RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-034/2003

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIO: ADÁN ARMENTA GÓMEZ

México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil tres

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro citado, formado con motivo del recurso de reconsideración interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante Ricardo Oliveros Herrera, en contra de la resolución de dos de agosto del año en curso, recaída en el Juicio de Inconformidad número ST-V-JIN-044/2003, tramitado ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, promovido por dicho instituto político, para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por nulidad de la votación recibida en diversas casillas, correspondientes al 05 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Zamora , Michoacán, así como por considerar que se actualizaba la causal abstracta de nulidad de la elección; y

 R E S U L T A N D O

I. El seis de julio del año dos mil tres, se efectuaron elecciones federales ordinarias de diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, entre estas, la correspondiente al quinto distrito electoral federal, con cabecera en Zamora, Michoacán.

II. El nueve del mismo mes y año, el Consejo Distrital Electoral Federal número 05, celebró sesión en la que efectuó el cómputo distrital de dicha elección y elaboró el acta correspondiente en la que se asentaron los siguientes resultados:

III. El trece de julio del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante C. Ricardo Oliveros Herrera, interpuso juicio de inconformidad, para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por nulidad de la votación recibida en las casillas a que hace referencia en dicho medio de impugnación.

IV. Conoció del juicio de inconformidad la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Quinta Circunscripción Plurinominal, la que con fecha dos de agosto del año en curso, pronunció la sentencia en los siguientes términos:

TERCERO.- Por ser su estudio preferente, esta Sala se avoca a analizar en forma prioritaria los motivos y causas de improcedencia y sobreseimiento que pudieran actualizarse en la especie, ya que de resultar alguna fundada resultaría innecesario entrar al estudio del fondo del presente asunto.

Por lo que se refiere a la presentación de los escritos de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo, toda vez que los mismos, en términos del artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de ser un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones el día de la jornada electoral, constituyen un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, si bien de autos se desprende que el actor acredita haber presentado oportunamente un escrito de protesta ante el Consejo Distrital a las siete horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de julio actual, esto es, antes del inicio de la sesión de cómputo distrital, sin embargo, del análisis de dicho documento se desprende que no protesta la totalidad de las casillas que impugna en el presente juicio, toda vez que omitió protestar las casillas 1915 C1, 1916 C1, 2439 C, 2447 B, 706 B y 1933 B, sin que de la revisión del expediente se haya encontrado escrito de protesta presentado ante dichas casillas, por lo que los suscritos Magistrados que integran esta Sala retoman el criterio del Magistrado Ponente y estiman que deben tenerse como debidamente protestadas las casillas impugnadas por el actor, con excepción de las mencionadas anteriormente y en tal razón, con fundamento en los artículos 199, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 9, párrafo 3, 19, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resuelven no entrar al estudio de los agravios relativos a las casillas 1915 C1, 1916 C1,  2439 C; 2447 B, 706 B, y 1933 B, que fueron impugnadas y no protestadas debidamente, por no cumplir con el requisito de procedibilidad referido.

De acuerdo con lo expuesto, y al no advertirse la actualización de ninguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 10 y 11 de la ley de la materia, es procedente pasar al análisis de fondo de la controversia planteada.

En razón de lo anterior, se procede al estudio de fondo del presente asunto de las casillas impugnadas debidamente protestadas, que cumplen con el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 51 párrafo 2 de la ley electoral adjetiva, mismas que son: 1930 C1; 2476 EXT1;  2466 B;  2467 B;  2451 B; 2455 B; 2472 C; 2476 C2;  2487 C1; 1925 B; 1922 B; 1922 C1; 693 B; 708 C1; 699 C1; 1918 B; 2492 C1; 1912 C1; 2445 B; 2461 B; 2453 B; 2511 B; 2507 C; 2504 C1; 2511 C1; 2439 B; 2443 C1; 2446 B; 2489 C2; 2450 C1; 2471 C1; 2472 B; 2474 C1; 2475 B; 2482 B; 2488 C1; 2493 B; 2493 C1;  2495 B; 2496 B; 2496 C1; 2499 B; 2464 B; 690 C1; 1920 C2; 707 C1; 1898 C; 2494 B; 2497 C1; 1914 B; 2459 B; 1914 C1; 2462 B; 2503 C1; 2502 C1; 2460 C1; 2503 B; 2456 C1; 1921 B; 2463 B; 694 B; 2498 C1; 2438 B; 2498 B; y 1912 B.

CUARTO.- La cuestión planteada en el presente asunto consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas; y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, expedida por el Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral correspondiente al 05 Distrito Electoral Federal Uninominal en Zamora, Estado de Michoacán; y, en su caso, confirmar o revocar la constancia de mayoría cuya expedición fue impugnada, y otorgar una nueva a la fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados o anular la elección cuyos resultados se impugnan.

QUINTO.- Por razón de método, esta Sala se avoca a estudiar en primer término el agravio que hace valer el partido actor dirigido a la anulación de la elección, por considerar que durante todo el proceso electoral se dieron irregularidades graves de imposible reparación, que influyeron para la jornada electoral (causal abstracta), toda vez que de resultar fundado, quedaría satisfecha la pretensión del actor, haciendo innecesario entrar al estudio de los demás agravios que el promovente hace valer reclamando la nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

El partido actor apoya su pretensión argumentando los hechos y agravios siguientes:

En primer término, manifiesta que en el presente asunto existe conexidad con las quejas y denuncias que presentaron los partidos políticos y los consejeros electorales distritales, a efecto de que sean atraídas a este expediente, además de los siguientes:

“HECHOS

1.- Señala que el C. Arturo Laris Rodríguez, candidato del Partido Acción Nacional inició su campaña política mucho antes de haber obtenido su registro como candidato y fuera de todo proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional. Este hecho fue denunciado por los representantes del Partido de la Revolución Democrática (14 de abril),  Partido de la Sociedad Nacionalista (13 de abril), Partido México Posible (12 de abril) y Partido Convergencia por la Democracia (12 de abril).

2.- El seis de mayo se presentó un escrito de queja por irregularidades y faltas del Partido Acción nacional y su candidato, ya que a través de la estación Radio Zamora reprodujo material promocional que señala: “trabajo, acción y compromiso Arturo Laris Rodríguez, candidato por el Partido Acción Nacional, prominente empresario zamorano presidente del Patronato Proconstrucción del santuario Guadalupano, candidato por el 05 Distrito Federal quítale el freno al cambio, es por ti, es por Michoacán Partido Acción Nacional”.

Igualmente, PERIFONEARON en todo el distrito con material donde se hacía alusión a símbolos, expresiones y fundamentación religiosas al señalar “Acción, compromiso Arturo Laris es por ti es por Michoacán partido Acción Nacional, Presidente del Consejo de Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, Presidente Fundador del Patronato Proteatro de la Ciudad A.C., Presidente del Patronato Proconstrucción de la Obra Inconclusa Santuario Docesano a la Virgen de Guadalupe Director del Grupo Zamora”.

3.- Durante la campaña se repartió propaganda que contiene iconografía católica con símbolos religiosos, en donde “aparece caricatura de una familia, al fondo se aprecia una iglesia con símbolo de la cruz católica y al fondo también un cerro con una cruz; en la primera página interior de aprecia una serie de dibujos donde se describe a tres personas observando el cartel de lo que ahora se conoce como la Basílica de Guadalupe antes Catedral inconclusa, del cual el candidato es presidente del Patronato proconstrucción del Santuario Guadalupano”.

4.- Que como militantes del Partido de la revolución democrática en múltiples ocasiones han sido víctimas de prepotencia y el impedimento para desarrollar una campaña libre de persecución política. El 23 de abril se retiró una manta con propaganda política del PRD y además se le aplicó una multa de $200.00 y con tal motivo un notario fue a interpelar al Oficial Mayor del Ayuntamiento respecto de quien ordenó el retiro de la manta con base en qué se le aplicó la multa y si tuvo participación el Instituto Federal Electoral, manifestando el funcionario que se reservaba el derecho de hacer declaraciones hasta que se lo requiera una autoridad.

5.- Que el día 14 de mayo falleció electrocutado un trabajador del Ayuntamiento de Zamora por estar colgando propaganda del Partido Acción Nacional, dejando en evidencia que los empleados del Ayuntamiento realizaban actos de campaña en horas laborables.

6.- Que en diferentes momentos solicitó les fueran otorgados precios para tener publicidad en las radiodifusoras de la cadena raza, pero por el alto costo no pudieron tener acceso a ella.

El gasto del candidato del PAN en radio fue dispendioso impidiendo a los demás partidos el acceso a sus radiodifusoras por las cuotas tan altas, negándoseles la oportunidad de salir en sus noticieros y de ser entrevistados por sus periodistas, ya que sólo en tres ocasiones pasaron al aire entrevistas realizadas al candidato del PRD, siendo la más larga de diez minutos.

Por el contrario, el candidato del PAN contaba cuando menos con 35 spots al día en cada una de sus cuatro estaciones, que al día suman un total de 140 spots, por lo que sumadas las cuatro estaciones por setenta días de campaña da un total de $354,830.00.

Asimismo, el candidato del PAN contaba con dos programas a la semana de cuando menos treinta minutos, que durante toda la campaña da un total de $228,050.00.

Además, Durante la apertura y cierre de campaña del PAN las cuatro estaciones se enlazaron para cubrir el evento “en vivo”, con un costo total de $80,960.00. Así también, semanalmente tenía un enlace “en vivo” por un período de hasta quince minutos, con un costo de 411,076.00.

Sumando la totalidad de transmisiones, arroja la suma de $663,791.00, cantidad muy cercana al tope de gastos de campaña.

- Señala la actora que estos hechos quedan acreditados con el REPORTE DE MONITOREOS DE MEDIOS, efectuado por el 05 Consejo Distrital, en el cual se concluye que “...el principio de equidad en relación a las condiciones de igualdad en que todos los partidos políticos deben participar no se cumplió.”

Esta situación fue determinante, dado que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1% de la votación total obtenida y considerando que el porcentaje que reporta el monitoreo del IFE es de 92% del total de tiempo de transmisión a favor del PAN y por otra parte el PRD solo tuvo un 2% del total de tiempo de transmisión esto es que entre el primer y segundo existe una diferencia de 95% de tiempo total de transmisión.

Esto significa que en un 95% el PAN tuvo la oportunidad de llegar a los electores, situación que no ocurrió con mi partido dado que la cadena raza, no se adecuó a los precios regulares y sobrepasaron los precios comerciales cuando intentamos contratar tiempo en sus radiodifusoras, esta violación va en contra del catalogo de precios que el IFE tiene para estos efectos.

Con oportunidad denuncie esta situación al Consejo Distrital, quien no adopto ninguna medida que pudiera remediar esta situación inequitativa y únicamente se concretó a formar una comisión que monitoreo a las estaciones del grupo raza.

Estos hechos, ponen en clara duda la certeza de la votación obtenida, dado que aún y cuando se luchó contra un corporativo de la comunicación y el ayuntamiento de zamora, la votación obtenida por mi candidato es muy cercana a la votación del candidato presuntamente ganador, ya que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de solo 721 votos.

7.- Debe señalarse que en los últimos días del periodo para realizar campaña, una gran parte de los ciudadanos Zamoranos, recibió en su casa una llamada donde, en forma engañosa se le invitaba a votar por el C. Arturo Laris candidato del PAN, bajo el engaño de que si efectuaban su voto de la forma que se indica Arturo Laris podría traer grandes obras y recursos provenientes de la federación, dada la cercanía que le une a la Señora Martha Sahagún de Fox, este hecho fue reportado incluso por dos consejeros electorales de quienes desconocemos si ya les fue tomada su declaración, por lo cual solicitamos se requiera al V Consejo Distrital a efecto de que entregue las declaraciones de los consejeros que recibieron esta llamada.

8.- El uso de radio no fue el único gasto, considerando los eventos, publicidad y recursos materiales, utilizados en donde tenemos un aproximado de gastos de $ 886,000.00 y sumadas con las cantidades del gasto en radio y otros tenemos un Total de 1,552,791, que en mucho sobrepasa las cantidades de tope de gastos de campaña para esta elección.

9.- En concreto la competencia entre los candidatos de PAN Y PRD fue totalmente desigual, dado que el candidato del actor no contaba con mayores recursos de los que el partido asigno para su campaña, y por otra parte la alianza del ayuntamiento municipal de Zamora con el PAN permitió que las irregularidades se multiplicarán, la cantidad de casillas por mi impugnadas sobrepasa de la cantidad del 20% de casillas necesarias para anular este proceso.

A G R A V I O S

1.- Que se viola en su perjuicio el artículo 41 numeral II, que establece el principio rector de equidad en la contienda que fue flagrantemente violado.

Se violó el principio de equidad desde el momento que el candidato del Partido Acción Nacional inició su campaña en transmisión en vivo, con más de cuatro horas de transmisión, las constantes referencias a símbolos religiosos en una comunidad cuya población es 95% católica, que se hayan utilizado recursos públicos y hasta el momento no se hayan sancionado a nadie como lo demuestra la muerte del C. GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ,

Para garantizar condiciones de equidad, la ley fija un mecanismo que faculta al IFE para fungir como instancia de mediación en el proceso de contratación de tiempos: todos los concesionarios o permisionarios deben presentar un catálogo de horarios y tarifas disponibles para contratación y uso de los partidos políticos durante dos periodos: el primero, del 1 de febrero al 31 de marzo del año de la elección (únicamente para efectos de campañas presidenciales) y el segundo, del 1 de abril hasta tres días antes de la jornada electoral (para todas las campañas federales). Las tarifas no pueden ser superiores a las de publicidad comercial y sin embargo en el caso concreto estos topes fueron rebasado impidiendo de esta forma el acceso al medio masivo de comunicación que acapara el C. Arturo Laris Rodríguez, candidato de Acción Nacional.

Solicita la aplicación de las siguientes tesis relevantes y jurisprudenciales.

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).— (y la transcribe).

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (Legislación del Estado de San Luis Potosí). ( y la transcribe).

Principio del formulario 

Final del formularioNULIDAD DE ELECCIÓN. PROVIDENCIAS QUE DEBEN DICTARSE CUANDO SE DECLARA.— ( y la transcribe).

Principio del formulario 

Final del formularioELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.— ( y la transcribe).

