RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-REC-391/2024, SUP-REC-392/2024 Y SUP-REC-393/2024, ACUMULADOS

RECURRENTES: MOVIMIENTO CIUDADANO Y ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ[2]

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ROSA ILIANA AGUILAR CURIEL Y ALFONSO GONZÁLEZ GODOY

COLABORÓ: GUADALUPE CORAL ANDRADE ROMERO

Ciudad de México, mayo quince de dos mil veinticuatro[3]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma la dictada por la responsable, en el recurso de apelación de clave SX-RAP-86/2024.

I. ANTECEDENTES

1. Acuerdo INE/CG232/2024. El veintinueve de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[4] emitió el acuerdo por el que, en ejercicio de su facultad supletoria, se registran las candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa, así como por el principio de representación proporcional, para el proceso electoral federal 2023-2024, entre las cuales, se registró a Eliseo Fernández Montufar, como candidato a una senaduría por el principio de mayoría relativa.

2. SUP-RAP-109/2024. El cinco de marzo, Morena interpuso recurso de apelación a fin de impugnar el acuerdo señalado en el numeral anterior. El trece de marzo, este órgano jurisdiccional determinó que la Sala Regional Xalapa, era el órgano competente para conocer y resolver del asunto.

3. Acuerdo INE/CG276/2024. El veintiuno de marzo, el CGINE emitió acuerdo mediante el cual canceló el registro de Eliseo Fernández Montufar.

4. SX-RAP-43/2024. El veintiséis de marzo, la Sala Regional desechó de plano la demanda que se formó con el reencauzamiento señalado en el numeral dos, debido a que la cancelación del registro mencionado actualizó un cambio de situación jurídica que dejó sin materia la controversia.

5. SUP-RAP-121/2024. El diez de abril, la Sala Superior revocó el acuerdo INE/CG232/2024, prevaleciendo las fórmulas de candidaturas a senadurías de mayoría relativa presentadas originalmente por MC, respecto a los bloques “mayores” y “más baja” competitividad.

6. Acuerdo INE/CG443/2024. El catorce de abril, el CGINE aprobó el acuerdo mediante el cual otorgó el registro de Eliseo Fernández Montufar, en la primera fórmula al Senado de la República, por el principio de mayoría relativa por el Estado de Campeche.

7. Sentencia impugnada -SX-RAP-86/2024-. Inconforme con lo anterior, Morena interpuso recurso de apelación ante este órgano jurisdiccional, el cual se reencauzó[5] a SRX, al ser la autoridad competente; quien el seis de mayo revocó el registro otorgado por el CGINE a Eliseo Fernández Montufar para el referido cargo de elección popular.

8. Recursos de reconsideración. En contra de dicha determinación, el nueve de mayo, MC interpuso los recursos de reconsideración SUP-REC-391/2024 y SUP-REC-392/2024, ante SRX y ante esta Sala Superior, respectivamente. En la misma fecha, y ante la responsable, la persona recurrente interpuso el SUP-REC-393/2024.

9. Tercero interesado. El once de mayo, se recibió ante la Oficialía de Partes de la Sala Xalapa, el escrito por el que Morena pretende comparecer como tercero interesado.

10. Registros, turnos y radicaciones. Recibidas las constancias atinentes en este órgano jurisdiccional, la Magistrada Presidenta ordenó integrar los expedientes SUP-REC-391/2024, SUP-REC-392/2024 y SUP-REC-393/2024. Asimismo, los turnó en su Ponencia, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6] y, en su oportunidad, los radicó.

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver los medios de impugnación[7], porque se trata de tres recursos de reconsideración interpuestos contra una sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, supuesto que le está expresamente reservado.

SEGUNDA. Acumulación. Por conexidad en la causa, economía procesal y para evitar el dictado de sentencias contradictorias, se acumulan los recursos de reconsideración SUP-REC-392/2024 y SUP-REC-393/2024, al diverso SUP-REC-391/2024 –por ser el primero que se recibió en este órgano jurisdiccional–, pues en todos se controvierte la misma sentencia. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que glose una copia certificada de los puntos resolutivos en los expedientes acumulados[8].

TERCERA. Tercero interesado. Toda vez que quien comparece como tercero interesado, plantea una causal de improcedencia de análisis preferente y orden público, cabe revisar si el escrito satisface los requisitos dispuestos en los artículos 12 y 17 de la Ley de Medios, lo que se hará en el siguiente orden:

3.1 Oportunidad. Morena acudió dentro del plazo de setenta y dos horas exigido por la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

3.2 Forma. Se cumple, dado que en el escrito consta el nombre y firma autógrafa de quien acude en representación de Morena, y expresa las razones en que funda su interés incompatible con el de las partes recurrentes.

3.3 Legitimación, interés jurídico y personería. En términos de lo previsto en la Ley de Medios[9], Morena está legitimado para comparecer en calidad de tercero interesado, toda vez que ostenta un interés jurídico incompatible con el de las partes recurrentes y se reconoce la personería de quien comparece en su representación, al estar acreditado como tal ante el CG del INE.

CUARTA. Causal de improcedencia. Morena hace valer como causal de improcedencia, que no se actualiza el requisito especial de procedibilidad de los recursos de reconsideración, en razón de que en la sentencia impugnada no se hizo un análisis de constitucionalidad o convencionalidad de alguna norma jurídica, o bien, la interpretación de algún precepto constitucional.

En el caso, se analizará la causal de improcedencia en el apartado correspondiente.

