(24)   El recurso de reconsideración es improcedente, ya que, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, no subsiste un tema de constitucionalidad o convencionalidad que deba ser revisado en esta instancia jurisdiccional ni se actualiza un supuesto de importancia o transcendencia que justifique la emisión de un criterio de esta Sala Superior, así como tampoco se advierte un error judicial en el caso.

(25)   Dentro de la gama de medios de impugnación existentes en materia electoral, el recurso de reconsideración posee una naturaleza dual, ya que, por un lado, se trata de un medio ordinario para impugnar las resoluciones de las Salas Regionales referidas en el artículo 61, párrafo 1, inciso a) de la Ley de medios y, por otro, se trata de un medio extraordinario a través del cual esta Sala Superior opera como un órgano de control de la regularidad constitucional.

(26)   Lo anterior, ya que según lo dispuesto por el párrafo 1, inciso b) del artículo citado, la procedencia del recurso de reconsideración se materializa también cuando las sentencias dictadas por las Salas Regionales hayan decidido la no aplicación de alguna ley en materia electoral que se estime contraria a la Constitución general.

(27)   Así, por regla general, las sentencias pronunciadas por las Salas Regionales son definitivas e inatacables; sin embargo, serán susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración cuando se refieren a juicios de inconformidad, en los supuestos del artículo 62 de la Ley de medios, o cuando dichos órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre temas propiamente de constitucionalidad o convencionalidad, en los demás medios de impugnación.

(28)   Esto último, porque el recurso de reconsideración no constituye una ulterior instancia, sino una de carácter constitucional extraordinaria conforme a la cual la Sala Superior ejerce un auténtico control de constitucionalidad de las sentencias pronunciadas por las Salas Regionales.

(29)   En principio, cuando hayan resuelto la no aplicación de normas electorales, precisamente por considerarlas contrarias a la Constitución, lo que equivale no solo al estudio de dicho ejercicio, sino que la jurisdicción de la Sala Superior habilita una revisión amplia, en la medida en que sobre el tema es el único instrumento procesal con el que cuentan las partes para ejercer el derecho de defensa.

(30)   Por esta razón, y dada la naturaleza extraordinaria del medio de impugnación que se estudia, conforme al criterio reiterado de esta Sala Superior, se ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración en aras de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución general.

(31)   En suma, el recurso de reconsideración procede para impugnar las sentencias de fondo[12] dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

(32)   Al respecto, a partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución general, así como de los artículos 3, 61 y 62 de la Ley de medios, se ha determinado que el recurso de reconsideración también es procedente en los casos en que se aducen planteamientos sobre la constitucionalidad de una norma.

(33)   En este sentido, la procedencia del recurso de reconsideración para impugnar resoluciones dictadas por las Salas Regionales se actualiza en los casos siguientes:

(34)   En consecuencia, si no se actualiza alguno de los supuestos de procedibilidad precisados, el medio de impugnación se debe considerar improcedente y, por ende, se debe desechar de plano el recurso de reconsideración respectivo

(35)   La responsable determinó confirmar la resolución dictada por el Tribunal local, el cual modificó la resolución emitida por el Instituto local relacionada con el proceso de registro del PRD como partido local derivado de la pérdida de éste como partido nacional, atendiendo a las siguientes consideraciones:

         Señaló que la Convocatoria a la sesión del Tercer Pleno Extraordinario del PRD en Zacatecas en la que se facultó a la Dirección Estatal para realizar el procedimiento de registro ante el Instituto local con motivo de su pérdida a nivel nacional, se hizo correctamente del conocimiento de la militancia con antelación. Sin embargo, no fue impugnado oportunamente por las partes.

         Por otra parte, mencionó que fue correcto que el Tribunal local modificara la resolución del Instituto local, ya que debía ser la Dirección Estatal la encargada de llevar a cabo el procedimiento para la integración de las diversas autoridades partidistas, las cuales serían las encargadas de realizar los ajustes necesarios a sus Estatutos.

         Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para el Registro de Partidos Políticos Locales, así como lo acordado en el Tercer Pleno Extraordinario del PRD.

         Finalmente, la responsable consideró que el Instituto local es la autoridad que cuenta con las facultades necesarias para requerir los ajustes indispensables a fin de cumplir con lo previsto en los Lineamientos para el Registro de Partidos Políticos Locales, máxime que se advertía que, contrario a lo afirmado por el PRD, los Estatutos presentados no cumplían los extremos requeridos, como correctamente lo determinó la autoridad administrativa.

(36)   La parte recurrente plantea los motivos de disenso que se sintetizan a continuación:

         La omisión de la responsable de analizar los planteamientos relativos a la indebida interpretación e inexacta aplicación de los artículos 1 y 41 de la Constitución general, en relación con el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

         La indebida inaplicación de lo determinación por el Consejo General del Instituto local, identificada como RCG-IEEZ-020/IX/2024 emitido en cumplimiento a lo determinado por el Consejo General del INE, en el dictamen relativo a la pérdida de registro del PRD como partido político nacional, por el que se facultaba a todos y cada uno de los órganos estatales estatutarios del otrora PRD en el estado de Zacatecas inscritos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

         La responsable debió tomar en cuenta lo resuelto por la Sala Toluca en el expediente ST-JDC-667/2024 y acumulados, relativo a que la petición de registro debía ser firmado por todos los integrantes de la Dirección Ejecutiva del PRD en el Estado de México.

         Contrario a lo sostenido por la responsable, afirman que los órganos de dirección nacionales del partido político se encontraban vigentes y no podían ser suplidos por el Tercer Pleno Extraordinario para aprobar un estatuto, determinar la inexistencia del Consejo Estatal y demás puntos de acuerdo.

         En ese sentido, no debe darse valor a los actos derivados Tercer Pleno Extraordinario del PRD, al encontrarse viciados de nulidad.

         En cuanto a las conductas ilícitas en las que afirman han incurrido diversas personas (como falsificación de firmas y usurpación de identidad de varios consejeros estatales), se han presentado tres denuncias ente la Fiscalía General en el Estado de Zacatecas.

         Sostienen que el acto controvertido carece de la debida fundamentación y motivación previstas en la Constitución general.

(37)   Como se adelantó, con independencia que se actualice alguna otra causal de improcedencia, el recurso de reconsideración es improcedente, porque de la sentencia impugnada y la demanda no se advierte que subsista algún tema de constitucionalidad o convencionalidad, la inaplicación de normas electorales, ni la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente.

(38)   En efecto, la controversia planteada ante la autoridad responsable consistió en determinar si fue correcta la sentencia emitida por el Tribunal local, por la que modificó la resolución emitida por el Instituto local relacionada con el proceso de registro del PRD como partido local en el estado de Zacatecas derivado de la pérdida de éste como partido nacional.

(39)   En ese sentido, la Sala Monterrey analizó los agravios de diversos promoventes, dentro de ellos uno de los ahora recurrentes, los cuales se reiteran ante esta instancia, y determinó que, tal y como lo había razonado el Tribunal de la entidad, debía ser la Dirección Estatal la encargada de llevar a cabo el procedimiento para la integración de las diversas autoridades partidistas, las cuales serían las encargadas de realizar los ajustes necesarios a sus Estatutos.

(40)   En ese sentido, reiteró que el actuar del Tribunal local, era acorde a lo previsto en los Lineamientos, así como lo acordado en el Tercer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal.

(41)   Asimismo, respecto a la presunta ilegalidad de la Convocatoria a la sesión del Tercer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal en la que, entre otros acuerdos, se facultó a la Dirección Estatal para realizar el procedimiento de registro ante el Instituto local, la responsable precisó que esta fue conforme a Derecho. Máxime que dicho acto no había sido impugnado oportunamente.

(42)   Como se observa, en su sentencia, la Sala Monterrey se limitó a analizar si fue correcta o no la determinación del Tribunal local, llevando a cabo un estudio de mera legalidad.

(43)   Por otra parte, del análisis de la demanda ante esta instancia, tampoco se advierte alguna cuestión de constitucionalidad o convencionalidad, ya que únicamente afirman que la sentencia impugnada está indebidamente fundada y motivada y carece de congruencia y exhaustividad, dado que, a su juicio la responsable no realizó un análisis completo respecto de sus planteamientos ante dicha instancia.

(44)   Ello sin que pase por alto que la parte recurrente alegue que la sentencia de la Sala Monterrey resulta contraria a diversos preceptos constitucionales, sin embargo, esta Sala Superior ha reiterado que no basta que la parte recurrente en el recurso de reconsideración aduzca violación a principios o preceptos constitucionales para que sea procedente el medio de impugnación, ya que, debe existir un auténtico estudio de constitucionalidad, de ahí que no basta la sola mención del recurrente.[22]

(45)   Es así pues el estudio de un tema de naturaleza constitucional se presenta cuando al resolver, la autoridad responsable interpreta directamente la Constitución general, desarrolla el alcance de un derecho reconocido en la norma suprema o en el orden convencional, y en aquellos casos en que lleve a cabo un control difuso de convencionalidad o se omita realizarlo, a pesar de haber sido planteado por la recurrente, lo que en este caso no sucedió.[23]

(46)   Todo lo anterior permite a esta Sala Superior arribar a la conclusión de que, en el caso en análisis, no subsiste ningún problema de constitucionalidad o convencionalidad que permita su intervención en vía de reconsideración.

(47)   Tampoco se considera que la resolución impugnada hubiera incurrido en error judicial, en tanto que expuso las consideraciones para delimitar la controversia atendiendo a los agravios formulados por los promoventes, identificó las consideraciones controvertidas de la resolución del Tribunal local y valoró el caudal probatorio.

(48)   El asunto tampoco reviste de importancia y trascendencia, ya que la metodología para analizar el registro de los partidos políticos nacionales como locales al momento de perder su registro, ha sido materia de análisis por parte de este órgano jurisdiccional, existe jurisprudencia al respecto y no se advierte la necesidad de establecer un criterio que rija casos similares en un futuro.

(49)   Cabe destacar que incluso, de los dos recurrentes sólo uno de ellos fue promovente ante la Sala Monterrey (SM-JDC-13/2025), pero ostentando un carácter distinto (Presidente de la “nueva” Dirección Estatal) al que aduce ahora en su recurso de reconsideración (Delegado Político de la Dirección Nacional Ejecutiva del otrora PRD).

(50)   En este sentido, el carácter con el que se ostentan los ahora recurrentes evidencia que en realidad la posibilidad de que con ese carácter participaran en los actos derivados del requerimiento formulado por el Instituto local quedó excluida en la resolución del Tribunal local al analizar la finalidad de su cargo partidista y la vigencia del mismo, descartando que exista sustento para reconocer que pueden participar en la elección de autoridades partidistas del partido político local y la aprobación de normas estatutarias.

(51)   Así, resulta evidente que, con independencia de que ante la Sala Monterrey no formularon agravio al respecto, los motivos de inconformidad que plantean en esta instancia, aunado a que se refieren a un tema de legalidad, tampoco permitirían alcanzar su pretensión, ya que en su caso la conclusión de sus funciones como Delegados Políticos no se deriva del Tercer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal, sino de la naturaleza y vigencia propia de dicho cargo.

(52)   Asimismo, en el caso no existe controversia respecto de la legitimación de quienes solicitaron en principio el registro como partido político local, sino relacionado con quienes están en posibilidad de participar en el proceso de aprobación de las normas estatutarias y designación de los restantes dirigentes partidistas.

(53)   En consecuencia, al no cumplirse el requisito especial de procedencia para que la Sala Superior revise, en forma extraordinaria, la resolución dictada por la Sala Monterrey, lo conducente es desechar de plano la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3; y 68, párrafo 1 del citado ordenamiento adjetivo federal.