RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-1285/2024

RECURRENTES: GERARDO COVARRUBIAS CHÁVEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA: VERÓNICA PÍA SILVA ROJAS

COLABORÓ: PABLO DENINO TORRES

Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro

Sentencia que desecha el recurso de reconsideración interpuesto por Gerardo Covarrubias Chávez, para controvertir la sentencia de la Sala Regional Monterrey, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía SM-JDC-479/2024, porque no cumple el requisito especial de procedencia.

GLOSARIO

1.     ASPECTOS GENERALES

(1)            El recurrente presentó un juicio de la ciudadanía local, en el que solicitó la nulidad de la elección para el ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, así como de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición.

(2)            El Tribunal local confirmó los actos impugnados, después de calificar los agravios del actor como infundados e inoperantes.

(3)            Inconforme con ello, el recurrente interpuso lo que denominó un “juicio de nulidad de elección” ante la Sala Monterrey, autoridad que lo reencauzó a juicio de la ciudadanía y confirmó la sentencia local, ya que determinó que algunos de los agravios del actor eran una reiteración de los que había formulado ante la instancia local, otros eran novedosos, y no combatían las razones por las cuales el Tribunal local le negó su pretensión.

(4)            En contra de la determinación de la Sala Monterrey, el recurrente acude ante esta Sala Superior. Por tanto, el problema jurídico a resolver en primer término consiste en determinar si el recurso cumple, o no, el requisito especial para su procedencia.

2.     ANTECEDENTES

(5)            2.1 Inicio del proceso electoral. El primero de enero de dos mil veinticuatro[1] dio inicio el proceso electoral local 2024, para la renovación de las y los integrantes de los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza.

(6)            2.2 Jornada electoral. El dos de junio, se llevó a cabo la elección para renovar los cargos señalados.

(7)            2.3 Cómputo municipal. El cinco de junio, el Comité Municipal realizó el cómputo de la elección del ayuntamiento de Ramos Arizpe, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría al candidato postulado por la coalición.

(8)            2.4. Juicio local (TEZ-JDC-29/2024). En desacuerdo con los actos señalados en el párrafo anterior, el recurrente presentó un juicio de la ciudadanía ante el Tribunal local, solicitando la nulidad de la elección y de la constancia de mayoría a las que se hace referencia. El Tribunal local determinó que los agravios eran infundados e inoperantes y confirmó los actos impugnados.

(9)            2.5 Juicio federal (Acto impugnado SM-JDC-479/2024). El seis de julio, el recurrente promovió lo que denominó un “juicio de nulidad de la elección” en contra de la sentencia local. En su oportunidad, la Sala Monterrey lo rencauzó a juicio de la ciudadanía y confirmó la sentencia impugnada.

(10)        2.6 Recurso de reconsideración. Inconforme con la sentencia de la Sala Monterrey, el recurrente acude ante esta instancia vía el recurso de reconsideración.

3.     TRÁMITE

(11)        3.1. Integración del expediente y turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, la magistrada presidenta ordenó integrar y turnar el expediente SUP-REC-1285/2024 a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

(12)        3.2. Radicación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación en su ponencia.

4.     COMPETENCIA

(13)        Este asunto es competencia exclusiva de esta Sala Superior, al tratarse de un recurso de reconsideración.[2]

5.     IMPROCEDENCIA

(14)        El recurso es improcedente, pues, con independencia de que se actualice alguna otra causal, no cumple el requisito especial de procedibilidad. [3] Esto es así, porque los agravios no plantean una cuestión de constitucionalidad o convencionalidad, además, en la sentencia impugnada no se examinaron temas de esta naturaleza y tampoco se cumple alguno de los supuestos de procedencia que establece la jurisprudencia.

5.1. Explicación jurídica

(15)        La Ley de Medios establece el desechamiento de las demandas notoriamente improcedentes.[4] Asimismo, dispone que las sentencias de las Salas Regionales son definitivas e inatacables, con excepción de aquellas que puedan controvertirse mediante el recurso de reconsideración.[5] Este recurso está previsto para impugnar sentencias de fondo[6] en dos casos específicos:

A.    En los juicios de inconformidad promovidos en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores;[7] y

B.    En los demás medios de impugnación en los que se haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.[8]

(16)        Esta segunda hipótesis de procedencia ha sido materia de análisis y ampliación mediante determinaciones judiciales y criterios jurisprudenciales dictados por esta Sala Superior, de tal forma que el recurso de reconsideración también procede en contra de las sentencias de las Salas Regionales en las que:

         Se inapliquen normas electorales; [9]

         Se declaren infundados,[10] o se omita el estudio[11] de planteamientos sobre la inconstitucionalidad de normas electorales;[12]

         Se interpreten preceptos constitucionales; [13]

         Se ejercite un control de convencionalidad; [14]

         Existan irregularidades graves, con la posibilidad de vulnerar principios constitucionales y convencionalidades exigidos para la validez de las elecciones;[15]

         Existan violaciones al debido proceso o errores judiciales evidentes; [16]

         Haya temas inéditos o de gran importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional;[17]

         Exista imposibilidad material y jurídica de cumplir con la resolución. [18]

(17)        En resumen, las hipótesis por las cuales procede el recurso de reconsideración están relacionadas con el análisis de constitucionalidad o convencionalidad de las normas jurídicas y su consecuente inaplicación, interpretación constitucional, o por el indebido análisis de violaciones graves a principios constitucionales, el error judicial manifiesto o la necesidad de definición de un criterio importante y trascedente para el orden jurídico nacional.

(18)        Así, los criterios que la Sala Superior ha establecido en la jurisprudencia respecto a la procedencia del recurso de reconsideración hacen evidente el carácter extraordinario de este recurso, que no constituye una simple instancia ulterior de revisión judicial. Por lo tanto, si no se presenta alguno de los supuestos señalados, el medio de impugnación se considerará notoriamente improcedente y deberá desecharse de plano.

5.2. Sentencia impugnada

(19)        La Sala Monterrey confirmó la sentencia del Tribunal local, al declarar inoperantes e ineficaces los agravios formulados por el recurrente, según el estudio que realizó, en el que dividió los agravios en los siguientes tres grupos.

(20)        En cuanto al primer bloque, en el que el recurrente alegó la vulneración al principio de certeza, el uso indebido de recursos públicos por parte del alcalde de Ramos Arizpe, la intervención del gobierno estatal por la promoción de obra pública e instalación de empresas, la participación de los servidores públicos en la campaña y en la jornada electoral, así como la intervención de la estructura del PRI; además de que consideró que se trataba de agravios reiterativos y genéricos. En estos casos, la Sala Monterrey razonó que el actor se limitó a reiterar los agravios que expuso en el medio de impugnación local, sin construir un verdadero razonamiento, parámetro o argumento que permitiera revisar las consideraciones del Tribunal local.

(21)        Para reforzar lo anterior, la Sala Monterrey expuso que la reproducción ante la instancia federal de los mismos argumentos esgrimidos ante el Tribunal responsable –sin controvertir las razones por las cuales el Tribunal responsable los desestimó– no es apta para demostrar alguna irregularidad en el dictado de la sentencia impugnada y, por tanto, resulta inútil para modificarla o revocarla.[19]

(22)        En cuanto al segundo bloque de agravios –relacionados con la fiscalización de los gastos de campaña–, consideró que eran ineficaces, al no controvertir de manera adecuada las razones y fundamentos que el Tribunal local refirió en su sentencia. Esto es, que en materia de fiscalización, debe existir una resolución previa del INE, que acredite las irregularidades en materia de reporte de gastos, por lo que dejó a salvo sus derechos.

(23)        Finalmente, la Sala Monterrey concluyó que el resto de las manifestaciones (relativas a una presunta denuncia presentada en su contra, así como la referencia a testimonios y notas periodísticas) eran inoperantes, al constituir manifestaciones genéricas que no controvertían, de ningún modo, las consideraciones y fundamentos de la resolución impugnada, pues no se refieren a ninguna porción de la sentencia combatida.

5.3. Manifestaciones del recurrente

(24)        En su escrito, el recurrente manifiesta, a manera de cuestión previa, lo que considera diversas violaciones procesales por parte de la Sala Monterrey. Específicamente respecto del reencauzamiento de su medio de impugnación, la calificación de sus agravios como reiterativos y novedosos, la falta de una valoración de las pruebas aportadas, así como la falta de notificación de la sentencia.

(25)        A manera de agravios señala que la sentencia impugnada vulnera el principio de certeza en su perjuicio y se duele de violaciones al marco constitucional y normativo aplicable, sin identificar o explicar las violaciones a las que se refiere.

(26)        En segundo lugar, reclama la vulneración a su derecho de acceso a la justicia por lo que considera una omisión de un estudio de fondo de su medio de impugnación.

(27)        Finalmente, hace referencia a un precedente local del 2021,[20] en el que señala que se determinó la cancelación de una candidatura a una presidencia municipal por no presentar gastos de campaña.

5.4. Consideraciones de esta Sala Superior

(28)        El recurso que se analiza es improcedente, porque no cumple el requisito especial de procedencia consistente en que subsista una cuestión de constitucionalidad o convencionalidad, ya que ni la sentencia impugnada ni lo argumentado por el recurrente involucran algún problema de esa naturaleza.

(29)        En efecto, la controversia ante la instancia local versó sobre la pretensión de nulidad de la elección, derivado de diversas irregularidades planteadas por el ahora recurrente, medularmente en torno a la intervención de diversas autoridades en la elección, y sobre el uso de recursos públicos en favor del candidato a la presidencia municipal que resultó ganador. Estos planteamientos se desestimaron en la instancia local, al considerar que el promovente no logró acreditar las conductas de las que hizo depender su argumento de nulidad.

(30)        Además, reiteró las pretensiones originales ante la Sala Monterrey, sin controvertir las razones que sustentaron la sentencia local, por lo que la Sala Regional determinó su confirmación, de tal forma que la controversia ha versado únicamente sobre cuestiones de legalidad.

(31)        Ahora bien, el recurrente hace valer ante esta instancia la vulneración a su derecho a la justicia, derivado de lo que considera una indebida actuación de la Sala Monterrey. Sin embargo, no se advierte que en el reencauzamiento, sustanciación o resolución del procedimiento se haya cometido un error judicial, o que se hayan vulnerado las garantías del debido proceso del recurrente, y contrario a lo que sostiene, se le notificó[21] sobre la sentencia a través del correo electrónico señalado para esos efectos en su escrito de demanda y en el cual se autorizó notificar.[22]

(32)        Por otra parte, es criterio de la Sala Superior que la simple mención de una vulneración a preceptos o principios constitucionales en la sentencia impugnada no denota la existencia de un problema de constitucionalidad o de convencionalidad.[23] 

(33)        Finalmente, no se advierte que el caso revista características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, puesto que la controversia no plantea un tema inédito o novedoso que permita fijar un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional.

(34)        Así, dado que en el caso no se satisface el requisito especial para la procedencia del recurso, se debe desechar el recurso de reconsideración.

6. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de reconsideración.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.