RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-302/2015

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,  ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE REVUELTA LÓPEZ

México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de reconsideración promovido por el Partido del Trabajo, por conducto de sus representantes propietarios, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua y en el Consejo Distrital de ese Instituto en el distrito electoral uno (01) de esa entidad federativa, con sede en Ciudad Juárez, a fin de controvertir la sentencia de treinta de junio de dos mil quince, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave SG-JIN-28/2015, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el recurrente hace en su escrito de reconsideración, así como de las constancias que obran en autos de los expediente al rubro indicado, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del procedimiento electoral federal. El siete de octubre de dos mil catorce, inició el procedimiento electoral federal ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015), para elegir, entre otros, diputados al Congreso de la Unión.

2. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al procedimiento electoral federal ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015).

3. Sesión de cómputo distrital. El diez de junio de dos mil quince inició la sesión de cómputo distrital de la elección de diputados federales, por el principio de mayoría relativa, en el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al distrito electoral uno (1), en el Estado de Chihuahua.

La votación final obtenida por los candidatos fue la siguiente:

Al finalizar el cómputo, se declaró la validez de la elección y se otorgó la respectiva constancia de mayoría.

4. Juicio de inconformidad. El quince de junio de dos mil quince, el Partido del Trabajo presentó demanda de juicio de inconformidad para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

El medio de impugnación quedó radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la clave de expediente SG-JIN-28/2015.

5. Sentencia impugnada. El treinta de junio de dos mil quince, la Sala Regional Guadalajara dictó sentencia en el juicio de inconformidad señalado en apartado cuatro (4) que antecede, cuyos puntos resolutivos a continuación se precisan:

Primero. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 2977 Básica, en términos en la presente sentencia.

Segundo. Se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales, correspondiente al Distrito Electoral Federal uno (1) del Estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, en términos del considerando último de esta ejecutoria.

Tercero. Se confirma la expedición de la constancia de mayoría y validez.

Cuarto. Remítase copia certificada de esta ejecutoria al expediente que se tramita para efectuar el cómputo final y, en su caso, la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, que deberá realizar la instancia administrativa electoral nacional.

La resolución transcrita fue notificada el treinta de junio de dos mil quince, al recurrente.

II. Recurso de reconsideración. Disconforme con la resolución precisada en el apartado 4 (cuatro) del resultando que antecede, por escrito presentado el tres de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de este Tribunal Electoral, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Partido del Trabajo, promovió el recurso de reconsideración que se resuelve.

III. Recepción del recurso. El cuatro de julio de dos mil quince, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco remitió, por oficio TEPJF/SRG/P/352/2015, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato seis de julio, el expediente identificado con la clave SG-JIN-28/2015, integrado con motivo del juicio de inconformidad cuya resolución se impugna, promovido por el Partido del Trabajo.

Entre los documentos remitidos obran el escrito de impugnación y el informe circunstanciado de la Sala Regional responsable.

IV. Turno a Ponencia. Mediante proveído de seis de julio de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente identificado con la clave SUP-REC-302/2015 con motivo del recurso de consideración precisado en el resultando que antecede; asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19 y 68, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Recepción y radicación. Por acuerdo de siete de julio de dos mil quince, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la recepción del expediente identificado con la clave SUP-REC-302/2015, así como su radicación, en la Ponencia a su cargo.

VI. Incomparecencia de tercero interesado. De las constancias de autos se advierte que durante la tramitación del recurso de reconsideración, al rubro identificado, no compareció tercero interesado alguno.

VII. Admisión. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil quince, al considerar que se cumplen los requisitos de procedibilidad del recurso al rubro indicado, el Magistrado   acordó admitir la demanda respectiva.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción I, y 189, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de reconsideración promovido para controvertir una sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara, de este Tribunal Electoral, al resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave de expediente SG-JIN-28/2015.

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales de procedibilidad y presupuesto. En el recurso de reconsideración promovido por el Partido del Trabajo, al rubro identificado, se satisfacen los requisitos generales y especiales de procedibilidad, así como el respectivo presupuesto, al tenor siguiente:

1. Requisitos generales. Estos requisitos se consideran satisfechos, en términos del acuerdo admisorio, de fecha catorce del julio de dos mil quince, dictado por el Magistrado Ponente, en el recurso al rubro indicado.

2. Requisitos especiales. En el recurso de reconsideración, al rubro identificado, se satisfacen los requisitos especiales de procedibilidad previstos en los artículos 61, párrafo 1, inciso a); 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 63, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Impugnar sentencia de fondo dictada por una Sala Regional. Esta Sala Superior considera que en este caso se satisface el requisito previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso a), porque se impugna una sentencia de fondo dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, en un juicio de inconformidad promovido para controvertir los resultados de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el distrito electoral federal uno (1) del Estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez.

b) Requisitos especiales y presupuestos de procedibilidad.  El medio de impugnación satisface los requisito previstos en el artículo 63, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en señalar claramente el presupuesto de la impugnación y expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección.

En principio, de una interpretación literal de lo previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), de la mencionada ley, se entenderá que el presente recurso de reconsideración sólo es procedente cuando el fallo pueda tener como efecto, influir en el resultado de la elección.

No obstante, esta Sala Superior considera que de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 17, 60, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 63, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, para la procedencia formal del recurso de reconsideración, en el presente caso, se deben tener por satisfechos los requisitos especiales y presupuesto de procedibilidad del recurso de reconsideración al rubro indicado.

Lo anterior se explica sobre la base de que el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la constitución, que consagra la tutela judicial efectiva, obliga a los juzgadores a aplicar el principio pro actione, a efecto de interpretar las normas de forma tal que, en la medida de lo posible, se privilegie los pronunciamientos sobre el fondo del asunto.[1]

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el derecho humano de acceso a la justicia previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al afirmar que los órganos jurisdiccionales deben lograr que el acceso a la jurisdicción se garantice de manera efectiva; como se advierte del texto siguiente:

218. Por otro lado, este Tribunal ha establecido que "el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Asimismo el Tribunal ha considerado que "los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad", pues de lo contrario se "conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones"[ COIDH Caso Myrna Mack Chang, párr. 211, y COIDH Caso Luna López, párr. 156], [….]. El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. [2]

Lo anterior también es coincidente con lo que ha interpretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la negación del acceso a la justicia, en razón de requisitos de procedencia que en algunos supuestos puedan generar incertidumbre o falta de claridad, constituyen afectaciones a los derechos en cita, tal como se advierte de la siguiente cita:

58. Sin embargo, puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una violación a dicho derecho fundamental.

[…]

61. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción.[3]

En el caso, el partido recurrente aduce en su escrito recursal que la sala responsable realizó un examen deficiente, debido a que no atendió puntualmente los agravios que hizo valer en su juicio de inconformidad, situación que considera conculca en su perjuicio los principios rectores en materia electoral, al no analizar debidamente las causales de nulidad que fueron invocadas y debidamente probadas; causales a través de las cuales, de haberse actualizado, hubieran repercutido en modificar el resultado de la elección, teniendo como efectos, su anulación, presupuesto de impugnación señalado en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, cabe precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), de la mencionada ley, se entenderá que se modifica el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto: I. Anular la elección; II. Revocar la anulación de la elección; II. Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el Consejo correspondiente del Instituto; IV. Asignar la senaduría de primera minoría a un candidato o fórmula distintos, o V. Corregir la asignación de diputados o senadores según el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, es del conocimiento de esta Sala Superior que a la fecha en que se actúa, el Partido del Trabajo ha promovido ciento cincuenta juicios de inconformidad y treinta y un recursos de reconsideración,[4] en diferentes distritos electorales uninominales, en los cuales aduce distintas causales de nulidad de la votación recibida en casilla, así como la nulidad de la elección, cuya pretensión no radica en un eventual cambio de ganador, sino en que una vez decretada la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, en su caso de la elección, generar un incrementó en su porcentaje de votación válida emitida a su favor y con ello alcanzar el 3% de la votación requerida para conservar su registro como partido político nacional.

En ese sentido, se advierte que los agravios que se aduzcan en el recurso de reconsideración no sólo pueden tener los efectos previstos en el mencionado artículo 63, párrafo 1, inciso c), sino que también pueden tener como efecto que algún partido político conserve su registro.

Así, esta Sala Superior considera que a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, para la procedencia formal del recurso de reconsideración, también debe tenerse como presupuesto de impugnación que se aduzcan agravios que puedan tener como efecto que algún partido político conserve su registro.

En el entendido de que la pretensión final del partido político recurrente  de conservar su registro sólo puede ser valorada, por el Instituto Nacional Electoral, en su momento y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, hasta que se resuelvan todos y cada uno de los medios de impugnación, a efecto de conocer, en un momento posterior, la votación válida emitida sobre la cual se deberá calcular el porcentaje de votos obtenidos por el partido político actor, a efecto de determinar si alcanza o no el porcentaje necesario para conservar su registro como partido político nacional.

Con base en lo anterior, en el contexto de la presente impugnación, debe de tenerse por actualizado el respectivo presupuesto de impugnación y proceder al estudio de fondo de los agravios que se hacen valer.

TERCERO. Conceptos de agravio. La parte recurrente hace valer los siguientes conceptos de agravio:

ÚNICO: Causa agravio al Partido del Trabajo, en primer término la falta de exhaustividad de la resolución que se combate ya que el órgano jurisdiccional omitió analizar la totalidad de las probanzas ofrecidas en tiempo y forma dentro del Juicio de Inconformidad, en específico el medio de convicción atinente a:

“13. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en una impresión o informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral, el cual obra en poder del Instituto Nacional Electoral.”

Lo importante de dicha probanza radica en que de conformidad con el Sistema de Información de la Jornada Electoral, el cual constituye un documento público con valor probatorio pleno, en poder del Instituto Nacional Electoral, se acredita la causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 75 numeral 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en virtud de que en las casillas que se señalaron y se identificaron en el juicio primigenio, se recibió la votación por personas y órganos distintos a los facultados expresamente por la autoridad electoral en términos de la LEGIPE, lo que sin lugar a dudas representa una violación determinante por parte de la Sala Regional del TEPJF.

Además del informe de referencia claramente se puede observar en el Juicio de inconformidad que se ofrecieron adicionalmente otros medios de prueba a saber: las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo correspondiente a cada una de las casillas cuya nulidad se solicitó, el listado nominal definitivo de la sección señaladas, probanzas que en su conjunto de haberse desahogado hubieran conducido a la responsable a anular la votación de las casillas que se indicaban.

Se dice lo anterior ya que la propia Sala Regional del TEPJF se limitó a señalar, a fojas 38 a 40, que no se expusieron hechos concretos relacionadas con la irregularidad invocada y que únicamente se enlistaron casillas sin que se aportara elemento alguno del que se pudiera desprender un agravio debidamente configurado, además de establecer una obligación adicional no contemplada en ningún cuerpo normativo atinente la obligación de señalar el nombre del ciudadano y el cargo en el que fungió en la mesa directiva de casilla.

Con lo anterior la Sala Regional del TEPJF incumplió con exhaustividad de la resolución que se combate, pues contrariamente a lo señalado por la autoridad jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad interpuesto se señala con toda claridad las causales de nulidad invocadas, los preceptos quebrantados, los hechos en que se fundamenta la impugnación y se especificaron las casillas en las cuales se presentaron las irregularidades invocadas. Adicionalmente es de señalarse que del Acta de la Jornada Electoral se extrae los ciudadanos que actuaron como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, de la lista nominal de electores se desprende los ciudadanos que corresponden a una determinada sección electoral, las cuales junto con el informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral respecto a lo que la autoridad llama enlistado de casillas, es decir la identificación de las casillas en las que se presentó la irregularidad, constituyen los medios de prueba idóneos para acreditar los hechos en que se fundó el juicio de inconformidad, con los citados medios de prueba la Sala Regional del TEPJF hubiera extraído los nombres de los ciudadanos y el cargo con el que fungieron en la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, y así no establecer una obligación adicional no contemplada en la Ley General de Medios de Impugnación.

