RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-336/2015

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIOS: JORGE MEDELLÍN PINO

México, Distrito Federal, a veintidós de julio de dos mil quince.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta SENTENCIA en el recurso citado al rubro, en el sentido de CONFIRMAR el fallo emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver el nueve de julio el juicio de inconformidad, en el expediente SM-JIN-71/2015; con base en los antecedentes y consideraciones siguientes.

I.                   ANTECEDENTES

1. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince, tuvo lugar la jornada electoral  para elegir a los diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Sesión de cómputo distrital. El once de junio siguiente, el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Linares, Nuevo León terminó la sesión especial de Cómputo de la elección de diputados federales en dicho distrito.

La fórmula de candidatos que obtuvo más votos fue la postulada por la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por Ramón Villagómez Guerrero como propietario y Arnulfo Torres Aguilar como suplente.

3. Declaración de validez y expedición de constancias. El mismo once de junio, el 09 Consejo Distrital en cita declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría respectiva a la fórmula ganadora.

4. Juicio de inconformidad. En desacuerdo con lo anterior, el quince de junio, el Partido del Trabajo, por conducto de su representante propietario, Gerardo Javier García Maldonado, promovió juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, así como de las constancias de mayoría y declaración de validez, respectivas al 09 Distrito Electoral Federal en el Estado de Nuevo León.

De dicho juicio conoció la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con Sede en Monterrey, Nuevo León, y lo registró con el número de expediente SM-JIN-71/2015.

5. Sentencia Impugnada. Una vez sustanciado el juicio, el nueve de julio de dos mil quince, la Sala Regional Monterrey dictó sentencia definitiva, en el sentido de confirmar, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 09 Distrito Federal Electoral en Nuevo León, con cabecera en Linares.

6. Recurso de Reconsideración. Inconforme con esa sentencia, por escrito presentado el doce de julio inmediato, el Partido del Trabajo, por medio de su representante, interpuso el presente recurso de reconsideración.

7. Trámite y turno. Mediante oficio TEPJF-SGA-SM-1485/2015, la Secretaria General de Acuerdos de la Sala señalada como responsable, remitió el presente medio de impugnación y sus anexos.

El Magistrado Presidente de este Tribunal dictó acuerdo el catorce de julio en el que ordenó, entre otras cosas, formar el expediente con la calve SUP-REC-336/2015, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos previstos en los artículos 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda y, al no existir actuación pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción, dejando los autos en estado de dictar sentencia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los asuntos citados al rubro, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base VI; y, 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 186, fracción I, y 189, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, 61, párrafo 1, inciso a) y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto para controvertir una sentencia emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, en el juicio de inconformidad SM-JIN-71/2015.

2. PROCEDENCIA

A juicio de esta Sala Superior los requisitos generales y especiales de procedibilidad, así como el respectivo presupuesto del recurso de reconsideración al rubro identificado están colmados como se explica a continuación.

2.1 Requisitos formales. El escrito de demanda del recurso de reconsideración al rubro identificado, cumple los requisitos formales esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda se presentó por escrito, en la que el recurrente: 1) Precisa la denominación y nombre del actor; 2) Identifica la sentencia impugnada; 3) Señala a la autoridad responsable; 4) Narra los hechos en que sustenta su impugnación; 5) Expresa conceptos de agravio, y 6) Se asientan el nombre y firma autógrafa de quien promueve.

2.2 Oportunidad. El recurso de reconsideración se promovió dentro del plazo de tres días, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la citada Ley General de Medios de Impugnación, toda vez que en autos consta que la sentencia impugnada fue notificada personalmente al autorizado por al actor, el nueve de julio de dos mil quince; por ende, el plazo transcurrió del diez al doce del mismo mes y año; por ello, si el escrito de demanda fue presentado, ante la Sala Regional responsable, el doce de julio del año en que se actúa, satisface el requisito en estudio.

2.3. Legitimación y personería. Están colmados estos requisitos, conforme a lo previsto por el artículo 65, apartado 1, inciso a) de la ley en cita, ya que se presenta por el mismo  representante del mismo partido político que promovió el juicio de inconformidad de donde deriva el presente recurso de reconsideración, pues tanto en el juicio de inconformidad que se impugna, como en el presente recurso, el promovente es el Partido del Trabajo por conducto de Gerardo Javier García Maldonado, en su calidad de representante propietario del ante el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Linares, Monterrey.

2.4 Sentencia de fondo. El requisito previsto en el artículo 61 de la citada Ley de Medios está satisfecho, porque el acto impugnado es una sentencia de fondo, dictada por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, en el juicio de inconformidad SM-JIN-71/2015, promovido por el Partido del Trabajo, para impugnar los resultados de la elección de diputados federales en el 09 Distrito Electoral Federal en Nuevo León.

2.5 Requisitos especiales y presupuestos de procedibilidad. El medio de impugnación satisface los requisito previstos en el artículo 63, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en señalar claramente el presupuesto de la impugnación y expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección.

En principio, de una interpretación literal de lo previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), de la mencionada ley, se entenderá que el presente recurso de reconsideración sólo es procedente cuando el fallo pueda tener como efecto, influir en el resultado de la elección.

No obstante, esta Sala Superior considera que de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 17, 60, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 63, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, para la procedencia formal del recurso de reconsideración, en el presente caso, se deben tener por satisfechos los requisitos especiales y presupuesto de procedibilidad del recurso de reconsideración al rubro indicado.

Lo anterior se explica sobre la base de que el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la constitución, que consagra la tutela judicial efectiva, obliga a los juzgadores a aplicar el principio pro actione, a efecto de interpretar las normas de forma tal que, en la medida de lo posible, se privilegie los pronunciamientos sobre el fondo del asunto.[1]

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el derecho humano de acceso a la justicia previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al afirmar que los órganos jurisdiccionales deben lograr que el acceso a la jurisdicción se garantice de manera efectiva; como se advierte del texto siguiente

218. Por otro lado, este Tribunal ha establecido que "el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Asimismo el Tribunal ha considerado que "los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad", pues de lo contrario se "conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones"[ COIDH Caso Myrna Mack Chang, párr. 211, y COIDH Caso Luna López, párr. 156], [….]. El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. [2]

Lo anterior también es coincidente con lo que ha interpretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la negación del acceso a la justicia, en razón de requisitos de procedencia que en algunos supuestos puedan generar incertidumbre o falta de claridad, constituyen afectaciones a los derechos en comento, tal como se advierte de la siguiente cita:

58. Sin embargo, puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una violación a dicho derecho fundamental.

[…]

61. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción.[3]

En el caso, el partido recurrente aduce en su escrito recursal, que la sala responsable realizó un examen deficiente, debido a que no atendió puntualmente los agravios que hizo valer en su juicio de inconformidad, situación que considera conculca en su perjuicio los principios rectores en materia electoral, al no analizar debidamente las causales de nulidad que fueron invocadas y debidamente probadas; causales a través de las cuales, de haberse actualizado, hubieran repercutido en modificar el resultado de la elección, teniendo como efectos, su anulación, presupuesto de impugnación señalado en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, cabe precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), de la mencionada ley, se entenderá que se modifica el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto: I. Anular la elección; II. Revocar la anulación de la elección; II. Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el Consejo correspondiente del Instituto; IV. Asignar la senaduría de primera minoría a un candidato o fórmula distintos, o V. Corregir la asignación de diputados o senadores según el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, es del conocimiento de esta Sala Superior que a la fecha en que se actúa, el Partido del Trabajo ha promovido ciento cincuenta y dos juicios de inconformidad y sesenta y seis recursos de reconsideración,[4] en diferentes distritos electorales uninominales, en los cuales aduce distintas causales de nulidad de la votación recibida en casilla, así como la nulidad de la elección, cuya pretensión no radica en un eventual cambio de ganador, sino en que una vez decretada la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, en su caso de la elección, generar un incrementó en su porcentaje de votación válida emitida a su favor y con ello alcanzar el 3% de la votación requerida para conservar su registro como partido político nacional.

En ese sentido, se advierte que los agravios que se aduzcan en el recurso de reconsideración no sólo pueden tener los efectos previstos en el mencionado artículo 63, párrafo 1, inciso c), sino que también pueden tener como efecto que algún partido político conserve su registro.

Así, esta Sala Superior considera que a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, para la procedencia formal del recurso de reconsideración, también debe tenerse como presupuesto de impugnación que se aduzcan agravios que puedan tener como efecto que algún partido político conserve su registro.

En el entendido de que la pretensión final del partido político recurrente  de conservar su registro sólo puede ser valorada, por el Instituto Nacional Electoral, en su momento y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, hasta que se resuelvan todos y cada uno de los medios de impugnación, a efecto de conocer, en un momento posterior, la votación válida emitida sobre la cual se deberá calcular el porcentaje de votos obtenidos por el partido político actor, a efecto de determinar si alcanza o no el porcentaje necesario para conservar su registro como partido político nacional.

Con base en lo anterior, en el contexto de la presente impugnación, debe de tenerse por actualizado el respectivo presupuesto de impugnación y proceder al estudio de fondo de los agravios que se hacen valer.

3. PLANTEAMIENTO DE LA LITIS

Para estar en aptitud de resolver la cuestión planteada, resulta necesario hacer una breve referencia a la demanda de origen, a las consideraciones de la sentencia reclamada y a los agravios esgrimidos en la presente instancia.

3.1. Síntesis de la demanda de origen

En el escrito inicial del Partido del Trabajo, los motivos de inconformidad se limitaron a señalar que se actualizaban respecto diversas casillas la causal de nulidad previstas en el inciso y e), del párrafo1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que en algunas casillas también invocó la causal de nulidad prevista en el diverso inciso a).

En esa tesitura es factible advertir que el Partido del Trabajo impugnó las siguientes casillas en virtud de que la votación fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

        158-C1, 160-B1, 165-C1, 238-B1, 240-C1, 243-B1, 243-C1, 253-B1, 258-C2, 260-C1, 262-B1, 276-B1, 283-B1, 320-C1, 421-B1, 422-C1, 495-C1, 502-C1, 505-B1, 508-B1, 822-C1, 825-C1, 827-B1, 828-B1, 862-B1, 864-C2, 880-C1, 881-B1, 883-C1, 883-C3, 885-B1, 890-B1, 895-B1, 903-B1, 913-E1, 920-B1, 922-B1, 1727-B1 y 2105-C1

Por otro lado, se advierte que el inconforme impugnó las siguientes casillas únicamente sobre la razón de que los domicilios en los que fueron ubicadas no corresponden con los autorizados por la autoridad electoral correspondiente:

        154-E1, 165-C1 y 240-C1

Por último, impugnó en la casilla 862-B1 las causales en cita, previstas en los incisos a) y e) del referido numeral 75, de la Ley de Medios.

3.2. Consideraciones de la sentencia reclamada

Respecto de las casillas en las que se alegaba que se instalaron en un lugar diferente al señalado por el Consejo Distrital de mérito, después de exponer el marco normativo y analizar los medios de prueba que obran en el expediente, la Sala responsable concluyó lo siguiente:

Con base en lo anterior, la responsable consideró que el caso de las casillas 165-C1 y 862-B1, los datos de ubicación coincidían íntegramente con los publicados y aprobados por el Consejo Distrital correspondiente, en el encarte respectivo.

Por lo que atañe a la casilla 240-C1, argumentó que si bien los datos previstos en el encarte no se asentaron de manera completa, de las constancias de autos, se acredita que ésta se instaló en la escuela primaria denominada General Bonifacio Salinas Leal de China, Nuevo León, la cual se localiza en la calle 5 de mayo sin número, en el referido municipio, dirección que es coincidente con la autorizada por la autoridad electoral.  

Finalmente, consideró, en cuanto a la casilla 154-E1 que tanto en el acta de la jornada electoral como en el acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputados federales, se asentó de forma incompleta la dirección en la que se ubicó; sin embargo, dicha circunstancia resultaba insuficiente para declarar nula la votación, ya que no existían bases para acreditar que la casilla se instaló en un lugar distinto al publicado en el encarte, por el contrario, de los elementos probatorios que constan en el expediente, se acredita que:

a)    La dirección contenida en el acta de referencia posee datos sustanciales como el nombre del ejido y el municipio;

b)    Se trata de la única casilla que se previó colocar en el ejido Ignacio Zaragoza;

c)    En el apartado del acta de la jornada electoral relativo a: "Si la casilla se instaló en lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas", se indica la leyenda “cero”; es decir, no existe anotación que indique incidente alguno respecto de la instalación de la casilla en lugar distinto al autorizado según el encarte;

d)    Del acta de la jornada electoral se desprende que los representantes de partido acreditados ante la casilla firmaron sin hacerlo bajo protesta.

Por otra parte, sobre la causal de nulidad correspondiente a que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas inicialmente por la autoridad administrativa electoral, la Sala responsable consideró que se desestimaban por infundadas, en virtud de que el estudio de las constancias arrojaba que en todas las casillas impugnadas las personas que recibieron la votación fueron las expresamente designadas; o bien, su ausencia fue cubierta por personas debidamente autorizadas en el encarte, aunque en diverso cargo. Además, en los casos en que se integró la mesa directiva con algún ciudadano distinto a los facultados en el encarte, se acredita que el mismo se encuentra inscrito en el listado nominal de electores de la sección respectiva.

Asimismo, realizó consideración especial respecto de las casillas 262-B1, 320-C1, 421-B1, 422-C1, 502-C1 y 505-B1, en las cuales el partido promovente argumentaba que “no existe el acta”, sin embargo, a juicio de la responsable, suponiendo que se refiera al hecho de que no se haya encontrado en los paquetes alguna de las actas electorales, dicha situación no implicaba que la mesa directiva se haya integrado indebidamente, ya que a fin de contar con mayores elementos para la sustanciación y resolución del juicio de inconformidad, el magistrado ponente requirió a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para que remitiera diversa documentación electoral,[7] por medio de la cual se constató que las casillas de referencia fueron legalmente integradas. 

Para evidenciar dichos razonamientos, la Sala Regional Monterrey realizó la siguiente tabla explicativa:

Por lo que se refiere a las casillas 160-B1, 253-B1, 258-C2, 260-C1, 276-B1, 883-C3, 895-B1 y 913-E1, en las cuales el actor sostenía que las mesas receptoras de votos no se integraron en forma completa debido a que faltan las firmas de diversos funcionarios, la Sala Monterrey consideró que en las actas de la jornada electoral respectivas, se advertía que sí constan, tanto el nombre como la firma de la totalidad de los funcionarios, y si bien, en determinados casos omitieron firmar en alguno de los apartados de la referida acta, de las constancias que obran agregadas al expediente se acreditaba que sí estamparon su nombre y firma en las demás actas electorales.

En lo concerniente a la casilla 2105-C1, la Sala responsable consideró que no era factible acoger la pretensión de nulidad planteada, si bien del cúmulo probatorio no se advierte ni el nombre ni la firma del tercer escrutador, dicha irregularidad no tiene como consecuencia la invalidez de la votación recibida en la casilla, pues ha sido criterio de la Sala Superior que la falta de un miembro de una mesa directiva integrada por cuatro funcionarios no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación, sino que sólo origina que los demás, se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la labor de control.

A efecto de esquematizar sus razonamientos la Sala tuvo a bien insertar el siguiente cuadro:

En atención a dichas consideraciones se estimó que las nulidades alegadas eran infundadas y por ello se decidió confirmar los actos reclamados.

3.3. Síntesis de agravios

Del estudio integral de la demanda, es posible advertir que el recurrente aduce esencialmente los siguientes agravios:

i) La responsable acepta que en las casillas que se impugnan, estuvieron presentes personas no autorizadas por el Consejo Distrital como funcionarios de casilla y que las personas que los sustituyeron fueron tomadas de la fila.

Del artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se advierte un procedimiento o mecanismo para sustituir a los funcionarios de casilla autorizados. Para lo cual, en aras de cumplir el principio de legalidad en materia electoral, así como el de seguridad jurídica los funcionarios que estuvieron presentes el día de la jornada electoral deben levantar el acta o documento respectivo que avale el procedimiento que se siguió para la instalación de funcionarios en sustitución.

Además, deben otorgar derecho de audiencia a los partidos para que esto manifiesten si en algún impedimento respecto de la persona que fungirá como funcionario en sustitución, pues puede darse el caso que 1) la persona que pretenda ser funcionario de casilla sea pariente cercano a algún candidato, 2) que los funcionarios que se encuentren presentes, elijan a una persona de la fila en particular por sus preferencias ideológicas, de manera tal que se vulneren los principios de autonomía, independencia, imparcialidad, legalidad.

ii) Se actualiza violación al principio de exhaustividad, porque la Sala Responsable no justifica su determinación de cómo llegó a la convicción de que las firmas fueron estampadas por las personas que se alegaba no estuvieron presentes.

Debe obrar en el expediente o en el paquete electoral otros medios de convicción para corroborar que la firma que supuestamente está en el acta, corresponda  caligráficamente.

De manera dogmática la Sala Regional se concreta a decir que los funcionarios que no asistieron, firmaron el acta, lo cual es arbitrario porque no estuvo presente el día de la jornada electoral en el lugar que se instala la casilla.

El Partido actor trató de hacer valer la inasistencia de funcionarios, y la Sala pretende acreditar que dicho funcionario estuvo presente en virtud de que aparecen sus iniciales y sus firmas, sin que haya certeza de ese hecho.

iii) Argumenta que la resolución de la Sala Responsable no protegió los principios constitucionales de certeza, pues se desatendió a los agravios y nulidades alegadas por la parte actora. Aduce que se verificaron violaciones sustanciales, generalizadas en la jornada electoral.

Que la autoridad responsable haya resuelto que no le asiste la razón y que no llegó a probar sus alegaciones, trastoca en su perjuicio los principios fundamentales humanos, pro persona, así como que se privó del control de constitucionalidad, y se inobservó el artículo 1º constitucional.

4. ESTUDIO DE FONDO

El análisis de los agravios esgrimidos, por razones de método, se realizará en un orden diferente al que fueron planteados y en conjuntos, sin que dicha situación cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente.[14]

Asimismo, se precisa que, en virtud de que no fue materia de impugnación, la parte de la sentencia en la que se desestimó la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a) relativa a la ubicación de las casillas, debe quedar intocada y seguir surtiendo sus efectos legales.

4.1. Los agravios sintetizados en el inciso i) deben desestimarse, pues no es necesario levantar un acta circunstanciada respecto de la sustitución de funcionarios de casillas

Deben desestimarse el agravio relativo a que se debió haber levantado una constancia o acta respectiva relativa a la sustitución de  funcionarios de casilla en atención al artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  en aras de no vulnerar los principios de autonomía, independencia, imparcialidad y legalidad, por las siguientes razones.

De acuerdo con la citada Ley General, el día de la jornada electoral debe haber ciudadanos previamente insaculados y capacitados por la autoridad para realizar tareas específicas como funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla.[15]

Tomando en cuenta que los ciudadanos inicialmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, las normas aplicables prevén un procedimiento de sustitución de los ausentes.[16]

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios establece como causa de nulidad, que la votación haya sido recibida por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, a efecto de tutelar la legalidad, certeza e imparcialidad que debe existir en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que dichas labores son realizadas por ciudadanos que no necesariamente se dedican profesionalmente a las funciones electorales, la votación se anulará únicamente cuando en la integración de los funcionarios de casilla se cometan irregularidades graves y determinantes, esto es, de tal magnitud que pongan en duda la autenticidad de los resultados ahí obtenidos.

Por tanto, si bien la Ley General en cita prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, se han establecido criterios respecto a diversos supuestos que comúnmente se advierten en las jornadas electorales:

a) Si los ciudadanos originalmente designados intercambian sus puestos, o que las ausencias de los funcionarios propietarios sean cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley, no son motivos suficientes para anular la votación, pues en dado caso esta última habría sido recibida por personas insaculadas, designadas y capacitadas por el Consejo Distrital respectivo.[17]

b) La falta de firma en alguna de las actas, por parte de algún funcionario de casilla, no implica necesariamente que haya estado ausente, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza.[18]

c) La votación recibida en la casilla será válida, aun cuando hubiesen actuado personas distintas a las originalmente designadas por la autoridad electoral, siempre que estas últimas hayan estado ausentes durante la sustitución,[19] los funcionarios de casilla que los cubrieron no sean representantes de partidos o candidatos independientes[20]  y se constate que forman parte del listado nominal de electores de la sección que corresponda,[21] ello con el fin de satisfacer el requisito previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

d) Cuando la mesa directiva de casilla no cuente con la totalidad de sus integrantes, únicamente se anulará la votación en el caso de que, dadas las circunstancias particulares, tal circunstancia haya implicado multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos, la ausencia de uno de ellos no genera la nulidad de la votación recibida.[22]

Así, contrario a lo que señala el recurrente, los requisitos que menciona el artículos 83, párrafo 1, inciso a) y 274 y  de le Ley General en la materia, para que la sustitución de funcionarios de casillas sea válida, consiste en que los substitutos a) estén inscritos en la lista nominal, b) correspondan a la misma sección que la casilla en la que fungirán, y c) que no sean representantes de partidos o candidatos.

Por lo anterior, debe concluirse no le asiste la razón a lo afirmado por el recurrente, ya que el hecho de que no se haya levantado un acta específica en la que se asiente los pormenores de la sustitución de funcionarios, no da lugar a la nulidad a la votación recibida en casilla, pues no está preceptuado en las causales de nulidad, ni tampoco se ha establecido como un requisito indispensable o necesario para la validez de los actas electorales. Tampoco le asiste la razón cuando argumenta que no se le da derecho de audiencia a los representantes de partido, ya que ellos pueden en las actas respectivas, presentar escritos de protestas u observaciones.

Ello, sin que pase desapercibido para esta Sala Superior que los planteamientos del recurrente no se enderezan en específico a demostrar que alguna casilla fue integrada ilegalmente o por un funcionario en particular que no cumpliera con los supuestos establecidos por la Ley para ser sustito. Cuestiones que la Sala responsable demostró casilla por casilla y respecto de cada funcionario en específico, sin que dichas consideraciones sean combatidas concretamente, sino a través de planteamientos generales y abstractos, que como se demostró en párrafos precedentes, carecen de sustento jurídico.

Por todas  las consideraciones expuestas se debe desestimar el agravio que se estudia.

4.2. Los agravios sintetizados en el inciso ii) deben desestimarse, ya que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la autoridad no justifica que las firmas efectivamente corresponden a los funcionarios de casilla

En primer lugar, debe señalarse que es infundado el agravio en que alega que, en vulneración al principio de exhaustividad, la responsable no justifica la determinación de cómo llegó a la convicción de que las firmas fueron estampadas por las personas que  se alegaba no estuvieron presentes.

Ello sobre la base  de que respecto de las casillas en las que en el juicio de inconformidad se alegó problemas respecto de la firma (160-B1, 253-B1, 258-C2, 260-C1, 276-B1, 883-C3, 895-B1, 913-E1 y 2105-C1), la Sala responsable justificó que de la verificación de las actas de la jornada electoral respectivas, advertía que sí constan, tanto el nombre como la firma de la totalidad de los funcionarios, y si bien, en determinados casos omitieron firmar en alguno de los apartados de la referida acta, de las constancias que obran agregadas al expediente, se acredita que sí estamparon su nombre y firma en las demás actas electorales.

Precisó que revisó las actas de escrutinio y cómputo relativas a la elección de diputados federales como las correspondientes a la elección de diputados locales y gobernador del estado de Nuevo León, constancias de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital y a la comisión municipal electoral y hojas de incidentes, en su caso

Asimismo, hizo la referencia a que la casilla 2105-C1, no resulta fundada la pretensión de nulidad planteada, pues del cúmulo probatorio no se advierte ni el nombre ni la firma del tercer escrutador, dicha irregularidad no tiene como consecuencia la invalidez de la votación recibida en la casilla, ya que la falta de un miembro de una mesa directiva integrada por cuatro funcionarios no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación. Lo que es correcto, si se considera que respecto de las elecciones federales concurrentes con las locales para el presente año, en las casillas únicas, el tercer escrutador tiene funciones relacionadas con la clasificación y cómputo de los votos  relativos a las elecciones locales.[23] Razón por la que en nada afectaría para la elección de diputados federales, que es la que impugnada en la presente secuela procesal, la falta del tercer escrutador.

De igual manera en las páginas 21 a 26 de la sentencia reclamada, se inserta una tabla en la que se contienen consideraciones particulares sobre cada casilla en específico impugnada.

Por esas consideraciones, se estima que la Sala responsable sí fue exhaustiva y argumentó la manera en que arribó a la conclusión de que las firmas eran de las personas quienes habían actuado en las respectivas mesas directivas; esto es, a través de los elementos probatorios consistentes en todas las actas y documentos oficiales entregados por la autoridad responsable, pues así lo refirió expresamente.

Además, el recurrente no ofreció ninguna prueba o argumento que relacionara sobre la pertinencia, idoneidad o credibilidad de los elementos probatorios que estuvieran enderezados a probar sus meras afirmaciones.

Lo anterior en el entendido que si consideraba que las firmas no eran de los funcionarios que efectivamente fungieron, debió haber cumplido con la carga de probar su dicho, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios invocada, que impone la carga relativa a que quién afirma está obligado a probar y argumentar.

De igual manera, dicho agravio debe desestimarse, sobre la base de que de manera genérica, subjetiva y sin precisar en específico qué casilla, qué firma, o qué funcionario son aquellos que no corresponden al funcionario que, a juicio del recurrente, no asistió.

Tampoco, combate todas y cada una de las consideraciones de la sentencia reclamada por las que se desestimó las alegaciones respecto de las firmas en las actas, sobre todo aquellas que, de manera correcta sostiene la Sala responsable, en el sentido de que inclusive la ausencia de firma no es una causa suficiente de nulidad de la votación recibida en casilla en atención a la jurisprudencias de rubros “INEXISTENCIA DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. NO SE PRODUCE POR LA FALTA DE FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO)” y “ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA”.

4.3. Los agravios sintetizados en el inciso iii) deben desestimarse al ser planteamientos que no combaten la sentencia reclamada

Como se advierte en el resumen de agravios antes expuesto, el partido actor se limitó a manifestar su inconformidad respecto de las consideraciones que expuso la Sala responsable en la sentencia impugnada y que sus conclusiones violan principios constitucionales de certeza, que se verificaron violaciones sustanciales, generalizadas en la jornada electoral y que no se atienden en su perjuicio los principios fundamentales humanos, pro persona, así como que se privó del control de constitucionalidad, y se inobservó el artículo 1º constitucional

En dichos agravios, el recurrente se limita a decir de manera genérica y dogmática, que la sentencia viola los principios de constitucionales de certeza, seguridad, que no realizó una interpretación conforme, pro persona, favoreciendo la tutela judicial efectiva, pues en dichos planteamientos no están referidos a ninguna parte en específico de la sentencia.

Asimismo no están dirigidas a combatir o contrargumentar las razones por las cuales la Sala Responsable consideró que en el caso no se actualizaban las causales de nulidad alegadas.

En efecto, es criterio reiterado de esta Sala Superior que los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez jurídica de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver. Es decir, el impugnante tiene la carga de hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho.

Por ello, deben expresarse con claridad las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se concluya que la responsable no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo que era aplicable; o por el contrario, se valió de otra no aplicable al caso concreto; o bien hizo una incorrecta interpretación de la norma, incluso, si dejó de valorar alguna prueba, o bien, la estimó de forma deficiente, señalando de forma específica la prueba de que se trata.

En este sentido, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultan inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales la sentencia impugnada, lo que tiene por consecuencia que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, continúen rigiendo el acto reclamado.

En la especie, como ya se adelantó, el partido político actor se ciñe en señalar que disiente con lo que resolvió la Sala responsable y, acto seguido, expuso de manera general y subjetiva que esa autoridad no garantizó diversos principios constitucionales. Sin embargo, posterior a ese señalamiento, el recurrente no argumenta situaciones de hecho o de derecho para controvertir las consideraciones que expuso la Sala responsable al analizar los temas que ahora pretende controvertir ante esta instancia jurisdiccional y de ahí que resulten inoperantes los agravios que se estudian.

Así, ante lo infundado e inoperantes de los agravios lo que procede es confirmar la sentencia impugnada.

III. R E S O L U T I V O

ÚNICO. Se confirma la sentencia de nueve de julio de dos mil quince, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León en el expediente SM-JIN-71/2015.

NOTIFÍQUESE,  como corresponda.

En su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar ponente del asunto, haciéndolo suyo el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.