RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-376/2019

RECURRENTEs: JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN ÁVILES Y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ

RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ

TERCER INTERESADO: JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCÓN

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETAriA: SILVIA GUADALUPE BUSTOS VÁSQUEZ

COLABORÓ: RICARDO PRECIADO ALMARAZ

Ciudad de México, a diecisiete de julio de dos mil diecinueve.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia, en la que se revoca la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente SX-JDC-106/2019, por la Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz.[1]  

Lo anterior, debido a que la Sala Regional responsable, una vez que determinó la existencia de violaciones formales, a su vez, revocó la resolución impugnada, no obstante, en perjuicio del derecho de acceso a la jurisdicción, soslayó el estudio de diversas pretensiones vinculadas con la validez de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz.

A N T E C E D E N T E S

De lo narrado por los actores en su escrito de demanda y de las constancias que integran el recurso, se desprende lo siguiente:

           Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz y cadena impugnativa.

Por lo tanto, se declaró como ganador de la elección para la renovación de los integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz a José de Jesús Mancha Alarcón e integrantes de la respectiva planilla.

De igual forma José de Jesús Mancha Alarcón presentó diverso juicio de inconformidad, radicado por la misma Comisión de Justicia con la clave CJ/JIN/307/2018.

Dicho medio de impugnación quedó radicado con la clave de expediente TEV-JDC-21/2019 del índice del tribunal local.

12.      Segunda resolución intrapartidista emitida en cumplimiento a lo ordenado por el TEV. El ocho de marzo subsecuente, la Comisión de Justicia dictó la resolución en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz, en la que determinó modificar los resultados del cómputo final y confirmar la validez de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz de Ignacio de la Llave.

13.      Incidente de incumplimiento. El trece de marzo, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés promovió ante el TEV escrito incidental, mediante el cual, adujo que el órgano partidista responsable no cumplimentó a la sentencia dictada en el juicio ciudadano TEV-JDC-21/2019 y su acumulado TEV-JDC-30/2019.

14.      Demandas locales en contra de la resolución de la Comisión de Justicia del PAN, dictada en cumplimiento a lo ordenado por el TEV. El diecinueve de marzo, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz promovieron, de nueva cuenta, juicio ciudadano contra de la nueva determinación intrapartidista dictada en el juicio de inconformidad identificado con la clave CJ/JIN/288/2018-1 y acumulados, CJ/JIN/307/2018-1 y CJ/JIN/131/2018-1[6], emitida en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz.

Los juicios se radicaron en el tribunal local con las claves de expedientes TEV-JDC-74/2019 y TEV-JDC-200/2019.

           Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

En tal virtud, sostuvo que fue indebido asumir plenitud de jurisdicción para analizar los disensos formulados ante la instancia primigenia, además de que, para robustecer su decisión, introdujo elementos que no fueron controvertidos variando la litis planteada.

En este sentido, la Sala Regional revocó la resolución emitida por el TEV, levantó la nulidad decretada y confirmó la validez de la elección de integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en esa entidad, sosteniendo, a su vez, que era improcedente pronunciarse respecto a los motivos de inconformidad hechos valer en la instancia local por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Competencia. La Sala Superior es competente para resolver el presente asunto, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto para impugnar una sentencia dictada por una Sala Regional del propio Tribunal, supuesto que le está expresamente reservado.[7]

SEGUNDO. Comparecencia de tercero interesado.

Se reconoce como tercero interesado a José de Jesús Mancha Alarcón en la reconsideración SUP-REC-376/2019, porque alega un interés incompatible con el de los recurrentes y cumplen los requisitos para ello.[8]

1. Forma. Se cumple, puesto que en el escrito analizado consta el nombre de quien comparece como tercero interesado, así como la razón de su interés jurídico, pretensiones concretas, y firma autógrafa.

2. Oportunidad. De conformidad con el artículo 67, de la Ley de Medios, se advierte que el escrito presentado fue exhibido oportunamente, al haber sido presentado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la publicitación de la demanda. Lo anterior se demuestra enseguida:

3. Legitimación. Se reconoce la legitimación, porque el compareciente José de Jesús Mancha Alarcón, en el juicio ciudadano federal de origen se identifica con la calidad de actor, motivo por el cual puede presentarse como tercero interesado a este recurso.

4. Personería. Este requisito se encuentra satisfecho, porque comparece por sí y como candidato ganador a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz.

5. Interés jurídico. Se cumple el requisito, porque el compareciente tiene un interés opuesto a los recurrentes, al pretender la confirmación de la sentencia impugnada, es decir, que subsista la validez de la elección decretada por la Comisión de Justicia del PAN, para la renovación de la integración del Comité Directivo Estatal en Veracruz.

Al cumplir con los requisitos exigidos por la norma electoral, se reconoce José de Jesús Mancha, su calidad de tercero interesado en el presente asunto.

TERCERO. Requisitos generales y especial de procedibilidad.

1.  Requisitos generales.

a. Forma. La demanda se presentó por escrito y en ella se hace constar el nombre de los recurrentes; identifican el acto impugnado; se enuncian los hechos y agravios en los que se basan la impugnación; los preceptos presuntamente violados, así como el nombre y firma autógrafa de los impugnantes.

b. Oportunidad. El medio de impugnación se interpuso dentro del plazo legal de tres días, previsto para tal efecto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Ello es así, toda vez que la sentencia impugnada se emitió el dieciséis de mayo y fue notificada personalmente al recurrente el día diecisiete siguiente, mientras que el recurso de reconsideración fue presentado el veinte posterior, esto es, dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66 de la Ley de Medios, por lo que su presentación fue oportuna, tal como se ilustra enseguida:

c. Legitimación y personería. El requisito se colma debido a que los recurrentes, respectivamente, interpusieron el medio de impugnación en su calidad de candidato a Presidente y representante propietario de la fórmula postulada para la integración del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz y ambos por su propio derecho.

d. Interés jurídico. Los impugnantes tienen interés jurídico debido a que controvierten la sentencia que recayó al medio de impugnación, en el cual comparecieron como terceros interesados y que estiman les genera una afectación directa y concreta en su esfera de derechos, por lo que la actuación de esta Sala Superior es necesaria y útil para, en caso de asistirles razón, reparar las violaciones alegadas.

e. Definitividad y firmeza. También se cumple el requisito establecido en el artículo 63, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, toda vez que no existe otro medio de impugnación que deba ser agotado previamente, para combatir la sentencia de la Sala Regional Xalapa.

2. Requisito especial de procedibilidad. Se satisface la exigencia en cuestión por lo siguiente.

Conforme al artículo 61, párrafo 1, inciso b) y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley de Medios, el recurso de reconsideración procede para impugnar sentencias de las salas regionales que hayan inaplicado leyes o normas por considerarlas contrarias a la Constitución federal, o bien, cuando se haya realizado un análisis o estudio constitucional o convencional de leyes.

Sin embargo, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, esta Sala Superior ha ampliado esa procedencia con el fin de contribuir al fortalecimiento de la facultad de revisar el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En específico, al emitir la jurisprudencia 5/2014, de rubro “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES”, este órgano jurisdiccional estableció la procedencia del recurso de reconsideración cuando se advierta la posible existencia de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios constitucionales exigidos para la validez de las elecciones. Ello responde a la naturaleza del recurso de reconsideración como medio de carácter extraordinario para resolver sobre la regularidad constitucional de todas las etapas y actos llevados a cabo durante el proceso electoral.

En concreto, en dicho criterio se establecen como elementos para justificar –de manera excepcional– la procedencia de la reconsideración: i) que se plantee la existencia de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, como los de autenticidad y certeza, y ii) que respecto de lo anterior se alegue que la sala regional correspondiente no adoptó las medidas necesarias para garantizar su efectividad, o bien, que omitió el análisis de tales irregularidades.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que, el principio de certeza, el cual debe regir todo tipo de elección, es una garantía que salvaguarda y se vincula intrínsecamente con el principio democrático, es decir, la certeza no se puede ver como una característica que deba ser protegida exclusivamente en las elecciones constitucionales.

Precisamente porque en la Constitución Federal se establece a la certeza como un principio rector de la función electoral, por lo que no es posible desvincularlo de las elecciones internas que llevan a cabo los partidos políticos para la renovación de sus dirigencias.

La Sala Superior ha construido una sólida línea jurisprudencial que pone a la certeza como un valor fundamental que debe ser salvaguardado por todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales.

La jurisprudencia que establece la procedencia del recurso de reconsideración cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, es aplicable en el caso, porque del análisis de las circunstancias de este, se advierte que desde el inicio de la cadena impugnativa se adujeron una serie de irregularidades graves que presuntamente vulneran el principio de certeza.

En ese sentido, tenemos que en el presente caso, la Sala Regional Xalapa omitió el estudio de irregularidades graves que pudieron afectar los principios que rigen toda elección, debido a que, para revocar la sentencia del Tribunal local, únicamente tomó en cuenta que, indebidamente, a su juicio, el citado tribunal local había realizado un estudio en plenitud de jurisdicción ante la falta de exhaustividad por parte del órgano de justicia partidista, respecto a los motivos de inconformidad hechos valer por los hoy recurrentes.

En tal sentido, la sentencia que se impugna, sólo se limitó a atender un concepto de agravio, pero dejó inauditos a los ahora recurrentes respecto de sus planteamientos en la instancia local.

Esto significa que, a juicio de esta Sala Superior, se advierte que la Sala Regional Xalapa omitió el análisis contextual de la controversia planteada en los juicios de origen, debido a que se limitó a estudiar uno solo de los aspectos alegados en el juicio ciudadano 106/2019 promovido por el candidato que obtuvo el triunfo en la elección anulada por el Tribunal local.

De esta forma, al revocar la anulación hecha por el Tribunal local, que estaba basada solamente en la existencia de hechos violentos, sin analizar el resto de las violaciones alegadas por los demandantes en los juicios locales, la Sala Xalapa dejó inaudita a la parte demandante original, respecto de aspectos fundamentales para decidir si la elección impugnada se debe considerar válida o nula. 

En efecto, esto conlleva a que las irregularidades observadas, analizadas y acreditadas por el Tribunal Local no fueron motivo de pronunciamiento en segunda instancia por la Sala Regional, dado el sentido del fallo, lo cual dejó sin atender tales irregularidades.

En tal circunstancia, a juicio de esta Sala Superior, se actualiza la segunda fracción de la jurisprudencia en comento, respecto a que se omitió el análisis de las irregularidades graves en el contexto de una elección partidista.

La irregularidad señalada constituye una razón suficiente para tener por satisfecho el requisito especial de procedencia en examen, porque la Sala Xalapa omitió el examen completo del caso dejando de lado, el análisis integral del caso, que debía abarcar el estudio de otros planteamientos de los demandantes en el juicio local, que fueron expuestos en estrecha vinculación con los actos irregulares que, en caso de ser probados, afectarían los principios que deben regir toda elección.

Esto es, salvaguardar la certeza, como un principio rector de la función electoral y que constituye un pilar fundamental del principio democrático, el cual están obligados los partidos políticos a observar en sus procesos internos de renovación de dirigencias.

CUARTO. Síntesis de agravios.

Así, desde su perspectiva se viola el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el arábigo 17 Constitucional, así como el principio de certeza en la elección.

Alegan que, el principio de non reformatio in pejus, fundamento de los procedimientos penales y por excepción de los administrativos sancionadores en materia electoral, no puede aplicarse al caso concreto, debido a que el acto emana de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, radicado en el Tribunal Electoral de Veracruz, en donde no se impuso alguna sanción al promovente del referido juicio ciudadano, multa o medio de apremio.

Inclusive, aducen que, contrario a lo sustentado por la sala responsable, no se agravaría la situación jurídica del promovente del referido juicio, atendiendo a que el tribunal local determinó la nulidad de la elección, lo que no tiende a sancionar a las partes, sino corregir las violaciones derivadas de un proceso electoral.

3.           Refieren que se viola el principio de certeza, en razón de que, se omitió analizar la validez de la elección a la luz de sus agravios y las irregularidades declaradas por el tribunal electoral, lo que hace que el proceso se torne inconstitucional e ilícito por contravenir el sistema jurídico nacional.

Abundan en que, la referida determinación viola lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, debido a que no existen juzgadores de legalidad que salvaguarden las formalidades, sino que, en su ámbito de competencia son de constitucionalidad y convencionalidad.

En resumen, estiman que la Sala Regional soslayó los hechos que estimaron infractores de algún principio o precepto constitucional, de donde se concluye que dejaron de resolver la litis planteada en el juicio ciudadano local.

Por ende, la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, en razón de que, en modo alguno, se advierte que el tribunal local hubiere realizado un análisis fragmentado o genérico; en virtud de que fue preciso en destacar que la Comisión resolutora, además de ser omisa en contestar diversos motivos de disenso, de manera fundada y motivada consideró procedente reasumir jurisdicción, y ante la naturaleza misma del juicio, se impuso de la litis planteada, dando respuesta puntual a todos y cada uno de los agravios expresados en contra de la referida comisión.

QUINTO. Estudio de Fondo

a)    Pretensión y causa de pedir.

De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la pretensión es que se revoque la resolución impugnada y se analicen los demás motivos de queja que expusieron en la demanda que originó el juicio ciudadano local, los cuales aluden la existencia de irregularidades graves que vulneraron los principios constitucionales y convencionales y que, a su decir, podrían ser determinantes para que continúe rigiendo el fallo local que decretó la nulidad de elección interna.

b)    Metodología y estudio de fondo.

Por cuestión de técnica jurídica-procesal esta Sala Superior abordará el estudio de los agravios, en el orden planteado; es decir, se analizarán los argumentos vinculados con el estudio a la supuesta violación al derecho de acceso a la justicia identificado en el número uno de los citados con antelación, puesto que, de resultar fundado, sería innecesario examinar los restantes motivos de queja que se proponen.[9]

Para mejor entendimiento de la solución del asunto se expondrán de manera detallada cada una de las razones que sostuvieron tanto el Tribunal Electoral de Veracruz, como la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de dictar las resoluciones respectivas.

Es importante destacar que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, resolvió en forma acumulada dos juicios; en donde por una parte, determinó desechar el identificado como TEV-JDC-200/2019 por actualizarse la figura de la preclusión; y respecto al diverso TEV-JDC-74/2019, declaró fundado el agravio atinente a la violación al principio de exhaustividad, incongruencia y falta de valoración probatoria, lo que consideró suficiente para revocar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad CJ/JIN/288/2018-1 y acumulados.

Las razones que condujeron al referido tribunal a resolver en la forma indicada esencialmente consistieron en lo siguiente:

               Estableció como metodología de estudio el análisis de los disensos vinculados a la constitucionalidad y legalidad de la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia emitida por el propio tribunal local en el juicio ciudadano TEV-JDC-21/2019 y acumulado TEV-JDC-30/2019; en su caso, atendería la solicitud de asumir plenitud de jurisdicción.

               Así, emprendió el estudio del primer grupo de conceptos de queja, comenzando con aquellos relativos a la falta de exhaustividad, incongruencia e indebida valoración probatoria, los cuales calificó fundados y, por ende, suficientes para revocar la sentencia impugnada.

               A juicio del órgano jurisdiccional local, a pesar de que la Comisión de Justicia adujo haber cumplido con lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-21/2019, subsistieron disensos respecto de los cuales no existió pronunciamiento, lo hizo de manera parcial o dogmática y omitió, de nueva cuenta valorar pruebas; lo que puso de manifiesto la falta de diligencia y contumacia de la comisión partidista.

               Los motivos de disenso que, a juicio del órgano jurisdiccional electoral, la comisión dejó de atender consistieron en lo siguiente:

            Omisión de la CEO de actuar con oportunidad para la toma de medidas a efecto de desvanecer las irregularidades respecto del escrutinio y cómputo.

            Falta de equidad en la contienda de José de Jesús Mancha Alarcón al tener acceso a las listas nominales antes que los otros candidatos, debido a su posición de ex presidente del CDE.

            Falta de acta o bitácora sobre las condiciones de traslado de los paquetes de los centros de votación a la comisión auxiliar.

            Falta de aplicación del procedimiento de cómputo conforme al artículo 233 del Código Electoral de Veracruz.

            Falta de entrega de las diversas documentales solicitadas y reiteradas por escrito.

            Embarazo de urnas a favor de José de Jesús Mancha Alarcón.

            Omisión de contestar la totalidad de los disensos relacionados a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, puesto que se menciona el análisis y recomposición en cinco casillas, cuando en el estudio únicamente se contempló una de ellas.

