RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-REC-050/2003.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA III CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ-LLAVE.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA  SÁNCHEZ.

México, Distrito Federal, dieciséis de agosto de dos mil tres.

 VISTOS para resolver los autos del recurso de reconsideración SUP-REC-050/2003, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, en contra de la resolución dictada el tres de agosto del presente año, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la III circunscripción plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz-Llave, al decidir el expediente SX-III-JIN-025/2003, relativo al juicio de inconformidad promovido por el propio partido actor ; y,

R E S U L T AN D O :

I. El seis de julio de dos mil tres, se llevó a cabo la jornada electoral, relativa a la elección de diputados al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El nueve siguiente, el Consejo Distrital correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; declaró la validez de la misma y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

Los resultados fueron los siguientes:

  III. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, inconforme con lo anterior, el trece de julio del presente año, promovió juicio de inconformidad, en el que solicitó la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría relativa, correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, por considerar que se actualizaba la “causa abstracta de nulidad de la elección”, así como diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, mismas que se precisan en el siguiente cuadro:

IV. El tres de agosto siguiente, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la III circunscripción plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz-Llave, resolvió el mencionado juicio de inconformidad en el expediente SX-III-JIN-025/2003; decisión cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“Considerandos.

Primero. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, por haberse promovido durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de un proceso electoral federal, en contra de actos correspondientes a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizados por el Consejo Distrital del 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, autoridad que pertenece a la circunscripción plurinominal sobre la que esta Sala ejerce jurisdicción; con fundamento en los artículos 60, segundo párrafo y 99 párrafo 4, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción II, 186, fracción I, 192. párrafo 1 y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 22, 23, 49, 50 párrafo 1, inciso b), 51, 53, párrafo 1, inciso b) y 56 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Segundo. Previamente al estudio de fondo de la controversia, se deben analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La autoridad responsable y el partido político tercero interesado, aducen que el juicio de inconformidad que nos ocupa resulta improcedente, en virtud de que no se presentó el escrito de protesta respecto de las siguientes casillas: 232-B, 232-C3, 234-B, 234-C2, 244-B, 245-C1, 249-B, 254-C1, 282-B, 428-B, 431-B, 431-C1, 451-C1, 957-C1, 962-C2, 965-C2, 968-B, 971-B, 973-B, y 974-C1.

La causal de improcedencia hecha valer es fundada atento a las consideraciones siguientes:

De conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el párrafo 2 del referido precepto, se requerirá de la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley, a excepción de la señalada en el inciso b), del párrafo 1 de dicho precepto.

Lo anterior significa que para entrar al estudio y resolución del fondo del juicio de inconformidad, es necesario el multicitado escrito de protesta, como requisito de procedibilidad, pues de otra manera no se cumplirían los presupuestos procesales que la ley adjetiva de la materia establece, dado que los medios de impugnación previstos en favor de los partidos políticos para combatir los actos o resoluciones de las autoridades electorales, están sujetos a las reglas de procedimiento que fija la ley de la materia.

Ahora bien, en el caso concreto, el partido político actor promueve el juicio de inconformidad en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, por nulidad de la votación recibida en setenta casillas; de ahí que, constituyendo el escrito de protesta un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, resulta clara la necesidad del cumplimiento del mismo para la procedencia del medio de impugnación en estudio.

En ese sentido, del análisis de las constancias que integran el expediente, en especial de seis certificaciones expedidas por el Secretario del Consejo Distrital responsable, mismas que obran a fojas 195 a 200 del cuaderno accesorio número cuatro, documentales cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 2 de la ley de la materia, se advierte que el actor no presentó los escritos de protesta de las casillas ya indicadas; no obstante, que por auto de veinte de julio del año en curso, se le formuló requerimiento, para que presentara los acuses de recibo de los escritos de protesta respectivos.

Por lo anterior, al no exhibir el partido político actor los acuses de recibo de los escritos de protesta requeridos, infringe el contenido del artículo 51, párrafo 2 de la ley adjetiva de la materia, toda vez que el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, por tanto, la omisión de presentar dicho escrito trae como consecuencia que no se entre al estudio del fondo del juicio de inconformidad promovido por lo que se refiere a las casillas señaladas.

Tercero. La litis en el presente juicio se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través del juicio de inconformidad en estudio y como consecuencia, si deben modificarse o no, los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondientes al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, para en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El promovente hace valer a través del medio de impugnación en estudio, la nulidad de la votación recibida en setenta casillas, de las cuales excluyendo las veinte que no fueron protestadas, los agravios que procederá a estudiar esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán los expresados por la parte demandante en el escrito mediante el cual promovió el juicio de inconformidad que nos ocupa, en relación a cincuenta casillas siempre y cuando exprese agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de su presentación, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho) supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Lo anterior, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el criterio de jurisprudencia S3ELJ 03/2000, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 11 y 12 cuyo rubro dice: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.

Conforme a lo anterior, cabe aclarar lo siguiente:

Respecto de la casilla 959-C1, el promovente en su escrito de demanda hace valer causas de nulidad de votación recibida en casilla, que en su concepto actualizan las previstas en el artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. No obstante, del análisis integral de los argumentos aducidos por la parte actora, este órgano colegiado concluye que en la casilla de referencia se hacen valer agravios que no encuadran dentro del supuesto de nulidad previsto por el inciso g) del artículo antes referido; por lo tanto, la casilla indicada será estudiada mediante la causal de nulidad contenida en el inciso k) del artículo 75 de la ley adjetiva invocada.

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación correcta de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro que se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación se impugna y la causal de nulidad por la cual será estudiada.

Asimismo y tomando en consideración que el partido actor menciona en el capítulo de “agravios” de su demanda diversos acontecimientos sucedidos en la etapa de preparación de la elección, que en su concepto representan serias violaciones a los principios constitucionales que deben regir toda elección democrática, una vez estudiados los agravios correspondientes a las casillas impugnadas, se procederá al estudio de dichos agravios y las pruebas aportadas por las partes, con el objeto de emitir un pronunciamiento general sobre sus pretensiones, que incluyan un examen integral de todas las constancias que forman parte del expediente.

Resulta pertinente aclarar que, dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como en el estudio de los diferentes hechos y agravios relacionados con la etapa de preparación de la elección, este órgano colegiado, tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 170 a 172, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público”.

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los incisos f), g), i), j) y k), del artículo 75 de la ley adjetiva de la materia; en tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), c), d), e) y h), del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos a), b), c), d), e) y h) del precepto legal citado, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la tesis jurisprudencial número S3ELJ 13/2000, publicada en las páginas 147 y 148 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).

En cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas aportadas o recabadas por este tribunal, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su escrito de demanda e inmediatamente los argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos en la parte conducente de su informe circunstanciado, y en su caso, del tercero interesado, en términos de la tesis jurisprudencial S3ELJ 12/2001, emitida por la Sala Superior, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fojas 93 y 94, bajo el rubro y texto siguiente:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo”.

Por el contrario, este órgano jurisdiccional no se ocupará del examen de aquellos agravios o conceptos de violación en que el promovente haga referencia a hechos en forma vaga, imprecisa o general, sin especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de los hechos argumentados y casillas impugnadas, que puedan servir de base o punto de partida para el estudio de las causas de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que los mismos, por no contener agravio alguno resultan inatendibles, pues en el supuesto de que esta Sala tuviera que estudiar el fondo de dichas impugnaciones, estaría obligada a analizar todas las casillas que forman el distrito electoral, por todas las causas de nulidad de votación, establecidas en la ley adjetiva, lo que resultaría jurídica y prácticamente imposible, máxime que el artículo 9, párrafo 1, incisos d) y e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece la obligación de identificar el acto impugnado y la expresión clara de los hechos en que basa su impugnación.

En ese orden de ideas, tampoco se ocupará de aquellos argumentos de la demanda, en los que se señalen hechos consumados y definitivos que hayan sido aprobados con anterioridad a la etapa de resultados y declaración de validez, y que por omisión, descuido o negligencia del partido promovente no hayan sido combatidos a través del recurso o juicio correspondiente; toda vez que en la etapa de la jornada electoral, sólo son impugnables mediante el juicio de inconformidad, actos que por su propia naturaleza repercutan directamente en el resultado de la votación.

Finalmente y por cuestión de método, este órgano jurisdiccional procederá al estudio de las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas en considerandos, conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cuarto. El promovente, en su escrito de inconformidad hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de un total de diecinueve casillas, mismas que a continuación se señalan: 262-B, 264-B, 265-C1, 266-B, 288-B, 294-B, 323-B, 405-C1, 466-C1, 493-B, 954-B, 958-B, 959-B, 984-C1, 986-C7, 986-C8, 987-B, 987-C1 y 990-B.

En su escrito de demanda el partido político actor manifiesta como agravio que:

El hecho de que se procedió a la instalación de la casilla y fungieron como funcionarios de la misma durante toda la jornada electoral personas que no se encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración e (sic) ubicación de casillas expedida por el Consejo Electoral respectivo del Instituto Federal Electoral; ni como propietarios ni como suplentes. Aún más en la mayoría de los casos no se puede constatar si los referidos ciudadanos aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección en que fungieron como funcionarios de casilla; y en otros supuestos no aparecen en las referidas listas nominales.

Lo anterior ocasiona la falta de certeza de la integración de las mesas directivas señaladas, al estar imposibilitado de verificar si las personas que recibieron los sufragios reunían los requisitos que deben cumplir estos funcionarios de acuerdo a la ley y que son los siguientes:

Que sean residentes en la sección electoral respectiva;

Que sepan leer y escribir y no tengan mas de setenta años el día de la elección;

Que estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

Que estén inscritos en el Registro de Electores y cuenten con credencial para votar;

Que no sean servidores públicos de confianza con mando superior, ni tengan cargo de dirección partidista;

Que tengan un modo honesto de vivir; y

Que haya resultado insaculado y aprobado en el curso de capacitación que imparte los órganos electorales del Instituto Electoral de México.

Se violentan por lo tanto los principios de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para integrar las mesas directivas de casilla previsto por los artículos que se citan como violados, imponiéndose arbitrariamente como funcionarios de casilla a diversas personas que no son las autorizadas legalmente y no se encontraban debidamente identificadas.

Al haber en estas casillas recibido la votación personas distintas a las legalmente designadas se atentan en contra del principio de legalidad violentando normas de carácter público y de observancia general según lo establecido en el artículo 1 del Código Electoral citado, en donde se determina el procedimiento a seguir para designar y capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casillas y los requisitos que deben cumplir para ser designados.

No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que la violación a tales ordenamientos tuvo como consecuencia lógica y necesaria que se vulnerara en perjuicio del partido que represento las garantías de legalidad y seguridad jurídica tutelada por los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se incumplió también con lo previsto por el Código Electoral, en los cuales se fija el procedimiento para la instalación y en su caso sustitución de los referidos funcionarios, por los respectivos suplentes; toda vez que intervinieron en la casilla sin actualizarse alguno de los supuestos legales para desempeñar tal función electoral.

No existe ninguna constancia levantada en las casillas impugnadas que nos permita corroborar que actuaron en alguno de los casos de excepción que establece el código; y en consecuencia durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación diversas personas sin estar facultadas para ello como puede desprenderse también del acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla.

Como se ha dicho, con las constancias que obran en los expedientes de casilla no puede acreditarse que se haya respetado el procedimiento que señala la ley en el artículo citado, y singular relevancia representa el hecho de que en varias de estas casillas existen personas que actuaron como funcionarios de casilla sin aparecer en las listas nominales correspondientes a la sección en que fueron instaladas las casillas.

Las mesas directivas de casilla y en su momento el Consejo Distrital al validar la elección en el acta de computo que ahora se impugna, vulneraron así mismo (sic) el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el código de la materia, que establecen como una obligación para todos los órganos del Instituto Federal Electoral, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo; así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo.

Se violan en consecuencia, y en perjuicio de la (sic) partido que represento –como corresponsable en la organización y vigilancia del proceso electoral– los artículos legales citados como violados, en virtud de que la recepción de la votación por personas distintas a las legalmente facultadas y la instalación de las casillas en condiciones diferentes a las que establece el Código Electoral, vulneran los principios de cereza y legalidad, puesto que se incumple con los procedimientos para el nombramiento y designación de los funcionarios de casilla; el de certeza, al no reunir los funcionarios de estas casillas los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que tienden las normas para su designación y habilitación de esta función pública.

Por las razones expuestas es claro que se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas por acreditarse la causla (sic) de violaciones sustanciales por lo que resulta procedente que esta autoridad jurisdiccional decrete la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas.

La autoridad responsable en su informe circunstanciado y por su parte, el partido político tercero interesado hacen referencia en forma pormenorizada los argumentos que en su concepto justifican la legalidad en el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, los cuales serán tomados en cuenta cuando se aborde el estudio de los casos particulares que han sido planteados por el partido actor.

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 300 distritos electorales del país.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 119 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, párrafo 1, inciso a) de dicho código, deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 del código que se consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador federal en el artículo 213 del mismo código, establece el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en el párrafo 3, del artículo 213 en comento.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con los funcionarios necesarios, por lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente e indispensables que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

Que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, y en el caso de que se hayan realizado sustituciones el día de la jornada electoral, respecto de los no autorizados, éstas designaciones se efectúen atendiendo a lo dispuesto por el citado artículo 213 del referido código, lo anterior en base a los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas –encarte–, los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo y las hojas de incidentes.

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) Original de la publicación de “ubicación e integración de las mesas directivas para las elecciones federales publicado el seis de julio de dos mil tres”, correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, con cabecera en Villahermosa; b) Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de segunda insaculación de ocho de mayo de dos mil tres; c) Copia certificada de las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección; d) Copias certificadas de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna; y e) Copias certificadas de las hojas de incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a) y 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicas, concediéndole valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de integración de mesas directivas de casilla citadas; en la tercera, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del propio cuadro.

Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las características similares que presenta la integración de las mesas directivas de casilla, esta Sala advierte lo siguiente:

A) Con relación a las casillas 264-B, 265-C1, 266-B, 288-B, 323-B, 954-B, 959-B, 986-C7 y 986-C8, del cuadro comparativo se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Distrital, son los mismos que fungieron como tales el día de jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 119 del código sustantivo, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala que de las constancias que fueron analizadas, se obtiene que en la casilla 265-C1, se integró sin el segundo escrutador, lo que se considera una irregularidad menor, en cuanto a la recepción de la votación, ya que únicamente son auxiliares durante esta etapa, y su verdadera participación inicia con el escrutinio y cómputo de la votación, esto según lo dispuesto en el artículo 124 del Código Electoral el cual les atribuye como funciones: a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores; b) Contar el número de votos emitidos en favor de candidatos, fórmula o lista regional; c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden sin perjuicio de otras, que las disposiciones aplicables señalen.

Lo señalado anteriormente no es con el fin de restar importancia a la función de los escrutadores, los cuales desempeñan una tarea importante dentro de la jornada electoral, lo que se trata de destacar es que en el momento en que estos inician sus actividades, las del presidente y secretario son mínimas y pueden auxiliar y supervisar la actividad correspondiente al escrutinio y cómputo sin distraer significativamente sus respectivas funciones, en el caso de que únicamente se cuente con un escrutador, y por lo tanto se estima que en los casos en que la mesa directiva de casilla se integre con un solo escrutador, no es motivo suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla, ya que de ser así, por una irregularidad menor se afectaría el sufragio de los electores que validamente ejercieron su derecho fundamental.

En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios en las casillas 264-B, 266-B, 288-B, 323-B, 954-B, 959-B, 986-C7 y 986-C8, así como la ausencia del segundo escrutador en la casilla 265-C1, no lesiona los intereses del partido político actor, ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación, al haberse recibido ésta, por funcionarios designados por el Consejo Distrital, en consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan infundados los agravios aducidos por el impugnante respecto de dichas casillas.

B) Respecto de las casillas 294-B, 405-C1, 466-C1, 493-B, 987-B y 990-B, del análisis comparativo del cuadro esquemático se aprecia que algunos de los funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la jornada electoral, no fueron designados por el Consejo Distrital respectivo.

En efecto, del acta de jornada electoral correspondiente a la casilla 294-B, se advierte que esta casilla fue instalada a las ocho horas con diez minutos sin mencionar incidentes respecto a la integración de la mesa directiva, y se puede constatar que los ciudadanos que la integraron, son los autorizados, con excepción, de Julio Cesar Jiménez García que desempeñó el cargo de segundo escrutador; asimismo de la copia certificada de la lista nominal que obra en el expediente se advierte que este ciudadano se encuentra inscrito en esta casilla.

Del acta de jornada electoral que obra en copia certificada en el expediente, correspondiente a la casilla 405-C1, se advierte que esta casilla fue instalada a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos, con los ciudadanos autorizados por el Consejo Distrital, con excepción de Cielo Rosa Roldán, quien desempeñó el cargo de segundo escrutador; por otra parte de la copia certificada de la lista nominal se advierte que esta ciudadana se encuentra inscrita en la correspondiente a la casilla 405-C4, que pertenece a la misma sección.

Por cuanto hace a la casilla 466-C1, se advierte en el acta de jornada electoral que fue instalada a las ocho horas con veinticinco minutos, con los ciudadanos autorizados por el Consejo Distrital, con excepción de los ciudadanos Edelmira Gorgorita Magdonel y Juan Antonio Gómez Arias, mismos que desempeñaron el cargo de primero y segundo escrutador, respectivamente; por otra parte de la copia certificada de la lista nominal se advierte que estos ciudadanos se encuentran inscritos en la lista nominal correspondiente a la casilla 466-B, que pertenece a la misma sección.

En la copia certificada del acta de jornada electoral correspondiente a la casilla 493-B, se indica que ésta fue instalada a las nueve horas, asimismo que los ciudadanos que la integraron son los autorizados por el encarte, con excepción de la secretaria, cargo que desempeñó la ciudadana Diana de la Cruz Wade, quien que se encuentra inscrita en la lista nominal de esta casilla, dato que se obtiene de la documental pública consistente en la copia certificada de dicha lista, y que obra en el expediente.

Del acta de jornada electoral correspondiente a la casilla 987-B, se advierte que esta casilla fue instalada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, sin mencionar incidentes respecto a la integración de la mesa directiva, se puede constatar que los ciudadanos que la integraron, son los autorizados, con excepción, de Liliana Magaña Córdova que desempeñó el cargo de secretaria; asimismo de la copia certificada de la lista nominal que obra en el expediente, se advierte que esta ciudadana se encuentra inscrita en la casilla 987-C1.

Del acta de jornada electoral correspondiente a la casilla 990-B, se advierte que esta casilla fue instalada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, mencionando como incidentes durante la instalación: “se procede a instalar el señor Miguel Moreno Morales y Deyanira Contreras Acosta, por motivo de la falta de responsabilidad del secretario y dos escrutadores de casilla”. Por lo que se refiere a la integración de la mesa directiva, se puede constatar que el presidente se encuentra autorizado en el encarte, el secretario Miguel Moreno Morales y la primera escrutador se encuentran en la lista nominal de la sección, lo que se corrobora con las respectivas copias certificadas correspondientes a las listas nominales de las casillas 990-B y 990-C1.

Como se puede observar en los datos contenidos en las documentales públicas en el expediente, consistentes en copia certificada del acta de jornada electoral y copia certificada de la lista nominal de electores así como el encarte correspondiente, se acredita que en la integración de las mesas directivas de las casillas anteriormente señaladas además de los ciudadanos autorizados, intervinieron otros que si bien es cierto no son los designados por el Consejo Distrital, sí pertenecen a la sección en la cual participaron en la recepción de la votación.

Debe tomarse en consideración que cuando no se presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo Distrital respectivo para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al presidente de la misma para que realice las habilitaciones de entre los electores que se encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 213, párrafos 1, inciso d) y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La única limitante que establece el propio código electoral, para la sustitución de los funcionarios, consiste en que los nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en términos del párrafo tercero del artículo citado.

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y designados para desempeñar las funciones en las casillas.

Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron designados previamente por el Consejo Distrital, actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas por el código sustantivo electoral, pues en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente.

De esta manera, de las casillas en análisis se encuentra que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban incluidos en el listado nominal, por lo que es evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios se hizo en los términos que señala la ley.

Por otra parte, de las constancias que fueron analizadas, se obtiene que las casillas 987-B y 990-B se integraron sin el segundo escrutador, lo cual como ya quedó señalado anteriormente, se considera que no es una irregularidad grave en cuanto a la recepción de la votación, toda vez que la ausencia de uno de ellos no es suficiente para que esta Sala estime que se afecta el principio de certeza que rige en la materia electoral, ya que su actuación es de auxilio.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan infundados los agravios hechos valer en relación a las casillas 294-B, 405-C1, 466-C1, 493-B, 987-B y 990-B, cuya votación fue impugnada.

C) En lo referente a las casillas 958-B 984-C1 y 987-C1, del análisis comparativo del cuadro esquemático, se aprecia que quienes fungieron en el cargo de segundo escrutador, no se encuentran inscritos en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el Consejo Distrital por no encontrarse en la lista de ubicación e integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución emitido por la autoridad administrativa electoral en caso de existir, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que prevé el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes y posteriormente, con los electores que se encuentren en la casilla en espera de votar y que deberán estar incluidos en la lista nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes de partido político o coalición.

