RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-REC-22386/2024 Y ACUMULADOS[1]

RECURRENTES: ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO Y OTROS[2]

RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO[3]

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ROSA ILIANA AGUILAR CURIEL, ROCÍO ARRIAGA VALDÉS, OMAR ESPINOZA HOYO Y ALFONSO GONZALEZ GODOY

COLABORÓ: GUADALUPE CORAL ANDRADE ROMERO

Ciudad de México, septiembre veintinueve de dos mil veinticuatro[4]

Sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acumula los recursos de reconsideración que más adelante se precisarán, y revoca parcialmente la dictada por la SRG en el juicio de la ciudadanía SG-JDC-578/2024 y sus acumulados, para los efectos precisados al final de esta ejecutoria.

I. ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. Celebrada el dos de junio para renovar, entre otros cargos, las cuarenta diputaciones del congreso de Sinaloa.

2. Sesión de cómputo estatal y asignación de diputaciones por el principio de RP[5]. Por acuerdo IEES/CG098/24, dictado el nueve de junio, el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa[6] llevó a cabo el cómputo estatal indicado y asignó las dieciséis diputaciones de RP a los distintos partidos con derecho a ello.

3. TESIN-JDP-46/2024 y acumulados. Promovidos por diversos partidos y candidaturas por estar en contra del procedimiento de asignación referido, el cual fue revocado por sentencia de siete de agosto, y sustituido por la asignación hecha por el Tribunal Electoral de Sinaloa[7] en plenitud de jurisdicción.

4. SG-JDC-578/2024 y acumulados. La sentencia local se controvirtió ante la SRG también por diversos partidos y candidaturas. Los asuntos se resolvieron en doce de septiembre, en el sentido de revocar la resolución local para ser sustituida por el desarrollo de la fórmula contenida en la sentencia aquí impugnada.

5. Recursos de reconsideración. Inconformes con la sentencia regional, los hoy recurrentes interpusieron los recursos que aquí se resuelven. En su oportunidad, los asuntos se turnaron a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, quien formuló el proyecto de resolución propuesto a esta Sala Superior en sesión celebrada el día de hoy.

6. Rechazo de proyecto y engrose. Dado que el proyecto fue rechazado por mayoría de votos, su engrose correspondió a la Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso.

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es la única competente para conocer y resolver los presentes recursos de reconsideración, interpuestos en contra de una sentencia dictada por la SRG, vinculada con la asignación de diputaciones de RP para un Congreso local[8].

SEGUNDA. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda, se advierte que existe conexidad en la causa e identidad en la autoridad señalada como responsable.

De esta manera, en atención al principio de economía procesal, al controvertirse la misma resolución, se acumulan los expedientes SUP-REC-22405/2024, SUP-REC-22404/2024, SUP-REC-22403/2024, SUP-REC-22396/2024 y SUP-REC-22387/2024 al diverso SUP-REC-22386/2024, por ser el primero que se registró en esta Sala Superior.

En virtud de lo anterior, se debe agregar copia certificada de los puntos resolutivos del fallo en los expedientes acumulados[9].

TERCERA. Compareciente. Se tiene como compareciente o tercer interesado a Morena, por lo siguiente:

3.1. Forma. En los escritos consta el nombre de la compareciente, la firma autógrafa y la razón del interés en que funda su pretensión, el cual consiste, esencialmente, en defender la subsistencia del acto reclamado.

3.2. Oportunidad. Son oportunos los escritos, conforme a lo siguiente:

Por tanto, es evidente la oportunidad en su presentación.

3.3. Legitimación e interés jurídico. Morena se encuentra legitimado para comparecer con el carácter de tercero interesado, además de reconocérsele su interés jurídico, al pretender sostener la legalidad de la sentencia controvertida, el cual se opone al de la parte recurrente.

3.4. Personería. La representante de Morena tiene reconocido su carácter ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral[10] en Jalisco, ya que si bien en el presente recurso no acompañó documento que acreditara tal personería, de las constancias que obran en el expediente SUP-REP-352/2024[11] se advierte que Erika Cecilia Ruvalcaba Corral fue quien interpuso ese medio de impugnación y se reconoció tal representación al haber sido la parte denunciante en el procedimiento especial sancionador ante la Junta Local en ese asunto.

De ahí que cuente con facultades para actuar en representación de Morena como tercero interesado en el recurso que se resuelve[12].

CUARTA. Procedencia. Debe analizarse el fondo de la cuestión planteada, pues se colman los requisitos generales y especiales de procedencia de los recursos[13], por lo que son infundadas las causales de improcedencia invocadas, tal como se verá enseguida:

4.1. Oportunidad. La SRG dictó la sentencia impugnada el doce de septiembre, por lo que si los recursos se interpusieron los días catorce y quince siguientes, es claro que se ubican dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a) de la LGSMIME.

4.2. Forma. Los recursos cumplen con los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la LGSMIME, porque se interpusieron por escrito, en los que constan el nombre y firma de las representaciones partidistas y de las candidaturas recurrentes; identifican la sentencia impugnada y la autoridad responsable, mencionan hechos y hacen valer agravios.

De esta forma, fuera del dicho del compareciente, no existe algún otro elemento que permita acreditar que la firma que calza la demanda correspondiente al recurso SUP-REC-22386/2024 corresponde al representante de algún partido, y no a la del propio ciudadano que interpone el recurso, por lo que se desestima dicha causal de improcedencia.

Incluso, las firmas entre la demanda de quien interpuso dicho recurso y el diverso SUP-REC-22387/2024 –Edgardo Burgos Marentes–, representante del PAN, resultan evidentemente distintas.

De igual forma, se desestima el planteamiento expuesto por el tercero interesado relativa a la ausencia de agravios en las demandas, porque, con independencia de la viabilidad de los reclamos, lo cual será materia del estudio del fondo, la recurrente expone razonamientos dirigidos a evidenciar que la sentencia controvertida es contraria a derecho y que debe dejarse sin efectos.

4.3. Interés jurídico. Se cumple el requisito, porque los recurrentes afirman que la determinación impugnada atenta contra los principios de la materia electoral al haber interpretado incorrectamente diversos aspectos a considerar en el desarrollo de la fórmula de asignación respectiva, lo que implica una vulneración a sus derechos políticos y principio de paridad atendiendo a que la SRG indebidamente dejó sin efectos la fórmula corrida por las instancias previas, incorporando fases que no están contempladas en la normativa aplicable, variando el resultado de la formula e impidiendo su derecho a ocupar una diputación por la vía de la RP.

4.4. Legitimación y personería. Se cumplen, porque los partidos acuden por conducto de sus representantes acreditadas ante el OPL. Por su parte, las candidaturas a las diputaciones de RP se ostentan como tal y comparecen por su propio derecho.

4.5. Definitividad. Se satisface la exigencia porque el recurso de reconsideración es la única vía para impugnar sentencias de las Salas Regionales de este Tribunal Electoral, por lo que no existe una vía jurisdiccional de agotamiento previo.

4.6. Requisito especial de procedencia. Las demandas satisfacen el requisito especial de procedencia.

Al respecto, conforme lo establecido en el artículo 25 de la LGSMIME, las sentencias que se dicten por las Salas Regionales que conforman este Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, y adquieren, por regla general, la calidad de cosa juzgada con excepción, de aquellas susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración.

El artículo 61 de la Ley en cita, dispone que el recurso de reconsideración es procedente para combatir las resoluciones de las Salas Regionales cuando se actualicen los siguientes casos:

o        En los juicios de inconformidad que se hayan promovido contra los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como la asignación por el principio de RP respecto de dichos cargos, y

o        En los demás medios de impugnación que sean de competencia de las Salas Regionales cuando hayan determinado la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la CPEUM.