Por su parte, el partido tercero interesado, al respecto, señala lo siguiente:

“Así mismo, por lo concerniente a la causal de nulidad abstracta, que la actora invoca la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro “NULIDAD DE ELECCIÓN CAUSAL ABSTRACTA”. Que resulta improcedente la aplicación de la tesis de jurisprudencia que invoca la actora, por lo que es evidente el DOLO, LA MALA FE, Y LA FALSEDAD, QUE SOLAMENTE EN LA MENTE PERVERSA Y DOLOSA DE LA ACTORA SE MANIFIESTA, PARA COMPARAR EL CASO TABASCO CON EL QUE AHORA NOS OCUPA. Toda vez que son incomparables los casos que se mencionan, porque en el caso Tabasco, fue la construcción de una verdad basada en las presunciones generadas de DIVERSOS, hechos y circunstancias derivadas de las múltiples irregularidades en el desarrollo del proceso local en cuestión, hechos que en el supuesto jamás admitido no hay rango de comparación, por lo que, NO SE QUIERA VER A TABASCO EN ZAMORA.

En el caso del Distrito 05 de Zamora, Michoacán, Bajo Protesta de Decir Verdad, el Partido Acción Nacional y su candidato electo Arturo Laris Rodríguez, en ningún momento, tiempo o actividad de campaña mintió, difamó, calumnió o agredió a los partidos políticos, Dirigentes, Militantes, Simpatizantes y sus Candidatos que contendieron y participaron en el Proceso Electoral 2002-2003.

En el caso concreto de TABASCO, los medios electrónicos formaron una parte importante en el desarrollo del proceso, tomando en cuenta que su actividad principalmente fue encausada en los siguientes puntos:

a)    Descalificación de la Coalición Alianza por el Cambio de Tabasco.

b)    Descalificación de las instituciones y órganos electorales federales.

c)    Ataque a la imagen de César Raúl Ojeda Zubieta.

d)    Difusión de las arengas de campaña priístas para apoyar los ataques hacia Raúl Ojeda.

- Diferenciación de los candidatos entre uno de los ricos (PRD)

Y otro de los pobres (PRI).

- Caracterización del PRD como una franquicia de priístas.

e)    Construcción de un escenario electoral virtual a favor del candidato del PRI.

f)     Llamado al voto del miedo a favor del PRI, desalentando la decisión de los electores para votar por la ACT.

-        Presentación de la alianza, sus integrantes y simpatizantes como un grupo violento, rencoroso y corrupto.

-        Ponderación excesiva de las posibilidades de “reventar” la elección.

g)    Construcción virtual de un supuesto vínculo entre el gobierno del Distrito Federal y la ACT para apoyar la campaña de Raúl Ojeda.

h)    Justificación del triunfo del PRI con base en los argumentos vertidos por los medios para apoyar a Manuel Andrade.

La actora en el caso concreto de Tabasco, fue parcial, ilegal y construyó un proceso electoral viciado a favor del Partido Revolucionario Institucional, mediante operativos fraguados por el PRI y la propia autoridad señalada como responsable en el caso de Tabasco, ello como lo demostró el juzgador del caso en comento en la sentencia del mismo.

Ahora bien, los medios y la autoridad señalada como responsable, actuaron de manera parcial y fue un cúmulo de circunstancias, suposiciones y características las que al tribunal lo llevaron a tomar la decisión de nulificar la elección. Evidentemente, el caso concreto que nos ocupa en Zamora, Michoacán, ni en el más remoto y estricto sentido se compara.

Así mismo, la autoridad señalada como responsable, siempre actuó apegada a los principios de IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CERTEZA, Y LEGALIDAD, dicho lo anterior como consta en todas y cada una de las actuaciones, informes, actas y acuerdos de la mencionada autoridad señalada como responsable.”

Por su parte, la autoridad responsable en su informe circunstanciado, señala al respecto sustancialmente:

Que del análisis de los hechos que expresa el actor, se desprende que la gran mayoría de ellos, no son propios de ese órgano.

Que respecto del supuesto monitoreo realizado por el 05 Consejo Distrital electoral en Zamora, Michoacán, la autoridad responsable se deslinda de toda responsabilidad sobre el uso y alcance que se le pretende dar.

Que derivado del monitoreo realizado en el área de consejeros del 05 Distrito Electoral Federal, en Zamora, Michoacán, entre los días veintinueve de junio y dos de julio del año en curso, sólo un consejero electoral suscribió el informe de monitoreo, el cual presentó el día once de julio del presente año, durante la sesión de cómputo distrital.

Que el Consejo Local del Estado de Michoacán, realizó observaciones al mencionado informe, señalando que el documento se tomaba a título personal porque únicamente fue firmado por un consejero, además de que se observaron inconsistencia metodológicas en dicho informe.

Que en una reunión de consejeros, del 05 Consejo Distrital Electoral en Zamora, Michoacán, realizada el dieciséis de julio del año en curso, se concluyó que el informe del monitoreo presentado por el Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández, no es el documento final, pues todavía no está concluido, que la primera parte de dicho informe, es opinión personal de ese consejero de la que los demás consejeros se puede deslindar; y que para la requisitación de los formatos correspondientes, se solicita la presencia del Consejero Electoral del Consejo Local en el Estado de Michoacán, Oscar Maisterra Martínez, porque quieren hacer un análisis de los formatos.

Que el monitoreo a las radiodifusoras del grupo Radio Zamora aún no concluye, por lo que la autoridad responsable se deslinda del uso y alcance que pretenda dársele por cualquier persona física o moral o cualquier instancia pública o privada.

Que por lo que hace a una queja administrativa presentada por un consejero electoral de ese Consejo Distrital, en el sentido de que el día 29 de junio del presente año había recibido llamadas telefónicas en su domicilio, invitándolos a ser activistas del Partido Acción Nacional, se acordó que posteriormente se les ofrecería la ayuda, para que las presentaran formalmente, lo cual ocurrió entre los días once y doce de julio en que el Presidente del Consejo Distrital, coadyuvó a la elaboración de la queja correspondiente.

Ahora bien, a fin de entrar al estudio de esta causa de nulidad de elección, es menester señalar en primer lugar, que tanto en la ley sustantiva como en la adjetiva de la materia, no existe disposición expresa alguna que prevea la causa de nulidad de elección por hechos ocurridos con antelación al día de la jornada electoral, tal y como es el caso que plantea el partido impugnante, pero no obstante ello, esta Sala considera que por ser atribución del Instituto Federal Electoral, por conducto de su órgano competente, calificar las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión mediante la declaratoria correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando en su caso, la constancia respectiva, también puede dejar de realizar tal declaratoria y dejar de otorgar la referida constancia cuando a su juicio no se hayan observado los principios constitucionales que deben regir las elecciones federales; por lo que si un partido político, mediante la presentación del medio de impugnación correspondiente, impugna la referida declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva aduciendo que no se observaron tales principios rectores, tal y como es el caso, debe considerarse procedente realizar el estudio de la impugnación no obstante que la legislación secundaria no establezca la posibilidad expresa de impugnar la declaratoria de validez de una elección por hechos ocurridos con antelación al día de la jornada electoral.

En este sentido, debe considerarse que es procedente por parte de esta autoridad jurisdiccional hacer el estudio del caso planteado, partiendo de los principios constitucionales sobre los cuales se deben desarrollar las elecciones federales.

Así, los artículos 39, 40, 41 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, disponen sustancialmente que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo; que es voluntad del pueblo mexicano ser una República representativa, democrática y federal; que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo serán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que para tal efecto, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; que la ley garantizará que los partidos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y que haya un límite a las erogaciones que hagan en sus campañas electorales, así como que las elecciones deben ser organizadas por el Estado a través de un organismo público y autónomo, que debe ser profesional en su desempeño y regir su actividad por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad; que dicho organismo es el encargado de calificar las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión, y que para garantizar que los actos y resoluciones se apeguen a los principios de legalidad y constitucionalidad, habrá un sistema de medios de impugnación.

Conforme a lo anterior, si durante el desarrollo de todo el proceso electoral, o en alguna de sus etapas, estos principios rectores no son observados, de tal manera que quede acreditada plenamente su afectación y su trascendencia al resultado de la elección, la consecuencia jurídica es que debe declararse la nulidad de la elección por su inobservancia.

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio emitido por la Sala Superior de este Tribunal, en la tesis relevante S3EL 011/2001, vista en las páginas 577 y 578 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, que es la siguiente:

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). Se transcribe

Sentado lo anterior, es menester puntualizar los motivos de disconformidad que respecto de este agravio aduce el actor, para proceder a su estudio específico, que son los siguientes:

a)   Que el candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa, por el 05 Distrito Electoral Federal, en Zamora Michoacán, del Partido Acción Nacional, Arturo Laris Rodríguez, inició su campaña antes de haber obtenido su registro respectivo.

b)   Que en sus promocionales radiofónicos, el candidato de referencia se ostentaba, entre otras cosas, como “Presidente del Patronato Proconstrucción del Santuario Guadalupano”, y que en su campaña política, estuvo haciendo alusión a símbolos religiosos.

c)   Que por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, en múltiples ocasiones fue víctima de la prepotencia y de impedimento para desarrollar una campaña política libre de persecución política.

d)   Que empleados del ayuntamiento de Zamora, estuvieron participando en la campaña del Partido Acción Nacional, en el municipio de Zamora, Michoacán.

e)   Que las tarifas de los spots de radio en Zamora, Michoacán, tenían un costo muy alto, de tal manera que ello le impidió al partido actor tener acceso a los promocionales radiofónicos.

f)     Que el gasto de campaña del candidato del Partido Acción Nacional, especialmente en radio, fue iniquitativo en virtud de que: contaba cuando menos con treinta y cinco spots diarios en cada una de sus cuatro estaciones, los cuales constituyen aproximadamente una hora de transmisión efectiva, que multiplicada por el costo de las transmisiones, considerando los setenta días de campaña, da un costo de $354,830.00 (trescientos cincuenta y cuatro mi ochocientos treinta pesos). Que además contaba con dos programas a la semana, de cuando menos de treinta minutos ininterrumpidos, por lo que este tiempo multiplicado por nueve horas totales dentro del tiempo de campaña, da un resultado de $228,050.00 (doscientos veintiocho mil cincuenta pesos). Que durante la apertura y cierre de campaña, las cuatro estaciones de la localidad, se enlazaron por espacio de cuatro horas a efecto de cubrir el evento en vivo, siendo que el costo aproximado de esta transmisión lo estiman en $80,960 (Ochenta mil novecientos sesenta pesos). Además semanalmente tenía un enlace en vivo desde alguno de sus eventos, por un período de hasta quince minutos, lo cual da un costo de $11,076.00 (once mil setenta y seis pesos). Que todos los días en los diferentes noticieros de sus radiodifusoras, cuando menos, salía una nota que cubría sus eventos y regularmente era entrevistado por sus empleados, por lo que la suma de todo lo anterior, es de $663,791.00 (seiscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y un pesos). Lo cual fue determinante para el resultado de la elección, en virtud de que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, es menor al 1% de la votación total emitida, y conforme al monitoreo que reporta el Consejo Distrital, el 92% del total de tiempo de transmisión fue a favor del PAN, y el PRD sólo obtuvo un 2% del total de tiempo de transmisión, por lo que en este sentido, la diferencia entre el primero y segundo lugar, es de 95% del tiempo total de transmisión, lo que significa que en un 95% el PAN tuvo la oportunidad de llegar a los electores y no así el PRD, ya que no pudo hacer las contrataciones de los spots en las radiodifusoras por sus costos tan altos, y que ello viola el catálogo de precios que el Instituto Federal Electoral tiene para estos efectos.

g)   Que no sólo hubo un exceso en el gasto de la campaña en radio, sino también en otros eventos como fueron la contratación de bandas musicales, juegos de entretenimiento, un trailer con escenario desmontable, calcomanías, pintas de barda, pósters, lonas impresas en láser, gasolina, personal contratado, prensa escrita, folletos, luz, teléfono, alimentos, papelería y fotocopias, fotos y videos, lo cual suman $886,000.00 (ochocientos ochenta y seis mil pesos), que sumados al costo del gasto en radio, y otros gastos, arrojan un total de $1,552,791.00 (un millón quinientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y un pesos), que en mucho sobrepasa las cantidades de tope de campaña para esta elección.

h)   Que en los últimos días de campaña, una gran parte de ciudadanos zamoranos, recibieron llamadas en donde se les invitaba a votar por el candidato del PAN, con la oferta de que si le daban su voto, dicho candidato les traería grandes obras y recursos provenientes del Gobierno Federal, dada la cercanía que tiene con la señora Martha Sahagún de Fox, hecho que fue reportado por dos consejeros electorales del 05 Consejo Distrital.

i)      En consecuencia, señala el partido actor que la competencia entre los candidatos del PAN y del PRD fue totalmente desigual, y que tal situación viola en perjuicio de su partido el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal que establece el principio de equidad en la contienda electoral, el cual fue violado conforme a lo anterior.

Ahora bien, las pruebas que obran en el expediente que tienen relación con los hechos expuestos por el partido actor, son las siguientes:

I.- PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ACTOR.

1.    La documental privada consistente en las quejas interpuestas por los partidos de la Revolución Democrática, de la Sociedad Nacionalista, México Posible, y Convergencia, de fechas catorce, trece y doce de abril del presente año, respectivamente.

2.    La documental privada consistente en la queja por irregularidades y faltas administrativas en contra del Partido Acción Nacional y su candidato Arturo Laris Rodríguez, por actos anteriores a la campaña electoral, recibida el seis de mayo del año en curso.

3.    La documental pública, consistente en la interpelación notarial realizada por el Notario Público 78, del Distrito de Zamora.

4.    La documental privada consistente en el informe sobre monitoreo a radiodifusoras del grupo Radio Zamora, elaborada por el Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández.

5.    La documental pública, consistente en las declaraciones de los dos consejeros que recibieron una llamada donde se les invita a votar por Martha Sahagún de Fox.

6.    Las documentales privadas consistentes en cuatro presupuestos, dos del grupo Raza, uno de Impresiones Láser y otro de TV Zamora.

II. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO TERCERO INTERESADO.

7.    La documental privada, consistente en el escrito de grupo Radio Zamora, en el que se señala que la radio en Zamora estuvo siempre en cobertura de las actividades en la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

8.    La documental privada consistente en el formato de tarifas de radio enviadas al Instituto Federal Electoral, por la estación radiodifusora XHZN-FM.

9.    La documental privada consistente en el informe de contratación de ciento treinta y seis spots, del veintitrés de junio al dos de julio y de veintiocho y veintinueve de junio de dos mil tres, en la radiodifusora de referencia, para la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

10.  La documental privada consistente en Formato de Tarifas de radio enviadas al Instituto Federal Electoral por la estación radiodifusora XEZM.

11.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 136 spots, del veintitrés de junio al dos de julio y del veintiocho al veintinueve de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEZM, para la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

12. La documental privada consistente en Informe de contratación de 54 spots, del treinta de junio al dos de julio de dos mil tres, en la radiodifusora XEZM, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

13.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 240 spots, del dieciséis al veinte de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEZM, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

14.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 120 spots, del veinte al veintitrés y del veintiséis al treinta de mayo de dos mil tres, en la radiodifusora XEZM, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

15.  La documental privada consistente en Formato de Tarifas de radio enviadas al Instituto Federal Electoral por la estación radiodifusora XEGT.

16.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 54 spots, del treinta de junio al dos de julio de dos mil tres, en la radiodifusora XEGT, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

17.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 240 spots, del dieciséis al veintinueve de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEGT, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

18.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 72 spots, los días dos, tres, cuatro, cinco, seis y diez de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEGT, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

19.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 120 spots, del veinte al veintitrés y del veintiséis al treinta de mayo de dos mil tres, en la radiodifusora XEGT, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

20.  La documental privada consistente en catálogo de presentación de tarifas de radio, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos al 05 Consejo Distrital Electoral.

21.  La documental privada consistente en copia de comunicación dirigida el veinticinco de marzo de dos mil tres, por el Secretario de Finanzas del PRD en Zamora a la Gerencia de Ventas del Grupo Radio Zamora, para solicitar cotización de spots.

22.  La documental privada consistente en copia de comunicación dirigida el veintiséis de marzo de dos mil tres por la representante de ventas del Grupo Radio Zamora al Secretario de Finanzas del PRD en Zamora.

23.  La documental privada consistente en copia de comunicación dirigida el trece de mayo de dos mil tres, por el Gerente de Ventas del Grupo Radio Zamora al Secretario de Finanzas del PRD en Zamora.

24.  La documental privada consistente en copia de comunicación dirigida el trece de mayo de dos mil tres, por el Gerente de ventas del Grupo Radio Zamora al candidato del PRI en Zamora.

25.  La documental técnica consistente en un audio casette conteniendo: Grabación de spot transmitido para el Partido de la Revolución Democrática para invitar a conferencia de prensa de Rosario Robles Berlanga, presidenta nacional de ese partido; entrevista a Uriel López Paredes, presidente estatal de ese partido; invitación del periodista Alfonso Pérez Ayala dirigida al candidato del PRD para asistir al programa noticioso; pronunciamiento a favor del candidato del PRD; pronunciamiento del candidato del PRI en contra del candidato del PRD por la compra de votos.

26.  La documental técnica consistente en un audiocasette conteniendo: Grabación de diversas versiones de spots contratados por el Partido de la Revolución Democrática y transmitidos en las cuatro estaciones del Grupo Radio Zamora.

27.  La documental técnica consistente en un audiocasette conteniendo: Grabación de entrevista radiofónica hecha al candidato del Partido de la Revolución Democrática en el noticiero radiofónico “Aquí y Ahora”, transmitido en la radiodifusora XHZN–F M.

28.  La documental técnica consistente en CD conteniendo grabación de entrevista radiofónica hecha al candidato del Partido de la Revolución Democrática y transmitida por la radiodifusora XEQL del Grupo Radio Zamora.

29.  La documental privada consistente en formato de tarifas de radio enviadas al Instituto Federal Electoral por la estación radiodifusora XEQL.

30.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 136 spots, del veintitrés de junio al dos de julio y del veintiocho al veintinueve de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

31.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 175 spots, del dos al seis y del nueve al trece de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

32.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 60 spots, del veintiséis al treinta de mayo de dos mil tres, en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

33.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 60 spots, del once al trece de junio de dos mil tres en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

34.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 220 spots, del dieciséis al veintisiete de junio de dos mil tres, en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

35.  La documental privada consistente en Informe de contratación de 36 spots, del treinta de junio al dos de julio de dos mil tres, en la radiodifusora XEQL, para la campaña del Partido de la Revolución Democrática.

III.  PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

36.  Original del oficio SM/2445/07/2003 de fecha diecisiete de julio de dos mil tres, signado conjuntamente por los CC. Ing. Eduardo Curiel del Rio y Lic. David Martínez Gowman, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán.

37.  Copia certificada del oficio No. 823/2003, de fecha diecinueve de mayo, signado por los Consejeros Electorales del 05 Consejo Distrital, en el cual solicitan al Mtro. José Woldenberg Karakowsky, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la elaboración de un monitoreo a radiodifusoras.

38.  Copia certificada del oficio 450/2003, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres, signado conjuntamente por el Lic. Carlos González Martínez y el Mtro. Oscar Maisterra Martínez, Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo Local del Instituto Federal en Michoacán.

39.  Copia certificada del oficio 510/2003, de fecha quince de julio de dos mil tres, signado por el Lic. Carlos González Martínez, Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Michoacán.

40.  Copia certificada de la “MINUTA DE CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO DISTRITAL 05 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MICHOACÁN”, levantada en reunión de trabajo de fecha dieciséis de julio de dos mil tres.

41.  Proyecto de Acta de la sesión de Cómputo Distrital, levantada en sesión de fecha del nueve al once de julio de dos mil tres, celebrada por el 05 Consejo Distrital, que ofrece el recurrente y el 05 Consejo Distrital electoral en todos sus términos.

42.  Copias certificadas del oficio de remisión No. 1203/2003, y de la queja presentada por el Mtro. Fernando Ramírez Hernández, ambos de fecha doce de julio de dos mil tres.

De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las anteriores pruebas, valoradas individualmente y en conjunto, permiten a esta Sala arribar a la conclusión de que el agravio esgrimido por el partido actor resulta INFUNDADO, en razón de lo siguiente:

En primer término, es necesario precisar que esta sala considera que no es jurídicamente posible acceder a la pretensión del actor en el sentido de que haya conexidad y por lo tanto deba atraerse el expediente formado en el Instituto Federal Electoral por virtud de las quejas presentadas por los partidos políticos del 05 Distrito Electoral en Zamora, Estado de Michoacán, por diversas irregularidades ocurrida durante el transcurso del proceso electoral previas a la jornada electoral, toda vez que el Instituto Federal Electoral y este Tribunal son entidades independientes, una de carácter administrativo y  la otra jurisdiccional, obviamente sin guardar una relación jerárquica de supra a subordinación en que el superior tiene facultades para, atendiendo a la trascendencia e importancia de los asuntos, atraer los que conoce el inferior. En el presente caso, como se encuentra acreditado en autos, en virtud del oficio SE/184072003, de veinticuatro de los corrientes, por medio del cual, en desahogo del requerimiento que le fue formulado por el Magistrado Instructor, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral informa que las referidas quejas se encuentran en trámite, sin que hasta la fecha exista una resolución definitiva de la autoridad competente para conocer de ellos, que acredite que los hechos denunciados realmente acontecieron.

Cabe señalar que no todos los hechos que aduce el partido actor están acreditados en autos, ya que por lo que hace a los que se identifican con las letras f), g), e i), en los que sustancialmente aduce que el candidato del Partido Acción Nacional, rebasó los topes de campaña, estos no tienen respaldo documental alguno, sino que resultan ser cálculos y conjeturas aisladas del partido actor basadas en algunas cotizaciones solicitadas a las estaciones de radio sobre promocionales de campañas electorales y en estimaciones no acreditadas de los costos que pueden tener otras formas de propaganda electoral como son carteles, mantas, pinta de bardas, así como la alimentación, transportación, renta de equipo, entre otras cosas, necesarias para las campañas electorales; sin embargo en las constancias de autos no obran elementos probatorios que informen sobre el supuesto rebase de los topes de campaña por parte del candidato de referencia, para considerar que se trató de una elección inequitativa.

Al respecto, y por lo que hace al uso inequitativo, que acusa el actor, se hizo de los medios radiofónicos por parte del candidato del Partido Acción Nacional, y que pretende acreditar con la copia simple del monitoreo que presentó el Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández, del 05 Consejo Distrital Electoral en Zamora, Michoacán, no se le otorga valor probatorio alguno a dicho monitoreo, toda vez que se estiman fundadas las objeciones que sobre el mismo hace la autoridad responsable en su informe circunstanciado en cuanto al alcance probatorio que se le pretende dar, ya que según manifiesta la responsable, el documento que contiene dicho monitoreo no está completo y no fue emitido por los integrantes del Consejo respectivo, sino que fue presentado únicamente por un Consejero Electoral.

Esta autoridad estima fundada la objeción respecto del referido monitoreo, ya que del análisis de otras constancias que adelante se precisan, se advierte que efectivamente como lo manifiesta la responsable, el monitoreo no está concluido, además de que únicamente se practicó entre los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio del año en curso, por lo que no contiene un seguimiento que abarque todo el periodo de campaña electoral, por lo que el mismo resulta parcial.

Se arriba a la anterior conclusión, toda vez que de la copia certificada del proyecto de acta correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo Distrital correspondiente al 05 Distrito Federal Electoral, en Zamora, Michoacán, de fecha seis de julio del año en curso, misma que obra a fojas 37 y siguientes del cuaderno accesorio 3, se hace referencia a la intervención del Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández, por medio de la que rinde un informe sobre el monitoreo que hizo a las cuatro estaciones radiofónicas del Grupo Zamora, y en esa intervención fue insistente en que el informe del monitoreo no lo tenía completo sino que únicamente era un avance de lo que se presentaría posteriormente. Asimismo, de la copia certificada del oficio número 510/2000 de fecha 15 de julio del año en curso, suscrito por el C. Carlos González Martínez, Consejero Presidente del Consejo Local Electoral en el Estado de Michoacán, dirigido al ciudadano Presidente del Consejo Distrital 05 en Zamora, Michoacán, que obra a fojas 169 y 170 del cuaderno accesorio 2, se desprende que el monitoreo de referencia fue objetado por el Presidente del Consejo Local Electoral en el Estado de Michoacán, porque únicamente fue firmado por el consejero Fernando Ramírez Hernández, y por que no se respetó la metodología acordada para realizar el monitoreo, así como por la falta de coherencia entre los datos consignados en los rubros que contiene el cuadro en el que se rinde el informe correspondiente, y no se establece medición alguna respecto al concepto de recursos técnicos por tiempo en el que se viesen reflejados los recursos empleados en los rubros correspondientes; además, por lo que hace al rubro de recursos técnicos por tiempo, sólo se presenta en forma completa para una estación, mientras que no se registra de manera completa para otra estación y no se registra ningún dato para las otras dos estaciones, y recomienda al Consejero Presidente del 05 Consejo Distrital, convenir con todos los consejeros para atender las inconsistencias mencionadas y en su oportunidad tener por requisitados debidamente los cuadros donde se reporta el monitoreo.

Asimismo, de la copia certificada de la minuta de consejeros electorales del Consejo Distrital 05 en Zamora, Michoacán, que obra a fojas 171 y 172 del cuaderno accesorio 2, se asienta al respecto que el informe del monitoreo presentado por el Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández, no es el final, pues todavía no está concluido, agregando que la primera parte de dicho informe es opinión personal del Consejero Electoral de referencia, opinión de la que los demás Consejeros se pueden deslindar y que el informe final se entregará junto con los audiocasettes usados en el monitoreo en los formatos correspondientes, con los comentarios que los consejeros electorales estimen conveniente hacer. Dicha minuta también está firmada por el Consejero Electoral Fernando Ramírez Hernández.

En consecuencia, esta autoridad no le otorga valor probatorio al mencionado informe de monitoreo.

Por otra parte, y en cuanto al hecho identificado con la letra a) de la demanda en el que el actor aduce que el candidato de referencia inició su campaña antes de su registro formal como tal, es de señalarse, que en la copia certificada de la “Certificación Notarial Para Hacer Constar Hechos”, de fecha tres de abril del año en curso, expedida por el Notario Público número 78 de la ciudad de Zamora, Michoacán, se hace constar que en las calles de Doctor Verduzco Norte, casi esquina con Lerdo de Tejada, de la ciudad de Zamora, Michoacán, en la pared oriente del edificio públicamente conocido como lo que fue el Cine “El Carmen”, aparece un letrero alusivo al Partido Acción Nacional, donde se aprecia el nombre de Arturo Laris, letrero del que se tomaron fotografías y se agregaron a la certificación.

Del análisis realizado de las imágenes fotográficas que acompañan dicha certificación, se desprende que en el mencionado anuncio no se invita a la población a votar por dicho candidato ni por el Partido Acción Nacional, sino que únicamente aparecen las siglas del Partido Acción Nacional, el nombre de Arturo Laris y el slogan “Quítale el freno al cambio”.

Lo anterior es relevante, toda vez que dicho letrero pudo ser utilizado para la campaña interna de los militantes que se interesaron en postularse como candidatos de dicho partido político, y no propiamente constituir propaganda política de campaña electoral, por lo que la prueba que se estudia resulta ineficaz para acreditar fehacientemente lo señalado por el actor en el sentido de que se trató de actos anticipados de campaña.

Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio contenido en la tesis relevante S3 EL 023/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 243-244, cuyo rubro y texto es el siguiente:

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS. Se transcribe

En consecuencia, por las características que reviste el hecho que se estudia, se arriba a la conclusión de que éste no se acredita plenamente por la ineficacia de la prueba.

A mayor abundamiento, es de señalarse que aún en el caso de que en autos estuviera acreditado lo que señala el actor, tal situación no sería suficiente para considerar que el inicio de la campaña por parte del candidato del Partido Acción Nacional antes de tiempo, haya tenido una repercusión específica o genérica que le otorgara una ventaja indebida frente a otros candidatos, vulnerando con ello de manera grave y general alguno de los principios constitucionales sobre los que deben descansar las elecciones federales, ya que las pruebas de referencia únicamente acreditan la existencia de un solo anuncio propagandístico del candidato Arturo Laris del Partido Acción Nacional, el cual resulta insuficiente para considerar que ese único letrero haya tenido una influencia general en el electorado y con ello se haya violado el principio de equidad en la contienda electoral.

En cuanto al hecho identificado en la demanda con la letra b), consistente en que el referido candidato estuvo haciendo en su campaña alusión a imágenes religiosas, es de señalarse que de la constancia consistente en la copia de un folleto propagandístico de la campaña del candidato del Partido Acción Nacional, Arturo Laris, en una de sus caras se aprecia una caricatura de una familia que está posando de frente y en el fondo aparece una iglesia; y también aparece una pareja de personas que se unen en matrimonio y en el fondo, se ve la torre de una iglesia; sin embargo, esta autoridad estima que con la prueba de mérito, si bien existen algunas referencias a signos religiosos, de ninguna forma el actor acredita que la distribución del referido folleto se haya realizado en una forma masiva, pues no indica cual fue su tiraje ni, en su caso, a que número de personas se les distribuyó, para poder determinar la gravedad de la irregularidad.

Por otra parte, y en cuanto al hecho identificado con la letra c) de la demanda, en el que el actor aduce que el Partido de la Revolución Democrática, en múltiples ocasiones fue víctima de la prepotencia y se le impidió desarrollar una campaña política libre de persecución, es de señalarse que igualmente resulta infundado lo que señala, en virtud de que no aportó prueba alguna con la acreditara su dicho. En consecuencia, es de desestimarse lo que aduce al respecto.