Como quedó acreditado en las actas de la jornada electoral, dichas casillas se integraron con todos los funcionarios; sin embargo, de las documentales que se encuentran en autos se desprende que, en la casilla 958-B, se desempeño como segundo escrutador Clemente Sánchez López, en la casilla 984-C1, se desempeñó como segundo escrutador Anselmo Pérez Hernández y en la casilla 987-C1 fue habilitada como segundo escrutador Elma Yajaira Jiménez Cruz, los cuales no se encuentran incluidos en el listado nominal de la sección correspondiente a las casillas señaladas; por tanto, no reúnen el requisito que establece el artículo 120, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que para ser funcionario de casilla, además de ser ciudadano mexicano, se requiere ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Por su parte el artículo 213 del mismo ordenamiento, señala la forma en que deben proceder los funcionarios autorizados y nombrados para los cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla electoral para instalarla, previéndose los mecanismos o procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la casilla con propietarios y suplentes autorizados, entre cuyos supuestos eventualmente pueden y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de común acuerdo, según sea necesario; pero impone la obligación de que debe recurrirse a electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, por lo que si es persona distinta se transgreden los principios fundamentales de legalidad y certeza.

En los casos que se analizan, las personas que fueron designados para ocupar el cargo de segundo escrutador, al no formar parte del listado nominal de la sección, no cumplen con el requisito de referencia, por lo que debe considerarse que la recepción de la votación se hizo por personas distintas a las facultades por la ley.

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante, clave S3EL 019/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 767 y 768, cuyo rubro es el siguiente: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.

Empero, si se demuestra que las sustituciones se realizaron con personas que no están incluidas en el listado nominal de la sección, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor de la votación.

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan fundados los agravios que hizo valer la actora y procede a declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 958-B, 984-C1 y 987-C1.

D) En cuanto a la casilla 262-B, del cuadro comparativo se observa que se integró, únicamente, con la presidente y la secretaria.

En efecto, de la revisión del apartado correspondiente de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que no se asentó el nombre y la firma de los funcionarios que el día de la jornada electoral fungieron con el carácter de escrutadores de dicha casilla; por lo tanto, la votación se recibió únicamente por la ciudadana Sara Montiel Rodríguez quien fungió como presidente y la ciudadana Beatriz Arellano Córdova, quien fungió como secretaria. Además, en las hojas de incidentes se hizo constar que no se presentaron ni el presidente ni el segundo escrutador y que ninguno de los ciudadanos presentes aceptó formar parte de la mesa directiva de casilla.

Al respecto, es menester señalar que la ausencia de dos funcionarios en la integración de la mesa directiva de casilla, representa una irregularidad grave que viola los principios de certeza y legalidad que deben regir la emisión, recepción y efectividad del sufragio, que actualiza los supuestos de nulidad de la causal que se estudia.

Se aplica de manera analógica, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial identificada con la clave S3ELJ 32/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 87 y 88, cuyo rubro dice: ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. Cuando de las constancias que obran en autos se acredita fehacientemente que, ante la ausencia de los dos escrutadores, el presidente de la mesa directiva de casilla no designó a las personas que fungirían en dichos cargos, en términos del artículo 213, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que además, la mesa directiva de casilla funcionó durante la fase de recepción de la votación con la mitad de los funcionarios que la debieron haber integrado, debe concluirse que lo anterior es razón suficiente para considerar que el referido organismo electoral no se integró debidamente y, consecuentemente, se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, al actualizarse los supuestos de nulidad de la causal en estudio resulta fundado el agravio esgrimido por el demandante respecto de la casilla mencionada.

Quinto. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en veintiuna casillas, mismas que se señalan a continuación: 232-C4, 245-B, 247-B, 261-B, 261-C1, 441-B, 441-EXT1, 446-C1, 451-B, 493-B, 956-C1, 958-B, 982-C3, 984-B, 986-B, 986-C5, 986-C6, 987-C2, 988-B, 989-C1 y 990-C1.

En su escrito de demanda, el promovente manifiesta como agravio:

“El hecho de que en el cómputo de diversas casillas, medió error manifiesto en el cómputo de votos que benefició a los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, siendo esto determinante para el resultado final de la votación; en virtud de que, con las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas puede acreditarse el cómputo de votos realizado en forma irregular, existiendo diferencias entre las cifras relativas a los siguientes rubros: Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna.

Las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas señaladas ponen en duda la certeza de la votación recibida en estas casillas y atentan contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, tal y como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal y 122, párrafo 1, inciso a) del código de la materia, que establecen como una obligación para las mesas directivas de casilla, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo.

El error en el cómputo de votos de estas casillas es determinante para el resultado final de la votación, en virtud de que la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar de la votación en el cómputo que se impugna que es el Partido Revolucionario Institucional, con el contendiente que obtuvo el segundo lugar que es mi representada, es sumamente reducida, y todas las irregularidades en el cómputo arrojaron un resultado final distinto al anotado en el acta levantada en las casilla, que de haber sido computadas debidamente, hubieran arrojado la mayoría de votos a la (sic) partido que en este acto represento. Beneficia por tanto a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, al haberles otorgado el Consejo la constancia de mayoría respectiva sin existir certeza de los resultados reales de la votación emitida en estas casillas, y que como se ha comentado hubiera determinado un resultado distinto, favorable a mi representada.

En este caso, es claro que en todas estas casillas se actualiza la causal de nulidad por violaciones sustanciales que irregularidad que inclusive es reconocida en el artículo 75 de la (sic) Código Electoral antes citado; por existir error en el cómputo de la votación, siendo determinante para el resultado de la votación.

Se violentan por tanto los principios de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para el cómputo de la votación recibida en las casillas.

Es claro que los referidos actos causan agravio a la (sic) partido que represento, por ser corresponsable en la preparación, vigilancia, observación y desarrollo de la jornada electoral, velando por que los ciudadanos accedan al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y, además, por que todas las anteriores irregularidades en el cómputo de los votos ponen de manifiesto que se viola nuestro derecho a participar en la contienda electoral, así como nuestra garantía para acceder al poder público con las reglas que tutelan la Constitución Federal y el Código Electoral, al otorgársele el triunfo en este distrito a candidatos que no cuentan con la legitimidad del voto emitido el día de los comicios.”

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes:

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) El número de electores que votó en la casilla; b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) El número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) El número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 227 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los artículos 227 párrafos 2 y 3, 228, 229 y 230 del ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 232 y 233 del código de la materia.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos, que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala toma en consideración las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, con sus respectivas hojas de incidentes; recibos de documentación y materiales electorales entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; así como las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna, documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 14, párrafo 4, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2 de la ley en cita.

En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de protesta y de incidentes, las pruebas técnicas, así como cualquier otro elemento probatorio presentados por las partes, que en concordancia con el citado artículo 16, párrafo 3 de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo en que, se relacionan todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de votos de la elección que se impugna, y que son aquéllos que fueron encontrados en la urna de la casilla; datos estos que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con la letra A, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación de la casilla respectiva.

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna B, se apuntará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas 3, 4, 5 y 6, que se refieren a “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme lista nominal”, “total de votos de la elección” y “resultados de la votación”.

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en las columnas de referencia, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas, pues es lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de votos de la elección encontrados en las urnas que fueron emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 3, 4, 5 y 6 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos; en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con la letra B.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de la votación, anotada en la columna A.

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la columna B, es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primero y segundo lugares, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, el partido político que obtuvo el segundo lugar de la votación, podría haber alcanzado el mayor número de votos; en este caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SÍ. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO.

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son: el de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme lista nominal”, “total de votos de la elección”, o “resultados de la votación”, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 83 a 86, bajo el rubro: ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.

En efecto, cabe advertir que en ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las hayan llevado sin depositarlas en las urnas, independientemente de que tales conductas pudieran tipificar algún delito, de conformidad con la legislación aplicable; en otros supuestos, puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no hayan incluido entre los electores que votaron conforme a la lista nominal a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la respectiva casilla que también hayan votado, ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable del Tribunal Electoral para ese efecto y que, de haber ocurrido así, obviamente aparece que hubo un mayor número de boletas encontradas en la urna y de votos emitidos y depositados en la urna, que el del total de electores inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos válidamente celebrados de las autoridades electorales, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en condiciones normales, los rubros de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “ciudadanos que votaron conforme la lista nominal”, “total de votos de la elección” y “resultados de la votación”, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad en estudio.

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.

En tales condiciones, si de las constancias que obran en autos se puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas identificadas con los números 3, 4, 5 ó 6 del cuadro que se comenta, para establecer la existencia de la determinancia del error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente.

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor correspondiente a su similar, ya sea “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme lista nominal”, “total de votos de la elección” o “resultados de la votación”, según sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número de “boletas recibidas menos el número de boletas sobrantes”.

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugares, si dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida.

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; entonces, se considerará que las omisiones de referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en duda la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la certeza en el resultado de la votación y, por ende, son determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del electorado.

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo y si éste es determinante para el resultado de la votación.

Asimismo, toda vez que en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 261-B, 958-B, 982-C3, 984-B, 988-B, y 989-C1, aparece en blanco el apartado relativo al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, la información que se consigna en el cuadro que se comenta, fue extraída de las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas en cuestión.

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los votos, esta Sala estima lo siguiente:

A) En las casillas 441-EXT1, 446-C1, 956-C1, 986-B y 990-C1, se observa que no existe error, puesto que no se desprende alguna diferencia numérica con respecto a las cantidades precisadas en los rubros correspondientes a “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de votos de la elección” y “resultados de la votación”.

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, deviene infundado el agravio planteado por el partido impugnante, respecto de las referidas casillas.

B) Del cuadro comparativo elaborado en el presente considerando, se observa que en las casillas 232-C4, 245-B, 247-B, 261-C1, 441-B, 451-B y 987-C2 existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de votos de la elección” y “resultados de la votación”.

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primero y segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es determinante para el resultado de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 86, bajo el rubro: ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares).

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se declara infundado el agravio que al respecto hace valer el actor.

C) En lo que respecta a las casillas 493-B y 986-C6 del cuadro comparativo se advierte que el rubro relativo a “total de votos de la elección” se encuentra en blanco, cuyos datos no es posible obtener de otros documentos, ya que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y al ser un acto único e irrepetible, resulta materialmente imposible subsanarlo. Sin embargo, esta Sala considera que esa omisión no puede ser considerada como error en el cómputo de las casillas.

No obstante lo anterior, al comparar la cantidad asentada en el rubro “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, con la que se registró en el rubro relativo a “resultados de la votación”, es posible advertir si existe o no error en el cómputo de la votación,

Por cuanto hace a la casilla 493-B del acta de escrutinio y cómputo, al realizar la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos, los candidatos no registrados y los nulos, se obtiene como “resultados de la votación” un total de 129 votos, el cual si se compara con el dato existente en el acta de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” que es de 128 ciudadanos, se acredita que existe un error de 1 voto, sólo que para establecer el segundo supuesto de la causal de nulidad, al proceder a compararlo con la diferencia en votación de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la casilla, que es de 81 votos, se puede concluir que no es determinante para el resultado de la votación en la casilla, ya que todos los demás datos coinciden plenamente.

Por lo que se refiere a la casilla 986-C6, del acta de escrutinio y cómputo, al realizar la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos, los candidatos no registrados y los nulos, se obtiene como “resultados de la votación” un total de 243 votos, el cual si se compara con el dato existente en el acta de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” que es de 240 ciudadanos, se acredita que existe un error de 3 votos, sólo que para establecer el segundo supuesto de la causal de nulidad, al proceder a compararlo con la diferencia en votación de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en la casilla, que es de 46 votos, se puede concluir que no es determinante para el resultado de la votación en la casilla; lo anterior no obstante que en el rubro de “boletas recibidas menos boletas sobrantes” se encuentre anotada la cantidad de 242 ya que la diferencia máxima entre las columnas 3, 4 y 6 sigue siendo de 3, la cual como ya se dijo es menor a la diferencia en votos de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en la votación de la casilla.

En consecuencia, al no actualizarse la causal de nulidad en estudio, se estima infundado el agravio hecho valer por la parte actora respecto de las casillas 493-B y 986-C6

D) Respecto a las casillas 261-B y 989-C1, en las actas de escrutinio y cómputo no se encuentran los datos correspondientes a “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” y “total de votos de la elección”, el primero de ellos puede ser subsanado con el que se encuentra en la copia certificada de la lista nominal de electores, tal y como se observa en el cuadro comparativo, en tanto que el segundo dato no es posible obtener de otros documentos, ya que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y al ser un acto único e irrepetible, resulta materialmente imposible subsanarlo. Sin embargo, esta Sala considera que esa omisión no puede ser considerada como error en el cómputo de las casillas.

No obstante lo anterior, al comparar la cantidad asentada en el rubro “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, con la que se registró en el rubro relativo a “resultados de la votación”, es posible advertir si existe o no error en el cómputo de la votación,

Ahora bien, por lo que se refiere a la casilla 261-B del acta de escrutinio y cómputo, al realizar la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos, los candidatos no registrados y los nulos, se obtiene como “resultados de la votación” un total de 357 votos, el cual si se compara con el dato obtenido de la copia certificada de la lista nominal “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” que es de 358 ciudadanos, se acredita que existe un error de 1 voto, sólo que para establecer el segundo supuesto de la causal de nulidad, al proceder a compararlo con la diferencia en votación de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la casilla, que es de 32 votos, se puede concluir que no es determinante para el resultado de la votación en la casilla, ya que todos los demás datos coinciden plenamente.

En cuanto a la casilla 989-C1, del acta de escrutinio y cómputo, al realizar la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos, los candidatos no registrados y los nulos, se obtiene como “resultados de la votación” un total de 228 votos, el cual si se compara con el dato obtenido de la copia certificada de la lista nominal “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” que es de 240 ciudadanos, se acredita que existe un error de 12 votos, sólo que para establecer el segundo supuesto de la causal de nulidad, al proceder a compararlo con la diferencia en votación de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la casilla, que es de 28 votos, se puede concluir que no es determinante para el resultado de la votación en la casilla; lo anterior no obstante que en el rubro de “boletas recibidas menos boletas sobrantes” se encuentre anotada la cantidad de 239 ya que la diferencia máxima entre las columnas 3, 4 y 6 sigue siendo de 12, la cual como ya se dijo es menor a la diferencia en votos de los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la votación de la casilla.

Por lo tanto, al no actualizarse la causal de nulidad en estudio, se estima infundado el agravio hecho valer por la parte actora respecto de las casillas 261-B y 989-C1.

E) En lo referente a la casilla 986-C5 del cuadro comparativo se aprecia que el rubro relativo a “boletas sobrantes” se encuentra en blanco, lo que impide obtener la cantidad que se debe asentar en la columna de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, empero, existen cantidades anotadas en los rubros de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” que es de 234 votos, la cual es idéntica a la asentada en el rubro “total de votos de la elección” en la cual se consigna que fueron depositadas en la urna 234 boletas, asimismo, de los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo es posible obtener los “resultados de la votación”, de la cual se obtiene que fueron asignados 244 votos a los distintos partidos políticos contendientes, candidatos no registrados, incluyendo los votos nulos, con lo cual se acredita que existe un error ya que indebidamente fueron asignados 10 votos más, lo cual no es determinante para el resultado de la votación ya que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la votación, es de 69 votos.

Como se puede observar, si bien es cierto que se acredita que existió un error en el cómputo de los votos, no se acredita el segundo de los elementos de la causal de nulidad invocada, y por otra parte, el hecho de que en el acta de escrutinio y cómputo no se hayan asentado los datos correspondientes a “boletas sobrantes” y “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, a juicio de este órgano colegiado, no se actualiza el supuesto normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y por lo tanto deviene infundado el agravio planteado por el partido impugnante, respecto de esta casilla.

F) En lo que respecta a las casillas 982-C3 y 984-B, del acta de escrutinio y cómputo se puede apreciar que los datos correspondientes a “total a boletas sobrantes”, se encuentra en blanco, lo que impide obtener la cantidad que se debe asentar en la columna de “boletas recibidas menos boletas sobrantes” y “total de votos de la elección” asimismo se encuentra en blanco el dato correspondiente a “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”.

Por tanto, en el caso concreto, los rubros en blanco, no serán tomados en cuenta para determinar si hubo error o no en la computación de los votos, por lo que se obtendrá el dato correspondiente a “ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, de la copia certificada de la misma que obra en el expediente, y de la suma de los votos que fueron asignados a los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos, se obtendrá el dato correspondiente a “resultados de la votación”, ya que este último si es posible obtenerlo de la correspondiente copia certificada del acta de escrutinio y cómputo que obra en el expediente, lo cual permitirá establecer si existe error o no en el cómputo de votos, y en su caso si esto es determinante para el resultado de la votación, ello en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida, para respetar la voluntad ciudadana y permitir la conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Por lo que se refiere a la casilla 982-C3, del acta de escrutinio y cómputo al sumar los votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos contendientes, los candidatos no registrados y los votos que fueron declarados nulos, resulta que fueron asignados 307 votos “resultados de la votación”, por otra parte de la copia certificada de la lista nominal que obra en el expediente se obtiene que votaron un total de 307 ciudadanos “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, lo anterior permite presumir que no existe error en el cómputo de los votos, ya que las cantidades son idénticas, y que la deficiencia que existe en el acta correspondiente es únicamente la omisión de asentar los datos completos, lo cual si bien es cierto constituye una irregularidad, que a juicio de esta Sala, es insuficiente para declarar la nulidad de la votación recibida, ya que con ello se vulneraría el derecho fundamental al sufragio de los electores que cumplieron con la obligación de ocurrir a esta casilla.

En lo que concierne a la casilla 984-B, del acta de escrutinio y cómputo al sumar los votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos contendientes, los candidatos no registrados y los votos que fueron declarados nulos, resulta que fueron asignados 226 votos “resultados de la votación”, por otra parte de la copia certificada de la lista nominal que obra en el expediente se obtiene que votaron un total de 225 ciudadanos “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, lo anterior permite establecer que fue asignado 1 voto más a los contendientes, pero se considera que esto no es determinante para el resultado de la votación en la casilla, toda vez que la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares es de 90 votos, y que la deficiencia que existe en el acta correspondiente es únicamente la omisión de asentar los datos completos, lo cual como ya se mencionó si bien es cierto constituye una irregularidad, es insuficiente para declarar la nulidad de la votación recibida, ya que con ello se vulneraría el derecho fundamental al sufragio de los electores que cumplieron con la obligación de ocurrir a esta casilla.

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 83 a 86, bajo el rubro: ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.

Por consiguiente, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos que prevé el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, devienen infundados los agravios que aduce el partido demandante, respecto de estas casillas.

G) Por cuanto hace a la casilla 988-B de acuerdo a la información registrada en el cuadro que sirve de referencia, se advierte que se omitió asentar el dato relativo al rubro “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”.

En esta casilla, con independencia de que no se contó con el dato señalado, este se pudo obtener de la lista nominal que obra en el expediente al realizar la confrontación de las demás cantidades, se obtiene que es igual al total de votos de la elección y al del resultado de la votación, de lo que se infiere que no existe error en el cómputo de votos, y la única diferencia que se puede advertir es con el rubro de boletas recibidas menos boletas sobrantes toda vez que el total de votos de la elección es de 235 y al sumar boletas recibidas menos boletas sobrantes resulta la cantidad 236, de lo que se advierte que el error está al contabilizarse una boleta demás.

No obstante, al comparar la discrepancia de las cantidades registradas en los rubros citados, se advierte que son menores con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la casilla, que es de 18 votos, razón por la cual se considera que el error en el escrutinio y cómputo en que incurrieron los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, no es determinante para el resultado de la votación.

En tales condiciones, es dable concluir con apoyo en las consideraciones expuestas, que no está acreditada en autos la causal de nulidad que prevé el inciso f), párrafo 1, del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que resultan infundados los agravios hechos valer respecto de estas casillas.

H) Como se puede observar en el cuadro de referencia, el partido actor impugna por la causal en estudio la votación recibida en la casilla 958-B, respecto de la cual, como ya quedó señalado en el considerando que antecede, a juicio de esta Sala se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que en los resolutivos de esta sentencia deberá proveerse lo conducente.

Sexto. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 261-B, 429-C1, 450-C1 y 959-B.

Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad en estudio, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las personas con derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que, además de satisfacer los requisitos que fija el artículo 34 de la Constitución Federal, estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con la credencial para votar con fotografía. Esta última disposición se reitera en el artículo 140, párrafo 2, del ordenamiento electoral invocado, que indica que la credencial para votar con fotografía es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con fotografía y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo establecido en los artículos 123, párrafo 1, inciso c), 217, párrafo 2 y 218 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obstante, de la interpretación gramatical del artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin contar con credencial para votar o sin estar inscritos en la lista nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 218, párrafo 5 y 223 del Código en consulta, así como el 85 de la propia ley de medios de impugnación, comprenden a:

1. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

2. Los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las casillas especiales; y

3. Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el supuesto de que el Instituto Federal Electoral, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir debidamente en la lista nominal correspondiente o expedirles su credencial para votar.

De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se permitiera votar a electores que no cuenten con su credencial para votar o, que teniéndola, no estén registrados en el listado nominal.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley procesal invocada, se deben acreditar los supuestos normativos siguientes:

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y,

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos tanto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en la ley adjetiva de la materia.

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.

De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los partidos políticos, que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las irregularidades de cuenta, el partido político que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal.

