RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-REC-2522/2024 Y ACUMULADO

PARTE RECURRENTE: FERNANDO PALOMINO ANDRADE Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO[1]

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIA: MARCELA TALAMÁS SALAZAR

COLABORARON: MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ CALVA Y KAREN ALEJANDRA DEL VALLE AMEZCUA

Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil veinticuatro

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] desecha la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional[3] porque no se satisface el requisito especial de procedencia y, respecto de la demanda promovida por Fernando Palomino Andrade confirma en lo que fue materia de impugnación, la sentencia por la que, entre otros, la Sala Toluca, en plenitud de jurisdicción, confirmó la invalidez de la elección del ayuntamiento de Irimbo, Michoacán.

ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro,[4] se llevó a cabo la jornada electoral para elegir diputaciones del Congreso y ayuntamientos de Michoacán.

2. Cómputo municipal y entrega de constancias. El cinco siguiente se llevó a cabo la sesión del Consejo del Comité Municipal de Irimbo[5] del Instituto Electoral de Michoacán[6] para el cómputo municipal. Al finalizarlo, se declaró la validez de la elección y entregó las constancias de mayoría y validez a la planilla ganadora postulada por el Partido Acción Nacional[7] y el PRI, encabezada por el recurrente.

3. Juicios locales (TEEM-JDC-149/2024 y TEEM-JIN/024/2024). Inconformes, el diez de junio, el Partido de la Revolución Democrática[8] y DATO PROTEGIDO (LGPDPPSO)[9]-en su carácter de candidata- promovieron juicios ante el Tribunal Electoral del estado de Michoacán.[10] Solicitaron la nulidad de la elección al estimar que se desplegaron violaciones graves, dolosas y determinantes que, de manera sistemática, vulneraron diversos principios rectores; y que se ejerció violencia política por razón de género[11] en contra de la denunciante en catorce publicaciones en Facebook en el perfil “La Voz de Irimbo”.

4. Sentencia local. El cinco de julio, el Tribunal local declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento y dejó sin efectos la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a la planilla ganadora y, la asignación de regidurías por representación proporcional. Por tanto, ordenó al Consejo General del Instituto local que emitiera la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria.

5. Juicios federales (ST-JRC-136/2024 y acumulado). En contra de esa sentencia, el diez siguiente, el PRD, el PRI y el ahora recurrente presentaron ante el Tribunal local juicios de revisión constitucional electoral.

6. Sentencia impugnada. El veintiuno de agosto, la Sala responsable modificó la resolución local y, en plenitud de jurisdicción, confirmó la declaración de invalidez de la elección del ayuntamiento, por lo que también dejó sin efectos el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a la planilla integrada por el PAN y el PRI, así como la asignación de regidurías por representación proporcional.

7. Recursos de reconsideración. En contra de esa sentencia, el veinticuatro siguiente, la parte recurrente presentó las demandas respectivas.

8. Turno y radicación. La Presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes SUP-REC-2522/2024 y SUP-REC-2523/2024 y turnarlos a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicaron.

9. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la magistrada instructora admitió el SUP-REC-2522/2024, cerró la instrucción y dejó el expediente en estado de dictar sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. La Sala Superior es competente por tratarse de recursos de reconsideración presentados para impugnar una sentencia de una Sala Regional de este Tribunal Electoral.[12]

SEGUNDA. Acumulación. Al existir identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, se acumula el expediente SUP-REC-2523/2024 al SUP-REC-2522/2024, por ser el primero que se presentó ante este órgano jurisdiccional.[13] Por tanto, esta Sala Superior ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta determinación al expediente acumulado.

TERCERA. Improcedencia del SUP-REC-2523/2024. La demanda debe desecharse por falta de requisito especial de procedencia porque no se actualizan los supuestos legales[14] y jurisprudenciales[15] para la revisión extraordinaria de la sentencia impugnada.

En efecto, lo que se expone en la demanda se vincula con cuestiones de legalidad relativas a la supuesta falta de fundamentación y motivación; a la acreditación de la VPG[16] y a cómo fue comprobada. En efecto, en la demanda se plantea lo siguiente:

      La Sala Toluca dejó de tomar en consideración los principios del debido proceso, legalidad y tutela judicial efectiva al analizar su planteamiento de falta fundamentación y motivación e indebida valoración de pruebas en las que incurrió el Tribunal local. Esto, al determinar de manera errónea que eran inoperantes porque, a su decir, resultaban consideraciones genéricas sin fundamento; sin embargo, el partido recurrente señala que sí se realizaron los señalamientos precisos respecto a sus alegaciones. De ahí que estime que la responsable es omisa en tomar en consideración todas las manifestaciones vertidas, haciendo un análisis integral del contenido del escrito impugnativo y, en su caso, observar una actitud garantista.

      No se acredita la VPG porque en el expediente no hay pruebas suficientes y aptas para que se configure; por lo que la responsable se aparta de la legalidad y debida fundamentación en su decisión. Esto, aunado a que tampoco se determinó que el actor -entonces candidato- o alguien relacionado con el partido político o equipo de campaña hubiese realizado las publicaciones, lo cual era fundamental para decretar la nulidad.

      Como refirió ante la responsable -quien calificó inoperante- no se actualizan los cinco elementos del test, de ahí que no se acredite la VPG.

      Tanto el Tribunal local como la responsable partieron de la premisa equivocada de que la acreditación de los hechos, es decir, la emisión de las expresiones en las publicaciones denunciadas implica automáticamente VPG sin tomar en cuenta que era necesario realizar un estudio a fondo de las expresiones; lo que fue señalado ante las dos instancias previas y reiterado ante este órgano jurisdiccional.

      Además, alega que la Sala Toluca se alejó de precedentes de esta Sala Superior[17] y de jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, de lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los alcances de la libertad de expresión; de ahí que insista que dado que las publicaciones fueron emitidas en etapa de campaña, no hay una vulneración al derecho político de la candidata del PRD porque, en el debate, en ese contexto, debe existir un intercambio de ideas desinhibido y una crítica fuerte a las partes que contienden.

      Además de no acreditarse la violación a un derecho político-electoral, tampoco existen elementos para afirmar que las expresiones se hayan dirigido a la actora por ser mujer, ya que se dan por su calidad de contendiente a un cargo de elección; toda vez que se le cuestiona su relación y vinculación política con quien presuntamente dirige las actividades políticas del partido en el municipio.

      Tampoco existe un impacto diferenciado de los dichos porque ni por objeto ni resultado, es posible verificar una afectación distinta de las expresiones denunciadas a partir de que la denunciante sea mujer.

      Afirmar que una persona es impulsada y que depende de alguien ajena a ella o que es un títere, no implica estereotipo alguno ni pone en duda la capacidad de las mujeres para gobernar; lo mismo podría decirse de un varón.

      Ser “nombrada” o “tener un jefe” no necesariamente es un reproche que se hace solo a las mujeres o que implique un cuestionamiento inaceptable sobre sus capacidades; además de que negar legitimidad a este tipo de expresiones equivaldría a cancelar la posibilidad de que en un debate electoral se cuestionen las relaciones políticas de quienes aspiran a un cargo, lo que podría tener un impacto negativo en la conformación de una opinión pública informada y libre, así como en la emisión del sufragio. Todo ello analizado en precedentes de esta Sala Superior, como el SUP-REP-119/2016 y acumulado.

      Respecto a la calificación de inoperante que la sala responsable hizo de su agravio de la indebida valoración de las pruebas, el partido recurrente refiere que en su demanda sí había elementos para tomar en consideración en torno a dicha alegación.

      La responsable no consideró lo expresado en dicha instancia respecto a que el acceso a las publicaciones denunciadas tenía que hacerse de manera voluntaria y que no necesariamente todas las personas que las observaron estarían en condiciones de votar y de hacerlo en el municipio; por lo que no había certeza para considerar la posible influencia y determinancia. Por ello, sí había elementos para considerar de manera distinta las pruebas y no darles valor pleno sino solamente de indicio.

