RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-1026/2021

RECURRENte: GENARO MARTÍN ZÚÑIGA SOTO

AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la SEGUNDA Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en monterrey, nuevo león

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIoS: RODRIGO QUEZADA GONCEN Y Oswaldo Alejandro López Arellanos

Colaboró: claudia marisol lópez alcántara

Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma la resolución recurrida dictada por la Sala Regional Monterrey, la cual, a su vez, ratificó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría emitida a favor de la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional, relativa a la elección de la diputación federal por el principio de mayoría relativa en el distrito 02, en el Estado de Guanajuato.

I. ASPECTOS GENERALES

En el presente recurso de reconsideración se cuestiona la sentencia de la Sala Regional Monterrey, en los expedientes SM-JIN-29/2021 y SM-JDC-618/2021, acumulados, por la cual: a) se modificaron los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputación federal por el principio de mayoría relativa en el distrito 02 con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato; y b) se confirmaron, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.

Lo anterior, al considerarse que las irregularidades hechas valer por los ahí actores no generaban la nulidad de la votación recibida en las casillas que impugnaron, salvo la casilla 218 C1.

En este sentido, corresponde a esta Sala Superior revisar la legalidad de la resolución impugnada, a la luz de los agravios expresados.

II.    ANTECEDENTES

De lo narrado por el recurrente y de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes hechos:

1.         Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

2.         Sesión de cómputo distrital. El nueve de junio siguiente, el Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende, concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. En la misma fecha, entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional[1]. Los resultados del cómputo fueron los siguientes:

3.         Medios de impugnación federales[2]. El trece de junio del año en curso, el Partido Acción Nacional y el candidato de MORENA a Diputado Federal, Genaro Martín Zúñiga Soto, presentaron juicio de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, respectivamente, contra los resultados de la votación de la elección de diputaciones federales en el distrito 02 con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, los cuales se registraron en la Sala Monterrey con las claves SM-JIN-29/2021 y SM-JDC-618/2021.

4.         Acto impugnado. El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, la Sala Regional Monterrey dictó sentencia en los juicios antes mencionados, los cuales acumuló.

5.         Recurso de reconsideración. El veintisiete de julio posterior, Genaro Martín Zúñiga Soto presentó ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior, recurso de reconsideración a fin de impugnar la sentencia señalada en el párrafo anterior.

6.         Turno. El Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SUP-REC-1026/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.         Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el expediente, admitió a trámite la demanda y, finalmente, al no existir diligencia pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución.

III. COMPETENCIA

8.         La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto en contra de una sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, en los juicios en los que se controvirtieron los resultados de los cómputos distritales para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

9.         Lo anterior tiene fundamento en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI, 60, párrafo tercero, y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, fracción I, y 169, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 61 y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. POSIBILIDAD DE RESOLVER EL ASUNTO EN SESIÓN POR VIDEOCONFERENCIA

10.        Esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 8/2020,[3] en el cual, si bien se reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo, determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta. En ese sentido, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no presencial.

V. PROCEDENCIA

11.        Forma. La demanda se presentó por escrito, consta el nombre y firma autógrafa del recurrente; se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, los hechos y los agravios que se estiman pertinentes.

12.        Oportunidad. El recurso se interpuso de manera oportuna, porque la sentencia impugnada se emitió el veintitrés de julio del año en curso y notificada por estrados al día siguiente; en tanto que la demanda se presentó el veintisiete del mes y año en curso, esto es, dentro del término de tres días siguientes a que se notificó.

13.        Legitimación. Se cumple el requisito porque el promovente participó como candidato a una diputación federal postulada por MORENA. Esto, de conformidad con la jurisprudencia 3/2014, de rubro: “LEGITIMACIÓN. LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, LA TIENEN PARA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN”.

14.        Interés. Se colma el requisito, porque el recurrente promovió uno de los medios de impugnación en la primera instancia y aduce que la sentencia impugnada afecta su esfera de derechos.

15.        Definitividad. Se cumple con este requisito, debido a que no procede algún otro medio de impugnación.

16.        Requisitos especiales de procedencia. Los requisitos se consideran satisfechos en términos de las siguientes consideraciones.

17.        A. Sentencia definitiva de fondo. El requisito previsto en el artículo 61 de la citada Ley de Medios está satisfecho, porque el acto impugnado es una sentencia de fondo, dictada por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, en los juicios acumulados SM-JIN-29/2021 y SM-JDC-618/2021, promovidos por el Partido Acción Nacional y Genaro Martín Zúñiga Soto, otrora candidato a diputado federal, para impugnar los resultados de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el distrito electoral federal 2 (dos) del Estado de Guanajuato, con cabecera en San Miguel de Allende. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 22/2001, de rubro: “RECONSIDERACIÓN. CONCEPTO DE SENTENCIA DE FONDO, PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO”.

18.       B. Conceptos de agravio susceptibles de modificar el resultado de la elección. Cabe destacar que este requisito se debe entender como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el recurrente, en razón que ello implicaría entrar al estudio de fondo del recurso, antes del momento procesal oportuno, lo cual sería contrario a la técnica procesal y a los principios del debido proceso legal; por tanto, con independencia de que le asista o no la razón, se debe analizar el fondo de la controversia.

19.       Así, se tiene por satisfecho el citado requisito especial de procedibilidad, porque el recurrente expresa conceptos de agravio tendientes a que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas en la elección de diputados federales, por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral federal 2 (dos) del Estado de Guanajuato, con cabecera en San Miguel de Allende, con la finalidad de que haya cambio de ganador, y se le expida la constancia de mayoría respectiva.

20.       C. Presupuesto. A juicio de esta Sala Superior, en este caso se actualiza el presupuesto de procedibilidad previsto en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la precisada ley adjetiva electoral federal, porque el recurrente aduce que la autoridad responsable resolvió de forma incorrecta sus conceptos de agravio, en los cuales se adujo que se actualizaban diversas causales de nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla.

21.       De igual modo, se cumple con el requisito previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), pues se expresan agravios por los que se aduce que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. En el caso, se cuestiona la validez de la votación recibida en más de quinientas casillas y que, por ello, se podría actualizar la nulidad de la elección por vicios en más del 20% de las casillas; de ahí que sea procedente el recurso de reconsideración.

VI. CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE

22.        La Sala Monterrey determinó declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 218 C1 y, por tanto, modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital; sin embargo, confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.

23.        En este sentido, la Sala responsable sostuvo lo siguiente:

ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA

Tema i. Entrega, sin causa justificada, del paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que la ley señale (artículo 75, párrafo 1, inciso b[4]).

La Sala responsable consideró que no asistía razón a los impugnantes, porque de las constancias del expediente advertía que la remisión de los paquetes al consejo distrital fue inmediatamente y los paquetes se recibieron sin muestras de alteración.

Tema ii. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados (artículo 75, párrafo 1, inciso e[5])

La Sala Monterrey estimó ineficaz lo alegado por el candidato y el Partido Acción Nacional, porque incumplieron con su carga de especificar, además de la casilla impugnada, algún dato mínimo para identificar al funcionario que, desde su perspectiva, actuó integrando la mesa directiva de casilla sin pertenecer a la sección electoral correspondiente, como podría ser a través de la mención de alguno de los nombres o apellidos.

Tema iii. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación (artículo 75, párrafo 1, inciso g[6])

La Sala Regional concluyó que en 5 casillas se acreditó que un ciudadano votó conforme a la lista nominal, pero este voto no fue determinante, sin embargo, sí se acreditaba la causal de nulidad en 1 casilla.

Apuntó que, respecto a las casillas 210 C1, 216 B, 218 C1, 223 C1, 224 C1 y 520 C5, si bien, de acuerdo con los documentos analizados se desprendía la existencia de una incidencia que podría conllevar la nulidad de la votación, lo cierto era que no obstante ello, estaba obligada a analizar si esa irregularidad era o no determinante para el resultado de la elección.

Por otra parte, que respecto a la casilla 218 C1 se observaba que en la hoja de incidentes y en el acta de jornada se asentó que se entregaron tarjetas para votar en casilla contigua y tocaba básica, de lo que se advertía que sí se actualiza la causal, ya que no había elementos que demostraran lo contrario, como su cancelación, destrucción, o que se las hayan recogido o similares.

De modo que, la irregularidad invocada sí era determinante para el resultado de la elección y, por tanto, procedía declarar la nulidad de la votación recibida y realizar la recomposición del cómputo distrital.

Tema iv. Haber impedido, sin causa justificada, el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado (75, párrafo 1, inciso h[7])

La Sala responsable consideró ineficaz el agravio, porque el impugnante incumplió con la carga de señalar el tipo de casilla en la que presuntamente se le impidió el acceso al representante de MORENA.

Tema v. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación (75, párrafo 1, inciso i[8])

La Sala Regional señaló que no asistía la razón a los inconformes, porque de los hechos manifestados en su demanda no se encontraba acreditado que los actos tuvieran como finalidad presionar a los funcionarios de casilla o al electorado para emitir su sufragio por una opción política y que impidieran la actividad ordinaria de la casilla.

Tema vi. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado. (75, párrafo 1, inciso k[9])

La Sala Regional concluyó que el agravio era ineficaz, porque de la simple lectura de los argumentos que se plasmaron en la demanda, se advertía que los mismos referían a supuestas irregularidades genéricas, vagas e imprecisas, que en forma alguna constituían agravios debidamente configurados.

Destacó que el actor no realizó alguna mención del porqué debían considerarse las irregularidades como graves y que transcendieron en el resultado de la votación, sino que se limitó a señalarlas de manera genérica.

ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE ELECCIÓN POR IRREGULARIDADES EN CASILLA

La Sala Monterrey consideró que no se actualizaba la causal de nulidad de elección genérica por presuntas irregularidades graves acontecidas durante la jornada electoral.

Lo anterior, porque los hechos narrados por el impugnante en su escrito de demanda no podían configurar la causal genérica de nulidad de elección, porque cuando el planteamiento de nulidad de elección se base en hechos particularizados en torno a ciertas casillas identificadas y que pudieran actualizar las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios, será ineficaz, pues, en todo caso, dichas anomalías podrían anular los resultados obtenidos en esas casillas individualizadas y, solamente si se anulara por lo menos el 20% de las casillas que componen el distrito, se actualizaría el supuesto específico de nulidad de elección.

Por todo lo anterior, derivado de la nulidad de casilla 218 C1, la Sala Regional anuló la votación ahí recibida en la misma y, por tanto, efectuó la recomposición del cómputo del Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato con cabecera en San Miguel de Allende, de la Elección de Diputado Federal de mayoría relativa.

Tomando en consideración que la anulación de la votación recibida en la casilla indicada y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital no traían como consecuencia un cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvieron el mayor número de sufragios, la Sala Regional resolvió confirmar la declaratoria de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

VII. PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE RECURRENTE

24.     Por razón de método, los conceptos de agravio hechos valer por el enjuiciante serán analizados en orden distinto al expuesto en su demanda, sin que su examen en conjunto, por apartados específicos o en orden diverso al planteado, le genere agravio alguno. El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

25.     En el agravio segundo, el recurrente señala que la sentencia no es exhaustiva, pues no atiende a todos los puntos planteados y refiere que también presenta una deficiente fundamentación y motivación.

26.     Tal argumento resulta inoperante, pues el recurrente no expone cuáles fueron los argumentos que planteó y que considera no analizó la Sala Regional, sin que baste la afirmación genérica en ese sentido, pues implicaría que el juzgador hiciera una revisión oficiosa de la resolución impugnada, por lo que prevalece una carga procesal mínima para el promovente.

27.     En el agravio tercero, el inconforme refiere que a pesar de que la Sala reconoce que procede la anulación de la votación cuando se hubiese recibido por personas que no pertenecen a la sección electoral de la casilla respectiva, no analizó bajo esa óptica sus agravios, a pesar de que señaló que se actualizaba esa cuestión en diversas casillas, en las que indicó que se desprendían los nombres y cargos de los funcionarios que no existían en la lista nominal de la sección electoral ni en la lista nominal, violando un precepto legal indispensable para poder participar como funcionarios de casilla.

28.     Esta Sala Superior considera que los anteriores argumentos resultan infundados, pues para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es necesario proporcionar (1) el número de la casilla cuestionada y (2) el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente, dato que no señaló el inconforme.

29.     En términos del artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios[10], la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General.

30.     En relación con esta causal de nulidad, se destaca que en la jurisprudencia 26/2016[11], se sostuvo que, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la referida causal de nulidad, era necesario que en la demanda se precisen los requisitos siguientes:

a) Identificar la casilla impugnada;

b) Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y

c) Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación.

31.     El criterio en cuestión buscó evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

32.     De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

33.     En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

34.     Ahora bien, al resolver el expediente SUP-REC-893/2018, con el fin de privilegiar un análisis racional de los elementos que, en cada caso, hagan valer los demandantes para estimar actualizada la causal de nulidad relativa a que la votación recibida en una casilla se efectuó por personas no facultadas, esta Sala Superior estimó procedente interrumpir dicha jurisprudencia y adoptar el criterio de que es suficiente que el interesado aporte (1) los datos de identificación de cada casilla, así como (2) el nombre completo de las personas que considera que recibieron la votación sin tener facultades para ello.

35.     Se precisó que, con esto no se incentivaba una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio adoptado no permite que se analice una causa de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es (1) la casilla y (2) el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.

36.     Expuesto lo anterior y, como se anticipó, no tiene razón el recurrente, porque como lo señaló la Sala Regional, se abstuvo de especificar, además de la casilla impugnada, algún dato mínimo para identificar al funcionario que, desde su óptica, actuó integrando la mesa directiva de casilla sin pertenecer a la sección electoral correspondiente, como podría ser a través de la mención de alguno de los nombres o apellidos y no limitarse únicamente a enunciar las casillas.

37.     En efecto, del escrito de demanda se aprecia que el recurrente señaló lo siguiente:

“Cabe precisar que dentro del proceso electoral existen inconsistencias, irregularidades y sobre todo manipulación burda y evidente de la jornada electoral. Es por ello que pedimos a este H. Tribunal, revisar de manera correcta y eficiente la irregular e ilegal integración de las mesas directivas de casillas, ya que la instalación de las mismas no son ajustadas a derecho, violando su integridad con lo establecido en la ley de la materia, toda vez que la integración de dichas casilla no fue de forma procedimental ni apegada a derecho, tal y como estaba establecido en el listado de Ubicación e Integración de las Mesas Directivas de Casilla Única de la Jornada Electoral del 6 de Junio del 2021 para el Distrito Electoral Federal 02, certificado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A continuación agrego el listado de las casillas con la anomalía de los funcionarios que integraron tal mesa directiva, ciudadanos que se les ha otorgado al momento de la elección el carácter de funcionario electoral, mismos que no tienen facultad para suplir a los integrantes que se encuentran dentro de las listas de Ubicación e Integración de las Mesas Directivas y que quedan asentados, sin seguir el procedimiento de suplencia y nombramiento, violando con ello una regla sustancial de requisito que debe de tener y cumplir cualquier ciudadano que pueda fungir como funcionario de casilla para el día de la votación, quiero precisar y señalar toda y cada una de las casillas en mención y en donde sustento mi dicho, agrego copia certificada del acta de escrutinio y cómputo en donde se desprende los nombres y cargos de los funcionarios que no existen en la lista nominal de la seccional electoral, ni mucho menos en la lista nominal, violando un precepto legal indispensable para poder participar como funcionario de casilla: (…)”[12]

38.     Posteriormente, a lo largo de doce páginas, el recurrente proporcionó una lista de casillas en las que, según su dicho, se presentaba la anomalía referente a la integración de los funcionarios; sin embargo, se insiste, no especificó el nombre de la persona cuya actuación cuestionó.

39.     Sin que obste que el recurrente haya señalado que “agrego copia certificada del acta de escrutinio y cómputo en donde se desprende los nombres y cargos de los funcionarios que no existen en la lista nominal de la seccional electoral”, pues debió proporcionar el nombre completo de las personas que considera no existen en la lista nominal. De lo contrario, bastaría esa afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

40.     En otro aspecto, en los agravios cuarto y quinto, el recurrente sostiene que la Sala responsable vulneró el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que a pesar de que los agravios claramente se podían deducir de los hechos expuestos, no se suplieron las deficiencias de sus agravios.

41.     En ese sentido señala que al no haber suplido la deficiencia de la queja la Sala responsable vulneró el principio de tutela judicial efectiva.

42.     Mientras que, en el agravio sexto el recurrente señala que la autoridad responsable inaplicó las jurisprudencias 3/2000, 2/98 y 4/99[13], que han establecido que cuando el promovente manifiesta sus agravios para cuestionar un acto o resolución con el propósito que los órganos de justicia puedan revisarla de fondo, no tiene el deber de exponerlos bajo una formalidad específica, y para tenerlos por expresados sólo se requiere la mención clara de los hechos concretos que le causan perjuicio, causa de pedir o un principio de agravio.

43.     Reitera que precisó las casillas en las que solicitó que la votación se anulara y la causa de nulidad que a su juicio se acreditaba, exponiendo los hechos en los que se sustentaba, sin que fueran manifestaciones vagas, generales ni imprecisas, como lo sostuvo la Sala Regional.

44.     Los anteriores argumentos resultan infundados, pues la Sala Regional sí llevó a cabo el análisis integral de la demanda, para desentrañar su verdadero sentido y extraer que la causa de pedir del promovente era impugnar la nulidad de determinadas casillas.

45.     Ciertamente, si bien la demanda no contenía un apartado expreso en donde se precisarán, de manera particular, las causales de nulidad que se hicieron valer, la Sala Regional señaló:

         Que el candidato de MORENA impugnó la votación recibida en 536 casillas, porque consideró que se actualizaba la causal de recepción de votación por personas u órganos distintos a los facultados, planteamiento que desestimó, bajo la consideración de que el recurrente no proporcionó elementos mínimos de los cuales pudiera advertirse la actualización de tal causa de nulidad, como lo es el nombre de la persona que, a su juicio, no estaba facultada para recibir los votos.