En cuanto al hecho de la demanda marcado con la letra d), en el que el actor aduce que empleados del ayuntamiento de Zamora, estuvieron participando en la campaña del Partido Acción Nacional, en el municipio de Zamora, es de señalarse que en autos existen las constancias suficientes para llegar a la conclusión de que un empleado del Ayuntamiento de Zamora Michoacán falleció debido a que se electrocutó cuando estaba colocando pendones del Partido Acción Nacional en la vía publica; sin embargo, también está acreditado en autos que esta persona en el momento en que falleció se encontraba disfrutando de un periodo vacacional, por lo que en el caso, no se acredita que el personal del ayuntamiento trabajaba en la campaña del Partido Acción Nacional como parte de sus funciones publicas cotidianas.

Por otra parte, y en cuanto al hecho marcado con la letra e), en el que el actor aduce que las tarifas de los spots de radio en Zamora, Michoacán, tenían un costo muy alto, de tal manera que ello le impidió al partido actor tener acceso a los promocionales radiofónicos, es de señalarse, que no lo acredita y por el contrario, de las pruebas que ofreció el partido tercero interesado, consistentes en las que se relacionan con los números 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, y 23, anteriores, adminiculadas entre sí, en términos de lo dispuesto en el párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son suficientes para tener convicción de que el partido actor contrató una serie de spots radiofónicos para su campaña en Zamora, Michoacán, en diversas fechas, que van del veinte de mayo al dos de julio del presente año, en las radiodifusoras identificadas con las claves XEZM y  XEGT de Zamora Michoacán, y de las que se desprende que no son ciertos los hechos que aduce.

En cuanto al hecho que señala el actor, consistente en que el costo de los spots radiofónicos rebasaba las tarifas autorizadas por el Instituto Federal Electoral para las campañas electorales, es de señalarse que el actor no acredita que se le hayan dado costos mas altos a los autorizados; por el contrario, de las documentales identificadas con los números 8, 10, 15 y 20, anteriores, adminiculadas entre sí, en términos de lo dispuesto en el párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son suficientes para tener la presunción de que las tarifas autorizadas para las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Zamora, fueron respetadas al estar acreditado también que el partido actor celebró sus contratos de publicidad política con dicha empresa radiofónica.

Por lo que hace al hecho que se identifica con la letra h), en el que el actor aduce que en los últimos días de campaña, una gran parte de ciudadanos zamoranos recibieron llamadas en donde se les invitaba a votar por el candidato del PAN, dada su cercanía con la señora Martha Sahagún de Fox, es de señalarse que tal hecho no está acreditado en autos, no obstante tener a la vista una denuncia formulada por dos ciudadanos consejeros del 05 Distrito Electoral Federal en Zamora Michoacán sobre esos hechos; sin embargo, de las pruebas que obran en autos no se desprende la trascendencia que sobre la elección pudieron haber tenido los hechos denunciados.

En cuanto al hecho marcado con la letra i), que el actor hace consistir en que la competencia entre los candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, fue totalmente desigual, violándose con ello el principio de equidad, es de señalarse que conforme a todos los razonamientos anteriores, el actor no acredita con ningún medio de prueba los hechos que aduce.

En consecuencia, los hechos en que el partido actor funda su agravio, de ninguna manera pueden considerarse hechos generales que hayan vulnerado alguno de los principios constitucionales sobre los que descansa el desarrollo de las elecciones federales, de tal manera que hubieran sido suficientes para llevar a la autoridad responsable a no declarar la validez de la elección y a no expedir la constancia de mayoría y validez que ahora se impugnan.

En este mismo sentido, está autoridad jurisdiccional no observa que en el caso se haya vulnerado principio alguno sobre el cual deben desarrollarse las elecciones federales; y por tanto, se concluye que el agravio expresado por el actor resulta infundado.

SEXTO.- Toda vez que el agravio que hizo valer la actora en el sentido de que se debía declarar la nulidad de la elección resultó infundado, esta Sala procede al estudio de todas y cada una de las impugnaciones que realiza, respecto de las causales de nulidad de votación en casilla.

Para el estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente asunto, esta Sala analizará los agravios referentes a las casillas impugnadas por el actor, en el mismo orden en que aparecen los incisos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas por el párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En aquellos casos en que el actor haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 23 de la última ley citada, tomará en cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto; asimismo, suplirá las deficiencias u omisiones de los agravios expresados, tomando en cuenta los que se puedan deducir de los hechos expuestos.

En ningún caso se decreta la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando los hechos o circunstancias alegadas por quien promueve el medio de impugnación, hayan sido provocadas por él mismo, tal y como lo dispone el artículo 74 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

A continuación se establece un cuadro esquemático, en el que se listan todas las casillas impugnadas y las causales de nulidad de votación invocadas por el actor.

SEPTIMO.- La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en las casillas, 2476 EXT1 y 2463 B.

El actor manifiesta, que se actualiza la causal a) del referido precepto, en virtud de haberse instalado las casillas en lugar diverso al autorizado, ya que en el caso de la 2463 B, fue cambiada de lugar en el que se debia de instalar y que legalmente el Consejo Distrital 05 había aprobado, provocando confusión al electorado y siendo un factor determinante para el resultado de la votación.

Antes de comenzar con el estudio de fondo de los agravios que generan el presente juicio, es necesario establecer que la causal invocada por la enjuiciante se entendera actualizado cuando se acrediten los siguientes extremos normativos:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo elemento, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 215 del código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos extremos que integran la causal en estudio, salvo, que no se hubiere vulnerado el principio de certeza, respecto del lugar donde los electores debían ejercer su derecho al sufragio como lo establece la tesis de jurisprudencia número 25, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 686 y 687 del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho Tribunal, que sirve como criterio orientador, cuyo rubro y texto son los siguientes:

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. Se transcribe

Para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala toma en consideración las documentales siguientes: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el dos de julio del año en curso -comúnmente llamadas encarte-; b) acta de la sesión del Consejo Distrital en la que se aprobó la relación de lugares en los que habrían de instalarse las casillas electorales el día de la elección; c) actas de la jornada electoral; d) acta circunstanciada de la sesión permanente del Consejo Distrital el día de la jornada electoral; e) oficio remitido por el H. Cuerpo de Bomberos al presidente del Consejo Distrital 05 en Zamora; y f) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral de las casillas cuya votación se impugna. Documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafos 1 y 4, y 16, párrafos 2 y 3, ambos de la ley adjetiva de la materia.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el llamado encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; si coincide o no el domicilio; en su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

De los datos asentados en el cuadro anterior, se desprenden las siguientes consideraciones:

En cuanto a la casilla 2476 EXT. 1, se aprecia que se instaló en el lugar que había sido designado previamente, ya que lo único que se omite asentar en el acta de jornada electoral es lo relativo a “Propiedad del Sr. Juan Ayala Arzate”, como aparece en la lista de ubicación e integración de casillas, comúnmente llamado encarte, sin embargo el número de la calle coincide plenamente en ambas documentales, además de que en dicha acta, que consta en autos la copia certificada a foja 0312, no se asientan incidentes relativos a que hubo un cambio en la instalación; por su parte la autoridad responsable señala que en un inicio, en la sesión del Consejo Distrital 05 de fecha 02 de mayo de 2003, se había determinado que la instalación se verificara en el No. 62, sin embargo, con fecha 27 de junio de 2003, el propio Consejo Distrital aprobó mediante acuerdo la nueva y definitiva ubicación de la casilla, que es el No. 52 de la Calle Central de la Localidad Lindavista, mismo que aparece en el respectivo encarte definitivo, en consecuencia esta Sala declara INFUNDADO, el agravio argüido por el partido actor, en virtud de que no existió ningún cambio de instalación.

Y por lo que hace a la casilla 2463 B, igualmente se omitió asentar en el acta de jornada electoral que el lugar donde se instaló la casilla era la estación de bomberos, sin embargo, la dirección asentada en el acta de jornada electoral que obra a foja 0403 de autos y en el encarte es la misma, en principio parecería que no son la misma, no obstante, en la hoja de incidentes que obra a foja 0404 del cuaderno 1-2 accesorio, la dirección se asienta correctamente. Por su parte la autoridad responsable solicitó información al Comandante del H. Cuerpo de Bomberos de Zamora, por medio del oficio 1232/2003 que obra a foja del cuaderno 2 accesorio, respecto de si se instalaron en la estación de bomberos las casillas 2463 B y 2463 C, a lo que el mismo día 17 de julio del presente año, contesto en el sentido de que efectivamente se instalaron y funcionaron las citadas casillas, aunado a que en las documentales revisadas por éste órgano no se encuentran en ninguna parte incidentes referentes a lo sostenido por el partido impugnante, motivo por el cual, resulta incierto el dicho del mismo, por lo que se declara INFUNDADO el agravio imputado.

En virtud de que en ambos casos no coincide lo asentado en el encarte y en las actas de jornada electoral resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 112-114 cuyo rubro y texto son los siguientes:

INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD. Se transcribe

Por lo anterior, resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer por la enjuiciante, respecto de la causal contenida en el inciso a) del párrafo primero del artículo 75 de la ley adjetiva, por no encontrarse actualizados los extremos exigidos por el mismo precepto.

OCTAVO.- La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso d) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Respecto de las casillas 2475 B, 2438 B, 2498 B y 1912 B.

La parte actora manifiesta que se actualiza la causal invocada, toda vez que la casilla 2475 B, se instaló a las 7:30 horas; la casilla 2438 B cerró a las 18:40 horas, sin estar electores formados en la fila desde las seis de la tarde; la casilla 2498 B se cerró a las 19:40 horas; en tanto que la casilla 1912 B, cerró despues de las 18:30 horas.

Considerando lo expuesto, la presente causal de nulidad de la votación recibida en casilla, debemos considerarla actualizada cuando se cumplan los siguientes supuestos:

a)  Recibir la votación antes de las 8:00 horas del día de la jornada electoral.

b) Recibir la votación después de que concluya la fecha señalada para la celebración de la elección, que es a las 18:00 horas.

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de conductas que coinciden con la descripción literal de los supuestos arriba referidos y que, sin embargo, no deben desembocar la nulidad de la votación por tratarse de conductas provocadas o consentidas por quien promueve la impugnación, o bien porque debido a las circunstancias especiales del caso, no se traducen en vulneración al valor de certeza que la propia causal de nulidad tutela.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala tomará en cuenta, fundamentalmente, los siguientes elementos que se incluyen en el cuadro que más adelante se presenta: la hora de cierre de la casilla asentada en el Acta de la Jornada Electoral (columna 2), que en copia certificada obra en autos y la cual, por ser un documento público hace prueba plena respecto de su contenido, conforme al artículo 16 de la Ley adjetiva electoral, la cual, aunque no debe ser confundida con la hora en que inició la recepción de los votos, sí constituye una muy importante referencia para estimar en qué momento inició la votación; la hora en la que la votación se cerró, y la justificación de la hora del cierre, en los términos en que consigna en el Acta de la Jornada Electoral (columna 3); así como la información que, en su caso, haya en las hojas de incidentes, los escritos de protesta, el Acta de Escrutinio y Cómputo, la propia Acta de la Jornada Electoral, o en cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de la votación, o de aspectos especiales sobre la forma en la que se verificaron tales eventos, como por ejemplo, si en los mismos estuvieron presentes los funcionarios de casillas y los representantes acreditados de los partidos políticos (columna 4). Elementos éstos a los que, cuando estén consignados en pruebas documentales públicas, se les conferirá pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cabe aclarar que la casilla 2475 B, impugnada en el presente considerando, del estudio de la misma, se desprende que los hechos y agravios manifestados por el partido promovente, corresponden a la causal k) del citado precepto, motivo por el cual se estudiará en el considerando respectivo.

(*)

I.       A las 18:00 horas ya no había electores.

II.     Después de las 18:00 horas, aún había electores.

III.    Antes de las 18:00 horas ya habían votaado todos.

IV.   Se recibió la votación antes de las 8:00 horas o fuera del seis de julio

En la casilla 2438 B, efectivamente, como lo señala la parte actora, se cerró a las 18:40 horas tal y como se desprende de la copia certificada del acta de jornada electoral que obra a foja 292 del cuaderno accesorio 1-1 del presente expediente, sin embargo, de la misma se desprende que no se asientan incidentes relacionados con el dicho de la enjuiciante, además de que los representantes de partido actor firmaron dicho documento si objetar absolutamente nada, así las cosas, el que se haya cerrado la casilla despues de la hora señalada por la ley, esta Sala considera que este hecho por si solo no conlleva a la determinación de anular la votación recibida en la citada casilla, por no encontrar elementos probatorios que generen certidumbre al juzgador de que se violento el valor jurídico tutelado por la presente causal de nulidad, en consecuencia se declara INFUNDADO el agravio aducido por la hoy actora.

Por lo que hace a la casilla 2498 B, en la que el actor aduce que se cerró tres minutos despues de las seis de la tarde, no representa un hecho que resulte determinante para arribar a la conclusión de que en dicha casilla se anule la votación recibida, lo anterior por considerar que se entiende que se cerró la casila en la fecha establecida, cuando el margen de minutos es tan corto como en el caso que genera la presente impugnación, lo anterior por desprenderse del acta de jornada electoral que indica que se cerró a esa hora porque hasta entonces se encontraban electores formados en la fila para votar, y en virtud de que en los apartados de incidentes correspondientes del acta de la jornada electoral que obra a foja 0513 cuaderno accesorio 1-1, no se expresan hechos relacionados con lo argüido por la hoy enjuiciante, además de que los representantes partidistas en casilla de la parte actora, no firman bajo protesta, éste órgano jurisdiccional determina que debe prevalecer la votación recibida en la casilla. En razón de lo anterior, es INFUNDADO el agravio hecho valer por no actualizarse los extremos exigidos por la causal invocada.

Finalmente en la casilla 1912 B, donde en la respectiva acta de jornada electoral que obra a foja 0227 de autos, no se asienta la hora de cierre de la votación, lo que a decir del actor actualiza la causal invocada, hecho que la autoridad responsable defiende en su informe circunstanciado, en virtud que aporta como pruebas las copias certificadas de la constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital, mismas que obran a fojas 0058 a 0060 de autos, de las que se desprende que a las 18:00 horas tuvo verificativo el cierre de la votación y que la clausura de la casilla fue a las 19:10 horas del día de la jornada electoral, así las cosas, es claro que en el presente caso, no se actualiza la causal de nulidad hecha valer por la enjuiciante, por lo que se estima INFUNDADO el agravio respecto de la citada casilla.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el partido actor en relación con la votación emitida en las anteriores casillas, por no actualizar los extremos requisitados por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso d) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

NOVENO.- La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de la votación recibida en las casillas 1930 C1; 2476 EXT 1; 2466 B; 2467 B; 2451 B; 2455 B; 2472 C; 2476 C2; 2487 C1; 1925 B; 1922 B; 1922  C1; 693 B; 708 C1; 699 C1; 1918 B; 2492 C1; 1912 C1; 2445 B; 2461 B; 2453 B; 2511 B; 2507 C; 2504 C1; y 2511 C1.