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es necesario analizar las constancias que obren en autos, especialmente las que se relacionan con los agravios en estudio, consistentes en: a) acta de la jornada electoral; b) acta de escrutinio y cómputo; c) hoja de incidentes; y d) lista nominal de electores con fotografía, mismas que al tener el carácter de documentales públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes presentados por las partes, que en concordancia con el citado artículo 16, párrafo 3, de la Ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En este orden de ideas, se procede al análisis de las casillas en las que se hace valer la causal de nulidad de votación que nos ocupa, lo que se realiza en los términos siguientes:

A) El partido político actor hace valer que en la casilla 261-B se permitió a un ciudadano emitir su voto en contravención a lo dispuesto por el artículo 217 del Código sustantivo de la materia.

En el escrito de demanda en lo conducente señala que:

“Así también, en esta casilla, siendo las 13:00 horas del día 6 de julio se dejó votar a un ciudadano con credencial sin estar en la lista nominal y cuya credencial pertenece a otra sección, lo que trae aparejada la irregularidad de que se violentaron los principios de certeza y legalidad, además de configurarse las causales de nulidad previstas en la legislación electoral”.

En las constancias que integran el expediente a foja ciento cincuenta y dos del cuaderno accesorio cuatro, se encuentra una copia certificada de la hoja de incidentes correspondiente a la casilla 261-B que contiene las firmas de los funcionarios de las mesas directivas de casilla así como los representantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Alianza Social la cual, por ser un documento elaborado por funcionarios electorales autorizados durante la jornada electoral, se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública, en términos de lo señalado por el artículo 14, párrafo 4, inciso b) y en la misma se señala lo siguiente:

“Hora 13:00. Por error de interpretación se dejó votar a un ciudadano con credencial sin estar en la lista nominal y cuya credencial pertenece a la sección 0261 avecindado en esta colonia magisterial. Nombre: Gutiérrez Cantón Ricardo Alberto clave elector: GTCNRC63043027H600"

Con lo anterior se acredita que efectivamente como señala el partido actor se vulnera lo dispuesto por el artículo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que las personas con derecho a sufragar en la elecciones federales son aquellas que además de satisfacer los requisitos exigidos por la Constitución Federal, deben contar con credencial para votar con fotografía, estar inscritos a la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio, esto último de acuerdo a lo señalado por los artículos 123, párrafo 2, inciso c) y 218 párrafo 1 del referido Código.

Esta Sala considera que se encuentra acreditado en el expediente que se permitió sufragar a un ciudadano sin reunir los requisitos que la legislación electoral señala; sólo que este hecho por sí solo no es motivo suficiente para que en el presente caso, se declare la nulidad de la votación recibida en la casilla impugnada, toda vez que para que se actualice la causal de nulidad, además debe acreditarse que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación en la casilla, como lo señala el inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, situación que no acontece ya que de la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla 261-B, se advierte que la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares es de 32 votos y por lo tanto el que se haya recibido 1 voto en contravención a las disposiciones legales señaladas, no es determinante y por lo tanto es procedente declarar infundado el agravio que se hace valer respecto de la votación recibida en esta casilla.

B) En cuanto a la casilla 429-C1, el partido actor en su escrito de demanda señala lo siguiente:

“En la particularidad de esta casilla respecto a la irregularidad que se suscitó el día de la jornada electoral, de la verificación de los escritos de incidentes presentados por nuestros representantes acreditados ante esta casilla, existen elementos incidiarios que se traducen en irregularidades sumamente graves que afectan en forma irreparable los resultados, en virtud de que en la misma, se presentaron personas a votar que no estaban incluidos en la lista nominal, más sin embargo, teniendo el conocimiento de la prohibición de la ley reglamentaria de la materia, la autoridad de la casilla les permitió que emitiera su sufragio; tal irregularidad constituye una violación de los principios rectores de la función electoral, configurándose la causal de nulidad, señalada en el inciso g) del artículo 75 de la legislación en materia de impugnaciones”.

De las constancias que integran el expediente se advierte lo siguiente: en el acta de jornada electoral y en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a esta casilla no se registra incidente alguno; ningún representante de partido político, incluyendo los dos del partido actor, en esta casilla firmaron bajo protesta, tampoco existe constancia de que se hayan presentado escritos de protesta.

Por su parte en el expediente a foja ciento sesenta y tres del cuaderno accesorio cuatro, se encuentra una copia certificada de hoja de incidentes correspondiente a la casilla 429-C1, la cual se encuentra firmada por los funcionarios de las mesas directivas de casilla así como los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Convergencia y Alianza Social, y por ser un documento elaborado por funcionarios electorales autorizados durante la jornada electoral, se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública, en términos de lo señalado por el artículo 14, párrafo 4, inciso b) y en la misma se señala lo siguiente:

“Hora 9:45. Se observó que los boletas se estaban entregando enteras de la 121810 a la 121839 por total fueron 29 boletas”.

De lo anterior se puede arribar a la conclusión de que en el expediente no existe constancia alguna de los hechos que asegura el partido actor sucedieron en la casilla impugnada, por lo que al no existir medio de prueba de su parte para corroborar lo afirmado, se incumple la obligación que le impone la primera parte del párrafo 2 del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que se señala “el que afirma está obligado a probar”, por lo tanto es infundado el agravio hecho valer respecto la casilla en estudio.

C) En lo que se refiere a la casilla 450-C1, el partido actor en su escrito de demanda en lo que interesa señala lo siguiente:

“En esta casilla votó un ciudadano sin aparecer en la lista nominal de electores de nombre Trinidad Álvarez Víctor Manuel, lo que constituye una violación grave, ya que al configurarse una de las causales de nulidad de las casillas previstas por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que se violenta el principio de certeza y el de legalidad”.

De las constancias que integran el expediente se advierte lo siguiente: en el acta de jornada electoral no se registra incidente alguno; no así en el acta de escrutinio y cómputo misma que obra a foja noventa y nueve del cuaderno accesorio cuatro, que refiere en el espacio para incidentes que: “un ciudadano votó sin aparecer en la lista nominal de electores. Trinidad Alvares Víctor Manuel”. Por otra parte en la hoja de incidentes se señala:

“Hora 12:30. Un ciudadano votó sin aparecer en la lista nominal de electores. Trinidad Alvares Víctor Manuel”.

Como señala el partido actor, en autos se acredita que un ciudadano emitió su voto sin encontrarse inscrito en la lista nominal, con lo que se vulnera lo dispuesto por el artículo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que como anteriormente fue señalado las personas con derecho a sufragar en la elecciones federales son aquéllas que además de satisfacer los requisitos exigidos por la Constitución Federal, cuenten con credencial para votar con fotografía y estén inscritos a la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio, esto último de acuerdo a lo señalado por los artículos 123, párrafo 2, inciso c) y 218, párrafo 1, del referido Código.

De lo anterior esta Sala considera, que se encuentra acreditado en el expediente que se permitió sufragar a un ciudadano sin reunir los requisitos que la legislación electoral señala; sin embargo no es motivo suficiente para que, en el presente caso, se declare la nulidad de la votación recibida en la casilla impugnada, toda vez que para que se actualice la causal de nulidad, además de lo anterior, debe acreditarse que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación en la casilla, como lo señala el inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, situación que no acontece ya que de la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla 450-C1, se advierte que la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de esta casilla, es de 37 votos y por lo tanto el que se haya recibido 1 voto en contravención a las disposiciones legales señaladas, no es determinante y por lo tanto se declara infundado el agravio que se hace valer, respecto de la votación recibida en esta casilla.

D) Por último, el partido actor impugna la votación recibida en la casilla 959-B, y par el efecto señala en la demanda que:

“De conformidad con lo que se observa en el escrito de incidentes presentado por el representante de nuestro partido, se presentó el C. Clemente López (escrutador de la casilla ubicada en la Secundaria Morelos a las 4:18 horas, solicitando que se le permitiera votar petición no aprobada ya que tenía ya marcada por lo que el susodicho personaje se alteró y dijo que recurriría a la instancia pertinente, actividad está por demás irregular y constitutiva de que esta casilla se anule, ya que, pretendiendo votar sin aparecer en la lista nominal por demás constituye una grave irregularidad, además de configurarse causales de nulidad previstas por la legislación electoral”.

En las constancias que integran el expediente se encuentra que, respecto a esta casilla no se elaboró hoja de incidente, tampoco existe constancia que los partidos políticos hayan presentado escritos de incidentes o de protesta, por otra parte en el acta de jornada electoral que obra a foja trescientos nueve del cuaderno accesorio número dos, se anotó como único incidente, en el apartado de cierre de votación que: “se procedió a contar las boletas, habiendo un total de 545 boletas para una población que contempla a 523 votantes habiendo un pequeño excedente”.

Como se aprecia de lo anterior, no existe constancia en autos sobre lo afirmado por el actor, de igual manera éste no aportó prueba alguna para acreditar los hechos que afirma sucedieron en la casilla impugnada y por lo tanto es infundado agravio.

Séptimo. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en catorce casillas, mismas que se señalan a continuación: 245-B, 264-B, 323-C1, 427-B, 427-C1, 450-C1, 455-B, 956-B, 982-B, 982-C3, 983-C1, 984-B, 985-C1 y 989-B.

En la demanda, el actor manifiesta como agravio:

“El hecho de que diversas casillas instaladas el día de la jornada electoral en el distrito cuya elección se impugna por esta vía, se haya ejercido presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa directiva de casilla y sobre los electores de tal manera afectaron la libertad y el secreto del voto, lo cual fue determinante para el resultado de la votación recibida en las referidas casillas.

Situación que es violatoria de los artículos 41 de la Constitución Federal y 4 párrafos 2 y 3, 69, 70, párrafo 3, 116, párrafo 1, inciso a); 118, párrafo 2 del Código de la materia.

En las casillas que se han identificado existieron violaciones sustanciales, al haberse ejercido presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa directiva de casilla y sobre los electores de tal manera que afectaron la libertad y el secreto del voto, lo cual tuvo relevancia en los resultados de la votación recibida en las casillas del citado distrito.

Todas estas circunstancias nos permiten constatar que se ejerció presión sobre los electores en esta casilla, siendo determinantes para los resultados de la votación recibida, en virtud de que, como puede desprenderse de las constancias que obran en autos, las referidas irregularidades se desarrollaron durante gran parte de la jornada electoral, y de no haber existido esta presión sobre los electores el resultado final que se arrojó hubiera favorecido al partido que represento. Ponen en duda también la certeza de la votación recibida en estas casillas y atentan contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, que establecen como una obligación para dichos órganos del Instituto Federal Electoral, la de observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo.

Se violan también los artículos 116, párrafo 1, inciso a) y 118, párrafo 2 del Código de la materia que establece la obligación para las mesas directivas de las casillas señaladas de que, como autoridades durante la jornada electoral, aseguren el libre ejercicio del sufragio; impidan que se viole el secreto del voto, que se afecte la autenticidad del escrutinio y cómputo; y que se ejerza violencia sobre los electores, representantes de los partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla.

Además se incumplió con el artículo 122 del citado Código pues los presidentes de las mesas directivas de casilla omitieron cuidar que el funcionamiento de las casillas se ajustara a lo dispuesto por el mismo Código, mantener el orden de la casilla y asegurar el desarrollo de la jornada electoral, solicitar y disponer del auxilio de la fuerza pública para asegurar el orden en la casilla y el ejercicio de los derechos de ciudadanos y representantes de partidos; suspender la votación en caso de alteración del orden, omitiendo también por tanto asentar los hechos de inmediato en el acta correspondiente y comunicarlos al consejo electoral respectivo.

Por otra parte se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal en el estado, cuya tutela está directamente encaminada la prohibición a los actos que generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y secreto. Así, se vulneraron con tales conductas los preceptos citados como violados, que establece la tutela por dicha Constitución de los comicios libres y auténticos, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Se dejó de cumplir asimismo con las garantías al sufragio que son de universal, libre, secreto y directo y prohíbe las conductas que generen presión o coacción a los electores.

Los actos de presión a los electores en todos los casos fueron realizados por el Partido Revolucionario Institucional, a cuyos candidatos indebidamente se les entregó la constancia de mayoría y validez de la elección que ahora se impugna, no obstante las múltiples violaciones al Código de la materia.

El elemento material de la violencia ejercida por el Partido Revolucionario Institucional en las casillas que se impugnan, tal y como se encuentra acreditado en autos, estuvo constituido por un comportamiento intimidatorio, inmediato como inducción al voto e inclusive violencia física, o futuro e inminente como amenazas o condicionamiento respecto de programas y servicios públicos. Así los sujetos sobre quienes se ejerció la violencia se vieron obligados a optar entre soportar la perdida del ejercicio de su derecho el sufragio o padecer el mal con el que se coaccionaba.

La coacción realizada por el Partido Revolucionario Institucional en las casillas de referencia, también se actualizó en forma de presión singular, mediante proselitismo realizado por los simpatizantes del citado instituto político en la zona de las casillas, lo cual se tradujo en forma de presión sobre los electores, puesto que el fin fue influir en su ánimo para obtener votos a favor de dicho partido político, lesionando con ello la libertad y el secreto del sufragio tutelado por los artículos constitucionales y legales a que se ha hecho mención.

Todo lo antes descrito encuadra en la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad de la elección prevista en el artículo 78, inclusive reconocida como causal de nulidad prevista en el artículo 75, preceptos de la ley adjetiva electoral”.

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 69, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Acorde con lo señalado por el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 122, párrafo 1, incisos e) y f), 219, párrafos 1, 2 y 4, y 220 del Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos y que no estén viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Superior en la Tesis de Jurisprudencia identificada con la clave S3ELJD 01/2000 que se consulta en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 228 y 229, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares).

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 53/2002, visible en la página 228 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y similares).

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a) las actas de la jornada electoral, b) actas de escrutinio y cómputo, c) hojas de incidentes, y d) cualquier otro documento público de donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 de la ley adjetiva de la materia.

A continuación a efecto de contestar los motivos de agravio que se hacen valer en relación a las casillas impugnadas y con el fin de que el estudio correspondiente resulte más ilustrativo, primeramente se asienta en un cuadro comparativo la información obtenida de las constancias que integran en el expediente respecto a los incidentes registrados el cual contendrá la siguiente información: a) número de casilla; b) incidentes registrados en el acta de jornada electoral; c) incidentes registrados en el acta de escrutinio y cómputo y d) incidentes registrados en hojas elaboradas por los funcionarios de las mesas directivas de las casillas impugnadas; esto con el fin de concentrar el total de la información relacionada con las casillas impugnadas, que es pertinente para el estudio de los hechos y agravios aducidos.

A) De la información que aparece en el cuadro comparativo se puede observar que respecto a las casillas 245-B, 323-C1, 450-C1, 956-B, 982-B, 982-C3, 984-B y 989-B en las actas que obran en el expediente tanto de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como las hojas de incidentes elaboradas por los integrantes de las mesas directivas de casilla, no se asentó hecho alguno que guarde relación con la causal de nulidad de la votación recibida en casilla a que hace referencia el partido actor.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el caso correspondía al promovente demostrar los hechos en que basa su pretensión de nulidad, esto es, precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que señala, de manera general en el correspondiente agravio, y de manera particular cuando individualiza cada una de las casillas impugnadas, ya que la simple afirmación de que sucedieron hechos que violan el principio de legalidad es la insuficiente para que este órgano jurisdiccional tenga por acreditadas las violaciones alegadas.

Por ende, al no actualizarse la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se declara infundado el agravio en estudio respecto de las casillas señaladas.

B) Respecto a la casilla 264-B, el partido actor en el capítulo de “hechos” de la demanda señala, en lo que considera guarda relación a la causal que se estudia que:

Asimismo, y considerando que también acontecieron otros sucesos en esta misma casilla, se configuran causales de nulidad dado que, según se desprende de la hoja de incidentes levantada por el secretario de la mesa directiva de casilla, siendo las 11:30 horas acudió a esta casilla el representante general del Partido Revolucionario Institucional para intercambiar con su representante de casilla la lista nominal, dejando a cambio una copia que le entregó a su representante, hecho este que además de que amerita una sanción, constituye plenamente una causal de nulidad prevista por la Ley electoral en materia de medios de impugnación.

En relación a esta casilla se elaboró una hoja de incidentes por parte de los miembros directivos de casilla en la cual consta lo siguiente:

09:00 AM. Se utilizaron X hojas de votación con folio incluido y nos dimos cuenta del error en curso de las nueve de la mañana con los electores en la casilla.

11:30AM. Acudió a esta casilla el representante general del Partido PRI cambió con su representante de partido la lista nominal original por copia fotostática que le entregó a sus representantes del partido.

Como se puede apreciar de los incidentes referidos en la documental pública que corre agregada al expediente, no se advierte algún hecho que permita tener la plena certeza de que se ejerció violencia física o presión sobre los electores o los miembros de la mesa directiva de casilla, y si bien es cierto que se encuentra asentado un hecho el cual pudiera considerarse una irregularidad ya que se menciona que el representante general del Partido Revolucionario Institucional cambió con su representante de partido copia de la lista nominal, sin detallarse la forma en que tuvieron conocimiento de que se trataba de un copia de la misma, suponiendo sin conceder que efectivamente hubiera sucedido tal hecho, con ello no se demuestra en forma alguna que haya existido violencia física o presión sobre los electores para que emitieran su voto a favor de algún partido político en especial, en tal virtud deviene infundado el agravio que aduce la parte actora, respecto a esta casilla.

C) De la casilla 427-B que se estudia, el actor manifiesta en su demanda que:

De lo observado por la hoja de incidentes levantada por el secretario de la casilla se desprende que siendo las 11:00 horas, del día de la jornada electoral, los representantes del Revolucionario Institucional, en conjunto con personas identificadas como activistas de dicho partido, llevaban a cabo el intercambio de la lista nominal con el cual se percataban de que ciudadanos no había emitido su voto, para ir en busca de ellos y ofrecerles dinero a cambio del voto a favor de su candidato y partido; lo que constituye una irregularidad grave que vulnera el ordenamiento legal estipulado en el artículo 156, numeral 4, el cual establece que las listas nominales que sean estregadas a los partidos políticos deben ser exclusivamente para la revisión de la misma; por lo que, al estar intercambiando las listas nominales y en consecuencia ir en busca de electores que no había sufragado, se actualiza la hipótesis de presión al electorado para emitir su voto a favor de su partido político, y, por ende, se materializa que pudo haber sido mediante violencia física y además psicológica, al ofrecerles incentivos para ejercer un derecho que la propia constitución y la norma reglamentaria de la materia le otorga.

En la hoja de incidentes se señala lo siguiente:

11:00. Por parte de los representantes del partido del PRI incurrieron en la alevosía de fotocopiar su lista nominal por lo que hubo queja de la representante del IFE y la representante general del PRD.

12:05. La representante del PRD estuvo algunas horas pegada a su mesa junto a la de los funcionarios de casilla por lo que hubo queja por parte de los representantes de los demás partidos.

Según se puede apreciar de los datos asentados en la hoja de incidentes, se señala que los representantes del PRI fotocopiaron la lista nominal, lo cual por las circunstancias en que quedó asentado el hecho impide tener la certeza de lo que sucedió en realidad, ya que no se señalan cómo les consta que se fotocopió un ejemplar de la lista nominal, y en donde se llevó a cabo la acción señalada, lo que permite suponer que lo asentado en el acta es una apreciación subjetiva, ya que no existen mayores datos para corroborarlo.

Por otra parte tampoco se advierte que se actualicen los supuestos normativos de la causal de nulidad en estudio ya que en las constancias que obran en el expediente, tanto la hoja de incidentes referida, acta de jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo no se encuentra asentado ningún hecho que permita constatar que se ejerció violencia física o presión sobre los electores y que ello haya sido determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Por lo que hace a la casilla 427-C1, el partido actor menciona ciertos hechos que considera constituyen causas de nulidad de la votación recibida en casilla, basándose en lo siguiente:

En esta casilla, como en la totalidad de las casilla que fueron instaladas dentro de la demarcación territorial del IV Distrito, puede darse cuenta esta autoridad de las irregularidades acontecidas, tal y como se desprenden de la hoja de incidentes levantada por el secretario de la casilla, así como del escrito de incidentes presentado por los representantes de los demás partidos políticos opositores al partido de Estado, que el representante suplente del PRI, entraba constantemente a la casilla para verificar la lista nominal de su homólogo en la misma, para obtener la información de que ciudadanos no habían emitido su voto, para realizar la misma actividad que llevaron a cabo en las demás casillas, el de ir en busca de esos ciudadanos, y ofrecerles paga a cambio de voto a favor del candidato del partido en comento, lo que vulnera con este ilícito lo que se encuentra establecido en el artículo 213, numeral 4 de nuestro ordenamiento legal de la materia, mismo que señala que el listado nominal debe destinársele un exclusivo uso y no para fines u objetos diferentes al de la verificación de la misma; luego entonces, el proceder de estos representantes contrasta de manera tajante con la normatividad legal de la función electoral, al llevar a cabo actos que vulneran los objetivos fundamentales de las actividades electorales de los partido, al destinarle finalidades totalmente adversas a lo preceptuado por la ley a los listados nominales que son exclusivamente para la función legal de los partidos e instituciones facultadas para ello; es preciso mencionar, que se torna en violación flagrante a la norma, cuando no tan solo los representantes tuvieron acceso a esos listados nominales, sino que además, gentes desconocidas que solamente podemos identificar como activistas pagados por el Partido Revolucionario Institucional. Todo ello, constituye una irregularidad grave que pone en riesgo la autenticidad y efectividad del voto, en virtud de que no se está a la seguridad de que hayan sido los ciudadanos que aparecen en la lista nominal los que efectuaron esos votos que arrojan los resultados consignados en las actas respectivas, asimismo, se vulneran principios rectores de la función electoral tales como la certeza y la legalidad, principios que, siendo del conocimiento de la autoridad electoral por las constantes denuncias públicas realizados por los diversos medios legales, así como al propio consejo distrital encargado de llevar a cabo la organización y desarrollo del proceso, además encargado de velar por el cumplimiento a cabalidad de esos principios, elementos principales de su función.

