RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-54/2023

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés.

Sentencia que desecha la demanda presentada por Minerva Oralia Méndez Nieto y otras personas[2], a fin de controvertir la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa en el juicio ciudadano SX-JDC-36/2023 y sus acumulados, por no cumplirse el requisito especial de procedencia.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES.

Del escrito de demanda y de las constancias que integran el expediente se advierte lo siguiente:

1. Dictamen sobre método de elección. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós[3] el OPLE emitió el dictamen[4] por el que se identificó el método de elección de las concejalías del ayuntamiento de conformidad con su sistema normativo interno.

2. Asamblea comunitaria previa. El dieciséis de octubre la asamblea general comunitaria del municipio discutió una propuesta de elección para la integración del cabildo 2023 – 2025, para que se realizara con la integración de dos grupos: uno conformado por el ayuntamiento y otro por el denominado “Consejo Ciudadano Municipal” integrado por diversas personas indígenas del municipio con el objeto de que tuvieran una representación conjunta como concejales en el Ayuntamiento.

La propuesta fue rechazada por la asamblea general comunitaria.

3. Primer asamblea electiva. El seis de noviembre, a las trece horas, se celebró la asamblea electiva para la renovación de las autoridades municipales realizada por las autoridades municipales en funciones, con la supervisión de funcionarios electorales del OPLE, en donde resultaron electas las siguientes personas:

4. Segunda asamblea electiva. A las dieciséis horas de la misma fecha, el Consejo Ciudadano Municipal realizó una diversa asamblea electiva para la renovación de las autoridades municipales, en donde resultaron electas las siguientes personas:

5. Validez de la elección. El siete de diciembre el OPLE declaró la validez de la elección realizada por las autoridades del ayuntamiento, es decir, la de la primer asamblea electiva.

6. Instancia local. Diversas personas integrantes del municipio impugnaron la determinación anterior ante el Tribunal local, quien el trece de enero de dos mil veintitrés emitió sentencia[5] en la que confirmó el acuerdo del OPLE que declaró la validez de la elección realizada por las autoridades del ayuntamiento.

7. Instancia regional.

7.1. Demandas. En distintas fechas de enero del presente año, diversas personas pertenecientes al municipio presentaron demandas de juicio de la ciudadanía contra la sentencia local.

7.2. Sentencia regional (acto impugnado) [6]. El uno de febrero del año en curso, la Sala Xalapa confirmó la resolución local.

8. Recurso de reconsideración.

8.1. Demanda. Contra lo anterior, el diez de febrero pasado las personas recurrentes presentaron demanda de recurso de reconsideración.

8.2. Turno. Recibida la demanda en esta Sala Superior, el magistrado presidente acordó integrar el expediente SUP-REC-54/2023 y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. COMPETENCIA.

Esta Sala Superior es competente para conocer del asunto, por ser un recurso de reconsideración, respecto del cual corresponde a esta autoridad jurisdiccional, en forma exclusiva, la facultad para resolverlo[7].

III. IMPROCEDENCIA

1. Decisión.

Esta Sala Superior considera que, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, el recurso de reconsideración no cumple con el requisito especial de procedencia, ya que en la sentencia reclamada no se analizaron cuestiones de constitucionalidad y/o convencionalidad de alguna norma jurídica[8], ni se actualiza alguno de los supuestos de procedencia establecidos por esta Sala Superior.

2. Marco jurídico.

La normativa prevé desechar las demandas cuando el recurso o juicio de que se trate sea notoriamente improcedente[9].

Por otro lado, se establece que las sentencias dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de cosa juzgada, con excepción de aquellas que se puedan controvertir mediante el presente recurso[10].

Por su parte, el recurso de reconsideración procede para impugnar las sentencias de fondo[11] dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

A. En los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores.

B. En los demás juicios o recursos, cuando se determine la inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución.

Asimismo, se ha ampliado la procedencia de la reconsideración, cuando:

-Expresa o implícitamente se inapliquen leyes electorales,[12] normas partidistas[13] o consuetudinarias de carácter electoral[14].

-Se omita el estudio o se declaren inoperantes los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales[15].

-Se declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad[16].

-Exista pronunciamiento sobre la interpretación de preceptos constitucionales, orientativo para aplicar normas secundarias[17].

-Se ejerció control de convencionalidad[18].

-Se aduzca la existencia de irregularidades graves con la posibilidad de vulnerar principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales la Sala Regional omitió adoptar medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos; o bien, se deje de realizar el análisis de tales irregularidades[19].