            Falta de valoración de diversos medios convictivos, tales como instrumentos notariales, versión estenográfica de la sesión de cómputo, notas periodísticas, etcétera.

            No obstante que se hace referencia a la impugnación de las providencias dictadas por el Presidente del Comité Ejecutivo del PAN, específicamente lo relativo a la ratificación de la elección, el tribunal local no advirtió que se analizaran las citadas providencias.

               Derivado de ello, el tribunal estableció que, atendiendo a que por segunda ocasión estimó procedente anular la determinación del órgano interno, y asumir plenitud de jurisdicción de las demandas primigenias promovidas por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz, las cuales dieron origen al expediente interno CJ/JIN/288/2018, en donde se controvirtieron los resultados de cómputo realizado por la CEO.

               Al asumir plenitud de jurisdicción, se sustituyó en el órgano partidista y conoció en primera instancia de los planteamientos de los inconformes; y como consecuencia, realizó el estudio de fondo de los siguientes temas de disenso:

            Parcialidad de los funcionarios encargados de la organización de la elección y limitación de derecho de defensa.

            Violaciones a la cadena de custodia (violaciones a los principios constitucionales de certeza, seguridad jurídica y legalidad).

            Violaciones ocurridas durante la sesión de cómputo.

            Causales de nulidad de votación recibida en casillas.

               Asimismo, redundó en que las irregularidades acreditadas consistieron en los siguientes tópicos:

            Violaciones a la cadena de custodia en el traslado de paquetes electorales de los centros de votación a la sede de la CEO por la intervención de personas no acreditadas como auxiliares.

            Omisión de la CEO de adoptar medidas para garantizar que los representantes de los candidatos pudieran ejercer su derecho de acompañaran el traslado de los paquetes electorales desde el centro de votación, hasta la sede de la Comisión.

            Entrega indebida de paquetes electorales por parte de funcionarios distintos al presidente de la mesa de votación a los presuntos auxiliares de traslado acreditados.

            156 paquetes electorales entregados por personas de las que no se tiene certeza sobre la acreditación como auxiliares electorales.

            149 recibos de entrega de paquete electoral en los que no consta la firma de los representantes de los candidatos.

            63 paquetes electorales en los que se simuló que los Presidentes de las Mesas Directivas fueron quienes Ios habrían entregado directamente ante la CEO, siendo que en realidad se trataba de otras personas ajenas al proceso electivo.

            11 paquetes electorales que en Ios recibos se asentó que presentaban alteraciones, mientras que en el acta de cómputo se precisó que no.

            Solamente en el recibo de entrega de paquetes electorales se hizo constar la presencia de los representantes de ambos candidatos.

            Omisión de la CEO de describir de manera detallada las condiciones en las que se recibieron los paquetes electorales, especialmente en aquellos que, de acuerdo con las propias constancias (recibos de paquetes electorales) se señala que tienen muestras de alteración o se encontraban abiertos.

            Omisión de la CEO de realizar un recuento parcial de votos de oficio en trece casillas donde se advertían errores evidentes.

            Omisión de la CEO de realizar el recuento parcial de votos de oficio en diecinueve casillas en donde se actualiza el supuesto de la existencia de mayor número de votos nulos que Ia diferencia entre primero y segundo lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la Convocatoria.

            Indebida apertura de paquetes de la elección estatal para buscar actas de Ia elección nacional sin permitir el acceso a los representantes del candidato actor.

            Indebida apertura de 4 paquetes electorales durante la sesión de cómputo sin que se hicieran constar las causas que motivaron dicha actuación.

            Violación a la sesión de cómputo por haberlo realizado sin que se contara con la totalidad de los paquetes electorales, aun cuando existía tiempo disponible.

            Omisión de la responsable de adoptar las medidas de búsqueda de Ios paquetes electorales extraviados.

            Omisión de la Comisión organizadora de hace entrega de copias certificada de la documentación electoral para la debida defensa de los impugnantes.

            Omisión de la responsable CEO de adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de los paquetes electorales, estableciendo las condiciones y medidas de seguridad necesaria en el inmueble habilitado para ello.

            Omisión de la CEO de restaurar el equipo de videograbación a sabiendas que, desde el mes de febrero de dos mil dieciocho se encontraba descompuesto.

            Levantamiento de un acta circunstanciada respecto a la habilitación de la bodega de resguardo, sin contar con la presencia de los representantes de los candidatos.

            Falta de una bitácora de apertura, cierre y sellado de la bodega electoral.

            Entrega de un paquete electoral en lugar distinto al previamente determinado, contando únicamente con la presencia del representante del candidato que se asume ganador.

            inconsistencias en el acta de cómputo respecto a la apertura y cierre de la bodega.

            inconsistencia entre los recibos de entrega de paquetes electorales remitidos primigeniamente por la Comisión de Justicia en copia certificada y los que fueron decepcionados con posterioridad con la calidad de originales.

            Omisión de los órganos partidistas responsables de elección (nacional y local) de remitir en tiempo o y forma la totalidad de las constancias requeridas por el este órgano jurisdiccional, pese a que eran necesarias para la debida resolución de los medios de impugnación.

               Ante ello, sostuvo que las inconsistencias fueron graves, determinantes y de la entidad suficiente para anular la elección, al vulnerarse los principios constitucionales de certeza y autenticidad de las elecciones.

               En esas condiciones, afirmó que, conforme al sentido de la resolución, y atendiendo a que los actores alcanzaron su pretensión, resultaba innecesario entrar al estudio del resto de los motivos de disenso.

            Determinación de la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-106/2019.

La Sala Xalapa realizó puntualmente una síntesis de los motivos de agravio, conforme a lo siguiente:

Destacó que, como consecuencia de lo anterior, el actor planteó que la sentencia impugnada, emitida por el TEV vulneró la vida interna del Partido Acción Nacional.

Así, precisados los conceptos de agravio, la sala responsable se avocó al estudio del disenso relativo a la vulneración del principio de exhaustividad en que supuestamente incurrió la Comisión de Justicia del PAN al dejar de analizar seis motivos de inconformidad.

Además, precisó que, de resultar fundado el aludido agravio, sería suficiente para revocar la sentencia impugnada, toda vez que, estas consideraciones fueron la base justificativa a partir de la cual el TEV procedió a analizar en plenitud de jurisdicción la controversia formulada.

De lo contrario, lo procedente sería continuar con el examen del resto de los motivos de queja para determinar, si debieron declararse infundados o inoperantes y fallar correcto o no el estudio emprendido por el tribunal local.

En ese sentido, estableció que la cuestión a dilucidar consistió en analizar si fue correcto que el tribunal local estudiara en plenitud de jurisdicción, los agravios formulados subsumiéndose en la instancia partidista.

Por tanto, en cuanto al fondo, determinó fundado el agravio de referencia y suficiente para revocar la resolución reclamada, pues desde su perspectiva, contrario a lo que adujeron los actores, la Comisión de Justicia del PAN sí estudió en su integridad los seis agravios, por lo que, se acreditó que no existió la vulneración al principio de exhaustividad alegada y, por tanto, no estaba justificado que hubiera asumido plenitud de jurisdicción para resolver sobre la pretensión inicial de los actores.

Ello, debido a que se evidenciaba que el tribunal local se limitó a contrastar veintitrés motivos de queja mediante una tabla, los cuales cotejó con catorce temas de agravio establecidos metodológicamente por la Comisión de Justicia, pero sin realizar un análisis de las razones expuestas en la resolución partidista; en consecuencia, consideró que la autoridad electoral local en forma inconsistente afirmó que, el órgano interno del partido político no contestó la totalidad de los planteamientos formulados por los promoventes.

Para ese efecto, la Sala Xalapa subrayó que el tribunal local, apoyó su resolución en un cuadro inserto, a partir del cual, de forma comparativa sobresalen los seis agravios que se dejaron de analizar, consistentes en lo siguiente:

Inclusive, precisó que, además de los anteriores motivos de inconformidad, el tribunal local, abundó en que tampoco se examinó lo siguiente:

En suma, la sala responsable indicó que la Comisión de Justicia del PAN, contrario a lo aducido por el recurrente, sí analizó los seis agravios y, por tanto, calificó infundada la violación al principio de exhaustividad.