Al proceder al estudio de las constancias que integran el expediente se verificó, que en el acta de jornada electoral y en el acta de escrutinio y cómputo no se encuentran registrados incidentes, por su parte los miembros de la mesa directiva de casilla elaboraron una hoja de incidentes en donde se redactó lo siguiente:

8:00 hrs. La señora María Payro Ramón llegó a las 8 horas de la mañana según a votar pero votó hasta las 9:00 hr. Porque andaba de mesa en mesa hablando con los representantes de los partidos políticos “PRI” sin ser representante de ningún partido o funcionario.

El representante suplente por parte del “PRI” entraba a cada rato para checar la lista nominal a sus compañeros de partido y al darse cuenta de que algunos simpatizantes de ese partido y votantes del mismo no habían venido a votar, les cambiaba la lista nominal por una nueva e iba a buscar a los faltantes.

Como se puede observar se señala que un elector permaneció en la casilla más tiempo del necesario para emitir su sufragio, se puede advertir de lo asentado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla que en ningún momento consta que haya tenido contacto con los electores lo que pudiera llevar a la conclusión de que se actualiza el primero de los elementos de la causal en estudio, por lo que ese hecho no afecta de manera alguna la votación recibida en la casilla.

De igual forma se indica que los representantes del PRI después de revisar la lista nominal salían en busca de sus simpatizantes, no obstante es un hecho que no se encuentra debidamente acreditado toda vez que no se aportan mayores datos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la supuesta irregularidad, pero aún suponiendo sin conceder que se hubiera llevado a cabo la conducta indicada, este órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos necesarios para concluir, atendiendo al criterio cuantitativo, si dicha circunstancia fue o no determinante para el resultado de la votación; es decir no es posible saber cuantos votos fueron emitidos bajo tales circunstancias, y por lo tanto no se actualizaría el segundo de los supuestos normativos que exige la causal de nulidad en estudio.

En cuanto a estas mismas casillas 427-B y 427-C1, el partido actor ofrece como prueba la marcada con el número 64 en su escrito de demanda, misma que denomina “narrativa de hechos de incidentes”, y en relación a estas casillas señala:

Es el caso que en las casillas 0427 básica, 0427 contigua 1, que se instalaron en la Escuela Primaria Estatal Mercedes Ortíz de S. Ubicada en la calle José Nicomedes Ramón S/N, de la Villa Macultepec, perteneciente al Municipio del Centro, Tabasco, que durante todo el día de la jornada electoral el representante general del Partido Revolucionario Institucional, de aproximadamente 35 años de edad, de complexión mediana, de tez moreno claro, de aproximadamente 1.70 mts. de estatura, portaba un acreditamiento de su partido político, y realizó varios cambios del listado nominal con el representante ante la mesa directiva de casilla de su misma institución política, y que dichas listas tenían contraseñas de los electores que hacían falta para votar para que posteriormente acudieran a sus domicilios a coaccionarlos con su voto, y acarrearlos en grupos de entre 5 a 8 ciudadanos, para que emitieran su voto a favor del candidato a diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional, el C. Eugenio Mier y Concha “El Negro”, cabe hacer mención que el citado representante general se transportaba en un vehículo marca caribe, con placas de circulación WLJ-3659 del Estado de Tabasco, de color blanco, con canastillas de carga de metal tal y como se aprecia en las fijaciones fotográficas números 1, 2 y 3, que se anexan a la presente declaración; cabe manifestar que si se me pusiera a la vista el citado representante general, lo reconocería sin temor a equivocarme; estos hechos me constan, toda vez que pude observar con toda claridad los actos ilícitos que cometió dicho representante general y los demás activistas de ese instituto político, independientemente de que los representantes ante esas mesas directivas de casilla del Partido de la Revolución Democrática, presentaron hojas de escritos de incidentes de los hechos antes manifestados, ante el secretario de las mencionadas mesas directivas de casilla, por lo que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tipifica que tales hechos son delitos electorales.

Como consta en el documento anteriormente referido que obra a fojas 440 a 443 del cuaderno principal, fue ratificado en su contenido y firma ante el Notario Público número veintisiete del Estado de Tabasco, debiendo hacerse la precisión que para los efectos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no reúne los requisitos para ser considerado como una testimonial, toda vez que del párrafo 2, del artículo 14 de la Ley indicada, señala requisitos específicos para el efecto, y en este caso la declaración no fue recibida directamente por el fedatario y además no se asienta la razón de su dicho, por lo tanto para efectos de su valoración se le atribuye el carácter de documental privada.

En cuanto al contenido de la prueba que el partido actor denomina “narrativa de hechos” cabe señalar que la propia Sara Margarita Alfaro García, manifiesta ser Representante General del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral en el Municipio de Centro Norte, señalando varias casillas entre las que se encuentran las que se estudian, en tales circunstancias a juicio de esta Sala, lo manifestado en el escrito de cuenta carece de fuerza convictiva en base a que como ella misma lo señala, fue representante del partido actor ante las casillas impugnadas, por lo que cabe presumir que los hechos que afirma sucedieron, es una declaración unilateral con el fin de favorecer a los intereses del partido político que representó el día de la jornada electoral, aunado a que en base al principio de inmediatez de la prueba, se puede presumir que fue inducida en la narración de los hechos, ya que consta que los mismos quedaron asentados en un documento fechado el día doce de julio del año dos mil tres, es decir seis días después de la jornada electoral.

Por otra parte el partido actor ofrece la prueba técnica consistente en catorce impresiones fotográficas que obran a fojas 445 a 452 del expediente principal, y según se advierte del documento antes referido relacionan tres de ellas con la narración de hechos de Sara Margarita Alfaro García respecto a las casillas que se estudian, las cuales se refieren, la primera, a un vehículo de color blanco estacionado en una calle, en la segunda y tercera el mismo vehículo en primer plano, con una persona en el interior y en la parte del fondo dos personas más, las cuales por las consideraciones hechas en el apartado anterior, y por sí mismas no acreditan violación alguna en las casillas impugnadas, ya que no existe vínculo alguno entre éstas y las casillas de que se trata, máxime que respecto de dichas fotografías el partido oferente no señaló concretamente lo que pretende acreditar ni identificó a las personas que dice cometieron los hechos que se investigan, ni los lugares en que sucedieron, lo que evidencia que no se establecieron las circunstancias de tiempo y modo que reproducen las fotografías, en franca violación a lo dispuesto en el párrafo 6, del artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por lo que no puede concedérseles valor probatorio.

En tal virtud esta Sala estima que es infundado el agravio que aduce la parte actora respecto de las casillas 427-B y 427-C1.

D) Por lo que hace a la casilla 455-B, el partido actor señala como hechos en su escrito de demanda que:

De lo observado tanto por la hoja de incidentes levantada por el secretario de la casilla, como por el escrito de incidentes presentado por el representante de nuestro partido ante esta casilla, podemos observar que se estuvo practicando durante todo el día acarreo de electores y presión hacia los electores primero trasladándolos hasta las urnas y luego verificando y cerciorándose de que votaran y lo hicieran por el Partido Revolucionario Institucional, al respecto esta irregularidad por demás vergonzosa y atentatoria contra la libre participación del ciudadano constituye graves irregularidades y violaciones a los principios de certeza y legalidad, además de que con ello se violenta la secrecía del voto, en virtud de que una vez que al trasladar al elector al lugar donde precisamente está ubicada la casilla y al cerciorarse de que vote, quien lo trasladó lo está presionando para que vote y lo haga por el PRI. Esto se puede verificar con mayor precisión si se revisa tanto la hoja de incidentes como el escrito de incidentes en lo que se señala: 2:00 Que siendo las dos de la tarde del seis de julio la C. María del Carmen Reyes Pedraza con sus representantes se discutieron con los partidos PT y PRD que los partidos políticos y otras personas que estaban afuera de la casilla acusaban a la C. María del Carmen andaban comprando votos y llevando a la gente comprada en los camiones con placas VL512172, VL06381, VL42059, VL830044, VL24800 y por eso fue el incidente.

Como se puede observar en el cuadro esquemático, en relación a la casilla 455-B en el acta de jornada electoral no se registraron incidentes; en el acta de escrutinio y cómputo se anotó como incidente: “se suscitó el acarreo de personas para votar para favorecer al PRI”, por su parte en la hoja de incidentes se anotó lo siguiente: “2:00 p.m. Siendo las dos de la tarde del día seis de julio se hizo el siguiente incidente: La C. María del Carmen Reyes Pedraza con sus representantes se discutieron con los partidos políticos PT y PRD que los partidos políticos y otras personas que estaban afuera de la casilla acusaban a la C. María del Carmen andaban comprando votos y llevando a la gente comprada en los camiones con placas VL512172, VL06381, VL42059, VL830044, VL24800 y por eso fue el incidente”.

Si bien es cierto, que en la hoja de incidentes de la casilla 455-B, quedó registrado el incidente a que hace referencia el partido actor, debe precisarse que lo que consta es que representantes de los partidos políticos PT y PRD y otras personas que estaban afuera de la casilla acusaban a una persona que identifican como María del Carmen Reyes Pedraza, que andaba comprando votos y llevando a la gente comprada en los camiones que han sido señalados. Ahora bien a juicio de esta Sala de los datos a que se hace referencia se puede establecer la presunción de que:

a) Que a las catorce horas los representantes de los partidos políticos PT y PRD y otras personas discutieron con María del Carmen Reyes Pedraza;

b) Que acusaban a María del Carmen Reyes Pedraza de que andaba comprando votos, y llevando la gente comprada en los camiones con placas VL512172, VL06381, VL42059, VL830044, VL24800.

De lo ya citado se puede inferir que lo que consta en la hoja de incidentes es únicamente que los representantes de los partidos PT y PRD y otras personas acusaban a María del Carmen Reyes Pedraza de que andaba comprando votos y transportando gente en unos camiones, pero en ningún momento se señala que tales hechos les consten a los representantes de la mesa directiva de casilla, los cuales únicamente asentaron en la referida hoja de incidentes lo que sucedía el día de la jornada electoral y en la hora en que se indica.

Por otra parte, el partido actor en la relación de hechos que han sido transcritos respecto a esta casilla asegura que:

a) Que se estuvo practicando durante todo el día el acarreo de electores;

b) Que existió presión hacia los electores primero trasladándonos hasta las urnas y luego verificando y cerciorándose de que votaran y lo hicieran por el Partido Revolucionario Institucional;

De lo anterior se puede llegar a la siguiente conclusión, que el partido actor no ofrece prueba de su parte para demostrar los hechos que afirma, y que la hoja de incidentes que obra en el expediente, es insuficiente para acreditar los hechos argumentados, ya que en ésta en ningún momento se señala que se estuvieran trasladando electores en los camiones referidos, y mucho menos que a los electores se les estuviera presionando y se estuviera verificando que votaran por un partido político determinado.

Respecto al acta de escrutinio y cómputo en la cual se señala que “se suscitó el acarreo de personas para votar para favorecer al PRI”, cabe hacer las siguientes precisiones:

Por la forma tan vaga en que se describe el hecho asentado en el acta de escrutinio y cómputo, la cual omite precisar las circunstancias de modo en que sucedió el acarreo de personas, impide tener la certeza de cual es el número exacto de electores que fueron trasladados a la casilla para emitir su sufragio, por otra parte no cabe explicación razonable para que este órgano jurisdiccional tenga la plena certeza de que los electores referidos votaron por un determinado partido político, esto en razón de la secrecía del voto.

Ahora bien para que se actualice la causal de nulidad que se analiza no basta el que se demuestre que existió presión hacia los electores, de lo cual existen indicios en las constancias señaladas, tanto en hoja de incidentes como acta de escrutinio y cómputo, sino que además es necesario que se demuestre que dicha presión es determinante para el resultado de la votación, y en el presente caso no es posible establecer con certeza, por una parte, cuantos electores fueron trasladados a la casilla para emitir su voto, y cuanto tiempo duró la supuesta acción ilícita.

En tales circunstancias, y dado que el partido actor incumple con la obligación de probar sus aseveraciones, que le impone el párrafo 2, del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es infundado el agravio que hizo valer respecto de esta casilla.

E) En relación a la casilla 983-C1 el partido actor en su escrito de demanda señala que:

Relativo a esta casilla, se puede observar, que tal y como se desprende de la hoja de incidentes levantada por el secretario de la mesa directiva de casilla, siendo las 10:45 a.m. el día seis de julio de dos mil tres, fue sorprendido el C. Juan Díaz Pérez acarreando votantes en un vehículo particular con placas WLK 2158, desempeñándose este ciudadano como funcionario del H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, lo que constituye una irregularidad grave en virtud, de que dicha actitud por demás antidemocrática se configura plenamente como causal de nulidad prevista por la legislación electoral en materia de recurso de impugnación.

De acuerdo a la información obtenida en el cuadro esquemático se desprende que se elaboró una hoja de incidentes, en la cual respecto a los hechos que guardan relación con la causal que se analiza quedó registrado lo siguiente:

“10:45. Siendo aproximadamente las 10:45 horas del día 06 de julio del 2003, fue sorprendido el C. Juan Díaz Pérez acarreando votantes en un vehículo particular con placas WLK2158 y cabe señalar que este señor es funcionario del H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tab”.

De la hoja de incidentes se observa que, únicamente se anota a una persona de nombre Juan Díaz Pérez que fue sorprendida acarreando votantes en un vehículo particular, sin especificar cuantas personas fueron a las que trasladó. Por lo que suponiendo sin conceder, que efectivamente se hubiere llevado a cabo el acarreo de votantes, este órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos necesarios para concluir, atendiendo al criterio cuantitativo, si dicha circunstancia fue o no determinante para el resultado de la votación; es decir, no es posible establecer cuántos votos fueron emitidos bajo tales circunstancias, y por lo mismo no se puede establecer mediante un número cierto, si mediante la resta de los sufragios emitidos en forma irregular, otro partido hubiera alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla, y tampoco puede obtenerse el carácter determinante conforme al criterio cualitativo, ya que no se precisa el tiempo en que supuestamente estuvo realizando tal actividad irregular.

De lo anterior tampoco se demuestra que la citada persona sea funcionario del Ayuntamiento de Nacajuca, situación que atendiendo al criterio cualitativo permitiría establecer la influencia que la citada persona pudiera ejercer sobre los electores, esto en razón de que en autos no existe documento alguno que acredite que la persona a la cual se le imputa la conducta irregular, efectivamente sea un servidor público municipal.

En tal virtud, deviene infundado el agravio que aduce la parte actora respecto de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

F) En la casilla 985-C1 en relación a los hechos que se vinculan con la causal en estudio el partido actor en su escrito de demanda señala que:

En lo tocante a los acontecimientos ocurridos en esta casilla es importante señalar lo asentado en el acta de incidentes de la casilla, misma en la que se señala que una autoridad del Partido Revolucionario Institucional, reconocida públicamente por la comunidad el día de la jornada electoral desde los inicios mismos de la votación permaneció a escasos 50 metros de la casilla en cuestión, y esto fue durante toda la votación, esto representa la materialización de la hipótesis referida anteriormente para esta casilla ya que la presión no solamente puede darse de manera material sobre los electores, sino también de manera psicológica, ya que como señala anteriormente esta persona en cuestión es reconocida por toda la comunidad como seccional de Partido Revolucionario Institucional y al establecerse durante la jornada electoral en las inmediaciones de la casilla ejercía presión sobre los electores por lo que no existe la certeza de que los votos de los ciudadanos hayan sido emitidos en secreto y con la libertad requerida, por lo que al manifestarse de manera evidente los elementos de modo tiempo y lugar, del acto que se invoca ilícito y que además violenta de manera determinante los principios de certeza y legalidad, ya que estas autoridades reconocidas ante los ciudadanos de esta sección sólo debía de haber emitido su voto y retirarse, pero al permanecer de manera permanente a escasos 50 metros de la casilla, ejercía la suficiente presión sobre los electores para que su voto fuera emitido a favor de su partido, por lo que la determinancia requerida si es materializada en este caso que nos ocupa, por lo que se debe de declarar nula la votación recepcionada en esta casilla, al cumplirse los extremos necesarios para que sean determinantes de manera indubitable en el resultado de la votación y dado que como se señala se cumplen con los elementos de modo tiempo y lugar, debe de darse por nula la votación de esta casilla.

Como se puede observar en esta casilla siendo las 11:00 horas del domingo seis de julio la señora Rosa Isidro Sevilla seccional del Partido Revolucionario Institucional se instaló a las afueras de la casilla para disimular que instalaba un puesto de pozol, cuando realmente lo que se ubicó fue una mapachera priísta, ya que de este lugar salía y entraban funcionarios del H. Ayuntamiento de Nacajuca, lo que constituye una violación, ya que se infringe la secrecía del voto y la libertad de los electores a votar libremente.

De las constancias que integran el expediente de acuerdo a la información concentrada en el cuadro comparativo se obtiene que en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de esta casilla no se refiere incidente alguno, y en la hoja de incidentes elaborada por los mismos funcionarios de la mesa directiva de casilla se asentó lo siguiente:

"8:40. Se instaló la señora Rosa Isidro Sebilla, seccional del PRI con el pretexto de un puesto de pozol, a una distancia aproximadamente de 50 metros de las casillas 0985 básica, contigua 1 y 2, para manipular el voto.

10:20. Representantes del PRD indican a votantes a donde votar”.

Del párrafo anterior, se obtiene que consta en el acta que efectivamente Rosa Isidro Sebilla, instaló a las 8:40 un puesto de “pozol”, y que la citada persona es “seccional del PRI”, que el referido puesto se encontraba a una distancia aproximada de cincuenta metros de la casilla, y se afirma que la intención de tal persona era manipular el voto.

Por su parte el partido actor, sin aportar elemento de prueba alguno, afirma, además de lo anterior que: la persona señalada es reconocida públicamente por la comunidad, que permaneció cerca de la casilla desde el inicio como durante toda la votación y que ejercía presión sobre los electores para que el voto fuera a favor de su partido.

En lo referente a los datos asentados en la hoja de incidentes, se llega a la conclusión de que lo único que se demuestra es que la referida persona instaló un puesto de “pozol”, a una distancia relativamente cercana al lugar en que se instaló la casilla, más no lo afirmado en el sentido de que la intención era “manipular el voto”, esto último dado que no se hace referencia alguna a la forma en que se obtuvo tal información, ni se asienta que se observara a dicha persona abordando a los electores, por lo que al ser una simple aseveración sin sustento alguno, es insuficiente para afirmar que se acredite una violación a las disposiciones electorales.

Pese a que no se prueban los argumentos vertidos por el partido actor que fueron anteriormente indicados, y suponiendo sin conceder que efectivamente hubiera llevado a cabo la conducta que se le atribuye a la persona mencionada, este órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos necesarios para concluir, si dicha circunstancia fue o no determinante para el resultado de la votación; es decir, no sería posible obtener un dato cierto de cuantos votos fueron emitidos bajo presión y en tales circunstancias poder establecer que otro partido pudiera haber alcanzado el primer lugar en la votación de la casilla.

Entonces ante la falta de elementos de prueba para demostrar que se actualiza la causal que se analiza, deviene infundado el agravio que aduce la parte actora respecto de la votación recibida en esta casilla.

Octavo. La parte actora hace valer la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la mismas. Esta causal se invoca respecto de veintisiete casillas, mismas se que señalan a continuación: 245-B, 261-B, 261-C1, 262-B, 264-B, 265-C1, 266-B, 288-B, 294-B, 323-B, 323-C1, 405-C1, 427-B, 427-C1, 441-B, 446-C1, 450-C1, 455-B, 956-B, 956-C1, 982-B, 982-C3, 983-C1, 984-B, 985-C1, 987-C2 y 989-B.

Para efectos de determinar si procede el estudio de las mismas por la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, que establece el inciso k) del artículo 75 de la ley adjetiva electoral se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal.

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en la disposición se advierte que, en los incisos a) al j) de su párrafo 1, se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla consideradas específicas.

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen referencias de tiempo, modo, lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla.

Por otra parte, el inciso k) de dicha norma, prevé una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico, la nulidad de la votación recibida en casilla poseen elementos normativos distintos.

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal k) prevista en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son los siguientes:

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose como “irregularidades graves”, todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral.

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo.

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas contenidas en los incisos a) al j) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de ninguna manera podrán configurar la causal de nulidad en estudio.

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 21/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, páginas 218 y 219, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos generales el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya impugnado.”

Ahora bien, el partido actor en el capítulo de “hechos” de su escrito de demanda individualiza las casillas que impugna, así como los hechos que en su concepto constituyen violación a las disposiciones legales que regulan el proceso electoral, las cuales ya han sido estudiadas en los considerandos precedentes.

Asimismo, al final del citado capítulo de “hechos” a fojas 59, 60 y 61 de su escrito de demanda, presenta un cuadro esquemático que contiene las casillas impugnadas, encuadradas, según su concepto, en las causales de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cual señala además, el inciso k), respecto de las casillas indicadas en este considerando.

Tomando en consideración que se ha dado respuesta al agravio expresado respecto las casillas 245-B, 261-B, 261-C1, 262-B, 264-B, 265-C1, 266-B, 288-B, 294-B, 323-B, 323-C1, 405-C1, 427-B, 427-C1, 441-B, 446-C1, 450-C1, 455-B, 956-B, 956-C1, 982-B, 982-C3, 983-C1, 984-B, 985-C1, 987-C2 y 989-B; en base a los hechos argumentados por el actor, y que en el cuadro esquemático únicamente se señala con una X, que también se impugnan por el inciso k) del referido artículo 75, sin que se advierta el motivo de inconformidad, aún tomando en cuenta la suplencia de la queja, este órgano jurisdiccional lo considera inatendible, pues no basta que se señale con una simple señal “X”, para indicar que existe una irregularidad grave, sin aclarar cuál es la irregularidad, y pretender que oficiosamente se supla la carga procesal que corresponde al actor.

Al ser omiso el demandante en narrar en forma específica las irregularidades graves, relacionadas con las casillas señaladas en el párrafo precedente, esta Sala advierte que tal pretensión va encaminada a que de manera oficiosa se haga el estudio de cualquier contradicción a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que resulta lógica y materialmente imposible, toda vez que, conforme al artículo 9 párrafo 1 incisos d) y e) de la ley adjetiva procesal, es obligación del promovente identificar el acto impugnado y mencionar de manera clara y precisa los hechos en que basa su inconformidad.

Por otra parte el partido actor, como ya quedó señalado en el considerando tercero de la presente resolución, en lo referente a la casilla 959-C1, en su escrito de demanda hacer valer causas de nulidad de la votación recibida en casilla, que en su concepto actualizan las previstas del artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

De un análisis de los hechos que refiere en el capítulo en su escrito de demanda, en relación a la casilla impugnada, se advierte que no encuadran dentro de los supuestos de nulidad de la votación recibida en casilla contenidos en los incisos a) al j), por lo que en base al principio de exahustividad y con el fin de dar contestación al agravio esgrimido por el recurrente respecto de los hechos que menciona, se hará bajo el supuesto de la causal de nulidad previstas en el inciso k) del artículo antes señalado, porque precisamente la intención del legislador es que a la luz de ésta se proceda al estudio de toda irregularidad alegada que guarde relación con violaciones cometidas durante la jornada electoral, que no sean reparables durante ésta y que de alguna forma transgredan los principios de constitucionalidad y legalidad que deben regir la totalidad de los actos electorales.

Ahora bien, el actor señala en su escrito de demanda que:

Tocante a esta casilla, y según se puede constatar en la revisión de la lista nominal aparece un ciudadano con 2 credenciales de elector, inclusive con la misma fotografía en las credenciales, únicamente que con distinta clave de elector son: XXLPJS60091727H100 y LPJMJS60081427H800, hecho este que constituye una irregularidad además de grave atentatoria contra los principios de certeza y legalidad de la votación, dado que, violentan también otros lineamientos de la ley electoral.

Esta Sala considera que es inatendible el agravio esgrimido por el partido actor respecto de la votación recibida en esta casilla, ya que al proceder al estudio de las constancias que integran el expediente, y en especial la copia certificada de la lista nominal de electores correspondiente a la sección 959-C1, se encuentra lo siguiente:

En la página 4 de 26 de la referida lista nominal, efectivamente aparece con el número 77 el registro de un ciudadano de nombre López Jiménez José María, con clave de elector LPJMJS60081427H800, pero contrario a lo que el partido menciona no existe otro registro con el mismo nombre. Lo que si es preciso destacar que en el registro número 78 se encuentra el registro de otra persona de nombre López José María, con clave de elector XXLPJS60091727H100, y que ambos registros tienen el mismo domicilio el cual es C. Eusebio Castillo No. 143 Nacajuca, Nacajuca, Tab.

Ahora bien, como se puede observar existe una diferencia en los nombres, pero se considera innecesario tratar de dilucidar si se trata de una misma persona o no, para establecer si es el caso de que la lista nominal contenga un error, esto en virtud de que tal circunstancia no es materia del juicio de inconformidad, ya que en todo caso si es que se desean hacer las aclaraciones correspondientes, los partidos políticos tienen expeditos los medios para hacerlo de acuerdo al procedimiento indicado en los artículos 156 al 161 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La anterior afirmación deriva del supuesto de procedencia del juicio de inconformidad, que, por lo que hace a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, es procedente para impugnar:

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;

II. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva, y

III. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por error aritmético.

Esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 50 inciso b) fracciones I, II y III,de lo que se advierte que los actos impugnables por este juicio, son únicamente los que guardan relación con la jornada electoral y sus resultados.

Por otra parte, con los elementos que obran en el expediente no es posible establecer si es el caso o no, de que un mismo ciudadano tenga dos credenciales de elector, como lo refiere el actor; lo que si es posible aclarar es que únicamente ejerció su derecho a sufragar el elector de nombre López José María con clave XXLPJS60091727H100, y no el otro elector señalado, lo que se corrobora en la copia certificada de la lista nominal que obra a foja 234 del cuaderno accesorio número siete del expediente, por lo que se considera que en el presente caso, no se pone en duda la certeza de la votación recibida en la casilla que se analiza y por lo tanto es infundado el agravio aducido por el partido actor respecto a esta casilla.

Noveno. El Partido Político actor en su escrito de demanda de juicio de inconformidad hace valer, violaciones a los principios fundamentales que rigen a toda elección democrática, las que ya han sido estudiadas por las causales de nulidad previstas en el artículo 75 en sus incisos e), f), g), i) y k) y además la causal abstracta de nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal en el estado de Tabasco, proponiendo como agravio lo siguiente:

La autoridad señalada como responsable viola los preceptos constitucionales y legales antes citados al determinar la validez de la elección impugnada, omitiendo verificar los requisitos de validez determinados por las disposiciones que se citan como violadas.

En efecto, la autoridad señalada como responsable viola lo dispuesto por los artículos 14, fracción III de la Constitución Federal; y 116, párrafo 1, inciso i) y 117, párrafo 1, inciso e) del citado Código Electoral establece (sic) como atribución del Consejo Distrital el efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y del presidente del mismo la de expedir la constancia de mayoría y validez de la elección a la fórmula de candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría de votos conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Distrital.

También se violan los artículos 247, párrafo 1, inciso i), 248 y 253, en donde se determina que el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo de manera integral y directa la calificación de las elecciones; además que se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección, y que concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el Presidente del Consejo Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo.

Los preceptos antes citados son violados por inobservancia al declararse la validez de la elección impugnada y expedir la constancia respectiva sin haber verificado los requisitos de la validez de la elección de diputado federal en el distrito 04, siendo que la autoridad señalada como responsable de manera exclusiva se (sic) apoyó en los resultados de la elección sin verificar el cumplimiento de los requisitos formales y esenciales de la elección, faltando asimismo al principio de legalidad al carecer de motivación y fundamentación el acto que se reclama.

La autoridad responsable debió dar cumplimiento a los preceptos antes citados revisando las condiciones en que se realizó la elección, situación que necesariamente lleva a dejar de expedir la constancia de validez de la elección por las razones que se manifiestan en la presente impugnación, es así que el artículo 253, párrafo1, inciso a), del citado Código Electoral ratifica la atribución de la autoridad responsable de dejar de realizar la declaración de validez cuando la elección no cumpla con los requisitos para su validez, al determinar que el Presidente del consejo Distrital, una vez integrados los expediente procede a remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cómputo distrital y , en su caso, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa.

Al respecto resultan aplicables en lo conducente los criterios de jurisprudencia que se citan a continuación:

“OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL, SON IMPUGNABLES....

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN....

Por otra parte, el cúmulo de irregularidades ocurridas en la etapa de preparación de la elección y particularmente durante la campaña electoral, mismas que se denuncian en el respectivo capítulo de hechos, violan las garantía del sufragio establecidas en la Constitución Federal y en la respectiva legislación reglamentaria, en donde se establece lo siguiente:

“Artículo 35

Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

 (...)”.

 “Artículo 41

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estado, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particularidades de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos naciones tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

(...).”

“Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.”

“Artículo 36

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

(...)

c) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución General de la República y de este código, para garantizar que los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

(...)”

“Artículo 38

Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

(...)”

“Artículo 118

(...)

1. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

(...)”

Como se desprende de los preceptos antes citados, una de las condiciones esenciales para que una elección tenga las características de auténtica y libre es requisito esencial e indispensable para su validez que los ciudadanos cuenten con las condiciones materiales y objetivas para emitir su voto en forma libre y secreta, condiciones que en la elección que se impugna no se verificaron como se desprende del respectivo capítulo de hechos de la presente impugnación.

En relación con lo anterior, es de señalar que el tiempo para la realización de las campañas electorales por cuenta de los partidos políticos se encuentra encaminada para que los partidos y sus candidatos realicen libremente las actividades lícitas permitidas por la ley para divulgar sus propuestas y convencer a los electores, encontrándose fuera de estas actividades lícitas, la utilización de programas y recursos públicos del Ayuntamiento de Centro y del Gobierno del Estado de Tabasco.

En efecto, la intervención del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Centro y el aprovechamiento de tales programas y recursos públicos por parte del Partido Revolucionario Institucional en la campaña electoral se violan las reglas del proceso electoral, de la campaña electoral y las garantías de una elección libre y auténtica, situación que trasciende a la jornada electoral y a los resultados de la misma.

Esa sí, que el artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, determina que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Siendo que los hechos que se denuncian mediante los cuales el Gobierno del Estado y del municipio de centro en conjunción con el Partido Revolucionario Institucional, presionaron e indujeron el voto a favor de éste partido, son actos ilícitos, por tanto contrarios a los actos de proselitismo electoral establecidos y regulados por las normas electorales cuya naturaleza es la de informar a los ciudadanos de las plataformas electorales, de la difusión de los programas, principios e ideas que postulan los partidos y sus candidatos, en consecuencia carece de validez la elección que se impugna al ser afectada con actos ilícitos de presión y coacción a los electores que nada tienen que ver con los programas, principios e ideas para la emisión de voto de los ciudadanos libre e informda (sic).

Es así, que el artículo 38, párrafo 1, incisos a), b) y j), establece como obligación de los partidos una serie de principios que son contrarios a las conductas ilícitas que se denuncian para la obtención del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos, como son las de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; y el de publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate.

En este mismo sentido y de acuerdo al texto constitucional antes citado, el artículo 27, párrafo 1, incido f) del citado Código electoral determina que en los Estatutos de los partidos se determine expresamente la obligación de los candidatos de los partidos políticos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen.

Es así que las campañas electorales tienen como objeto la de difundir las candidaturas de los partidos políticos y la obtención del voto, pero por medios lícitos que determina la ley de la materia, al efecto, el legislador define el contenido y objeto de la campaña electoral, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 182

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escrito, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.”

Como puede apreciarse, los elementos de la campaña electoral son divergentes con los mecanismos utilizados por el gobierno del Estado, el gobierno del municipio de Centro y el Partido Revolucionario Institucional para la promoción de candidaturas y obtención del voto a favor del citado partido político, y por tanto constituyen mecanismos ilícitos que afectan la validez de la elección que se impugna.

En este sentido el artículo 4, párrafo 3, del Código electoral aplicable, determina de manera tajante la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores, esto sin distinción de tiempo, pero que particularmente durante la campaña electoral el día de la jornada electoral adquieren particular relevancia por la influencia decisiva sobre el electorado, primero en los momentos legales para la obtención y promoción del voto, de candidaturas y en segundo término en el día de la emisión del voto.

Por otra parte y en relación con los diversos hechos que se denuncian es de señalar que se viola lo dispuesto por el artículo 49, párrafo 2, incisos a) y b) del Código de la materia, en donde se establece:

“Artículo 49

(...)

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a). Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, y los Ayuntamiento, salvo los establecidos en la ley;

b). Las dependencia, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno del distrito Federal;

(...)

Los diversos actos ilícitos que se denuncian cometidos básicamente durante el desarrollo de la campaña electoral de la elección que se impugna y por miembros del Partido Revolucionario Institucional, constituyen violaciones sustanciales que trascendieron a la jornada electoral, ello, se explica en razón de que el tiempo de (sic) legal para la realización de la campaña electoral la cual es previa a la jornada electoral, tiene como fin la difusión de candidaturas y obtención del voto para que se refleje en la jornada electoral, asimismo, los actos que se denuncian y que se encuentran vinculados a la obtención del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional por medios ilícitos afectan la validez de la elección que se impugna.

En efecto, los actos de promoción del voto sean lícitos o ilícitos trascienden en el ánimo de los electores, y de manera particular los actos de presión y coacción, puesto que al realizarse conjuntamente con los actos de campaña permitidos por la ley, no se distinguen unos de otros influyendo de forma negativa sobre los electores, constituyendo por tanto violaciones sustanciales que trascendieron a la jornada electoral que resultaron determinantes para el resultado de la elección que se impugna, así como la validez de la misma.

A mayor abundamiento es de señalar que el principio elemental de la democracia es la libertad en la que los ciudadanos puedan elegir a los representantes y las formas de su gobierno, a través del voto que debe reunir sus valores fundamentales como lo son libre, directo, y secreto, así como el ser personal e intransferible, de tal suerte que esta garantía de los ciudadanos no debe ser vulnerada por los partidos políticos y sus miembros en razón de que estos últimos están constituidos como la propia legislación federal que lo establece para garantizar la participación democrática de los ciudadanos en los procesos electorales; asimismo, establece la prohibición de actos que vulneren ese derecho constitucional a través de presión y coacción hacia el ciudadano para emitir su sufragio; este elemental principio tiene su fundamento en lo establecido en (sic) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecido en el artículo 4, párrafo 3 del Código de la materia, que ya se ha citado.

De lo anterior puede concluirse que la infracción a esta prohibición por parte de los partidos políticos en todo proceso electoral, como ocurre en el presente caso, el no acatamiento de este precepto representa una violación al principio elemental del (sic) legalidad al que deben de estar sujetas todas las actuaciones tanto de los órganos electorales como de los partidos políticos, la desviación de los recursos que son destinados para la promoción de la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país, hacia una estrategia electoral consistente en la coacción del voto, a la presión sobre los electores, y al acarreo de votantes, la violación del principio de legalidad es aplicable en estos hechos pero además de la tergiversación de los recursos destinados a los partidos políticos existen otros elementos que deben de ser considerados por esta Sala del Tribunal Electoral al momento de entrar al estudio del presente recurso, como es el caso de la utilización de recursos públicos y programas de Gobierno del Estado y del gobierno municipal de centro para la promoción del voto a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Las infracciones a los preceptos antes citados por parte del Partido Revolucionario Institucional, con actos ilegales, que agravian a mi representada, en vista de que se hizo valer de hechos ilícitos para obtener resultados en su favor; en virtud de que el derecho que le otorga la Constitución y la ley reglamentaria de la materia, lo utilizó para poder participar de manera fraudulenta en los comicios de este 6 de julio; además, utilizó los recursos que le brinda la propia Constitución y la ley reglamentaria para coaccionar e incidir en la decisión del ciudadano; vulnerándose con este las características que debe reunir el voto del ciudadano, la cual debe ser universal, libre, secreto, directo e intransferible; cuando de manera por demás vandálica, formó operativos pagados, encargados de ir en busca de los ciudadanos que no había aún emitido su sufragio; estos actos, incidieron de manera grave y directa en los resultados electorales. Y por consiguiente deja a un lado una de las finalidades que tiene todo partido político como entidad de interés público, el de hacer posible al ciudadano el acceso al ejercicio del poder público mediante el voto con las características que ya se han enunciado.

Es pues demasiado claro nuestro ordenamiento electoral, cuando señala cuales son los derechos que tienen los partidos políticos para llevar a cabo sus actividades dentro del marco legal y asimismo existen también obligaciones al que deben sujetarse todos los partidos políticos las cuales señalan las formas en que deben llevar a cabo sus actividades con apego a la ley, cuidar que la conducta de sus militantes estén encaminadas a respetar el marco legal constitucional, leyes reglamentarias y sus propios estatutos, respetar de igual forma la participación política de las otras instituciones políticas, y sobre todo los derechos de los ciudadanos; es también una obligación utilizar las prerrogativas que se les otorga para los gastos ordinarios de sus actividades, así como de los recursos para gastos de campaña y de las demás actividades, única y exclusivamente para lo que se indica en la ley de la materia.

Por otra parte, nuestra norme reglamentaria de la materia, señala que la autoridad electoral tiene el deber de velar por el cumplimiento de las normas legales y constitucionales relativas al proceso electoral 116, párrafo 1, inciso a) del código de la materia, así también tiene como fin el de asegurar el ejercicio de los derechos políticos-electorales del ciudadano y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así también, el de velar por la autenticidad y efectividad como finalidad de la autoridad electoral es de suma importancia, ya que los votos que se emiten en las urnas el día de la jornada electoral, constituye una legitimación en el resultado que determinado partido o candidato competidor obtenga de manera legal en una competencia sana, preceptos que son violados al emitir sin sustento alguno la declaratoria de validez de la elección que se impugna.

Asimismo, aunado a lo anterior, las actividades de la autoridad electoral debe regirse por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen la materia electoral; sin dejar de aun (sic) lado un elemento importante que no es expresamente un principio rector de la función electoral, sin embargo se encuentra presente en el sentido de diversas normas electorales, como lo es el de equidad:

Obligaciones, finalidades y principios rectores, que el órgano electoral señalado como autoridad responsable desestimó cuando en las sesiones del Consejo Distrital se realizaron denuncias públicas de las constantes irregularidades en que incurría el Revolucionario Institucional antes y durante la jornada electoral, en virtud de que no tomó las medidas necesarias relativas a actuaciones negativas del Partido Revolucionario Institucional; es el caso no hubo la garantía por parte del órgano electoral asegurar ese ejercicio del ciudadano a emitir su voto sin sentirse intimidado por ninguna fuerza extraña contraria a su voluntad; así también, no fue garante que los votos hayan sido auténticos y efectivos el día de la jornada electoral, en virtud de los constantes vicios de que fueron objeto los ciudadanos del IV distrito electoral por parte del citado partido político, en consecuencia al no existir las garantías constitucionales y legales al sufragio es decir, los requisitos fundamentales e instrumentales para la emisión libre del voto, la declaración de validez que se impugna carece de legalidad.

De los hechos anteriormente transcritos y los artículos citados se desprende que han sido claramente transgredidas normas fundamentales que debería regir la vida democrática, no es difícil advertir de este cúmulo de irregularidades de que estuvo plagado el proceso electoral en toda la entidad, ya que como brevemente se ha mencionado, del concepto nato de las decisiones políticas fundamentales puede advertirse, que el constituyente estableció el federalismo como forma de organización del Estado Nacional, la democracia como forma de gobierno y como forma de convivencia social, el constituyente permanente quiso que fuera un país regido por la más noble y avanzada forma de gobierno creada por la conciencia humana, luego de revoluciones armadas, masacres y asesinatos de quienes la defendía, fuera la que se estableciera en una nación que durante tantos años había vivido en el autoritarismo y la dictadura, en donde las libertades de la clase gobernada no existen y en cambio la clase gobernante al amparo del poder político y económico que da el Estado realiza actos tan reprochables e ilegales, gozando por supuesto de absoluta impunidad, este breve bosquejo por supuesto que no pasa inadvertido en la mente de una parte de nuestra sociedad.

Es por demás ilegal la intervención en el proceso electoral de los militantes del Partido Revolucionario Institucional que ocupan cargos públicos, como es el caso del Gobernador y Presidente Municipal de Centro, ya que teniendo el control de los recursos público, así como material humano y mobiliarios, fueron utilizados con toda alevosía y de manera ilegal para beneficiar a sus candidatos, por lo que son violados en perjuicio de mi representada los principios rectores del derecho electoral.

Pero tales principios que se suponen debe proteger la voluntad del ciudadano, no puede operar en tanto el sufragio no sea libre, ya que como ya se ha relatado, no puede existir voluntad del elector en tanto existe coacción, intimidación y compra del voto por parte de militantes del Partido Revolucionario Institucional, ello involucre directamente desde el Gobernador del Estado hasta los funcionarios de los ayuntamientos Municipales.

Por otra parte, existe violaciones sustanciales consistentes en la inequidad en el manejo informativo y cobertura noticiosa de las campañas electorales que favorecen al Partido Revolucionario Institucional, vulnerando los principios perseguidos por la ley de la materia para el desarrollo de las campañas electorales que afectan asimismo la libertad del voto y la autenticidad de la elección que se impugna, elementos que demuestran la ilegalidad de la declaración de validez que se impugna.

De acuerdo con todo lo anterior, se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 78 la (sic) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos”.

Resulta aplicable en lo conducente el criterio de jurisprudencia que se cita a continuación: “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). ...”

“SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES. ...”

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. ...”

“NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). ...

“NULIDAD DE ELECCIÓN. PROVIDENCIAS QUE DEBEN DICTARSE CUANDO SE DECLARA. ...”

“NULIDAD DE ELECCIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA LOCUCIÓN "PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA ELECCIÓN" (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). ...”

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. SU ESTUDIO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL PROCEDE AUN DE OFICIO. ...”

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA. ...”

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado de Chihuahua y similares). ...”

En relación al agravio aducido por el partido actor, el tercero interesado, en lo conducente señala:

Antes de entrar de lleno a la contestación de los agravios, solicito a esa Honorable Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el juicio que nos ocupa, se declare improcedente en virtud de que en el escrito en que el partido inconforme demanda la nulidad de la elección de diputados en el distrito 04 electoral federal en el estado de Tabasco, resultan evidentemente frívolo en la exposición de todos los hechos y agravios de los cuales se adolece, como es de apreciarse claramente en los puntos de hechos de sus pretensiones y en todas y cada una de las casillas las cuales pedimenta la nulidad de las mismas por presuntas irregularidades cometidas por el Partido que represento; se observa que todas las casillas mencionadas anteriormente, se limita a mencionar algunas causas de nulidad pero en ninguna de ellas menciona el lugar, tiempo, modo y circunstancias que revistieron cada uno de los acontecimientos suscitados en las mismas, no identifica lugares, personas u objetos materiales que hubiese encontrado involucradas en su comisión, esto es así porque solamente se limita a decir que: se utilizaron Programas y Recursos Públicos, la ilegal intervención del gobierno Estatal y Municipal en la campaña del Partido Revolucionario Institucional, acarreo, que existió un trato inequitativo en los medios de comunicación masiva, reunión de personas para promover al candidato del Partido Revolucionario Institucional por el Cuarto Distrito del Estado de Tabasco, recorridos que llevaba a cabo el Gobernador del Estado Manuel Andrade Díaz previo a la jornada electoral, cambio de funcionarios de mesas y casilla, la constante problemática que viven los campesinos por el abandono de sus tierra (sic) por parte del Gobierno tanto Local como Federal, sin que en ninguno de ello (sic) se aporten elementos de prueba que robustecen los hechos alegados y lo mismo sucede con las supuestas violaciones que se cometieron en la jornada electoral donde sin conceder tal acto, se cometió presión o coacción a los votantes error aritmético, que ciudadanos votaron sin credencial para votar etc., apreciaciones de carácter subjetivo por parte del ocursante, por otro lado, aunque alega presión o coacción no especifica en los hechos y en los agravios porque son determinantes para los resultados de la votación, no expone en cada uno de los casos la pretensión concreta que lleve a este tribunal a resolver razonadamente conforme a los hechos expuestos por el quejoso, por lo que solicito se desechen de plano el juicio interpuesto por el Actor. Lo anterior a lo establecido por el numeral 9, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, el articulado que invoca el agraviado en el capítulo correspondiente de los agravios son inaplicables ya que únicamente el actor reconoce en ellos las facultades que tiene el Consejo Distrital 04 para declarar la validez de la elección impugnada y la constancia de mayoría a la fórmula ganadora por parte del Partido Revolucionario Institucional, en el caso específico, el primer concepto de agravio en el párrafo cuarto de su libelo menciona que el consejo distrital no verificó el cumplimiento de los requisitos formales y esenciales de la elección, pero note su señoría, que el disconforme no menciona cuales son esos requisitos formales y esenciales y como su omisión afecta los intereses del partido que representa.

En el cuarto párrafo de su escrito, de la misma manera el quejoso expresa que el Consejo Distrital debió revisar las condiciones en que se realizó la elección y que por tal motivo conllevaba dejar de expedir las constancias de validez de la elección siendo contradictorio el agravio porque legalmente el Consejo Distrital 04 Electoral al revisar las condiciones de le elección, con las facultades otorgadas en los artículos 116, párrafo I, incisos a) y i) (sic) y 117, párrafo I, inciso e) y otros relativos aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorgó con plenitud de jurisdicción la constancia de mayoría y validez de la elección a la fórmula de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ¿por qué?, porque las elecciones para elegir candidatos a diputados federales por el cuarto distrito electoral se llevó acorde a los principios de legalidad y certeza, reconocidos por la ley al Instituto Federal Electoral y desde luego al Consejo Distrital 04 Electoral que calificó de válida la elección cuestionada.

Por otro lado, el actor expresa irregularidades ocurridas en la etapa de preparación de la elección durante la campaña electoral que violan las garantías del sufragio (textualmente), foja 70 del escrito de agravios, por haberse realizado por parte del Gobierno del Estado de Tabasco y del Municipio del Centro en conjunto del Partido Revolucionario Institucional, presión e inducción al voto a favor del Partido ganador, son actos ilícitos, ahora bien alegando a los argumentos donde se aducen actos de presión y proselitismo éstos deben darse indefectiblemente durante el desarrollo de la jornada electoral, y aun cuando éstos hubiesen dado, sin conceder tal acto el agraviado, vuelvo a repetir, solo reproduce generalidades de los hechos, no refiere los tópicos de los hechos de lugar, tiempo, modo y circunstancias y la manera en como éstos son determinantes para el resultado de la votación y como afectan a los intereses de sus Partidos.

Tomando en consideración lo que el partido actor señala en el agravio que se analiza así como lo manifestado por el partido tercero interesado, esta Sala considera que en primer lugar, se debe dilucidar si, conforme a la legislación electoral federal, es posible declarar la nulidad de una elección de diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión, sobre la base de alguna causa diferente a las previstas específicamente en los artículos 76 y 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, debe considerarse que en la legislación electoral federal, no sólo se encuentran previstas determinadas causas de nulidad específicas, sino que al lado de éstas, es posible desprender una causa de nulidad abstracta o no específica, la cual se advierte a través de la interpretación sistemática de distintos preceptos.

En efecto, cabe señalar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece como causales específicas de nulidad de una elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, tasadas y genérica, las siguientes:

“ ... Artículo 76

1. Son causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate, o

b) Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

...

Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

Una interpretación gramatical y aislada de estas disposiciones permitiría sostener, que la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso de la Unión, debería producirse necesariamente de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se hubieren acreditado causales de nulidad de votación en el veinte por ciento de las casillas del distrito de que se trate;

b) Cuando no se hubieren instalado las casillas en el veinte por ciento de las secciones del distrito de que se trate, y, por ende, la votación no hubiere sido recibida;

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido la constancia de mayoría resulten inelegibles; y

d) Cuando se hubieren cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

Si las cosas fueran así se entendería, que sólo las irregularidades que se suscitaran durante la jornada electoral podrían ser invocadas para sustentar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso de la Unión; pero, de sostenerse tal postura, llevaría al absurdo de aceptar que una elección debe subsistir, a pesar de la evidencia de ciertas irregularidades no remediables con la nulidad de la votación recibida en casilla, que al afectar elementos sustanciales, resultan cualitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Sin embargo, el sistema electoral está integrado por un conjunto de normas que deben también ser observadas y cuyo sentido, obtenido a través de una interpretación sistemática pone de manifiesto, que al lado de las causas de nulidad, que bien pueden denominarse específicas y a las cuales se ha hecho referencia con anterioridad, existe una causa de nulidad abstracta o no específica, que puede producirse por la inobservancia de principios fundamentales que rigen a todo proceso electoral en un régimen democrático.

Esto es así, ya que en el artículo 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, ha sido establecido el sistema de medios de impugnación en la materia.

En consecuencia, además de estas causas concretas, se encuentra prevista una especie de nulidad no específica que afecta también a la elección federal de diputados de mayoría relativa, proveniente de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; como se advierte de lo siguiente:

En la base III del artículo 41 de la Constitución Política Federal, se observa que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; al cual le corresponde, durante la celebración de comicios federales, realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, entre otras actividades.

Por otra parte, el artículo 60 de la Ley suprema, establece que el Instituto Federal Electoral, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados en cada uno de los distritos electorales uninominales y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, entre otras cosas.

En congruencia con lo anterior, debe señalarse que el artículo 71, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral ejercerá sus funciones, en el caso de la elección de diputados, en trescientas Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

De igual modo, en el artículo 108 del código de la materia, se precisa que en cada uno de los trescientos distritos electorales el Instituto contará con un Consejo Distrital, entre otros órganos.

Los Consejos Distritales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 116, párrafo 1, inciso i) del código electoral, tienen como atribución, efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa.

Esta actividad se realiza, de acuerdo a lo previsto en el artículo 174, párrafos 2, inciso c) y 5, del código en consulta, en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

En dichos cómputos, los Consejos Distritales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 247, párrafo 1, incisos h) e i), verificarán el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y que los candidatos de la fórmula que hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad; y harán constar en un acta circunstanciada la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubieren obtenido la mayoría de los votos.

Como ha quedado de manifiesto, la etapa de resultados no se compone exclusivamente del acto de cómputo, para determinar al triunfador en los comicios, sino que además del acto de cómputo, apto para conducir a la expedición de la constancia de mayoría al candidato triunfador, existe también el acto consistente, en la declaración de validez de la elección.

Es verdad que lo ordinario es que los comicios se celebren con estricto apego a la ley y que en ellos se observen los principios fundamentales que deben regir las elecciones democráticas. Por este motivo, lo común es que el acto de declaración de validez de la elección pase inadvertido, a pesar de que constituye un acto de gran relevancia, como lo demuestra la circunstancia de que varias disposiciones de la Constitución Política Federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se refieran a ese acto.

Lo anterior permite concluir, que la declaración de validez de la elección, así como la expedición de la correspondiente constancia de mayoría y validez, constituyen actos fundamentales en la etapa de resultados del proceso electoral.

Así, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa, no constituye un formalismo vacío, sino que debe ser producto del examen de todas las circunstancias, hechos y actos que conforman el proceso electoral, todo lo cual debe ser confrontado con normas y principios rectores de la actividad electoral. A través de ello, la autoridad electoral administrativa estará en condiciones de emitir un juicio sobre si el proceso electoral se encuentra ajustado a la ley, a fin de que la respuesta positiva conduzca a la declaración de validez de la elección, o bien, en su caso, a lo opuesto, es decir, a la nulidad de la elección.

Al hacer esta declaración de validez de la elección, los consejos distritales de referencia emitirán un juicio de valoración sobre el proceso electoral, que no es otra cosa que calificar la elección.

Pero para llevar a cabo la valoración en comento, dichos consejos deben contar con determinados puntos de referencia, que no son otros, sino los principios a que debe sujetarse toda elección democrática, los cuales permitirán determinar, si las circunstancias que acontecen antes y durante la jornada electoral afectan o no, de una manera cualitativamente substancial, los resultados de las elecciones y, por ende, si procede o no hacer la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa.

En este contexto, sí se advierte que el consejo electoral no valoró dichas circunstancias o que lo hizo de una manera incorrecta y que se transgredieron los señalados principios, y no obstante esto, declaró la validez de la elección, por lo que ha lugar a considerar, que se está ante la presencia de una situación que admite ser combatida a través de alguno de los medios de impugnación en la materia; ya que no debe soslayarse que en la realización de sus actos, los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral deben sujetarse al principio rector de legalidad previsto en el artículo 41, base III, párrafo primero, de la Constitución general.

De ahí que cualquier juicio que se emitiera sobre la validez o invalidez de la elección federal de diputados de mayoría relativa, admita ser cuestionado a través de los medios de impugnación a que se alude en la base IV del citado precepto constitucional.

Todo lo anterior permite concluir, que en el sistema de nulidades electorales en el ámbito federal, se puede establecer una distinción de dos órdenes de causas de nulidad de la elección federal de diputados de mayoría relativa. El primero está compuesto por causas específicas, reguladas en los artículos 76 y 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El segundo está integrado por una sola categoría abstracta de nulidad, cuyo contenido puede encontrarlo el juzgador en cada situación que se someta a su decisión, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, a la naturaleza jurídica de las instituciones electorales, a los fines perseguidos con ellas, y dentro de este marco, a que la elección específica que se analice satisfaga los requisitos exigidos como esenciales e indispensables por la Constitución y las leyes, para que pueda producir efectos.

En este orden de ideas, debe subrayarse que en el sistema previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la nulidad sólo puede tener como causa vicios en la recepción de la votación recibida en las casillas. Empero, se destaca que el artículo 76 párrafo 1, inciso c), de dicho ordenamiento, establece la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral, cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que obtuvieron la mayoría de votos sean inelegibles. Lo anterior, permite concluir que los referidos consejos distritales, pueden emitir la declaración de validez de la elección que interesa, o bien, la declaración de invalidez de ella, si en el proceso electoral se inobservaron los principios fundamentales que deben imperar en comicios democráticos. La diferencia está en que la nulidad prevista en el inciso c), párrafo 1 del referido artículo 76, es específica, en tanto que la aludida en segundo término es abstracta o no específica.

Ahora bien, para conocer cuáles son las irregularidades que podrían constituirse como causa no específica de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso de la Unión, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los principios fundamentales o los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección.

Los artículos que contienen estos principios y elementos esenciales, son los siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 35

Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

...

Artículo 36

Son obligaciones del ciudadano de la República:

...

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;

...

Artículo 39

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

...

Artículo 41

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

...

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

...

Artículo 99

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

. ..”

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 1

1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;

b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, y

c) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

...

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

...

Artículo 10

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras una de Diputados y otra de Senadores.

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por trescientos diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

...

Artículo 19

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

...

Artículo 36

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades;

c) Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución General de la República y de este Código, para garantizar que los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo;

...

Artículo 41

1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:

a) Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión en los términos de los artículos 42 al 47 de este Código;

...

d) Participar, en los términos del capítulo segundo de este título, del financiamiento público correspondiente para sus actividades.

Artículo 42

1. Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.

...

Artículo 68

1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Artículo 69

1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el registro federal de electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

...

Artículo 70

1. El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

...

Artículo 71

1. El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura:

a) Treinta y dos Delegaciones, una en cada entidad federativa, y

b) Trescientas Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

...

Artículo 108

1. En cada uno de los trescientos distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:

...

c) El Consejo Distrital.

...

Artículo 173

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

...”

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los principios fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en la ley sustantiva electoral, como principios que están elevados, inclusive a rango constitucional, los cuales son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables.

Como se ve, los preceptos que han quedado transcritos contienen los principios esenciales que deben observarse en los comicios electorales, para lograr la renovación eficaz de los poderes legislativo y ejecutivo.

Los principios que se pueden desprender de tales disposiciones para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, entre otros, son los siguientes:

a) Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas;

b) El sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo;

c) En el financiamiento público de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad;

d) La organización de las elecciones debe hacerse a través de un organismo público y autónomo;

e) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad constituyen principios rectores del proceso electoral;

f) En el proceso electoral deben estar establecidas condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; y

g) En los procesos electorales debe haber un sistema de impugnación para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Los anteriores principios electorales, constitucional y legalmente previstos, deben ser observados en todo proceso electoral para que los comicios de que se trate, puedan ser calificados como democráticos. Lo anterior, incluso, ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante identificada con la clave S3EL 010/2001, que se consulta en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, páginas 408 a 410, cuyo rubro es: “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.

Así, las elecciones libres se dan cuando se ejerce la facultad natural del sufragante de dirigir su pensamiento o su conducta según los dictados de la razón y de su propia voluntad sin influencia del exterior; sin embargo, para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento de votar, el acto fue producto de una decisión libre, es decir de una libertad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad, es necesario establecer, si en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya consecuencia no podría hablarse en propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera.

La autenticidad de las elecciones se relaciona con el hecho de que la voluntad de los votantes se refleje de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios.

Lo periódico de los sufragios es que éstos se repitan con frecuencia a intervalos determinados en la propia ley electoral local, para lograr la renovación oportuna de los poderes.

La no discriminación del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto.

El secreto del sufragio constituye una exigencia fundamental de la libertad del ciudadano-elector, para votar de manera reservada, a fin de que en el momento de la elección quede asentada su expresión de voluntad y merezca efectos jurídicos.

Estas son algunas de las condiciones que debe tener una elección, que tienda a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran, en forma determinante para el resultado, intimidaciones, prohibiciones, vetos, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, y no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Como consecuencia de lo anterior, si los citados principios fundamentales son esenciales en una elección es admisible arribar a la conclusión, de que cuando en la ley electoral federal se prevé una causa abstracta o no específica de nulidad de una elección y se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, determinante o trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la autenticidad, la libertad, la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, cabe considerar actualizada dicha causa de nulidad abstracta o no específica.

Entonces, en el caso indicado anteriormente, la elección resulta nula, por no ser legal, cierta, imparcial, ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, es simplemente el analizar y declarar, si los actos electorales en su conjunto cumplieron con el mandato constitucional.

De todo lo anterior es posible determinar, que conforme con la legislación electoral federal, cabe la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso de la Unión, entre otros casos, por la causa abstracta o no específica, en la medida en que esté demostrada la existencia de conculcaciones a los principios fundamentales que rigen a toda elección, y las mismas sean cualitativamente determinantes para su resultado.

Al efecto, resulta aplicable, la tesis relevante identificada con la clave S3EL 011/2001, que se consulta en las páginas 577 y 578 de la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, intitulada: “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).”

Sobre la base de lo asentado anteriormente se estima necesario examinar, si el juicio de inconformidad hecho valer por el Partido constituía el medio idóneo para impugnar, entre otros actos, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa al Congreso de la Unión.

En este orden de ideas, cabe señalar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en lo que interesa, dispone:

“Artículo 1

1. La presente ley es de orden público, de observancia general en toda la República y reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo 3

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

2. El sistema de medios de impugnación se integra por:

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

c) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las entidades federativas, y

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

Artículo 4

1. Corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás medios de impugnación previstos en el artículo anterior, en la forma y términos establecidos por esta ley.

...

Artículo 49

1. Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en los términos señalados por el presente ordenamiento.

Artículo 50

1. Son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley, los siguientes:

...

b) En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa:

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;

II. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, y

III. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por error aritmético.

...”

De las disposiciones anteriormente transcritas, es posible desprender que, por su propia naturaleza, el juicio de inconformidad es el medio de impugnación idóneo para combatir los actos de las autoridades electorales durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a la elección de diputados.

Lo anterior encuentra sustento, en el hecho de que el recurso de reconsideración constituye la segunda instancia de la inconformidad, en tanto que ninguno de los otros medios de impugnación es procedente para combatir actos o resoluciones emitidos en la etapa de los resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones, relacionados con la elección federal de diputados de mayoría relativa.

Ahora bien, en el presente caso, consta en autos que el trece de julio de dos mil tres, el Partido de la Revolución Democrática promovió juicio de inconformidad en contra de la elección de diputados de mayoría relativa realizada en el 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, “de la declaración de validez de dicha elección” y, en consecuencia, en contra del otorgamiento de la constancia de mayoría relativa, responsabilizando de estos actos al 04 Consejo Distrital en ese Estado.

En dicha impugnación, la pretensión del actor consistió, en la declaración de nulidad de la referida elección porque, entre otras cosas, se inobservaron los principios constitucionales y legales que deben regir en todo proceso electoral, ya que, en su concepto, en los citados comicios se presentaron, antes y durante la jornada electoral, irregularidades graves que provocaron la afectación a dichos principios. Al respecto, el partido recurrente manifestó, entre otras, las irregularidades que han quedado señaladas al inicio de este considerando.

Por otro lado, como ya ha quedado asentado, al tenor de lo previsto en los artículos 41 bases I y III, párrafo octavo y 60 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 71 párrafo 1, inciso b), 108, 116 párrafo 1, inciso i) y 247 párrafo 1 incisos h) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa, la declaración de validez de ésta –previa calificación– así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez son actos que realizan los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral, dentro de la etapa de resultados y declaraciones de validez del proceso electoral federal.

Por tanto, es evidente que el juicio de inconformidad es el medio de impugnación procedente para combatir, entre otros actos, la declaración de validez de la elección de diputados federales electos por el principio de mayoría relativa y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, pues por mandato constitucional y legal, dicho medio de impugnación tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales federales relacionados con las elecciones de diputados al Congreso de la Unión.

Además, cabe señalar que a través del juicio de inconformidad, sí es factible impugnar irregularidades que conduzcan a la invalidez de la elección federal de diputados de mayoría relativa, aunque tales irregularidades se hayan producido en la etapa previa a la jornada electoral.

Sobre el tema, esta Sala Regional considera que los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral al tener la facultad de declarar la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa, deben verificar el cumplimiento de los principios y elementos esenciales e imprescindibles de toda elección democrática, exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, análisis que no puede estar restringido a las irregularidades que se den el día de la jornada electoral ni limitado el examen a las causas específicas que prevé el código sustantivo electoral, sino que debe abarcar todas las circunstancias comprendidas en el proceso electoral y que pudieron afectarlo, por contravenir los principios constitucionales.

Esta actividad admite conducir a dos resultados posibles: la declaración de la validez de la elección, o bien, la declaración de su invalidez.

Lo ordinario es que se emita una declaración de validez de la elección; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que por advertir la existencia de irregularidades que impliquen la inobservancia de los principios fundamentales que rigen a una elección democrática, se pueda declarar la invalidez de la elección.

Esta invalidez o, en su caso, nulidad, puede ser producto del examen oficioso que dicha autoridad se encuentra constreñida a realizar, por imperativo, entre otros, del artículo 116, párrafo 1, inciso i), en relación con el numeral 247, párrafo (sic), incisos h) e i) ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; o bien, por instancia de algún partido político, mediante la promoción del juicio de inconformidad.

En este contexto, debe estimarse que sí es admisible que mediante el juicio de inconformidad se hagan valer situaciones y circunstancias que puedan dar lugar a una declaración de invalidez o nulidad de la elección, aun cuando hayan ocurrido previamente a la jornada electoral; ya que no debe perderse de vista que los hechos y actos que pueden dar lugar a la inobservancia de principios fundamentales o esenciales, rectores de una elección, no provienen necesariamente de alguno de los órganos del Instituto Federal Electoral. Por otra parte, la repercusión de hechos y actos infractores de los referidos principios, en ocasiones sólo puede ser advertida con posterioridad a la jornada electoral.

Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación se dirigen contra los actos y resoluciones de alguno de los órganos del Instituto Federal Electoral.

En estas circunstancias, si las irregularidades se atribuyen a entes distintos a los órganos del Instituto Federal Electoral, es patente que esos actos no admiten ser combatidos por los referidos medios de impugnación previstos en el citado artículo de la ley adjetiva y, por tanto, no hay base para afirmar que la falta de impugnación de este tipo de irregularidades, queden exentas de algún tipo de control constitucional y legal, atendiendo a la definitividad de las etapas del proceso electoral federal, así como a que no admiten ser combatidas por alguno de los medios de impugnación previstos en la ley adjetiva electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante identificada como S3EL 012/2001, que se consulta en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, páginas 644 y 645, la cual lleva por título: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES.”

Una vez señalado lo anterior, esta autoridad procederá a determinar si de las irregularidades alegadas por el partido político accionante, y de su relación con los medios de prueba ofrecidos y aportados por la parte actora, se desprenden indicios suficientes que permitan establecer si en la elección cuestionada, existió o no la vulneración de los principios esenciales que debieron regirla.

Décimo. De los conceptos de agravio expresados en el escrito de demanda, analizados en forma integral el anteriormente transcrito y los invocados para cada una de las causales de nulidad que fueron analizadas en los considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo se puede concluir que en esencia el partido actor manifiesta que han sido violadas diversas disposiciones constitucionales y legales que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

I. Durante la etapa previa a la jornada electoral:

a). El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Centro aprovecharon recursos públicos en la campaña electoral en beneficio del Partido Revolucionario Institucional;

b). Inducción al voto por parte de funcionarios de la administración estatal, y

c). Inequidad en el manejo informativo y cobertura noticiosa en las campañas electorales que favorecen al Partido Revolucionario Institucional.

II. Durante la jornada electoral:

a). La recepción de la votación y el escrutinio y cómputo en diversas casillas por conducto de personas distintas a las señaladas por el código electoral que ocasiona la falta de certeza en los resultados electorales;

b). Irregularidades cometidas durante el cómputo de los votos en las casillas impugnadas que ponen en duda la certeza de la votación recibida;

c). Acarreo de votantes, en todo el distrito electoral, para que votaran en favor del Partido Revolucionario Institucional que obtuvo la mayor votación;

d). Violación al secreto y libertad del voto, y

e). Actos de violencia física y moral por parte del Partido Revolucionario Institucional para inducir al voto en su favor.

III. Durante la calificación de la elección:

a). La omisión por parte del Consejo Distrital de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y esenciales de la elección previamente a la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez.

Para demostrar lo argumentado, el partido actor aporta las pruebas siguientes:

Una vez identificada y descritas las pruebas ofrecidas por el partido actor, y tomando en consideración que el oferente no las relaciona con los agravios que señala, en base al principio de exahustividad que deben observar las resoluciones de las autoridades electorales, esta Sala procede a la valoración de las mismas, y en los casos que así proceda se tratará de establecer la relación de la prueba con algún hecho o agravio señalado por el partido actor, para estar en posibilidad de determinar si se acredita o no.

Como se puede apreciar del cuadro esquemático que precede, el partido actor ofrece como medio de prueba notas periodísticas y copias fotostáticas de notas periodísticas, las cuales en su gran mayoría, según se advierte, se encuentran relacionadas con la etapa de preparación de la elección, motivo por el cual por razón de método se iniciará con el estudio de las mismas, pero de antemano, se considera necesario precisar cual es el alcance probatorio que se les puede otorgar.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 16, párrafos 1 y 3 prevé que los medios de prueba admitidos deben ser valorados atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, teniendo en cuenta que las documentales privadas, gozan de eficiencia probatoria plena, cuando a juicio del juzgador, de los demás elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio y la relación que guardan entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos, acorde a lo anterior, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 38/2002, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 140 a 141, bajo el rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refiere, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias”.

Por lo tanto, si los documentos en cuestión se tratan de las publicaciones de diversos periódicos, relativas a distintas fechas y hechos, atendiendo las reglas y criterio referidos, lo más que podrían acreditar las constancias sería que la noticia, evento o entrevista fue difundida por un periódico o publicación, mas no que los hechos que en los mismos se describen o narran hubieren acontecido en los términos en los que se sostiene en las mismas, porque en todo caso sería necesario que el oferente lo corroborara con algún otro medio de prueba o convicción, puesto que su intención manifiesta consiste en demostrar, que durante la fase preparatoria del proceso electoral, diversas autoridades del Gobierno del Estado de Tabasco, realizaron proselitismo a favor del candidato a diputado del Partido Revolucionario Institucional del 04 Distrito Electoral Federal de ese Estado; que distintas dependencias de la administración pública estatal desviaron fondos públicos con la intención de la compra de votos a favor del candidato antes señalado; que existió represión en contra de los militantes del Partido de la Revolución Democrática en el aludido distrito y en toda la entidad; y asimismo que en los días previos a la jornada electoral se implementó todo un operativo para acarrear a los votantes y emitieran su voto a favor del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior es así porque estos son algunos de los hechos que se desprenden del agravio en estudio, y las publicaciones que han sido referidas apuntan hacia ese objeto. En razón de lo anterior al proceder a la valoración de las notas periodísticas se tratará de establecer la relación que guardan con las demás pruebas ofrecidas, con el fin de tratar de establecer un estado de certidumbre sobre los hechos en ellas narrados, porque como ya se había señalado, la mera publicación o difusión de una información por un medio de comunicación no trae aparejada, indefectiblemente, la veracidad de los hechos de que se cuenta, pues el origen de su contenido puede obedecer a muy diversas fuentes cuya confiabilidad no siempre es constatable, además de que en el proceso de obtención, procesamiento y redacción de la noticia o entrevista puede existir una deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos de la labor periodística o a la personal interpretación de los hechos por parte de quienes intervienen en su recolección, preparación y redacción.

Por otra parte se señala que en el procedimiento de valoración de las pruebas ofrecidas por el actor, para facilitar su identificación se hará la referencia de ellas con el número con el que el oferente las identificó en su escrito de demanda que es el que se encuentra en el cuadro esquemático en que se pueden observar los datos referentes al argumento planteado en el ofrecimiento y las síntesis de su contenido, por lo que se obtiene que:

Prueba 2. Copia fotostática de un recorte de periódico, con un encabezado que dice: denuncian desvío de trescientos ochenta y dos millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional. Aún cuando no se aporta el texto completo de la nota periodística, sino que únicamente aparece unos subtítulos de los que se permite suponer que quienes hacen las denuncias son un grupo de campesinos, los cuales acusan a la “Cimades” de ser “palera del tricolor”. Lo anterior a juicio de esta Sala, no aporta ningún elemento para crear la convicción de que efectivamente fue desviada tal cantidad al Partido Revolucionario Institucional, ya que no se precisan mayores datos, y no existe ninguna otra para corroborarlo.

Prueba 3. Consistente en una copia fotostática de un recorte de periódico, de lo que se puede advertir que se trata de una simple declaración de un miembro del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, señalando que no han recibido recursos para las campañas electorales y que eso no va a ser obstáculo para que las lleven a cabo, y que los únicos apoyos que han recibido son en propaganda. De lo anterior únicamente se desprende el indicio de que, el contenido la nota fue declarado por la persona que en la misma se señala, pero no se advierte ningún tipo de violación a la legalidad que rigen a los procesos electorales y que pudiera causarle algún agravio al oferente.

Las pruebas consistentes en copias fotostáticas de recortes de periódicos, con números 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 17, adminiculadas con la prueba técnica número 46, referidas a que el Ayuntamiento de Centro, llevó a cabo un programa denominado “pedaleando por mi educación”; indicios que permiten por la cantidad de notas periodísticas e impresiones fotográficas, suponer que efectivamente existió dicho programa; pero no que el mismo se hubiere utilizado para promover a los candidatos de un determinado partido político, porque si bien es cierto, en los textos de las notas existen diversas críticas al programa indicado, todas ellas se dirigen a que el programa se desarrolló en su parte final, durante el tiempo en que se llevaban a cabo las campañas electorales, pero en ningún momento consta que, so pretexto de dicho programa, se haya promovido el voto a favor de algún partido político, menos aún del Partido Revolucionario Institucional, como se advierte que pretende demostrar el oferente; tampoco se demuestra, por la escasa fuerza probatoria de los medios señalados, que los recursos públicos utilizados para el programa, hayan sido desviados para beneficiar una campaña política en lo particular, ya que para acreditar todo lo anterior sería necesario que existiera elementos probatorios que no dejaran dudas al respecto y que vincularán ese programa con la propaganda y con el resultado de la votación. Por lo que en tales circunstancias, con estas pruebas de ninguna manera se acredita que el referido programa, viole las disposiciones legales y constitucionales que rigen el proceso electoral federal y por lo tanto no se advierte que le cause algún agravio al partido actor.

Prueba 6. Por tratarse de una copia fotostática de un recorte periodístico su fuerza convictiva es mínima, por lo cual no es posible tener por ciertos los hechos en ella narrados, pero suponiendo que efectivamente una pipa del ayuntamiento mojará de manera intencional propaganda del Partido de la Sociedad Nacionalista, esta Sala no advierte que ello le pudiera ocasionar algún agravio al oferente de la prueba.

Prueba 11. Por tratarse de una copia fotostática de un recorte periodístico únicamente aporta un leve indicio de que algunos habitantes de la colonia las gaviotas suponen, que al parecer con “tintes electoreros” se entregaron doscientos setenta y siete paquetes de láminas; de la síntesis del contenido de la nota, se podría obtener que las personas mencionadas únicamente infieren un hecho que no les consta, con lo cual no se acredita que se hayan entregado las referidas láminas para promover la candidatura de algún partido político, y en tales circunstancias, esta prueba no acredita ninguna violación a las disposiciones legales a que se refiere el actor.

Por lo que se refiere a las pruebas señaladas con los números 12 y 13, 21 consistentes en recortes de periódicos; 71 prueba técnica denominada audio 1; 74 y 75 consistentes en las documentales privadas mediante las cuales se presenta y ratifica una denuncia, es preciso señalar lo siguiente: los recortes periodísticos crean un leve indicio, de acuerdo a lo que se señala en el texto, que el día treinta de mayo del año en curso se llevó a cabo una reunión en un “salón denominado Kristal-Rosa”, que en dicha reunión estuvo presente Manuel Andrade Díaz, Gobernador del Estado de Tabasco y Andrés Rafael Granier Melo Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro y distintos líderes del Partido Revolucionario Institucional, que en dicho evento se hizo referencia a la candidatura de Eugenio Mier y Concha Campos, asimismo que solicitaron apoyo para la candidatura de éste último. Ahora bien, tomando en consideración que de la información deriva de notas periodísticas, únicamente se menciona que se llevó a cabo la reunión indicada, sin que se advierta que algún periodista haya estado presente en la misma, esto permite suponer que los hechos que narran no les constan, que se basan en simples deducciones, basadas probablemente del dicho de las personas que estuvieron presentes en la reunión; por lo tanto los más que pueden acreditar es que el hecho tuvo realización, no los detalles del acontecimiento; en tal virtud sólo arrojan el indicio de la menor parte de su contenido, y en forma alguna son aptas para tener por ciertos los hechos que en las mismas se detallan.

Por otra parte dentro de las pruebas técnicas aportadas por el partido actor se advierte que una de ellas a la cual denominó audio 1; parece ser una entrevista para una estación de radio, se señala que quien la concede es Andrés Granier Melo, posteriormente varias preguntas y respuestas, sobre una reunión, y en síntesis se advierte lo siguiente: todo el dialogo es sobre el mismo tema, el entrevistado señala que en la reunión se dio a conocer un programa municipal, de desarrollo social; cuando se le interroga el motivo por el cuál estuvo Eugenio Mier, responde “una reunión”, se le pregunta “no pudiera tomarse como un acto de proselitismo” y el entrevistado responde “pero era el lugar cerrado, no un lugar público”, posteriormente insiste en que fue una reunión particular.

Aunque no se puede precisar que la persona entrevistada efectivamente sea Andrés Granier Melo, suponiendo sin conceder que sea esta persona, con la adminiculación de esta probanza y las notas periodísticas se podría arribar a la misma conclusión de que efectivamente se llevó a cabo la reunión en el salón “Kristal-Rosa”, y al mismo tiempo confirma la deducción que se obtiene del estudio de las pruebas anteriores, en el sentido de que se trató de una reunión privada, y por lo tanto no se puede saber con exactitud que temas se trataron en la misma.

Durante la reproducción de la cinta se advierten que partes de los diálogos están incompletos y otros no se escuchan correctamente.

El partido actor además aportó las constancias correspondientes con las que demuestra que se presentó una denuncia en la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día dieciocho de junio de dos mil tres, relacionada con los mismos acontecimientos a que se refieren las notas periodísticas, y se presume que posteriormente se ratificó; no obstante, que esa documental privada únicamente acredita, por contener un sello oficial de recibido, que se inició un trámite ante la autoridad señalada; pero de ninguna manera se pueden tener por ciertos los hechos que se denuncian, y en tales circunstancias no se advierte de la adminiculación de los documentos referidos, que existan constancias suficientes, para demostrar el agravio de que se duele el partido actor.

Pruebas 14, 15, 16, 18, 26 y 27. En estos medios de prueba que consisten en recortes de notas periodísticas se hace alusión a supuestos actos proselitistas llevados a cabo por el Gobernador del Estado de Tabasco, en el contenido de los textos diversas personas que en apariencia son entrevistadas coinciden en señalar que la autoridad antes citada realiza la conducta indicada; pero no se establece cuales son los actos a que se refieren, en que lugares se llevaron a cabo y menos aún las fechas de tales acontecimientos. Por otra parte tomando en consideración que provienen de un medio de comunicación, sin ningún otro elemento de prueba que las soporte, no trae aparejada, indefectiblemente la veracidad de los hechos que consignan , teniendo como efecto el que únicamente produzcan un indicio en base al cual, no es posible soportar una acusación de la magnitud de la que se duele el partido actor en el agravio que se estudia, toda vez que la finalidad del medio de prueba es producir la plena certidumbre respecto de un hecho que se afirma, y en este caso un simple indicio es insuficiente para tener por demostrado que el titular del gobierno del estado de Tabasco realizó actos de proselitismo a favor del Partido Revolucionario Institucional, como lo pretende el actor.

Prueba 19. Constituye un recorte de periódico que en su texto hace referencia a un supuesto comentario externado por un regidor de Nacajuca, en el sentido de que denuncia que se venden láminas a cambio de votos. Lo anterior no está soportado por ningún otro medio de prueba, por lo que en el supuesto de que fuera real lo afirmado por la nota, no dejaría de ser un simple comentario sin sustento alguno, y por lo tanto cualquier agravio que se pretenda basar con ésta prueba es inatendible.

Prueba 20. Copia fotostática de un recorte de periódico en cuyo texto se señala que a través de un programa denominado “sumando respuestas” el alcalde de Centro entregó recursos económicos a los comités de ciento veintitrés escuelas, lo que si bien no se corrobora con ningún otro medio de prueba, en el supuesto de que esto hubiere acontecido en la realidad, no se advierte que pueda contener alguna violación a las disposiciones electorales, ni tampoco que guarde relación con los agravios que puntualiza el partido actor, ya que se podría deducir que la nota informa sobre un programa social.

Pruebas 22, 23, 24 y 25. Consistentes en recortes de periódicos, las notas periodísticas aluden a que existió violencia por el proselitismo realizado por el titular del ejecutivo del Estado de Tabasco, sólo que del indicio derivado de las mismas se advierte que tal problema surge por una manifestación de simpatizantes del partido actor, los cuales tenían bloqueados los accesos al Municipio de Jonuta, del texto íntegro que las compone se obtiene que se debió a que las fuerzas de seguridad pública se enfrentaron con los manifestantes por el problema que ha sido referido, lo cual según diversas opiniones, tal hecho se lo atribuyen al Gobernador del Estado como una imprudencia. En este caso, toda vez de que las notas periodísticas coinciden en lo sustancial, este indicio, permite suponer que efectivamente sucedieron los hechos, que se llevó a cabo la manifestación, que ésta la realizaban simpatizantes del partido actor por encontrarse inconformes con las acciones de proselitismo que le atribuyen al gobernador; pero no son aptas para acreditar que el titular del ejecutivo del Estado de Tabasco haya realizado ningún acto tendiente a favorecer alguno de los partidos contendientes en la elección federal.

Pruebas 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42 y 47. Todas ellas referentes en recortes de periódicos en los que se señala un supuesto operativo tendiente a realizar un fraude electoral, acarreo de votantes y compra de votos a favor del Partido Revolucionario Institucional, una vez analizadas las notas periodísticas, se observa que sus redactores refieren que dicha información les fue proporcionada “por fuentes confiables”, en otros casos de documentos que les llegaron en forma anónima a las correspondientes redacciones, o la información deriva de supuestas entrevistas de personajes relacionados con la política; pero, con tendencias contrarias a las del partido cuyas actividades de campaña cuestionan. Todo esto sugiere en el ánimo de este órgano colegiado, que son simples afirmaciones carentes sustento ya que de lo contrario, existirían elementos de mayor convicción para tener por demostrado lo que se afirma, por otra parte si existen esos elementos que permitieran tener la plena certeza de que se llevaron a cabo conductas contrarias a las disposiciones legales y constitucionales que regulan un proceso electoral democrático, dichos medios no se encuentran en el expediente al alcance del juzgador y en tales circunstancias los agravios que guardan relación con el contenido de estas pruebas y que puntualiza el partido actor que le causa agravio no se tienen por demostrados.

Prueba 32. Copia fotostática de recorte de periódico, tocante a esta prueba, el encabezado propone una situación “infame y antihigiénico que el Partido Revolucionario Institucional use papel con tinta para envolver tortillas” y el texto de la nota señala que las tortillerías envuelven sus productos en papel que está impreso en tinta color rojo con el “logo” y el lema de ese instituto político, por lo que de entrada con el contenido de la propia nota, en caso de que fuere verdad lo afirmado, no se advierte ninguna transgresión a las normas electorales.

Prueba 36. Recorte de periódico con el que el partido actor intenta demostrar que existió inequidad en los medios de comunicación del gobierno del estado a favor del Partido Revolucionario Institucional, aportando como prueba para soportar su afirmación un supuesto moniterio realizado por el Instituto Federal Electoral, lo cual carece de veracidad ya que esa información está al alcance de cualquier partido político contendiente en la elección, por lo que en todo caso, suponiendo que fuese verdad lo afirmado por el oferente, éste no es el medio idóneo para acreditarlo y en tales circunstancias se incumple con la carga procesal de demostrar lo afirmado y por lo tanto no se acreditado el agravio que reseña el partido actor en el contenido de su demanda.

Prueba 41. Recorte de periódico, el partido actor argumenta en el ofrecimiento de la prueba que el programa a que se refiere la nota periodística operó para la compra y coacción del voto. Por su parte del texto que contiene dicha nota, señala que se informó que concluyó un programa denominado “entre todos” cuya finalidad era el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio, que se venía llevando a cabo desde inicios de la administración, de lo que se presume que no se trató de un programa improvisado con algún fin distinto al que señala el entrevistado y por lo tanto al no existir ningún otro medio de prueba que permita constatar lo afirmado por el partido actor, carece de fundamento lo expresado como agravio.

Prueba 43. El partido actor menciona que se relaciona con los hechos que acontecieron en ese distrito que influyeron en la decisión de participación o no de los funcionarios en la jornada electoral, sin aclarar a que hechos se refiere. Por su parte la nota afirma ser una declaración que el Presidente del Consejo Distrital del 04 Distrito Electoral en el Estado de Tabasco, que en caso de ser verídica, únicamente refiere que los ciudadanos que no aceptaron ser capacitados fueron sustituidos y que ya están integradas en 99.73% de las mesas directivas de casilla. Por lo que no se advierte que esto cause algún agravio al demandante.

Prueba 44. Contiene a una opinión personal expresada por una candidata, respecto de otro candidato. Por lo que no se advierte que sea una campaña de descrédito como lo señala el oferente de la prueba ya que se trata de un hecho aislado e incluso no corroborado.

Prueba 45. Menciona el oferente que con ésta se pone de manifiesto una campaña de descrédito de la imagen del candidato de su partido, por su parte la nota señala que el citado candidato pidió al Instituto Federal Electoral aplicar la ley para evitar que el Partido Revolucionario Institucional destruya propaganda de los abanderados perredistas, además de que no existe constancia de que se haya acudido a la autoridad electoral, no existe ningún otro elemento de prueba para respaldar una imputación directa por lo que no se acredita el motivo de la queja.

Pruebas 48 y 49. Consistentes en recortes de periódicos, 59 consistente en un documento mediante el cual se presenta una denuncia y 60 consistente en original de la escritura pública número 9,088. En las notas periodísticas cabe señalar que una de ellas destaca: “dejan en oficinas de Fernando Mayans credenciales de elector que utilizó el Partido Revolucionario Institucional” y la otra hace referencia al hallazgo de unas credenciales, en ambas notas se asegura que la información fue proporcionada por la persona referida, sin embargo no consta que haya hecho una imputación directa sobre el mal uso de las mismas, lo que refleja lo tendencioso de la información. Por su parte en la escritura pública se señala que únicamente se certifica y da fe del contenido de una bolsa con credenciales de elector, del referido instrumento se advierte que los hechos narrados sobre el hallazgo no le constan al fedatario. Por su parte existe el indicio de que efectivamente se presentó la denuncia ya que los documentos ofrecidos como prueba para el efecto constan en papel membretado de la Procuraduría General de la República.

Ahora bien, para los efectos del presente juicio de inconformidad resulta relevante el hecho que no fueron utilizadas en las elecciones federales, lo anterior según se observa en las copias certificadas de las credenciales de elector que obran en la escritura señalada; y si bien es cierto que lo denunciado constituye una irregularidad que podría tipificar una conducta delictiva, la competencia para determinarlo corresponde a la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos.

Por otra parte de la copia simple del escrito mediante el cual se presenta la denuncia, únicamente se acredita que el hecho se hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y que las credenciales a que se hace referencia se encuentran en poder de esa autoridad.

En base a las anteriores consideraciones, se puede concluir que los hechos a que se refieren estas pruebas, no guardan relación con la materia de la impugnación de este juicio y por lo tanto no es posible establecer la vinculación con los agravios que se analizan.

Pruebas 50. Consistente en un recorte de periódico que contiene encabezado que señala “gráficas de la violencia”, seis fotografías y unos textos al pie de la fotografías que indican lo siguiente: “Priístas y perredistas se enfrentan a golpes y verbalmente”, “Sujeto es detenido por la policía señalado de atropellar a reportero de la Verdad del Sureste”, “Los antimotines sembraron el terror en Ocuiltzapotlán”, “Omar Policroniades, reportero de la Verdad del Sureste yace en el suelo luego de ser embestido. Fue trasladado al hospital Rovirosa”, “Policía impide la entrada a una ciudadana a una casilla”; 53 consistentes en tres fotocopias de documentos; 66 pruebas técnicas ofrecidas por el actor consistentes en seis impresiones fotográficas con un texto anexo en una foja y 68 una cinta de video.

De las pruebas se puede advertir lo siguiente, de la adminiculación de la nota periodística y las impresiones fotográficas señaladas, arrojan el indicio de que los hechos sucedieron en realidad; por otra parte, es posible deducir que los mismos ocurrieron el día de la jornada electoral, por la coincidencia del texto de la nota periodística en que se señala que un policía impide la entrada a un elector a una casilla, y la descripción de las impresiones fotográficas del oferente de la prueba.

Ahora bien, que la responsabilidad de los hechos se le pueda atribuir únicamente al Partido Revolucionario Institucional, es incierto, ya que por una parte el actor pretende demostrar que el vehículo en que trató de huir uno de los responsables del conflicto, pertenece a ese instituto político, con la fotografía de una factura que señala Comité Directivo Estatal, lo cual estrictamente no produce la certeza necesaria; y por otra, la nota periodística señala que: “Priístas y perredistas se enfrentan a golpes y verbalmente”.

En cuanto al video casete ofrecido como prueba, en el acta circunstanciada elaborada por la secretaría general de este órgano jurisdiccional, se hace constar que no contiene imagen y sonido, lo cual impide la valoración de los argumentos indicados por el oferente respecto a su descripción.

Prueba 51. Consistente en un recorte de periódico, del texto se advierte que una persona de nombre Francisco Macossay emite una opinión sobre el desarrollo del proceso electoral en donde desde su punto de vista se cometieron varias violaciones, señalando que el Partido Revolucionario Institucional debe entender que la mayoría de los tabasqueños no votó por él. Cabe precisar que a esta persona se le identifica como dirigente estatal del Partido Acción Nacional por lo que, únicamente es un reflejo de una opinión sobre sus adversarios políticos y que no existe sustento alguno sobre las ilegalidades que menciona y por lo tanto no puede esta prueba acreditar ninguna de las violaciones que alega el actor.

Prueba 52. Dos copias fotostáticas de un documento que tienen un encabezado que dice, “Partido Revolucionario Institucional”, “Comité Directivo Estatal Tabasco”, “Secretaria de Acción Electoral”, “Coordinación Operativa de la Estrategia 2003”, “Responsable de Sección”, en dicho documento se aprecia una credencial de elector a nombre de María Tila Aguilar Palomeque. El oferente menciona que se presume que la persona antes señalada fue responsable de sección.

Como quedó señalado el documento consta en copia fotostática por lo que no es posible corroborar su autenticidad, y suponiendo sin conceder que en realidad pertenezca al partido que se indica, aparenta ser un documento de organización interna, y en el cual no se observa ninguna irregularidad.

Pruebas 54 y 64. En cuanto hace a la documental privada con el título “narrativas de hechos” que el partido actor ofrece en diecinueve fojas, que contienen escritos firmados por: Fernando Luis Mayo Ramírez, Juana Imelda Sánchez Hernández, José María Sarao Hernández, Rafael López Galván, Cirilo Cruz Dionisio, Neftalí Soberanes Álvarez, María del Pilar de la Cruz Marín y Emilio Hernández Soberano, Sara Margarita Alfaro García y Jorge Enrique Álvarez Flores, como consta en los documentos anteriormente referidos que obran a fojas 195 a 213, 440 a 444, 436 y 456 del cuaderno principal, se indica que fueron ratificados en su contenido y firma ante el Notario Público número veintisiete del Estado de Tabasco, debiendo hacerse la precisión que para los efectos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no pueden ser tomados en cuenta ya que no reúnen lo establecido por el párrafo 2, del artículo 14 de la ley indicada, que señala los requisitos específicos para el efecto, y en este caso la declaración no fue recibida directamente por el fedatario y además no se asienta la razón del dicho de los declarantes, por lo tanto para efectos de su valoración se le atribuye el carácter de documentales privadas.

En cuanto al contenido de la prueba que el partido actor denomina “narrativa de hechos” cabe señalar que los propios signantes, manifiestan ser representantes generales del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral en las elecciones para elegir diputados en el 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, en tales circunstancias a juicio de esta Sala, lo manifestado en los escritos de cuenta carecen de fuerza convictiva en base a que como ellos mismos lo precisan, fungieron como representantes del partido actor ante las casillas que en los propios documentos se indican, por lo que cabe presumir que los hechos narrados, son una declaración unilateral con el fin de favorecer a los intereses del partido político que representaron el día de la jornada electoral, aunado a que en base al principio de inmediatez de la prueba, se puede presumir que fueron inducidos para el efecto, por la similitud en que se encuentran redactados, y por las fechas en que consta que los mismos quedaron asentados, correspondientes al once y doce de julio del año dos mil tres, es decir entre cinco y seis días después de la jornada electoral, por lo que en tales circunstancias solamente se les concede un valor probatorio indiciario leve, y para que tengan la suficiente fuerza convictiva deberán ser adminiculados con otras probanzas, y en virtud de que el partido actor no lo señala así, en caso de que se advierta la relación, se retomará la valoración de las mismas.

De las pruebas 55, 56 y 57. En que el partido actor ofrece como medios de convicción, consistente en el proyecto de acta de sesión de fecha doce de mayo del año en curso; proyecto de acta de sesión de fecha diez de abril del mismo año; y, copia certificada del acta de la sesión ordinaria de fecha treinta de junio de dos mil tres, el oferente según manifiesta que pretende acreditar diversas violaciones, las cuales a juicio de la juzgadora no quedan demostradas por lo siguiente: En el primer proyecto de acta referido, atendiendo a lo que se señala que se pretende demostrar, si bien es cierto que el representante del Partido Acción Nacional, en uso de la palabra aseguró que en el 04 Consejo Distrital se estaba utilizando un vehículo del Gobierno del Estado de Tabasco, dicha circunstancia no quedó debidamente acreditada, y se le aclaró que el vehículo a que se refiere pertenece a al Instituto Federal Electoral, motivo por el cual no se acredita ninguna irregularidad.

Respecto a lo que pretende demostrar el partido actor con el segundo de los proyectos de acta referidos, y que guarda relación con los capacitadores electorales, tampoco se advierte ninguna irregularidad, ya que consta en el documento que lo acontecido en la sesión del consejo distrital, es que se informó de la renuncia uno de ellos, de nombre Felicitas Martínez Hernández y que la plaza ya había sido cubierta conforme a los lineamientos establecidos para el efecto, constando que se dio lectura al documento mediante el cual la persona que se separó del cargo comunicó su determinación, para lo cual manifestó que era con carácter de irrevocable ya que por motivos profesionales no podía continuar desempeñándose en ese cargo; en base a lo anterior, esta Sala, de los documentos analizados no advierte que el hecho asentado pueda ocasionarle algún agravio al oferente, ya que no se advierte ninguna irregularidad.

En lo que concierne a la copia certificada del acta de sesión ordinaria de treinta de junio del presente año, con la cual el partido actor pretende demostrar que su representante ante el Consejo Distrital del 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco denunció una serie de irregularidades, consta que en la referida sesión, el representante indicado en uso de la palabra hizo alusión a actos violentos que atribuyó al Gobierno del Estado con la intención de confundir al electorado, acusando de que mediante el fraude electoral permanecen en el gobierno y que mantienen una red de activistas y promotores del voto para el Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, pero sólo fue eso, una mera imputación verbal, sin que conste en el acta que haya presentado algún medio de prueba para demostrar lo afirmado. En tales circunstancias esta Sala considera que el simple hecho de hacer una manifestación pública de diversas irregularidades, sin soportarlo con algún medio en que se pueda corroborar la veracidad de lo afirmado, en ningún momento es un medio para acreditarlas, y por lo tanto si el agravio se funda en esa simple imputación, se tiene por no comprobadas las mismas, por no encontrarse sustentadas con los medios de prueba necesarios.

Prueba 61. Consistente en copia fotostática que en su contenido a la letra dice: “personal que apoyó el seis de julio en las elecciones”, también contiene seis nombres, misma que el oferente relaciona con los videos que aporta como prueba, por consiguiente en el supuesto caso en que se encuentre relación como lo indica, se retomará su valoración con las referidas pruebas técnicas.

Respecto a las pruebas 1, 58, 62 y 63. Se considera que no guardan relación con el agravio.

Pruebas 65, 67, 68, 69 y 70. En cuanto a las pruebas consistentes en seis fotografías que obran de las fojas 463 a 469 del cuaderno principal, y los video casetes identificados como: video 1, video 2, video 3 y video 4, este órgano colegiado advierte lo siguiente:

Por acuerdo de fecha veintidós de julio del año en curso se ordenó documentar el contenido de los video casetes ofrecidos como prueba por el partido actor y levantar el acta correspondiente; que la diligencia respectiva se llevaría a cabo en la Sala de sesiones de este órgano jurisdiccional el día veinticuatro del presente mes y año, y se acordó que en dicha diligencia podrían estar presentes un representante autorizado de cada una de las partes, las que fueron notificadas personalmente.

Como consta en el acta relativa a la diligencia ordenada, que obra a foja 668 del cuaderno principal, en representación de las partes, sólo acudió un representante del partido tercero interesado.

Antes de proceder a la valoración de las pruebas, se considera necesario precisar lo siguiente: al proyectar los video casetes, identificados como video 1 y video 2, no contienen ninguna imagen ni sonido, y el video identificado como video 4, las imágenes que presenta no guardan ninguna relación con la materia de la impugnación. Éste último (video 4) tal y como consta en el acta correspondiente, contiene lo siguiente: inicia únicamente con audio de lo que parece ser una asamblea del Partido de la Revolución Democrática, posteriormente cuando aparecen las imágenes se observa que están colocando propaganda del partido oferente de la prueba, y en la toma siguiente se observan imágenes y diálogos correspondientes a una reunión familiar. Tomando en consideración lo anterior, se considera innecesaria su valoración, por que como ya se dijo, no guardan relación con los actos impugnados mediante el presente juicio de inconformidad.

Ahora bien, respecto video casete identificado como video 3, el cual contiene escenas grabadas durante la jornada electoral, su contenido se puede resumir de la siguiente manera:

Inicia con unas tomas de la jornada electoral en que se observan a varios electores ejerciendo su derecho al sufragio, con toda normalidad, de lo cual no se advierte irregularidad alguna.

La mayor parte de la grabación se desarrolla en una misma calle, en la cual se enfocan las tomas con mayor interés a una casa habitación que, cuando se realiza un acercamiento hacia la misma, es posible identificarla por una placa que se encuentra colocada en la parte exterior y que dice: Familia Cornelio Ruiz And. del Tatoan número 7, y otro edificio que es posible identificar por una manta colocada en el exterior que señala: Instituto Federal Electoral Sección 990 Municipio o Delegación Nacajuca Distrito 04 Tipo Básica que al parecer es una escuela. La casa habitación, según se aprecia en las tomas, se encuentra en la acera de enfrente de lo que se pude presumir se instaló la casilla indicada, a una distancia de treinta o cuarenta metros aproximadamente.

Lo que se puede observar de las tomas de la casa indicada, es que continuamente se detuvieron varios vehículos frente a ella, de los cuales descendían una o dos personas, que conversaban con otras que se encontraban en la parte exterior de la casa habitación y se retiraban, otras personas ingresaban a la misma y poco tiempo después se retiraban.

En la calle se observan varias personas caminando, una de ellas entraron y salieron en varias ocasiones de la casa habitación, otras simplemente conversaban con algunas personas que se encontraban en el exterior y se retiraban. Cabe precisar que las personas que se indican, en ningún momento ingresaron a la casilla, con excepción de dos, una de sexo femenino que al parecer llevaba en las manos recipientes con alimentos permaneció unos minutos en el interior de la casilla y regresó a la casa habitación.

La otra persona que ingresó a la casa, en una sola ocasión, por un minuto o dos; y en varias ocasiones a la casilla, siempre portaba unos documentos en la mano, es la misma que aparece en la fotografía que se encuentra a foja 467 del cuaderno principal del expediente.

Respecto a este último, participó en un incidente que fue grabado a una distancia relativamente cercana, ya que se escucharon parte de los diálogos. El incidente es el siguiente: en una de las ocasiones que estaba por ingresar a la casilla fue abordado por un grupo de cuatro o cinco personas de sexo masculino, uno de ellos le dice: “que anda haciendo usted”, en ese mismo momento le quitó los documentos que llevaba en la mano, la persona señalada dijo: “porque me quita eso, sí me lo da, yo soy responsable general, no sabe lo que es ser responsable general, anda supervisando”, una de las personas que lo abordaba le dice: “allá está tu trabajo, allá está la mapachera”, otra persona le pregunta: “porque anda de casilla en casilla”, y el interrogado contesta: “yo soy representante general”, otra persona le dice: “anda de casa en casa, hermano”, el interrogado les muestra un papel y se escucha que les dice: “yo aquí tengo un representante de candidato”, posteriormente la persona que se identifica en la fotografía referida ingresa al lugar en donde está instalada la casilla.

En lo que se refiere a las fotografías que relacionan con este video casete, se pude advertir lo siguiente, el automóvil que aparece a fojas 463 y 465, sí visitó la casa señalada, en ningún momento la casilla. La persona que identifican en las fotografías que obran a fojas 456 y 466, sí visitó la casa, en ningún momento la casilla, y la casa que aparece en la fotografía que obra a foja 469, es la misma que se señala en la descripción del video casete.

De lo anterior se advierte que con los elementos de prueba aportados por el partido actor, no se acredita alguna violación a las disposiciones legales que rigen la jornada electoral, y se presume, por los diálogos transcritos, que los documentos que portaba la persona que participa en el incidente, no corresponden a una lista nominal, ya que lo que mostraba es su acreditación, posiblemente de representante general de algún partido político, esto último no se pude establecer con toda precisión.

Pruebas: 72 y 73. Consistentes en dos audio casetes, cuya transcripción de los diálogos se encuentra detallada en el acta referida en el apartado anterior, de los mismos se advierte lo siguiente:

Audio 2: Parece ser una entrevista para una estación de radio, en que se interroga a una persona de sexo femenino, que en varias partes del diálogo, se refiere a sí misma como Ana Lila. En términos generales la interrogada habla de las obras sociales que ha llevado a cabo para su comunidad, enfatiza en que ha ayudado a muchas personas, que Andrés Manuel López Obrador la instruyó cuando ella fue diputada federal, se puede advertir que es candidata a diputada federal por el Partido Alianza Social, cuando se le interroga, supuestamente por los radioescuchas sobre sus promesas de campaña, al responder hace referencia a que diputados de todos los partidos Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo y Verde, todos, han ofrecido y no les han cumplido. Posteriormente se le cuestiona sobre su apoyo a Manuel Andrade en el proceso electoral pasado y justifica su decisión.

De lo anterior se puede advertir que es una persona que intenta demostrar a un auditorio que ha realizado muchas obras sociales, que tiene mucha experiencia en la política, que en todo momento está dispuesta para ayudar a las personas, que los diputados locales y federales que todo mundo conoce en Tabasco no han cumplido sus promesas.

Audio 3: Aparenta ser una entrevista en un programa radiofónico se identifica así mismo como Eugenio Mier y Concha, en términos generales la entrevista se desarrolla en torno a sus propuestas de campaña, el entrevistado expone los planes para reactivar la economía del Estado, hace el compromiso de representar al Cuarto Distrito Electoral ante la Cámara de Diputados, cuando se le interroga sobre el candidato del Partido de la Revolución Democrática estima que éste lleva ventaja por ser diputado local, posteriormente señala que la ventaja la va a dar la ciudadanía, si él ha cumplido con su encomienda, la ciudadanía lo puede premiar, cuando se le interroga sobre un debate con Fernando Mayans el entrevistado contesta: el partido tiene sus estatutos y reglamentos, muy cierto lo que dice Fernando, el partido tiene que decidir, pero yo creo que hay partidos que buscan el debate precisamente porque saben que no tienen, que no levantan, y quieren utilizar; termina la entrevista hablando de sus planes económicos para el Estado de Tabasco.

Del contenido de las pruebas aportadas por el partido actor se advierte que: lo que pretende demostrar el oferente sobre “una estrategia orquestada para la descalificación del Partido de la Revolución Democrática”, no se acredita, porque en todo caso, suponiendo que las entrevistas sean concedidas en los términos que aparentan ser, únicamente reflejan opiniones personales relativas a una campaña electoral, y con ello no se acredita el agravio propuesto.

En relación a los agravios esgrimidos por el Partido de la Revolución Democrática, relativos a la pretendida invalidez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco, deben desestimarse toda vez que analizadas en su totalidad las pruebas ofrecidas para el efecto, resultan insuficientes para acreditar las violaciones alegadas, por las razones expuestas respecto a cada una de ellas, y que permiten llegar a la siguiente conclusión.

De los medios de prueba aportados por el partido político actor, esta Sala estima que no existen elementos que pudiesen acreditar plenamente que el Titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, los funcionarios de la administración pública local o los funcionarios municipales, aprovecharon recursos públicos para beneficiar la campaña electoral del candidato a diputado por el 04 Distrito Electoral Federal, del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que las notas periodísticas que fueron otorgadas para acreditarlo, sugieren que en esa entidad se llevaron a cabo diversos programas sociales, más no se acredita que mediante ellos se haya hecho promoción a partido alguno, así como tampoco que las autoridades señaladas hayan realizado proselitismo a favor del candidato mencionado.

Por otra parte, el partido actor aporta como prueba una nota periodística con la que pretende acreditar la inequidad, que asegura, existió durante el campaña electoral en los medios de difusión, en cuanto a esto, se considera que se trata de un simple elemento informativo carente de cualquier valor probatorio, no obstante que en la mencionada nota periodística se haga referencia a un supuesto monitoreo realizado por el Instituto Federal Electoral, ya que la información consignada no es susceptible de verificación, y por lo tanto no existen los elementos suficientes para calificar su confiabilidad y en tal virtud resulta incierto que no haya habido equidad en los medios de comunicación para todos los partidos políticos, previamente al día de la jornada electoral.

Tampoco se acredita el supuesto operativo implementado para presionar, e inducir a los electores a sufragar por el partido político que obtuvo la mayoría de votos en la elección impugnada, toda vez que si bien es cierto que las notas periodísticas y demás documentos aportados sugieren un indicio al respecto, éste no es posible corroborarlo con otros medios, y por lo tanto al no existir la suficiente fuerza demostrativa para dar por cierto el hecho sin lugar a dudas, no generan el grado de convicción pleno para tener por demostrados los argumentos.

Tomando en consideración lo antes concluido, y toda vez que los hechos antes señalados no se encuentran plenamente acreditados, esta Sala debe de desestimar las alegaciones vertidas al respecto declarándose infundados los agravios vertidos por el actor.

Décimo primero. De las casillas que fueron impugnadas en lo individual la inconformidad que adujo la parte actora fue acreditada en las casillas 262-B, 958-B, 984-C1 y 987-C1, por lo tanto se procede a declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas por lo que hace a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, conforme al cuadro siguiente:

Votación anulada.