Los agravios hechos valer por la enjuiciante en su escrito de demanda resultan parcialmente fundados, respecto de las casillas 2466 B, 2472 C y 2476 C2, al tenor de los siguientes razonamientos.

Cabe aclarar en principio que la causal de nulidad en comento, se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación, efectivamente, se recibió por personas distintas a las facultadas conforme al artículo 213 del código de la materia, sea que hayan sido designadas durante la etapa de preparación de la elección, en el procedimiento relativo a la integración de las mesas directivas de casilla, o durante el día de la jornada electoral. El anterior precepto, señala que procedimiento se debe seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que ésta no se instale a las ocho horas con quince minutos. En el supuesto de que no se presente ninguno de los funcionarios designados, ni propietarios ni suplentes, el Consejo Distrital respectivo tomará las medidas necesarias para llevar a cabo la instalación; asimismo, cuando por razones de distancia o de dificultad de comunicación, no intervenga oportunamente el personal del Instituto Federal Electoral a las diez horas del día de la elección, los representantes partidistas y/o coaliciones acreditados ante las mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios para integrar las casillas correspondientes, convocando a aquellos electores que se encuentren presentes. En éste caso, se requerirá la presencia de un fedatario público para dar fe de los hechos, en caso contrario, bastará con que los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones que se encuentren presentes expresen su conformidad de común acuerdo.

Por otro lado, el artículo 118 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados encargados de recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 300 distritos electorales del país. Además, el artículo 119 del anterior Código, señala que la integración de las  casillas se harán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales.

Finalmente, el artículo 193, contempla el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla, mismo que comprende fundamentalmente procesos de insaculación y cursos de capacitación, encaminados a la preparación de los ciudadanos que ocuparán los cargos, en razón de lo anterior, es importante atender al imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios, deben cumplir con el requisito de estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección y no estar impedidos legalmente, cabe señalar que los nombramientos de funcionarios de mesa directiva de casilla, en ningún caso y por ninguna circunstancia podrán recaer a los representantes partidistas.

Cabe mencionar que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios, deben cumplir con el requisito de estar inscritos en la Lista Nominal de Electores; lo anterior de conformidad con la tesis relevante emitida por la Sala Superior de éste Tribunal, publicada en las páginas 767 y 768 de la Compilación Oficial de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1997-2002, cuyo rubro y texto es el siguiente:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. Se transcribe

En el asunto a estudio, obran en el expediente el acuerdo adoptado por el Consejo Distrital, respecto de las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalaron en el distrito; el último acuerdo asumido por el Consejo Distrital, en relación con las sustituciones de los funcionarios de casilla; las actas de la jornada electoral y las hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas impugnadas; así como las copias certificadas de los listados nominales de las secciones correspondientes, mismas que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 14 párrafo 4 incisos a) y b) y 16 párrafo 2 de la ley adjetiva de la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Asimismo, constan en autos los escritos de protesta relacionados con las casillas en estudio, los que, en concordancia con el citado artículo 14 párrafo 5 y 16 párrafo 3, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

En las casillas mencionadas al inicio del presente considerando, la parte actora aduce sustancialmente que se actualiza la causal e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral, consistente en la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, argumentando sustancialmente que al momento de instalarse las casillas, en base a lo establecido en el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se presentó alguno de los funcionarios propietarios autorizados por el Consejo Distrital, ni los suplentes, por lo que quienes recibieron la votación son personas diversas, hecho que se demuestra con los nombres y firmas de estas personas asentados en las actas que fueron levantadas en la casilla, los cuales no fueron designados por el organismo electoral competente, siendo que no aparecen en la lista nominal de la sección, o coincide otra persona con este nombre.

De acuerdo con lo manifestado por las partes, esta Sala considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas, según los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Distrital, como funcionarios de las mesas directivas de casilla, en relación con las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como tales, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral. Así como la legalidad en las sustituciones justificadas que acredite la autoridad.

En las citadas actas aparecen los espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen los espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, se atenderá también el contenido de los documentos que obran en autos relativos a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto.

Para el análisis de las casillas impugnadas por la causal de nulidad en comento, esta Sala estima adecuado realizar su estudio conforme con un cuadro esquemático, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, los nombres de los funcionarios propietarios y suplentes, así como los cargos que ocuparían según el listado oficial del Instituto Federal Electoral; en la tercera, los nombres de las personas que recibieron la votación de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral facultadas para actuar en la casilla y sus cargos; en la cuarta columna se señala a los funcionarios suplentes que fueron habilitados; en la quinta columna, se observará las coincidencias;  en la sexta columna se vertirán los nombres de los ciudadanos que no fueron designados pero que ocuparon algún cargo; y de la última columna, se obtienen los datos de si estos ciudadanos pertenecen al listado nominal de la casilla o de la sección.

De los datos asentados en el cuadro anterior, se desprenden las siguientes consideraciones;

Resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer por el partido actor, respecto de las casillas 1930 C1; 2476 EXT 1; 2467 B; 2451 B; 2455 B; 2487 C1; 1925 B; 1922 B; 1922  C1; 693 B; 708 C1; 699 C1; 1918 B; 2492 C1; 1912 C1; 2445 B; 2461 B; 2453 B; 2511 B; 2507 C; 2504 C1; y 2511 C1, toda vez que las personas que se habilitaron para fungir como miembros de las respectivas mesas directivas de casillas, aparecen en las correspondientes listas nominales.

En las casillas 1925 B, 1922 C1, 693 B, 708 C1, 699 C1, 1912 C1 y 2453 B, esta Sala determina que no le asiste la razón a la hoy actora, en virtud de que como se advierte en el anterior cuadro esquemático, los ciudadanos que fungieron como segundos escrutadores, y solo en los casos de las casillas 2445 B y 2461 B, que ocuparon cargos de primeros escrutadores, estaban designados como suplentes como se corrobora con las copias certificadas de la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, que obran en autos a fojas 1140 a 1175 del cuaderno accesorio 1-2 de este expediente, así como en el encarte publicado por el Instituto Federal Electoral el día de la jornada electoral. Así las cosas, queda evidenciado que tales sustituciones obedecieron a que las mesas directivas de las respectivas casillas impugnadas no se encontraban debidamente integradas y se procedió a habilitar a los ciudadanos suplentes, por lo que resulta claro que el procedimiento de sustitución fue con estricto y total apego a derecho, en consecuencia, esta Sala no encuentra en ninguno de los casos referidos probanzas contundentes que acrediten que se actualizan los extremos requeridos para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas citadas.

Por lo que hace a las casillas 1930 C, 2476 E1, 2467 B, 2451 B, 2455 B, 2487 C1, 1922 B, 1918 B, 2504 C1 y 2511 C1; resultan INFUNDADOS los agravios aducidos por la hoy enjuiciante, en razón del siguiente análisis.

En los estos casos no se acredita la causal invocada por el actor, en virtud, de que se habilitó a personas que estaban formadas en la fila, toda vez, que como se desprende de las hojas incidentes y actas de jornada electoral de las respectivas casillas, se comprueba que, en la casilla 1930 C, que obra en autos a foja 0201, la respectiva acta de jornada no se asentaron incidentes, y de la copia certificada de la lista nominal de electores se desprende que la C. Maria Estela Alejos Molina, aparece en la página 5 de la misma, por lo anterior, se acredita que la habilitación de esta funcionaria fue con apego a la ley, por lo que no procede declarar la nulidad de la votación recibida en esta casilla.

Respecto a las casillas 2504 C1 y 2511 C1, es evidente que las personas que actuaron en las citadas casillas, no vulneran lo señalado por la ley adjetiva, por tratarse de ciudadanos formados en la fila; en la primera casilla, la C María Guadalupe Vega Cruz, que según se desprende del acta de la jornada electoral como incidente, que no se presentó el segundo escrutador, por lo que se le habilitó debidamente ya que se encuentra en el listado nominal de la casilla correspondiente, lo que se corrobora con la copia certificada que obra a foja 0114. En el segundo caso, por una parte, se habilitó al segundo suplente como primer escrutador, lo cual representa un acto justificado y contemplado por el ordenamiento legal, ya que aparece en el encarte oficial de instalación y ubicación de casillas, y por la otra, se tomó de la fila a la C. Martha Aviña Maldonado, como segundo escrutador, sin asentar incidentes relacionados con este hecho, como se corrobora del acta de jornada electoral y la hoja de incidentes respectivas que obran a fojas 0383 y 0384 del expediente, aunado a que la ciudadana citada aparece registrada en el listado nominal correspondiente, como se acredita con la copia certificada que obra a foja 0116 del expediente. Esta Sala determina que los anteriores acontecimientos no constituyen la actualización de la causal de nulidad invocada por la enjuiciante y en conclusión se decreta no anular la votación recibida en las casillas citadas.

En relación a la casilla 2476 E1, en el acta de jornada electoral, se asienta el incidente de que por falta de personal, la casilla se abrió a las 10:24 horas, tomándose a la C. Verónica Medina Cortez de la fila, para fungir como segunda escrutadora debido a que dicha ciudadana aparece registrada en la página 5 de la lista nominal de la casilla, misma que obra en autos a foja 0126; el mismo hecho aconteció en la casilla 1918 B, donde se habilitó a un suplente para fungir como primer escrutador, en el apartado correspondiente del acta de jornada electoral y en la hoja de incidentes, se asienta el incidente que señala que no llegó a tiempo un funcionario y se tomó al C. Fernando Rodriguez Zamudio, para fungir como segundo escrutador; así lo hechos y por lo anterior, se arriba a la conclusión que en el caso de la casilla estudiadas no se actualiza la nulidad invocada, y en virtud de que no se aportan otros elementos que comprueben que dicha integración fue contraria a la ley, esta Sala infiere que no le asiste la razón al partido actor, declarando INFUNDADO el agravio que se resuelve.

Respecto a la casilla 2451 B, el ciudadano Ezequiel Espinoza Guajardo, quien fungió como segundo escrutador, aparece en el listado nominal como Ezequiel Espinoza Fajardo, en principio, parecería que son dos personas distintas, sin embargo del análisis, del acta de jornada electoral que obra a foja 0254, no se desprende incidente alguno relacionado con esta apreciación, lo que si se presume es que el encargado del llenado del acta, pudo haber asentando erróneamente el nombre de “Guajardo” en vez de “Fajardo”, ya que coinciden el nombre y el primer apellido de dicha persona, por lo que el error es de letras, representando este hecho un error de asentamiento. Por otra parte, adminiculados los elementos encontrados, en el apartado de incidentes se asienta que faltó un escrutador y se tomo a un ciudadano de la fila para cubrir el cargo, mismo que aparece inscrito en la correspondiente lista nominal de la casilla, y ya que de autos no se encuentran elementos que generen duda sobre la persona que actuó en dicha casilla, el agravio deviene INFUNDADO y por tal razón, esta Sala determina no anular la votación recibida en la misma, por no integrarse los elementos necesarios para actualizar la causal invocada.

Por cuanto hace a las casillas 2467 B, 2455 B y 1922 B tampoco se actualiza la causal invocada, en virtud, de que en las referidas casillas los ciudadanos que fungieron como escrutadores aparecen en las respectivas de listas nominales además de que en las actas de jornada electoral que obran en el expediente, no se manifiesta que hubo incidente alguno, por lo que se determina preservar la votación emitida en dicha casilla y declarar INFUNDADO el agravio hecho valer.

En la casilla 2487 C1, en las documentales públicas, como son el acta de jornada electoral y la hoja de incidentes que obran a fojas 0330 y 0331 respectivamente, se manifiesta que la única eventualidad ocurrida el día de la jornada electoral fue que no se presentaron el secretario y el segundo escrutador, por lo que se deduce que las ciudadanas Ventura Juárez Gabriela y Verduzco Manzo Adriana, fueron tomadas de la fila con la finalidad de integrar la casilla y recibir la votación ciudadana, esto, sin contravenir lo establecido por la ley, en virtud de que las mismas ciudadanas se encuentran registradas en la página 29 de la copia certificada de la lista nominal correspondiente, misma que obra en el presente expediente a foja 0082, por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al actor.

Finalmente, en cuanto a las casillas 2492 C1,  2511 B y 2507 C, resulta INFUNDADO el dicho del partido enjuiciante, en virtud de no acreditarse los extremos exigidos por el artículo 75 párrafo 1 inciso e), en razón del siguiente análisis.

En la casilla 2492 C1, fungió como presidente de la mesa directiva de casilla, el C. Gustavo Fraga Alvarez, quién fue tomado de la fila, cabe destacar que el procedimiento establecido por la ley, señala que en caso de que falte alguno o algunos de los miembros previa y legalmente designados, se procederá a recorrer a los funcionarios en el orden en que aparezcan, lo anterior fue algo que debió privilegiarse en el presente caso, toda vez, que se encontraban presentes el secretario y los escrutadores, sin embargo, este hecho tampoco es suficiente para actualizar la causal invocada por la enjuiciante, ya que como se desprende de autos con el acta de jornada electoral y en la hoja de incidentes queda demostrado que no se presentaron incidentes relacionados con este hecho, así como también el representante del partido actor firma sin protesta las respectivas documentales, además, el ciudadano en comento pertenece a la misma sección, tal y como se desprende de la página 18 de la lista nominal correspondiente, misma que obra en el expediente, por tales motivos, se resuelve tener por no actualizada la causal invocada en el ocurso de la hoy actora.

Por lo que hace a la casilla 2511 B, ninguno de los funcionarios propietarios que estaban previamente designados para fungir el día de la jornada electoral estuvieron presentes, por lo que se tomó de la fila a las C.C. Hilda González Alfaro como presidente, Guadalupe González Aviña como secretaria, y Agustín López Amezquita como segundo escrutador, estando presente también el tercer suplente quién se desempeñó como primer escrutador, sin embargo, es lógico pensar que el día de la jornada electoral se pueden presentar muchas eventualidades que puedan dificultar el desarrollo de la votación, tales como que los ciudadanos previamente designados no actúen con responsabilidad al asistir a cumplir con la labor para la cual ya habían sido capacitados y designados, y al ser este un motivo que originó la presente impugnación, ésta no es causa suficiente para anular la votación en la citada casilla, toda vez que como se comprueba con las listas nominales que obran en el expediente, los ciudadanos que fungieron como funcionarios se encuentran comprendidos dentro de la misma sección a la cual pertenece la mesa directiva de casilla, en consecuencia, esta Sala declara que debe prevalecer la votación recibida, en virtud probarse fehacientemente el dicho del actor.

En lo concerniente a la casilla 2507 C, no le asiste la razón a la parte actora, al señalar que se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por la ley, en virtud de que la C. Sara Morales Chávez, se desempeñó como segundo escrutador, y no se encontraba previamente designada; lo anterior, resulta a todas luces incierto, puesto que la ciudadana aparece en el encarte que obra en el expediente a foja 1171, como funcionario suplente de la casilla 2507 B, este hecho demuestra que la ciudadana estaba previamente capacitada, que pertenecía a la sección de donde se impugna la casilla y que estaba designada, por lo que esta Sala considera que si bien, se cambió de casilla pero no de sección, esto no produce la consecuencia de anular la votación, puesto que se encuentra dentro de lo permitido por la legislación electoral.

Finalmente respecto del cuadro anterior se desprende que en lo que respecta a las casillas 2466 B, 2472 C y 2476 C2, resultan FUNDADOS los agravios hechos valer por el partido actor, toda vez que se actualizan los extremos exigidos por el inciso e) de artículo 75 de la ley adjetiva, en virtud de que en dichas casillas se recibió la votación por personas distintas a las que estaban autorizadas por la autoridad.

Por lo que hace a la casilla 2466 B, como se aprecia en el anterior cuadro, el C. J. Carlos Valadez Villanueva fungió como primer escrutador, y toda vez que la autoridad responsable reconoce en su informe circunstanciado que dicho ciudadano se encuentra inscrito en el cuadernillo de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para la Elección del 6 de julio de 2003, correspondiente a la sección 2498, sección que es distinta a la casilla 2466 B, en donde participó. En el caso de la casilla 2472 C, la C. Martha Patricia Marrón García fungió como Secretario de la mesa directiva de casilla, a quién la autoridad responsable también reconoce que pertenece a la sección 2488 como se desprende de la página 4 de la lista citada anteriormente. Por último, en la casilla 2476 C2 respecto de la C. María del Rosario Sotelo Hernández, quién se desempeño como segunda escrutadora, igualmente la responsable manifiesta que en la página 23 de la citada lista definitiva también se corrobora que dicha ciudadana pertenece a la sección 2437; de todo lo anterior, se arriba a la siguiente conclusión.

De análisis de las copias certificadas de las listas nominales que obran en autos, se desprende que efectivamente los respectivos ciudadanos no aparecen inscritos en las secciones en donde fungieron como miembros directivos de casillas.

Por lo anterior, resulta FUNDADO el agravio hecho valer por la enjuiciante, respecto de las casillas 2466 B, 2472 C y 2476 C2, en virtud de que las habilitaciones antes mencionadas vulneran lo señalado por la ley, en virtud de que los ciudadanos habilitados para fungir como miembros directivos de casilla, no estaban inscritos en la lista nominal de la sección a que pertenecen, ni estaban designados para integrar las mesas directivas de casilla por la autoridad, razones por las cuales procede a anular la votación recibida en dichas casillas. Lo anterior con sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior de éste Tribunal, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 191-192, cuyo rubro y texto es el siguiente:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares). Se transcribe

De las anteriores consideraciones, los agravios hechos valer por la parte actora, resultan INFUNDADOS, respecto de las casillas 1930 C1; 2476 EXT 1; 2467 B; 2451 B; 2455 B; C2; 2487 C1; 1925 B; 1922 B; 1922  C1; 693 B; 708 C1; 699 C1; 1918 B; 2492 C1; 1912 C1; 2445 B; 2451 B; 2453 B; 2511 B; 2507 C; 2504 C1; y 2511 C1, por no acreditarse lo hecho valer por la parte actora; y  FUNDADOS, respecto de las casillas 2466 B, 2472 C y 2476 C2, por haberse actualizado lo previsto en el párrafo 1 inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

DECIMO.-  La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso f) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en las casillas, 690 C1, 1920 C2, 707 C1, 1898 C, 2494 B, 2497 C1, 1914 B, 2459 B, 1914 C1, 2462 B, 2488 C1, 2499 B, 2503 C1, 2502 C1 y 2460 C1.

Esta Sala considera que es INFUNDADO respecto de las casillas citadas al tenor del siguiente análisis.

Antes de comenzar con el estudio de fondo, es necesario que para que pueda decretarse la nulidad de la votación recibida en una casilla con base en la causal establecida en el párrafo 1, inciso f) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, deben acreditarse plenamente los siguientes elementos:

a)    Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y

b)    Que sea determinante para el resultado de la votación.

Respecto del primer elemento, este Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que por error debe entenderse cualquier idea o expresión no conforme a la verdad, o que tenga diferencia con el valor exacto, y que, jurídicamente, implica ausencia de mala fe. Por el contrario, el dolo debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira.

Ahora bien, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente, y que, por el contrario, existe la presunción juris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor de manera imprecisa señale en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento.

Por otra parte, atendiendo a la terminología empleada en las resoluciones del Tribunal Electoral en sus distintas épocas, se entenderá que existen votos computados de manera irregular cuando resulten discrepancias entre las cifras relativas a los siguientes rubros del acta de escrutinio y cómputo de casilla: "Total de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, resoluciones del Tribunal Electoral, representantes de partidos políticos y coaliciones, y en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales"; "total de boletas depositadas en la urna "; y "votación total emitida" que deriva de la suma de los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos o coaliciones, de los candidatos no registrados y los votos nulos, que aparecen en el apartado de "Resultados de la votación" del acta de escrutinio y cómputo.

Lo anterior es así, en razón a que en un marco ideal, los rubros mencionados deben consignar valores idénticos; en consecuencia, las diferencias que en su caso reporten las cifras consignadas para cada uno de esos rubros, presuntivamente implican la existencia de error en el cómputo de los votos.

Ahora bien, lo afirmado en el párrafo que precede no siempre es así, considerando que, razonablemente, pueden existir discrepancias entre el número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a la lista nominal y los valores que correspondan a los rubros "votos encontrados en las urnas" y "votación emitida", puesto que dicha inconsistencia puede obedecer a aquellos casos en que los electores optan por destruir o llevarse la boleta en lugar de depositarla en la urna correspondiente; sin embargo, en tanto no se acrediten circunstancias como las antes descritas, para los fines del presente estudio, la coincidencia o inexactitud que registren los rubros de mérito, serán considerados como si hubiesen sido producto de error en el cómputo de votos.

Igualmente, para los efectos de la causal de nulidad en estudio, existen otros mecanismos que, sin referirse precisamente a los rubros relativos a los cómputos de los votos, nos permiten establecer la veracidad de los "resultados de la votación" o votación emitida; así, en el análisis del posible error, se estima que deben incluirse también los rubros de "boletas recibidas" del acta de la jornada electoral y el diverso "boletas sobrantes" de su similar de escrutinio y cómputo. Lo anterior es así, puesto que, tentativamente, las boletas recibidas habrán de traducirse en votos, razón por la cual, la cantidad de boletas recibidas, presuntivamente deben de coincidir con las cifras del acta de escrutinio y cómputo correspondientes a los apartados del "resultado de la votación" más el número de boletas sobrantes, que para los fines del presente considerando, en su conjunto los denominaremos como "boletas utilizadas", por lo tanto, de haber alguna diferencia entre tales cantidades, existiría un error cuya naturaleza podría incidir en el cómputo de los votos.

Por lo que ve al segundo de los elementos de la causal, a fin de evaluar si el error que afecta el procedimiento de escrutinio y cómputo de casilla es determinante para el resultado de la votación, se tomará en consideración si el margen de error detectado es igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido el error detectado, el partido al que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Para establecer con mayor facilidad la existencia de algún error en la computación de los votos, así como para valorar si éste es numéricamente determinante para el resultado de la votación, en este considerando se presenta un cuadro integrado por catorce columnas.

En el primer apartado, se anota el número de la casilla cuya votación solicitada sea anulada; así como su orden numérico.

En la columna "1" se asienta el total de boletas recibidas en la casilla para la elección de que se trata.

En la columna “2” se consigna el total de las boletas sobrantes e inutilizadas en la casilla.

En la columna "3" se consigna la diferencia existente entre los datos consignados en las columnas “1” y “2”; es decir, la diferencia que resulte de confrontar al total de boletas recibidas, menos las boletas sobrantes.

En la columna “4” se consigna el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, incluidos los representantes de partido que hayan votado en la casilla sin estar incluidos en dicho listado y aquellos que hubieren sido autorizados para dicho efecto por el Tribunal Electoral, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano correspondiente. Respecto de las casillas especiales, se asienta el número de ciudadanos que votaron de acuerdo con el acta de electores en tránsito.

En la columna “5” se consigna el total de votos depositados en la(s) urna(s) para la elección de que se trata.

En la columna “6” se expresa el total de la votación emitida para la elección de que se trata, que resulta de sumar los votos emitidos a favor de los candidatos registrados y no registrados más los votos nulos.

En la columna “7” se refiere el número de votos emitidos a favor del partido o coalición que haya obtenido el primer lugar en los resultados de la casilla.

En la columna “8” se consigna el total de votos emitidos en esa casilla a favor del partido o coalición que ocupó el segundo lugar en la misma.

En la columna “A” se consigna la cantidad que representa la diferencia más alta que aparece en la confrontación de las cantidades vertidas en las columnas “7” y “8”.

En la columna “B” se van a comparar los datos aportados en las columnas 3, 4, 5 y 6, es decir, las diferencias mayores que aparezcan entre el resultado de comparar boletas recibidas menos boletas sobrantes, ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, votos encontrados en la urna y resultado de la votación, para encontrar el error.

En la columna “C” para determinar si este error es determinante para el resultado de la votación en la casilla se compararán las cifras obtenidas en las columnas "A" y "B" y si la cifra señalada en la columna "B" que es superior o igual a la señalada en la columna "A", será determinante, en caso contrario no será determinante para el resultado de la votación en la casilla.

Como se advierte, entre las cifras asentadas en las diversas columnas debe haber correspondencia aritmética. El número de votos encontrados en la(s) urna(s) (columna "5"), deberá ser igual al total de la votación emitida (columna "6"), y éste igual al número de ciudadanos que votaron (columna "4"), atendiendo a la premisa de que a un ciudadano le corresponde solo un voto.

Ahora bien, la falta de correspondencia aritmética o inconsistencia entre las cifras referidas anteriormente, la existencia de espacios en blanco en las actas por no haberse anotado en ellos cifra alguna, no siempre podrán considerarse estrictamente como un error para los efectos de la causal de nulidad que aquí se analiza, ni tampoco podrá considerarse que tal inconsistencia sea necesariamente una irregularidad imputable a los funcionarios de la mesa directiva de la casilla.

En efecto, cabe advertir que en ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre las boletas recibidas, por una parte, y la suma de las boletas extraídas de la urna y las boletas sobrantes, o bien, entre el número de ciudadanos que votaron, la cantidad de boletas encontradas en la urna y la cifra correspondiente de la votación emitida. Ello puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las hayan llevado sin depositarlas en las urnas, independientemente de que tales conductas pudieran tipificar algún delito de conformidad con la legislación aplicable; asimismo, en otros supuestos, puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no hayan incluido entre los electores que votaron conforme a la lista nominal a algún ciudadano por descuido, o bien a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la respectiva casilla que también hayan votado, ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal efecto de este Tribunal Electoral, y que de haber ocurrido así, obviamente aparece que hubo un mayor número de boletas encontradas en la urna y de votos emitidos y depositados en la urna que el de aquel total de electores inscritos en la lista nominal que votaron.

Cabe señalar que tales inconsistencias no siempre constituyen un error, como puede advertirse en el texto de la Tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior de este Tribunal, identificada con clave de publicación S3ELD08/97, visible en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes”, dispone lo siguiente:

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Se transcribe

En consecuencia, se considerará como error en el cómputo, la inconsistencia aritmética no subsanable, entre las columnas que consignan los siguientes datos:

1. Votación emitida;

2. Ciudadanos que votaron;

3. Votos encontrados en la urna, y

4. Boletas recibidas menos boletas sobrantes.

Sancionar la inexacta computación de los votos, tutela los valores de certeza y objetividad respecto del resultado electoral, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

En su escrito de demanda, la parte actora manifiesta que en las casillas 690 C1, 1920 C2, 707 C1, 1898 C, 2494 B, 2497 C1, 1914 B, 2459 B, 1914 C1, 2462 B, 2488 C1, 2499 B, 2503 C1, 2502 C1 y 2460 C1, hubo error o dolo en esta etapa de la jornada electoral, lo cual representa un hecho grave no reparable para su partido, hechos ocurridos durante el día de la jornada electoral, lo anterior, sin mencionar en que consiste dicho error, resultando determinante el mismo para el resultado de la votación.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala tomará en cuenta, fundamentalmente, los elementos que se consignan en el cuadro esquemático que a continuación se presenta, cuyo contenido e integración ya han quedado explicados en este mismo considerando.

Como se advierte de los datos del cuadro anterior, respecto de las casillas 690 C1, 2460 C1, 2499 B y 2502 C1, de los datos asentados en la copias certificadas de las actas de escrutinio y computo, que obran en el expediente, que son pruebas documentales públicas, de conformidad con los artículos 14, párrafo 4 inciso a), y 16, párrafo 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda vez que se trata de copias certificadas expedidas por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones, con valor probatorio pleno, en virtud de que no existe prueba en contrario que contradiga la veracidad de su contenido, se advierte los siguiente.

En las casillas 2460 C1 y 2499 B, los apartados de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, con sentencias del tribunal y con representantes de partidos políticos o coaliciones, aparecen en blanco en las respectivas copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo que obran en autos a fojas 0275 y 0354 respectivamente, documentales públicas anteriormente valoradas, sin embargo, ha sido criterio reiterado de este Tribunal que el mencionado error puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida, porque si bien es cierto que tal omisión constituye un indicio, también lo es, que por si solo este no es prueba suficiente para actualizar los extremos de la causal invocada por la parte actora, así entonces y como se realizó en el respectivo cuadro, de la enmienda realizada por esta Sala, se aprecia plena congruencia y equivalencia entre los valores de los rubros consignados en las respectivas actas, por lo que se arriba a la conclusión, de que no le asiste la razón a la hoy enjuiciante, por no acreditarse los extremos exigidos para la actualización de la causal invocada.

Por otra parte en las casillas 690 C1 y 2502 C1; como se advierte de las copias certificadas que obran en autos, se advierte que son errores de asentamiento de funcionarios de las mesas directivas de casilla, toda vez que en la primera de ellas aparece dicho rubro con cero votos, por lo que al subsanar esta cantidad con los demás valores asentados en el acta, las cantidades concuerdan con las demás; caso contrario en la casilla 2502 C1, puesto que la cifra asentada de 473 (cuatrocientos setenta y tres) ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, corresponde al número de personas inscritas en la lista nominal de electores según lo asentado en el acta de la jornada electoral, por lo que resulta una confusión al asentar los datos de las diversas actas, resulta lógico concluir que si la votación total emitida, el total de boletas depositadas en la urna y el resultado de la operación de restar las boletas recibidas de las sobrantes son idénticas, es evidente el error de asentamiento, razones por las que se deduce que en ambos casos queda evidenciado que se trata de omisiones o descuidos de los ciudadanos encargados del llenado de las actas de escrutinio y cómputo, así las cosas y conforme al criterio sostenido por éste Tribunal se declaran infundados los agravios hechos valer por la hoy actora.

Del referido cuadro esquemático y por lo que hace a las casillas 2488 C1, 2494 B y 2497 C1, se arriba a las siguientes consideraciones:

De las casillas 2488 C1 y 2494 B, los datos se obtuvieron de las actas de escrutinio y cómputo levantadas ante el consejo, y de las actas de jornada electoral, mismas que obran en el expediente, pruebas documentales públicas valoradas en el presente considerando, de las cuales el dato faltante es el de total de boletas depositas en la urna; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia citada a foja 55 de la presente resolución, misma que señala que si del análisis se deduce que no existe error, o que éste no es determinante para modificar el resultado de la votación, y el mismo puede ser subsanado con los valores consignados en los otros apartados, los cuales son coincidentes y equivalentes, como es en el presente estudio, y siendo que en el caso de las citadas casillas, los errores que se presentan no son contundentes ni determinantes para el resultado de la votación, aunado a que dichas actas, como ya se menciono anteriormente, fueron revisadas en el cómputo distrital como lo señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en consecuencia, se arriba a la conclusión firme que no se actualizan los extremos exigidos para el surtimiento de la causal invocada.

Lo mismo sucede en la casilla 2497 C1, donde se aprecia que aparece en blanco el rubro de total de boletas depositadas en la urna, sin embargo y dada la total coincidencia del resto de los datos asentados en la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo que obra a fojas 0349 del expediente, esta Sala concluye que la omisión de este dato no deriva propiamente de un error en el cómputo, sino de un error de tipo involuntario que no guarda relación con aquél, motivo por el cual, dicha omisión no afecta la validez de la votación, en razón de que los datos asentados coinciden totalmente, en tal virtud, resultan infundados los agravios hechos valer por la hoy enjuiciante.

Finalmente, por lo que respecta a las casillas 1920 C2, 707 C1, 1898 C1, 1914 B, 2559 B, 1914 C1, 2462 B y 2503 C1, como se desprende del análisis de las actas de escrutinio y cómputo y al comparar las cifras asentadas en las columnas de boletas recibidas menos boletas sobrantes, ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, el total de boletas depositadas en la urna y la votación total emitida, se desprende que efectivamente existen discrepancias mínimas en los valores mencionados, sin embargo, éstas son equivalentes y congruentes entre si, y menores a la diferencia de votos que existe entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en las casillas, por lo que dichas diferencias en ningún caso resultan determinantes para el resultado de la votación, y por tanto no se acredita el error aducido por la enjuiciante en el computo de los votos.

En razón de las anteriores consideraciones, esta Sala declara INFUNDADOS los agravios hechos valer por el partido actor, respecto de las casillas 690 C1, 1920 C2, 707 C1, 1898 C, 2488 C1, 2494 B, 2497 C1, 1914 B, 2559 B, 1914 C1, 2462 B, 2499 B, 2503 C1, 2502 C1 y 2460 C1, por no actualizarse la causal de nulidad contenida en el artículo 75 inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.-  La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso g),  del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de la propia ley adjetiva.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en cinco casillas, que son las siguientes: 1921 B; 2456 C 1;  2463 B; 2498 C1 y 2503 B

Cabe aclarar que en cuanto a la casilla 2498 C1, si bien el actor manifiesta que por considerar que se actualizó la causal a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, e en la misma se actualizó la causal contenida en el inciso j) del propio artículo 75 de la Ley adjetiva electoral, consistente en impedir, sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, esta Sala, con fundamento en el artículo 23, párrafo 3 de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, supliendo la cita equivocada de los preceptos jurídicos, encuentra que la misma debe ubicarse dentro de la causal referida en el inciso g), en virtud de que en el acta de la jornada se señala como incidente que “un ciudadano votó cuando no aparecía en la lista nominal”.

En su demanda el actor manifiesta que se actualiza la causal contenida en el inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que el día de la jornada electoral se presentaron electores pertenecientes a otras secciones electorales a votar en las casillas impugnadas.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, expuso que la causal podría actualizarse respecto de las casillas 1921 B, 2456 C1 y 2503 B, en tanto que, respecto de la casilla 2463 B, debe declararse improcedente.

El tercero interesado fijó su oposición a la pretensión del actor al apoyar la legalidad de los actos realizados por las mesas directivas de casilla.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, esta Sala procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas se actualiza la causal de nulidad de referencia, para lo cual se deben colmar los siguientes elementos esenciales:

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho a ello, ya sea porque no mostraron su credencial para votar o porque su nombre no aparecía en la lista nominal de electores; y

b) Que se pruebe que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para acreditar este segundo elemento, debe demostrarse fehacientemente, que la irregularidad ocurrida en la casilla es decisiva para el resultado de la votación, y que de no haber ocurrida, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este fin, puede compararse el número de personas que sufragaron irregularmente, con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar y considerar que si el número de personas es igual o mayor a esa diferencia, se colma el segundo de los elementos, y por ende, debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla.

También puede actualizarse el segundo de los elementos, cuando sin haber demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, queden probadas en autos circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y por tanto, se afectó el valor que tutela esta causal.

En el caso en estudio, obran en el expediente las actas de la jornada electoral, las de escrutinio y cómputo, así como las hojas de incidentes de las casillas impugnadas, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Asimismo, constan en autos diversas documentales privadas y  técnicas, las que en concordancia con el citado artículo 16, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

A continuación se presenta un cuadro esquemático respecto del número de casillas en que el actor señala que se permitió votar a ciudadanos cuyos nombres no estaban en las listas nominales o no contaban con credencial para votar y que se les permitió votar, con la especificación de la diferencia de votación obtenida en cada casilla por las formulas que obtuvieron el primer y segundo lugar en la votación y si dicha irregularidad es determinante para el resultado de la votación.

Como puede observarse de los datos del cuadro que antecede, si bien en las casillas 1921 B, 2456 C1, 2498 C1 y  2503 B, de acuerdo con lo asentado en las respectivas actas de la jornada electoral, en las actas de escrutinio y cómputo y en su caso, las hojas de incidentes que en copia certificada obran en autos y a las cuales, como anteriormente se señaló, se les otorga pleno valor probatorio por tener calidad  de documentos públicos, se desprende que se permitió votar en forma ilegal a una persona en cada una de las casillas, y por tanto existió una irregularidad, sin embargo, dada la diferencia que existe en las cuatro casillas, entre las formulas de candidatos que ocuparon el primer y segundo lugar en la votación, que fue, respectivamente de 23, 20, 45 y 29 votos, es claro que la violación no resulta determinante para el resultado de la votación, en consecuencia son INFUNDADOS los agravios hechos valer.

Respecto a la casilla 2463 B, en el acta de la jornada, al igual que en la hoja de incidentes se indica que “Durante la jornada vinieron a votar unas personas con número de casilla 2443 y no se les permitió votar”, de donde se concluye que no existió la irregularidad que reclama la enjuiciante ya que como expresamente se señala, no se les permitió votar, en tanto que el precepto supuestamente violado requiere para que se actualice, que se haya permitido votar a quien no esté en la lista nominal o quien no cuente con su credencial para votar con fotografía y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación emitida en las casillas 1921 B, 2456 C1, 2463 B, 2498 C1 y 2503 B, por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que ninguno fue determinante para el resultado de la votación.

DÉCIMO SEGUNDO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso i) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casillas o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en dieciocho casillas: 2439 B; 2443 C1;  2446 B; 2489 C2 ; 2450 C1; 2464 B; 2471 C1; 2472 B; 2474 C1; 2475 B; 2482 B; 2488 C1; 2493 B; 2493 C1; 2495 B; 2496 B; 2496 C1;  y 2499 B.

En su demanda, el actor manifiesta que se actualiza la causal de referencia, en virtud de que en todas las casillas mencionadas participaron como representantes de casilla y generales por parte del Partido Acción Nacional funcionarios del Ayuntamiento, por lo que se ejerció presión sobre el electorado que acudió a votar en dichas casillas, ya que al momento de entrar los electores a las casillas, se encontraron con un servidor público del Ayuntamiento plenamente identificado como militante del Partido Acción Nacional, el cual abordaba a los electores para saludarlos y con su sola presencia se estableció el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, afectándose la libertad del elector, provocando una conducta que fue reflejada en el desarrollo de la votación de manera definitiva, hecho que significa presión y coacción al intimidar dicho funcionario a los integrantes de la mesa directiva de casilla y a los electores desde la instalación de la casilla hasta el cierre de la misma.

Manifiesta también que el día de la Jornada Electoral, hubo propaganda en la casilla 2464 B, situación que presiona al electorado e influye al momento de emitir su voto. 

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable expuso que resulta falso que todos los representantes que menciona el partido actor sean funcionarios públicos que presten sus servicios en el municipio, ya que de los diecinueve casos que menciona el promovente, en ocho no fungieron como representantes del Partido Acción Nacional durante la jornada electoral y en cuanto a los que si son funcionarios públicos, los mismos no tienen cargos de mando superior. Agrega que además, el Consejo Distrital no tiene atribuciones para negar el registro de representantes ante las mesas directivas de casilla y generales de los partidos políticos a quienes tengan carácter de funcionarios públicos, puesto que la legislación de la materia no señala tal impedimento.

El tercero interesado fijó su oposición a la pretensión del actor al señalar que resultan falsas las imputaciones respecto de los representantes de casilla y generales citados, pues algunas de las personas que menciona no estuvieron presentes durante la jornada y otras no son funcionarios públicos como pretende el actor, además de que en las casillas no se señalan irregularidades e incidente alguno, además, según consta en el oficio número SM/2547/07/2003 remitido por el Secretario del Ayuntamiento de Zamora, ninguno de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en el Municipio se encontraban laborando o en comisión por parte de esa autoridad o en alguna actividad que devengara salario por parte de la misma el día seis de julio del dos mil tres.

Las disposiciones legales referidas, protegen los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

Luego entonces, para la actualización de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es preciso que se acrediten plenamente tres elementos:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto del primer elemento, por violencia física se entienden aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas y la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos en provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; lo anterior, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia J.43/91, publicada en las páginas 689-690, del Tomo II de la Memoria 1994 del Tribunal Federal Electoral, aplicada en lo conducente como criterio orientador, en términos del artículo Quinto Transitorio del Decreto que por el que se reforman diversas disposiciones de distintos ordenamientos y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, bajo el rubro:

VIOLENCIA FISICA O PRESION. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. Se transcribe

Los actos públicos de campaña o de propaganda política con fines proselitistas, orientados a influir en el ánimo de los ciudadanos electores para producir una disposición favorable a un determinado partido político o candidato al momento de emisión del voto, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como forma de presión sobre los electores que pueden lesionar la libertad y secreto del sufragio.

Los actos de violencia física o presión sancionados por la causal, pueden ser a cargo de cualquier persona y deben haber ocurrido con anterioridad a la emisión de los votos para poder considerar que se afectó la libertad de los electores o de los integrantes de la mesa directiva de casilla.

En relación con el tercer elemento, a fin de que se pueda evaluar de manera objetiva si los actos de presión o violencia física sobre los electores, son determinantes para el resultado de la votación en la casilla, es necesario que el demandante precise y pruebe las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se dieron los actos reclamados. En un primer orden, el órgano jurisdiccional debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia física, para, en un segundo orden, comparar este número con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación en la casilla, de tal forma, que si el número de electores es igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse la irregularidad como determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También puede tenerse por actualizado el tercer elemento, cuando sin tenerse probado el número exacto de electores cuyos votos se viciaron por presión o violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de modo, lugar y tiempo, que demuestren que un gran número de sufragios emitidos en la casilla se viciaron por esos actos de presión o violencia sobre los electores o los integrantes de la mesa directiva de casilla, y por tanto, esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final pudiese haber sido distinto, afectándose el valor de certeza que tutela esta causa.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, esta Sala procede a determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso i) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La causal de referencia se relaciona con lo prescrito en el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como características del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores.

Para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del actor, es necesario que queden acreditadas sus afirmaciones. En el caso en estudio, obran en el expediente las actas de la jornada electoral y las hojas de incidentes, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Asimismo constan en autos escritos de incidentes, escritos de protesta, así como documentales privadas, que en concordancia con el citado artículo 16, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación emitida en las casillas 2439 B; 2443 C 1;  2446 B; 2489 C 2; 2450 C 1; 2471 C 1; 2472 B; 2474 C 1; 2475 B; 2482 B; 2488 C 1; 2493 B; 2493 C 1; 2495 B; 2496 B; 2496 C 1; y 2499 B,  toda vez que si bien es cierto que como lo reconoce la responsable y el partido tercero interesado en su informe circunstanciado y en su escrito de comparecencia respectivamente y como se acredita del oficio SM/2547/07/2003, de 18 de julio de dos mil tres, por el que el Secretario del Ayuntamiento de Zamora informa al compareciente en este juicio, en atención a su solicitud, respecto de las personas que laboran en dicho Ayuntamiento y que participaron como representantes del Partido Acción Nacional ante las casillas y generales el día de la jornada, que algunas de dichas personas sí prestan sus servicios al Municipio, aclarando que ninguna de ellas se encontraba laborando o de comisión en alguna actividad que devengara salario por parte del Ayuntamiento el día seis de julio en que se realizó la jornada electoral.

Así, menciona que las personas que fungieron como representantes del Partido Acción Nacional ante las casillas el día de la jornada electoral: los CC. Ayala Gómez José Antonio, ante al casilla 2439 B; Ríos García Rafael, casilla 4443 C1; Heredia Ortíz María Margarita, casilla 4446 B; Hernández Montes J. Jesús 2489  C2; Alfaro Villa Ramón, casilla 2471 C1; Yañez Méndez Ma. Guadalupe casilla 2472 B; Carbajal González Pedro, casilla 2474 C1; Becerra Dueñas Héctor Gerardo, casilla 2475 B; Rodríguez González Francisco Ismael, casilla 2488 C1; Ayala Casillas Rubén, casilla 2493 B; Paz Garibay José María casilla 2493 C1; Montes Silva Carlos, casilla 2496 B; Gaytán Pérez Emperatriz, casilla 2496 C1; Navarro Méndez Alejandro, casilla 2499 B;  García García Juan Carlos, casilla 2493 C1; si son empleados del Ayuntamiento. En tanto que los C.C. Ponce González Carlos Alberto, casilla 2450 C1; Hernández Díaz José Luis, casilla 2482 B, y Del Río Ruiz Francisco Javier, según el Secretario del Ayuntamiento; no laboran en el mismo.

Cabe aclarar, que respecto a la casilla 2489 C2, para el análisis de la causal en estudio, resulta irrelevante el hecho de que hubieran retirado de la misma al representante del Partido Acción Nacional “por faltar su acreditación como tal”, como se lee en el Acta de la Jornada Electoral, en la parte relativa a los incidentes ocurridos durante el cierre de votación y como se acredita con la revisión del videocassette aportado por la actora relativo a la sesión del Consejo Local el seis de julio actual, toda vez que dicho retiro no le causa perjuicio a la promovente.

Esta Sala considera que ES INFUNDADO el agravio que hace valer la enjuiciante respecto de la causal de nulidad de votación recibida en casilla consistente en la existencia de violencia física o presión sobre los electores y los miembros de la mesa directiva de casilla por el hecho de que los representantes ante las casillas y generales, del Partido Acción Nacional, el día de la jornada estuvieron presentes realizando tal función y que únicamente, por el simple hecho tener el carácter de funcionarios públicos al servicio del Ayuntamiento hayan ejercido presión, para lo que el actor se apoyó en la tesis relevante emitida por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, en las páginas 276-277, cuyo rubro es el siguiente: AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el Capítulo Cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales denominado Del Registro de Representantes, que comprende los artículos 198 al 204, no se precisa ningún requisito o calidad especial, así como tampoco existe restricción o prohibición alguna para poder ser registrado como representante propietario o suplente ante las mesas de casilla, como en el caso de la legislación de Colima, a que se refiere la tesis relevante que cita el actor como fundamento de su impugnación, pues como puede observarse en el artículo 48, fracción IV del Código Electoral del Estado de Colima, no podrán representar a un partido político ante los órganos electorales quienes  se encuentren bajo el supuesto de “...Ser servidor público de mandos superiores de los tres órdenes de gobierno...”

Cabe precisar que dicha tesis es aplicable única y exclusivamente respecto de legislaciones electorales locales que contengan preceptos similares a los que se citan en la tesis, pero es el caso de que en el expediente que se resuelve se impugna una elección federal para diputados por el principio de mayoría, por lo que es claro que dicha tesis no puede ser aplicable, pues como se señaló anteriormente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable en el caso concreto, no contiene prohibición similar a la que establece el citado artículo 48 del Código Electoral del Estado de Colima y en tal razón se concluye que es irrelevante que por la sola circunstancia de que los representantes, propietarios y suplentes ante las casillas y generales, del Partido Acción Nacional, que participaron durante la jornada electoral el seis de julio pasado tengan el carácter de funcionarios que prestan sus servicios al Ayuntamiento de Zamora, hayan incurrido en violencia o presión sobre los electores que se presentaron en las casillas en donde actuaron los representantes del Partido Acción Nacional.  Máxime que el actor no les imputa que hayan realizado alguna conducta diversa a la de haber ejercido presión únicamente por el hecho de estar presentes todo el día de la jornada en las casillas en las que fueron registrados.

De la misma forma, en cuanto a la casilla 2464 B, el agravio esgrimido resulta INFUNDADO, en virtud de que si bien el actor manifiesta en forma genérica, sin precisar situaciones de modo tiempo y lugar, que en la casilla hubo propaganda, lo que presiona al electorado e influye al momento de emitir su voto, lo cierto es que de ninguna forma precisa que tipo de propaganda es y sobre cuantos electores causó la influencia que manifiesta, ya que si bien en el Acta de la Jornada, en el apartado destinado a anotar los incidentes ocurridos durante la instalación de la casilla y que se transcribe en la hoja de incidentes, se señala que “A un lado de la casilla se encuentra una barda con proselitismo, aunque fue repintada, aún es visible y puede ser influencia en los resultados de las votaciones (PAN)”, sin que en estos documentos se precise tampoco la circunstancia de lugar, pues el señalamiento de que la barda está a un lado de la casilla es vago, pues no se especifica a que distancia de la casilla, ya que solamente indica que está “a un lado” pero se ignora que tan cerca esté del lugar de instalación de la casilla y por lo tanto, que influencia podría causar en los electores y como podría causarse tal influencia.

No obstante lo anterior, cabe señalar que el promovente tampoco acredita que la supuesta propaganda que refieren haya sido colocada durante el período prohibido por la ley y, por el contrario, como en la propia acta de la jornada y en la hoja de incidentes se lee, que, “aunque fue repintada, aún es visible”, lo que denota que dicha propaganda existía con antelación a los tres días previos al día de la jornada y  ya se había intentado borrarla, pues según se dice “fue repintada” aunque sin éxito, por lo que resulta infundado el agravio analizado. Sirve de  apoyo la tesis relevante de la Sala Superior publicada en la Compilación Oficial Jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, a fojas 662-663, cuyo texto es del tenor siguiente:

PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (Legislación del Estado de Colima). Se transcribe

DÉCIMO TERCERO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso j) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en las casillas 694 B y 2498 C1.

En su demanda, el actor manifiesta que se actualiza el supuesto contenido en el inciso j) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el día de la jornada electoral se presentaron a electores pertenecientes a esta sección electoral para votar, sin permitírseles este derecho en las casillas que impugna.

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable reconoce que en la casilla 694 B se impidió “por un error involuntario” votar a una persona , en tanto que en la casilla 2498 C1, la violación debe ubicarse en la causal g) por haber permitido votar a una persona que no estaba en la lista nominal de esta casilla, situación que esta Sala ha corregido y ha procedido a analizarla dentro del estudio de la causal contenida en el inciso mencionado.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, consistentes en, si se impidió o no, en su caso, sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, siendo determinante para el resultado de la votación; esta Sala procede a determinar si en el presente caso y respecto de la casilla señalada se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso j) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para el análisis de esta causal se tiene que considerar el número total de ciudadanos a los que se haya impedido votar. A los ciudadanos se les puede impedir el ejercicio de su derecho de voto en tres supuestos:

a) Cuando durante la jornada electoral acudan a la casilla y se les niegue injustificada e irreparablemente la posibilidad de votar;

b) Cuando dadas las dieciocho horas aún se encontraran formados para votar y la casilla se cerrara sin darles oportunidad de hacerlo; y

c) Cuando la casilla se cierre antes de las dieciocho horas

La irregularidad que en su oportunidad se acredite será determinante cuando el número de electores a los que se haya impedido votar sea igual o mayor a la diferencia de votos existentes entre los lugares primero y segundo de la votación en la casilla; o cuando, sin haber quedado demostrado en autos el número exacto de personas a quienes se impidió sufragar, quede probada la afectación del valor tutelado, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que acrediten que se impidió votar a un gran número de electores.

En el caso en estudio, obran en el expediente las respectivas listas nominales de electores, hojas de incidentes, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo; constancias que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto, por el artículo 16 de la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Asimismo constan en autos documentales privadas, las que en concordancia con el citado artículo 16, sólo harán prueba plena, cuando a juicio de este órgano colegiado y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Como se desprende de la hoja de incidentes, en la casillas 694 B se dio una irregularidad consistente en que a las 10:25 “A esta hora se presentó la Sra. Orosco Padilla Teresa con credencial No. ORPDTR36022716M200, la cual no fue localizada en la lista nominal por herror (sic) involuntario a la cual no se le permitió votar , la cual si estaba registrada el error fue por el apellido”. Tomando en consideración que la formula que quedó en primer lugar obtuvo 127 votos, el segundo lugar 64, con una diferencia entre ambos de 63 votos, en tanto que sólo fue una persona a quien se impidió votar, si bien se dio la irregularidad planteada en el agravio, de ninguna forma es determinante para el resultado de la votación.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, debe declararse INFUNDADO el agravio esgrimido por la actora en relación con la votación emitida en la casilla 694 B, por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso j) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, toda vez que la violación comentada no es determinante para el resultado de la votación.

DECIMO CUARTO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en las casillas: 2439 B, 2443 C1, 2446 B, 2489 C2, 2450 C1, 2471 C1, 2472 B, 2474 C1, 2475 B, 2482 B, 2488 C1, 2493 B, 2493 C1, 2495 B, 2496 B, 2496 C1, 2499 B, 2464 B, 690 C1, 1920 C2,  707 C1, 1898 C, 2494 B, 2497 C1,  1914 B, 2459 B, 1914 C1, 2462 B, 2503 C1, 2502 C1, 2460 C1, 2503 B, 2456 C1, 1921 B, 2463 B, 694 B, 2498 C1, 2438 B, 2498 B, y 1912 B.

Se debe establecer que para que se actualice la causal invocada en comento, es necesario que se cumplan los siguientes extremos:

a)    Que existan irregularidades graves;

b)    Que sean plenamente acreditables;

c)    Que se presenten durante el desarrollo de la jornada electoral, o bien en las actas de escrutinio y cómputo, y que no sean reparadas durante la misma;

d)    Que pongan en duda el principio de certeza que debe regir el día de la votación y;

e)    Que los hechos generadores de las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación

La presente causal de nulidad, radica en su "generalidad", toda vez que, contempla la existencia de irregularidades graves, lo que deja al juzgador el determinar los hechos y actos que le invoquen los partidos políticos mediante un juicio de inconformidad, mismos que no deberán encuadrar en las hipótesis de los incisos a) al j) del artículo 75 de la ley de la materia, además de que las irregularidades deben ser irreparables, es decir, que no pueden ser enmendadas y volver al estado en que se encontraban, que pongan en duda la certeza de la votación, es decir, la veracidad de la misma, y que sean determinantes para el resultado de la votación, en síntesis, que pudieran alterar de manera sustancial el resultado de la votación, y que sean determinantes para el resultado de la votación.

Ahora bien, en el escrito de demanda presentado por el actor, manifiesta, que se generaron violaciones a las disposiciones previstas en la ley, y que se vulneran los principios que deben regir todo proceso electoral, aduciendo medularmente lo siguiente en la casilla impugnada:

Los agravios dirigidos a impugnar las casillas antes mencionadas son INFUNDADOS, en virtud de que el promovente de ninguna forma acredita que en las mismas hayan existido irregularidades diversas a las que manifiesta al invocar la actualización de las causales a), d), e), f), i) y j), que se analizaron anteriormente, las cuales no pueden estudiarse simultáneamente por la causal k), toda vez que las irregularidades susceptibles de impugnarse por esta causal, deben ser diferentes a las que previstas en los incisos a) al j) del párrafo 1 del artículo 75 de la ley electoral, por lo que al no manifestar y mucho menos acreditar que en todas las casillas que impugna por esta causal k) se hayan realizado situaciones diversas a las demás causales, es claro que su impugnación carece de todo fundamento, sirve de sustento la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2000, en la página 150, cuyo rubro y texto es el siguiente:

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. Se transcribe

Ahora bien, por lo que toca al agravio hecho valer en la casilla 2475 B, respecto a que la instalación se realizó a las siete horas con treinta minutos, la actora hace valer las causales de nulidad contenidas en los incisos k) y d) del artículo 75 de la ley procesal. En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de votación recibida en casilla previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que las causales de nulidad no sólo se actualizan durante la jornada electoral, sino también fuera de ésta, como es el caso del inciso d) del citado artículo 75, como lo aduce la enjuiciante, en los que se prevé la anulación de la votación de la casilla, por recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, respectivamente, en consecuencia, las irregularidades a que se refiere el inciso k), pueden actualizarse antes o después del tiempo señalado en la ley para la etapa de la jornada electoral, siempre y cuando sean actos que por su propia y especial naturaleza y repercutan directamente en el resultado de la votación.

En consecuencia, y para que se actualice esta causal, no es indispensable que la irregularidad ocurra durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del día de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, se acrediten los extremos señalados al principio del presente considerando.

Precisado lo anterior, de los agravios formulados por la actora y lo manifestado por las demás partes en cuanto a que la parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso d) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber recibido la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, respecto de la votación recibida en la referida casilla.

Si bien, la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el inciso d) párrafo 1 del artículo 75 de la ley procesal de la materia, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, se actualizará cuando se cumplan los supuestos de recibir la votación antes del inicio o después de que concluya la fecha señalada para la celebración de la elección, ésto es, que como lo señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado se trata de dos momentos distintos; el primero en recibir la votación en fecha distinta a la señalada, y el segundo de la instalación que es la preparación para la recepción de la votación, lo que comprende actos tales como el armado de las urnas y la verificación que de las mismas se encuentren vacías, entre otros.

Por lo anterior, el estudio del agravio en cuestión, y en virtud de que no cumple con los extremos exigidos para que se actualice la causal invocada, esta Sala, con la atribución conferida por el artículo 23 párrafos 1 y 3 de la ley adjetiva suple la cita de los preceptos presuntamente violados, y al no encuadrar en alguna de las causales señaladas en los incisos a) al j) del referido artículo 75 de la misma ley, se procede al estudio por la causal k) del multicitado artículo.

De los elementos asentados en el acta de jornada electoral, que obra en el expediente a fojas 0437, prueba documental pública, anteriormente valorada por esta Sala; en dicha documental, efectivamente se advierte que la casilla se instaló a las siete horas con treinta minutos como lo señala la parte actora, no obstante, se desprende que el representante de la hoy actora firmó sin protesta, además de que no se aportan hojas, escritos de incidentes o algún otro elemento relacionados con esta casilla, que demuestren que a esa hora se comenzó a recibir la votación, en tal virtud, se llega a la convicción de que si bien es cierto, la casilla se instalo treinta minutos antes de la hora señalada por la ley, fue únicamente para comenzar con el armado de mamparas y de preparación para la recepción de la votación. Sirve de sustento la tesis relevante publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 520, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro y texto es el siguiente:

INSTALACIÓN ANTICIPADA DE CASILLA, DEBE SER DETERMINANTE PARA PRODUCIR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN. Se transcribe.

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de conductas que coinciden con la descripción literal de los supuestos referidos y que, sin embargo, no deben desembocar la nulidad de la votación por tratarse de conductas provocadas o consentidas como se advierte en este caso, por quien promueve la impugnación, o bien porque debido a las circunstancias especiales del caso, no se traducen en vulneración al valor de certeza que la propia causal de nulidad tutela.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, debe declararse INFUNDADO el agravio esgrimido por la actora en relación con la votación emitida en la casilla 2475 B.

DECIMO QUINTO.- Habiendo resultado parcialmente fundados los agravios hechos valer en la demanda presentada en este juicio, únicamente por lo que a las casillas 2466 B, 2472 C, y 2476 C2, se declara la nulidad de la votación recibida en las mismas, en las que hubo los siguientes resultados:

VOTACIÓN ANULADA