Como consecuencia de declarar fundado el agravio y de acuerdo a la lógica de estudio, estableció que era innecesario pronunciarse respecto del resto de los conceptos de impugnación, dado que, con el disenso examinado se alcanzaba la pretensión.

Además, precisó que esa conclusión implicó la imposibilidad jurídica de analizar los agravios de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz, expuestos ante el TEV, mismos que tampoco fueron materia de pronunciamiento por el referido órgano jurisdiccional local.

Lo anterior, debido a que si bien, lo correcto hubiera sido ordenar al TEV que se pronunciara al respecto, en el caso particular estimó que no era procedente, en virtud de que, analizado íntegramente el ocurso de comparecencia al juicio ciudadano federal, no advertía manifestación, petición, expresión o disenso referente a que se examinaran en la instancia regional los agravios que el tribunal local dejó de estudiar a partir de la determinación de asumir plenitud de jurisdicción.

Sostuvo que, al contrario, las alegaciones de los hoy recurrentes estaban encaminadas a reiterar que la sentencia controvertida fue dictada conforme a Derecho y solicitaban su confirmación, y como resultado de ello, la nulidad de la elección decretada por el tribunal local, con lo que se demostraba que optaron por el beneficio de la sentencia, no obstante que se dejaron de analizar diversos de sus agravios.

En la misma línea argumentativa, la sala responsable destacó que no tenía registro que los ahora actores hubieren promovido diverso medio de impugnación, haciendo valer tales inconsistencias u omisiones del TEV, ante la incertidumbre de que la sentencia local que les arrojó beneficio pudiera eventualmente revocarse en el desahogo de la cadena impugnativa.

Abundó en que, tampoco era posible analizar los aludidos disensos, debido a que en aquél juicio federal, el actor fue José de Jesús Mancha Alarcón, por lo que no podían ser objeto de estudio los agravios formulados por la contraparte en la instancia local, pues implicaría la vulneración en su perjuicio del principio procesal de no reformar en perjuicio del actor (non reformatio in pejus); por tanto, concluyó que no se afectaban los derechos de las partes, ni se generaba estado de indefensión, conforme a la litis planteada en la instancia regional.

En esta tesitura, determinó que no existían más agravios que analizar, revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz y confirmó la validez de la elección del Comité Directivo Estatal del PAN en la citada entidad, decretada por la Comisión de Justicia del referido instituto político.

            Estudio del agravio identificado con el número 1 vinculado con la violación al artículo 17 Constitucional planteado este recurso de reconsideración.

Esta Sala Superior estima que resulta substancialmente fundado el concepto de queja en donde sostienen que les causa agravio que la sala responsable, aun cuando detectó una omisión por parte del Tribunal Electoral Local, avaló la determinación de la comisión jurisdiccional del partido, negándose a asumir jurisdicción.

Es decir, como atinadamente lo aducen los actores, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, el cual garantiza el derecho de acceso a la justicia, debido a que, se estima incorrecto el proceder de la sala responsable en cuanto a confirmar la validez de la elección, no obstante que declaró infundado el concepto de agravio en donde se alegó violación al principio de exhaustividad.

En efecto, conforme a lo relatado con anterioridad, se infiere que la Sala Regional Xalapa determinó que el Tribunal Electoral de Veracruz indebidamente concluyó que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional violó el principio de exhaustividad; esto es, estimó infundada la violación formal alegada en la instancia local.

Sin embargo, no obstante que la propia responsable estableció en la sentencia reclamada, que, si bien lo ordinario sería que, al revocar la resolución, correspondería al tribunal local pronunciarse sobre los demás agravios que dejó de examinar y que fueron formulados por los aquí actores Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz, afirmó que, en el caso no era posible en atención a los extremos de la litis.

Dicha conclusión es incorrecta, debido a que, contrario a lo que sustentó la sala responsable, es innecesario que los recurrentes en su carácter de terceros interesados en el juicio ciudadano federal solicitaran a través del escrito de comparecencia el estudio de los disensos que el tribunal local dejó de analizar a partir de la decisión que adoptó al asumir plenitud de jurisdicción.

Es decir, no puede considerarse válido que los terceros interesados en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, estén obligados a comparecer al mismo para controvertir la resolución impugnada por su contraparte, sino en todo caso, podrán o no alegar lo que estimen conducente, atendiendo a que, es optativo apersonarse al procedimiento, lo que no conlleva a confirmar el acto reclamado en caso de incomparecencia; esto es, la falta de argumentos de su parte para apoyar o no la determinación de la responsable del acto en nada impide a la Sala Regional resolver la controversia conforme a derecho proceda.

Sobre todo, porque no debe pasarse por alto que los ahora promoventes con el análisis del primero de sus agravios atinente a la falta de exhaustividad del órgano interno, alcanzaron su pretensión en la instancia local, en donde se declaró la nulidad de la elección de la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, por lo que, es inconcuso que no existía la necesidad u obligación de comparecer o promover un diverso medio de defensa para atacar la falta de estudio del resto de sus agravio.

A mayor abundamiento, si la autoridad local determinó que era fundada la violación formal atinente a la falta de exhaustividad, y como consecuencia asumió plenitud de jurisdicción a efecto de analizar las demandas primigenias de los recurrentes, determinado la nulidad de la referida elección, es incuestionable que no estaban obligados a solicitar a la Sala Xalapa dentro del juicio ciudadano federal promovido por su contrario, entrara a estudiar los agravios omitidos por el tribunal local al asumir plenitud de jurisdicción, menos aún exigirles la promoción de un diverso medio de defensa, puesto que, en todo caso lo correcto sería, como así aconteció, reiterar que la sentencia impugnada fue emitida conforme a Derecho, con la finalidad de que fuera confirmada en sus términos.

Ello, porque de resultar infundadas las violaciones procesales o formales, como ocurre en la especie, conforme a su prelación lógica, la autoridad jurisdiccional debe pasar a analizar los planteamientos materiales o de fondo, atendiendo a que, generalmente las primeras deben dilucidarse antes que las segundas, cuenta habida que el cumplimiento al debido proceso y a las formalidades del acto reclamado es una condición previa a la resolución de las cuestiones sustanciales.

Por tanto, si para la sala responsable no se configuró la falta de exhaustividad -violación de forma-, es claro que debió existir un pronunciamiento respecto del resto de las alegaciones planteadas en la instancia local, máxime porque la razón en que se apoyó el Tribunal Electoral de Veracruz para no analizar el resto de los planteamientos resultó incorrecta.

Tampoco resulta válida la diversa razón que sustentó la Sala Regional en cuanto a que ya no era posible analizar los disensos, atendiendo a que, si el juicio ciudadano federal se promovió por José de Jesús Mancha Alarcón, resultaba evidente que no podían estudiarse los agravios formulados por su contraparte en la instancia local, porque se vulneraría en su perjuicio el principio procesal de no reformar en perjuicio del actor (non reformatio in pejus); esto es, a su juicio no se afectaron los derechos de las partes ni se generó estado de indefensión alguno conforme a la litis planteada ante la Sala Regional.

Cierto, no se configura la alegada imposibilidad, porque en forma alguna se agravaría la situación del actor en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en razón de que, en todo caso, la sala responsable debió regresar las actuaciones al tribunal local para que resolviera de manera completa la impugnación que se puso a su consideración, lo que no necesariamente resultaría en perjuicio del actor en el juicio de referencia.

En las relatadas condiciones, es evidente que la Sala Regional Xalapa actuó de forma indebida, en virtud de que al estimar infundado el concepto de agravio en donde se alegó falta de exhaustividad, debió revocar la resolución controvertida y regresar el asunto al tribunal local a efecto de que analizara en plenitud de jurisdicción el resto de los agravios que dejó de estudiar por haber declarado fundado el primero de ellos, o inclusive ocuparse de los planteamientos, empero no confirmar la elección cuestionada so pretexto de que los ahora agraviados no realizaron petición o solicitud para que se abordara el estudio de los planteamientos omitidos.

En vista de lo anterior, al haberse demostrado la ilegalidad de la resolución reclamada, lo que procede es decretar su revocación a efecto de que se analicen los agravios planteados por los recurrentes en la instancia local.

            Plenitud de jurisdicción en el análisis de los agravios expuestos por los recurrentes en el juicio ciudadano local.

Esta Sala Superior, estima que a fin de evitar un reenvió innecesario y garantizar con ello la tutela del principio de justicia pronta y expedita en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, resolver el fondo del asunto en plenitud de jurisdicción a fin de no prolongar más la solución de la controversia.

El artículo 6, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones de dicho ordenamiento resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción.

La finalidad perseguida con dicha disposición al establecer que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción consiste en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la sentencia otorgue una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad u órgano partidista responsable en lo que éstas debieron hacer en la resolución materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida.

En el caso concreto, es evidente que existe una dilación prolongada de la controversia materia de análisis, ya que, a pesar de que la jornada electoral para elegir al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, se realizó el once de noviembre de dos mil dieciocho, a la fecha existe incertidumbre respecto a la validez de la elección, es decir, han pasado más de ocho meses desde la fecha de la elección y en este momento, tanto los candidatos como la militancia y las propias autoridades del partido no tienen certidumbre respecto a su validez o invalidez, y en su caso, quién es el vencedor de la contienda partidista interna.

     Análisis de los agravios expuestos por los recurrentes en la instancia local.

Primero, es preciso indicar que no se transcribirán los conceptos de agravio expuestos por los recurrentes en la instancia local, al no preverse como obligación en la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, puesto que analizado el contenido del arábigo 22 no se infiere lo contrario.[10]

Este órgano jurisdiccional estima substancialmente fundado el concepto de queja que hacen valer los agraviados,[11] en donde hacen alusiones a las violaciones o irregularidades relacionadas con la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Estiman que les causa agravios la resolución dictada por la Comisión de Justicia del partido político, en razón de que atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a que no se tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, atinentes a la legalidad y certeza sobre el resguardo de paquetes electorales, lo que generó una serie de violaciones e irregularidades plenamente acreditadas en relación a la cadena de custodia, las cuales son determinantes para el resultado de la elección.

Agregan que, los argumentos de la autoridad primigenia no son acordes a la realidad, en razón de que, analizados detalladamente los recibos de la entrega recepción de paquetes electorales, se infiere que se asentó que se presentaron sin alteraciones y que el representante de los agraviados participó en ese procedimiento de entrega, lo que resulta falso, debido a que, solamente uno de ellos cuenta con las firmas de los representantes de ambos candidatos, en siete se plasmó la rúbrica del representante del candidato José de Jesús Mancha Alarcón y el resto adolece de esa formalidad.

Sostienen que no se puede afirmar que en los referidos recibos no se haya asentado la existencia de irregularidades, en virtud de que en cuatro de ellos expresamente se asentó que presentaban alteraciones, en tanto que, en treinta no se indicó quien los entregó, puesto que únicamente fueron rubricados sin establecer el nombre de la persona atinente.

En otro aspecto, refieren que sus motivos de agravio en el recurso de inconformidad no se encaminaron a controvertir las facultades de los auxiliares, sino que más bien sostuvieron que los funcionarios que se encargaron del traslado de paquetes no fueron designados con el tiempo suficiente con antelación a la jornada, a efecto de que pudieran actuar con la certeza de que ellos podrían recibir los paquetes electorales en todos y cada uno de los centros de votación de manos del presidente, y previo recibo se encargarían del resguardo y traslado a la Comisión Auxiliar Estatal, cuyos recibos contrario a lo que sostiene la autoridad resolutora no existen.

Continúan diciendo que, el hecho que en la sentencia se afirme que ciento cincuenta y nueve centros de votación cuentan con recibo de entrega de paquete electoral del funcionario auxiliar, sin precisar en qué foja del expediente, menos aún si fueron extraídos de los propios paquetes, hace evidente que se apoya en falsedades, lo que se puede corroborar con cualquier recibo de entrega ante la comisión auxiliar estatal; es decir, opuesto a lo referido por la autoridad en más del noventa por ciento no existe recibo de entrega del funcionario electoral al auxiliar, lo que constituye una flagrante violación a la cadena de custodia.

Arguyen que se desconoce quienes entregaron los paquetes electorales a los auxiliares autorizados por la comisión estatal, inclusive, desde su óptica se creó una confusión total, ya que en algunos casos, los presidentes de los centros de votación entregaron personalmente los paquetes a la Comisión Auxiliar, en otros por los auxiliares electorales, y en diversos supuestos por gente ajena a los funcionarios y auxiliares, según se indicó de manera literal en los recibos respectivos, lo que conduce a la ausencia de certeza sobre el debido cumplimiento de las medidas de seguridad y debida custodia de los paquetes electorales desde el cierre de las casillas hasta la recepción en la Comisión Auxiliar Estatal.

Aducen que no existe conocimiento de que el traslado y la entrega de los paquetes electorales se haya efectuado correctamente conforme a los dispuesto en la normatividad electoral local, en razón de que no se dio intervención a los representantes de los candidatos en un ochenta por ciento de la totalidad de los paquetes.

Finalmente, alegan que contrario a la presunción de la Comisión Auxiliar Estatal, en cuanto a que los paquetes fueron entregados por las personas autorizadas por la convocatoria y el Manual de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral, y que en todo momento se cumplió la cadena de custodia, existen elementos de convicción que se aportaron y que demuestran las irregularidades hechas valer, lo que vulnera el principio de certeza y autenticidad de las elecciones.

a)         Falta de certeza en la entrega de paquetes electorales.

En virtud de que el argumento central a dilucidar en la presente resolución se basa en la cadena de custodia de los paquetes electorales y el grado de afectación al principio de certeza, con la finalidad de conocer de manera real, si su contenido es el fiel reflejo de la voluntad de la militancia, se considera procedente determinar el marco jurídico conducente.

La cadena de custodia es una institución jurídica eminentemente penal e implica un sistema de control y registro que se usa al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. 

En el Derecho Electoral, se ha referido especialmente como el cúmulo de indicios relacionados con el cuidado, manejo y resguardo de los paquetes electorales. Sin embargo, la aplicación de las instituciones y principios penales al Derecho Electoral debe hacerse en atención a los diferentes principios y valores que tutela esta materia.

Así, el análisis de violaciones a la “cadena de custodia de la paquetería electoral” debe ser acorde con los principios del sistema electoral de nulidades de casilla y, con el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. 

De esta manera, el seguimiento puntual del procedimiento previsto y de los actos que se lleven a cabo para asegurar la integridad de la documentación electoral, tiene como finalidad, de ser necesario, constatar con certeza el resultado de una elección para que sea válida como sustento de la legitimidad de los representantes.

Cabe señalar, que aun cuando se ha aceptado por analogía la inclusión de esta figura -propia del derecho penal- dentro de la dogmática jurídica electoral, su intelección y aplicación se debe hacer atendiendo a las particularidades específicas que rigen los procesos electorales.

Ciertamente, las normas en materia penal y electoral tienen objetos y finalidades diversas, por lo que exportar figuras jurídicas de una rama a otra, no se debe hacer de manera indiscriminada, sino que han de adecuarse a la concepción y finalidades de cada sistema normativo.

Importa precisar que la vulneración a la cadena de custodia no implica por sí misma una afectación a la prueba, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales se ha establecido que cuando en el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate.

El criterio respecto a la manipulación efectiva de la prueba ha sido sostenido en el derecho comparado, por el Tribunal Constitucional de España quien ha resuelto que quien aduzca la irregularidad a la cadena de custodia debe probarla y la simple posibilidad de manipulación para entender que la cadena de custodia se ha roto no parece aceptable, ya que debe exigirse la prueba de su manipulación efectiva[12].

En este contexto, la cadena hace referencia a la serie de eslabones o etapas que tienen que ver con las personas que tuvieron contacto con las pruebas y si en algún momento se llegó a alterar la evidencia; por tanto, se constriñe a preservar la credibilidad y garantizar la autenticidad de las pruebas.

En relación a lo anterior, este órgano jurisdiccional ha entendido la cadena de custodia como una garantía de los derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, en la que se asegura la certeza de los resultados del día de la votación a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales; y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga.

Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en una elección se deposita fundamentalmente en los materiales y, por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas documentales.

Para hacer efectivas tales medidas, en toda elección constitucional se tienen previstas las leyes, preceptos y reglamentos que regulan los mecanismos de cuidado, preservación y traslado de las pruebas, que, en el caso, se traducen esencialmente, en los paquetes electorales.

De igual forma, cuando se trata de elecciones internas de los partidos políticos, existen los reglamentos, acuerdos y lineamientos pertinentes cuyo objeto es regular todo aquello relacionado con la documentación y materiales electorales, las instalaciones para su resguardo, y los mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la jornada electoral, entre otros aspectos.

Así, los eslabones de la cadena de custodia electoral se dan previo y al concluir la jornada electoral, durante la sesión de cómputo respectivo, en el traslado de paquetes a otra sede para realizar cualquier diligencia y, por supuesto, en el almacenamiento del material en las bodegas de la propia autoridad.

En este contexto, la cadena de custodia se rompe cuando existe un indicio que pueda llegar a poner en duda la autenticidad de los elementos probatorios preservados. En tal sentido, se debe verificar si hay indicios razonables de que, previo a la jornada electoral y hasta la práctica de la diligencia de apertura, el paquete electoral pudo estar expuesto a una manipulación o alteración indebida y que ello derivó en un cambio en los resultados de la votación; es decir, se trata de un ejercicio que de acreditarse podría derivar en una nulidad de la expresión ciudadana.

En el caso particular, la complejidad del presente asunto radica en valorar, cómo o de qué forma los indicios y pruebas podrían poner en duda la certidumbre de los resultados electorales de la elección del Comité Directivo Estatal de Partido Acción Nacional en Veracruz.

Atento a ello, esta Sala Superior denota que, entre otros preceptos que regulan las elecciones internas del referido partido político, se advierte el Manual de Procedimientos de la Jornada Electoral,[13] el cual será tomado en consideración a efecto de resolver la pretensión.

A juicio de esta Sala Superior, existen una serie de inconsistencias vinculadas con la cadena de custodia, debido a que no ha sido analizado el tema toral, lo que contraviene el principio de certeza, atento a que la sala regional Xalapa, como antes se vio, no se pronunció respecto de los agravios planteados en la instancia local, en donde se afirman una serie de irregularidades en los recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales, las cuales, a decir de los promoventes quedaron demostradas con los elementos de convicción aportados al procedimiento.

A fin de sustentar lo anterior, se estima oportuno destacar que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional al resolver el juicio de inconformidad CJ/JIN/288/2018 y su acumulado CJ/JIN/307/2018,[14] en la parte conducente de su determinación estableció lo siguiente:[15]

De la indicada tabla; a su decir, se puede apreciar que en la mayoría de los casos los auxiliares o personas que trasladaron y entregaron los paquetes electorales no contaban con el recibo otorgado por el Presidente de la mesa, de ahí que sea un motivo suficiente para considerar que no existió voluntad para delegar esa función.

Lo anterior, rompe con los principios de legalidad y certeza, dado que, por una parte, los funcionarios se encontraban constreñidos a realizar de manera estricta la función que les había sido encomendada y, por la otra, porque los paquetes se trasladaron por personas distintas a las autorizadas, no existiendo certidumbre del manejo adecuado de los paquetes electorales, puesto que no hay constancia de que el personal auxiliar de la Comisión haya sido capacitado para realizar esa función.

El artículo 46 de la Convocatoria respectiva, textualmente establece:

ARTÍCULO 46. Concluida la votación, las y los funcionarios de los centros de votación 'realizarán el escrutinio y cómputo de los votos de la primera vuelta. Los resultados serán asentados en el acta correspondiente, se publicarán en el exterior del centro de votación y se comunicarán de inmediato a la CEO o quien ésta designe. El acta y el paquete electoral deberán enviarse de inmediato a la CEO.

Asimismo, realizarán el escrutinio de los votos de la segunda vuelta, de cada una de las combinaciones posibles, anotando los resultados en el acta correspondiente, no publicando resultados y guardando dicha acta con el resto de la documentación electoral, en paquete ciego, debidamente sellado y firmado por los funcionarios y representantes de las y los candidatos; dicho paquete deberá remitirse, al igual que el de la primera vuelta, de inmediato a la CEO. Dichas acciones deberán realizarse conforme al Manual de Procedimientos de la jornada de votación y del procedimiento para el escrutinio y cómputo de la votación.

Por su parte, el manual de procedimientos de la jornada electoral, en lo que nos interesa establece lo siguiente:

I) Del envío de Ia información y la remisión del Paquete Electoral.

1. Terminado el escrutinio el Presidente integrará un Paquete Electoral de la Mesa de Votación para la CONECEN y otro para la CAE, el cual deberá conformarse de la siguiente manera:

a)           Paquete de la Elección Nacional

                Acta de instalación y hojas de incidencias   (Original CONECEN en ambos casos)

                Listado Nominal

                Votos válidos

                Votos nulos

                Boletas inutilizadas

                Material electoral sobrante

Los documentos se introducirán en los sobres rotulados al efecto, y todos los sobres se meterán en el paquete electoral.

Al exterior del paquete electoral se pegará el sobre transparente con el Acta de Cierre, Escrutinio y Cómputo, y las hojas de incidentes en caso de haberlos, de tal manera que se aprecien los datos de la Mesa y Centro de Votación, así como los resultados.

b)           Paquete de la Elección local

                Acta de instalación (copia CAE)

                Acta de cierre, escrutinio y cómputo de la Elección Nacional (copia CAE)

                Hojas de incidentes (copia CAE)

                Además, en los Estados con Elección Concurrente se añadirá:

o Acta de cierre, escrutinio y cómputo de la elección estatal (original)

o Boletas de Elección Estatal; votos válidos, votos nulos y boletas inutilizadas.

La documentación se meterá en el sobre correspondiente.

2. Una vez cerrados y sellados los Paquetes Electorales, el Presidente solicitará a los funcionarios de la Mesa Directiva, así como a los Representantes de los Candidatos que firmen sobre la envoltura para garantizar su inviolabilidad. Asimismo, asentará los datos de Identificación de la Mesa de Votación: Estado, Distrito o Municipio, número de Centro de Votación y de Mesa de Votación.

3. EL Paquete Electoral será trasladado a la CAE por el Presidente de la Mesa Directiva, (o por el funcionario que éste designe) o de manera opcional por el auxiliar de la CAE. En todos los casos deberá ser de manera inmediata. Los Representantes podrán acompañar al Presidente a la entrega del Paquete Electoral.

4. La CAE entregará Acuse de Recibo a cada Presidente de Mesa Directiva donde se haga constar la entrega del Paquete Electoral.

Como puede advertirse de las disposiciones generales antes transcritas, mismas que regularon lo referente al proceso interno, una vez concluida la jornada electoral, realizado el escrutinio y cómputo e integrado los respectivos paquetes electorales, tanto éste como el acta respectiva debían ser enviados de inmediato a la CEO (Comisión Estatal Organizadora) por el Presidente de la Mesa Directiva; (o por el funcionario qué éste designe) o de manera opcional por el auxiliar de la CAE. En todos los casos deberá ser de manera inmediata. Los Representantes podrán acompañan Presidente a la entrega del Paquete Electoral.

Para dar certeza de lo anterior, la CAE entregará Acuse de Recibo donde se haga constar la entrega del Paquete Electoral.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por los recurrentes es inexacto sostener que los auxiliares carecían de facultades para trasladar las paquetes electorales a la Comisión Estatal Organizadora, por el contrario, según se desprende de las disposiciones antes citadas, una de las opciones que existía para el referido traslado es precisamente el hacer uso de los auxiliares para lograr el inmediato traslado del acta y de los paquetes electorales a la CAE, en el entendido que para hacer uso de esa facultad no se exigía la existencia de algún documento o constancia que refiera el porqué del traslado de los paquetes por parte de los auxiliares, pues como ya se estableció, lo verdaderamente importante era lograr el traslado Inmediato a la CAE para que ésta, en tiempo y forma pudiera realizar el cómputo estatal de la elección de que se trata.

No debe perderse de vista que es un hecho notorio, que no requiere de mayor prueba, que la geografía del Estado de Veracruz es compleja dada su amplia extensión territorial, y si a eso agregamos que los diversos centros de votación se instalaron a lo largo y ancho del Estado, es ampliamente justificado que se haya aprovechado de los auxiliares para lograr el traslado de los paquetes electorales, máxime que como se verá más adelante en el cuadro que se inserta, existe un plazo razonable al momento de la entrega de los paquetes electorales.

(Se inserta tabla)

Así las cosas, contrario a lo sustentado por los inconformes, los paquetes electorales llegaron a la CEO sin presentar alteraciones sustanciales, tal y como lo revela el recibo correspondiente y no existe prueba alguna que demuestre lo contrario, pero sobre todo, fueron entregados por el funcionario autorizado para ello y dentro de un plazo razonable; de ahí lo infundado del agravio.

En otro orden de ideas, tampoco lo asiste la razón a los inconformes sobre la falta de garantías para que participaran sus representantes en el traslado de los paquetes, pues como se desprende de las documentales antes relacionadas, (recibos de entrega de paquetes electorales) consta que en la mayoría de ellas, los representantes del candidato JOAQUIN GUZMAN AVILES participaron del procedimiento de entrega recepción, cuando así lo quisieron hacer, sin que exista prueba en contrario que demuestre que se tes haya Impedido ejercer ese derecho.

De la transcripción, se deduce que la autoridad partidaria sustentó que, contrario a lo afirmado por los recurrentes resultaba inexacto que los auxiliares carecían de facultades para trasladar las paquetes electorales a la CEO, debido a que, según advertía de las disposiciones que invocó, una de las opciones que existía para el traslado de paquetes, precisamente era a través de los auxiliares para lograr la entrega inmediata del acta y de los paquetes electorales a la CAE, en el entendido que para hacer uso de esa facultad no se exigía la existencia de algún documento o constancia que explicara el porqué del traslado de los paquetes por los auxiliares, puesto que, lo verdaderamente importante era lograr el traslado Inmediato a la CAE para que ésta, en tiempo y forma pudiera realizar el cómputo estatal de la elección de que se trata.

Aunado a ello, destacó que, por tratarse de un hecho notorio, no requería de mayor prueba que la geografía del Estado de Veracruz, atendiendo a la complejidad por su amplitud en la extensión territorial, y si a eso se agregaba que los diversos centros de votación se instalaron a lo largo y ancho del Estado, estaba ampliamente justificado el aprovechamiento de los auxiliares para lograr el traslado de los paquetes electorales, máxime que su entrega se realizó dentro de un plazo razonable.

En ese orden de ideas, es claro no quedó resuelto el planteamiento de las inconsistencias que se atribuye a los recibos cuestionados, en virtud de que la Comisión de Justicia no atendió en forma debida lo que alegaron los recurrentes, puesto que de manera genérica afirmó que los auxiliares que entregaron los paquetes electorales no carecían de facultades para trasladarlos, aunado a que, lo verdaderamente importante era lograr el envío inmediato a la CAE para el computo respectivo, lo que no requería de mayor probanza que la complejidad de la geografía del estado de Veracruz.

Conforme a lo expuesto, se debe atender la pretensión que hicieron valer los inconformes ante el Tribunal Electoral de Veracruz, destacadamente la violación a la cadena de custodia en la entrega de los paquetes electorales.

b)         Inconsistencias en los recibos de entrega de paquetes electorales.

En primer lugar, es importante precisar que, respecto al traslado de la paquetería electoral de los centros de votación a la CEO, el Manual de Procedimientos de la Jornada Electoral para la elección del Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz,[16] en lo conducente dispone:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JORNADA ELECTORAL

(…)

E. De los funcionarios de las Mesas Directivas.

Los funcionarios de las Mesas Directivas tienen la responsabilidad de:

7. Integrar los paquetes electorales y entregarlos a la CAE que corresponda.

(…)

F. Del Presidente.

El Presidente de la Mesa Directiva tiene las siguientes responsabilidades:

13. Integrar, sellar y firmar el Paquete Electoral; en caso de elecciones concurrentes, confirmar el contenido del paquete de la elección nacional y el de la elección estatal, remitiéndolos de inmediato a la COMISIÓN ORGANIZADORA;

(…)

J. De los auxiliares del CONECEN y las CAE´s.

La CONECEN, por conducto de las CAE´s podrá nombrar Auxiliares, quienes apoyarán en la solución de los incidentes que se presenten durante la Jornada y sólo podrán intervenir a petición expresa del Presidente de la Mesa de Votación o por acuerdo de la propia CONECEN.

Los Auxiliares serán militantes con conocimientos en materia electoral.

(…)

K. De los Representantes de los Candidatos.

Los Representantes de los Candidatos tendrán las siguientes atribuciones:

8. Podrán acompañar al Presidente de la Mesa Directiva a la CAE para hacer entrega del paquete electoral correspondiente;

(…)

VII. DEL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL.

(…)

l) Del envío de la información y la remisión del Paquete Electoral.

3. El Paquete Electoral será trasladado a la CAE por el Presidente de la Mesa Directiva, (o por el funcionario que éste designe) o de manera opcional por el auxiliar de la CAE. En todos los casos deberá ser de manera inmediata. Los Representantes podrán acompañar al Presidente a la entrega del Paquete Electoral.

4. La COMISIÓN ORGANIZADORA entregará Acuse de Recibo a cada Presidente de Mesa Directiva donde se haga constar la entrega del Paquete Electoral.

(…)

De las disposiciones referidas se pueden destacar las siguientes premisas:

               El Presidente de la Mesa Directiva tiene la responsabilidad de integrar, sellar y firmar los paquetes electorales y remitirlos de inmediato a la Comisión Organizadora que corresponda.

               Asimismo, la Comisión Organizadora, por conducto de las CAE´s podrá nombrar Auxiliares, quienes apoyarán en la solución de los incidentes que se presenten durante la jornada y sólo podrán intervenir a petición expresa del Presidente de la Mesa de Votación o por acuerdo de la citada Comisión Organizadora. Los auxiliares serán militantes con conocimientos en materia electoral.

               Al concluir el escrutinio, el Presidente integrará un paquete electoral de la mesa de votación y, una vez cerrado y sellado, se solicitará a los representantes que firmen sobre la envoltura para garantizar su inviolabilidad.

               Posteriormente, el paquete electoral será trasladado a la Comisión Organizadora por el Presidente de la Mesa Directiva (o por el funcionario que éste designe) o de manera opcional por el auxiliar de la Comisión.

               La entrega deberá ser inmediata.

               Al recepcionarse el paquete electoral, la Comisión Organizadora entregará un acuse de recibo a cada presidente de mesa directiva.

               Los representantes de los candidatos podrán acompañar al Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión Organizadora para hacer entrega del paquete electoral correspondiente.

b.1) Entrega de paquetes por personas no autorizadas

A continuación, se insertarán dos cuadros para ilustrar quienes desempeñaron el cargo de presidente del centro de votación respectivo, según la lista expedida por emitida por la Comisión Nacional Organizadora del CEN del PAN para la integración de los centros de votación que se instalaron durante la renovación de la dirigencia local y nacional del referido instituto político, en su caso, si el funcionario designó a alguna persona para entregar el paquete, o bien, se trató de un auxiliar de la CAE, para tales efectos, ambos ante a la Comisión Electoral Organizadora[17], para identificar si la entrega fue o no correcta.

2.      PAQUETES ELECTORALES NO ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE DEL CENTRO DE VOTACIÓN A LA CEO.

Esto es, en el 95.18% de los recibos no consta que se haya cumplido con la formalidad referida.

Para avalar lo antedicho, se asentará el valor probatorio de cada una de las probanzas allegadas al sumario de origen, a efecto de evidenciar si quienes entregaron los paquetes electorales a la CEO estaban facultados para ello; esto es, si se respetó la cadena de custodia en términos de la normativa interna.

En primer lugar, el “LISTADO FINAL DE FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON BASE EN EL ACUERDO CONECEN/22 Y LAS SUSTITUCIONES CORRESPONDIENTES   QUE SE HAN REALIZADO Y QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN ESTRADOS”[61] emitido por la Comisión Organizadora Nacional del CEN, el cual se invoca como hecho notorio, merece fuerza probatoria plena, atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, numeral 4, inciso b), 16, numerales 1y 2 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, cuenta habida que fue publicado en los estrados del instituto político.[62]

Por otro lado, también merece alcance probatorio pleno la copia certificada del acta de sesión ordinaria de la Comisión Estatal Organizadora de la elección del Presidente, Secretario General e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz,[63] en virtud de que se encuentra autorizada por el propio instituto político.

Sin embargo, debe decirse que respecto del anexo que se allegó con posterioridad, el cual contiene los nombres de las personas designadas como auxiliares de la Comisión Estatal Organizadora,[64] carece de fuerza demostrativa por tratarse de una copia simple, es decir, por sí misma, no genera convicción de su existencia porque no hay posibilidad de adminicularse con alguna otra probanza, a efecto de corroborar que efectivamente corresponde a las personas designadas en aquel evento, máxime si se atiende que ni siquiera se encuentra firmada por quienes integraban la Comisión Organizadora, inclusive se advierte que en la parte superior del documento se asentó como data de realización el día ocho de noviembre de dos mil diecinueve, lo que se reitera al momento de indicar que el anexo corresponde al acuerdo tomado en la sesión ordinaria de la fecha indicada; sin embargo, no debe pasarse por alto que, conforme a la copia certificada del acta levantada con motivo de su verificativo se deduce que fue el ocho de noviembre de dos mil dieciocho; esto es, fecha distinta a la precisada en el propio anexo.

El anexo de referencia es del tenor literal siguiente:

En resumen, atendiendo a que son simples duplicados fotográficos de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer; por ende, por sí solas no pueden generar convicción alguna.[65]

Finalmente, en cuanto a los recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales que obran agregados en las actuaciones del juicio ciudadano local TEV-JDC-74/2019,[66] tampoco generan convicción respecto de los hechos asentados en los mismos, debido a que su contenido difiere de aquellos que también obran glosados en copias autorizadas al diverso expediente TEV-JDC-21/2019,[67] es decir, si no contienen los mismos elementos, no obstante que se trata de una reproducción respecto de unos con otros, es inconcuso que no puede generarse un convencimiento pleno de los hechos consignados en esos documentos porque evidentemente puede concluirse que fueron modificados.

Sentado lo anterior, esta Sala Superior advierte que, a partir de los medios de convicción, existen irregularidades en los recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales.

Esto es, atendiendo a que el anexo vinculado con el acta de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en donde se contiene el nombre de los supuestos auxiliares carece de valor probatorio pleno, se evidencia la falta de certeza y seguridad en el traslado y entrega de la paquetería electoral, ya que está demostrado que, con excepción de ocho paquetes electorales, el resto se remitió a través de personas ajenas al proceso electivo y sin contar con facultades legales para ello, incluso de algunos no se tiene conocimiento del nombre de quien los entregó porque solo firmaron, o bien, si aparece el nombre carecen de firma y uno diverso está en blanco, lo que vulnera la certeza y seguridad de la información, lo que se traduce en una violación determinante a la cadena de custodia.

Maxime si se atiende que el partido político no aportó documento fidedigno que señale quienes fueron las personas designadas auxiliares.

Esta Sala Superior[68] ha estimado que la irregularidad mencionada genera la falta de seguridad jurídica desde el momento del cierre de las casillas electorales hasta la recepción de los paquetes por parte de Comisión en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Y que razonar en sentido contrario, es decir, que existe una presunción de que los paquetes electorales siempre son entregados por las personas facultades para ello, implicaría la inexistencia de todo el andamiaje legal y reglamentario que establece los mecanismos de protección de la cadena de custodia.

Por lo tanto, si en el caso, ha quedado demostrado que el 95.18% de los paquetes electorales fueron entregados y trasladados por personas ajenas o desconocidas al proceso electivo, entonces, se rompió desde esa etapa de la cadena de custodia, lo que infringe el principio constitucional de certeza que debe permear en todo momento en nuestro sistema normativo, pues no se garantizó la seguridad de los paquetes en el traslado al ser transportados por personas que no se encontraban autorizadas.

Es decir, ha quedado demostrado que, en la mayoría de la paquetería electoral, no existió un debido resguardo en atención a los lineamientos de la cadena de custodia, lo cual representaba una obligación de la autoridad partidista a fin de salvaguardar la certeza de los resultados como principio rector en materia electoral.

En tal contexto, para que este órgano jurisdiccional tuviera certeza del correcto resguardo, traslado y entrega de los paquetes electorales, la autoridad partidista, en algunos casos, debió justificar que quienes llevaron los paquetes electorales a la CEO fueron nombrados auxiliares por la propia comisión, y en otros, asentar con plena certeza quienes fueron las personas que entregaron los paquetes, debido a que en veintitrés supuestos solo se plasmó la firma sin el nombre correspondiente, en tres casos a la inversa y uno más se encuentra en blanco.

De manera que, si solamente en ocho recibos de entrega existe identidad entre las personas competentes para el traslado de la paquetería electoral y quienes efectivamente acudieron a entregarlos ante la Comisión Organizadora, entonces, es dable sostener que se violentó el principio constitucional de certeza y, por ende, no existe certidumbre legal ni seguridad respecto de la integridad de la mayoría de los paquetes electorales, lo que deja viciada la confianza de la votación recibida en las mesas respectivas, enfatizándose que se trata de una irregularidad que se suscitó de forma generalizada, ya que, de acuerdo a los datos establecidos, la excepción (4.819%) fueron aquéllos paquetes electorales debidamente trasladados y custodiados por las personas facultadas para ello (presidentes de los centros de votación), en tanto que en una cifra notoriamente mayor (95.18%) no ocurrió así, pues se utilizó a personas ajenas o desconocidas al proceso electivo.

Cabe precisar que, la exigencia del personal competente para el resguardo, traslado y entrega de los paquetes electorales no representa una formalidad o una simple solemnidad que pudiera estimarse susceptible de ser convalidada, sino que simboliza una obligación que debe colmarse en una etapa trascendental del proceso para garantizar la voluntad manifestada en las urnas la militancia.

Por tanto, no pueden minimizarse dichas medidas de la cadena de custodia, ni justificar la falta de facultades de las personas intervinientes con la mera entrega de los paquetes a la CEO, pues lo que se busca al momento de autorizar a personas determinadas o específicas, es que éstas cuenten con el conocimiento de sus funciones y que cumplan satisfactoriamente con el cúmulo de disposiciones que se establecieron en la Convocatoria y el Manual de la Jornada Electoral.

De no cumplir con las funciones previamente señaladas podrían incurrir en irregularidades que pudieran ser sancionadas conforme a la normativa interna del partido, o trascender a otros ordenamientos.

Por ello, resultaba vital que quienes tenían la función de Auxiliares (debidamente autorizados) o de Presidentes de las Mesas Directivas, cumplieran con la encomienda de recibir, custodiar, trasladar y entregar la paquetería electoral, en los términos de ley y con la debida diligencia que impidiera su manipulación.

Suponer lo contrario, equivaldría a establecer que cualquier persona puede participar en la jornada electiva y manipular los documentos y paquetería electoral, así como de los resultados, lo cual resulta contrario a los principios de certeza, seguridad jurídica y transparencia.

En consecuencia, se estima que existen elementos suficientes para concluir que las irregularidades acontecidas en el traslado de la paquetería electoral representan violaciones que afectaron la autenticidad y certeza de la votación emitida en ellas.

Así, la Comisión Organizadora ante una situación extraordinaria, se encontraba obligada a hacer constar las circunstancias excepcionales que justificaran el rompimiento de los mecanismos de entrega de los paquetes electorales, a fin de salvaguardar la certeza de los resultados como principio rector en materia electoral.

Esto es, debía justificar por qué en los ciento cincuenta y seis paquetes electorales restantes no se utilizó a personal competente para recibir, trasladar y entregar dicho material, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual no se tiene certeza de que la paquetería haya sido debidamente resguardada, además que ello representa una vulneración a los acuerdos aprobados por la Comisión Organizadora ante la presencia de los representantes de los contendientes y las reglas del proceso electoral.

De esta forma, no hay certeza sobre la integridad de los paquetes electorales, entre la clausura de la casilla y su llegada a la Comisión Estatal Organizadora, lo que contraviene el principio de certeza y autenticidad el sufragio, aunado a que se atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas, pues ante tales circunstancias irregulares y extraordinarias, inclusive, no existe seguridad jurídica en torno a la integridad del contenido de los paquetes electorales.

b.2) Aparece la leyenda de entrega del paquete por el presidente a la CEO, pero entrega un tercero.

Otro supuesto a enfatizar es que existen recibos en los que se asienta que los paquetes electorales fueron entregados a la CEO por el presidente del centro de votación, o bien otro funcionario de casilla, sin que se adviertan los motivos que justifiquen ese proceder, empero, además en el apartado respectivo aparece el nombre de un tercero, según se advierte de las imágenes insertas a continuación.

Es decir, en sesenta y nueve supuestos no existe coincidencia en lo asentado en el documento de referencia, lo que se ilustrará en la tabla siguiente: