RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-22421/2024

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

Sentencia que desecha la demanda presentada por DATO PERSONAL PROTEGIDO (LGPDPPSO [2], a fin de impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-609/2024 y acumulado, por no cumplir el requisito especial de procedencia.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Sesiones extraordinarias de cabildo. Los días ocho, nueve, diez, catorce, veintiuno y veintiséis de julio[3], la recurrente convocó al cabildo del Ayuntamiento a diversas sesiones extraordinarias; sin embargo, a su decir ocho regidurías[4] dejaron de acudir a dichas sesiones.

2. Juicio local. El doce de agosto, la recurrente denunció posible VPG ejercida en su contra, derivado de la inasistencia de las regidurías a las sesiones referidas.

3. Medidas cautelares[5]. El trece de agosto, el Tribunal local dictó medidas cautelares, para el efecto de que las regidurías denunciadas realizaran las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la celebración de las sesiones extraordinarias señaladas.

Asimismo, reencauzó la demanda de la recurrente al Instituto Electoral local, a efecto de que conociera de los actos denunciados.

4. Sentencia impugnada[6]. Derivado de que las regidurías denunciadas presentaron demandas de juicio ciudadano, el doce de septiembre, la Sala Guadalajara determinó revocar las medidas cautelares decretadas por el Tribunal local.

5. Recurso de reconsideración. El diecisiete de septiembre, la recurrente interpuso recurso de reconsideración, a fin de controvertir la sentencia anterior.

6. Turno. En su momento, la magistrada presidenta ordenó integrar el expediente SUP-REC-22421/2024 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña para los efectos que en Derecho procedan.

II. COMPETENCIA.

Esta Sala Superior es competente para conocer del asunto, por ser un recurso de reconsideración, materia de su conocimiento exclusivo[7].

III. IMPROCEDENCIA

1. Decisión

La Sala Superior considera que el recurso de reconsideración es improcedente conforme a las razones específicas del caso concreto.

2. Justificación

2.1 Marco normativo.

La normativa prevé desechar la demanda cuando el recurso o juicio de que se trate sea notoriamente improcedente[8].

Por otro lado, se establece que las sentencias dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de cosa juzgada, con excepción de aquellas que se puedan controvertir mediante el presente recurso.[9]

Por su parte, el recurso de reconsideración procede para impugnar las sentencias de fondo[10] dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

A. En los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores.

B. En los demás juicios o recursos, cuando se determine la inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución.

Asimismo, se ha ampliado la procedencia de la reconsideración, cuando:

- Expresa o implícitamente se inapliquen leyes electorales[11], normas partidistas[12] o consuetudinarias de carácter electoral[13].

- Se omita el estudio o se declaren inoperantes los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales[14].

- Se declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad[15].

- Exista pronunciamiento sobre la interpretación de preceptos constitucionales, orientativo para aplicar normas secundarias[16].

- Se ejerció control de convencionalidad[17].

- Se aduzca la existencia de irregularidades graves con la posibilidad de vulnerar principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales la Sala Regional omitió adoptar medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos; o bien, se deje de realizar el análisis de tales irregularidades[18].

- Se alegue el indebido análisis u omisión de estudio sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación[19].

- Cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial, aun cuando no se realice un estudio de fondo[20].

- Cuando la Sala Superior considere que se trata de asuntos inéditos o que impliquen un alto nivel de importancia y trascendencia que generen un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional, respecto de sentencias de las Salas Regionales[21].

- Cuando la Sala Regional determine la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia que resolvió el fondo de la controversia[22].

Acorde con lo anterior, si no se actualiza alguno de los supuestos mencionados, la reconsideración será improcedente[23].

2.2 Caso concreto.

¿Qué resolvió la Sala Guadalajara

Revocó las medidas cautelares decretadas por el Tribunal local al analizar las siguientes temáticas:

a) El Tribunal local sí puede emitir medidas cautelares cuando las circunstancias del caso lo ameriten.

Debido a que las regidurías denunciadas alegaron que el Tribunal local no podía emitir medidas cautelares, la Sala regional consideró que el tribunal local y cualquier autoridad podía dictar medidas cautelares cuando las circunstancias del caso lo ameritaran, incluso de manera oficiosa.

Sostuvo que, las medidas cautelares debían emitirse en cualquier medio en que la autoridad conociera del asunto, en cualquier momento procesal en que se encontrara y en cualquier circunstancia, incluso, cuando con posterioridad a su dictado, el medio de impugnación resultara improcedente o fuera remitido a autoridad diversa para que conociera el fondo de la controversia.

b) Indebida fundamentación y motivación porque no se justificaba el dictado de medidas cautelares.

La Sala responsable consideró fundado ese agravio, al estimar que, si bien el Tribunal local había emitido las medidas cautelares señalando una supuesta situación extraordinaria; sin embargo, no había expuesto las razones o motivos por los cuales los hechos puestos a su consideración ponían en riesgo inminente la vida, integridad y/o libertad de la hoy recurrente, de conformidad con la jurisprudencia 1/2023[24].

En consecuencia, concluyó que, en el caso, no se cumplían las condiciones para que de forma extraordinaria el tribunal local decretara las medidas cautelares.

c) Las medidas cautelares se hicieron con pronunciamientos de fondo.

La Sala Guadalajara estimó que fue incorrecta la determinación del Tribunal local, porque:

- Por un lado, no había justificado la urgencia de las medidas, pues únicamente había señalado que se buscaba asegurar de forma provisional los derechos para evitar un daño trascendental; pero no había precisado cómo el transcurso del tiempo podía generar daños irreparables.

- Por otro lado, estimó que las medidas cautelares decretadas eran excesivas, porque los efectos que podían tener debieron ser provisionales, transitorios o temporales, no obstante, tuvieron efectos restitutorios, los cuales, eran improcedentes en contra de actos negativos[25].

Ello, porque el Tribunal local había ordenado actos positivos que se traducían propiamente en una restitución, al ordenar a las regidurías denunciadas hacer lo necesario para acudir a las sesiones de cabildo, lo cual era propiamente una decisión de fondo.

d) El análisis preliminar de medidas cautelares debe hacerlo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto local.

Al dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas por el Tribunal local, la Sala responsable consideró que atendiendo a que la materia estaba vinculada con VPG, la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto local debía hacer un análisis preliminar, a fin de emitir un nuevo acuerdo sobre la petición de medidas cautelares.

¿Qué alega el recurrente?

a) La recurrente argumenta que la reconsideración es procedente derivado de la relevancia y trascendencia del asunto, pues, en su concepto, se puede generar un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional.

b) A fin de controvertir el fondo de la controversia, la recurrente señala que:

La Sala Guadalajara vulneró los principios de igualdad sustantiva, exhaustividad, fundamentación y motivación, legalidad, seguridad jurídica, certeza, congruencia interna y externa de las sentencias.

Lo anterior, al considerar que la sentencia atenta contra su derecho humano a una vida libre de violencia y discriminación, ya que, al revocar las medidas cautelares decretadas a su favor, se le deja en estado de indefensión frente a sus agresores propiciando e incentivando que se repita en su perjuicio y de la colectividad.

Refiere que la responsable se sustentó en una tesis aislada, que no es vinculante, aunado a que dicho criterio ha sido rebasado.

Señala que la responsable dejó de analizar las manifestaciones denunciadas, de las cuales refirió son parte del debate público cuando a su juicio, dichas manifestaciones generan VPG.

Refiere que la improcedencia decretada por la Sala regional la deja en un estado de indefensión mayor al que se encontraba antes de presentar el juicio local, ya que deja a un lado la omisión de los integrantes del ayuntamiento de acudir a las sesiones de cabildo, aunado a que impide que sean acordados los puntos de acuerdo circulados.

Finalmente señala que no se atiende el contexto de sus derechos político- electorales en su vertiente de acceso y desempeño a un cargo; y que los actos de VPG ameritaban un pronunciamiento de fondo para que cese la violencia política en su contra..

¿Qué decide la Sala Superior?

Desechar de plano la demanda, porque tanto de la sentencia impugnada, como de lo argumentado por la recurrente no es posible advertir un problema de constitucionalidad o convencionalidad, no existe error judicial y, el asunto no es importante y trascendente para el orden jurídico nacional.

Esto, porque la Sala Guadalajara no interpretó directamente alguna disposición constitucional, pues no se requirió la interpretación directa de alguno de sus preceptos, además, no inaplicó ninguna disposición legal o constitucional ni se actualiza alguna de las hipótesis adicionales previstas en la jurisprudencia de esta Sala Superior que justifique la procedencia del medio de impugnación.

Así, del análisis de la sentencia impugnada, se advierte que la Sala responsable se limitó a realizar un estudio de legalidad en el que únicamente analizó si fue conforme a Derecho o no, que el Tribunal local emitiera medidas cautelares, concluyendo que este sí podía emitir dichas medidas, pero no debió sostenerlas en un estudio de fondo.

En el mismo sentido, la recurrente expone agravios dirigidos a que subsista el dictado de las medidas cautelares decretadas por el Tribunal local, al considerar que la Sala Guadalajara realizó un estudio incorrecto y con ello, la dejó en un estado de indefensión.

En ese sentido, esta Sala Superior advierte que, en el caso no se está ante una cuestión de constitucionalidad que permita estudiar los planteamientos de la parte recurrente.

Por otra parte, no se inadvierte que la recurrente refiera que la Sala responsable vulneró diversos principios constitucionales, no obstante, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que la sola mención de estos no actualiza la procedencia extraordinaria del recurso de reconsideración.

De igual modo, tampoco pasa por alto que la recurrente alega que la reconsideración es procedente por la importancia y trascendencia del asunto; sin embargo, esta Sala Superior considera que, contrario a ello, no se colman dichos requisitos, pues como se señaló, la materia de controversia versó únicamente sobre si fue correcto o no que el Tribunal local emitiera medidas cautelares en favor de la actora.

Por último, la parte recurrente no alega que existiera algún error judicial evidente, y tampoco esta Sala advierte que se actualice alguno.

3. Conclusión.

De lo precisado, se concluye que, el presente medio de impugnación es improcedente por no actualizarse algún supuesto que supere la excepcionalidad para acceder al recurso de reconsideración.

En similares términos se resolvió SUP-REC-0411-2024, SUP-REC-80/2023, SUP-REC-94/2023, SUP-REC-77/2023, SUP-REC-484/2022, SUP-REC-405/2022, SUP-REC-272/2022, SUP-REC-2266/2021 y acumulado, y SUP-REC-758/2021.

Por lo expuesto y fundado se

IV. RESUELVE.

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

Notifíquese conforme a Derecho.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de la presente sentencia y de que se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.