QUINTA. Requisitos de procedencia. Los recursos satisfacen los presupuestos en cuestión[10], de conformidad con lo siguiente:

5.1. Oportunidad. Se satisface el requisito, pues la sentencia impugnada se emitió el seis de mayo, mismo día en que se notificó al representante de MC y a la parte recurrente, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del martes siete al jueves nueve de mayo. En este orden de ideas, si las demandas se presentaron el nueve de mayo, es decir, el último día que se tenía para hacerlo, es evidente su oportunidad.

5.2. Forma. Los recursos se interpusieron por escrito ante la responsable y en ellos se hace constar el nombre y la firma autógrafa de la parte recurrente, así como de quien se ostenta como representante de MC, identifican el acuerdo impugnado, los hechos y agravios que les causa.

5.3. Legitimación, personería e interés jurídico. Se cumplen los requisitos, toda vez que quien comparece a nombre de MC tiene reconocido su carácter de representante propietario de dicho partido ante el CGINE, según se advierte de la acreditación que acompaña; además, cuenta con interés jurídico por considerar que la sentencia impugnada lesiona sus derechos, al habérsele revocado el registro de una de sus candidaturas. Por lo que hace a la parte recurrente, cuenta con interés jurídico, al haberse revocado el registro de su candidatura.

5.4. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse de manera previa, por lo que es de tener por satisfecho el requisito.

5.5. Requisito especial de procedencia. El artículo 61 de la Ley de Medios establece que el recurso de reconsideración sólo procede para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, en los juicios de inconformidad promovidos contra los resultados de las elecciones de diputaciones federales y senadurías, así como la asignación por el principio de representación proporcional respecto de dichos cargos, y las recaídas a los restantes medios impugnativos, cuando se inaplique alguna norma por considerarla contraria a la Constitución.

Además de tales supuestos, esta Sala Superior ha incrementado la gama de supuestos de procedencia, para potenciar el acceso a la jurisdicción y la revisión del control concreto de constitucionalidad desarrollado por las Salas Regionales al resolver los asuntos de su competencia.

En ese sentido, esta Sala Superior considera que se satisface el requisito especial de procedencia, porque el partido recurrente alega que la SRX interpretó directamente la fracción V del artículo 38 de la CPEUM, lo que es congruente con la hipótesis contenida en la jurisprudencia 26/2012, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

Además, tanto MC como la parte recurrente alegan que SRX omitió llevar a cabo un análisis de constitucionalidad y convencionalidad del criterio interpretativo sobre el término prófugo de la justicia, a la luz de una serie de criterios que precisa en su escrito recursal, por lo que también se hace necesario precisar el alcance de dicha figura, en relación con lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, también se actualiza el supuesto de procedencia contenido en la jurisprudencia 12/2014, de rubro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES SI SE ADUCE INDEBIDO ANÁLISIS U OMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS LEGALES IMPUGNADAS CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN.

Por tanto, es infundada la causal de improcedencia planteada por el tercero interesado.

5.6. Precisión sobre el SUP-REC-392/2024. Finalmente, debe señalarse que procede considerar lo planteado por el recurrente dentro del recurso de mérito, atento al criterio sustentado en la jurisprudencia 14/2022 de esta Sala Superior[11], pues en el caso, se presentaron dentro del plazo referido en el punto 3.1 de este apartado, los escritos recursales SUP-REC-391/2024 y SUP-REC-392/2024, en contra de un mismo acto, señalando agravios diversos, lo que, en el caso, configura una excepción al principio de preclusión, pues del análisis de ambos ocursos se advierten planteamientos diferenciados entre sí.

SEXTA. Estudio del fondo. A fin de estar en aptitud de revisar los agravios de constitucionalidad, enderezados en contra de la sentencia impugnada, esta Sala Superior considera, en primer término, sintetizar los razonamientos en que se sustenta la sentencia controvertida, y después, los agravios planteados por MC y la parte recurrente con el fin de controvertirla. Hecho esto, se analizarán los planteamientos respectivos.

6.1. Síntesis de la sentencia impugnada. Al resolver el recurso de apelación SX–RAP–86/2024, la SRX calificó esencialmente fundado el agravio de Morena respecto de la inelegibilidad de Eliseo Fernández Montufar, postulado por MC a la primera fórmula de senadurías de MR para Campeche, porque se actualizó la suspensión de derechos políticos prevista en el artículo 38, fracción V, de la CPEUM, por estar sustraído de la acción de la justicia, al existir una orden de aprehensión vigente en su contra, y porque los órganos competentes del Estado Mexicano han desplegado diversas diligencias para ejecutarla, sin que ello haya sido posible.

En razón de ello, tuvo por actualizadas las dos condiciones que colman la referida hipótesis de inelegibilidad, previstas en la jurisprudencia 6/97 de esta Sala Superior[12], por lo que era claro que el referido ciudadano está suspendido en sus derechos político–electorales, incluido el de ser votado para un cargo de elección popular.

En cuanto al elemento de la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal, invocó como hecho notorio que del expediente SX–RAP–43/2024 se advirtió la existencia de una orden de aprehensión en su contra, pues del oficio FGE/OFG/0502/2024, el Fiscal General de Campeche remitió a la SRX copias certificadas por la agente del ministerio público Evelyn Guadalupe Arcos Cruz, de la orden de aprehensión de clave 5536/22-2023/JC, librada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por la Juez Tercera Interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en contra de Eliseo Fernández Montufar, respecto de la carpeta judicial 488/22-2023/JC.

También advirtió que si bien la parte tercera interesada de la instancia regional había referido a cuatro carpetas judiciales, concernientes a mismo número de órdenes de aprehensión[13], en varias de las cuales había obtenido el amparo y la protección de la justicia federal, la SRX consideró que eran insuficientes para evidenciar que actualmente no existe alguna en su contra, pues la indicada por la Fiscalía General de Campeche corresponde a otra carpeta judicial de la que el entonces compareciente nada dijo, siendo también insuficiente que éste alegue que ha ejercido su defensa penal y que ha obtenido diversas ejecutorias que han suspendido las órdenes de aprehensión, sin que refiriera en específico a la librada en agosto de dos mil veintitrés, la cual sigue vigente.

De esa manera, SRX concluyó que por cuanto hace a la causa penal 488/22-2023/JC, no había siquiera un indicio del que se pueda inferir que se encuentra suspendida, por lo que sigue vigente y puede ser ejecutada en cualquier momento, pues no había prescrito la acción penal, por lo que, de la documentación referida, existía plena constancia de que se actualizaba la primera condición contemplada en el artículo 38, fracción V, de la CPEUM, consistente en la existencia de una orden de aprehensión vigente, sin que haya prescrito la acción penal, para considerar que Eliseo Fernández Montufar está prófugo de la justicia.

En otra parte, SRX también tuvo por demostrado el segundo elemento, consistente en sustraerse de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal, pues en el oficio remitido por la Fiscalía General de Campeche, se informó que:

a)     Se solicitó la colaboración de todas las Procuradurías y Fiscalías Generales del país para detener a Eliseo Fernández Montufar y trasladarlo a Campeche para ponerlo a disposición de la Juez que lo requiere;

b)     Por oficio FGE/OFG/0240/2024, de diecisiete de enero, se pidió la colaboración del Titular de la Oficina Central Nacional de la Interpol México, para buscar y localizar a la persona debido a la orden de aprehensión referida, así como para publicar la ficha roja respectiva;

c)     Solicitaron el apoyo y colaboración de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración para emitir una Alerta Migratoria, ante la probabilidad de que hubiera realizado gestiones o trámites migratorios desde cualquier punto de la República.

SRX también tuvo en cuenta la copia certificada del oficio FGECAM/FEDG/18.2/1725/2023, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el que la agente del ministerio público de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves pidió la colaboración de la Secretaría General de la Interpol para publicar la nota roja, de la que se advierte que de las investigaciones desplegadas para dar con el paradero de Eliseo Fernández Montufar se han ubicado diversos domicilios, sin que haya sido posible localizarlo pues en ninguno de ellos se ha encontrado.

También, que en el oficio FGECAM/VFGADAI/1812/966/AT/UECS/2023, otro agente ministerial da cuenta del reconocimiento expreso del ciudadano, respecto de que se encuentra fuera del país por supuestos motivos académicos, sin que se haya podido cumplimentar la orden de aprehensión, pues se ignora su ubicación o paradero a pesar que incluso se ha pedido la colaboración de la Dirección General del Procedimientos Internacionales, adscrito a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregados de la Fiscalía General de la República, para que, de ser el caso, por conductos diplomáticos se requiera su extradición al Gobierno de Colombia, sin que hasta la fecha se haya logrado cumplimentarla.

De todo ello, SRX consideró que estaba demostrado que se han desplegado diversas diligencias tanto a nivel nacional como internacional, para ejecutar la orden de aprehensión, sin que el compareciente haya aclarado o controvertido tal aspecto.

Al respecto, razonó que la calidad de prófugo se atribuye a una persona que está huyendo de la acción de la justicia, y se actualiza por el solo hecho de sustraerse, pues tal conducta demuestra que una persona está fuera del orden jurídico, siendo criterio de esta Sala Superior que la condición de prófugo resulta incompatible con el ejercicio pleno de los derechos políticos, pues ello impide la plena funcionalidad de su ejercicio para preservar el Estado Democrático de Derecho, a su vez que esta Sala Superior también ha reconocido que la racionalidad de tal restricción constitucional se justifica en que resulta inaceptable que la persona que evade la acción de la justicia pueda gozar de los derechos políticos reconocidos por la CPEUM, por lo que el eje central de la causa de inelegibilidad consignada en el artículo 38, fracción V de la CPEUM radica en la exigencia de materialidad, que es la demostración de una verdadera actividad de sustracción de la justicia.

Finalmente, SRX afirmó que el denunciado conoce o presume que la autoridad penal lo está buscando o requiriendo su presencia por la probable comisión de conductas delictivas, debido a que ha accionado diversos mecanismos para proteger sus derechos, lo que también refleja su conocimiento y vigencia de las cusas penales, pues incluso compareció al medio impugnativo intentando contrarrestar los alegatos de Morena.

Apuntó que la inhabilitación de derechos opera desde que se actualiza la hipótesis constitucional, pues no existe condición alguna, siendo innecesaria la declaratoria judicial o por alguna otra autoridad, de ahí que no podía subsistir su registro como candidato de MC al Senado por Campeche.

6.2. Agravios planteados por MC. Del análisis integral de los escritos recursales, se advierte que MC se duele, básicamente, de una indebida interpretación y aplicación de la norma contenida en el artículo 38, fracción V, de la CPEUM.

En efecto, refiere que se debe reinterpretar el alcance y contenido de tal previsión, pues considera que los criterios contenidos en la jurisprudencia 6/97[14] y las tesis IX/2010[15] y X/2011[16], así como el texto de la propia disposición, se han visto superadas por cambios constitucionales y legales que no han sido considerados, tales como lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la declaratoria judicial de sustracción de la justicia.

También sostiene que debe matizarse la expresión prófugo de la justicia, pues en el caso de Eliseo Fernández Montufar se han usado indebidamente las instituciones para impedir su candidatura.

Afirma que hay un conflicto entre la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la CPEUM y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en dos casos: el de Tzompaxtle Tecpile y el de García Rodríguez y otro, ambos contra México. Por ello sostiene que la interpretación que se haga sobre el artículo 38 fracción V de la CPEUM debe matizarse a la luz de la convencionalidad.

De igual forma, considera que la restricción constitucional en comento es inconvencional, porque el artículo 23 del Pacto de San José habla de la reglamentación del ejercicio de derechos políticos sólo por juez competente en materia penal, y es de verse que en diversos casos ese ha dicho que la restricción de esos derechos por autoridades de naturaleza distinta a la penal resulta inconvencional.

También considera que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos constituye un cambio en los parámetros interpretativos del artículo 38 de la CPEUM, además de que el contexto de inseguridad y venganzas políticas altera el entendimiento del término prófugo de la justicia, y de que existen varias formas de ver la contradicción de criterios 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde surgió la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), de rubro DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

Agrega que las reformas impulsadas en este sexenio y el ambiente político que con ellas se propicia, tornan la interpretación constitucional estricta del artículo 38, fracción V, de la CPEUM, en un instrumento de persecución política.

Sostiene que se violó el principio pro persona, pues SRX se adhirió a la jurisprudencia 6/97, al considerar que es de aplicación automática la inhabilitación de los derechos político-electorales de una persona prófuga de la justicia, además de ceñirse a lo resuelto en el SUP-RAP-108/2024, sentencia en la que se interpretó de manera estricta el artículo 38, fracción V de la CPEUM, permitiendo con ello que los grupos en el gobierno usen a las instituciones como armas, cuando esta Sala Superior puede revertir esa tendencia reconfigurando sus precedentes a la luz del citado principio, y replanteando las definiciones de prófugo y orden de aprehensión, pues puede darse el caso que quien se sustraiga de la justicia lo haga para preservar su vida e integridad; además, refiere que el proceso penal ha evolucionado al grado que, ahora, la sustracción de la acción de la justicia debe ser declarada.

Indica que la totalidad de órdenes de aprehensión giradas en perjuicio del candidato tildado de inelegible fueron libradas al siguiente año de que aquél contendiera por la gubernatura de Campeche, por lo que resulta evidente que derivan de una persecución política en su contra.

Alega que la interpretación del término orden de aprehensión dimana de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser la suspensión de un derecho un acto de privación temporal, la restricción contenida en el artículo 38, fracción V de la CPEUM Fundamental debe interpretarse conforme con el diverso 14 de esa misma Ley Fundamental.

Ahora bien, en el escrito recursal del expediente SUP-REC-392/2024, MC alega que SRX varió la litis y que omitió analizar la inconvencionalidad del criterio interpretativo de esta Sala Superior sobre el término prófugo de la justicia, para lo que considera que en las sentencias SUP-RAP-102/2024 y SUP-JDC-861/2024 no se analizó la inconvencionalidad de tal ejercicio interpretativo que esta Sala Superior ha venido aplicando, pues en esos asuntos la litis versó sobre la existencia de órdenes de aprehensión y si existían elementos para evidenciar la existencia de acciones tendentes a ejecutarla, pero que, sin embargo, desde su comparecencia ante SRX ha planteado lo anterior, por ser incompatible con sentencias y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y porque tampoco se ajusta a la normativa en materia penal, de ahí que SRX alterara la litis al señalar que planteaba el análisis de convencionalidad del artículo 38, fracción V de la CPEUM cuando lo que alegó fue lo que ahora reitera.

6.3. Agravios planteados en el SUP-REC-393/2024. El recurrente sostiene que ni la Sala Regional ni esta Sala Superior han realizado un estudio e interpretación armónica del artículo 38, fracción V de la CPEUM, en relación con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual fue implementado a partir de las reformas constitucionales de junio de dos mil ocho, por lo que este Tribunal no ha emitido criterios conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, expedido en marzo de dos mil catorce, año en que se materializó la reforma aludida.

Lo anterior, pues derivado de las modificaciones del sistema penal en México, ya no basta con que se libre una orden de aprehensión para considerarse sustraído de la acción de la justicia y, por ende, prófugo, sino que dichas órdenes ahora se libran con base en la necesidad de cautela del individuo, de tal suerte que, en el nuevo sistema, para considerar que una persona se encuentra sustraída de la acción de la justicia se requiere una declaratoria judicial.

En ese sentido, la recurrente estima que esta Sala Superior debe emitir nuevos criterios respecto del concepto prófugo de la justicia, por lo que se actualiza el requisito especial de procedencia consistente en que el asunto es relevante y trascendente para emitir un criterio actualizado sobre la temática bajo análisis.

Al respecto, afirma que la SRX omitió interpretar el artículo 38, fracción V de la CPEUM a la luz del nuevo sistema de justicia penal, por lo que sus consideraciones resultan inaplicables.

