyo conocimiento correspondía a la Sala de Segunda Instancia, era procedente para impugnar:

 

I. Las resoluciones de fondo de las salas Central o Regionales recaídas a los recursos de inconformidad, cuando se esgriman agravios en virtud de los cuales se pueda dictar una resolución por la que se pueda modificar el resultado de la elección, estableciéndose para tal efecto un plazo de tres días; y,

 

II. La asignación de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de dicha sesión.

 

2. Reforma constitucional y legal de 1996

 

Tiempo después, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, permaneció casi en sus términos el contenido del artículo 60, mientras que resalta el contenido del artículo 99, párrafo sexto, fracción I, donde se dispuso que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le corresponde conocer en forma definitiva e inatacable, sobre las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.

 

Por su parte, como efecto de la reforma constitucional antedicha, se llevó a cabo una magna reforma legal que fue publicada en el mismo diario del veintidós de noviembre de ese propio año.

 

En dicha reforma legal, entre otras cosas se determinó, expedir la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde sobresale que dicho medio de impugnación y sus causas de procedencia se trasladaron intocadas, pero al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

3. Reforma constitucional y legal de 2007 y 2008

 

Tal diseño pervivió hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del trece de noviembre de dos mil siete, donde debe resaltarse, para los efectos que al caso interesa, dos aspectos fundamentales:

 

El primero, consistió en la determinación de que para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales (art. 99, párrafo segundo); y,

 

El segundo estriba en la determinación del Constituyente Permanente al establecer que sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Señaló, que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Conforme a dicho diseño, en la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de julio de dos mil ocho, el Congreso de la Unión determinó establecer en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), una nueva hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración, como puede leerse a continuación:

 

Artículo 61

 

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

 

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

 

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

 

 

Con relación a ese nuevo supuesto de procedencia, en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley General invocada, se previno, como presupuesto para el recurso de reconsideración que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal, haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

De todo lo anterior y en lo que al caso particular interesa, se puede sostener lo siguiente:

 

El recurso de reconsideración se concibió como un medio de impugnación diseñado para revisar exclusivamente las sentencias de fondo pronunciadas por las salas regionales, tratándose de los medios de impugnación vinculados con las elecciones de diputados federales y senadores.

 

Luego, desde su instauración, no se consideró procedente contra las resoluciones de desechamiento o sobreseimiento de las demandas de los juicios de inconformidad en los mencionados casos, lo cual, como se puede apreciar, no ha variado desde mil novecientos noventa y tres.

 

Por otro lado, y aquí radica el aspecto novedoso del medio de impugnación en comento, el Congreso de la Unión determinó, a partir del otorgamiento expreso a las salas del Tribunal Electoral de la facultad de inaplicar al caso concreto leyes en materia electoral que se estimen contrarias al texto constitucional, de reconocer como un nuevo supuesto de procedencia del recurso de reconsideración, aquellos casos en que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal, haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La voluntad del Poder Legislativo Federal, en nuestra opinión expresada con evidente claridad, fue en el sentido de determinar que la procedencia en tales casos, se circunscribe sólo a conocer de aquellos casos en que las salas regionales determinaron inaplicar al caso concreto, una ley electoral por estimarla contraria a la Constitución Federal.

 

En todos los demás casos, el Poder Legislativo determinó que las resoluciones de las salas regionales deberán tener el carácter de terminales, según lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 44, párrafo 1, inciso b), 83, párrafo 1, inciso b) y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se previenen los casos en los que las salas regionales conocerán sobre los recursos de apelación, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano así como de juicio de revisión constitucional electoral, en única instancia e incluso se precisa en algunos casos, que de manera definitiva e inatacable, esto es, sin posibilidad de ulterior revisión.

 

Criterio subsistente hasta la resolución del presente asunto

 

Este criterio legislativo, fue entendido de manera consistente por esta Sala Superior, pues en aquéllos recursos reconsideración en los que se solicitaba se procediera a revisar la determinación de alguna de las Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la decisión que se tomó fue en el sentido de desechar de plano las demandas, en atención a que no se advertía que se hubieran realizado la inaplicación, al caso concreto, de alguna norma por resultar contraria a la Constitución.

 

Es de hacer notar que dicha posición se vio reflejada por parte de los señores Magistrados que integran esta Sala Superior, en los asuntos que a continuación se citan:

 

- En los expedientes SUP-REC-2/2010, SUP-REC-10/2010, SUP-REC-20/2010, SUP-REC-3/2011 y SUP-REC-13/2011 por parte del Magistrado Constancio Carrasco Daza.

 

- En los expedientes SUP-REC-3/2010, SUP-REC-11/2010, SUP-REC-21/2010 y SUP-REC-4/2011, por parte del Magistrado Flavio Galván Rivera.

 

- En los expedientes SUP-REC-4/2010, SUP-REC-12/2010, SUP-REC-22/2010 y SUP-REC-26/210, por parte del Magistrado Manuel González Oropeza.

 

- En los expedientes SUP-REC-7/2010, SUP-REC-14/2010, SUP-REC-25/2010 y SUP-REC-10/2011, por parte del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, y

 

- En los expedientes, SUP-REC-8/2010, SUP-REC-15/2010 y SUP-REC-11/2011, por parte del Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

 

Incluso, es de referir que tal criterio fue reiterado con las respectivas precisiones, a través de la tesis de jurisprudencia 32/2009 de esta Sala Superior, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA LA SALA REGIONAL INAPLICA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, UNA LEY ELECTORAL POR CONSIDERARLA INCONSTITUCIONAL.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relacionados con los numerales 3, párrafo 1, inciso a), 9, párrafo 1, inciso e), y 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el recurso de reconsideración es procedente para controvertir las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando hayan determinado, expresa o implícitamente, la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución, sea porque se oponga directamente a una disposición de la Ley Suprema o porque vulnere algún principio constitucional en materia electoral. La inaplicación implícita de una norma debe entenderse actualizada cuando del contexto de la sentencia se advierta que se privó de efectos jurídicos a un precepto legal, aun cuando no se hubiere precisado la determinación de inaplicarlo.

 

Asimismo, las demandas de recursos de reconsideración en contra de resoluciones de las Salas Regionales donde éstas declararon inoperantes los agravios mediante los cuales se solicitó la inaplicación de preceptos legales por estimarlos contrarios a la Ley Fundamental, fueron desechadas de plano al estimarse que no se cumplió el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la ley general aplicable, como fueron, entre otras, las resoluciones recaídas a los expedientes SUP-REC-12/2010, SUP-REC-7/2010, SUP-REC-96/2009 y SUP-REC-98/2009 acumulados, así como el SUP-REC-89/2009.

 

Consideraciones que sustentan el presente disenso

 

Con base en lo expuesto, así como en las razones que expreso enseguida, no comparto la premisa fundamental sobre la que se sustenta este nuevo criterio, que en resumen consiste, en dar certeza a los justiciables respecto de las sentencias que dictan las salas regionales, en ejercicio de la mencionada facultad de control constitucional.

 

 

Contrariamente a lo afirmado por la mayoría de los señores Magistrados, considero que las sentencias de las Salas Regionales donde no analiza la pretensión de inaplicación de una ley electoral al caso particular o se declara inoperante, no carecen en perjuicio de los justiciables de la certeza en que se sustenta dicho punto de vista.

 

Es importante subrayar, que el artículo 99, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

 

A continuación, en el párrafo segundo del citado dispositivo constitucional se previene que para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y Salas Regionales. Aspecto que se reitera en lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 

De ambos párrafos es posible desprender, por un lado, que las Salas Regionales como integrantes del Tribunal Electoral, en sus ámbitos de competencia, además de que forman parte de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, también son órganos especializados del Poder Judicial de la Federación.

 

 

Ambas cualidades, en nuestro concepto, provocan que las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gocen desde el texto constitucional, del carácter de órganos terminales y, por tanto, de la certeza aducida, salvo cuando la ley expresamente dispone la posibilidad de revisar sus sentencias.

 

Basta advertir que en el párrafo cuarto del artículo 99 en análisis, se previene que al Tribunal Electoral, entiéndase Sala Superior y Salas Regionales, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias que se enumeran en el citado precepto fundamental.

 

No pasa inadvertido, que este carácter de órgano terminal de las Salas Regionales se les reconoce, como ya se explicó con anterioridad, desde mil novecientos noventa y tres, cuando se determinó que tratándose de las resoluciones recaídas a los juicios de inconformidad sólo serían susceptibles de impugnación, aquellas resoluciones de fondo donde existiera la posibilidad de modificar el sentido de su decisión.

 

Siendo, en consecuencia, definitivas e inatacables, las resoluciones que recayeran a los desechamientos, sobreseimientos y aquellas sentencias de fondo de los juicios de inconformidad, cuando no se esgrimieran agravios en virtud de los cuales se pudiera dictar una resolución por la que se pudiera modificar el resultado de la elección.

 

Lo mismo ocurre, en nuestro opinión, a partir de la reforma legal de dos mil ocho, tratándose del control de legalidad que despliegan las mencionadas Salas Regionales, donde no cabe la posibilidad de revisar las sentencias que se dictan en tales supuestos.

 

De seguir la lógica que se sostiene en la decisión mayoritaria, ello tendría que obligar a esta Sala Superior a reconocer también la procedibilidad, de cualquier recurso de reconsideración a enderezado a revisar cuestiones estrictamente de legalidad, con base en la ausencia de certeza de los justiciables. Conclusión que, en nuestra opinión, resulta inaceptable.

 

Una determinación idéntica, consideramos se adoptó respecto a las sentencias dictadas por las Salas Regionales en los demás medios de impugnación, donde se determine desestimar el planteamiento de inaplicación de una ley electoral por estimarla contraria a la Ley Fundamental.

 

En efecto, el artículo 99, párrafo sexto, constitucional, reconoce a las salas del Tribunal Electoral que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Precisando, que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Respecto al ejercicio de dicha facultad de control constitucional, el legislador determinó, insistimos que siguiendo la lógica observada desde mil novecientos noventa y tres y que a la fecha sigue vigente, que la Sala Superior también conozca de los recursos de reconsideración que se promuevan sólo contra las sentencias dictadas en los demás medios de impugnación, de la competencia de las Salas Regionales, cuando éstas hayan determinado la no aplicación de una ley en la materia, por considerarla contraria a la Constitución Federal, en términos de lo previsto en los artículos 61, párrafo 1, inciso b) y 64, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Sobre este particular, se considera que la posibilidad de revisión atiende precisamente, por el carácter extraordinario que de suyo tiene la inaplicación de una ley electoral al caso particular, a verificar las razones en las que la Sala Regional sustentó esa determinación.

 

En cambio, cuando la Sala Regional decide no acoger la pretensión de inaplicación formulada, el legislador ha considerado que el control de constitucionalidad desplegado por aquéllas resulta suficiente para salvaguardar los derechos de audiencia y defensa de los justiciables, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Bajo esta óptica, consideramos que, contrariamente a lo sustentado por la mayoría, tratándose de la procedencia del recurso de reconsideración, en el presente caso, debe seguir rigiendo los criterios de esta Sala Superior inmersos en la jurisprudencia 32/2009 que ya se ha citado con anterioridad, de suerte que si no existe evidencia de una inaplicación expresa o implícita, debió desecharse la demanda del presente recurso de reconsideración.

 

De esa forma, para quienes suscribimos el presente voto particular, la interpretación que se propone no resulta posible, pues la mera interpretación gramatical de los artículos 61, párrafo 1, inciso b) y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conduce a establecer que la procedencia del recurso de reconsideración en contra de resoluciones de fondo dictadas por una Sala Regional en las que se alegue la inconstitucionalidad de algún precepto, sólo es recurrible cuando haya un acto positivo de inaplicación de alguna norma contraria a la Constitución.

 

Esto, ya que si el legislador permanente hubiese querido ampliar la tutela sobre actos de índole negativo, así lo habría hecho, y haber dispuesto por ejemplo, que el recurso en comento resultaba procedente para combatir cualquier determinación relacionada con la conformidad de una ley electoral a la Carta Magna. Sin embargo, fue evidente su deseo de dotar de un mayor alcance y significado a aquellos actos en los que exclusivamente se decretara la inaplicación de una ley y, que por tanto, dada su trascendencia pudieran ser recurribles a través de un recurso excepcional, selectivo y de estricto derecho como lo es el recurso de reconsideración.

 

En tal tesitura, al no advertirse que con la interpretación literal del precepto en comento, se transgreda alguna norma o principio jurídico que conforma el sistema, es innecesario rechazarla y acudir a algún otro método de interpretación, por lo cual, esa es la lectura que debe dársele.

 

No pasa inadvertido que, en términos de lo previsto por la normativa aplicable, el recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al atender los recursos de amparo de su competencia, proceda cuando se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales; se establezca la interpretación directa de un precepto de la Ley Fundamental, o bien, se omita decidir sobre tales cuestiones.

 

Esto, porque los artículos de los que se desprende esta facultad, prevén expresamente la procedencia de dicha instancia, o medio de control, en los términos que han sido precisados.

 

En efecto, la lectura de los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación permiten advertir que el recurso de referencia procede en dos supuestos jurídicos distintos, a saber, uno de acción, y otro de omisión.

 

Esto porque, en términos de lo mencionado con anterioridad, el recurso en comento será procedente cuando:

 

i)         Exista un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de una norma, o bien, se establezca la interpretación de uno de sus preceptos, y

 

ii)      Se omita realizar alguna consideración o declaración en torno a dichos aspectos.

 

Cabe precisar que desde la primera ocasión que la Ley de Amparo previó dicha posibilidad su texto así lo establecía.

 

Por el contrario, en materia electoral, el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución General de la República establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la propia Ley Fundamental, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral, contrarias a la propia Constitución, mientras que el artículo 61, apartado 1, inciso b de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales, en lo que al caso interesa, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

 

Esto es, como en el caso del amparo, la normatividad electoral prevé una instancia para revisar las determinaciones vinculadas con aspectos de inconstitucionalidad, supuesto que corresponde resolver a la Sala Superior, en única instancia, en términos de lo señalado en el artículo 64 de la ley adjetiva federal electoral, pero que a diferencia del recurso de revisión, únicamente será procedente cuando se esté en presencia de un supuesto jurídico de acción.

 

Esto es así, porque en términos de lo previsto en la normatividad invocada, el recurso de reconsideración en comento sólo procederá cuando se cumplan las dos condiciones o requisitos indispensables establecidos en ley, a saber, que:

 

1) Exista un pronunciamiento de fondo, de una Sala Regional, en alguno de los asuntos que son de su competencia, y

 

2) En el pronunciamiento respectivo se haya determinado inaplicar una ley electoral que se estime contraria a la Ley Fundamental.

 

En este escenario, es evidente que el recurso de reconsideración sólo será procedente cuando se actualicen los dos supuestos a los que se ha hecho referencia, pues así lo dispone expresa y claramente la norma invocada.

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos mencionados, debe señalarse, por un lado, que la contravención a la Norma Fundamental puede presentarse bien porque el dispositivo jurídico se oponga directamente a una disposición de la ley Suprema, o porque se estima que vulnera algún principio constitucional en materia electoral.

 

Además, que el recurso de reconsideración será procedente, con independencia de que la inaplicación sea expresa o implícita, pues en este último caso, la inaplicación se entenderá actualizada cuando del contexto de la sentencia se advierta que se privó de efectos jurídicos a un precepto legal, aun cuando no se hubiera precisado la determinación de inaplicarlo.

 

Lo anterior, en términos de lo mencionado en la jurisprudencia 32/2009, con el rubro “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA LA SALA REGIONAL INAPLICA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, UNA LEY ELECTORAL POR CONSIDERARLA INCONSTITUCIONAL”.

 

En términos de lo desarrollado, es claro que la procedencia de cada uno de los recursos mencionados queda constreñida a los supuestos legales expresamente previstos en cada caso, que corresponden con la finalidad que cada uno persigue.

 

Por tanto, se estima razonable que se prevean condiciones distintas para hacer valer cada uno de ellos.

 

Como colofón a lo antes expuesto, hemos de hacer notar que si bien en el Decreto por el que se modifica el Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado nueve de junio de dos mil once, se dispuso en su artículo 1 que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajos las condiciones que esta Constitución establece”.

 

Esta nueva previsión, en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tampoco podría abonar a ampliar los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración, pues el hecho de que la Norma Fundamental garantice los derechos humanos, no impondría que se abriera de manera indiscriminada, so pretexto de dar certeza a los justiciables, un medio de impugnación como el que nos ocupa, máxime cuando no hay disposición constitucional o legal que así lo determine, ya que de lo contrario se estaría creando artificiosamente supuestos de procedencia que no encuentran cabida dentro del diseño constitucional que actualmente nos rige.

 

La interpretación que se debe realizar para potencializar los derechos humanos parte de la premisa de que se pueda realizar la misma, pero cuando ello no es posible, no cabe la aplicación tal disposición.

 

Esto, ya que la forma y términos en que se encuentra establecido nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral, se garantiza que todos los actos y resoluciones puedan ser impugnados, en primer término a nivel local y, en su caso, ante las Salas del Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación, resultando excepcional la posibilidad de acudir al recurso de reconsideración, cuando dicha presunción de constitucionalidad es cuestionada.

 

Además, consideramos importante señalar que en nuestra opinión, el criterio de la mayoría expresamente inaplica lo previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque dicho precepto dice que sólo procederá el recurso de reconsideración cuando en las resoluciones que dicten las salas regionales se inaplique al caso concreto una ley electoral por estimarla contraria a la Constitución Federal, lo cual, a nuestro modo de ver, se desatiende con este nuevo criterio de procedencia.

 

La misma situación de inaplicación se presenta, con todos los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que sostienen que las salas regionales conocerán en única instancia así como que sus sentencias serán definitivas e inatacables, como lo señalan las fracciones I (recursos de apelación), III (juicios de revisión constitucional electoral) y IV (juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano), del artículo 195 de la ley orgánica invocada.

 

 

Por todas las consideraciones que hemos expresado, al no satisfacer el recurso de mérito el presupuesto de procedibilidad consistente en que la Sala Regional haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral, con fundamento en los artículos 9, párrafo 3, y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es nuestra convicción que lo conducente es desechar de plano la demanda del presente recurso de reconsideración.

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS