RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-220/2015

RECURRENTE: morena

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS Y MÓNICA LOURDES DE LA SERNA GALVÁN

México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de reconsideración promovido por el partido político MORENA, a fin de controvertir la sentencia de treinta de mayo del año en curso, dictada por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en el expediente identificado con la clave SDF-JRC-79/2015, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De la narración de hechos que el recurrente hace en su escrito recursal, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes:

1. Convocatoria proceso electoral del Distrito Federal. El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó la convocatoria a participar en el proceso electoral ordinario del Distrito Federal 2014-2015 para elegir Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales.

2. Convenio de candidatura común. El veinte de marzo del año en curso, los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, celebraron convenio de candidatura común para la elección de Jefas y Jefes Delegacionales y Diputadas o Diputados de mayoría relativa, todos en el Distrito Federal, para el proceso ordinario 2014-2015, en el que se postuló a José Luis Muñoz Soria como candidato a Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, cuyo registro fue otorgado por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante resolución RS-07-15 de treinta siguiente.

3. Otorgamiento de registro. El dieciocho de abril siguiente, mediante acuerdo ACU-134-15, el Consejo General referido otorgó, supletoriamente, registro a José Luis Muñoz Soria como candidato a Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, postulado por la candidatura común para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

4. Juicio electoral local. Inconforme con lo anterior, el veintidós de abril del año en curso, Morena promovió Juicio Electoral previsto en la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal ante el Consejo General del Instituto Electoral de la citada entidad federativa, el cual fue resuelto por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el catorce de mayo siguiente, en el sentido de confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo ACU-134-15.

5. Juicio de revisión. En desacuerdo con la referida resolución, el dieciocho de mayo del año en curso, el recurrente presentó demanda de juicio de revisión constitucional electoral, el cual fue resuelto por la Sala Regional de este Tribunal, con sede en el Distrito Federal, el treinta de mayo del presente año en el sentido de confirmar la sentencia dictada por el citado Tribunal local.

SEGUNDO. Recurso de reconsideración. En contra de la referida resolución, mediante escrito presentado dos de junio del año en curso ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional con sede en el Distrito Federal, MORENA interpuso la demanda de recurso de reconsideración citado al rubro.

TERCERO. Remisión. El tres de junio del año en curso, la Actuaria adscrita a la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal remitió, entre otras constancias, la demanda del recurso de reconsideración en estudio.

CUARTO. Trámite y turno. Por acuerdo de tres de junio del año en curso, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior tuvo por recibido el recurso de reconsideración y ordenó remitir el expediente identificado con la clave SUP-REC-220/2015 a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver de los presentes asuntos, de conformidad con los artículos 99, cuarto párrafo, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto por un partido político a fin de controvertir una sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, al resolver el juicio identificado con la clave SDF-JRC-79/2015.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda y presupuestos procesales. En el caso, se cumplen los requisitos generales y de procedencia previstos en los artículos 9, 13, párrafo 1, inciso a); 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, 63, 64, 65, y 66, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se demuestra a continuación.

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en él se hace constar el nombre del partido recurrente, domicilio para recibir notificaciones, la persona autorizada para ello, se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que causan el acto impugnado, así como los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. El medio de impugnación se interpuso dentro del plazo legal, porque la sentencia impugnada se dictó el treinta de mayo del año en curso, la cual fue notificada en esa misma fecha al recurrente, sin que dicha situación se encuentre controvertida en autos, por lo que si la demanda de recurso de reconsideración se presentó el dos de junio del año en curso resulta inconcuso que se presentó dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y, por tanto, se presentó oportunamente.

c) Legitimación y personería. El presente medio de impugnación es interpuesto por parte legítima, dado que es incoado por el partido político MORENA, el cual cuenta con registro como partido político nacional además de que ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia, se deben tener como sujetos legitimados a quienes se les ha reconocido esa calidad para promover los medios de impugnación electorales ante las Salas Regionales.

En el caso, el recurrente es quien promovió el juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional con sede en el Distrito Federal así como el juicio electoral local que dio origen a la cadena impugnativa.

Asimismo, fue presentado por conducto de su representante, quien cuenta con personería suficiente para hacerlo, dado que la demanda es suscrita por Julio Vinicio Lara Mendoza, en su carácter de representante suplente del aludido instituto político, en el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

d) Interés jurídico. El recurrente tiene interés jurídico, dado que fue quien dio inicio la cadena impugnativa que ahora nos ocupa.

e) Principio de definitividad. Se satisface el requisito, toda vez que contra la sentencia de la Sala Regional, procede de manera directa el recurso de reconsideración, en los términos del artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

f) Presupuesto específico de procedibilidad. El recurso de reconsideración cumple con los requisitos especiales de procedencia previstos en los artículos 61 y 62, párrafo 1, fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Acorde con el artículo 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, con las previsiones y salvedades que el propio numeral indica; esto es, limitarse al caso concreto y, de ser así, dar aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Del artículo 67, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la competencia de la Sala Superior para revisar los fallos de las Salas Regionales.

El artículo 189, apartado I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras, la de conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por los recursos de reconsideración -a que se refiere el artículo 67 de la Constitución- que se presenten en contra de las resoluciones de las Salas Regionales recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, en las elecciones federales de diputados y senadores.

Por su parte, el numeral 195, de la propia Ley Orgánica, mandata que las resoluciones de las Salas Regionales son definitivas e inatacables, salvo los casos en donde proceda el recurso de reconsideración, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior.

Así, el artículo 61, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, indica que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los supuestos siguientes:

- En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

- En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

El segundo de los supuestos, contempla la posibilidad de impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, derivadas de cualquier medio de impugnación, cuando se haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

En este orden de ideas, es preciso señalar, que esta Sala Superior, en el ejercicio jurisdiccional ha privilegiado un acceso efectivo a la tutela judicial, con lo cual el ámbito de protección del recurso de reconsideración materialice de manera efectiva, una interpretación en aras de privilegiar la fuerza normativa de la constitucionalidad en las resoluciones en materia comicial.

La procedencia del recurso de reconsideración se ha enmarcado, consecuentemente, en una idea de progresividad para salvaguardar tanto los derechos fundamentales consagrados en la norma suprema, como aquellas otras disposiciones que se erigen como directivas del orden constitucional y que conviven en un esquema de complementariedad con los derechos humanos, encontrando un balance y dotando así de sentido a lo previsto en la norma fundamental.

A partir de lo anterior, si de conformidad con los artículos 67, de la Carta Magna y 61, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es la Sala Superior la facultada para revisar los fallos de las Salas Regionales, vía recurso de reconsideración, en los casos previstos por la ley, significa entonces que para darle sentido útil al marco normativo de dicho recurso, frente a temas constitucionales que se materialicen en las sentencias debe optarse por una interpretación que privilegie dicha finalidad, precisamente, por la naturaleza de este órgano, que tiene como uno de sus principales objetivos ejercer control constitucional mediante la verificación de la regularidad de los actos sometidos a su escrutinio.

En ese contexto, se ha fortalecido la procedencia de dicho medio de impugnación, lo que ha motivado la emisión de criterios relativos al tema, en los cuales a partir de casos concretos, se ha dado eficacia y operatividad al recurso de reconsideración.

Se ha definido que si en la sentencia, la Sala Regional inaplica expresa o implícitamente una ley electoral por considerarla inconstitucional, es procedente el recurso de reconsideración. Tal criterio, fue recogido en la Jurisprudencia 3/2009 de rubro: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA LA SALA REGIONAL INAPLICA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, UNA LEY ELECTORAL POR CONSIDERARLA INCONSTITUCIONAL”.

De igual manera, cuando las Salas Regionales omiten el estudio de la falta de regularidad constitucional propuesta en los conceptos de agravio o se declaran inoperantes los relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales también el recurso se juzga procedente, tal y como lo prevé Jurisprudencia 10/2011 de rubro: “RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO SE OMITE EL ESTUDIO O SE DECLARAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ELECTORALES”.

En igual sentido, se ha entrado al estudio cuando las Salas Regionales han interpretado normas partidistas que vulneran la libertad de autodeterminación de los partidos políticos consagrada en la Constitución. Dicho criterio, se encuentra recogido en la Jurisprudencia 17/2012: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS”.

Tal progresividad en la interpretación de la procedencia del recurso de reconsideración, también ha impuesto analizar asuntos en los que se involucran derechos de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Lo anterior, ha sido recogido en la  Jurisprudencia 19/2012 que dice: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO INAPLIQUEN NORMAS CONSUETUDINARIAS DE CARÁCTER ELECTORAL”.

De igual forma, esta Sala Superior ha sostenido que el recurso de reconsideración también procede para controvertir sentencias de las Salas Regionales cuando ejerzan un control de convencionalidad, sobre la base que los derechos humanos establecidos en la norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se deben interpretar en forma complementaria, otorgando en todo momento a las personas la protección más amplia, bajo el principio pro homine o pro persona. Esto, según lo plasmado en la Jurisprudencia 28/2013, que refiere: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD."

En el caso, el partido recurrente estima que se surte el requisito de procedencia señalado dado que, a su parecer, la Sala Regional analizó de manera indebida el que la Asamblea del Distrito Federal haya excluido de manera negativa, a los diputados federales como funcionarios públicos que deben pedir licencia noventa días antes de la elección.

De ahí que considere que la Sala responsable pudo haber inaplicado la norma que establece los requisitos de elegibilidad respecto del cargo en comento con base en la existencia de una omisión legislativa que, per se, viola el principio de equidad en la contienda.

Conforme a lo anterior, la procedencia del recurso se justifica en función de que la veracidad o no de la afirmación del recurrente sólo puede hacerse al analizar el fondo del asunto, lo que llevará, en principio, a determinar si efectivamente se realizó un incorrecto análisis del precepto señalado por parte de la Sala responsable, o bien, sino existió inaplicación o estudio de constitucionalidad y sólo se atendieron cuestiones de legalidad.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala Superior estima que se encuentra satisfecho el requisito de procedencia previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo anterior, a juicio de esta Sala Superior, al estar colmados los requisitos correspondientes, lo procedente es analizar el fondo de la cuestión planteada.

TERCERO. Estudio de fondo. Del análisis del escrito de demanda signado por el recurrente, se advierte que, en su opinión, la ponderación de criterios que sostuvo la responsable no se encuentran encaminados a tutelar principios constitucionales como los de igualdad y la equidad en la contienda, pues dejó de realizar un control difuso de constitucionalidad, así como de convencionalidad.

Refiere que la Sala responsable se apartó de las consideraciones que fueron sostenidas al resolverse la acción de inconstitucionalidad 32/2011 correspondiente al Estado de Morelos, siendo que la misma sirve de fundamento para establecer que el principio de igualdad debe regir en los comicios, por lo que no resulta válido ni constitucional tener una posición de ventaja como funcionario público, determinado tiempo, antes de los comicios.

También, señala que resulta errónea la sentencia reclamada, ya que los límites a la configuración normativa de los Congresos locales encuentra lugar cuando con ella se tutelan principios como los de igualdad y equidad.

Así las cosas, afirma que el hecho de que la Asamblea del Distrito Federal haya excluido de manera negativa, a los diputados federales como funcionarios públicos que deben pedir licencia noventa días antes de la elección, ello no impedía que fuera revisada dicha actuación en el acto de aplicación de la norma, de ahí que estime que la Sala responsable pudo haber inaplicado dicha norma con base en la existencia de una omisión legislativa.

Los conceptos de agravio reseñados serán analizados de manera conjunta, sin que tal circunstancia genere agravio al recurrente.

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la clave 4/2000, publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página 125, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados."

Los agravios planteados resultan infundados.

Esto, ya que resulta ajustada a derecho la interpretación realizada por la Sala responsable, en el sentido de los diputados federales no se encuentran sujetos a la restricción prevista en los artículos 53 y 105, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, respecto a separarse del cargo noventa días antes del día de la elección, para ser elegibles a fin de ser Jefe Delegacional.

Para llegar a tal conclusión, en primer término, debe tenerse presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan ser Jefe Delegacional, razón por la cual constituye un aspecto que está dentro del ámbito de la libertad de configuración del legislador local y, en ese sentido, las Constituciones y leyes de las entidades federativas han establecido requisitos, los cuales son variados y diferentes.

En el caso concreto, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los artículos 53 y 105, estableció un catálogo de los sujetos que se encuentran impedidos para ser Jefe Delegacional, así como aquellos que separándose del cargo que ostentan, dentro de una temporalidad específica, pueden superar la restricción apuntada.

Ahora bien, cabe precisar que el artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la República, consagra como una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley.

De ahí que, en principio, todo ciudadano mexicano, por el sólo hecho de serlo, cuenta con el derecho de voto pasivo, esto es, el derecho a ser postulado y votado para ocupar un cargo de elección popular.

En consonancia con lo anterior, resulta oportuno tener presente que el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa que:

“ARTÍCULO 23. DERECHOS POLÍTICOS

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal.”

En contexto, el numeral 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que:

“ARTÍCULO 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

En armonía con lo señalado, debe tenerse presente la opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que se señaló que “el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse, ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos”[1].

De lo anterior, se puede colegir que el derecho a ser votado es una prerrogativa ciudadana que puede encontrarse sujeta a diversas condiciones.

Por lo que hace a esas “condiciones” deben ser razonables y no discriminatorias, en tanto tienen sustento en un precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos.

Así las cosas, si bien el derecho a ser votado es de base constitucional, su configuración es de carácter legal, pues corresponde al legislador fijar las “calidades” en cuestión.

En tal sentido, cuando el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, utiliza el término “las calidades que establezca la ley”, ello se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona, es decir, que tratándose del derecho fundamental de ser votado para todos los cargos de elección popular, o bien, para ser nombrado para cualquier empleo o comisión públicos distintos de aquellos cargos, teniendo las calidades que establezca la ley, la única restricción está condicionada a los aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a aspectos extrínsecos a éste, pues no debe pasarse por alto que es condición básica de la vida democrática que el poder público dimane del pueblo y la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla puntualmente, reside en la participación de los ciudadanos, sin más restricciones o calidades que las inherentes a su persona, esto es, sin depender de cuestiones ajenas.

Por consiguiente, se tiene que el legislador local, en sus constituciones o leyes, puede establecer, en ejercicio de su facultad de configuración legal, todos aquellos requisitos necesarios para que, quien se postule, tenga el perfil para ello, siempre y cuando sean inherentes a su persona, así como razonables, a fin de no hacer nugatorio el derecho fundamental de que se trata o restringirlo en forma desmedida.

Conforme a lo expresado, para ejercer el derecho al sufragio pasivo la Ley Fundamental establece ciertos requisitos de cumplimiento inexcusable, reservando al legislador secundario la facultad expresa de señalar otros, siempre que no se opongan a lo que dispone la Carta Magna, sean razonables y no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado y otros derechos fundamentales.

En tales términos se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 122/2009, cuyo rubro dice: “DERECHOS Y PRERROGATIVAS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SON INDISPONIBLES PERO NO ILIMITADOS”.

Así las cosas, si bien el derecho a ser votado a un cargo de elección popular es un derecho fundamental, también se constituye en una garantía del sistema representativo y democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, en tanto quienes han de ocupar la titularidad de los Poderes de la Federación y de los Estados de la República, en representación del pueblo mexicano, requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima relevancia que los vincule a la Nación Mexicana, tales como la nacionalidad o la residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el cargo, entre los que se encuentra la edad o algunas prohibiciones que se establecen en la propia Constitución y en las leyes secundarias.

Tales requisitos conocidos como de elegibilidad, pueden ser de carácter positivo y negativo.

Los primeros, se entiende son el conjunto de condiciones que se requieren para poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría una incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el interesado para que nazca el derecho individual a ser elegible a un cargo de elección popular. Las condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad; y

Los segundos, son condiciones para un ejercicio preexistente y se pueden eludir, mediante la separación o renuncia al cargo o impedimento que las origina.

El establecimiento de tales requisitos obedece a la importancia que revisten los cargos de elección popular, los cuales constituyen la base en la que descansa la representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de manera tal que el Constituyente y el legislador buscan garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos atinentes a través de ciertas exigencias.

Además, los requisitos de elegibilidad tienen como elementos intrínsecos las objetividad y certeza, ya que tales exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional y en la legislación secundaria; pero también, están estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones inherentes a su satisfacción y a su comprobación; sobre todo, para que las autoridades electorales competentes estén en plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

Así las cosas, la interpretación de esta clase de normas de corte restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena vigencia, cierta y efectiva del derecho a ser votado, mediante la elección de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones expresamente estatuidas; lo que significa que deban observarse todos los aspectos positivos, como los negativos, para ser electo siempre y cuando estos sean proporcionales.

Tratándose de los cargos de elección popular en el Distrito Federal, el artículo 122, sexto párrafo, apartado C, Base Tercera, último párrafo y apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la base constitucional a la que habrá de sujetarse el Estatuto de Gobierno tratándose de la elección de Jefes Delegacionales, por virtud del principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la Norma Fundamental, de ahí que hay una libertad de configuración legislativa en esta materia, en la medida que sólo establece algunos lineamientos mínimos para su elección, pero no así por cuanto a los requisitos y calidades que deben cubrir.

Conforme a lo plasmado, si tratándose el requisito negativo previsto en los artículos 53 y 105, de la Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, relacionado con la restricción para ser Jefe Delegacional, dentro del ámbito de configuración local que le otorga la propia Constitución Política de los Estados de Unidos Mexicanos, el legislador local previó un catálogo taxativo de supuestos, entre los que en forma alguna se encuentra el consistente en haber sido diputado federal, ni menos aún, el haberse separado bajo tal calidad noventa días antes de la elección, no es dable colegir que éste le resultaba exigible al ciudadano cuestionado.

De esa suerte, esta Sala Superior estima que resulta acertada la conclusión a la que arribó la Sala responsable en el sentido de que el ciudadano que fue cuestionado sí es elegible, puesto que el derecho a ser votado que implique una restricción debe estar expresamente contenido en la ley, máxime que el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales, los cuales no podrán restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones previstas en la misma Constitución Federal.

En ese sentido, si bien los derechos fundamentales no son derechos absolutos o ilimitados, pueden ser objeto de ciertas restricciones, siempre que se encuentren previstas en la legislación, y no sean irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen o que se traduzcan en la privación del contenido esencial del derecho fundamental o de un principio constitucional.

De la misma manera, tampoco las restricciones deben ser absolutas o ilimitadas, ya que las incompatibilidades previstas en la ley se transformarían en inhabilitaciones o calificaciones de forma negativa en detrimento de las personas que pretendan participar en una contienda electoral.

En consecuencia, si cualquier limitación o restricción a un derecho fundamental debe estar encaminada a protegerlo e incluso potenciarlo, de tal suerte que se favorezca su ejercicio en la expresión más plena por parte de quien lo detente, el solicitar la exigencia señalada al ciudadano cuestionado, se tornaría irrazonable porque se estaría condicionando el ejercicio de un derecho fundamental, a la satisfacción de un requisito expresamente no previsto.

En ese estado de cosas, es de concluir que la medida restrictiva del derecho humano a ser votado únicamente puede estar contemplada en una norma que constituya una ley en sentido formal y material.

De ahí que si el legislador del Distrito Federal no previó como causa de inelegibilidad para ser Jefe Delegacional el separarse del cargo de diputado federal, noventa días antes del inicio del proceso electoral, no es dable hacerla exigible, pues se estaría incorporando artificiosamente una restricción al derecho a ser votado, lo cual no está permitido en términos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales en la materia.  

Finalmente, debe puntualizarse que la posición que se sostiene, en el sentido de que no existe obligación de los diputados federales para separarse de su encargo, noventa días antes de iniciado el proceso electoral, a fin de poder contender a un cargo de elección popular como lo es el Jefe Delegacional en el Distrito Federal, no implica que se atente contra la equidad de la contienda.

Esto es así, puesto que existe todo un andamiaje constitucional y legal diseñado, precisamente, para que los servidores públicos, en sus distintos niveles jerárquicos,  observen en su actuar una conducta de imparcialidad durante las contiendas electorales, so pena de ser sancionados.

En tal tesitura, carece de bases objetivas y razonables lo manifestado por el partido político recurrente, en el sentido de que la supuesta omisión legislativa, per se, viola  el referido principio.

Aunado a lo anterior, acoger la pretensión del recurrente implicaría introducir una regla novedosa dentro de un proceso electoral en desarrollo, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 105 constitucional.

Similar criterio se determinó al resolver los expedientes identificados con las claves SUP-REC-160/2015 y SUP-REC-161/2015.

Finalmente, tocante al agravio relativo a la acción de inconstitucionalidad 32/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deviene infundado.

Dicha acción fue promovida por el Partido Acción Nacional y resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de diciembre de dos mil once, se controvirtió la constitucionalidad del artículo 117, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en lo que interesa, versó sobre el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo de integrante de un ayuntamiento o ayudantes municipales, consistente en separarse de cualquier cargo público, exceptuando el de diputado.

Cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad antes de que iniciara el proceso electoral local en el estado de Morelos, esto es el día primero de enero de dos mil doce.

Los efectos de la acción de inconstitucionalidad consistieron en declarar la invalidez del artículo 117, fracción V, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y, declarar la reviviscencia del texto anterior a la reforma motivo de la acción de inconstitucionalidad y, en ese marco, desde el principio, se llevó a cabo el proceso electoral en ese entidad.

Las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicho artículo fue debido a que en el texto se excluía a un tipo específico de funcionarios, por lo que consideró que se afectaba la igualdad de oportunidades en la contienda electoral, así como la neutralidad de los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular.

Ahora bien, importa recalcar que uno de los razonamientos principales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto consistió en que la norma equivalente de la legislación que fue sustituida incluía a los diputados dentro del catálogo der servidores públicos que debían separarse de su cargo con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral.

En tal virtud, los efectos de la citada acción de inconstitucionalidad fueron revivir una norma que había perdido vigencia.

De tal manera, resulta inconcuso la imposibilidad para aplicar de manera análoga el criterio de dicha acción en virtud de que, en primer término, a diferencia de lo que existía en el Estado de Morelos, en la legislación del Distrito Federal nunca se ha incluido el multicitado requisito respecto a los Diputados Federales y, en segundo término, dada la diferencia de legislaciones es inviable aplicar dicho criterio al presente caso.

De ahí, lo infundado de los agravios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que resulten pertinentes y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO