EXPEDIENTES: SUP-REC-1159/2021 Y ACUMULADOS

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: Felipe de la Mata Pizaña[1]

Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

Sentencia que, con motivo de las demandas presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, MORENA y Mary Carmen Bernal Martínez, revoca la resolución emitida por la Sala Toluca de este Tribunal Electoral en el juicio de inconformidad ST-JIN-39/2021 y acumulados, por la cual declaró la nulidad de la elección de la diputación federal por el 3 distrito electoral en Michoacán.

Índice

Glosario

ANTECEDENTES

I. Elección.

1. Jornada. El seis de junio[2] se realizó la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, entre otros, la correspondiente al distrito 3 en Michoacán.

2. Cómputo. El nueve siguiente, el respectivo Consejo Distrital del INE realizó el cómputo de la elección, en el cual hubo los siguientes resultados:

Con motivo de esos resultados, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a la fórmula integrada por Mary Carmen Bernal Martínez y Liliana Yaret Carreño Romero, postulada por la Coalición JHH.

II. Juicio de inconformidad[3]

1. Demandas. Inconformes, el PES, el PRD y FxM impugnaron los resultados y solicitaron la nulidad de la elección.

2. Sentencia. El tres de agosto, la Sala Toluca resolvió los juicios de inconformidad, en el sentido de declarar la nulidad de la elección, revocar la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva y ordenar al Consejo General del INE emitir convocatoria para elección extraordinaria.

III. Recurso de reconsideración

1. Demandas. Inconformes, el PVEM, el PT, MORENA así como Mary Carmen Bernal Martínez, en su calidad de diputada electa, impugnaron la sentencia de Sala Toluca.

2. Turno. Recibidas las constancias, la presidencia de este Tribunal ordenó integrar los expedientes de los recursos de reconsideración SUP-REC-1159/201, SUP-REC-1167/2021 y SUP-REC-1168/2021, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez.

3. Engrose. El diecinueve de agosto, el magistrado instructor presentó a consideración de la Sala Superior el respectivo proyecto. Al someterlo a votación fue rechazado por mayoría de votos.

Con motivo de lo anterior, se propuso al Magistrado Felipe de la Mata Pizaña realizar el respectivo engrose de la sentencia.

COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer y resolver los asuntos, porque se tratan de recursos de reconsideración los cuales son de la competencia exclusiva de este órgano jurisdiccional[4].

JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Esta Sala Superior emitió el acuerdo 8/2020[5] en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo, determinó que las sesiones continuarán por videoconferencias, hasta que el Pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta.

ACUMULACIÓN

En los asuntos existe conexidad en la causa, por haber identidad en la autoridad responsable (Sala Toluca), así como en la sentencia impugnada (ST-JIN-39/2021 y acumulados).

Por tanto, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias y por economía procesal, se deben acumular los recursos de reconsideración SUP-REC-1167/2021 y SUP-REC-1168/2021 al diverso SUP-REC-1159/2021, por ser éste el primero en ser recibido ante esta Sala Superior.

Se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en los expedientes de los recursos acumulados[6].

TERCERO INTERESADO

Se debe tener por no presentado el escrito de FxM por el cual que pretende comparecer como tercero interesado en el recurso SUP-REC-1159/2021.

Esto, porque incumple lo previsto en el artículo 67 de la LGSMIME, el cual establece que, los terceros interesados en el recurso de reconsideración podrán comparecer dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, computadas a partir de la publicitación de la demanda.

En el caso, la demanda se publicitó en estrados de la Sala Toluca a las diecisiete horas del seis de agosto. Entonces, el plazo para comparecer concluyó a las diecisiete horas del ocho siguiente.

Por tanto, como FxM presentó su escrito de comparecencia a las veintitrés horas veintiocho minutos del nueve de agosto, resulta evidente la extemporaneidad.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

I. No se realizó un estudio de constitucionalidad

El PRD señala que los recursos son improcedentes, porque la Sala Toluca no realizó un estudio de constitucionalidad, sino de mera legalidad.

La causal es infundada debido a que, en la hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración prevista en el artículo 61, párrafo 1, inciso a), de la LGSMIME, relativa a la impugnación de sentencias dictadas en los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los resultados de las elecciones de diputaciones y senadurías, no es requisito que en la instancia previa se hubiera realizado algún estudio de constitucionalidad.

Ello, porque en ese supuesto, la Sala Superior actúa como segunda instancia ordinaria para revisar la legalidad y constitucionalidad de las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones de diputaciones y senadurías.

Por el contrario, el requisito especial señalado por el PRD es aplicable, únicamente, en la hipótesis de procedencia prevista en el párrafo 61, párrafo 1, inciso b), de la LGSMIME, que alude al resto de medios de impugnación en los que se hubiere determinado la inaplicación de una ley electoral.

En el caso, la sentencia impugnada está relacionada con tres juicios de inconformidad promovidos para controvertir los resultados y la validez de la elección de diputaciones federales en el 3 distrito electoral en el estado de Michoacán, de ahí que no sea necesario el requisito especial de procedencia de carácter constitucional.

II. Falta de legitimación

El PRD señala que el PVEM carece de legitimación, porque no compareció como tercero interesado en los juicios de inconformidad de origen.

Es infundada, porque la sentencia impugnada genera una afectación al PVEM, en tanto integró la Coalición JHH, cuya fórmula fue ganadora de la elección.

En ese sentido, el hecho de que no hubiera comparecido en la instancia previa no es un elemento suficiente para afectar su derecho de acceso a la justicia, porque la necesidad de ejercer su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 8/2004, de rubro: “LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE.”

III. Improcedencia genérica

El PES señala que los recursos no cumplen con ninguno de los supuestos de procedencia establecidos en la LGSMIME, por lo que, admitirlos, ampliaría los supuestos previstos en la normativa electoral.

Es inatendible, porque se trata de una manifestación genérica e imprecisa, porque se limita en señalar que “…es evidente que no se cumple con ninguno de los supuestos de procedencia y admitir este recurso de reconsideración ampliaría los supuestos previstos y violentaría la arquitectura electoral procesal.”

Argumento que resulta subjetivo y dogmático, en tanto no se dan razones en concreto para evidenciar qué causal de improcedencia se actualiza y tampoco qué supuesto de procedencia se generaría.

IV. Frivolidad

FxM alega que los recursos son improcedentes por frívolos, porque los recurrentes alegan que no se puede considerar válida la resolución del INE (INE/CG1314/2021), por la cual se acreditó la violación a principios constitucionales, en tanto aún no es firme.

Es infundado porque, la frivolidad de una demanda depende en que se deje de apoyar en hechos ciertos, concretos y precisos, o bien, son oscuros, imprecisos o se refieren a cuestiones que en modo alguno generan la vulneración de derechos.

En el caso, no se actualiza la causal invocada, porque en la demanda se exponen hechos objetivos y formula argumentos tendentes a defender la validez de la elección anulada.

PROCEDENCIA

I. Forma. Las demandas se presentaron por escrito, constan las denominaciones y el nombre de quienes recurren, están las respectivas firmas autógrafas; se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, los hechos y los agravios que se estiman pertinentes.

II. Oportunidad. La sentencia impugnada se dictó el tres de agosto y las demandas correspondientes a los recursos SUP-REC-1159/2021 y SUP-REC-1167/2021 se presentaron el seis siguiente.

En el caso de la demanda del recurso SUP-REC-1168/2021, la sentencia impugnada se notificó a MORENA por correo electrónico el cuatro de agosto, en tanto que la demanda se presentó el siete siguiente.

III. Legitimación y personería. Se cumple el requisito porque los recursos fueron interpuestos por partidos políticos nacionales, por conducto de sus representantes, personería que fue reconocida por la sala responsable.

En tanto que, Mary Carmen Bernal Martínez está legitimada por haber sido candidata a una diputación federal postulada por la Coalición JHH. Esto de conformidad con la jurisprudencia 3/2014, de rubro: “LEGITIMACIÓN. LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, LA TIENEN PARA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN”.

IV. Interés. Se colma el requisito, porque aducen que la sentencia impugnada afecta su esfera de derechos.

V. Definitividad. Se cumple con este requisito, debido a que no procede algún otro medio de impugnación.

VI. Requisito especial de procedencia. El artículo 61, párrafo 1, inciso a) de la LGSMIME, establece que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar sentencias de fondo emitidas por las Salas Regionales, en los juicios de inconformidad promovidos para controvertir los resultados de las elecciones de diputaciones y senadurías.

Asimismo, el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGSMIME dispone que el recurso de reconsideración será procedente cuando se haya anulado indebidamente una elección.

En el caso, los recurrentes aducen que la Sala Toluca anuló indebidamente la elección de la diputación federal por el 3 distrito electoral federal.

Por tanto, se actualiza la procedencia de los recursos de reconsideración.

ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA

I. ¿Qué resolvió la Sala Toluca?

La Sala Toluca declaró la nulidad de la elección al considerar que se vulneró la veda electoral, con motivo de mensajes difundidos en redes sociales por personas identificadas como influencers.

En consideración de la Sala Toluca, hubo 104 influencers que hicieron campaña a favor del PVEM, durante los días cinco y seis de junio.

Además, los seguidores de esos influencers superan los ciento cuarenta millones de personas en su conjunto. Y, en lo individual, tienen un promedio de 1.3 millones de seguidores.

Esos mensajes, en concepto de la Sala Toluca, tuvieron la intención de apoyar al PVEM y manifestar su apoyo por ese partido político.

Esos mensajes evidencian una estrategia de campaña y propaganda prohibida, planificada, concertada y generalizada, con un discurso uniforme y tiempos sincronizados., porque el contenido de los mensajes es similar respecto a frases como “Partido Verde” o “vota verde” o “yo soy verde”.

En consideración de la Sala Toluca, la difusión de esos mensajes fueron violaciones sustanciales, porque transgredieron directamente los principios de certeza, legalidad y la equidad, además de que no se respetaron las reglas de propaganda.

También la Sala Toluca consideró que las violaciones fueron generalizadas, porque las redes sociales tienen una naturaleza masiva, es decir, son recibidas simultáneamente por muchas personas

En ese sentido, para la Sala Toluca quedó acreditado una estrategia de comunicación o compaña propagandística pagada para influir en el sentido del voto.

Finalmente, consideró que la violación es determinante, porque si bien no es posible conocer el número de visitas o interacciones, un elemento objetivo son los seguidores.

Al respecto, infirió que cada uno de los seguidores vio el mensaje y que se viralizo, lo cual se concluye conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica

En ese sentido, la Sala Toluca presumió que el total de los 12,809 votos que recibió el PVEM se debió a la influencia de los mensajes difundidos en redes.

Esto, porque existe presunción de que los millones de seguidores, cuando menos 9,56, se vieron influenciados por la propaganda ilegal. Esa cantidad es la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección

De esta manera, concluyó la Sala Toluca, si la coalición obtuvo 74,302 votos y el PVEM 12,809, si hipotéticamente los votos del PVEM fueran anulados, la coalición tendría 61,493, cantidad menor a los votos del segundo lugar (64,741).

II. ¿Qué argumentan los recurrentes?

1. Falta de exhaustividad y carga de la prueba

En opinión de los recurrentes, la Sala Toluca suplió la carga de la prueba sin justificación alguna, al sostener que su deber es resolver las impugnaciones de manera exhaustiva completa e imparcial y realizar las diligencias procesales que considerara oportunas.

2. Vulneración de derechos de la fórmula ganadora

En opinión de los recurrentes, la decisión de la Sala Toluca imposibilita que las ciudadanas electas puedan acceder al poder público, con base en un ejercicio hipotético sin una base sólida.

3. No se acreditó el elemento de determinancia para anular la elección

Para los recurrentes, la nulidad se basó en suposiciones de las cuales no se advierte el carácter de determinantes para el resultado de la elección, porque no hay forma de saber si la población del distrito tuvo acceso a los mensajes, si eran mayores de edad, o si eran de nacionalidad mexicana con derecho a votar.

En opinión de los recurrentes, la Sala Toluca debió valorar si los mensajes tuvieron alguna incidencia en el resultado de la elección o cómo influyeron en el ánimo del electorado, específicamente, en el distrito 3.

En ese sentido, para los recurrentes no existe una manera válida de determinar el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular.

Esto, porque no hay un verdadero estudio para cuantificar el beneficio obtenido.

4. Vulneración del principio non bis in ídem

Los recurrentes señalan que el efecto de la nulidad es equivalente al de una sanción.

Sin embargo, el PVEM ya fue sancionado con motivo de las mismas conductas conforme determinó el INE en la resolución INE/CG1314/2021, motivo por el cual no podía ser nuevamente sancionado.

III. Estudio

1. Método

Los anteriores argumentos serán analizados en un orden distinto. Primero será materia de estudio el tema relacionado con la falta de determinancia en el resultado de la elección con motivo de los mensajes difundidos por influencers.

Esto, porque de ser fundado el planteamiento, sería suficiente para revocar la sentencia impugnada, lo cual produce el mayor beneficio conforme a las pretensiones de los recurrentes.

Esto, porque de resultar fundado el

2. Tesis de la decisión

Son fundados los argumentos, por tanto, se debe revocar la sentencia impugnada, porque no está acreditado el carácter determinante en los resultados de la elección, con motivo de los mensajes difundidos por influencers durante la veda electoral

3. Base normativa

a. Causales de nulidad

El artículo 78 de la LGSMIME establece que las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías, cuando se acredite lo siguiente:

●       Se trate de violaciones sustanciales en la jornada electoral

●       Se hayan cometido de forma generalizada

●       En el distrito o entidad de que se trate

●       Estén plenamente acreditadas

●       Sean determinantes para el resultado de la elección.

Esta Sala Superior ha considerado que esa causal de nulidad encuentra un nexo funcional con los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos.

Por otra parte, los tribunales electorales tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de una elección, siempre que se expongan argumentos tendentes a demostrar que existen, plenamente acreditas, las específicas causales de nulidad legalmente previstas o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección.

En esos términos, esta Sala Superior ha fijado un estándar de escrutinio constitucional en torno a los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales, que consisten:

●       La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los tratados de derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).

●       Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas.

●       Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional, haya producido en el procedimiento electoral.

●       Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

b. La determinancia como elemento para la nulidad de la elección

El carácter determinante es considerado para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es trascendente o no para la validez o nulidad de la votación recibida en una casilla o en una elección[7].

La determinancia tiene como finalidad natural la salvaguarda de la votación válidamente emitida, al impedir la nulidad de esta o cuando las irregularidades detectadas incidan en el resultado de la elección.

Se deben ponderar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado, o bien otros principios o valores constitucionales que deben regir en cualquier elección para ser válida-

Por consiguiente, cuando estos valores no son afectados sustancialmente y el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, se deben preservar los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

La determinancia es un requisito contenido en el contexto constitucional y legal del sistema electoral, que se debe cumplir en caso de que se demande la declaración de nulidad de una elección.

Dicho requisito es jurídicamente exigible, porque es necesario salvaguardar, en la medida de lo posible, la validez y eficacia de la elección, de tal manera que sólo por violaciones a principios constitucionales que sean graves y determinantes, resulte procedente declarar la nulidad.

Respecto de la nulidad de una elección, por violación a principios o preceptos constitucionales, está sujeta al principio de determinancia, en cualquiera de sus dos vertientes: cuantitativa (o aritmética) y cualitativa[8].

En esos términos, el aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades características de la violación o irregularidad aducida, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente, que son indispensables para concluir que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático.

El aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible o cuantificable, como puede ser el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea verificable mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar obtenido por los contendientes, de manera que, si la conclusión es afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante para el resultado de la votación o de la elección.

En esos términos, no sería apegado a los principios constitucionales que rigen al derecho de voto y a los procedimientos electorales, que una infracción, cualesquiera que ésta fuera, en la cual no se acreditara una gravedad y trascendencia mayor y determinante, diera lugar a la declaración de nulidad de la elección, sólo por el hecho de tener por acreditada la infracción respectiva.

Así, el carácter grave y determinante de la violación, ya sea cuantitativa o cualitativa o de ambas especies, se debe acreditar en todo caso en que se pretenda obtener la declaración de nulidad de una elección.

No pasa inadvertido que, existe una presunción de legalidad que debe vencerse en aquellos casos que se pretenda anular una elección.

Es decir, la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo se puede actualizar cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección[9].

4. Caso concreto

A juicio de esta Sala Superior, asiste razón a los recurrentes porque, en el caso, no quedó acreditado que la violación alegada por el PRD y por FxM en la instancia regional, de manera similar, hubiera sido determinante para el resultado de la elección.

●       Aspectos que no son objeto de controversia

En principio, no son materia de controversia las consideraciones de la Sala Toluca sobre la existencia de las infracciones. Argumentos que, en esencia, consisten en lo siguiente.

Existencia de las violaciones plenamente acreditadas:

En la sentencia impugnada se concluyó que las conductas implicaban una auténtica estrategia de campaña electoral prohibida, porque ciento cuatro personas identificadas como influencers, realizaron entre el cinco y seis de junio propaganda electoral a través de redes sociales en favor del PVEM.

Los mensajes difundidos tuvieron como objetivo apoyar, promocionar y mostrar simpatía con las propuestas del PVEM, y manifestar explícitamente la intención de votar por dicha fuerza política.

Las violaciones fueron sustanciales.

Para la Sala Toluca la realización de propaganda electoral en el periodo de reflexión y el mismo día de la jornada es sustancial, al vulnerar directamente los principios de legalidad, certeza y, por tanto, la equidad en la contienda.

Es sustancial, porque las irregularidades están relacionadas con la afectación de las reglas temporales para la válida realización de actos de campaña y propaganda electoral, en tanto el PVEM obtuvo una ventaja indebida al obtener beneficio de actos de proselitismo en época de veda.

Las violaciones se cometieron en forma generalizada.

En concepto de la Sala Toluca, la publicidad difundida en periodo de veda a favor del PVEM es una conducta sistemática, integral y continuada, concertada, planificada, dirigida a sus propuestas al margen de las reglas previstas en la ley y, por tanto, con el propósito de obtener un beneficio indebido.

●       ¿Qué sí es materia de controversia?

Si bien, las anteriores consideraciones no son controvertidas, lo cierto es que los argumentos de los recurrentes pretenden evidenciar que, contrario a lo sostenido por la Sala Toluca, esas conductas no fueron determinantes para el resultado de la elección.

Al respecto, esta Sala Superior considera que, no es posible determinar el impacto de las irregularidades en la elección, porque los datos antes precisados, no permiten tener un panorama objetivo del grado de afectación.

Para ilustrar lo anterior, enseguida se inserta una gráfica en la cual se precisará cuál es el elemento tomado en consideración por la Sala Toluca, lo que, en el mejor de los casos puede probar y, finalmente, lo que no prueba ese elemento.

Como se observa, solamente está demostrada la intervención de influencers (con un número significativo de seguidores) mediante la difusión de mensajes durante los días cinco y seis de junio, a través de redes sociales.

Sin embargo, lo jurídicamente relevante es establecer cómo esos mensajes fueron determinantes para el resultado de la elección, lo cual en modo alguno se prueba, tal como se ha justificado en la gráfica anterior.

En efecto, a partir de las consideraciones de la Sala Toluca y de los elementos de prueba que valoró, no es posible determinar cuál fue impacto o consecuencia específica en el resultado de la elección del correspondiente distrito, al ser imputaciones que tienen que ver con irregularidades que acontecieron en todo el país.

Es más, las conclusiones hechas por la Sala Toluca son apreciaciones subjetivas, inferencias o presunciones, pero carentes de elementos objetivos y válidos para establecer cómo los mensajes fueron determinantes para el resultado de la elección.

Al respecto, es indispensable que las irregularidades precisadas por la Sala Toluca hubieran repercutido de manera específica y concreta en el ámbito geográfico del distrito, lo cual no quedó probado.

En el mejor de los casos, lo único que se puede acreditar es que los mensajes pudieron tener una cobertura nacional, pero no que fueron determinantes para el resultado concreto del distrito 3 en Michoacán.

Lo anterior, en virtud de que la carga argumentativa y la carga de la prueba es deber de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales, sobre todo cuando se trata de la nulidad de votación o nulidad de las elecciones.

Así, se tiene que demostrar la afectación de que los votos fueron indebidamente emitidos o hubo una ilegalidad de tal gravedad que impactó en un proceso electoral particular.

Siendo uno de los requisitos de la nulidad que se acrediten estas irregularidades en el espacio geográfico —3 distrito electoral federal en Michoacán— en donde se realizó la elección controvertida.

Por ello, no es posible comparar los impactos entre elecciones distintas ni entre entidades federativas, sino que se debe tomar en cuenta el impacto en el ámbito territorial en específico, así como, valorar la difusión del mensaje, en sí mismo, y en el contexto de la elección concreta, esto es, su trascendencia en la demarcación geográfica y circunstancias del supuesto analizado.

Por otra parte, cabe destacar que la Sala Toluca pretendió justificar la posible incidencia específica en el distrito a partir de evaluar la integración por secciones urbanas, rurales o mixtas, así como en la accesibilidad al internet y a medios para su uso, adicionalmente de la alfabetización. A partir de la información que recolectó concluyó que las condiciones del distrito permitían presumir que la mayoría de las personas en posibilidad de votar tienen acceso a la información que se difunde por redes sociales.

Esta Sala Superior considera que los datos que se utilizaron reflejan índices muy bajos de acceso a internet, que es el insumo indispensable para que los promocionales en cuestión hubiesen llegado al electorado. De los trece municipios correspondientes al distrito electoral, destaca Susupuato, en el que el porcentaje de población con acceso a internet es del 3.3 %. El municipio con mayor acceso es Zitácuaro con 39.1 %. El promedio de porcentaje de acceso a internet de los trece municipios es de 19.13 %; esto es, ni siquiera el 20 % de población en el distrito cuenta con acceso a internet. Porcentaje que se reduce aún más respecto de la ciudadanía de dicha población.

Por tanto, ni siquiera el 20 % de la ciudadanía del distrito electoral cuenta con acceso a internet, que es el presupuesto para poder recibir los mensajes difundidos a través de las redes sociales electrónicas, por lo que con la propia información que consideró la sala regional se desvirtúa la presunción de que los mensajes de los influencers tuvieron un impacto concreto en el territorio del distrito electoral en cuestión.

En efecto, con esa información estadística, la Sala Toluca concluyó que existen las condiciones tecnológicas suficientes para presumir que la mayoría de la ciudadanía de esa demarcación tiene acceso a la información difundida en redes sociales.

Además de que la presunción debe operar en favor de la licitud y regularidad de los actos celebrados y las irregularidades se deben acreditar, no se puede inferir que los mensajes tuvieron un impacto en el distrito, porque, como lo señala la parte recurrente, no se promocionó la fórmula de la candidatura de la Coalición JHH, ni se hizo referencia al distrito, alguno de sus municipios o cuando menos al estado. Se trata de mensajes generales de apoyo al partido político sin acotarlos a una demarcación territorial.

En consecuencia, por el déficit de internet en el distrito, como medio de difusión de los mensajes, así como por el contenido propio de estos, contrario a la conclusión a la que arribó la Sala Toluca, se desvirtúa que los mensajes pudieran tener un impacto claro, directo y generalizado en la ciudadanía del distrito electoral.

Además, resulta trascendente valorar las condiciones de participación de las candidaturas en curso y el parámetro que conforman los aspectos contextuales a la participación de la candidatura ajenos a su persona.

●       Es insuficiente la existencia de procedimientos sancionadores firmes

Por otra parte, si bien es verdad que hubo procedimientos sancionadores en los cuales se determinó la existencia de la infracción, lo cual fue confirmado por esta Sala Superior, ello tampoco es suficiente para tener por cumplido el carácter determinante en la elección.

Esto, porque los procedimientos sancionadores lo que han acreditado son irregularidades administrativas, mas no son suficientes, por sí mismas, para cuestionar la presunción de validez que tienen las elecciones, como acontece en el caso.

Así, los procedimientos sancionadores en materia electoral contemplan componentes del ius punendi, siendo su objetivo implementar un castigo en la esfera jurídica patrimonial –en muchas ocasiones de índole económico- del agente infractor.

En cambio, el sistema de nulidades en materia electoral tiende a ser un mecanismo regulador de los principios rectores en la materia, ya que su falta de observancia implica la determinación de invalidez del proceso en diversos grados, hasta concluir dada la gravedad de la conducta, con la nulidad, como consecuencia máxima.

La Sala Superior ha sostenido que, si la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos sancionadores consiste en prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, con la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo con los principios rectores del estado democrático, consecuentemente, las conductas sancionadas dentro éstos, durante un proceso comicial, no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen los elementos objetivos referidos[10].

Ahora bien, esta Sala Superior considera que, el hecho de que esté demostrado que el cinco y seis de junio, ciento cuatro influencers, a través de sus cuentas en diversas redes sociales hayan difundido contenido con el que se buscó beneficiar y posicionar electoralmente al PVEM; no da lugar, de manera automática o ineludible, a declarar la nulidad de la elección.

Por el contrario, conforme al artículo 41, párrafo tercero, Base VI, de la CPEUM, existe un principio constitucional de índole probatorio, en el sentido de que las causas por la cuales se pueda declarar la nulidad de una elección deben estar objetivamente probadas.

Por tanto, las infracciones cometidas en el desarrollo de un procedimiento electoral, que puedan ser susceptibles para determinar la validez de una elección, deben quedar plenamente probadas en cuanto a su impacto en los resultados de la elección, a través de elementos medibles objetivamente, sin que sean válidas inferencias ni suposiciones.

En el caso, la Sala Toluca incorrectamente consideró que se acreditó que las infracciones tuvieron un impacto en la elección de la diputación del 3 distrito electoral federal.

Por el contrario, partió de inferencias que no son válidas en tanto no se encuentran sustentadas de manera fehaciente o en elementos sólidos, pues concretamente en el rubro relativo a la determinancia, se basó en que existieron las publicaciones emitidas por los mencionados ciento cuatro influencers, notas periodísticas que dieron cuenta del suceso y que se evidenció que la propaganda se mantuvo en internet al menos los días cinco y seis de junio.

Pero al no poder establecer con exactitud el número de visitas o interacciones que tuvieron las publicaciones, se basó en la suma de seguidores de las cuentas de influencers y concluyó que los mensajes que contenían publicidad estuvieron expuestos a 142,188,613 personas en beneficio del PVEM.

De esta manera, esta Sala Superior considera que la ilegalidad de la resolución estriba en que el elemento relativo a la determinancia de la violación en el resultado electoral, no se sustenta en pruebas fehacientes.

Por el contrario, se basa en una mera inferencia que, incluso, rompe con las reglas de la sana crítica y la lógica, ya que no existe una vinculación necesaria entre el número de posibles usuarios de redes sociales y las personas que votaron en el distrito cuya votación fue anulada, máxime que, el número que mencionó la responsable supera toda la población de nuestro país, que ronda los 126 millones 14 mil 24 personas[11].

En suma, no está demostrado en autos que los mensajes de los influencers a favor del PVEM durante la veda electoral tuvieron un impacto en los votantes del distrito 3 y que fue tal magnitud que trascendió al resultado de la elección.

Por otra parte, esta Sala Superior ha sostenido que, la nulidad de una elección significa privar de efectos a la totalidad de los votos emitidos por el electorado, para lo cual se requiere acreditar que un número de actos graves y sustanciales afectaron la voluntad de un número considerable de electores, al grado de trascender en el resultado de la elección.

Así, como la nulidad de una elección implica una consecuencia extrema, en modo alguno es posible hacerla depender de un único factor, sino se requiere la concatenación de diversos elementos para tal efecto.

En materia electoral se debe recordar que, además de los principios constitucionales y legales expresamente señalados en los textos respectivos, también existen otros admitidos en el ordenamiento jurídico, como lo es el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados[12].

Con base en ese principio, para declarar la nulidad de una elección se requiere un grado de motivación y fundamentación a la cual podemos denominar reforzada, porque implica probar que la voluntad del electorado estuvo viciada para considerar válidos los resultados.

Lo anterior, porque permitir que cualquier irregularidad ocasione la nulidad de la elección, haría nugatorio el derecho de voto de la ciudadanía.

Por esta razón, si bien pueden acontecer violaciones graves o sustanciales (formales o materiales) en una elección, ello en modo alguno es suficiente para declarar la nulidad de esta.

Antes bien, es indispensable que esa violación haya trascendido en la elección, ya sea por su generalidad en la comisión, o bien por la afectación posible en un número considerable de electores, todo ello en relación con los propios resultados[13].

Ello, porque la trascendencia de declararla es privar de efectos la totalidad de los votos emitidos las y los ciudadanos; en consecuencia, es de tal envergadura que para ello se requiere acreditar, sin lugar a dudas, actos graves y sustanciales que hayan afectado la voluntad de un número considerable de electores, al grado de incidir en el resultado de la elección, de forma que amerite la realización de un nuevo proceso.

En esos términos, los elementos de prueba únicamente acreditaron la existencia de ciertas irregularidades, las cuales sucedieron en el periodo de veda

Pero no se acredita el nexo causal de cómo esas conductas fueron determinantes o influyeron en el resultado de la elección.

●       Hay datos objetivos que derrotan las inferencias hechas sobre la determinancia de las conductas infractoras

Por otra parte, se debe señalar que, en contraste con las inferencias hechas por la Sala Toluca, existen datos objetivos que pueden justificar la votación del PVEM, y que invalidan tales inferencias.

En primer lugar, están los resultados de la elección obtenidos en el actual procedimiento electoral, conforme a lo siguiente:

Es decir, entre el primer y segundo lugar hay una diferencia de 9,561 votos, lo cual equivale a un 6.01% de la votación emitida.

Ese porcentaje es superior al 5% de la votación exigido para declarar la nulidad por otro tipo de conductas señaladas en el artículo 41, párrafo tercero, Base VI, de la CPEUM.

Es decir, aún si se considerara ese porcentaje del 5% de la votación, la coalición JHH que resultó ganadora supera esa cantidad, con lo cual se evidencia que, no existe un factor determinante de la infracción a partir del porcentaje de votación que separa al primer del segundo lugar de la elección.

De igual forma, existe otro dato objetivo que permite evidenciar cierta consistencia en los votos que ha recibido el PVEM en el distrito 3 de Michoacán.

Esto es así, porque de acuerdo a la información pública contenida en la página de internet del INE, la cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 15 de la LGSMIME, el PVEM ha obtenido votaciones similares en los anteriores procedimientos electorales.

En efecto, conforme a la siguiente tabla, la votación obtenida por el PVEM en los años 2015, 2018 y 2021 ha sido la siguiente:

Como se observa, el PVEM ha tenido una votación que ronda de los siete a los doce mil votos, esto a partir del año dos mil quince.

En ese sentido, no es posible establecer que los mensajes difundidos por los influencers hayan sido determinantes para que el PVEM haya obtenido una mayor votación en el actual procedimiento electoral.

Esto, porque la diferencia de votos entre la presente elección y el procedimiento electoral pasado es apenas de 1,484, lo cual es mucho menor a la diferencia que hay entre el primer y segundo lugar en la actual elección (9,561).

Sobre esta última cantidad, también es necesario señalar que la Sala Toluca se basó en una mera inferencia inválida para concluir que los mensajes difundidos por los influencers por lo menos trascendieron a 9,561 personas, pero sin probar que eso realmente haya sucedido así.

A partir de esa inferencia, la Sala Toluca hizo un ejercicio de restar los votos del PVEM, con lo cual concluyó que la Coalición JHH quedaría en segundo lugar en la elección.

Sin embargo, no existe norma ni criterio jurisprudencial que permita restar los votos de un partido político que participa coaligado, a partir de infracciones que éste pudo cometer durante el desarrollo del procedimiento electoral.

A mayor abundamiento, con base en el enfoque cuantitativo de la determinancia, se estima que el número de seguidores de las personas identificadas como influencers que publicaron los promocionales en redes sociales no es un parámetro objetivo a partir del cual se puede inferir el número de votantes que se vieron indebidamente influenciados

Esto, porque: 1) no hay elementos siquiera mínimos o indiciarios sobre la trascendencia de los promocionales a la elección del distrito en cuestión; 2) tampoco se cuenta con información sobre las cuentas de los seguidores, como para poder hacer una valoración respecto a si un porcentaje importante de esas personas tienen ciudadanía; 3) la cantidad de personas que ven una publicación o historia en estas redes sociales puede distar significativamente del número de personas que están registradas como seguidores, pues depende de una coincidencia en el acceso a la plataforma mientras está activa la publicación, y 4) incluso si se partiera de un número más cierto de personas que se vieron expuestas a los promocionales, no resulta razonable inferir que de la visualización del promocional se sigue necesariamente una influencia o condicionamiento de la voluntad de la ciudadanía al grado de influir decisivamente en su sufragio.

De igual manera, se insiste, el análisis histórico sobre la votación obtenida por el PVEM en el distrito electoral federal 3 de Michoacán refuerza la idea de que la estrategia irregular desplegada por el PVEM realmente no fue un factor decisivo para alcanzar esa cantidad de votos a su favor.

En todo caso, dicho análisis sí permite afirmar categóricamente que la determinancia no se puede justificar en un ejercicio hipotético a partir del cual se descuente la totalidad de los votos que aportó el PVEM a la coalición que integró, porque no es razonable considerar que todos los sufragios se recibieron como causa directa de la publicación de promocionales durante la veda y la jornada electorales.

5. Conclusiones y efectos

Toda vez que no se acreditó el carácter determinante en los resultados de la elección, con motivo de los mensajes difundidos en redes sociales por parte de influencer, se debe:

●       Revocar la sentencia recurrida.

●       Confirmar los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula postulada por la coalición JHH.

●       Confirmar los resultados del cómputo de la elección de diputaciones de representación proporcional correspondiente al 3 distrito electoral federal en Michoacán. 

●       Ordenar al Consejo Distrital que emita la constancia de mayoría y validez a la fórmula de las ciudadanas Mary Carmen Bernal Martínez y Liliana Yaret Carreño Romero, propietaria y suplente, respectivamente, postuladas por la Coalición JHH.

●       Dejar sin efectos los actos ejecutados en cumplimiento a la sentencia que se revoca.

●       Comunicar esta ejecutoria a las autoridades administrativas electorales que queden vinculadas a fin de dar cabal cumplimiento a la misma.

Por lo expuesto, se emiten los siguientes

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan los recursos de reconsideración.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada, en los términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así, por mayoría de cinco votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como Presidente por Ministerio de Ley, con los votos en contra la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso, así como el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien formula voto particular. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA EN LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-1159/2021, SUP-REC-1167/2021 Y SUP-REC-1168/2021, ACUMULADOS.

A. Introducción.

1      Con fundamento en los artículos 167, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 11, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la debida consideración a la Magistrada y los Magistrados que votaron la sentencia aprobada, formulo voto particular en los recursos arriba indicados, toda vez que no comparto el sentido de la determinación aprobada por la mayoría del Pleno, pues a mi modo de ver, se debió confirmar la sentencia recurrida.

2      Lo anterior, se sustenta en los argumentos que a continuación se exponen.

B. Controversia.

3      Al promover los recursos de reconsideración, los recurrentes tienen la pretensión final de que se revoque la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca por la que declaró la nulidad de la elección de diputados en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, con sede en Heroica Zitácuaro, para el efecto de que se declare subsistente el triunfo obtenido por la otrora Coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA.

4                Para sustentar su pretensión hacen valer agravios que pueden agruparse en los temas siguientes:

●       La Sala Regional revirtió la carga de la prueba y fue incongruente al valorar los elementos probatorios. Los recurrentes sostienen que, en la instancia regional se allegaron pruebas para acreditar un rebase de tope de gastos de campaña, y no para anular la elección (votación) por violaciones generalizadas.

●       La Sala Regional incorporó indebidamente elementos y argumentos que no le fueron planteados en las demandas de los juicios de inconformidad, siendo que, además, durante la sustanciación había tenido por no admitidas pruebas que, posteriormente, valoró sobre la base de que resultaba excesivo exigir a los partidos la totalidad de la carga de la prueba para acreditar la infracción.

●       La Sala Regional vulneró su derecho de audiencia (PT) pues no le dio vista con las pruebas que allegó durante la sustanciación del juicio, y que valoró posteriormente para tener por acreditada las violaciones generalizadas, y la consecuente nulidad de la elección.

●       Violación al principio non bis in idem.

●       Indebida determinación de nulidad de la elección. Los actores plantean que la Sala Regional Toluca declaró indebidamente la nulidad de la elección, toda vez que no acreditó que los mensajes fueran orquestados por el Partido Verde Ecologista de México; tampoco demostró que las supuestas irregularidades fueran sustanciales, y menos que incidieran en la voluntad de los electores del distrito; además de que tuvo por acreditado el aspecto determinante a partir de un ejercicio hipotético que sustentó en mera inferencias y conjeturas, sin acreditar que las supuestas violaciones fueran cuantitativa o cualitativamente definitorias en el resultado de la elección, ya que no probó, de manera objetiva el número de votantes que se vieron influenciados por la propaganda.

5      A consideración del suscrito, los disensos planteados por los partidos recurrentes son infundados e inoperantes, conforme a las consideraciones que se expresaron en el proyecto de sentencia que en su oportunidad sometí a consideración del Pleno, y que a continuación se insertan:

“…

Estudio de los agravios.

I. Carga de la prueba e incongruencia con elementos allegados en la instancia regional.

6         Los recurrentes sostienen que la Sala Regional suplió indebidamente la petición de nulidad pues, a su parecer el PRD no ofreció medios de prueba suficientes para probar las violaciones generalizadas que se tuvieron por acreditadas en la resolución controvertida.

7         Alegan adicionalmente que, el PRD allegó medios de prueba para demostrar un rebase de tope de gastos de campaña, y no para tener por acreditada la causal de violaciones generalizadas, por lo que reclaman que la Sala Toluca incorporó argumentos y elementos que no fueron parte del planteamiento de las demandas, como son el impacto de las irregularidades, y la determinancia de estas en los resultados de la elección.

8         En esa misma línea, sostienen que el actuar de la Sala Toluca fue incongruente pues, a pesar, de que no admitió las pruebas ofrecidas por el PRD para acreditar las irregularidades, posteriormente se allegó de elementos probatorios con lo cual revirtió la carga de la prueba, en detrimento de los recurrentes, y en aras de resolver, supuestamente, de manera exhaustiva, completa e imparcial, los juicios.

9         Los agravios resultan infundados, por una parte, e inoperantes por otra, atendiendo a lo siguiente.

i. Marco normativo

10     Efectivamente, la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone la existencia de un sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la materia electoral.

11     Es la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que prevé en su artículo 3, que el objeto de disponer de un sistema de medios de impugnación es el de garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades en los procesos electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

12     En este sentido, conforme lo dispone el artículo 99 del texto fundamental, corresponderá a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras cosas, sobre las impugnaciones en las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión, pudiendo declarar la nulidad de alguna contienda cuando tenga por acreditada alguna de las causales expresamente previstas en las leyes de la materia.

13     Ahora bien, en el caso de determinaciones de las autoridades que atenten contra las normas constitucionales y legales en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de diputaciones y senadurías, los artículos 49 y 50 de la Ley de Medios, prevén que, el juicio de inconformidad es el medio de impugnación que procede para impugnar, entre otros, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría por nulidad de la votación en casilla(s), o por nulidad de la elección.

14     En tanto que, atendiendo a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 176, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponderá a las salas regionales de este Tribunal Electoral el conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones de diputaciones y senadurías federales por el principio mayoría relativa.

15     Entre los requisitos que exige el ordenamiento legal del escrito de demanda del juicio, se encuentra:

●       Presentarse por escrito ante la autoridad responsable, haciendo constar nombre del partido político o la o el candidato;

●       Acompañar documentos para acreditar personería;

●       Identificar el acto impugnado, el responsable, así como los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la determinación y los preceptos presuntamente violados; y,

●       Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos de interposición o, mencionar las que se habrán de requerir, en el caso de que se justifique que se solicitaron oportunamente y estas no fueron entregadas

16     Corresponderá a la magistrada o magistrado encargado de la instrucción del juicio, además de formular los proyectos de sentencias que recaigan al expediente que le haya sido turnado, el analizar la satisfacción de los requisitos de procedencia del juicio, así como requerir los elementos necesarios para la integración de los expedientes, y de cualquier informe o documento que obre en poder del Instituto Nacional Electoral, de cualquier autoridad, partidos políticos o particular, que resulte necesario para la sustanciación, siempre que ello no se traduzca en un obstáculo para resolver con oportunidad los juicios; según lo disponen las fracciones III, VII y XII, del artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

17     El juicio de inconformidad es uno de los medios de impugnación respecto de los cuales la legislación dispone (artículo 23 de la Ley de Medios), que las Salas deberán suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, siempre que estos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y que, si se omite señalar los preceptos presuntamente violados, o se citan de manera equivocada, se resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

18     A partir de ello, las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad podrán tener, entre otros efectos:

i.            Confirmar los resultados, validez y entrega de constancias;

ii.            Declarar la nulidad de votación en casilla(s), recomponer el cómputo, y confirmar la validez y entrega de constancia; y,

iii.            Declarar la nulidad de la elección y, en consecuencia, revocar las constancias de mayoría, en caso de que se actualicen los supuestos legales;

19     Lo previamente expuesto permite concluir que el marco normativo que contiene, por un lado, las exigencias dispuestas, específicamente, para el juicio de inconformidad, así como, las etapas y actuaciones que conforman la instrucción y sustanciación del medio de impugnación; requieren que los actores de las demandas identifiquen los hechos y agravios que sustentan sus reclamos, así como los preceptos que estimen vulnerados.

20     Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en medios de impugnación de litis cerrada, o de estricto derecho, como en el caso del recurso de reconsideración, en los juicios de inconformidad la legislación posibilita que las salas del tribunal estén en posibilidad de suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, siempre que estos se puedan desprender de los planteamientos contenidos en la propia demanda.

21     Adicionalmente, con independencia de que la legislación exige a los promoventes el ofrecer y aportar oportunamente la pruebas con la presentación de la demanda, las y los magistrados encargados de la instrucción y sustanciación de los juicios están en posibilidad de allegarse de los elementos y documentales que obren en poder de la autoridad electoral o de cualquier otro ente público o privado, necesarios para la resolución del medio de impugnación.

22     Todo ello en observancia a los derechos procesales y de debida defensa de las partes del conflicto, así como a los principios de contradicción, de objetividad, e imparcialidad, que deben regir en todo proceso jurisdiccional.

23     Es decir, si bien, la legislación reconoce el arbitrio judicial a las magistradas y los magistrados al momento de suplir la deficiencia de los agravios, o de allegar elementos a los expedientes, este no puede ejercerse de manera indiscriminada, sino que se encuentra limitado a los hechos, planteamientos y la causa de pedir expresada en las demandas pues, de otra forma, el juzgador estaría sustituyendo indebidamente a las partes en el litigio y, con las evidentes consecuencias que ello traería al corresponderle valorar y resolver sobre los puntos de la controversia.

24     En este sentido, l Superior ha sostenido, por ejemplo, en la tesis LVII/97, de rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”; que el órgano jurisdiccional no está constreñido a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fuera invocada por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, las casillas y las causas que se invoquen; por lo que, si el actor omite señalar tales elementos en su demanda, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, pues ello se traduciría en una subrogación total en el papel de promovente, lo cual atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia imparcial.

ii. Caso concreto

25     En el caso, en la sentencia controvertida, la Sala Toluca calificó como fundados, y suficientes para declarar la nulidad de la elección, los reclamos del PRD relativos a la intervención de influencers en favor de un partido político, en periodo de veda electoral.

26     Al respecto, la lectura del escrito de demanda de juicio de inconformidad del referido instituto político permite advertir que, desde el apartado de hechos, el PRD reclamó que, el día de la jornada electoral existieron irregularidades graves que irrumpieron en el periodo prohibido de veda electoral, en favor del Partido Verde Ecologista de México, consistente en un llamado directo a la ciudadanía a votar por dicho partido político, lo cual benefició directamente a la fórmula de candidatas que obtuvo más votos en la elección.

27     Sostuvo además en la demanda (el PRD), que los hechos fueron denunciados ante la autoridad administrativa electoral, de las cuales agregó copia de los acuses respectivos.

28     El partido desarrolló dicha irregularidad en el primero de sus agravios en el sentido de afirmar que las candidatas violentaron de manera grave la prohibición prevista en el artículo 251, párrafos 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la veda electoral, lo cual se tradujo en una irregularidad determinante acontecida previo, y durante, la jornada electoral, cuando el Partido Verde Ecologista de México, a través de diferentes personalidades conocidas como influencers llamaron al voto a favor de dicho ente político

29     Lo anterior, en consideración del PRD, se tradujo en una irregularidad grave, no reparable, durante la jornada electoral, y que por su naturaleza atentó contra los principios rectores de una elección democrática, violentando con ello los principios de legalidad, certeza y equidad; así como la finalidad de la veda electoral, que es la de que la ciudadanía cuente con un lapso de tiempo en el cual pueda realizar un ejercicio de valoración de las opciones políticas y razonar el sentido de su voto libre de presiones de cualquier tipo.

30     De igual modo, en la demanda se insertan imágenes de publicaciones en periódicos, y de mensajes en redes sociales que hacían referencia a las publicaciones de los influencers, así como de comunicados del Instituto Nacional Electoral en los cuales se da cuenta de la orden de retiro inmediato de los mensajes, así como de los procedimientos sancionadores incoados esos hechos.

31     En ese mismo sentido, en la demanda se solicitó a la Sala Regional se allegara de los procedimientos iniciados por la autoridad electoral nacional, así como a las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía en Delitos Electorales pues, en consideración del PRD se trataba de información esencial que debía ser considerado en la resolución para la valoración de la incidencia de la infracción en la elección.

32     Finalmente, el partido sostuvo que las infracciones resultaban determinantes para el resultado de la votación atendiendo a que se trataba de conductas sistemáticas y reiteradas por parte del Partido Verde Ecologista de México, que influyeron en las contiendas por la proximidad a la jornada, además de que revestían el carácter de dolosas dirigidas a posicionar a las candidatas ganadoras de la elección.

33     Por ello, al tratarse de irregularidades graves y determinantes que incidieron en el resultado de la elección, el PRD solicitó a la Sala Toluca la nulidad de la elección.

34     Por su parte, en el apartado de pruebas de la demanda del juicio de inconformidad, el PRD ofreció, entre otros, los siguientes elementos probatorios:

a)    Documental pública, consistente en información del procedimiento oficioso que inició el Instituto Nacional Electoral, respecto de la violación al periodo electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, a través de influencers en los que se hace mención de logros de dicho instituto político, la cual debía ser requerida por la propia Sala Toluca, por tratarse de un procedimiento en sustanciación; y,

b)    Documental pública, consistente en información que pudiera proporcionar la Fiscalía en Delitos Electorales, de la carpeta de investigación abierta por las publicaciones en cuestión en favor del Partido Verde Ecologista de México;

35     Lo anterior permite advertir que, contrario a lo sostenido por los partidos recurrentes, en la demanda de juicio de inconformidad el PRD identificó, de manera precisa, los hechos que consideró atentaron contra los principios de la elección consistentes en la difusión de mensajes en favor de un partido político en el periodo de veda electoral, por parte de influencers, incluso en la demanda insertó imágenes de estas, así como de los comunicados emitidos por la autoridad electoral respecto al retiro inmediato de los mismo.

36     De igual modo, solicitó la nulidad de la elección al considerar que las mismas se tradujeron en una ventaja indebida en favor de las candidatas que obtuvieron el triunfo en la elección, pues fueron postuladas por el partido que se benefició de la infracción a la normativa, lo cual se traducía en una violación a los principios constitucionales de legalidad, certeza y equidad en la contienda, así como al sufragio libre por parte de la ciudadanía.

37     Como se puede advertir, todos estos elementos fueron precisamente los que consideró la Sala Toluca al realizar el estudio de la causal de nulidad de la elección, pues, como previamente quedó evidenciado, la Sala Toluca analizó la incidencia de las publicaciones denunciadas, en las condiciones de equidad de la contienda, ejercicio que la llevó a tener por actualizadas infracciones graves en la contienda que resultaron determinantes en el resultado de la elección.

38     En este punto conviene precisar que el ejercicio propio de análisis de la incidencia y determinancia de la infracción en la contienda es un aspecto que corresponde analizar, por sus propios méritos al órgano jurisdiccional, sin que necesariamente competa a las partes exponerlo en la demanda.

39     Por tanto, será a partir del ejercicio de valoración que realice el órgano jurisdiccional, en el que se esté en posibilidad de atender las circunstancias fácticas y normativas que permitan ponderar la incidencia de las irregularidades en las condiciones de validez de la contienda, y si estas resultan determinantes para viciar una parte, o la totalidad de los resultados de la votación de la contienda.

40     De esta forma, resulta inexacto el reclamo de los recurrentes consistente en que la Sala Regional suplió indebidamente la petición de nulidad pues, el análisis que contiene la sentencia controvertida es congruente con los hechos, y reclamos expuestos en la demanda del PRD, mientras que, el ejercicio de valoración de las irregularidades en las condiciones de validez de la elección, en caso de que se tuvieran por acreditadas, correspondía realizarlo a la propia Sala Toluca, con independencia de que en la demanda se expusiera un análisis a detalle en este aspecto.

41     De igual modo, se aprecia que, aun y cuando, mediante proveído de veinticinco de junio pasado, el magistrado instructor del juicio de inconformidad, acordó no admitir las documentales ofrecidas por el PRD, específicamente las solicitudes al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía en Delitos Electorales, respecto a los hechos controvertidos (publicación de mensajes de influencers) por no haber sido acompañadas a la demanda; ello no se traducía en una imposibilidad para que el magistrado instructor pudiera requerir la información que considerara necesaria, siempre que ello guardara congruencia con los hechos y la pretensión de las partes.

42     Así pues, los requerimientos de veintiuno y veintiocho de julio, formulados por el magistrado a cargo de la instrucción del juicio, en los que requirió a la autoridad electoral nacional información sobre probables procedimientos sancionadores, y en materia de fiscalización por la irregularidad a la que se hizo referencia en la demanda del PRD, en modo alguno se tradujeron en un exceso del ejercicio de suplencia, o en actuaciones que atentaron contra el derecho de las partes pues, se trataba de información en poder del Instituto, vigente en ese momento, y vinculada con una petición de nulidad expuesta en la demanda del juicio de inconformidad.

43     De esta forma, se estima que la actuación de la Sala Toluca al identificar los reclamos expuestos en la demanda del PRD, y los elementos y pruebas para su estudio, fue congruente con los hechos y reclamos precisados por el partido actor.

44     Finalmente, resulta inoperante el reclamo del Partido del Trabajo relativo a que la Sala Toluca vulneró su derecho de audiencia al no haberlo llamado a juicio, respecto de los elementos probatorios que requirió a la autoridad administrativa electoral.

45     Dicha calificativa obedece a que, si bien, la Sala Toluca dio vista con la documentación allegada por el Instituto Nacional Electoral, únicamente a las candidatas de la fórmula ganadora del distrito, así como al Partido Verde Ecologista de México; el derecho de controvertir la autenticidad y alcances de dichas documentales se encuentra tutelado para el partido en el presente recurso; aspecto que será materia de análisis en apartados subsecuentes.

II. Violación al principio non bis in idem.

46     Tanto el Partido Verde Ecologista de México como MORENA señalan en sus escritos de demanda que la nulidad de la elección de Diputado Federal del 03 distrito electoral federal con cabecera en Zitácuaro, Michoacán, transgredió el principio de non bis in idem.

47     Ello, en razón de que en ambos procesos se sancionó el beneficio obtenido por la difusión de los mensajes, de tal manera que, si el Instituto Nacional Electoral ya había impuesto una sanción por la difusión de propaganda en periodo prohibido, la autoridad responsable se encontraba impedida para imponer otra.

48     El agravio es infundado.

49     Ello es así, en virtud de que es inexacto que la irregularidad consistente en la emisión y difusión en redes sociales de mensajes con propaganda de campaña del Partido Verde Ecologista de México por personas conocidas como influencers realizada a solicitud del propio instituto político, solo pueda tener como alcance la imposición de la sanción administrativa como la prevista en el artículo 456, fracción III, inciso a), numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  o el simple prorrateo del monto involucrado entre las candidaturas beneficiadas.

50     En el presente caso, la conducta del partido político y de las señaladas personas, se tradujo en una irregularidad que implicó un incumplimiento directo al artículo 210 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, traducida como una irregularidad que afectó el principio de equidad en la contienda en el proceso electoral de mérito, sin perjuicio de que puede dar lugar a un procedimiento independiente (administrativo, penal o político, por ejemplo) porque se estime que dicha conducta pudiera infringir otras disposiciones jurídicas, por las cuales, a su vez, se tutelen distintos bienes jurídicos y, eventualmente, dar lugar a que la autoridad competente tenga por actualizado el supuesto que es condición de la sanción y la correspondiente responsabilidad del sujeto activo para que así se imponga la sanción respectiva.

51     Esto es, el hecho de que se acredite una infracción, cualquiera que sea su naturaleza, así como la responsabilidad del agente, no impide o excluye la posibilidad de que la misma conducta sea objeto de un procedimiento de naturaleza diversa y una sanción distinta (como ocurre con una sanción invalidante o anulatoria en materia electoral), porque, se insiste, finalmente la misma conducta podría afectar bienes jurídicos distintos.

52     En efecto, en los procedimientos sancionadores en materia electoral, más cercano al ius punendi, el objetivo consiste en implementar un castigo en la esfera jurídica patrimonial –en muchas ocasiones de índole económico- del agente infractor; en tanto que el segundo, vinculado al sistema de nulidades en materia electoral, tiende a ser un mecanismo regulador de los principios rectores en la materia, ya que su falta de observancia implica la determinación de invalidez del proceso en diversos grados, hasta concluir dada la gravedad de la conducta, con la nulidad, como consecuencia máxima, sin que ello, implique la violación del principio non bis in idem.

53     En torno a ello, es de señalarse que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido en forma generalizada, que la responsabilidad de un agente infractor, puede tipificarse en distintos ordenamientos jurídicos -según se trate de responsabilidad política, penal, administrativa o civil de los servidores públicos-, y su determinación e investigación pueden realizarse a través de procedimientos autónomos entre sí, de manera que las consecuencias derivadas de éstos pueden ser diversas –y de hecho lo son- y también independientes unas de otras, con la única limitación de que por una misma conducta no se pueden aplicar dos sanciones de la misma naturaleza (atendiendo al principio general del derecho non bis in idem que también se establece en el artículo 23 de la Constitución federal, aplicable en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 del mismo ordenamiento).

54     Dicho principio jurídico subyace en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene", encontrándose igualmente contemplado en los artículos 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

55     La prohibición de una doble imputación y un doble juzgamiento o investigación por idénticos hechos supone una limitación al ius puniendi del Estado que tiene por objeto garantizar el principio de seguridad jurídica para toda persona, a fin de que no se le someta a dos o más procedimientos por igual causa, con independencia de que se le sancione o absuelva por esa razón.

56     Sobre el particular la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que el hecho de que se acredite una infracción, cualquiera que sea su naturaleza, así como la responsabilidad del agente, no impide o excluye la posibilidad de que la misma conducta sea objeto de un procedimiento de naturaleza diversa y una consecuencia distinta (como ocurre con una de naturaleza invalidante o anulatoria en materia electoral), porque finalmente la misma conducta podría afectar bienes jurídicos distintos.

57     En el caso, la propaganda difundida por diversas personas durante el periodo de reflexión y jornada electoral es susceptible de actualizar diversos supuestos sancionadores dirigidos a proteger bienes jurídicos diversos y, por ende, sancionable a través de distintas vías.

58     En efecto, la conducta de referencia es susceptible de transgredir, por una parte, la obligación de los partidos políticos de que su conducta se sujete, invariablemente a los principios del Estado Democrático, en el que el bien jurídico tutelado es la observancia al orden jurídico, lo cual es sancionable en la vía administrativa.

59     Ahora bien, esas conductas, analizadas en el ámbito de validez de una elección, presupone una violación generalizada que afectó el derecho de los contendientes de contar con igual periodo para presentar sus propuestas ante el electorado, y afectó el derecho de la ciudadanía a contar con un periodo para reflexionar el sentido de sufragio, de tal manera que los atentó directamente contra los principios de equidad en la contienda y las condiciones de libertad y autenticidad del sufragio, aspectos que constituyen condiciones esenciales bajo los que deben desarrollarse los comicios, por lo que es susceptible de generar como consecuencia adicional, la nulidad de la elección, sin que ello impida la imposición de sanciones diversas conforme se ha explicado a lo largo de este apartado, de ahí lo infundado del agravio.

III. Indebida determinación de nulidad de la elección.

60     Ahora bien, atendiendo a los planteamientos de los partidos políticos recurrentes por los que señalan que, en el caso, no se actualizaron las condiciones para que la Sala Regional Toluca declarará la nulidad de la elección de la diputación federal del 03 distrito electoral en Michoacán con cabecera en Zitácuaro, ya que, desde su perspectiva, no se acreditó la responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México, ni tampoco que esa supuesta irregularidad fuera generalizada, en el distrito y determinante para el resultado de la elección, se procede a verificar si las consideraciones de la responsable fueron conforme a derecho o no.

61     En ese sentido, se procede a exponer las razones por las que considera que, como lo sostuvo la responsable, en el caso se actualizan los supuestos exigidos en el artículo 78 de la Ley de Medios para declarar la nulidad de la elección en cuestión.

i. Marco jurídico sobre la causa de nulidad genérica de las elecciones federales

62     El artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé la posibilidad de que las Salas de este Tribunal Electoral puedan declarar la nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías del Congreso de la Unión, cuando se colmen las siguientes exigencias:

●       Se trate de violaciones sustanciales en la jornada electoral;

●       Se hayan cometido de forma generalizada;

●       En el distrito o entidad de que se trate;

●       Plenamente acreditadas; y,

●       Que resulten determinantes para el resultado de la elección.

63     La única excepción admitida en la disposición es que se trate de violaciones que sean imputables a los partidos que las invocan, o a alguna de sus candidaturas.

64     Al analizar el contenido y alcances de dicha disposición, esta Sala Superior ha sostenido[14] que la normativa exige que, en todo caso, se trate de violaciones que resulten sustanciales, lo cual se traduce en una afectación a los elementos sin los cuales no sería posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad para elegir a sus representantes.

65     Se trata de los elementos que recogen los principios constitucionales que rigen las contiendas de las y los representantes de los poderes públicos, dispuestos, fundamentalmente, en los artículos 39, 41, 99, 120, 130, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en:

●      El sufragio universal, libre, secreto y directo;

●      La organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo;

●      Que los principios que rijan el desarrollo del proceso sean el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;

●      Condiciones de equidad entre los partidos políticos en: a) el acceso a los medios de comunicación social; y, b) el financiamiento y sus campañas electorales.

●      El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y determinaciones de las autoridades electorales; y,

66     Por cuanto a, la generalidad de las infracciones ello significa que no debe de tratarse de irregularidades aisladas o focalizadas, sino que debe de comprender violaciones que tengan una mayúscula repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputaciones y senadurías, en el distrito o entidad de que se trate.[15]

67     La nulidad de una contienda comprende una de las determinaciones de mayor incidencia en materia electoral, pues deja sin efectos la voluntad de la ciudadanía que participó y ejerció su derecho fundamental al voto (activo y pasivo) en la elección, por lo que las irregularidades acreditadas deben ser de la entidad suficiente para concluir que la elección está viciada de modo irreparable, pues tienen impacto decisivo en los principios y valores que deben salvaguardarse.

68     De igual forma, se exige que se trate de violaciones que afecten el desarrollo de la jornada electoral, propiamente, lo cual debe entenderse como la realización de irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral pues, si se parte de una interpretación literal de la referencia al día de la recepción de la votación, se posibilitaría la realización de conductas que igualmente tengan la suficiencia necesaria para afectar la votación y el carácter del sufragio libre, secreto, universal y directo, lo cual se traduciría en un posible fraude a la ley.

69     Como exigencia fundamental adicional, se requiere que, se trate de violaciones que tengan el carácter de determinantes, es decir, se debe de tratar de irregularidades que, por sí mismas, o valoradas en conjunto con diversas, tengan la suficiencia necesaria para afectar el resultado del proceso electoral o las elecciones.

70     La nulidad de una contienda comprende una de las determinaciones de mayor incidencia en materia electoral, pues deja sin efectos la voluntad de la ciudadanía que participó y ejerció su derecho fundamental al voto (activo y pasivo) en la elección, por lo que las irregularidades acreditadas deben ser de la entidad suficiente para concluir que la elección está viciada de modo irreparable, pues tienen impacto decisivo en los principios y valores que deben salvaguardarse.

71     En todo caso, este órgano jurisdiccional ha definido en la jurisprudencia 37/2014, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”; que, conforme con el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando se trate de inconsistencias, determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se atente contra el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de las y los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

72     De otra forma, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

73     Bajo tales parámetros, la exigencia de determinancia se actualiza, cuando existe un nexo causal, más o menos, directo e inmediato entre la violación alegada y el resultado de los comicios, o bien, si sucede una relación próxima y razonable entre las irregularidades y el resultado electoral, con un alto grado de seguridad o probabilidad.

74     Es decir, que para establecer si se actualiza el carácter determinante de la violación, se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.

75     De conformidad con el criterio recogido en la tesis relevante XXXI/2004, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”; el aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, es decir, que se esté en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático, como los principios constitucionales a los que previamente he hecho referencia.

76     Por su parte, el carácter cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma.

77     Se trata de criterios complementarios pues, si bien, el primero atiende a la naturaleza, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, esta puede también apoyarse en estadísticas o cifras; mientras que, aun y cuando, el factor cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, cuando se estima colmado desde este punto de vista, implícitamente se tutelan valores constitucionales.

78     Lo que define a uno y otro criterio, es el carácter que predomina, lo cual no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente.

79     En todo caso, el sistema de control de validez de actos electorales vela por la constitucionalidad y legalidad del proceso electoral y garantiza la plenitud de los derechos fundamentales de las y los participantes de la elección y de la ciudadanía en su conjunto

80     Bajo tales consideraciones, compete al órgano jurisdiccional analizar los hechos susceptibles de actualizar la invalidez del procedimiento electoral, para enjuiciar su valoración con base en las pruebas aportadas y en la aplicación de las normas al caso concreto.

81     Lo anterior, se insiste, en debido respeto de los principios de proporcionalidad, de conservación de los actos válidamente celebrados y de la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, por la necesidad de proteger el sistema electoral frente a infracciones menores a las disposiciones constitucionales y legales.

82     En consecuencia, si una elección resulta contraria a los principios constitucionales que la rigen, bien porque inobserva sus mandamientos o porque se conculcan de cualquier forma, sin atender sus imperativos o por contravenir las prohibiciones, entonces el proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente para conseguir que se renueven los cargos de elección popular correspondientes.

ii. Violación plenamente acreditada.

83     En el caso que se resuelve, debe tenerse en consideración que, en ejercicio de su facultad para ordenar el desahogo de diligencias para mejor proveer, la Sala Regional Toluca se allegó de diversos medios de convicción a partir de los que analizó la existencia de las publicaciones denunciadas y la difusión de diversos mensajes en redes sociales durante el periodo de reflexión y la jornada electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México.

84     De las documentales remitidas por el Instituto Nacional Electoral, en relación con los procedimientos sancionadores instaurados en contra del Partido Verde Ecologista de México y otros[16], tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), 3 y 4, incisos b) y d), y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se obtienen los datos relevantes siguientes:

85     Que ciento cuatro personas hicieron publicaciones en sus respectivos perfiles de la red social Instagram, mencionando al Partido Verde Ecologista de México, haciendo alusión a la jornada electoral y a las propuestas de dicho instituto político.

86     Dichas publicaciones ocurrieron entre los días cinco y seis de junio de dos mil veintiuno.

87     De ellas, la Sala Regional Toluca tuvo a la vista y analizó los mensajes de setenta y seis casos que se difundieron en la red social conocida como Instagram.

88     A continuación, se presenta una tabla que contiene los nombres de las personas involucradas, en su caso, la cuenta mediante la que publicaron los elementos propagandísticos que configuraron la infracción, el número de seguidores de cada una de las personas ahí referidas, la fecha de publicación del mensaje y el contenido que se presentó en el elemento propagandístico.

iii. Calidad de los sujetos involucrados.

89     La calidad de personas influyentes en las redes sociales o influencers que ostentan las personas referidas en el cuadro anterior no se encuentra cuestionada por las partes.

90     Los influencers son personas que destacan en las redes sociales como Instagram, poseen una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia mediante sus contenidos. Ante su popularidad, suelen tener la capacidad de crear tendencias; sus opiniones y conductas generan impactos relevantes, por lo que actualmente juegan un papel importante en el marketing de productos e ideas.

91     Si bien no existe una escala oficialmente definida de los niveles o categorías que puede tener una persona influyente en las redes sociales, muchos especialistas en marketing y los conocedores de la industria están utilizando la siguiente referencia[17]: nano influencers (de diez a mil seguidores); micro influencers (de mil a diez mil seguidores); macro influencers (de diez mil a cien mil seguidores); mega influencers (de cien mil a un millón de seguidores); y influencers celebridades (más de un millón de seguidores.

92     Para el caso, se observa que dentro de las personas influyentes señaladas en el cuadro anterior hay, al menos treinta y seis perfiles que encuadran en lo que se define como mega influencers e influencers celebridad, quienes solo entre ellos suman 62,035,371 (sesenta y dos millones, treinta y cinco mil, trescientos setenta y uno) de seguidores.

93     Dicha calidad de persona influyente o famosa, o figura pública, en principio, hace que el análisis de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues el perfil de las personas involucradas, por la exposición que tienen en internet, genera una mayor atracción o impacto de sus mensajes, circunstancia que conlleva también un mayor grado de responsabilidad social respecto de los contenidos que difunden en la red, pues si bien gozan de una amplia libertad de expresión para manifestar ideas y opiniones, a efecto de generar debate en la audiencia –lo que, desde luego, incluye la posibilidad de manifestar su parecer a favor o en contra de un partido político, sus candidatos o sus propuestas–.

94     Sin embargo, dicha libertad no resulta absoluta, por lo que si se advierten elementos en los mensajes que difunden en sus redes sociales que permitan identificarlos con la propaganda política o electoral de un partido político, es necesario analizar el contenido de tales mensajes a partir del contexto en que se emitieron, a fin de determinar si es posible inferir que existe una colaboración –contratada, pagada o pactada–  en beneficio del partido, que pudiese interferir con alguna prohibición establecida expresamente en la normativa electoral, o bien, poner en riesgo los principios rectores en la materia de cara a una determinada elección.

95     Lo anterior, ya que, a partir del su carácter de personas famosas, existe la posibilidad de que en el marco de una estrategia publicitaria se busque, so pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, incidir de manera indebida en la contienda electoral a partir de la emisión de mensajes que, en vez de ser espontáneos, formen parte de una estrategia propagandística diseñada por los partidos políticos para conseguir apoyo ciudadano, particularmente si ello acontece en momentos en que está legalmente prohibida la propaganda electoral.

96     En efecto, si un partido político se vale de la fama pública de una persona y de su popularidad para aprovecharlos como el vehículo o conducto para transmitir su plataforma electoral al electorado en tiempos en que la ley no lo permite, ello admite ser analizado en el marco de las prohibiciones generales de la propaganda electoral, particularmente tratándose del periodo de veda, en que si bien se debe garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía y el debate público previo a la elección, la propaganda electoral de los partidos políticos está prohibida.

Libertad de expresión en materia política en redes sociales.

97     Esta Sala Superior ha determinado que el derecho a la libre expresión, contenido en el artículo 6 constitucional, es una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.[18] También ha sostenido que la libertad de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés público[19].

98     Sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

99     Ahora, respecto a internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, ha señalado que “internet, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a los individuos comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto dramático en la forma en que compartimos y accedemos a la información y a las ideas”.[20]

100  De esta forma, el parámetro de maximización de la libertad de expresión abarca también a la información y comunicación generada a través de internet, entre ella, la que se relaciona con las denominadas redes sociales.

101  Las características particulares de internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.[21]

102  Por ende, esta superioridad ha considerado que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político[22].

103  De lo contrario, no sólo se restringiría la libertad de expresión dentro del contexto del proceso electoral, sino que también se desnaturalizaría a internet como medio de comunicación plural y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios impresos, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al medio de internet[23].

104  Ahora bien, las redes sociales (como Instagram) requieren de una interacción deliberada y consciente, que se desenvuelve en un plano multidireccional entre sus diversos usuarios para mantener activa la estructura de comunicación, ya que es mediante la manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, lo que contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto, indiscriminado e imprevisible.

105  De esta manera Instagram (al igual que otras redes, como Twitter) ofrece el potencial de que los usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite presumir que las publicaciones son realizadas libremente.

Periodo de veda electoral.

106  El artículo 251, párrafos 3, 4 y 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala, esencialmente que, durante la jornada electoral y los tres días previos a la misma, no se podrán realizar actos de proselitismo o difundir propaganda electoral; a este lapso se le denomina veda electoral.

107  Al respecto, esta Sala Superior ha considerado[24] que el periodo de veda electoral es el lapso durante el cual las y los candidatos, partidos políticos, simpatizantes y servidores públicos deben abstenerse de realizar cualquier acto o manifestación tendente a promover o presentar ante la ciudadanía a las candidaturas que contiendan a un cargo de elección; de tal manera que esa previsión consiste también en prohibir la difusión de propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la jornada electoral, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales.

108  Es necesario señalar que un aspecto relevante que se debe considerar en la resolución de los medios de impugnación relacionados con la validez de las elecciones, consiste en que las irregularidades que se suscitan el día de la jornada electoral o en una temporalidad cercana a dicha fecha, revisten una gravedad o magnitud diferenciada respecto de las que ocurren, por ejemplo, al inicio de la etapa de campaña, puesto que en la etapa conclusiva de los procesos electorales es cuando se definen las preferencias de la ciudadanía.

109  Esto es, una vez que las opciones políticas existentes desahogaron a lo largo de la campaña electoral todas sus propuestas y compromisos de campaña, con base a sus programas de acción y el plan de trabajo que establecieron para ello, es cuando la ciudadanía, a partir de dichos insumos, se encentra en aptitud de tomar una decisión libre e informada respecto de su voto, en el mayor de los casos.

110  De ahí que las irregularidades acaecidas en la etapa conclusiva de la campaña electoral, en la veda electoral o periodo de reflexión, e incluso el día de la jornada electoral, deben ser calificadas con una mayor gravedad que aquellas suscitadas en otros periodos; en otras palabras, entre más cerca de la jornada electoral se dé la violación, mayores serán las consecuencias en el proceso.

111  Incluso, esta Sala Superior ha establecido que las autoridades electorales deben ser escrupulosas y rigurosas al momento de analizar y, en su caso, sancionar las irregularidades o faltas cometidas durante el periodo de veda electoral (etapa conclusiva de la campaña) por los sujetos obligados por la legislación electoral, pues, frente a la cercanía del momento en que se ejercerá el derecho a votar, deben hacer un énfasis mayor en procurar que no se vicie indebidamente la voluntad del electorado, con el objeto de salvaguardar los principios constitucionales requeridos para la validez de una elección.

112  Ello implica, entre otros aspectos, que tales autoridades deben asumir un enfoque preventivo más riguroso o estricto que procure suprimir o desincentivar la generación de prácticas contrarias a las normas que puedan repercutir en la decisión del voto de la ciudadanía y que, dados los tiempos, no puedan corregirse o depurarse a través de los mecanismos legales de control con que cuentan, como son los procedimientos especiales sancionadores, así como el dictado de medidas cautelares en los mismos.[25]

113  Esto, sin restar valor a cualquier hecho o conducta ilícita ocurrida en cualquier otra temporalidad del proceso electoral, incluso en la etapa relativa a la preparación de la elección, puesto que lo trascendental es que se encuentre acreditado que las irregularidades son determinantes para el resultado de la votación o repercutan en el normal desarrollo del proceso electoral y que efectivamente hubo una transgresión a los principios que rigen los procesos electorales.

114  En síntesis, el objeto del periodo de veda es generar las condiciones suficientes para que, una vez concluido el periodo de campañas electorales, los ciudadanos procesen la información recibida durante el mismo, y reflexionen el sentido de su voto, haciendo una valoración y confrontación de la oferta política que se presenta en los comicios.

115  Adicionalmente, en ese periodo se busca evitar que se emita propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la jornada electoral.

116  De esta forma, la veda electoral también previene que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales.

117  En este sentido la “veda electoral” supone, en principio, una prohibición de realizar actos de propaganda a favor o en contra de un partido político o de quienes ostentan una candidatura durante los días previos a la elección y el día de la elección misma.

118  Para poder definir los alcances del periodo de veda es necesario establecer que se debe entender por actos de campaña y propaganda electoral, pues son las conductas que se prohíben llevar a cabo durante dicha temporalidad.

119  Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 242 establece que se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Asimismo, que la propaganda electoral se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Conforme a la legislación, tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

120  A partir de lo anterior, es posible señalar que los actos de campañas son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en los que candidatos o voceros de los partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas, y la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, candidatos y simpatizantes, a efecto de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

121  En ambos casos, se debe buscar exponer, desarrollar o discutir frente a los electores los programas y acciones que el partido promueva en sus documentos básicos, así como sus plataformas electorales.

iv. Análisis de las publicaciones.

122  Con base en lo anterior, enseguida procede analizar las publicaciones realizadas por los influencers antes señalados, con la finalidad de determinar si su conducta representa una irregularidad.

a)    Temporalidad en la difusión de las publicaciones.

123  No está controvertido en autos que las publicaciones que fueron objeto de impugnación se difundieron en la red social denominada Instagram del cinco al seis de junio del dos mil veintiuno, esto es dentro del periodo de veda electoral previsto en el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues las campañas electorales para diputados federales se llevaron a cabo del cuatro de abril al dos de junio de dos mil veintiuno, y la jornada electoral tuvo lugar el seis de junio siguiente.

b)   Análisis del contenido de las publicaciones.

124  Esta Sala Superior ha sostenido que para determinar la existencia de propaganda política o electoral se debe hacer un estudio de interpretación razonable y objetivo, en el cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a los que se atribuya un componente de tal naturaleza, no se confronten únicamente con la literalidad de la norma, sino que se debe hacer una interpretación basada en la sana lógica y el justo juicio o raciocinio.

125  Para determinar si la difusión de los mensajes denunciados constituyó una violación a la veda electoral que buscó favorecer al Partido Verde Ecologista de México o a sus candidatos, el contenido de las publicaciones no solo debe analizarse individualmente, sino también de forma adminiculada, para estar en condiciones de establecer si constituyeron manifestaciones aisladas y espontáneas bajo el amparo de la libertad de expresión, o bien, si en realidad se trató de una estrategia sistematizada de difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda.

126  En ese sentido, para lo que interesa al presente caso, debe reiterarse que la propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se producen y difunden con la finalidad de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

127  Del análisis de las publicaciones, cuyo contenido se transcribió en apartado previo, se obtiene que, en sus mensajes, los influencers coinciden en los siguientes elementos:

i)              Se menciona alguna propuesta del Partido Verde Ecologista de México, como: mejora del transporte público, vigilancia de las calles, cuidado del medio ambiente, cuidado de los animales, conversión de basura en energía, eliminación del uso de bolsas de plástico o popotes, protección a las mujeres, grupos y refugios para mujeres y niños violentados, vales de despensa, abasto de medicinas y Ley Olimpia.

ii)           Etiquetan al partido con su usuario de Instagram @partidoverdemex

iii)        Se alienta a acudir a las urnas a votar.

iv)        Se expresa que la opinión y decisión del emisor del mensaje es a favor del Partido Verde Ecologista de México.

128  De lo anterior se observa que, del contenido de los videos publicados en las historias de Instagram de los influencers, al relacionarse con los temas señalados, consistentes en propuestas de políticas públicas, se vincularon directamente con propuestas concretas que formaron parte de la plataforma electoral del Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral que transcurría al momento en que se difundieron los referidos mensajes.

129  En ese sentido, cobran relevancia los siguientes aspectos concretos:

-         Todas las publicaciones alusivas a los temas señalados fueron emitidas por personas famosas, en concreto, influencers con miles e incluso varios millones de seguidores, como se advirtió en sus propios perfiles de Instagram.

-         Todos los videos precisados fueron emitidos en un periodo compacto de tiempo (dos días) que coincidió con la veda electoral, momento trascendente del proceso electoral dada la ausencia de propaganda electoral de partidos políticos y candidatos por disposición legal, así como la cercanía de la jornada electoral y, con ello, de la decisión del voto por parte del electorado.

-         Los influencers que publicaron mensajes alusivos a los citados temas, publicaron un video durante la veda electoral en el que arrobaron al Partido Verde Ecologista de México y/o hicieron menciones para vincularlos con la plataforma electoral del Partido Verde Ecologista de México.

-         Todos los videos publicados tienen diversas características en común, como lo son, por ejemplo, la alusión a alguna propuesta del Partido Verde Ecologista de México, la manifestación de coincidencia plena con la propuesta y ninguno de ellos planteaba una perspectiva negativa o crítica en torno a las citadas propuestas.

-         Los influencers reiteran que el voto es libre y secreto; manifiestan su simpatía con las propuestas del partido verde, e incluso hay quienes manifiestan que su voto será por esa opción política; finalmente, invitan a su audiencia a acudir a votar.

-         Finalmente, se invoca como hecho notorio que en pasados procesos electorales, el propio Partido Verde Ecologista de México reiteradamente ha utilizado como estrategia propagandística la difusión de mensajes alusivos a sus propuestas de campaña por conducto de figuras del medio del espectáculo y el uso de las redes sociales; incluso, el propio instituto político ha sido sancionado con anterioridad por las autoridades electorales por la difusión de propaganda política y/o electoral contraria al marco jurídico a través de personas famosas del citado medio.[26]

130  Por las razones apuntadas, se concluye que el análisis adminiculado de los mensajes señalados revela múltiples elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad en su emisión y, por el contrario, permiten advertir la existencia de una estrategia deliberada para realizar la promoción indebida del partido político en un periodo prohibido en la Ley.

131  En efecto, en el caso no se advierten elementos mínimos para estimar que los mensajes publicados no encuadran en un auténtico ejercicio de las libertades de expresión e información, ya que sus características particulares atienden a un contexto propagandístico en el que destaca la mención al partido político, la intención de voto de los llamados influencers y la mención de las propuestas de campaña, de ahí que, en realidad, se está en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar al Partido Verde Ecologista de México.

132  Al respecto, se enfatiza que el grupo de mensajes que se relacionó con los temas de la plataforma electoral del Partido Verde Ecologista de México no sólo tuvo el elemento común de arrobar la cuenta de Instagram del partido, pues ello es una conducta propia de la red social que, por sí sola, no puede considerarse como suficiente para tener por acreditada una estrategia propagandística; no obstante, en el caso concreto existen múltiples elementos comunes adicionales en los mensajes señalados, los cuales han quedado detallados con antelación, que concatenados entre sí permiten inferir la existencia de un acuerdo entre el partido político señalado y los emisores de tales mensajes.

133  A lo anterior, se suma que, conforme a lo informado por el Instituto Nacional Electoral, así como del contenido de las pruebas que tuvo a la vista la Sala Regional responsable, se tiene que:

a.    En un video[27], María Fernanda Moreno Palacios (@fershymp) haber recibido diez mil pesos[28].

b.    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó a la Unidad Técnica de Fiscalización que Manuel Tadeo Fernandez Madrigal (@tadeo_acashore); Jesus Julián Soto Bobadilla (@jjuliansoto); y Karime Irene Pindter Heredia (@karimepindter) recibieron depósitos por la cantidad de diez mil pesos cerca de la fecha de las publicaciones.

c.     Nabile Guerra Flores (@nab_guerra) manifestó ante la Unidad Técnica de Fiscalización que fue contactada para hacer publicaciones mencionando al @partidoverdemex, e incluso se le indicó que debía firmar un contrato para recibir treinta mil pesos, a lo cual se negó[29].

d.    Mauricio López Velasco (@mauwow) difundió en sus redes sociales un mensaje en el que explicaba que por publicaciones de índole electoral se le pagaba veinticinco mil pesos[30].

e.    La autoridad electoral, al resolver el procedimiento oficioso y las quejas en materia de fiscalización[31], consideró que existieron personas que tenían como función “reclutar” influencers, lo que le permitió establecer que el partido ordenó la búsqueda de famosos, actores, actrices, cantantes para influenciar en el ánimo de la votación a través del pago por sus servicios.

134  Las circunstancias relatadas hacen patente que la publicación de los videos, por parte de los influencers, se aleja de un ejercicio del derecho de libertad de expresión, puesto que pierde su espontaneidad y, en su lugar, se constituye un ejercicio de índole comercial, de venta de publicidad por parte de los influencers hacia el partido político, actividad que cuenta con parámetros de protección constitucional distintas a la libertad fundamental de expresión.

135  Sobre el particular, es importante precisar que resulta irrelevante que parte de la información en la que se sustentó la Sala Toluca para valorar la incidencia de la infracción derivara de una resolución del Instituto Nacional Electoral que se encontraba controvertida; pues lo cierto es que se trata de datos certeros y objetivos que permitieron a la responsable desprender las circunstancias en las cuales se desarrollaron las conductas materia de la irregularidad.

136  Así, de lo relatado previamente, se desvirtúa el planteamiento de los recurrentes de que el contenido de los citados mensajes constituyó una opinión aislada y espontánea de quien los emitió, pues la inferencia que conduce a estimar que hubo una concertación previa entre las partes señaladas –partido político y personas famosas apuntadas– necesariamente conlleva a la desaparición de las características de espontaneidad que son indispensables para considerar que los ciudadanos que publicaron el grupo de mensajes precisado actuaron genuinamente, por iniciativa propia o por propio impulso.

137  Como consecuencia, la emisión de propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México durante el periodo de veda impidió que se cumpliera la finalidad de dichas normas, relativa a que los ciudadanos se liberen del influjo de factores que pudieran alterar la autenticidad del sufragio, pues durante el periodo de reflexión se difundió propaganda electoral de una sola opción política, circunstancia que corrompe ese espacio de meditación que el legislador previó a favor de la ciudadanía.

138  Asimismo, el hecho de que durante un periodo donde se prohíbe la propaganda, el Partido Verde Ecologista fuera beneficiado con publicaciones de naturaleza proselitista trastoca el diverso principio de equidad en la contienda.

139  En efecto, uno de los presupuestos esenciales para que una elección sea considerada válida, consiste en que los procesos de elección de cargos públicos representativos sean respetuosos de los principios del voto público y del principio de igualdad, materializado en este caso, en su dimensión de equidad en la contienda.

140  Al respecto, la Sala Superior ha sostenido[32], que el principio constitucional de equidad en la contienda se extrae de las disposiciones contenidas en los artículos 41, 99 y 116, fracción IV de la Constitución.

141  De acuerdo con esos preceptos, en los sistemas democráticos cuyos representantes populares son electos mediante un sistema de competencia, se ponen a consideración de la ciudadanía los postulados, programas, idearios y principios de partidos políticos y candidatos, para que ésta pueda elegir entre las diferentes alternativas que se presentan, todo lo cual debe realizarse en condiciones de equidad; es decir, que desde el inicio del proceso electoral y hasta su conclusión, los participantes en el proceso debe ser tratados en igualdad de circunstancias.

142  En este orden de ideas, el principio de igualdad o equidad en la contienda, si bien tiene como objeto mediato, la tutela del derecho de los contendientes de contar con la misma oportunidad de obtener el voto ciudadano, la finalidad última está dirigida a que la decisión que tomen los electores, se encuentre libre de influencias indebidas, como podría ser la sobre o sub exposición del electorado a determinada propaganda electoral, o bien el beneficio del Estado a determinado partido o candidato.

143  Dicho de otro modo, el objetivo del principio de equidad en la contienda es que los electores no se encuentren sujetos de manera indiscriminada y desproporcionada a propaganda electoral irregular o cualquier actuación del Estado que pueda alterar el sentido de su voto.

144  Con base en lo anterior, contrario a lo señalado por los recurrentes, la emisión y difusión de propaganda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México a partir de una estrategia publicitaria durante el periodo de veda constituye una irregularidad que atentó contra los principios constitucionales de legalidad y equidad en la contienda electoral, así como el derecho de la ciudadanía a poder emitir su sufragio libremente, esto es, sin interferencias indebidas.

v. La violación es sustancial.

145  Se considera que la violación que tuvo verificativo los días cinco y seis de junio fue sustancial.

146  Ello porque, como se ha expuesto, la propaganda electoral se difundió durante el periodo con que cuentan los ciudadanos para reflexionar su voto, luego de haber escuchado y observado las propuestas de cada uno de los candidatos y las fuerzas políticas que representan, e incluso, durante el mismo día de la jornada electoral, lo que se tradujo en una violación directa a los artículos 210, párrafo 1, y 251, párrafos 3 y 4, de la Ley General de Instituciones  Procedimientos Electorales.

147  Además, esa difusión de propaganda también atentó contra el ejercicio del derecho al voto libre y auténtico, porque se realizó a través de personas afamadas que cuentan con altos grados de aceptación y reconocimiento de la ciudadanía.

148  Por ello, se considera que la ventaja que obtuvo la Coalición “Juntos Hacemos Historia” en razón de la votación obtenida por el Partido Verde Ecologista de México que tuvo su origen en las acciones descritas, vulneró el principio de equidad en la contienda, porque mientras el resto de los contendientes respetaron las reglas establecidas en la normativa electoral y se abstuvieron de realizar actos proselitistas y difundir propaganda electoral el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, dicho instituto político desplegó la estrategia de difusión de propaganda en plataformas digitales que ha sido evidenciada, lo que se tradujo en un periodo mayor para posicionarse frente al electorado.

149  Con relación a la incidencia que dicha conducta reprochable tuvo en el electorado, se considera que fue grave, pues la naturaleza del sufragio y las características que debe guardar, para ser considerado válido, constituyen garantías de que el ciudadano elige libremente a sus representantes, sin coacción o presión alguna y, por tanto, que el derecho para ejercer el poder público proviene y se legitima a partir del voto de los ciudadanos, caracterizado por ser una manifestación espontánea de la voluntad, por ser la libre decisión de los ciudadanos manifestada bajo circunstancias de convencimiento y libertad que otorga la vigencia efectiva del Estado Democrático de Derecho.

150  En el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución, se establece que la renovación de los depositarios de los poderes legislativo y ejecutivo se debe hacer mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, e impone como requisito indispensable que el sufragio de los ciudadanos sea universal, libre, secreto y directo, lo que se inscribe como elementos sine qua non para la realización y vigencia del régimen representativo y democrático que mandata la propia Ley Fundamental. Dicho precepto, en su esencia, es reproducido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de ese máximo ordenamiento.

151  Asimismo, este derecho está previsto en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por ejemplo, el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

152  Sobre dicha porción normativa, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en la Observación General número 25 precisó que las elecciones deben ser libres y equitativas y que se deben celebrar periódicamente, conforme al marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto "[…]sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo […]".

153  En el ámbito político-electoral, la libertad se concibe como una garantía de constitución del poder público, pues la posibilidad de elegir a los representantes populares es prioritaria en los Estados Democráticos de Derecho, dado que la premisa recogida en la mayoría de las constituciones democráticas prevé que el poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste.

154  Por ende, para calificar como libre una elección, se deben reunir los requisitos que se han mencionado, especialmente, que la voluntad de los electores debe estar libre de cualquier presión, injerencia ajena o inducción ilícita, que pueda viciar su verdadero sentido y su espontaneidad.

155  Esta postura se sustenta en que, el derecho al voto constituye la piedra angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, se permite la necesaria conexión entre los ciudadanos y el poder público, legitimando a éste; de ahí la relevancia de garantizar que se ejerza de manera libre y auténtica.

156  Sobre esa base, tomando en consideración que previamente se analizó el contexto de la difusión de los mensajes difundidos por los influencers y se determinó que se emitieron al margen de la ley porque se pretendió obtener un beneficio aprovechando la popularidad de estas personas en redes sociales, pues son sujetos fácilmente identificables por la ciudadanía y cuentan con un número relevante de seguidores, siendo un vehículo eficiente, económico y relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector en el periodo de veda electoral y durante el desarrollo de la jornada electoral, es que se trató de actos que atentaron contra la voluntad ciudadana y su derecho a emitir el voto de manera libre, precisamente, al no respetar el periodo de reflexión.

157  Al respecto, es importante tener presente que la prohibición legal de difundir propaganda electoral y de realizar actos proselitistas durante el periodo de veda busca que los ciudadanos reflexionen el sentido de su voto, mediante la valoración y confrontación de la oferta política a la que estuvieron expuestos durante la etapa de campañas por parte de todas las fuerzas políticas.

158  De ahí que la transgresión a una prohibición prevista expresamente en la Ley Electoral General que además vulneró la libertad del sufragio de los electores que residen en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, se considere una violación sustancial.

159  Aunado a lo anterior, la difusión de la propaganda en favor del Partido Verde Ecologista de México vulneró la equidad en la contienda electoral que es uno de los pilares fundamentales que brinda legitimación a los resultados de la elección.

160  Lo anterior, porque una contienda en la que se respeten y garanticen condiciones iguales para todos los participantes permite que las y los candidatos tengan las mismas posibilidades de obtener el triunfo, por lo que todas las candidaturas deben recibir el mismo trato por parte de las autoridades, pero también los contendientes deben conducirse dentro de las campañas con estricto apego a las normas y reglas establecidas y actuar con honestidad e integridad respecto de sus contrincantes para no obtener una ventaja o beneficio ilegal en detrimento del principio de autenticidad de las elecciones.

161  Actuar en sentido contrario, impone la realización de malas prácticas que restan legitimación al triunfo que pudiera obtenerse como consecuencia de una ventaja o beneficio obtenido de manera ilegal.

162  Sobre esa base, es que se considera que la violación que se generó a partir de la propaganda difundida por los influencers en favor del Partido Verde Ecologista de México es sustancial, porque contravino abiertamente la prohibición establecida expresamente en el artículo 251, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[33] porque tuvo verificativo el día de la jornada electoral y un día anterior a ésta; se atentó contra la libertad del sufragio y el derecho de la ciudadanía a contar con un periodo de reflexión de su voto sin influencia o factores políticos, para ejercer el derecho a votar de manera informada, mediata y libre; además de que se vulneró la equidad en la contienda, pues el aludido instituto político fue el único que actuó al margen de la ley en el periodo de veda y durante el desarrollo de la jornada electoral para obtener un beneficio o ventaja indebida en detrimento de una competencia limpia y justa.

vi. La violación se cometió en forma generalizada.

163  Como se refirió con antelación, para que se actualice la nulidad de una elección, es requisito indispensable que se acredite que la irregularidad o situación anómala se haya presentado de manera generalizada.

164  Una irregularidad, para efectos de la nulidad de una elección, es generalizada cuando se produce o surte sus efectos durante todo el proceso electoral o antes de la jornada electoral en todo el ámbito  territorial en que se realiza la elección o cuando sus efectos perniciosos inciden negativamente en las condiciones generales en que deben desarrollarse los comicios, al grado que impidan la observancia de manera total o en una alta proporción de las cualidades imprescindibles de una elección democrática[34], lo que en el caso no se comprobó con las constancias que integran el expediente.

165  Ello es así porque, para verificar si los mensajes difundidos a través de las redes sociales por las personas conocidas como influencers que previamente fueron mencionadas fueron generalizadas, es necesario señalar que aun y cuando su exposición frente al electorado, sólo se realizó durante el día previo a la jornada electoral y el día de la elección y no durante todo el proceso electoral, lo cierto es que, su publicación y difusión fue el resultado de una estrategia de comunicación o campaña propagandística que inició previamente, con el diseño de esta, el reclutamiento de los llamados influencers, el diseño y elaboración de la propaganda, así como el pago por los servicios.

166  Ahora bien, el hecho de que los efectos producidos por las irregularidades se percibieran durante la jornada electoral y el día previo, es solo un aspecto que debe considerarse, pero que no define sus alcances, toda vez que el elemento fundamental que define si una violación es generalizada o no, es el efecto pernicioso que pueda afectar las condiciones de las elecciones, la que en el caso que se analiza se acredita, si se toma en cuenta que, además de que la propaganda se publicó y difundió en redes sociales que pudieron ser consultadas en casi la totalidad del territorio del distrito[35], ya que bastaba una conexión fija o móvil a internet para hacerlo, también se publicitó a través de otros medios de comunicación como son radio, televisión y prensa, que dieron cuenta de esos sucesos, tal y como lo consideró al Sala Regional Toluca y cuya consideración no se encuentra cuestionada.

167  De igual manera, debe hacerse notar que la publicidad afectó las condiciones bajo las que la ciudadanía debe emitir su sufragio, toda vez que a los electores que visualizaron esa propaganda se les expuso indebidamente a una promoción que evitó que contaran con el periodo señalado por el legislador para poder reflexionar de manera clara y libre de presiones el sentido de su voto.

168  Además, ello generó, de facto, que el partido realizara la promoción de sus propuestas de campaña por un periodo mayor al resto de las fuerzas políticas, lo que, por sí mismo, representó una situación que afectó las condiciones mínimas de igualdad bajo las que deben desarrollarse las contiendas electivas y que otorgaron al Partido Verde Ecologista de México la posibilidad de alcanzar mayor grado de penetración en el electorado.

vii. La violación se cometió en la jornada electoral y en el distrito de la elección respectiva.

169  Como se evidenció, la propaganda electoral en redes sociales se difundió los días cinco y seis de junio (veda y día de la jornada electoral), por lo que, además de contravenir lo dispuesto expresamente en la Ley Electoral General, se afectó de manera directa el normal desarrollo de la jornada electoral por la vulneración al principio de equidad en la contienda y por no respetarse la libertad de la ciudadanía para reflexionar su voto sin influencias políticas externas.

170  Asimismo, atendiendo al potencial que tienen las redes sociales para difundir información y contenidos a gran escala y de manera inmediata, es posible señalar que la difusión de la propaganda por parte de los influencers ocurrió en el territorio que ocupa el 03 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, pues el internet y las plataformas digitales no necesariamente concentran sus efectos en un determinado ámbito territorial, ya que su efectividad reside en la disposición y accesibilidad a internet, ya sea a través de un teléfono celular o una computadora.

viii. La violación fue determinante para el resultado de la elección.

171  Se coincide con lo razonado por la responsable en la sentencia recurrida, cuando refiere que un elemento objetivo para poder inferir el impacto de la difusión de la propaganda que se cuestiona es el número de seguidores con que cuenta cada uno de los influencers involucrados.

172  De las constancias que se allegó la Sala Toluca por parte del Instituto Nacional Electoral, se tiene que se certificó que la suma del número de seguidores de los ciento cuatro influencers que participaron en la estrategia propagandística del Partido Verde Ecologista de México asciende a la cantidad de ciento cuarenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos trece (142,188,613) cantidad que representa las personas que estuvieron expuestas a recibir, durante la veda y la jornada electoral, la propaganda electoral en favor del citado instituto político.

173  Cabe precisar, que dicho número sirve únicamente para evidenciar la difusión exponencial que una publicación en redes sociales puede tener en un momento dado; empero sería imposible asegurar que el referido número de seguidores corresponda a personas que votaron el pasado seis de junio en la elección en cuestión.

174  No obstante, lo que sí se puede deducir de dichos datos objetivos es que no existe certeza de que con el despliegue de la estrategia propagandística en tiempos prohibidos por la legislación electoral haya habido equidad en la contienda, pues como se viene explicando, el Partido Verde Ecologista de México y la coalición y que al final resultó vencedora, obtuvieron una ventaja indebida para beneficiarse y posicionarse frente al electorado por los mensajes que estaban difundiendo los influencers que, como se ha dicho, tienen millones de seguidores en su conjunto.

175  Respecto a esto último, se coincide en que, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, es posible desprender que gran parte de los seguidores de cada uno de los influencers vieron el mensaje y, por tanto, hubo millones de personas que tuvieron acceso al contenido publicitario prohibido y que probablemente lo replicaron o compartieron haciéndolo viral.

176  Así, existe una fuerte presunción de que, de los más de ciento cuarenta millones de seguidores que suman las personas reconocidas públicamente en redes sociales, un porcentaje muy menor hubiera podido tener acceso a la propaganda electoral prohibida y verse influenciados por ella, por ejemplo, nueve mil quinientos sesenta y dos (9,561) que es el número de votos que corresponde a la diferencia de votación ente el primero y el segundo lugar en la elección del 03 distrito electoral federal en Michoacán.

177  Es por ello que, atendiendo a la gravedad de la violación que se analiza, sería dable colegir que la incidencia que tuvo en el electorado podría ser relevante y determinante, por ejemplo, si se toma en consideración el número de votos aportados por el Partido Verde Ecologista de México a la coalición ganadora de la elección impugnada.

178  Esto es, la coalición “Juntos Hacemos Historia” obtuvo el triunfo con un total de setenta y cuatro mil trescientos dos votos (74,302), de los cuales, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo en lo individual doce mil ochocientos nueve (12,809).

179  Por tanto, si los votos que aportó el partido, hipotéticamente, fueran anulados, la coalición se quedaría con sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres votos (61,493), es decir, tres mil doscientos cuarenta y ocho votos menos (3,248) que la coalición que obtuvo el segundo lugar (64,741 votos).

180  Aunado a lo anterior, se estima importante tener presente que la Sala responsable se allegó de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Nacional Electoral para desprender que de las ochenta y dos (82) secciones con que cuenta el municipio de Zitácuaro Michoacán, cuarenta y cinco (45) se ubican en zonas urbanas o mixtas; y que, en dicha localidad existen las condiciones tecnológicas, así como un nivel de alfabetización o escolar suficientes para presumir que, la mayoría de las personas en posibilidad de votar en la elección controvertida tiene acceso a la información que se difunde por medio de las redes sociales.

181  De igual forma, el análisis previamente efectuado permite evidenciar que, el análisis realizado por la Sala Toluca se ciñó a verificar la actualización de los elementos exigidos para la actualización de la causal de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, y no alguna otra, como lo reclaman los recurrentes.

182  Es decir, contrario a lo que sostienen los recurrentes, en este caso, acertadamente la Sala Toluca tuvo por actualizados los elementos previstos en una causal expresamente prevista en un ordenamiento jurídico, es decir, la actualización de infracciones generalizadas dispuesta en el numeral previamente citado de la Ley de Medios, y su análisis se limitó a la actualización de los elementos exigidos por la propia norma, a diferencia de los exigidos en las causales previstas en la base VI, del artículo 41 constitucional.

183  Por todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que, en el caso, atendiendo a las características particulares y al contexto del asunto, como lo sostuvo la responsable, se actualizan los elementos cuantitativo y cualitativo de la determinancia, ya que la indebida ventaja que obtuvo el Partido Verde Ecologista de México y, por consecuencia, la coalición que integró genera incertidumbre suficiente para poner en duda el resultado de la elección.

184  En consecuencia, al haber quedado acreditada la violación grave, generalizada, que tuvo verificativo el día de la jornada electoral en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, con cabecera en Heroica Zitácuaro, y que fue determinante para el resultado de la elección, lo procedente es confirmar la nulidad de la elección de diputados federales en el citado distrito.

185  En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los recurrentes, se debe confirmar la sentencia impugnada.”

C. Conclusión.

186  Las consideraciones que anteceden son las que, a mi juicio, debieron prevalecer en la resolución en los presentes recursos de reconsideración y, en consecuencia, las expongo íntegramente para que formen parte de este voto particular, como constancia de mi postura en estos asuntos.

187  Por lo anterior, formulo el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicte con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.