RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-80/2025

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, dos de abril de dos mil veinticinco.

Sentencia que desecha la demanda presentada por Valeria Hernández Reyes, para controvertir la resolución de la Sala Regional Monterrey dictada en el juicio general SM-JG-25/2025, porque no cumple el requisito especial de procedencia.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

1. Denuncia. El veinticuatro y veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, la recurrente denunció, entre otros, a la Vocal Ejecutiva, la encargada de Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores, y al Vocal del Registro Federal de Electores, todos de la Junta Local. Esto por la probable comisión de actos de hostigamiento y/o acoso laboral[2].

2. Acuerdo de la Dirección Jurídica. El veinticuatro de diciembre del mismo año, la Dirección Jurídica acordó no iniciar el procedimiento respecto de la denuncia de la recurrente.

3. Recurso de inconformidad. El catorce de enero[3], la recurrente presentó recurso de inconformidad, el cual fue resuelto por la Junta General Ejecutiva el quince de febrero, en el sentido de confirmar el no inicio de procedimiento.

4. Instancia regional. Inconforme con lo anterior, la recurrente presentó juicio de la ciudadanía[4].

a. Reencauzamiento. El catorce de marzo, la Sala Monterrey reencauzó el juicio de la ciudadanía de la actora a juicio general[5].

b. Sentencia impugnada. El dieciocho de marzo, la Sala Monterrey confirmó la determinación de la Junta General Ejecutiva.

5. Recurso de reconsideración. El veintiuno de marzo, la recurrente interpuso recurso de reconsideración a fin de impugnar la sentencia de la Sala Monterrey.

6. Turno. Recibidas las constancias relacionadas con la demanda de reconsideración, la magistrada presidenta de esta Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, ordenó integrar el expediente SUP-REC-80/2025 y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer del asunto, por ser un recurso de reconsideración, materia de su conocimiento exclusivo.[6]

IMPROCEDENCIA

1. Decisión

La reconsideración es improcedente por no cumplir el requisito especial de procedibilidad.

 2. Marco jurídico

La normativa prevé desechar la demanda cuando el recurso o juicio de que se trate sea notoriamente improcedente.[7]

Por otro lado, se establece que las sentencias dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de cosa juzgada, con excepción de aquellas que se puedan controvertir mediante el presente recurso.[8]

Por su parte, el recurso de reconsideración procede para impugnar las sentencias de fondo[9] dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

A. En los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores.

B. En los demás juicios o recursos, cuando se determine la inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución.

Asimismo, se ha ampliado la procedencia de la reconsideración, cuando:

→ Expresa o implícitamente se inapliquen leyes electorales,[10] normas partidistas[11] o consuetudinarias de carácter electoral.[12]

→ Se omita el estudio o se declaren inoperantes los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales.[13]

→ Se declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad.[14]

→ Exista pronunciamiento sobre la interpretación de preceptos constitucionales, orientativo para aplicar normas secundarias.[15]

→ Se ejerció control de convencionalidad.[16]

→ Se aduzca la existencia de irregularidades graves con la posibilidad de vulnerar principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales la Sala Regional omitió adoptar medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos; o bien, se deje de realizar el análisis de tales irregularidades.[17]

→ Se alegue el indebido análisis u omisión de estudio sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación.[18]

→ Cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial, aun cuando no se realice un estudio de fondo.[19]

→ Cuando la Sala Superior considere que se trata de asuntos inéditos o que impliquen un alto nivel de importancia y trascendencia que generen un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional, respecto de sentencias de las Salas Regionales.[20]

→ Cuando la Sala Regional determine la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia que resolvió el fondo de la controversia.[21]

Acorde con lo anterior, si no se actualiza alguno de los supuestos mencionados, la reconsideración será improcedente.[22]

3. Caso concreto.

Se debe desechar la demanda, porque la recurrente impugna una sentencia en la cual no se realizó un análisis de constitucionalidad o convencionalidad,[23] no se trata de un asunto relevante y trascendente y tampoco se advierte una violación manifiesta al debido proceso o, en su caso, un notorio error judicial, conforme a lo siguiente.

¿Cuál es el contexto de la controversia?

En la instancia administrativa, la actora denunció a diversas personas por supuesta comisión de actos de hostigamiento y/o acoso laboral.

Al resolver la controversia, la Dirección Jurídica determinó no iniciar el procedimiento, en esencia, porque:

         Respecto a la presunta publicación de sus datos personales en una página de internet y el posterior mensaje de índole sexual no eran materia del procedimiento porque habían sido cometidos por personas ajenas al INE.

         En cuanto a: supuestos nombramientos y designación de personal de la Vocal Ejecutiva en la Junta Local; supuesta emisión de recursos de manera irregular en un correo electrónico; supuesto rechazo de trámite de pago de un funcionario; sobre la renta de un bien inmueble; y, respecto a que tres prestadores de servicio incumplieron sus obligaciones; no eran hechos que afectaran a la recurrente; y/o bien que fueran materia del procedimiento, o que las conductas estuvieran relacionadas con hostigamiento o acoso laboral.

         Por lo que lo que hacía a publicaciones realizadas en Facebook en contra de la recurrente por conductas de hostigamiento por capacitadores asistentes electorales y servidores en el distrito 6 Monterrey, los mismos no eran hechos propios de la denunciante.

         En lo relativo a diversas conversaciones en Facebook, consideró que eran de índole personal entre una persona externa al INE y la denunciante, por lo que eran actos ajenos al instituto.

Por su parte la Junta General Ejecutiva confirmó esa determinación al estimar que:

-          No asistía razón a la recurrente respecto del planteamiento relativo a que incorrectamente se había determinado que los prestadores de servicio no podían ser sujetos de procedimiento, porque tratándose de asuntos de acoso sexual o laboral las conductas de los prestadores de servicio se rigen conforme al contrato de prestación de servicios;

-          No se ignoró la jurisprudencia que indica que el vínculo laboral se demuestra con los servicios prestados, ya que ese vínculo solo se acredita mediante una sentencia.

-          No se vulneraron los lineamientos respecto a la forma de desahogar los interrogatorios, toda vez que el desahogo de las pruebas ocurre una vez iniciado el proceso, lo que en el caso no había sucedido.

Inconforme con lo anterior, la recurrente presentó el recurso de reconsideración.

¿Qué resolvió la Sala Regional Monterrey?

Confirmó la resolución de la Junta General ejecutiva, porque:

a. Los planteamientos de la recurrente no habían confrontado las razones de dicha Junta, debido a que se había limitado a realizar manifestaciones tendentes a desvirtuar la designación ilegal de sus presuntos hostigadores por parte de las supuestas decisiones arbitrarias de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local.

b. Consideró ineficaces, entre otros argumentos, el relativo a un supuesto conflicto de intereses de la Directora de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral y el Director de Asuntos Jurídicos para resolver su asunto; por ser planteamientos novedosos.

c. Consideró ineficaz el argumento en que la recurrente alegó que se desecharon tres testimoniales, porque aun cuando se tomaran en cuenta, no se acreditaría la infracción alegada, debido a que los testigos habían señalado no advertir cuestión alguna que configurara acoso laboral.

¿Qué alega la recurrente?

La recurrente argumenta sustancialmente que la Sala Monterrey:

-  Violentó su garantía al debido proceso, al desestimar los hechos denunciados sin permitir su investigación. Situación que constituye un error evidente.

- Fue incorrecto que declarara inoperantes sus agravios, pues si reiteró los mismos, fue con el propósito de evidenciar la omisión en la que había incurrido la Dirección Jurídica.

- La revictimizó, porque aún sigue abierta una carpeta de investigación y no existe pronunciamiento ministerial, ni judicial que descarte la participación de personas servidoras públicas del INE.

- Limitó arbitrariamente el acceso a la verdad al no permitir que se realizaran las diligencias que acreditaran el nexo institucional.

- Incumplió diversas normas constitucionales y convencionales al no ordenar la investigación de los hechos de suplantación de identidad y violencia digital.

- Al analizar la controversia, no solo desconoce la naturaleza compleja de la violencia digital, sino es una determinación con efectos regresivos sobre los derechos laborales y humanos, en la que se deja de aplicar la perspectiva de género.

- Tergiversó los hechos denunciados, pues realizó una lectura parcial, incompleta y descontextualizada de los hechos denunciados.

- Omitió mencionar que la Dirección Jurídica le impuso un plazo de cinco días para presentar la denuncia; y que en diversos escritos solicitó la designación de un abogado.

¿Cuál es la decisión de esta Sala Superior?

La reconsideración es improcedente, porque no se actualiza el requisito especial de procedencia del recurso, debido a que ni la sentencia impugnada, ni lo argumentado por la parte recurrente involucran algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad.

En efecto, la sala regional no inaplicó alguna disposición constitucional o legal por considerarla contraria a la Constitución federal.

La sala responsable solo confirmó la resolución de la Junta General Ejecutiva al considerar inoperantes e ineficaces los agravios de la recurrente porque, se había limitado a reiterar sus planteamientos, o bien, porque estos eran novedosos, o porque aún de analizarlos no alcanzaría su pretensión de revocar la determinación de la referida Junta.

En este sentido, la Sala responsable solo realizó un estudio de legalidad en la que decidió confirmar la determinación asumida por la Junta General Ejecutiva, derivado de la inoperancia e ineficacia de los agravios de la recurrente.

Por su parte la recurrente, vierte argumentos encaminados a evidenciar un estudio indebido de la controversia; falta de exhaustividad por parte de la responsable, e insiste que sí se acredita la falta denunciada.

No obstante, esos argumentos corresponden a temas de mera legalidad al no estar relacionados con cuestiones de constitucionalidad o convencionalidad.

Asimismo, se considera que el asunto no reviste relevancia o trascendencia que deba ser dilucidada por este órgano de control constitucional, debido a que la litis consiste en determinar si fue correcto o no que la Sala responsable confirmara la determinación en la que se convalidó no iniciar el procedimiento.

Finalmente, es criterio de la Sala Superior que la simple mención de vulneración de preceptos o principios constitucionales o convencionales no denota la existencia de un problema de constitucionalidad o de convencionalidad.[24]

Por último, no pasa desapercibido que la que recurrente también se duele de que su medio de impugnación presentado como juicio de la ciudadanía ante la Sala responsable se haya reencauzado a juicio general; sin embargo, ningún efecto práctico tendría escindir la demanda para analizar ese argumento, dado que, aún analizando la vía por la que se conoció la controversia, ello no conllevaría a revocar la sentencia de fondo sostenida por la Sala responsable.

En consecuencia, se procede desechar la demanda del recurso de reconsideración.

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

Notifíquese conforme a derecho.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.