RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
EXPEDIENTE: SUP-REC-161/2024
RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA[1]
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ[2]
MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA
SECRETARIADO: SELENE LIZBETH GONZÁLEZ MEDINA, GERMAN VÁSQUEZ PACHECO Y ALEJANDRO DEL RÍO PRIEDE
ColaborARON: fÉLIX rAFAEL gUERRA rAMÍREZ, NEO CÉSAR PATRICIO LÓPEZ ORTIZ, CLARISSA VENEROSO SEGURA Y MIGUEL ÁNGEL APODACA MARTÍNEZ
Ciudad de México, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro[3]
(1) Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desecha de plano la demanda de recurso de reconsideración SUP-REC-161/2024, porque no se actualiza el requisito especial de procedencia, ni se aprecia un error judicial evidente o la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente.
I. ASPECTOS GENERALES
(3) El Consejo General del INE emitió resolución el ocho de febrero en el expediente INE/CG102/2024, por la cual desechó de plano el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de Ana Patricia Peralta de la Peña y, ordenó dar vista al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en virtud de que consideró que los hechos denunciados versaban sobre la presunta actualización de actos anticipados de precampaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
(4) En contra de la determinación anterior, el doce de febrero, el actor interpuso medio de impugnación, el cual fue reencauzado a la Sala Regional Xalapa (SUP-RAP-47/2024), en virtud de que es la autoridad competente para resolver el asunto; por lo que el trece de marzo, la Sala en cita dictó sentencia en el expediente SX-RAP-38/2024, en la cual confirmó la resolución emitida por el CG del INE.
(5) Dicha sentencia de la Sala regional es el acto que se impugna en esta instancia.
II. ANTECEDENTES
(6) De las constancias del expediente y de los hechos narrados en la demanda, se pueden apreciar, los siguientes hechos relevantes en la presente controversia:
(7) 1. Escrito de queja. El dos de enero, el PRD, por conducto de su presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido, presentó escrito de queja contra Ana Patricia Peralta de la Peña, en su calidad de presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo y como presunta aspirante a la precandidatura para su reelección, por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, con motivo de la compra de espacios en medios de comunicación digitales, así como la aportación de un ente impedido, en el marco del proceso electoral ordinario 2023-2024.
(8) 2. Resolución del Consejo General (INE/CG102/2024). El ocho de febrero, el CG del INE emitió resolución en la cual desechó de plano el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de Ana Patricia Peralta de la Peña y, ordenó dar vista al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en virtud de que consideró que los hechos denunciados versaban sobre la presunta actualización de actos anticipados de precampaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
(9) 3. Reencauzamiento (SUP-RAP-47/2024). Inconforme con la determinación anterior, el doce de febrero, el partido político recurrente interpuso recurso de apelación, del cual conoció esta Sala Superior, quien lo radicó bajo el expediente SUP-RAP-47/2024, y el veintinueve del mismo mes, resolvió reencauzar la demanda a la Sala Regional Xalapa por ser la autoridad competente para sustanciar y resolver el recurso en cuestión.
(10) 4. Sentencia impugnada (SX-RAP-38/2024). El trece de marzo, la Sala Regional Xalapa dictó sentencia en el expediente SX-RAP-38/2024, en la cual se confirmó la resolución impugnada, por la cual se desechó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización contra Ana Patricia Peralta de la Peña, al considerarse incompetente para sustanciarlo.
(11) 5. Recurso de reconsideración. Inconforme, el dieciséis de marzo, el partido político recurrente interpuso recurso de reconsideración.
III. TRÁMITE
(12) Turno. En su oportunidad, se turnó el expediente SUP-REC-161/2024, a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[4]
(13) Radicación. En su momento, el magistrado instructor radicó el expediente en la ponencia a su cargo.
IV. COMPETENCIA
(14) La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto para controvertir una sentencia emitida por una Sala Regional.[5]
V. IMPROCEDENCIA
1. Tesis de la decisión
(15) Esta Sala Superior considera que, la demanda del recurso de reconsideración se debe desechar de plano al no cumplirse con el requisito especial de procedencia, porque no se advierte un análisis de algún tema de constitucionalidad, la inaplicación de normas electorales ni se advierte error judicial evidente o la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente.
2. Marco de referencia
(16) Dentro de la gama de medios de impugnación existentes en materia electoral, el recurso de reconsideración posee una naturaleza dual ya que, por un lado, se trata de un medio ordinario para impugnar las resoluciones de las Salas Regionales referidas en el artículo 61, numeral 1, inciso a), de la Ley de Medios y, por otro, se trata de un medio extraordinario a través del cual esta Sala Superior opera como un órgano de control de la regularidad constitucional.
(17) Lo anterior, ya que, según lo dispuesto por el numeral 1, inciso b), del artículo citado, la procedencia del recurso se materializa también cuando las sentencias dictadas por las Salas Regionales hayan decidido la no aplicación de alguna ley en materia electoral que se estime contraria a la Constitución general.
(18) Así, por regla general, las sentencias pronunciadas por las Salas Regionales son definitivas e inatacables; sin embargo, serán susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración, cuando se refieren a juicios de inconformidad en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Medios, o cuando dichos órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre temas propiamente de constitucionalidad, en los demás medios de impugnación.
(19) Esto último, porque el recurso de reconsideración no constituye una ulterior instancia, sino una de carácter constitucional extraordinaria conforme a la cual la Sala Superior ejerce un auténtico control de constitucionalidad de las sentencias pronunciadas por las Salas Regionales.
(20) En principio, cuando hayan resuelto la no aplicación de normas electorales, precisamente por considerarlas contrarias a la Constitución, lo que equivale no sólo al estudio de dicho ejercicio, sino que la jurisdicción de la Sala Superior habilita una revisión amplia, en la medida en que sobre el tema es el único instrumento procesal con el que cuentan las partes para ejercer el derecho de defensa.
(21) Por esta razón, y dada la naturaleza extraordinaria del medio de impugnación que se estudia, conforme al criterio reiterado de esta Sala Superior, se ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración en aras de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución general.
(22) Al respecto, a partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución general, así como de los artículos 3, 61 y 62 de la Ley de Medios, se ha determinado que el recurso de reconsideración también es procedente en los casos en que se aducen planteamientos sobre la constitucionalidad de una norma.
(23) En este sentido, la procedencia del recurso de reconsideración para impugnar resoluciones dictadas por las Salas Regionales se actualiza en los casos siguientes:
PROCEDENCIA ORDINARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE MEDIOS[6] | PROCEDENCIA DESARROLLADA POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA SUPERIOR |
Sentencias de fondo dictadas en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores. Sentencias recaídas a los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución general. | Sentencias de fondo dictadas en algún medio de impugnación distinto al juicio de inconformidad en las que se analice o deba analizar algún tema de constitucionalidad o convencionalidad planteado ante la Sala Regional y se haga valer en la demanda de reconsideración. Sentencias que expresa o implícitamente inapliquen leyes electorales, normas partidistas o normas consuetudinarias de carácter electoral, por considerarlas contrarias a la Constitución general.[7] Sentencias que omitan el estudio o declaren inoperantes los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales.[8] Sentencias que interpreten directamente preceptos constitucionales.[9] Cuando se ejerza control de convencionalidad.[10] Cuando se alegue la existencia de irregularidades graves, que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, sin que las Salas Regionales hayan adoptado las medidas para garantizar su observancia o hayan omitido su análisis.[11] Sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso, en caso de notorio error judicial.[12] |
(24) En consecuencia, si no se actualiza alguno de los supuestos de procedibilidad precisados, los medios de impugnación se deben considerar improcedentes y, por ende, se deben desechar de plano los respectivos recursos.
3. Sentencia de la Sala Regional
(25) La Sala Xalapa confirmó la resolución emitida por el Consejo General del INE, emitida en el expediente INE/CG102/2024 el ocho de febrero, en virtud de que las consideraciones esgrimidas por el INE se encuentran ajustadas a Derecho.
(26) Lo anterior porque, del análisis de la queja, la Sala en cita advirtió que los hechos en los que basa su demanda el partido recurrente, están relacionados con la posible comisión de actos anticipados de precampaña, por lo que es necesario un pronunciamiento previo del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, para determinar la existencia o no de las infracciones denunciadas y una vez realizado lo anterior, el INE tendría competencia suficiente para pronunciarse en materia de fiscalización de los recursos que deban ser sumados al tope de gastos de precampaña.
(27) Asimismo, refirió el marco normativo aplicable a la competencia tanto del INE para conocer asuntos relacionados en materia de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, para los procesos electorales federales y locales, como de la Unidad de Fiscalización, que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de los partidos políticos y candidatos, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos recibidos por cualquier tipo de financiamiento.
(28) De igual manera, plantea el marco jurídico en el cual se desenvuelve las facultades de la Comisión de Fiscalización del INE, el cual establece que es un órgano encargado de supervisar la sustanciación de los procedimientos en materia de fiscalización y de revisar los proyectos de resolución presentados por la UTF.
(29) Finalmente, revisa la normativa por la cual establece que las queja serán improcedentes, entre otras cuestiones, cuando la Unidad de Fiscalización carezca de competencia para conocer de los hechos objeto de la denuncia y al actualizarse dicho supuesto jurídico, se deberá remitir el asunto a la autoridad competente.
(30) En ese orden de ideas, la Sala Xalapa definió que los hechos denunciados por el actor versaron en las siguientes cuestiones:
Propaganda Gubernamental personalizada del Ayuntamiento de Benito Juárez en favor de la denunciada, en su calidad de presidenta municipal.
Uso imparcial de recursos públicos para la compra de espacios en medios de comunicación para la promoción personalizada de la denunciada.
La posible aportación de un ente impedido.
(31) En tales consideraciones, la Sala en cuestión advirtió que el PRD hizo depender su denuncia de la acreditación de los actos anticipados y demás conductas denunciadas, lo que le corresponde resolver al Instituto local, quien posee la facultad necesaria para determinar la existencia de las conductas infractoras y la responsabilidad de la persona denunciada y, de ese modo, actualizar la competencia de la referida Unidad para que determine lo conducente.
(32) Conforme a lo anterior, la Sala Regional resolvió que, en el caso, no se configura una negativa de acceso a la justicia, ya que el INE sólo remitió la queja al Instituto local para que determinara lo conducente sobre la existencia o no de los actos denunciados y, en el caso que se acredite dicha existencia, remitir a la autoridad fiscalizadora las constancias respectivas.
(33) Asimismo, estimó que la resolución impugnada no contravino el principio de exhaustividad, toda vez que, al actualizarse una causal de improcedencia, primero debe superarse ésta para otorgar un buen acceso a la justicia; por lo que, en términos de la Sala Xalapa, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho.
4. Planteamiento del partido político recurrente (PRD)
(34) El partido recurrente alega que el recurso de reconsideración es procedente porque la Sala Xalapa realizó un indebido control de constitucionalidad, con motivo de la supuesta inaplicación o desaplicación a la porción normativa del artículo 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, lo anterior, viola en su perjuicio el principio de acceso a justicia completa.
(35) Con base en ello, el partido recurrente esgrime que es incorrecto la determinación de la autoridad responsable, relativa a que previo a la presentación de sustanciación de su queja era necesario un pronunciamiento sobre la existencia de los actos denunciados por el Instituto local, toda vez que no posee sustento legal ni jurisprudencial y, dicho hecho inaplica la atribución constitucional que faculta al INE de conocer y resolver la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus candidaturas en los procesos electorales locales.
(36) En otro orden de ideas, la parte recurrente manifiesta que no se consideró la totalidad de sus agravios, toda vez que no todas las conductas que denunció encuadran en actos anticipados de precampaña o campaña no fiscalizados, sino que también denuncia la aportación de un ente prohibido.
(37) Finalmente, esgrime que esta Sala Superior debe conocer de la presente controversia, en virtud de que es factible establecer un criterio respecto de la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se vinculen con actos anticipados de precampaña y campaña.
5. Caso Concreto
(38) Es improcedente el recurso de reconsideración porque de la sentencia impugnada y la demanda presentada ante esta Sala Superior, no se advierte que subsista algún tema de constitucionalidad o convencionalidad, la inaplicación de normas electorales, ni se aprecia un error judicial o la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente.
(39) En efecto, la Sala Regional Xalapa se limitó a analizar si las consideraciones que sostuvo el Consejo General del INE en la resolución emitida el ocho de febrero, en el expediente INE/CG102/2024, se dictaron conforme a derecho, relativo a que previo resolver sobre la fiscalización de los actos que fueron objeto de denuncia, era necesario un pronunciamiento sobre la existencia de los actos anticipados de precampaña del Instituto local, con el objetivo de que, una vez acreditada la existencia, dichos actos se pudieran fiscalizar.
(40) De lo anterior, se advierte que lo analizado por la Sala Xalapa no se relaciona con algún tema de constitucionalidad o convencionalidad que deba revisarse en esta instancia, pues son temas de mera legalidad al corresponder con interpretaciones sobre aspectos competenciales, en particular, de los alcances de las facultades previstas para el INE y las autoridades fiscalizadoras.
(41) Lo anterior porque la Sala Xalapa concluyó que los hechos denunciados están relacionados con actos anticipados de precampaña, propaganda gubernamental personalizada, uso indebido de recursos públicos por la presunta compra de espacios en medios de comunicación, así como la aportación de un ente impedido por el pautado en redes sociales, egresos no reportados y un probable rebase de tope de gastos de precampaña, así como propaganda difundida en medios digitales y redes sociales, dentro del marco del proceso electoral local ordinario 2023-2024 en Quintana Roo.
(42) Con base a lo anterior, la autoridad responsable consideró que la existencia de dichos actos y la responsabilidad de la persona denunciada, debían ser acreditadas previamente por el Instituto local, siendo correcta la determinación del INE de desechar la queja y remitirla a la autoridad competente.
(43) Asimismo, se advierte que el recurrente alega que la autoridad responsable realizó un control de constitucionalidad, con motivo de la inaplicación o desaplicación a la porción normativa del artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución federal y del artículo 196, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al sujetar la actuación de la autoridad fiscalizadora a la determinación de un organismo público local electoral.
(44) No obstante, la Sala Xalapa no llevó a cabo algún estudio de constitucionalidad o convencionalidad ni realizó la inaplicación de alguna norma, sino que su estudio versó sobre si el desechamiento determinado por el CG del INE se ajustó a la normativa electoral, así como a los precedentes de este órgano jurisdiccional, es decir, un tema de mera legalidad.
(45) Asimismo, se desestima como argumento para conocer del presente medio de impugnación, la manifestación del partido recurrente relativa a que la denuncia de aportaciones de ente prohibido sí ameritaba que se aperturara el procedimiento de fiscalización, pues a su juicio, no todas las conductas denunciadas se relacionan con actos de precampaña no fiscalizados.
(46) Lo anterior porque, esa posible infracción, también está sujeta a que previamente, la autoridad competente determine, en primera instancia, la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña.
(47) Por otro lado, esta Sala Superior tampoco observa que la Sala Regional haya incurrido en un error evidente e incontrovertible, apreciable de la simple revisión del expediente.
(48) Finalmente, como se adelantó, tampoco se considera que el asunto sea relevante o novedoso, desde el punto de vista constitucional, ya que esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada, que cuando se denuncian hechos presuntamente constitutivos de transgredir la normativa en materia de fiscalización, con motivo de posibles actos anticipados de precampaña o campaña, es indispensable un pronunciamiento previo del órgano competente, respecto a la existencia de dichos actos.
(49) Todo lo anterior, permite a esta Sala Superior arribar a la conclusión de que, en el caso en análisis, no subsiste ningún problema de constitucionalidad y/o convencionalidad que permita su intervención en vía de reconsideración.
(50) En consecuencia, al no colmarse alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración, previstas en la Ley de Medios, así como de aquellas derivadas de la interpretación de este órgano jurisdiccional, procede el desechamiento de plano de la demanda.
(51) Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior.
VI. RESUELVE
ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de reconsideración.
NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.