-Se alegue el indebido análisis u omisión de estudio sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación[20].

- Cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial, aun cuando no se realice un estudio de fondo[21].

- Cuando la Sala Superior considere que se trata de asuntos inéditos o que impliquen un alto nivel de importancia y trascendencia que generen un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional, respecto de sentencias de las Salas Regionales[22].

Acorde con lo anterior, si se deja de actualizar alguno de los supuestos mencionados, la reconsideración será improcedente[23].

3. Caso concreto.

Contexto de la controversia.

La presente cadena impugnativa se relaciona con la elección de las autoridades municipales del ayuntamiento de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca, para el periodo 2023 – 2025, mediante su sistema normativo indígena.

De las constancias que obran en autos se advierte que en el referido municipio existen dos grupos que han tenido conflictos en diversos procesos electorales[24], estos grupos son representados –respectivamente– por la autoridad municipal y por el denominado Consejo Ciudadano Municipal.

En el presente caso, el veinticinco de marzo el OPLE emitió el dictamen[25] por el que se identificó el método de elección de concejales del ayuntamiento.

El dieciséis de octubre la asamblea general comunitaria del ayuntamiento sometió a consideración una propuesta para que en las elecciones de las autoridades del periodo 2023-2025 hubiera una integración de los dos grupos referidos, con el objeto de que tuvieran una representación conjunta como concejales, sin embargo, no fue aprobada.

Así, el presidente municipal del ayuntamiento emitió la convocatoria para la celebración de la asamblea general electiva para renovar las autoridades municipales, la cual se llevaría a cabo el seis de noviembre a las doce horas, en la cancha municipal.

El seis de noviembre a las trece horas se llevó a cabo la asamblea para elegir a las autoridades del ayuntamiento realizada por las autoridades municipales en funciones. En esta asamblea, funcionaros del OPLE supervisaron la instalación de la mesa de debates, así como el desarrollo de la asamblea.

Por otra parte, el mismo seis de noviembre a las dieciséis horas según aducen los recurrentes, se llevó a cabo una segunda asamblea electiva, ahora realizada por el Consejo Ciudadano Municipal, en donde se eligieron a diversas personas que las electas en la asamblea de las trece horas.

El siete de diciembre el OPLE validó la asamblea celebrada por las autoridades del ayuntamiento el seis de noviembre a las trece horas[26] al estimar que cumplía con el sistema normativo de la comunidad, cuestión que fue controvertida por diversos habitantes del municipio ante el Tribunal local.

El trece de enero de dos mil veintitrés el Tribunal local confirmó la determinación del OPLE que calificó como jurídicamente válida la elección de concejalías del ayuntamiento realizada por las autoridades municipales, al estimar que el Consejo Municipal Ciudadano carecía de legitimidad para actuar en el proceso electivo, por no ser una autoridad reconocida en el sistema normativo indígena del municipio, resolución que fue controvertida por diversas personas del municipio ante la Sala Xalapa.

¿Qué resolvió la Sala Xalapa?

Confirmó la sentencia del Tribunal local al calificar como infundados los agravios que le fueron planteados.

Consideró que el conflicto a resolver tenía el carácter de intracomunitario, pues dos grupos en conflicto de una misma comunidad tenían la intención de que se decretara la validez de las elecciones que cada grupo organizó por su cuenta.

En ese sentido, consideró infundados los agravios relativos a que el Consejo Ciudadano Municipal forma parte del sistema normativo interno del municipio al estimar que tal afirmación no estaba acreditada, por lo que dicho consejo tampoco tenía injerencia alguna en el proceso electivo de las autoridades del ayuntamiento[27].

Esto al considerar que los ahí promoventes no acreditaron con ningún elemento de prueba que la designación o creación del referido consejo fuera producto de la asamblea general comunitaria, máxima autoridad indígena en el municipio.

Asimismo, estimó que el Tribunal local no tenía la obligación de requerir el acta de su presunta creación al ser una potestad de esa autoridad, aparte de que dentro de los promoventes ante esa instancia había integrantes de dicho órgano, por lo que debieron aportar la documentación que acreditara su dicho.

También se pronunció sobre el acta de asamblea aportada por los ahí actores en la que pretendían acreditar las facultades para actuar del Consejo Municipal Ciudadano, en donde consideró que esa acta no fue presentada en la instancia local, por lo que el Tribunal local no se pudo pronunciar al respecto, ni demostraba que la creación de ese órgano fuera producto de la asamblea.