En otras palabras del informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral se extrae los datos de identificación de los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios que originalmente fueron señalados para actuar en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral y que se acredita con el Acta de la Jornada Electoral, los cuales al hacerse una confrontación con la lista nominal de electores se confirma el alegato expuesto en el sentido de que dichos ciudadanos no pertenecía a dicha la sección y con ello se actualiza la causal especifica de nulidad invocada.

En el siguiente cuadro se muestra tan solo una parte de la información que dejo de analizar la Sala Superior del TEPJF.

Del informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral se extrae los datos de identificación de los ciudadanos.

Los anteriores ciudadanos al confrontarse con la lista nominal de las secciones donde se ubicaron las mencionadas casillas arrojaría como resultado que los mismos no pertenecen a la sección en la que fungieron como funcionarios de casilla y como consecuencia decretarse la nulidad de la casilla.

El anterior silogismo debió realizarse en las demás casillas y de las cuales omitió pronunciarse la autoridad jurisdiccional a saber:

Así el órgano jurisdiccional a través de los medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, y que omitió desahogar hubiera contado con los elementos suficientes para decretar la nulidad de las casillas impugnadas.

En consecuencia al no haber analizado la totalidad de las probanzas y de los argumentos expuestos, quebrantó el principio de exhaustividad que toda autoridad debe observar, esto en perjuicio del instituto político que representamos, ya que de haberse allegado de los medios de prueba ofrecidos, y estudiado los agravios expuestos, hubiera anulado la votación de las casillas impugnadas.

Aunado a lo anterior es de resaltarse que la autoridad jurisdiccional fue omisa en el estudio de los planteamientos expuestos en los agravios identificados con los numerales 2, 3 y 4 del juicio de inconformidad, hojas 15 a la 44, sobre los cuales simple y sencillamente no hubo pronunciamiento alguno, es decir la Sala Superior del TEPJF no analizó o dejo de atender los conceptos de inconformidad plateados, lo que de igual forma vulnera el principio de exhaustividad que debe imperar en todo acto jurídico así como adolece de la debida fundamentación y motivación, principios máximos que regulan el actuar de los órganos en materia jurisdiccional, dejando al Partido del Trabajo en total estado de indefensión al negarse el acceso a la justicia.

Todo lo antes mencionado encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia identificadas con la clave S3ELJ 12/2001 y S3ELJ 43/2002, tituladas EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- de igual forma encuentra apoyo en la tesis relevante S3EL 026/99, bajo el rubro EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES.- Así, se desprende que la autoridades jurisdiccionales deben proceder al examen y determinación de todos las probanzas y cuestiones sometidas a su consideración, a efecto de que no se den soluciones incompletas, lo que en la especie no ocurrió, tal y como se desprende del contenido de la propia resolución, lo que genera un perjuicio al instituto político que represento, ya que de haber hecho el análisis se hubiera fortalecido lo afirmado por el Partido del Trabajo en su escrito de impugnación.

CUARTO. Estricto Derecho. Esta Sala Superior, considera pertinente hacer las siguientes precisiones.

El recurso de reconsideración es un medio de impugnación de estricto Derecho, en el cual se deben cumplir indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que en los recursos de reconsideración, no procede la suplencia de la queja deficiente, de ahí que esos juicios sean de estricto Derecho, y por ende, esta Sala Superior no pueda suplir las deficiencias u omisiones en los conceptos de agravio.

Al respecto, si bien para la expresión de conceptos de agravio, esta Sala Superior ha admitido que se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es cierto que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y, los motivos que lo originaron.

Además, este Tribunal federal ha sustentado el criterio que la regla de estricto Derecho, no es obstáculo para que los conceptos de agravio aducidos por los enjuiciantes, en los medios de impugnación, se puedan advertir de cualquier capítulo del escrito inicial, debido a que no es requisito sine qua non que estén contenidos en el capítulo especial de conceptos de agravio, porque se pueden incluir, en cualquier parte del escrito inicial de demanda, siempre y cuando se expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable.

Criterio que ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, el cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia consultable a fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".

Así, se tiene que los conceptos de agravio deben estar encaminados a controvertir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver.

Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral, debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, así los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando:

- No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado;

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación local, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares que sirven de sustento a la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos en la instancia local;

- Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto;

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir, y

- Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir un acto o resolución definitivo y firme.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los argumentos no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar la sentencia impugnada.

QUINTO. Método de estudio. Por razón de método los conceptos de agravio expresados por el recurrente serán analizados en orden distinto a lo expuesto en el escrito de demanda, sin que tal forma de estudio genere agravio alguno al partido político recurrente.

El criterio mencionado ha sido sustentado por esta Sala Superior, en reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, consultable a foja ciento veinticinco, del Volumen 1, intitulado “Jurisprudencia”, de la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Así, de la lectura integral del ocurso de demanda presentada por el Partido del Trabajo, se advierte que los conceptos de agravio aducen violación al principio de exhaustividad y se pueden agrupar en dos temas fundamentalmente, en: 1) Omisión de valora los elementos de prueba y, 2) Omisión de analizar conceptos de agravio.

SEXTO. Estudio del fondo de la litis. Una vez precisado lo anterior, a continuación se estudiarán los conceptos de agravio formulados en el orden propuesto.

1.    Omisión de valorar los elementos de prueba.

El partido político recurrente aduce, sustancialmente, que la Sala Regional Guadalajara omitió valorar la totalidad de los elementos de prueba ofrecidos en tiempo y forma, en especial, la consistente en una impresión o informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral, a fin de acreditar la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es del tenor literal siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A juicio de esta Sala Superior es infundado el concepto de agravio, por las siguientes razones.

Del escrito de demanda del juicio de inconformidad, se conoce que el partido político recurrente hizo valer, como concepto de agravio, lo siguiente:

AGRAVIO PRIMERO

1. RECIBIR LA VOTACIÓN PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO E) DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

FUENTE DE AGRAVIO. Lo constituyen las casillas que señalan e identifican en el cuadro siguiente, debido a que la recepción de la votación de las mismas fue realizada por personas y órganos diferentes a las que estaban legalmente facultadas en términos del procedimiento (encarte) y que además no pertenecen a la sección en la cual fungieron como autoridad electoral por lo cual, en el caso que nos ocupa, se sostiene que debe declararse la nulidad de todas y cada una de las casillas referidas.

En este contexto, a efecto de dotar de elementos de convicción a esta autoridad jurisdiccional federal, se ofrecen como medios de prueba y convicción, todas y cada una de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas mencionadas, de cuyo análisis puede advertirse que el día de la jornada electoral  actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla personas que no aparecen en la publicación definitiva (encarte) y que n pertenecen a la sección electoral puesto que no aparecen en la lista nominal de electores correspondiente a la sección en la cual se desempeñaron como autoridad electoral por lo cual se arriba a la conclusión de que debe declararse la nulidad de las mismas puesto que se vulneró en detrimento de mi representado el principio de legalidad, certeza, máxima publicidad que debe regir en todo proceso electoral.

[…]

En este contexto, al haberse integrado e instalado la casilla en forma diversa a la ordenada por la autoridad electoral (lo cual se acredita con las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, y el listado nominal definitivo) y al haberse procedido a la instalación de las casillas e integración con personas que no corresponden a la sección electoral en la que actuaron durante toda la jornada electoral es evidente que no puede dotarse e investirse de validez a los actos de recepción de la votación de todas y cada una de las casillas señaladas pues existe una evidente vulneración al bien jurídico tutelado que es el de certeza y legalidad de la elección.

[…]

Por otra parte, se priva a quien represento  del derecho que tiene de participar  en la vigilancia del proceso electoral y particularmente  el de verificar que la integración y designación de los integrantes de las mesas directivas de casillas cumplan con los requisitos de ley, garantía tutelada por el Código de la materia.

Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que no existe ninguna constancia  levantada que acredite alguna de las causales de excepción que establece la LEGIPE; y en consecuencia durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación diversas personas sin estar facultadas para ello como puede desprenderse también del acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla.

[…]

Asentado lo anterior, desde este momento se ofrecen como medios probatorios para acreditar la instalación de las casillas en lugar distinto al autorizado por el Consejo electoral:

         Las actas de  la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes a cada una de las casillas cuya nulidad se solicita.

         La última publicación de ubicación e integración de mesas de casillas (Encarte).

         Hoja de incidentes.

         Lista nominal.

          […]

La Sala Regional Guadalajara responsable, al dar contestación a los motivos de inconformidad trasuntos, consideró:

ESTUDIO DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL INCISO E), DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, RELATIVA A QUE PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS FACULTADOS POR LA LEY, RECIBAN LA VOTACIÓN.

[…]

Tomando en cuenta que el recurrente para exponer su motivo de queja se vale de una tabla de trece (13) casillas y de otra de ciento dieciocho (118), que aparecen a fojas 10 y 11 así como 30 a 33 de su escrito, es menester hacer la siguiente acotación.

Por lo que ve al centro identificado como 3110B (descrita en el encabezado fuera de la tabla, visible a foja 4 del escrito inicial) no será tomado en consideración (será eliminado) toda vez que su estudio ya fue realizado en la primera parte de este cotejo, calificándose como inatendible su pretensión por no haberse instalado la citada.

De igual manera, acorde a que tanto en el capítulo de agravios, marcados como Uno y Cuatro del libelo recogen la misma causal, estos serán atendidos al unísono, destacando que si bien en la tabla de las 118 unidades a revisar también se incluyen las casillas (repite 8 casillas) 1826C4, 1872B, 1878C3 2721B, 2752B, 2792B, 2974B, 2998B, que incluso aparecen en la respectiva de trece, apartado que obra a las fojas 10 y 11 en este se agregaron las relativas, 1885C3, 2825C1, 2929B, 2977B, que no fueron enlistadas en la cita colectiva, de ahí que estas sean agregadas ahora con su respectiva contraseña que identifica su anexión para facilitar su localización y cotejo, según se expone ahora:

Sobre el particular, la autoridad señalada como responsable, en su informe circunstanciado que obra en el expediente, aduce los razonamientos para sostener la constitucionalidad y la legalidad de los actos acontecidos en las casillas impugnadas el día de la elección.

[…]

Por otro lado, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica de los partidos actores, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en los acuerdos adoptados por los consejos distritales respectivos, respecto de las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalaron en los distritos; los últimos acuerdos asumidos por dichos consejos, en relación con las sustituciones de los funcionarios de casilla; actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, y sus respectivas hojas de incidentes, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Asimismo, constan en autos copias certificadas de los encartes publicados por el Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito Electoral Federal 01 que pertenecen al Estado de Chihuahua, y en su caso, las atinentes listas de modificaciones posteriores a dichas publicaciones, las que en concordancia con los citados artículos 14 y 16, son documentales públicas y además de hacer prueba plena por su naturaleza, también lo harán cuando a juicio de este órgano jurisdiccional y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Respecto de las casillas, de acuerdo con los agravios hechos valer y lo manifestado por las partes, esta Sala considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo, a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital correspondiente, con los nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como miembros de la mesa directiva, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las que se reservan espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen otros espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, debe atenderse también al contenido de las diversas constancias relativas a cada una de las casillas en estudio.

Todo lo anterior sin soslayar el multialudido principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

En este contexto, el partido aduce que a lo largo de 110 centros de votación, la misma no fue recibida por personas electas por el organismo administrativo electoral nacional, por tanto deben ser anuladas, las que a continuación se sitúan en el listado:

Dicho esto, es necesario resaltar que el quejoso únicamente enuncia las casillas con los elementos descritos, sin aportar mayor data sobre cada una de ellas, para que con esto se pueda revisar si el actuar durante la jornada fue con apego a derecho.

Por lo dicho, esta Sala Regional estima que el planteamiento que se hace sobre cada centro de recepción de voto precitado, merece el calificativo de inoperante, por lo que a continuación se expone:

La determinación deriva del hecho de que en esas mesas, la sola cita no constituye un agravio debidamente configurado, ya que la carga mínima que tiene el actor para el caso de hacer valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es señalar, siquiera mínimamente, por qué considera que puede actualizarse una determinada causal de nulidad.

Por ejemplo, en el caso de la causal de nulidad prevista en el inciso e) de la ley procesal electoral, el actor debe al menos precisar por qué considera que la casilla se integró indebidamente.

Es decir, dado que en la manifestación de voluntad contenida en la demanda, el actor no da elementos para apreciar, por lo menos, la adecuación entre hechos y norma, no existe modo de analizar la legalidad del acto reclamado, para resolver respecto de la nulidad que se pide en el presente juicio, resulta aplicable la tesis CXXXVIII/2002 de voz: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.”

En ese sentido, la extinta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, señaló que, ante casos como el presente, la regla de la suplencia presupone los siguientes elementos ineludibles: a) que haya expresión de agravios, aunque ésta sea deficiente; b) que existan hechos; y c) que de los hechos las Salas puedan deducir claramente los agravios.

De forma similar, la entonces Sala Central de este tribunal, señalaba que, aunque se podía suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios en los recursos de inconformidad (hoy juicio de inconformidad), esto no así ante la omisión de los mismos, “…considerando los agravios y hechos en que se fundan las impugnaciones del partido recurrente no como meras expresiones abstractas o genéricas, o bien, como simples apreciaciones subjetivas, sino realizando su estudio y análisis, vinculándolos con los hechos que el recurrente invoca como ilegales y con las demás disposiciones jurídicas que igualmente señale como violadas…”.

Así las cosas, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de suplir deficiencias en la demanda, porque al no desprenderse los agravios que presuntamente le causan los actos que señala, ni tampoco los motivos o hechos que originaron la presunta afectación, no se actualiza el supuesto contenido en el criterio sustentado por la Sala Superior, en la jurisprudencia 3/2000, citada al inicio de esta resolución, por lo que la parte actora incumplió con los requisitos exigidos por el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la mencionada ley general, relativos a mencionar en el escrito de demanda, en forma expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnado.

Sobre esto último, es ilustrativa, por el espíritu que la contiene, la tesis 1ª./J. 81/2002, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTOS”.

[…]

De la confrontación que se hizo entre los motivos de inconformidad y las consideraciones de la Sala Regional Guadalajara responsable, se constata que ésta razonó que para analizar la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas invocada era necesario tener en consideración las consisten en:

        Los acuerdos adoptados por los consejos distritales respectivos, en cuanto a las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalarían en los distritos.

        Los acuerdos asumidos por esos consejos, en relación con las sustituciones de los funcionarios de casilla.

        Las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y sus respectivas hojas de incidentes.

        Las copias certificadas de los encartes publicados por el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el distrito electoral uno (01) en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez y, en su caso, las atinentes listas de modificaciones posteriores a dichas publicaciones.

Ello, en razón de que la Sala Regional Guadalajara responsable, consideró que la causal invocada se debía analizar atendiendo a la coincidencia existente entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de casilla, conforme a los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital correspondiente, y los nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como miembros de la mesa directiva, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

Sin embargo, esto no fue posible de realizar, en razón de que se consideró que era inoperante el concepto de agravio, ya que el partido político recurrente se limitó a enunciar las casillas cuya nulidad de votación recibida impugnaba, sin señalar mayores elementos, esto es, sin precisar por qué consideró que las casillas se integraron indebidamente.

Determinación que esta Sala Superior considera conforme a Derecho, en tanto que el recurrente debió precisar quiénes eran las personas distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que recibieron la votación en las casillas impugnadas, a fin de que  la Sala Regional Guadalajara se pronunciara sobre la causal de nulidad invocada respecto de las casillas mencionadas en ese apartado.

Cabe mencionar que sobre el particular, de la lectura del concepto de agravio que hizo valer el partido político recurrente en el juicio de nulidad se advierte que se limitó a mencionar que “el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla personas que no aparecen en la lista nominal de electores correspondiente a la sección en la cual se desempeñaron como autoridad electoral por lo cual se arriba a la conclusión de que debe declararse la nulidad de las mismas puesto que se vulneró en detrimento de mi representado el principio de legalidad, certeza, máxima publicidad que debe regir en todo proceso electoral” y únicamente señaló que la votación fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la  norma electoral, a saber:

No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el que el partido político recurrente hubiere manifestado que la Sala Regional Guadalajara dejó de analizar el informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral, puesto que en su concepto de agravio aduce:

[…] del informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral se extrae los datos de identificación de los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios que originalmente  fueron señalados para actuar en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral y que se acredita con el acta de jornada electoral, los cuales al hacer una confrontación con la lista nominal de electores se confirma el alegato expuesto en el sentido de que dichos ciudadanos no pertenecían a dicha sección y con ello se actualiza la causal específica de nulidad invocada.

Sin embargo, si bien es cierto que la Sala Regional Guadalajara no se pronunció sobre el citado informe, también lo es que a fin de resolver la litis planteada, analizó el último acuerdo de ubicación e instalación de casillas (encarte) aprobado por el Consejo Distrital, correspondiente al distrito electoral uno (01), en el Estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, el listado nominal correspondiente a las secciones electorales, las actas escrutinio y cómputo de las casilla impugnadas y sus respectivas hojas de incidencia, así como el acta de la jornada electoral correspondiente, por lo que es inconducente para la determinación a la que se arribó, el informe del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto Nacional Electoral, en tanto que, aun y cuando se hubiera hecho su análisis y valoración, la conclusión de la responsable no podría ser otra, debido a que el elemento de prueba per se no es idóneo para probar el hecho que pretende se tuviera por acreditado el recurrente, toda vez que atendiendo a los demás medios probatorios que analizó la Sala Regional Guadalajara, llegó a la conclusión de declarar inoperante e infundado el concepto de agravio en el que se hizo valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, la Sala Regional Guadalajara responsable, analizó la validez de la votación recibida en diversas casillas, al tenor de las siguientes consideraciones:

Por lo que ve al resto, y con el objeto de sistematizar el estudio, se presenta un cuadro comparativo, en el que se consigna la información relativa a la identificación de la casilla; los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según los acuerdos adoptados por el consejo distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua; los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral y en algunos casos las de escrutinio y cómputo u hoja de incidentes (el resaltado en “negrita” serán los funcionarios que se encuentran en el encarte y ocuparon otros cargos; en “cursiva”, las personas que no aparecen en el encarte respectivo de la casilla; en "subrayado” los que aparecen, según el encarte, en otra casilla pero en la misma sección; y, en “subrayado y cursiva” los que aparecen fueron sustitutos designados por la autoridad responsable); y por último, las observaciones en relación a las sustituciones, y de ser el caso, los agravios e incidentes registrados.

En ese orden de ideas, se formaron grupos generales de supuestos, dentro de los cuales, de ser el caso, se analizarán las casillas en forma individual de contener otro supuesto de estudio, con la finalidad de lograr una mayor eficacia en su análisis.

Ahora, en el caso concreto y por lo que concierne a las casillas que a continuación se describen, resultan infundadas a excepción de la 2977B que no se inserta y merece una calificación antagónica, situación que se aprecia mejor con la siguiente evidencia:

En las citadas, se hace patente que el motivo de reproche es que las personas que recibieron la votación no forman parte de la sección en la que actuaron, empero, contrario a esta afirmación, de un cotejo tanto del encarte como de los respectivos listados nominales, se hace patente su incorporación, cuestión que se dilucida mejor en la próxima inserción: