RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-REC-1083/2024 Y SUP-REC-1084/2024, ACUMULADOS

recurrenteS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y RAYMUNDO GARCÍA LÓPEZ[1]

RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO[2]

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIOS: RENÉ SARABIA TRANSITO Y Jorge Raymundo Gallardo

Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[3] desecha la demanda presentada por el PRI y confirma la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México en los juicios SCM-JDC-1641/2024, SCM-JIN-185/2024, SCM-JIN-188/2024 y SCM-JIN-189/2024 acumulados, por la que determinó modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías de mayoría relativa[4] en el estado de Puebla y confirmó la declaratoria de validez de la mencionada elección y la expedición y entrega de las constancias para las fórmulas de candidaturas que obtuvieron la mayoría de los votos, así como de la fórmula de primera minoría.

ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. El dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral federal para renovar a la Presidencia de la República, así como a las diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión.

2. Cómputo distrital. El cinco de junio, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral[5] en el estado de Puebla llevaron a cabo la sesión especial de cómputo de la elección de senadurías por el principio de MR.

Concluidas las sesiones de cómputo integraron el expediente respectivo y fueron entregados a la presidencia del Consejo Local del INE en el estado de Puebla.[6]

3. Cómputo de entidad federativa. El nueve de junio siguiente, el Consejo Local llevó a cabo el cómputo de la elección de senadurías que, por candidaturas, se obtuvo el siguiente resultado.

4. Validez de la elección. Con motivo de ello, se declaró la validez de la elección de senadurías de mayoría relativa y, por consiguiente, se expidieron las constancias a favor de las dos fórmulas de candidaturas postuladas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México[7], del Trabajo[8] y MORENA.

Respecto de la senaduría de primera minoría, se entregó la constancia a la fórmula de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional,[9] Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática[10].

5. Juicios de inconformidad. En su momento, el PAN, PRI y MORENA promovieron juicios de inconformidad de la competencia de la Sala Ciudad de México, respectivamente, mientras que Raymundo García López -ahora recurrente-, promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, para cuestionar la entrega de la constancia de mayoría de la formula electa a la primera minoría, es decir, actos intrínsicamente derivados de los resultados obtenidos en la elección de senadurías de Puebla.

6. Acto Impugnado. El veintidós de julio, la Sala Regional dictó sentencia mediante la cual, al declarar la nulidad de la votación recibida en seis casillas,[11] modificó el cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías de MR en el estado de Puebla, y confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de esa elección.

Hecha la recomposición de la votación, los votos válidos por cada candidatura postulada quedaron de la siguiente forma:

Al respecto, no hubo modificación en las candidaturas que obtuvieron el triunfo tanto por MR ni de quienes se ubicaron en primera minoría.

7. Recursos de reconsideración. El veinticinco de julio, los ahora recurrentes interpusieron recursos de reconsideración ante la Sala responsable, la cual, en su oportunidad remitió las constancias a esta Sala Superior.

8. Turno y radicación. La Presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes SUP-REC-1083/2024 y SUP-REC-1084/2024, así como su turno a la ponencia a cargo de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicaron.

9. Admisión y cierre (SUP-REC-1084/2024). En su oportunidad, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda y declaró cerrada la instrucción, dejando el expediente en estado de dictar sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia

La Sala Superior es competente para resolver el asunto, por tratarse de recursos de reconsideración interpuestos para controvertir una sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral.[12]

SEGUNDA. Acumulación. Se advierte que existe conexidad de la causa, ya que hay identidad en el acto controvertido[13] y en la autoridad responsable (Sala Ciudad de México). En consecuencia, ello justifica que, por economía procesal, se decrete la acumulación del recurso SUP-REC-1084/2024 al SUP-REC-1083/2024, por ser éste el primero en recibirse en esta instancia jurisdiccional.

Por lo tanto, se debe agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos del recurso acumulado.[14]

TERCERA. Improcedencia del SUP-REC-1083/2024. Esta Sala Superior considera que se debe desechar de plano la demanda del recurso de reconsideración interpuesto por el PRI para controvertir la sentencia dictada en los juicios SCM-JDC-1641/2024, SCM-JIN-185/2024, SCM-JIN-188/2024 y SCM-JIN-189/2024, acumulados.

Lo anterior, porque en aplicación de los artículos 61 y 65 de la Ley de Medios, los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, están facultados para impugnar mediante el recurso de reconsideración las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo de las elecciones de diputaciones y senadurías, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en la ley, lo que en el caso no acontece.

Marco jurídico

El artículo 60, tercer párrafo, de la Constitución establece que las resoluciones que dicten las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior, “a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de una elección”. También señala que a la ley corresponde establecer los presupuestos, requisitos de procedencia y trámite respectivos.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Medios establece, en su párrafo 3, que se desecharán de plano las demandas de los medios de impugnación que sean notoriamente improcedentes, en términos del propio ordenamiento.

El artículo 25 de esa Ley, indica que las sentencias dictadas por las salas regionales son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de cosa juzgada, con excepción de aquellas que se puedan impugnar mediante el recurso de reconsideración, previsto en la referida Ley de Medios.

A su vez, el artículo 61 de la citada Ley, señala que el recurso de reconsideración sólo procede para impugnar las sentencias de fondo que dicten las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes supuestos:

I. En los juicios de inconformidad promovidos contra los resultados de las elecciones de diputaciones y senadurías.

II. En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando se hubiese determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución federal.

En cuanto al primer supuesto, el recurso de reconsideración procede para impugnar las sentencias de fondo dictadas en los juicios de inconformidad promovidos contra los resultados de las elecciones federales, entre ellas, la de senadurías.

Por otra parte, el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley de Medios establece como presupuestos para el recurso de reconsideración que la sentencia de la Sala Regional:

I. Haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales y locales invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección;

II. Haya otorgado indebidamente la constancia de mayoría y validez o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó;

III. Haya anulado indebidamente la elección; o

IV. Haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución federal; entre otros supuestos.

Asimismo, el artículo 63, párrafo 1, de la mencionada ley señala los siguientes requisitos especiales de procedencia del recurso de reconsideración.

I. Haber agotado, previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por la Ley de Medios.

II. Señalar claramente el presupuesto de la impugnación, a que se refiere el artículo 62.

III. Expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se puede modificar el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto, entre otros:

a) Anular la elección;

b) Revocar la anulación de la elección;

c) Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el Consejo correspondiente del Instituto.

Asimismo, el párrafo 2 del indicado artículo 63 dispone que en el recurso de reconsideración no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervinientes, cuando estas sean determinantes para que se acredite alguno de los presupuestos señalados en el numeral 63 de la Ley de Medios.

Aunado a lo anterior, el artículo 68, de la citada legislación dispone que, recibido el recurso de reconsideración en la Sala Superior, será turnado a la Magistratura Electoral que corresponda, a efecto de que revise si se acreditan los presupuestos, si se cumplió con los requisitos de procedibilidad, y si los agravios pueden traer como consecuencia que se modifique el resultado de la elección respectiva.

El citado precepto además señala que, de no cumplir con cualesquiera de ellos, el recurso será desechado de plano por la Sala.

Caso concreto

El asunto que es materia de resolución tiene su origen en los juicios en los que controvirtieron los resultados del cómputo local de la elección de senadurías por el principio de MR, realizado por el Consejo Local del INE en el estado de Puebla, al aducir que en algunas casillas se actualizaban algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios, así como el incumplimiento del requisito de la calidad indígena del candidato electo por primera minoría.

Una vez sustanciados los juicios, la Sala Ciudad de México resolvió modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías de MR en el estado de Puebla, y confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la referida elección a favor de las dos fórmulas de candidaturas postuladas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Asimismo, confirmó el otorgamiento de las constancias de primera minoría a la fórmula postulada por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Inconforme, el PRI interpuso el presente recurso de reconsideración aduciendo, entre otras cosas, que la Sala responsable vulneró los principios de exhaustividad, congruencia, legalidad y debido proceso, porque indebidamente concluyó que en 145 casillas no se aportaron los nombres de las personas que, para el recurrente, contrario a lo previsto en la ley, integraron la mesa directiva en tanto que sí se precisó el cargo desempeñado que es materia de la controversia.

Es importante precisar que, para la actualización del requisito especial de procedencia del recurso de reconsideración, sólo se deberán tomar en cuenta las casillas que el recurrente alega que se debieron analizar en la instancia regional.

No obstante, los agravios que hace valer el recurrente, aún en el caso de resultar fundados, como se anticipó, no traerían como consecuencia modificar el resultado de la elección de senadurías por el principio de MR.

Ello es así, porque el recurrente en la presente instancia impugna un total de 145 casillas, al considerar que los agravios encaminados a demostrar la causal de nulidad de votación recibida conforme al artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios no fueron analizados.

Así, aun cuando resultaran fundados los agravios y como consecuencia la anulación de la votación de cada una de las 145 casillas, esa circunstancia, en primer término, no produciría un cambio de ganador, y el efecto sería confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada al partido que obtuvo el primer lugar. La eventual anulación de la votación de las 145 casillas referidas, sumadas a aquellas cuya votación fue anulada por la Sala Regional, tampoco podría actualizar el supuesto legal previsto para la nulidad de la elección.

La demostración de estas afirmaciones se desarrolla en los párrafos subsecuentes.

Las casillas cuya votación se cuestiona por aducirse la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, son las siguientes:

Para corroborar si la nulidad de la votación de estas casillas puede tener como efecto un cambio de ganador en la elección de senadurías, como consecuencia de deducirse del cómputo de entidad federativa, requiere la determinación de la votación involucrada en las mismas. Para esos efectos, en la tabla que se inserta como ANEXO de esta sentencia, se observa la cantidad de votos por partido y coalición que se anularían de esas 145 casillas, tomando en cuenta los datos del Sistema de Información para las Elecciones Federales (SIEF).

Caso hipotético de recomposición del cómputo de la elección de senadurías de MR. La recomposición supondría, como se anticipó, la deducción de la votación correspondiente a las 145 casillas involucradas en este ejercicio, la cual habría de restarse a los resultados del cómputo de entidad federativa recompuesto por la Sala Regional en la sentencia que ahora se combate. El ejercicio ofrecería estos resultados:

A partir de la información antes señalada, esta Sala Superior advierte que, con la hipotética modificación del cómputo local, en caso de que se anulara la votación recibida en todas las casillas sobre las que versa el presente recurso de reconsideración y se restaran los votos anulados a cada partido, coalición o candidato independiente, el resultado sería el siguiente:

Conforme a lo expuesto, es claro que con la hipotética anulación de la votación recibida en todas las casillas cuestionadas en el presente recurso, no se modificaría el resultado de la elección, ya que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” seguiría siendo triunfadora en la elección de senadurías por el principio de MR en el estado de Puebla, con una votación de 1,929,549 votos, en relación con la coalición de la cual forma parte el PRI, que se mantendría en el segundo lugar con 848,514 votos.

Por tanto, este órgano jurisdiccional, concluye que no se actualiza el requisito especial de procedencia previsto en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), fracción III, debido a que los agravios expresados por el recurrente no podrían traer como consecuencia una modificación en el resultado de la elección de que se trata, consistente en otorgar el triunfo a una candidatura o fórmulas distintas a las que el INE determinó originalmente.

Finalmente, el ejercicio hipotético revela igualmente que no podría actualizarse tampoco el supuesto contemplado en el artículo 63, párrafo 1, inciso c), fracción I, de la Ley de Medios, que contempla la posibilidad de que los agravios puedan producir como efecto un cambio en la elección consistente en la nulidad de la elección.

En efecto, esta Sala Superior considera que tampoco se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 77 numeral 1, inciso a), de la Ley de Medios, esto es, si con motivo de los agravios del presente recurso de reconsideración se podría llegar a decretar la nulidad de la elección de senadurías de mayoría relativa, porque alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 75 de la citada ley se acredite en, por lo menos, el veinte por ciento de las casillas en la entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos.

Lo anterior, porque como se precisó con anterioridad, las casillas cuya votación anuló la Sala Ciudad de México, fueron 6, las cuales, adicionadas a las 145 casillas respecto de las que se plantean agravios en el presente recurso sumarían 151, las cuales representan el 1.82 % del total de 8,296 casillas que fueron instaladas en el estado de Puebla, como se desprende del Informe que presenta el Presidente del Consejo Local, sobre el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2023-2024.[16]

Entonces el número de casillas cuestionadas no es suficiente para anular la elección referida, en los términos de lo dispuesto por el artículo 77, párrafo 1, inciso a) de la ley citada, que exige para ese efecto que se decrete la nulidad de la votación recibida en el veinte por ciento de las casillas instaladas.

Con base en lo anterior, esta Sala Superior concluye que el recurso de reconsideración interpuesto por el PRI, por conducto de su representante, no reúne el requisito de procedencia[17] establecido en los artículos 62, párrafo 1, inciso a) fracción I, relacionado con el 63, párrafo 1, inciso c) y el 77, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios. En consecuencia, se debe desechar de plano la demanda.

CUARTA. Improcedencia de terceros interesados. Los escritos presentados por Agustín Moreno Lucas y Néstor Camarillo Medina, mediante los cuales, intentan comparecer como terceros interesados en el recurso de reconsideración SUP-REC-1084/2024, son improcedentes al estimarse extemporáneos,[18] toda vez que no fueron presentados dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas.

Lo anterior es así porque de las constancias de autos obra la cédula de publicitación de la que se advierte que el veinticinco de julio, a las veintitrés horas, se fijó en los estrados de la Sala responsable, por un plazo de cuarenta y ocho horas, de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Medios.

También se encuentra agregada al expediente la razón de retiro de la referida cédula, de la que se advierte que el retiro de estrados se practicó el veintisiete de julio a la misma hora.

No obstante, los escritos se presentaron hasta el veintinueve siguiente, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior; por tanto, resulta extemporánea su presentación.

QUINTA. Procedencia del recurso SUP-REC-1084/2024. Por lo que se refiere al recurso referido, sí reúne los requisitos generales y especial de procedibilidad,[19], conforme se explica a continuación:

1. Forma. El recurso se presentó por escrito ante la Sala responsable; contienen el nombre y la firma del recurrente; se identifica la sentencia impugnada; se mencionan los hechos materia de la impugnación y se exponen los agravios respectivos.

2. Oportunidad. Se presentó de manera oportuna ya que la sentencia impugnada fue emitida y notificada a la parte recurrente el veintidós de julio, por lo que el plazo de tres días previsto en la referida Ley de Medios transcurrió del veintitrés al veinticinco siguiente, y la demanda se presentó el último día del plazo legal; por tanto, su interposición es oportuna.

3. Legitimación e interés legítimo. Se colman los requisitos en estudio, toda vez que el medio de impugnación es interpuesto por quien fuera parte actora en el expediente SCM-JDC-1641/2024, juicio en el que la sala responsable le reconoció legitimación, para controvertir la autoadscripción calificada indígena de Néstor Camarillo Medina y su suplente.

En ese sentido, el recurrente comparece en su calidad de indígena de Zapotitlán de Méndez, Puebla, centrando sus motivos de inconformidad en torno a la definición de quién ocupe una senaduría en dicha entidad cumpla, en su apreciación, con la acción afirmativa indígena en los términos en que fue postulada; por tanto, se justifican tales requisitos, en virtud que la sentencia dictada por la Sala Regional, al considerar que es contraria a los intereses de la comunidad indígena a la que pertenece.

4. Definitividad. Se cumple este requisito, en virtud de que la normativa aplicable no contempla algún otro medio de impugnación que deba agotarse previamente al presente recurso, el cual es apto para resolver la controversia planteada.

5. Requisito especial de procedencia. Los artículos 61, párrafo 1, inciso a), y 62, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley de Medios, establece que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se hayan promovido, entre otros supuestos, contra los resultados de las elecciones de senadurías, cuando la Sala Regional haya otorgado indebidamente la Constancia de Mayoría y Validez o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó.

En la especie, se considera que el requisito de procedencia se encuentra colmado, dado que el recurrente impugna la sentencia dictada por la Sala Regional, en los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-1641/2024 y de inconformidad SCM-JIN-185/2024, SCM-JIN-188/2024 y SCM-JIN-189/2024, acumulados, en la cual, modificó el cómputo estatal de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa y confirmó la declaratoria de validez de la mencionada elección y la expedición y entrega de las constancias para las fórmulas de candidaturas que obtuvieron la mayoría de los votos, así como de la fórmula de primera minoría.

En este contexto, el recurrente expresa agravios con la finalidad de revocar esa determinación porque considera que la responsable indebidamente ratificó la autoadscripción calificada de los integrantes de la fórmula de candidatos electos en la primera minoría.

Por tanto, la Sala Superior considera que están colmados los requisitos de procedencia y procedibilidad del presente recurso de reconsideración, por lo que procede analizar el fondo de la cuestión planteada.

Estudio de fondo (SUP-REC-1084/2024).

Decisión. Debe confirmarse la sentencia, en lo que fue materia de impugnación, porque la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, además de haber sido exhaustiva en el análisis de los agravios y pruebas para acreditar la calidad indígena, respecto de las personas candidatas que integraron la fórmula postulada por la coalición “Fuerza y Coalición por México”, al cargo de senadurías por primera minoría en el Estado de Puebla, y porque tampoco se exponen argumentos eficaces, para considerar la falta del cumplimiento de los requisitos para acceder y desempeñar el cargo.

Explicación jurídica.

Agravios.

El recurrente expone en su demanda que la sentencia impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, además de falta de exhaustividad, porque omitió realizar un análisis completo, legal e imparcial de los planteamientos hechos valer en su demanda, al no tomar en cuenta los Lineamientos, en los que se establecieron las reglas mediante los cuales los partidos políticos y coaliciones deberían registrar las candidaturas de personas indígenas.

En ese sentido, señala que la Sala Regional no verificó que el INE realizara un estudio exhaustivo del cumplimiento de los requisitos de los candidatos electos y validó indebidamente la entrega de la constancia de mayoría en su favor, sin tomar en cuenta lo establecido por Sala Superior en el expediente SUP-JDC-338/2023­ –en el sentido de que Puebla tiene una población indígena mayor al 60%–.

La responsable no realizó una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas por el PRI para acreditar la acción afirmativa indígena respecto de las personas postuladas y que resultaron electas, en específico para corroborar que el Comisario Ejidal que expidió la constancia no contaba con nombramiento vigente.

No se tomó en cuenta que las personas electas, no demostraron haber realizado trabajos comunitarios indígenas, en la sierra norte de Puebla, por lo que tampoco se acreditó la calidad indígena en términos de los Lineamientos, sin que esta se adquiera con la sola permanencia en la localidad, sino que se requiere nacer con dicha condición; de ahí que, el recurrente afirme que no se valoró debidamente la pertenencia y vinculo comunitario y solicita se realice una nueva valoración del expediente de registro correspondiente.

Caso concreto.

No le asiste la razón al recurrente en cuanto a que la sentencia impugnada carece de la debida fundamentación y motivación.

Lo anterior, porque la Sala Regional previo a realizar el análisis de la controversia que le fue planteada tanto por el ahora recurrente como por Morena, expuso que:

         Por regla general, la autoadscripción genera una presunción de validez respecto del acto unilateral por el que una persona se identifica como miembro de una comunidad indígena, puesto que, al tratarse de una identificación subjetiva con una identidad cultural, quien se autoadscribe como tal no tiene la carga de la prueba sobre esa circunstancia, sino quien tenga la presunción de que ese dicho es desatinado, es quien tiene la carga de la prueba.

         La autoadscripción calificada exige pruebas para demostrar vínculos con la comunidad a la que pretenden representar.[20]

         La valoración probatoria para acreditar la autoadscripción calificada indígena debe realizarse desde una perspectiva intercultural, con el reconocimiento del pluralismo jurídico que existe en nuestro país.[21]

         El INE[22] previa Consulta[23] emitió diversas bases normativas, con la finalidad de elaborar directrices que permitieran verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas indígenas que aspiran a postularse a través de una candidatura reservada mediante una acción afirmativa[24].

         Ello, dio lugar a la emisión de los Lineamientos que establecen la manera de postulación de candidaturas indígenas, precisando los requisitos que deben cumplir para poder ser registradas bajo esta acción afirmativa, entre ellos, la constancia de autoadscripción emitida por alguna autoridad contemplada en dicho ordenamiento.[25]

Con base en dichos parámetros, la Sala Regional procedió a realizar el estudio de los argumentos planteados por Raymundo García López y por Morena, mediante los cuales controvirtieron el registro de las candidaturas de Néstor Camarillo Medina y su suplente Teodomiro Ortega González bajo la acción afirmativa indígena[26].

Así, la responsable, consideró los planteamientos como infundados, incluso en valoración flexible de los elementos probatorios que integran el expediente,[27] por lo siguiente:

         Las personas cuestionadas ya habían sido electas, por lo que tenían en su favor una presunción de validez que sólo puede ser derrotada con medios idóneos y suficientes que demuestren plenamente que no eran indígenas.

         El INE al momento del registró valoró la carta de autoadscripción indígena y una constancia emitida por quien ostentó ser comisario ejidal de “El Molino” de Zacapoaxtla.

         Se advirtió el reconocimiento como integrantes de su comunidad, perteneciente a la etnia indígena náhuatl, destacándose que, en el caso de Néstor Camarillo Medina, se menciona que es descendiente de personas indígenas de la comunidad y, en ambos casos, se advierte que han participado activamente en diversas actividades en beneficio de la misma.[28]

         El INE, actuó conforme a lo previsto en los artículos 21 y 32[29] de la Ley Agraria, dado que el comisariado ejidal es el órgano de los ejidos encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.

         El artículo 14.i) de los Lineamientos establece como requisito que la constancia de adscripción indígena calificada deberá acompañarse del documento emitido por la instancia de decisión comunitaria, ya sea acta de asamblea o su análogo. Por lo que, en el caso, resultaba válida la emitida por los comisariados ejidales.

         Por tanto, se consideró que no le asistía la razón a los ahora recurrentes en cuanto a que las constancias presentadas por Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González carecían de valor para acreditar la autoadscripción calificada.

         Máxime que Morena pretendía que Sala Regional hiciera un nuevo análisis a cuestiones que debieron controvertirse en su momento oportuno y que consisten en supuestas actuaciones indebidas del INE, sin haber aportado elementos concretos que evidenciaran una omisión.

         Si bien el INE –en estricto sentido– no había efectuado un análisis puntual de la autoadscripción calificada al declarar la validez de la elección y entregar la constancia de primera minoría al Senado a Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González, sí había llevado a cabo dicha verificación de su calidad indígena en el momento del registro de las candidaturas[30].

         Respecto a las videograbaciones exhibidas en esa instancia, se calificaron de insuficientes para probar los extremos en los que el actor Raymundo García López fundó su acción.

         Ello, porque no se había proporcionado una descripción precisa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran contextualizar adecuadamente los hechos registrados en ellos[31], ya que, si bien las videograbaciones muestran a varias personas hablando en un evento comunitario nocturno, no se especificó quiénes eran, cuál era su carácter o su autoridad dentro de la comunidad, ni la ubicación o fecha en que se desarrolló el evento.

         Incluso si bien, en uno de los videos[32] la persona que toma la palabra se refiere a la constancia de autoadscripción de Néstor Camarillo Medina, sugiriendo que fue otorgada indebidamente por el comisariado ejidal –al que acusa de complicidad–, dicho testimonio no podría tomarse como la voluntad de la totalidad de la comunidad, sino tan solo como una opinión personal de quien la hizo, y que la participación de aproximadamente cuarenta personas en el evento, no se logró identificar su nombres ni origen, de ahí que tampoco  podría ser muestra representativa de la comunidad de “El Molino” de Zacapoaxtla, Puebla.

         Los videos no muestran un rechazo explícito y unánime por parte de la comunidad hacia Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González.

         En relación con la prueba superveniente ofrecida por dicho promovente, consistente en la impresión de la captura de pantalla de la página de internet de la Procuraduría Agraria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se observa la cédula de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad de “El Molino”, resultó insuficiente para acreditar que el comisariado ejidal de la referida localidad no sea una autoridad representativa o tradicional.

         Misma suerte tuvieron los enlaces electrónicos a las notas periodísticas que Morena ofreció como pruebas supervenientes, al no cumplir con los estándares de suficiencia ni pertinencia requeridos para restar o desvirtuar la validez de la constancia de autoadscripción calificada emitida por el comisariado ejidal, por solo representar indicios.[33]

         En consecuencia, la Sala Regional concluyó que las pruebas presentadas por Raymundo García López y Morena eran insuficientes para acreditar que Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González sean ajenos a la comunidad de “El Molino», de Zacapoaxtla, Puebla, pues no se había desvirtuado la validez de la constancia de autoadscripción calificada emitida por el comisariado ejidal.

En concepto de esta Sala Superior, la anterior síntesis revela que no existe una indebida o falta de motivación y fundamentación y menos aún exhaustividad en estudio de los agravios y pruebas que el recurrente y Morena hicieron valer y ofrecieron ante la Sala Regional.

Ello, porque se advierte que sí se tomaron en cuenta sus planteamientos e incluso los hechos valer por MORENA; sin embargo, no fueron suficientes para derrotar la presunción de validez de poder ser registrados como propietario y suplente en su caso electos al Senado como primera minoría en Puebla.

Al efecto, se evidenció que, conforme a la línea jurisprudencial establecida por esta Sala Superior, tanto las afirmaciones y las pruebas exhibidas por el hoy recurrente y MORENA ante la Sala Regional, no eran de la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de validez del cumplimiento de requisitos por parte Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González para poder ser postulados como senadores–propietario y suplente–, y que a la postre resultaron electos.

Es decir, se advierte que la responsable para dilucidar la cuestión desarrolló las bases y parámetros mínimos establecidos por esta Sala Superior en cuanto a que, si bien es cierto que existe la posibilidad de impugnar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad tanto al momento del registro de candidaturas como al momento de declarar la validez de la elección; al haber ocurrido la impugnación en el segundo momento, era exigible destruir la presunción de validez de que los candidatos electos no tenían la calidad de indígenas.

Entonces, se advierte que la sala responsable sí realizó el estudio de los conceptos de agravio dirigidos a cuestionar en particular la constancia de reconocimiento de calidad indígena, es decir, la que fuera expedida por el Comisario Ejidal de la comunidad de “El Molino”, Zacapoaxtla, Puebla, en contraste con los diversos videos y links relacionados con notas periodísticas, así como una captura de pantalla, no obstante, se arribó a la conclusión que no resultaban de la entidad suficiente para desvirtuar dicha presunción de validez.

Ahora bien, al margen de que dichas razones no son controvertidas por el recurrente, en primer lugar, esta Sala Superior coincide con la determinación de la responsable, porque en efecto, el actor sustenta su pretensión en el sentido que el INE tenía la obligación de verificar y realizar un nuevo estudio de la calidad indígena al momento de calificar la elección, lo cual constituye una apreciación errónea.

En efecto, en el caso, es importante destacar que, esta Sala Superior ha establecido que aun tratándose de comunidades indígenas, si bien la autoridad jurisdiccional electoral tiene el deber de suplir la deficiencia de los agravios que se hagan valer en los medios de impugnación de los integrantes de comunidades indígenas; también lo es que esa figura jurídica no implica suprimir las cargas probatorias que les corresponden en el proceso, a efecto de que acrediten los extremos fácticos de sus afirmaciones, al estar justificada en atención al principio de igualdad procesal de las partes, pero con las modulaciones necesarias para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, siempre que no se traduzca en una exigencia irrazonable ni desproporcionada.[34]

Lo anterior, tiene su explicación, en que, como en el caso, también es criterio reiterado de esta Sala Superior que, una vez que se realiza el registro de las candidaturas mediante la figura de autoadscripción calificada, corresponde a quien controvierte dicha condición –por la reversión de la carga de prueba que arroja dicha presunción– acreditar mediante pruebas idóneas y eficaces que la calidad de indígena no se tiene.

De ahí que, no podría considerarse una omisión de la responsable que hubiera exigido una nueva evaluación exhaustiva de la autoadscripción calificada de los candidatos electos al Senado en primera minoría mediante la acción afirmativa indígena.

En segundo, porque contrariamente a lo alegado por el recurrente, no resulta del todo acertado que las pruebas aportadas como supervenientes ante la Sala Regional, tuvieran el alcance suficiente para demostrar la falta de pertenencia y vinculo comunitario a partir de la presentación de videograbaciones, porque como lo destacó por la responsable, tales elementos de prueba no evidencian una desconocimiento de la calidad indígena de las personas electas, sino solo un indicio de que, aparentemente se cuestionó por algunas personas que se presumen integran o representan la comunidad, esa condición.

Sin que sea suficiente que el recurrente insista en que de las pruebas ofrecidas ante la Sala Regional, se pueda corroborar que existe un desconocimiento de la comunidad de “El Molino” por la simple aparición de una reunión en que se externaron algunas posiciones aisladas en ese sentido; ello, porque no se aprecian circunstancias de modo, tiempo y lugar; es decir, como se destacó en la sentencia impugnada, las afirmaciones y pruebas ofrecidas, no aportan certeza de que las personas asistentes a las reuniones pertenecieran a la comunidad y que sus expresiones en realidad representen un desconocimiento, franco y directo de las personas electas.

Asimismo, el recurrente pasa por alto que, la Sala Regional estableció en su resolución que, el INE al momento del registro y en términos de los Lineamientos, sí había hecho un análisis formal y preliminar para verificar que los candidatos electos sí habían exhibido la carta de autoadscripción indígena, así como la constancia emitida por el comisario ejidal de la comunidad de “El Molino” de Zacapoaxtla, en la cual se había hecho constar que la descendencia indígena de Néstor Camarillo Medina y que tanto él como su suplente también realizaron actividades al servicio de dicha comunidad, lo cual debería ser considerado como valido; consideraciones, respecto de las cuales no se hace valer motivo de inconformidad alguno.

Ahora bien, lo mismo ocurre respecto del argumento en el sentido que no se valoró y tampoco corroboró que el comisario ejidal, supuestamente no tenía facultades para expedir la constancia para acreditar la autoadscripción calificada, con base en la captura de pantalla relacionada con el sistema informático de Procuraduría Agraria ofrecida por el recurrente, resulta ineficaz para limitar el alcance probatorio de dicha constancia.

Ello, porque de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la Sala Regional sí realizó un ejercicio de valoración y destacó que dicha captura de pantalla al tratarse de un mero indicio no implicaba que el comisario ejidal perdiera su calidad de autoridad como órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido de sus habitantes.

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con la circunstancia en que, en su apreciación el INE incumplió con lo ordenado por esta Sala Superior en el expediente SUP-JDC-338/2023, debe decirse que el agravio es ineficaz para alcanzar la pretensión de revocación de la constancia de mayoría en favor de las personas recurridas.

Ello, porque de la lectura de esa sentencia, se advierte que sus alcances se limitaron a ordenar la reviviscencia del modelo de postulación contenido en las acciones afirmativas implementadas para este sector en diputaciones por ambos principios en el proceso electoral 2020-2021, y con el fin de que se definiera por lo menos, el principio en donde se realizarán estas postulaciones, esto es, que grupos en situación de vulnerabilidad participarán en mayoría relativa y cuales en representación proporcional, lo cual no fue ni es materia de la controversia, porque está situada en la reunión de la calidad de indígena de las personas electas al Senado como primera minoría en Puebla.

En ese sentido, no se advierte cómo o de qué manera podría generarse un perjuicio real y manifiesto en el reconocimiento de la calidad indígena de Néstor Camarillo Medina y Teodomiro Ortega González, para poder ocupar el cargo de la senadurías, máxime que como se evidenció, a partir de la presunción de validez que se generó por el registro con los documentos idóneos establecidos en los Lineamientos y que no fueron destruidos en cuanto a su contenido y alcance, la acción afirmativa indígena en el estado de Puebla, quedará plenamente representada conforme a las reglas establecidas para tal efecto.

En consecuencia, al resultar infundados e ineficaces los agravios del recurrente procede confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia impugnada.

Finalmente se precisa que, al realizar el ejercicio hipotético de procedencia del recurso de reconsideración 1083, se advirtió un error en la sumatoria y recomposición de la votación final por candidaturas de la Sala responsable, por lo que se le deberá dar vista y tomarse en cuenta, para los efectos legales que considere procedentes.

Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior aprueba los siguientes

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan los recursos en los términos precisados.

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda del expediente SUP-REC-1083/2024.

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada, en la materia de controversia.

CUARTO. Dese vista a la Sala Regional Ciudad de México para los efectos legales que consideren procedentes.

Notifíquese, como en Derecho proceda.

En su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Asimismo, en el Acuerdo General 2/2023