      En tal sentido, refiere que la resolución combatida le causa agravio porque se efectuó un indebido análisis de los aspectos cuantitativo y cualitativo del carácter determinante de la presunta VPG para confirmar la nulidad de la elección. Lo anterior porque no se encuentra acreditado que se haya afectado la votación en todas las casillas o que la supuesta VPG se haya suscitado durante un tiempo preponderante de la campaña.

      Así, considera que debió haber regido la presunción de la validez de la elección en función del principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Es decir, considerar que aún y cuando se hubiese tenido por configurada la VPG no había elementos suficientes para que ésta fuese determinante para anular la elección.

      Además, el partido actor retoma lo dispuesto en el citado artículo 72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, a fin de argumentar que para que una elección se anule debe haber violaciones graves, dolosas y determinantes; es decir, se deben configurar en la violación las tres características; lo que en el caso no ocurrió al no configurarse el elemento de dolo -al eximir de responsabilidad al actor y al partido-.

A la falta de agravios vinculados con temas de constitucionalidad se suma que, respecto de aquello vinculado con el estudio de la actualización de la VPG y cómo se probó, la Sala Toluca concluyó la inoperancia, dado que no confrontaban las argumentaciones de la sentencia local. Para ello, reseñó cómo el Tribunal local analizó cada una de las publicaciones para concluir si actualizaban o no VPG; la manera en que aplicó el test de la jurisprudencia 21/2018, así como el resto de los argumentos que planteó esa autoridad para tal efecto y para concluir que se actualizaba la determinancia. Asimismo, calificó inoperantes los planteamientos vinculados con la indebida valoración de las pruebas que tuvieron por acreditada la VPG. Así, resulta evidente que se acotó a cuestiones de legalidad.

Además, el asunto no actualiza la procedencia por importancia y trascendencia en términos de la jurisprudencia 5/2019[18] porque esta Sala Superior cuenta con criterios relacionados con la nulidad de una elección por VPG,[19] a partir de los cuales ha resuelto las cuestiones que plantea la parte recurrente como que el hecho de que no esté identificado quién cometió la VPG no compromete que, ante su acreditación y la suma de otros elementos, se anule una elección; que ello no viola la presunción de inocencia,[20] y cuál es el estándar probatorio en estos casos.[21]

Incluso, en la tesis III/2022[22] se ha establecido cuáles son los parámetros para determinar la nulidad de una elección cuando se alega VPG,[23] entre los que se destaca que tal nulidad podrá concluirse aun cuando no pueda probarse la autoría o responsabilidad de alguna o varias personas (atribuibilidad de la conducta) que cometieron los hechos u omisiones.

Ahora, desde la perspectiva del partido recurrente, el recurso es procedente porque la responsable consideró que, del análisis de las constancias, quedaba acreditada la supuesta VPG, por lo que confirmó la sentencia local y confirmó la anulación de la elección; lo que puso en evidencia la no aplicación de diversos principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones.

Lo anterior no justifica la revisión extraordinaria de la sentencia impugnada ya que es criterio reiterado de esta Sala Superior que la exposición genérica de inaplicación o violación a ciertos principios o artículos constitucionales no es suficiente para actualizar la procedencia del recurso porque la simple mención de ambos no denota un problema de constitucionalidad.[24]

Finalmente, no se actualiza el supuesto de error judicial[25] apreciable de la simple revisión del expediente, que sea determinante para el sentido de la sentencia cuestionada o que haya impedido el acceso a la justicia, ya que la Sala Regional hizo un análisis de la controversia que le fue planteada.

CUARTA. Procedencia del SUP-REC-2522/2024. El medio de impugnación cumple los requisitos de procedencia.[26]

1. Forma. En la demanda se hace constar el nombre, firma autógrafa de quien lo interpone; se señala domicilio para recibir notificaciones; se identifica sentencia impugnada, se enuncian los hechos; los agravios, así como los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. La resolución impugnada fue notificada de manera electrónica el veintidós de agosto,[27] de modo que el plazo para interponer el recurso de reconsideración venció el veinticinco siguiente. Dado que la demanda fue presentada el veinticuatro, se cumplió el plazo legal.[28]

3. Legitimación, personería e interés jurídico. La parte recurrente cuenta con legitimación e interés jurídico porque acude a impugnar una sentencia de Sala Toluca de la cual fue parte actora y por la que se declaró la invalidez de la elección en la que resultó ganadora.

4. Definitividad. El recurso de reconsideración es el único medio de impugnación para combatir una sentencia de una sala regional.

5. Requisito especial. El recurso es procedente porque ante la instancia regional se planteó la inconstitucionalidad del artículo 72, fracción d) de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Michoacán de Ocampo y el recurrente controvierte lo argumentado al respecto por la responsable.

Así, pese a que los agravios vinculados con este tema se declararon infundados e inoperantes, lo que condujo a que no se hiciera un estudio de la inconstitucionalidad planteada, lo cierto es que la jurisprudencia 10/2011[29] prevé la procedencia del recurso de reconsideración incluso en aquellos casos en los que los agravios sean inoperantes porque su análisis es de tal trascendencia que amerita dar certeza sobre los parámetros de constitucionalidad de las leyes de la materia. Por ende, el agravio declarado infundado, en tanto se vincula con un tema de constitucionalidad de una norma local y tiene relación con los que se calificaron como infundados, también debe ser materia del presente recurso.

QUINTA. Planteamiento del asunto

1. Contexto. Una vez realizado el cómputo municipal respecto de la elección del ayuntamiento en Irimbo Michoacán, el Consejo Municipal acreditó el triunfo de la planilla encabezada por el recurrente, conformada por el PAN y el PRI, con tres mil doscientos setenta y dos votos y, en segundo lugar, la planilla del PRD con tres mil ciento cincuenta y nueve. Es decir, una diferencia de ciento trece votos.

En su momento, DATO PROTEGIDO (LGPDPPSO), entonces candidata a la presidencia de Irimbo, Michoacán por el PRD y ese partido denunciaron al ahora recurrente por presunta VPG derivada de catorce publicaciones en el perfil de Facebook “La Voz de Irimbo”, al estimar que atentaban contra su dignidad y la violentaban por ser mujer desacreditándola ante el electorado al generar un impacto diferenciado por ser mujer, menoscabando su derecho a ser votada.

A su decir, esto impidió que la competencia electoral se desarrollara en condiciones de igualdad y que, la sistematicidad de las conductas denunciadas actualizaba la causal de nulidad prevista en el artículo 72, fracción d) de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Michoacán de Ocampo.[30]

El Tribunal local realizó el análisis de las publicaciones denunciadas,[31] consideró el contexto en el que fueron emitidas, esto es, el periodo comprendido entre el dieciséis de abril al uno de mayo; es decir, el periodo de campañas,[32] y desarrolló la metodología de esta Sala Superior[33] para el estudio del lenguaje.

De lo anterior, concluyó que, si bien a primera vista las críticas contenidas en las publicaciones analizadas no rebasan los límites constitucional y legalmente establecidos, se advierte que con esas expresiones se reproducen estereotipos de roles de género de subordinación que colocan a las mujeres en situación de desventaja, porque se insiste en referir a la entonces denunciante como esposa de un hombre que ya no es su cónyuge.

Ante ello, el Tribunal local estableció que, si bien se ha trazado una línea jurisprudencial por parte de este órgano referente al vínculo matrimonial, en el caso la mención continua de la entonces quejosa como esposa de (su excónyuge) fue con la intención de denostar su imagen durante la etapa de campaña electoral. Además, se generó confusión ante el electorado sobre su integridad moral al señalar a su actual pareja en al menos dos de sus publicaciones.

Luego del estudio de los elementos de la jurisprudencia 21/2018[34] de esta Sala Superior, el Tribunal local concluyó que trece de las catorce[35] publicaciones denunciadas sí constituían VPG,[36] las cuales fueron parte de una campaña sistemática, continuada, integral, reiterativa, inequitativa y permanente de publicaciones, en las que se advierte una cadena de agresiones y desprestigio en contra de la entonces quejosa.

Luego, procedió a analizar la determinancia de la VPG acreditada con base en los precedentes de esta Sala Superior establecidos en el SUP-REC-1388/2018 y SUP-REC-1861/2021 considerando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las publicaciones constitutivas de la infracción.

Esto, aunado a que la diferencia de votos entre el primer (PAN-PRI) y el segundo lugar (PRD) fue de 1.47 por ciento de la votación total de la elección; de ahí que concluyera la presunción legal del carácter determinante al tratarse de un porcentaje menor a cinco puntos.

Lo anterior, con independencia de que no existieran elementos para demostrar que las publicaciones denunciadas pudieran ser atribuidas al ahora recurrente a los partidos políticos que lo postularon, o a algún militante. Sin embargo, tampoco se deslindaron de tales publicaciones, a pesar de tener una obligación de corresponsabilidad con el adecuado desarrollo de los comicios.

El Tribunal local precisó que no se puede exigir que se demuestre el impacto de las publicaciones en el municipio de Irimbo. Esto, ante la complejidad para obtener la información tan detallada; además de que es imposible conocer realmente qué motivó al electorado a decantarse por una u otra opción política.

No obstante, concluyó que la referida campaña sistemática de VPG en Facebook, realizada durante una tercera parte de las campañas, llamó a rechazar y no votar por la entonces quejosa y por un partido específico, sustentado en estereotipos de género; lo que constituye una conducta grave que incide en el proceso electoral y genera inequidad en la contienda.

Aún más, si se tiene en cuenta el papel de las redes sociales en la opinión pública y en el uso de la inteligencia artificial para dirigir mensajes específicos a segmentos de la población y, con ellos, influir en la percepción de las y los votantes e impactar en los resultados electorales.

Así, tras considerar ciertos elementos derivados de las publicaciones denunciadas (por ejemplo, el número de personas seguidoras del perfil de Facebook, el número de interacciones y comentarios) realizó un análisis probabilístico y del contexto narrado para inferir que el impacto de éstas fue considerablemente mayor a los ciento trece votos de diferencia.[37]

Respecto al elemento cualitativo del impacto de las publicaciones, el Tribunal local concluyó que al constituir VPG, vulneraron la equidad en la contienda poniendo en duda la integridad de las elecciones, además de transgredir los principios rectores del voto. En consecuencia, consideró que se vulneró el derecho político-electoral de la entonces denunciante a ser votada en condiciones de igualdad frente a los demás contendientes.

De lo anterior y, al quedar acreditada la campaña coordinada, continuada, reiterativa, inequitativa y permanente de VPG con los efectos antes señalados, consideró procedente declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Irimbo, Michoacán.[38] De igual forma, al no acreditar la participación del hoy recurrente en la emisión de las publicaciones, ni la existencia de un vínculo con el titular del perfil de Facebook, determinó que podrá participar en la elección extraordinaria correspondiente.

Inconformes, el PRD, el PRI y el ahora actor impugnaron ante la responsable, quien modificó la sentencia local y, en plenitud de jurisdicción, confirmó la invalidez de la elección y los efectos emanados de ésta.

2. Sentencia controvertida. Con relación al tema vinculado con la procedencia de este recurso, como se ha señalado, a la Sala Toluca se le planteó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 72, inciso d), de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Michoacán de Ocampo.

Así, se controvirtió que la norma no prevé la posibilidad de graduar la intensidad de la sanción. El agravio fue calificado infundado porque se partía de la premisa inexacta de que la norma tildada de inconvencional e inconstitucional formaba parte del régimen administrativo sancionador. Más bien, la hipótesis ahí prevista tiene por objeto privar de efectos jurídicos los resultados de una elección por irregularidades graves.

Asimismo, el agravio se consideró inoperante porque no se construyeron las razones por las cuales consideran que la norma impugnada adolece de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, de manera que su alegación constituía una afirmación ambigua y genérica, que impedían correr el estudio de constitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad mediante el test de proporcionalidad correspondiente.

En ese sentido, consideró que, si bien no es exigible que la parte impugnante presente como construcción de agravio el corrimiento del test de proporcionalidad, sí debe proporcionar un principio de causa de pedir a partir del cual se pueda identificar los motivos por los cuales aduce que la norma impugnada no se ajusta a los estándares de regularidad constitucional o convencional.

Cabe señalar que la Sala Toluca, analizó los agravios relacionados con la indebida fundamentación y motivación en el análisis de la VPG y concluyó que eran inoperantes dado que no confrontaban las argumentaciones de la sentencia local. Para ello, reseñó cómo el Tribunal local analizó cada una de las publicaciones para concluir si actualizaban o no VPG; la manera en que aplicó el test de la jurisprudencia 21/2018, así como el resto de los argumentos que planteó esa autoridad para tal efecto y para concluir que se actualizaba la determinancia. Asimismo, calificó inoperantes los planteamientos vinculados con la indebida valoración de las pruebas que tuvieron por acreditada la VPG.[39]

3. Agravios. En contra de la resolución impugnada, el recurrente señala que la responsable omitió hacer el estudio de inconstitucionalidad que le fue planteado. Refiere que en la sentencia se declara infundado el agravio relativo a la petición de análisis de constitucionalidad e inconvencionalidad de la porción normativa y se desvía a explicar condiciones no mencionadas en el juicio de la ciudadanía relacionadas con el régimen administrativo sancionador, lo que no fue planteado por el peticionario.

SEXTA. Estudio. Los agravios son infundados e inoperantes por lo que debe confirmarse la sentencia impugnada

El recurrente aduce que la responsable omitió hacer un estudio de inconstitucionalidad que le fue planteado, lo que viola su derecho a la tutela judicial efectiva, audiencia y defensa. Además, señala, viola el principio de exhaustividad y congruencia; y compromete el derecho del electorado de que se respete su decisión expresada en las urnas. También, desde su perspectiva, la falta de consideración de los agravios de inconstitucionalidad afecta la percepción de imparcialidad y equidad en el proceso.

Este agravio es infundado porque la Sala responsable sí analizó lo que le fue planteado. En efecto, como se refirió previamente, en la sentencia controvertida los agravios se calificaron infundados a partir de la premisa de que la nulidad por VPG se enmarcaba en el sistema administrativo sancionador y, por otro, inoperantes por genéricos.

Asimismo, el recurrente controvierte que se declara infundado el agravio relativo a la petición de análisis de constitucionalidad e inconvencionalidad “de la porción normativa” y que la responsable se desvió a explicar condiciones no mencionadas en el juicio de la ciudadanía relacionadas con el régimen administrativo sancionador, lo que no fue planteado por el peticionario. Así, señala que se brindaron elementos que, de no ser suficientes, debieron haber sido suplidos.

Luego, reitera lo que le expuso a la Sala Toluca en su demanda respecto de los argumentos vinculados con el test de proporcionalidad y ponderación que expuso a la responsable para que revocara la sentencia local.

Lo relativo a que el recurrente no expuso temas relacionados con el régimen administrativo sancionador es infundado porque, si bien no lo planteó en esos términos en su demanda ante la Sala Regional, lo cierto es que sí refirió que la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo en cuestión y de su acto de aplicación derivaba de que tal norma no presenta “la posibilidad de atenuar o graduar la intensidad de la sanción con independencia de quien cometa la violencia política de género”.

De ahí que la responsable señalara que el recurrente partía de una premisa errónea al considerar que la nulidad de una elección constituye una sanción. Ahora, estos argumentos no son controvertidos ante esta Sala Superior por el recurrente.

En efecto, en la sentencia impugnada se expuso, además, que el órgano legislador de Michoacán, al prever las hipótesis de nulidad de elección, dispuso un catálogo de irregularidades que, por su propia naturaleza, constituyen vicios que pueden incidir con un rigor intenso en la autenticidad de los resultados de una elección, por lo que los sitúa como hipótesis que, de actualizarse, puede dar lugar a la nulidad de la elección de que se trate.

Por esas razones, señaló la responsable, no es aplicable a la norma cuestionada, como si fuera parte de los estándares de constitucionalidad y convencionalidad aplicables a las normas que integran el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado, la previsión de sanciones graduales tasadas correlativas a los grados de intensidad o gravedad de la conducta infractora, pues tal norma tiene por objeto privar de efectos los resultados de una elección ante la gravedad de irregularidades que puedan haberla viciado y, no así, la sanción de conductas de VPG.

En apoyo a lo anterior, destacó que las sanciones a conductas infractoras por VPG en el desarrollo de los procesos electorales y la participación de mujeres en la contienda electiva se prevé taxativamente en distintas hipótesis normativas.[40]

Por otro lado, tiene razón el recurrente cuando señala que en la demanda ante la Sala Toluca expuso un test de proporcionalidad y ponderación para justificar las razones por las que se debía revocar la sentencia local, lo que vinculó con “la causa de pedir” de la inconstitucionalidad del artículo 72, inciso d) de la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana y de su acto de aplicación.

Al respecto, la responsable consideró que el argumento era inoperante porque no se proporcionaban razones para afirmar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma. Así, desde su perspectiva, la alegación constituía una afirmación ambigua y genérica que no proporcionaba razones a partir de las cuales procedería correr el estudio de constitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad mediante el test de proporcionalidad correspondiente.

Así, la Sala Toluca refirió que el test de proporcionalidad está diseñado para resolver si una restricción prevista en la ley, o bien, si el establecimiento de alguna medida, requisito o parámetro impuesto por el poder legislativo en una norma para instrumentar o regular el ejercicio de un derecho, de forma que constituye el instrumento a partir del cual se verifica que las normas cuyo contenido se cuestiona se encuentra ajustadas a los estándares de regularidad que le son exigibles.

En ese escenario, expuso la responsable, si bien no es exigible que la parte impugnante presente como construcción de agravio el corrimiento del test de proporcionalidad -como hizo el recurrente en su demanda- lo cierto es que sí debe proporcionar un principio de causa de pedir a partir del cual se puedan identificar los motivos por los cuales aduce que la norma impugnada no se ajusta a los estándares de regularidad constitucional o convencional, condiciones que, a su entender, no fueron atendidas por los recurrentes en sus razones de disenso, de ahí su inoperancia.

Por ello, el recurrente vuelve a plantear ante Sala Superior el mismo test de proporcionalidad y ponderación que presentó a la responsable para demostrar cuáles fueron los planteamientos que le expuso.

Sin embargo, en los argumentos de su propuesta de test, el recurrente vuelve a situarse en la premisa errónea de que la nulidad de una elección constituye una sanción que, además, puede y debe ser graduada; tema para el cual no presentó argumentos en contra.

En efecto, en el rubro de idoneidad, plantea la pregunta de si la nulidad de la elección es una medida idónea para evitar y sancionar la VPG, ello, pese a la falta de evidencia relacione directamente a las personas contendientes con los actos de VPG.

En el de necesidad, cuestiona si existe una medida menos restrictiva que pueda lograr el mismo fin de proteger la integridad del proceso electoral y sancionar la VPG, para ello, en su análisis, expone que pueden existir alternativas menos restrictivas como sanciones directas a las personas perpetuadoras identificadas como programas de capacitación y sensibilización sobre VPG y mecanismos de protección específicos para las víctimas. Mecanismos que cumplirían el objetivo de prevenir y sancionar la VPG sin recurrir a la anulación de la elección.

Finalmente, en el de proporcionalidad en sentido estricto cuestiona si existe un balance adecuado ente los beneficios de la medida y los daños que causa. En su análisis aduce que la anulación sin pruebas claras de determinancia afecta el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes. La medida, expone, parece causar un daño mayor al electorado que el beneficio que aporta en términos de sanción a la VPG.

Asimismo, expone que, en un test de ponderación, los principios en conflicto son la integridad y equidad del proceso electoral con el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes; respecto de lo que concluye que, dado el principio de proporcionalidad y la falta de evidencia de que los actos de VPG tuvieron un impacto determinante en el resultado electoral, se debe optar por medidas que sancionen adecuadamente la VPG sin afectar desproporcionadamente el derecho al sufragio. Esto, refiere, puede incluir sanciones directas a los perpetradores identificados y medidas preventivas, preservando así la integridad del proceso y el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes.

En consecuencia, los agravios respecto de este punto son inoperantes porque si bien el recurrente demuestra que sí planteó argumentos a la responsable, a ellos subyace la premisa errónea de que, para analizar la validez de una norma relativa a la nulidad de una elección, así como la constitucionalidad en su aplicación, le son aplicables los criterios del sistema administrativo sancionador electoral; contra lo que no presentó argumentos.

Conviene recordar que ha sido criterio de esta Sala Superior[41] que lo que se busca con la nulidad de una elección no es castigar a las personas recurrentes quitándoles el triunfo obtenido. Si bien la revocación es una consecuencia jurídica inevitable, ello no implica que se les esté sancionando o atribuyendo la comisión de los actos de violencia.

Finalmente, se califican inoperantes el resto de los agravios que no están relacionados con la inconstitucionalidad de la norma local ya que se acotan a temas de legalidad que, asimismo, no son de importancia y trascendencia porque, como se señaló previamente, esta Sala ya ha estudiado (acreditación de la VPG, la forma en que se comprobó y la vinculación del recurrente con ella), por ello, no son materia del recurso de reconsideración. Los agravios son:

      La sentencia se limita a mencionar que “la nulidad de la elección se decreta con base en hechos de violencia política de género reportados por terceras personas” sin abordar la falta de relación directa entre esos actos y el recurrente, lo que es esencial para determinar la validez.

      La nulidad de la elección, al no estar respaldada por un análisis exhaustivo de los agravios, representa una medida desproporcionada.

      La responsable interpretó de manera errónea preceptos constitucionales al confirmar la nulidad de la elección basándose en actos de VPG sin establecer una relación directa entre esos actos y el resultado electoral. Ello infringe su presunción de inocencia y, desde su perspectiva, no se cumple con los criterios de proporcionalidad y mínima intervención que deben regir las decisiones sobre nulidad. Además, refiere, la nulidad se basa en una “interpretación expansiva” de los efectos de la VPG sin pruebas suficientes que afectan su derecho a ser votado y al electorado a que su decisión sea respetada.

      Además, esa interpretación desconoce el principio de presunción de validez de las elecciones y conservación de los actos válidamente celebrados. La responsable basó su decisión en percepciones y suposiciones sin sustento probatorio.

      Al confirmar la nulidad de la elección, la responsable no aplicó de manera explícita las normas que exigen una relación causal directa entre los actos de VPG y el resultado de la elección. El propio Tribunal reconoce que la violencia pudo o no influir en el electorado. Así, no hay pruebas de la influencia en la elección. Ello, viola el principio de certeza y el derecho a un proceso electoral justo y equitativo. La nulidad sin pruebas suficientes de causalidad directa crea un precedente donde cualquier irregularidad podría ser utilizada para anular una elección, afectando la estabilidad y confianza en el sistema electoral.

      La responsable no evalúa si la nulidad es una medida proporcional y necesaria para proteger los derechos de las víctimas de VPG sin afectar desproporcionadamente sus derechos como ganador de la elección y de las personas votantes.

      La jurisprudencia de la Sala Superior ha reiterado que la nulidad electoral debe ser una medida de última instancia, utilizada sólo cuando no existen otras opciones para remediar las irregularidades. La responsable no exploró otras medidas menos restrictivas que podrían haber abordado las preocupaciones sobre la VPG sin invalidar la elección.

      La Sala Toluca cometió un error judicial evidente al declarar la nulidad de la elección basándose en actos de VPG sin establecer una conexión directa y comprobable con él como candidato ganador y sin pruebas suficientes de que esa VPG afectó de manera determinante el resultado electoral. Ello constituye un error en la valoración de pruebas y en la aplicación de la ley.

En consecuencia, se emiten los siguientes.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se desecha la demanda del SUP-REC-2523/2024.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación.

Notifíquese como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos correspondientes y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Anexo – Publicaciones denunciadas[42]

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Asimismo, en el Acuerdo General 2/2023.