Así, el recurrente señala que la importancia y trascendencia del caso, radica en que los criterios jurisprudenciales sobre los que se sustentó la resolución controvertida quedaron superados por el nuevo modelo de justicia penal, pues de conformidad con éste, para considerar a una persona sustraída de la acción de la justicia es necesaria la existencia de una declaración emitida por autoridad competente, lo que en el caso no acontece.

Refiere que a pesar de que en su carácter de tercero interesado solicitó que se realizara un estudio conforme del texto constitucional, los tratados internacionales y la nueva normatividad en materia penal, la Sala responsable se limitó a aplicar criterios jurisprudenciales que ya no se encuentran vigentes.

Lo anterior, porque considera que, si bien el precepto constitucional en cuestión no ha sufrido modificaciones en su contenido, era necesario que éste se analizara conforme a los tratados internacionales y la ley en la materia actualizada, lo que no aconteció.

La parte recurrente se duele de lo que considera un estudio genérico, dogmático, superficial y frívolo por el que se decretó la pérdida de sus derechos político-electorales, sin advertir que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se encuentra sustraído de la acción de la justicia.

Además, aduce que dado la premura con la que la Sala Xalapa resolvió el asunto, las partes no tuvieron tiempo suficiente para imponerse de autos y hacer valer los incidentes o promociones correspondientes.

Señala que la Sala Xalapa debió realizar una interpretación conforme del texto constitucional a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de haberlo hecho así habría advertido que para que una persona se considere prófuga o sustraída de la acción de la justicia se requieren en principio, que exista una declaratoria de autoridad judicial penal, lo que en el caso no acontece.

De ahí que, la parte recurrente aduzca que es indebida la conclusión a la que arribó la responsable de considerarlo prófugo de la justicia y en consecuencia inelegible, a partir únicamente de considerar lo informado por la Fiscalía General de Campeche, quien además no cuenta con facultades para ello.

En relación con lo anterior, la parte recurrente alega que la Sala Xalapa otorgó valor probatorio pleno al oficio por el que el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Campeche, entre otras cuestiones, señala que éste cuenta con una orden de aprehensión por delito que amerita prisión preventiva oficiosa y que –a partir de lo que estima constituye un juicio de valor– se encuentra prófugo de la justicia y, por tanto, resulta inelegible.

6.4. Método de estudio. Como puede verse, el análisis integral[17] de los recursos que nos conciernen conduce a considerar que la pretensión de las partes impugnantes es que se revoque la sentencia controvertida y se reponga el registro revocado por la SRX.

Sobre esto, se advierte que su causa de pedir se sustenta en la indebida interpretación del artículo 38, fracción V de la CPEUM.

Consecuentemente, la litis se centra en decidir sí, como lo sostienen las partes impugnantes, SRX interpretó inadecuadamente la disposición constitucional en comento.

Dicho lo anterior, se analizarán los planteamientos formulados en atención a lo anterior[18] y, de ser el caso, posteriormente se atenderán los restantes, siempre que tengan una vinculación con una temática de índole constitucional, dada la excepcionalidad del recurso de reconsideración.

6.5. Análisis de los agravios. A juicio de esta Sala Superior, los agravios sintetizados resultan infundados, pues carece de razón y sustento lo alegado por las partes impugnantes en cuanto a la supuestamente indebida interpretación de la disposición consignada en la fracción V del artículo 38 de la CPEUM, pues como lo sostuvo la SRX, para efectos electorales, la consecuencia jurídica es de aplicación inmediata, siempre y cuando se reúnan los elementos que derivan de la propia norma constitucional.

En ese sentido, las restantes alegaciones devienen inoperantes, porque además de que no combaten las consideraciones de la responsable, las cuales se comparten plenamente por esta Sala Superior, constituyen afirmaciones vagas, genéricas y subjetivas.

A fin de expresar las razones que sustenten las conclusiones apuntadas, conviene, en primer lugar, desarrollar el marco jurídico aplicable al caso concreto.

6.5.1. Marco jurídico. Esta Sala Superior ha sostenido que artículo 35 de la CPEUM reconoce diversos derechos fundamentales de la ciudadanía en materia político-electoral, entre los cuales está el de poder ser votada, en condiciones de paridad, para todos los cargos de elección popular, siempre que reúna las calidades respectivas.

Aunado a ello se ha sostenido que el derecho para solicitar el registro de candidaturas políticas reside en los partidos políticos, así como en la ciudadanía que lo pida de manera independiente, con la misma carga, que es cumplir con los requisitos atinentes.

El reconocimiento de tales prerrogativas es fundamental para la subsistencia de una democracia representativa, pues constituye la base que le da sustento y legitimación al poder público.

Sin embargo, como el propio artículo 35 de la Ley Fundamental lo reconoce expresamente, el ejercicio de tales derechos fundamentales está sujeto a limitaciones, algunas de las cuales se encuentran expresamente contenidas en la propia CPEUM, aunque algunas otras se confieren al Legislador ordinario, por mandato expreso del propio constituyente.

Esto es congruente con el sistema integral de los derechos fundamentales, pues ninguno de ellos supone su ejecución absoluta, ya que, por el contrario, todos se encuentran sujetos a ciertas limitaciones para su ejercicio, sin que los reconocidos en materia político-electoral sean la excepción.

Lo anterior ha sido, incluso, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al definir los alcances del artículo 29, inciso b), de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre lo cual ha sostenido que la previsión y aplicación de requisitos al ejercicio de los derechos políticos no constituyen, por sí mismos, una restricción indebida[19].

En ese sentido, se ha considerado que los requisitos de elegibilidad están relacionados con la posibilidad real y jurídica de que la ciudadanía, en ejercicio del derecho de ser votada, esté en aptitud de asumir un cargo de elección popular para el cual ha sido propuesta por un partido o inscrito mediante una candidatura independiente, al satisfacer las condiciones previstas al efecto como exigencias inherentes a su persona, tanto para el registro como para ocupar el cargo, por lo que deben de reunir los requisitos indispensables para participar en la contienda electoral con alguna candidatura y, en su oportunidad, desempeñar el cargo.

Esto permite garantizar la idoneidad de las personas que aspiran al ejercicio del poder público, mediante exigencias tales como la existencia de un vínculo con un ámbito territorial específico y una edad mínima, así como otros, de carácter negativo, como son la prohibición de ocupar ciertos cargos públicos o la proscripción de ser ministros de cultos religiosos, dada la separación Estado-Iglesia, entre otros.

Por tal motivo, los requisitos de elegibilidad tienen como elementos intrínsecos la objetividad y certeza, mediante su inclusión en la norma constitucional y, en algunos casos, en las leyes de la materia, porque implican limitaciones a un derecho fundamental, por lo que están sujetos a comprobación ante las autoridades electorales competentes, quienes están obligadas a verificar su cumplimiento.

En consecuencia, la comprobación de requisitos de elegibilidad tiene como objetivo garantizar que la participación ciudadana en los comicios elija a personas que posean todas las cualidades requeridas por la normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones expresamente estatuidas; lo que significa que deban observarse tanto los aspectos positivos, como los negativos.

En esa línea, se ha considerado que el artículo 38, fracción V de la CPEUM prevé que los derechos fundamentales de los que la ciudadanía es titular, se suspenden cuando la persona de que se trate se encuentre prófuga de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.

Por ende, basta que cualquier persona se coloque o se ubique dentro de ese supuesto normativo, es decir, que se sustraiga de la acción de la justicia para evitar ser puesto a disposición de una autoridad judicial en la materia penal, o sujetarse a un proceso dentro de la misma materia derivado de una orden de aprehensión que le haya sido librada, para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos.

También se ha sostenido que la inhabilitación referida se actualiza ipso facto a partir de lo mandatado por el Constituyente Permanente, pues no se contiene alguna condición constitucional ni cualquier otro supuesto que pueda excepcionar la aplicación directa del precepto constitucional, por lo que su aplicación, para efectos de la materia político-electoral, es inmediata y no requiere de alguna declaración dictada por la autoridad que resulte competente.

Es por ello que esta Sala Superior ha reiterado –incluso recientemente, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-102/2024, así como el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-661/2024 y su acumulado– que la suspensión de los derechos político-electorales de la ciudadanía que se ubique dentro de este supuesto, se actualiza cuando se colman los dos elementos siguientes:

1)        Uno de carácter normativo, que exige el libramiento de una orden de aprehensión; y

2)        Uno de naturaleza fáctica o material, que atiende a que la persona se encuentre prófuga de la justicia.

En ese sentido puede sostenerse que la norma constitucional en análisis se compone por un concepto normativo, consistente en que se haya librado una orden de aprehensión respecto de una persona ciudadana, complementando su descripción particular con una exigencia material, en el sentido de que esté prófuga de la justicia.

Sobre esto, el artículo 16 de la CPEUM refiere que únicamente la autoridad judicial podrá librar órdenes de aprehensión, previa denuncia o querella de una conducta tipificada como delito en las leyes penales, que además sea sancionado con pena privativa de libertad, y existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que la persona indiciada lo cometió o participó en su comisión; además, que la autoridad que ejecute tal orden judicial, de inmediato y sin dilación, debe poner a la persona inculpada en disposición de la autoridad judicial, bajo su más estricta responsabilidad.

Sobre esto último, esta Sala Superior ha considerado que al margen de que la ejecución de una orden de aprehensión logra la presencia de la parte indiciada ante la autoridad jurisdiccional, también satisface un presupuesto necesario para la continuidad del proceso, que sólo puede entablarse ante la comparecencia del indiciado en la causa penal de que se trate, por lo que la ejecución de la orden de aprehensión cobra relevancia fundamental en el ámbito del proceso, en la medida que, ya se dijo, asegura la presencia del indiciado ante el órgano jurisdiccional y la continuidad del proceso, pudiendo ejercer sus derechos de defensa, garantía de audiencia, principio del contradictorio, presunción de inocencia y, en general, las concernientes al debido proceso legal, evitando también la impunidad y garantizando la estabilidad del orden jurídico.

En consecuencia, la suspensión de derechos político-electorales derivada de lo dispuesto en el artículo 38 fracción V de la CPEUM persigue la finalidad de considerar que aquellas personas sobre las que se ha librado una orden de aprehensión y se encuentren prófugas de la justicia, vean suspendidas sus prerrogativas político-electorales.

La razón fundamental de dicha previsión restrictiva estriba en que la condición de prófuga de la justicia de toda persona, es incompatible con el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, en la medida que tal sustracción impide la plena funcionalidad a ese ejercicio, para preservar el Estado Democrático de Derecho, además de resultar inadmisible desde una perspectiva de regularidad constitucional que la persona que evada la acción de la justicia pueda gozar de los derechos político-electorales que la CPEUM le reconoce.