Sobre la falta de proceso de mediación razonó que en autos obra el acta de asamblea de dieciséis de octubre, en donde la propuesta de que el Consejo Ciudadano Municipal tuviera representación como concejales no fue aprobada, por lo que de existir inconformidad de alguno de los grupos, tienen a salvo sus derechos para agotar la mediación con miras a la solución del problema que impera, pero de ninguna manera podría privarse de efectos a la elección que ya fue validada.

También estimó infundado el agravio sobre la vulneración del derecho de petición y la falsificación de firmas, pues el Tribunal local sí respondió los planteamientos respecto a la supuesta falsificación de firmas, sin que esas razones se controvirtieran.

Finalmente, calificó como infundado el planteamiento sobre el cambio de método a la hora de votar, pues si bien el Tribunal local no se pronunció al respecto, la forma de votar fue avalada por la asamblea general, sin que ello implicara una vulneración al sistema normativo de la comunidad, ya que el derecho consuetudinario no es estático y se caracteriza también por su dinamismo.

¿Qué exponen los recurrentes?

Consideran que la Sala Xalapa dejó de aplicar los artículos 1 y 2 constitucionales, pues al no reconocer la figura del Consejo Ciudadano Municipal se vulnera el derecho de autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas.

¿Cuál es la determinación de esta Sala Superior?

No se actualiza el requisito especial de procedencia del recurso de reconsideración, porque ni la sentencia impugnada ni lo argumentado por los recurrentes, involucra algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad.

Si bien los recurrentes manifiestan que la Sala Xalapa inaplicó los artículos 1 y 2 constitucionales, ya que al no reconocer la legitimidad del Consejo Municipal Ciudadano se vulneran los principios de autonomía y autogobierno, tal afirmación no implica una cuestión de constitucionalidad.

Lo anterior es así, ya que la Sala Xalapa se limitó a revisar si fue correcto que el Tribunal local confirmara la determinación del OPLE sobre la validez de la elección de las autoridades del ayuntamiento para el periodo 2023 – 2025.

Así, la Sala Xalapa se abocó a temas de mera legalidad relacionados con determinar cuál de las dos asambleas cumplía con el sistema normativo interno, así como si la figura del Consejo Ciudadano Municipal tenía reconocimiento dentro de ese sistema.

Esto, desde el estudio de los elementos que obraban en autos, así como las normas y criterios jurisdiccionales sobre flexibilización de la carga de la prueba en casos que involucren derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Para ello consideró que los ahí actores no proporcionaron la documentación que acreditara que el referido Consejo Ciudadano Municipal fuera producto de la asamblea general comunitaria, por lo que las actuaciones de dicho órgano no podrían tener efectos jurídicos en la elección, al ser una autoridad no reconocida en la comunidad.

Asimismo, calificó como infundados los planteamientos sobre la vulneración del derecho de petición, falsificación de firmas y el cambio de método a la hora de votar, cuestiones que constituyen un análisis de mera legalidad; en tanto que para su pronunciamiento, la Sala Xalapa se limitó a analizar las pruebas existentes en autos.

En ese sentido, lo resuelto por la responsable no se traduce en algún estudio de genuina constitucionalidad, ni en la interpretación directa de algún precepto de la Constitución que hubiera dejado de realizarse.

De igual manera, ha sido criterio de esta Sala Superior que la simple mención de preceptos o principios constitucionales o las referencias a que se dejaron de observar tales preceptos o principios constitucionales no denota la existencia de un problema de constitucionalidad o de convencionalidad ni de interpretación directa de preceptos constitucionales[28]; es decir, no existe un auténtico estudio de constitucionalidad que justifique la procedencia del recurso de reconsideración[29].

Ello, pues el estudio de un tema de naturaleza constitucional se presenta cuando al resolver, la autoridad responsable interpreta directamente la Constitución, desarrolla el alcance de un derecho reconocido por esta o en el orden convencional, y en aquellos casos en que lleve a cabo un control difuso de convencionalidad o se omita realizarlo, a pesar de haber sido planteado por la parte recurrente, lo que en el caso no sucedió.

Finalmente, tampoco se advierte error judicial alguno, ni que el asunto presente un tema de importancia y trascendencia que justifique su procedencia.

4. Conclusión.

Al no actualizarse alguno de los supuestos de procedibilidad del recurso de reconsideración previstos por la normativa electoral aplicable y los criterios emitidos por esta Sala Superior, lo conducente es desechar la demanda.

Por lo expuesto y fundado se

IV. RESUELVE.

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe, así como de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

ANEXO

Recurrentes[30]

38. María Luisa Méndez Martínez.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.