A su vez, mediante la interpretación del segundo de los supuestos, esta Sala Superior ha establecido en su jurisprudencia determinadas hipótesis extraordinarias de procedencia del recurso de reconsideración vinculadas con el debido análisis de constitucionalidad y/o convencionalidad de disposiciones normativas, partidistas o de régimen consuetudinario; cuando se aprecie de la simple lectura de la sentencia un evidente error judicial, o bien, cuando se estime que por la importancia y trascendencia que revista el asunto se haga necesario un pronunciamiento de la Sala Superior.

De esta forma, tratándose de sentencias dictadas en cualquier medio de impugnación diferente al juicio de inconformidad, ordinariamente, la procedencia del recurso de reconsideración se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional responsable hubiese dictado una sentencia en la que lleve a cabo –u omita– un análisis de la validez constitucional y/o convencional de una disposición normativa o aquellas que resulten de importancia y trascendencia para el orden jurídico.

Lo anterior significa que el recurso de reconsideración es un medio de impugnación extraordinario cuya finalidad es garantizar la constitucionalidad de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este órgano jurisdiccional especializado.

En ese contexto, destaca que, entre otros aspectos, la parte recurrente formula una serie de planteamientos dirigidos a evidenciar la supuesta inaplicación implícita de las normas que contienen la fórmula y parámetros de asignación de diputaciones por el principio de RP prevista tanto en la Constitución como en la Ley local de Sinaloa, lo que implicó una violación a los principios constitucionales que rigen tal sistema electoral, entre lo que implica la incorporación de fases que no encuentran sustento en la normativa estatal, lo que trajo consigo una distorsión en la distribución de espacios legislativos, alejándose de la proporcionalidad que debe caracterizar a este método de asignación.

De manera particular, consideran que al expulsar al Partido Verde Ecologista de México del desarrollo de la fórmula de asignación, por supuestamente haber alcanzado uno de los límites de sobrerrepresentación, implicó la implementación de una fase no prevista en la ley, que afectó al sistema de la RP por generar una distorsión en la asignación de diputaciones, pues, en todo caso, de manera concreta, el Constituyente y Legislador sinaloenses previeron la verificación de tales límites hasta que se concluyeran las fases de asignación por los criterios de porcentaje mínimo y cociente natural.

En el caso, se considera satisfecho el requisito especial de procedencia, porque existen aspectos de constitucionalidad vinculados con posibles alteraciones a la fórmula de asignación por la aplicación directa de un límite constitucional antes de comenzar con el desarrollo de la fórmula de asignación, lo que debe ser verificado por esta Sala Superior, para dotar de certeza la conformación definitiva del Congreso de Sinaloa[14].

En ese sentido, se analizarán los agravios relacionados con temas que puedan implicar aspectos de constitucionalidad, por lo que aquellos que carezcan de ese requisito serán desestimados por inatendibles, dada la excepcionalidad de la vía.

QUINTA. Estudio del fondo

5.1. Contexto del caso

Acuerdo de asignación del OPL

La cadena impugnativa se originó con la asignación de diputaciones de RP al Congreso de Sinaloa. Después de llevar a cabo el cómputo estatal, desarrolló la fórmula para asignar las curules a los partidos con derecho a ello, y determinó:

o        Partidos con derecho a la asignación. Primero calculó los límites de sobrerrepresentación de los partidos con derecho a la asignación, verificando que el PVEM se encontraba sobrerrepresentado, pues mientras que su votación constituía el 6.44%, los 6 curules de MR[15] con los que contaba representaban el 15% del Congreso, con lo que superaba los ocho puntos del límite constitucional –14.44%–, por lo que fue descartado en el proceso de asignación, al igual que su votación para no distorsionar la relación votación-escaños.

o        A continuación, el OPL desarrolló la fórmula de asignación en la cual, una vez asignadas la totalidad de las curules, pudo advertir que si bien todos los partidos se encontraban dentro de los límites constitucionales de sobre y subrepresentación, debían ajustarse los partidos sobrerrepresentados para disminuir el grado de subrepresentación del PRI y del PAN.

o        Aplicados los ajustes, la asignación quedó así:

Sentencia del Tribunal local

En contra de dicha determinación, diversas candidaturas y partidos promovieron sendos medios de impugnación ante el Tribunal local, en los que se declaró fundado el reclamo relativo a que el OPL llevó a cabo ajustes innecesarios al verificar los porcentajes de sobre y subrepresentación de los partidos, por lo que, en plenitud de jurisdicción, distribuyó los curules obteniendo los siguientes resultados:

Sentencia controvertida

Inconformes con lo anterior, diversas candidaturas y partidos promovieron sendos juicios ante SRG, ante la que plantearon diversos reclamos, entre ellos:

o        Violación al principio de pluralidad. Al revocar la asignación del OPL, el Tribunal local contravino los principios de pluralidad política y representación de las minorías, al no revisar la sobrerrepresentación antes de comenzar con la asignación de diputaciones, lo que distorsionó la proporcionalidad entre votación y diputaciones asignadas, dando como resultado que todas las fuerzas políticas de oposición quedaran subrepresentadas, mientras que a Morena se le otorgaran diputaciones en exceso.

o        Indebido desarrollo de la fórmula. La inclusión del PVEM en la asignación inicial, aun cuando ya estaba sobrerrepresentado por sus victorias de MR, alteró la votación efectiva y con ello el desarrollo de la fórmula, distinto a lo que hizo el OPL, quien decidió excluir al PVEM por estar sobrerrepresentado.

o        Sobrerrepresentación artificiosa. El tribunal local omitió advertir que debió considerar seis diputaciones adicionales de MR a Morena en lugar de al PVEM aun cuando compitieran en candidatura común; ello, tomando en cuenta que, en esos seis distritos, fue Morena quien obtuvo mayor votación; además que debió verificar la afiliación de las candidaturas del PVEM y contabilizarlos igualmente a Morena, lo que habría implicado que ese partido ya no tuviera derecho a participar en la asignación de curules de RP.

Así, en la sentencia impugnada, la SRG desestimó el planteamiento sobre la verificación de la participación de los partidos en candidatura común, al considerar básicamente que conforme con el criterio reiterado por las salas de este Tribunal, y en observancia al principio de certeza electoral, resultaba necesario que el OPL definiera con la debida anticipación una disposición normativa en términos similares al mandamiento previsto por el INE, para que las partes contendientes pudieran desplegar la verificación correspondiente, sin que en el caso de Sinaloa exista disposición alguna en ese sentido, por lo que no podía llevarse a cabo tal ajuste.

Por otra parte, la SRG declaró fundados los reclamos relativos a que el ejercicio realizado por el Tribunal local generó distorsión en la fórmula de asignación, al haber incluido la votación del PVEM y asignarle una curul por alcanzar el tres por ciento de la votación.

Así, al considerar que ello alteró la distribución de curules, dejó sin efectos el desarrollo del Tribunal local para, en plenitud de jurisdicción, correr la fórmula de distribución de diputaciones del Congreso de Sinaloa, conforme lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley local, tomando en consideración diversos elementos, como son:

       Votación estatal emitida. La suma o total de los votos depositados en las urnas para la elección de diputaciones por el principio de RP de todos los partidos, deducidos los votos nulos, de las candidaturas independientes y de las candidaturas no registradas.

       Porcentaje mínimo y porcentaje de votación obtenida por cada partido. Para efectos de determinar el porcentaje mínimo de votación obtenida por cada instituto político, de la votación total únicamente se descuentan los votos nulos, votos de candidaturas independientes y de las candidaturas no registradas, sin que en ese momento corresponda descontar a quienes no alcancen el tres por ciento.

       Límites de sobrerrepresentación por partido y verificación. A partir de una votación depurada en la que solo se contemplen los sufragios emitidos a favor de los partidos que participan en la asignación bajo el principio de RP, así como de aquellos partidos o candidaturas independientes que hayan obtenido un triunfo de MR.

       Sobrerrepresentación del PVEM. El PVEM se encuentra sobre representado. Por sus triunfos en distritos uninominales por lo que no debe de ser considerado en el proceso de asignación, ni considerarse su votación en las siguientes rondas de asignación de diputaciones, para efectos de no distorsionar la fórmula.

       Asignación por porcentaje mínimo. Correspondió asignar una diputación a cada partido que, estando dentro de su límite de sobrerrepresentación, haya obtenido el porcentaje mínimo de votación estatal emitida, verificándose que ningún partido se encuentra sobre representado (6, restan 10 curules).

       Votación efectiva y valor de asignación. Debe obtenerse el valor de asignación, mediante la suma de la votación efectiva (suma de votos de partidos a los que correspondió asignación por porcentaje menos votos utilizados por la curul) y se divide entre el número de diputaciones de RP que queden por repartir.

       Cociente natural. Es el resultado de dividir la votación efectiva de cada partido, entre el valor de asignación, lo cual indicará el número de diputaciones de RP que a cada partido se le asignará en esta etapa, de acuerdo con el número entero que se obtenga.

       Verificación a los límites constitucionales. Morena se encuentra representado más allá del límite permitido, pues tiene más de veinticuatro curules y se encuentra sobrerrepresentado en más del ocho por ciento, por lo que se realiza el ajuste y se le retira una curul (7, restan 3 curules).

       Valor de asignación y cociente ajustado. Corresponde al número de votos que resulta de restar a la votación efectiva remanente (no empleada), la votación del partido que haya alcanzado el límite máximo de diputaciones y dividirlo entre las curules de RP que queden por asignar, verificándose que ningún partido se encuentra sobre representado (2 resta 1 curul).

       Resto mayor. La curul se asignará a partir del remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido, deducidos los sufragios utilizados anteriormente, verificándose que ningún partido se encuentra sub o sobre representado fuera de los límites constitucionales (1 curul).

       Verificación del principio de paridad. No procedía llevar a cabo ajustes, ya que el Congreso de Sinaloa quedaría integrado con veinte mujeres y veinte hombres.

Finalmente, la SRG razonó que, si bien el PRI y el PAN tenían una subrepresentación aproximada del seis por ciento, no resultaba procedente retirar curules a Morena, ya que, en todo caso, resultaba menor al ocho por ciento, por lo que se mantenía dentro de los rangos permitidos por el texto constitucional.

De manera que, si bien la finalidad que perseguía la adopción de un sistema mixto es el guardar el mayor equilibrio posible entre votos y escaños; los ajustes debían limitarse a que cada una de las fuerzas políticas se ubiquen dentro de los parámetros establecidos constitucionalmente, atendiendo a que no se trata de un sistema de RP pura, sino que justamente, se deja un margen de distorsión ante la imprevisibilidad de los resultados electorales de MR.

Por tanto, ante lo fundado de ese planteamiento, la SRG dejó sin efectos la asignación realizada por el Tribunal local, quedando la integración del Congreso local de la siguiente forma:

5.2. Pretensión y causa de pedir

La pretensión de los recurrentes consiste en que se revoque la sentencia impugnada atendiendo a que la SRG incurrió en imprecisiones al desarrollar la fórmula.

Específicamente los agravios los hacen depender de las siguientes cuestiones:

o        Indebida interpretación a los límites establecidos constitucionalmente.

Las recurrentes afirman que la SRG interpretó incorrectamente los límites de sobrerrepresentación previstos en el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, de la CPEUM y 24 de la Constitución local, al concluir que todos los partidos que alcanzaron diputaciones se encontraron dentro del límite de ocho puntos.

Sin que bastara que la SRG se limitara a la aplicación del límite de los ocho puntos, sino que debió hacer los ajustes necesarios para emparejar escaños con los porcentajes de representación de cada partido, para así hacer efectivos los principios de equidad, igualdad del voto y pluralidad política.

o        Sobrerrepresentación artificiosa.

La SRG dejó de atender, al correr la fórmula, que debieron computarse a Morena las seis diputaciones ganadas en distritos uninominales, en candidatura común con el PVEM –y no a éste partido–, pues obtuvo una votación significativamente mayor. Que haberlo hecho así permitiría que Morena no pudiera participar en la asignación de curules de RP, al haber obtenido la totalidad de los distritos por MR, además de que la legislación de Sinaloa no regula un convenio de candidatura común.

De igual modo, debió considerar la afiliación efectiva de las candidaturas, pues habría advertido que, al menos tres de las seis diputaciones, debieron ser sumadas a Morena.

o        Vulneración a derechos políticos y principio de paridad.

Las candidaturas señalan que se vulneró su derecho al voto pasivo, porque la SRG indebidamente dejó sin efectos la fórmula corrida por el Tribunal local, agregando dos pasos que no estaban contemplados en la normativa local, variando con ello el resultado de las operaciones e impidiendo que les fuera asignada una curul, lo que atentó contra el principio de paridad al no haber permitido que se integraran más mujeres al Congreso.

Conforme con lo anterior, se aprecia que la cuestión a resolver consiste, en principio, en determinar si el ejercicio que realizó la SRG en la asignación de diputaciones de RP para el Congreso de Sinaloa fue apegado a los principios constitucionales.

5.3. Consideraciones de la Sala Superior.

A) Sobrerrepresentación artificiosa

Son infundados en una parte e inoperantes los agravios relacionados con la supuesta sobrerrepresentación artificiosa; lo anterior, porque contrario a lo que se alega, la responsable sí atendió dichos motivos de inconformidad, sin que la parte recurrente combata eficazmente lo considerado al respecto por la responsable.

Marco jurídico.

Exhaustividad. De conformidad con los artículos 17 de la CPEUM; así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, dictando sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo cual comprende la obligación para los órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva.

En ese sentido, el principio de exhaustividad implica la obligación de las autoridades jurisdiccionales de estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento, y no únicamente algún aspecto concreto[16]. Este principio está directamente relacionado con el derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 de la CPEUM.

Agravios inoperantes. Por otra parte, esta Sala Superior ha considerado que al expresarse agravios, deben exponerse argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto o resolución reclamados.

Si ello se incumple, los planteamientos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando:

o        Dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las consideraciones del acto o resolución impugnada.

o        Afirman argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.

o        Formulan conceptos de queja respecto de cuestiones que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto.

o        Reiteran los expresados en el medio de impugnación de origen; cuando con la repetición o abundamiento en modo alguno se combatan frontalmente las consideraciones de la resolución o sentencia impugnada.

o        De su estudio se concluye que un agravio, a pesar de ser fundado, se advierten razones que hacen inviable la resolución del caso conforme con los intereses de la parte impugnante.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable sigan rigiendo el sentido del acto o la resolución controvertidos, al carecer los conceptos de agravio de eficacia alguna para revocar o modificarlos.

Es pertinente destacar que la carga impuesta en modo alguno se puede ver solamente como una exigencia, sino como un deber de que los argumentos constituyan una secuela lógica, concatenada y coherente para controvertir, de forma frontal, eficaz y real, los argumentos del acto o la resolución controvertidos.

De igual manera debe tenerse en cuenta que, si bien para el estudio de los agravios es suficiente con que se exprese claramente la causa de pedir, ello no implica que las y los inconformes se limiten a realizar afirmaciones sin sustento jurídico alguno, o tendentes a cuestionar un acto diverso al reclamado.

Al respecto, resultan orientadoras por su contenido, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA y la tesis I.6o.C. J/15 de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.

Caso concreto.

En la especie, contrario a lo que se alega, la SRG sí atendió los conceptos de queja relacionados con esa temática.

En efecto, al respecto la resolutora estableció, en síntesis, que:

o        Resultaban ineficaces los agravios que se plantearon en los juicios SG-JDC-594/2024, SG-JRC-237/2024 y SG-JRC-238/2024, relativos a que el Tribunal local omitió considerar que, para la cuantificación de diputaciones por MR, debía verificar la afiliación efectiva de las candidaturas que obtuvieron el triunfo por coalición o candidatura común, debiendo adjudicarse al partido en el que legal y realmente militan, a fin de no generar una distorsión en la relación votos-escaños.