En ese sentido, es imposible considerar que quien se sustrae de la acción de la justicia, evidenciando con ello su salida del orden jurídico, se viera protegido con los propios principios inherentes al enjuiciamiento penal, tales como el derecho a una adecuada defensa, el principio de presunción de inocencia y otras prerrogativas que se materializan o concretan en tanto se desarrolla el proceso penal.

En ese sentido, la calidad de persona prófuga de la justicia se atribuye a toda persona que está huyendo de la acción de la justicia, por lo que, en cuanto a tal condición, se ha definido que, dada su exigencia de materialidad, no se colma exclusivamente con el libramiento concreto de una orden de aprehensión, pues siempre se requiere la demostración de una verdadera actividad de sustracción de la justicia[20].

En torno a la orden de aprehensión, esta Sala Superior también ha considerado que el artículo 19 de la CPEUM reconoce que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que la persona sea puesta en disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que quien lo cometió o participó en su comisión, se sustraiga o evada la acción de la justicia.

Así, la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa en diversos casos, tales como abuso o violencia sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.[21]

El citado artículo constitucional también señala que, si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso, la persona evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Cabe precisar que, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, la agencia del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, entre otras cuestiones, podrá librar orden de aprehensión contra una persona, cuando se justifique la necesidad de cautela, toda vez que de conformidad con el artículo 16 de la CPEUM y el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia del juzgador para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial.

La orden de aprehensión es emitida dentro de la investigación preliminar, cuando aún el proceso no ha iniciado.

Asimismo, en la clasificación jurídica que haga el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente.[22]

6.5.2. Caso concreto. Pues bien, como ya se dijo, carece de razón y sustento el alegato concerniente a la indebida interpretación del artículo 38, fracción V de la CPEUM, pues la interpretación llevada a cabo por la SRX es conforme con los criterios sustentados reiterados por esta Sala Superior, incluso en precedentes recientes[23], en cuanto a la suspensión inmediata de los derechos político-electorales de las personas de las que, habiéndoseles expedido una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal, se encuentre prófuga de la justicia para evitar ser procesada penalmente, suspensión que abarca, desde luego, todos los derechos inherentes a la ciudadanía, incluido el de ser votada para todos los cargos de elección popular, previsto en el diverso 35, fracción II de la CPEUM.

En efecto, como ya se dijo en el marco normativo de esta ejecutoria, la categoría de elegibilidad alude a los atributos o requisitos que debe cumplir toda persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular, características todas que están definidos constitucional o legalmente como rasgos de idoneidad para ejercer tal función.

Asimismo, es deber de las autoridades electorales, en el ámbito de sus competencias, verificar que las candidaturas registradas cumplan con los requisitos de elegibilidad para el cargo al que pretenden ser postuladas, con la finalidad de garantizar que, de resultar electas, estén en posibilidad jurídica de desempeñar el cargo para el que aspiran.

En ese sentido, las autoridades deben guiarse bajo diversas premisas en materia de verificación de los requisitos de elegibilidad, entre las cuales destacan que aquellos de carácter negativo se presumen satisfechos –salvo prueba en contrario que destruya dicha presunción–, así como que las prerrogativas ciudadanas pueden restringirse en los casos expresamente dictados por la CPEUM, siempre que se encuentren debidamente acreditados.

En ese sentido, para colmar los extremos del artículo 38, fracción V, de la CPEUM, para efectos electorales, corresponde quien sostenga que una persona se ubica en ese supuesto debe demostrar que se actualizan los elementos normativo y material que conforman dicha causal de inelegibilidad, poniendo de manifiesto la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal, y que la persona sobre la cual se libró, esté prófuga de la justicia, sin que se requiera de alguna declaratoria judicial o de autoridad competente para dar lugar a la pérdida del ejercicio de tales prerrogativas, pues como se ha sostenido, esa categoría se pierde por el solo hecho de ubicarse dentro de la hipótesis expresamente referida por el Constituyente.

Por ello es por lo que, reiteradamente, esta Sala Superior ha seguido sustentando el criterio retomado por la SRX al resolver el caso que nos concierne, en el que se cuestionó la elegibilidad de la candidatura registrada por el partido recurrente por haber evadido la acción de la justicia, derivado de la existencia de una orden de aprehensión que no ha podido ser ejecutada con todo y las acciones sistemática y consistentemente desplegadas por las autoridades competentes en materia penal.

La consecuencia directa e inmediata de colocarse en dicha situación, para el caso de la materia comicial, es la del reconocimiento de la suspensión de todos los derechos político-electorales, dadas las razones expuestas en el marco jurídico de esta ejecutoria, sin que, para ello se requiera de la declaratoria de una autoridad judicial de índole penal, pues para los efectos de la elegibilidad de una persona que pretende ocupar un cargo de elección popular, basta que se coloque en la situación descrita por el artículo 38, fracción V, de la CPEUM, para reconocer la suspensión de sus prerrogativas ciudadanas, que es tal como se ha reconocido por esta Sala Superior en el precedente referido por la SRX en su sentencia, e incluso en otros más recientes, como son el SUP-RAP-102/2024 y el SUP-JDC-661/2024 y su acumulado.

En ese sentido, esta Sala Superior considera que las partes impugnantes parten de premisas inexactas al considerar que la SRX llevó a cabo un indebido ejercicio de interpretación de la normativa constitucional en el caso que nos concierne, pues reiteradamente se ha sostenido que la calidad de prófuga de una persona se atribuye a quien está huyendo, generalmente de la acción de la justicia, de alguna medida del gobierno o de cualquier autoridad, pues como se dijo en el marco normativo de esta ejecutoria, dicha calidad se actualiza con la mera acción de sustraerse de la acción de la justicia, en virtud de que esta conducta evidencia que una persona se ha salido del orden jurídico.

Es por ello que esta Sala Superior ha mantenido el criterio de que la condición de prófugo de la justicia resulta incompatible con el ejercicio pleno de los derechos políticos, en la medida que la sustracción de una persona del proceso penal impide, por razones jurídicas y materiales, que se dé plena funcionalidad a ese ejercicio, para preservar el Estado Democrático de Derecho.

Sin dejar de precisar que este órgano jurisdiccional también ha reconocido que la racionalidad de la previsión contenida en el artículo 38, fracción V de la CPEUM se justifica en que resulta inaceptable que la persona que evada la acción de la justicia pueda legalmente gozar de los derechos políticos que la propia CPEUM le reconoce.

Con ello se evidencia el peso que tiene para nuestra Ley Fundamental el hecho de que una persona evada la acción de la justicia, porque no sería posible estimar que quien se sustrae de ella, evidenciando así su salida del orden jurídico, se pretenda beneficiar con los principios inherentes al enjuiciamiento penal, tales como el derecho a una adecuada defensa, el principio de presunción de inocencia y otras prerrogativas que se materializan o concretan precisamente, en tanto se está inmerso en el proceso penal atinente.

Por tanto, el eje central de la causa prevista en el artículo 38, fracción V, de la Constitución general radica en la exigencia de materialidad, es decir, la demostración de una verdadera actividad de sustracción de la justicia.

En el caso, tal exigencia de materialidad se verifica con la actividad que han emprendo las instituciones del Estado Mexicano para localizar a la candidatura denunciada sin éxito.

Lo anterior, máxime que no está sujeto a debate jurisdiccional que la persona hoy recurrente se ubica en ese supuesto, pues de ninguna parte de los escritos recursales se advierte un alegato tendente a desvirtuar esa parte de la sentencia regional, esto es, a desconocer o contraargumentar respecto de la existencia de la orden de aprehensión ni la calidad de prófuga de la persona recurrente, dadas las múltiples diligencias emprendidas para su búsqueda, en instancias estatales, nacionales e internacionales, sin que hasta el día de hoy haya sido posible su localización, ni las probanzas en las que SRX se basó para arribar a dicha conclusión, por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Medios, para esta Sala Superior, tales aspectos constituyen hechos reconocidos para los efectos que haya lugar.

En ese sentido, para esta Sala Superior, son infundados los agravios tendentes a evidenciar una indebida interpretación y posterior aplicación del artículo 38, fracción V de la CPEUM en el caso concreto, pues como ya se dijo, para efectos de la elegibilidad de una persona, la suspensión de los derechos político-electorales se actualiza desde el momento en que se colman los elementos que de tal disposición se desprenden, sin que para ello se requiera de una declaratoria judicial del orden penal, lo que es congruente con los criterios sustentados por esta Sala Superior.

De ello se sigue, entonces, que los restantes agravios devienen infundados e inoperantes, porque se trata de señalamientos encaminados a que esta Sala Superior modifique o matice la aplicación de la previsión contenida en el artículo 38, fracción V, a partir de una serie de señalamientos subjetivos, carentes de sustento y, en todo caso, inaplicables al caso concreto, pues ninguno de ellos está dirigido a desvirtuar lo expresado a lo largo de esta ejecutoria.

Es infundado lo alegado sobre la redimensión sobre el alcance y contenido de la previsión constitucional y de los criterios sustentados en la jurisprudencia 6/97 y las tesis IX/2010 y X/2011 de esta Sala Superior, debiendo incorporar la visión de las reformas en la materia penal, específicamente lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto se hace necesaria la declaratoria de un juez para tener a una persona como prófuga de la justicia.

Lo infundado del planteamiento deriva de que, para efectos electorales, la previsión contenida en el artículo 38, fracción V de la CPEUM tiene plena vigencia, por lo que resulta válido e incluso apegado a la constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones dictadas en aplicación directa de dicho precepto constitucional, la suspensión de los derechos político-electorales de todas las personas que se ubiquen dentro de ese supuesto, sin que para ello se requiera de una declaratoria de una autoridad judicial del orden penal, pues la norma constitucional no lo prevé de esa manera –como sí lo hace, por ejemplo, para la hipótesis de suspensión dispuesta en la fracción VI del mismo precepto constitucional–.

Además, esta Sala Superior considera que, con independencia de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo que interesa a la materia electoral en relación con lo previsto en la fracción V del artículo 38 de la CPEUM, es que se mantenga la existencia y vigencia de la orden de aprehensión girada en contra del otrora candidato.

Esto porque para tales fines, la calidad de prófugo de la justicia que trae como consecuencia la suspensión en el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, no puede supeditarse a la declaratoria de una autoridad judicial en materia penal, pues ello implicaría, entonces, que una posible candidatura que se coloque dentro del supuesto constitucional, no pueda ver suspendidos sus derechos inherentes a la ciudadanía, por la eventual falta de la declaratoria judicial, sin que la norma constitucional requiera de dicho requisito para su plena eficacia, para lo cual basta la actualización de los elementos multirreferidos.

De hecho, esta Sala Superior ha considerado –al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-102/2024– que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal, la cual tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de la autoridad penal para que se le comunique la imputación que existe en su contra y se formalice la investigación.