RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-4520/2024

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIADO: PAULO ABRAHAM ORDAZ QUINTERO Y LUIS ITZCÓATL ESCOBEDO LEAL

COLABORÓ: GERARDO ROMÁN HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro[1]

(1)            Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo INE/CG2129/2024, por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral efectuó el cómputo total, declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027, específicamente, la correspondiente a Movimiento Ciudadano en la segunda circunscripción.

(2)            Esta determinación se sustenta en que a) la parte recurrente no aportó elementos de prueba que demostraran que Miguel Ángel Sánchez Rivera se encuentra prófugo de la justicia; y b) No existe una sentencia penal firme en contra de dicho ciudadano por cometer el delito de violencia política por razón de género.

GLOSARIO

1.     ASPECTOS GENERALES

(3)            El presente asunto tiene su origen en la aprobación del acuerdo INE/CG2129/2024 por parte del Consejo General del INE, en el que efectuó el cómputo total, declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, MC y MORENA, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027.

(4)            En contra de dicho acuerdo, el recurrente presentó el presente recurso de reconsideración al considerar esencialmente que la responsable asignó indebidamente una diputación federal de representación proporcional a Miguel Ángel Sánchez Rivera, al considerar que es inelegible para ocupar el cargo.

2.     ANTECEDENTES

(5)            Inicio del proceso electoral federal. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, inicio al proceso electoral federal 2023-2024.

(6)            Aprobación del mecanismo de asignación de RP. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG645/2023 por el que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de Representación Proporcional en el Congreso de la Unión para el proceso electoral 2023- 2024.

(7)            Registro de candidaturas a la Cámara de Diputaciones. El veintinueve de febrero, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG233/2024 por el que registró las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, así como por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

(8)            Registro de Miguel Ángel Sánchez Rivera. El cuatro de abril, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG403/2024, relativo a las solicitudes de sustituciones de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y diputaciones federales por ambos principios presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones para el proceso electoral federal 2023-2024; mediante el cual, de entre otras cosas, se aprobó el registro de Miguel Ángel Sánchez Rivera, como candidato propietario a diputado federal por el principio de representación proporcional en el número dos de la lista correspondiente a la segunda circunscripción.

(9)            Jornada electoral. El dos de junio, se celebró la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se eligieron, de entre otros cargos, las diputaciones federales al Congreso de la Unión.

(10)        Acuerdo impugnado. El veintitrés de agosto, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG2129/2024, por el que efectuó el cómputo total, declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, MC y MORENA, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027, para quedar de la siguiente manera:

En dicho acuerdo, el Consejo General del INE asignó una diputación federal por el principio de representación proporcional en la segunda circunscripción a Miguel Ángel Sánchez Rivera, de MC.

(11)        Recursos de reconsideración. En contra de dicho acuerdo, la parte recurrente presentó el presente recurso de reconsideración.

3.     TRÁMITE

(12)        Turno. Una vez recibido el asunto, la magistrada presidenta acordó integrar el expediente SUP-REC-4520/2024 y turnarlo a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para para su trámite y sustanciación.

(13)        Instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación en su ponencia, lo admitió y cerró su instrucción. Sin que pase inadvertido que en la fecha en que se resuelve este asunto aún no concluye el trámite respectivo, no obstante, en virtud de que se trata de un asunto de urgente resolución, es razonable dictar la sentencia, en aras de tutelar la función electoral.[2]

4.     COMPETENCIA

(14)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, debido a que se trata de un recurso de reconsideración interpuesto para controvertir la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional al Congreso de la Unión, realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyo estudio es exclusivo de este órgano jurisdiccional.[3]

5.     PROCEDENCIA DEL RECURSO

(15)        El recurso reúne los requisitos generales[4] y especiales[5] de procedencia, como se razona a continuación.

(16)        Forma. El recurso cumple con los requisitos de forma porque: i) se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; ii) consta el nombre del recurrente o del representante partidista, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones; iii) se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable, y iv) se mencionan los hechos en que basa su impugnación y los agravios que le causa el acto impugnado.

(17)        Oportunidad. El recurso fue presentado dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios.

(18)        En efecto, el acuerdo controvertido se aprobó durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, de veintitrés de agosto, la cual concluyó a las diecisiete horas con veintidós minutos, en ese sentido, el plazo para interponer el recurso de reconsideración transcurrió de esa fecha y hora al veinticinco siguiente a la misma hora.

(19)        En el caso, la demanda fue presentada a las catorce horas con ocho minutos del veinticinco de agosto, por lo que es evidente que se presentó dentro del plazo legal.

(20)        Interés jurídico. El partido político recurrente tiene interés jurídico para interponer el presente recurso, toda vez que controvierte el acuerdo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, específicamente la asignación de una curul a un candidato que considera es inelegible, lo cual en su opinión le genera perjuicio y resulta contrario al interés público.

(21)        Legitimación y personería. Se satisfacen los requisitos porque se trata de un partido político nacional que acude por conducto de su representante ante el Consejo General del INE.

(22)        Definitividad. Este requisito se considera colmado, ya que la Ley no prevé ningún otro recurso o juicio que deba ser agotado previamente para combatir el acuerdo que se impugna.

(23)        Requisito especial. Se surte el requisito previsto en el artículo 62, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios porque el acto impugnado es el acuerdo del Consejo General donde presuntamente se asignó de manera indebida una diputación federal por el principio de representación proporcional.

(24)        Por lo anterior, a juicio de esta Sala Superior, al estar colmados los requisitos de procedencia del presente recurso de reconsideración, es conforme a Derecho proceder a realizar el fondo.

6.             ESTUDIO DE FONDO

6.1.       Planteamiento del caso

a)        Que esta Sala Superior declare que Miguel Ángel Sánchez Rivera se ubica en diversos supuestos de inelegibilidad que le impedirían asumir un cargo de elección popular.

b)            En consecuencia, el PRI solicita que se revoque la asignación de la curul que le fue asignada y que se le niegue la candidatura correspondiente.

(27)        Para tal efecto, el PRI plantea como agravio que el Consejo General del INE otorgó ilegalmente una diputación de RP a Miguel Ángel Sánchez Rivera, pues dicha persona es inelegible por dos razones distintas, que son las siguientes:

a)            Que la candidatura impugnada es prófuga de la justicia. Al respecto, refiere que existe un proceso penal en contra de Miguel Ángel Sánchez Rivera en el cual se libró una orden de aprehensión en contra del ciudadano la que no ha sido ejecutada. También menciona que el ciudadano no ha comparecido al proceso penal.

El PRI refiere que las circunstancias anteriores actualizan la calidad de "prófugo de la justicia" que origina la suspensión de derechos políticos prevista en el artículo 38, fracción V, de la Constitución General.

b)            Que la candidatura impugnada se ubica en el supuesto de estar cumpliendo una condena por un delito de VPG derivado de una sentencia penal firme. Al respecto, el PRI menciona que Miguel Ángel Sánchez Rivera fue sentenciado por cometer Violencia Política de Género (VPG) en contra de una regidora de su mismo partido, circunstancia que lo ubica en el supuesto de inelegibilidad señalado en el artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política del país.

(28)        En síntesis, el PRI argumenta que estas condiciones hacen que Miguel Ángel Sánchez Rivera se ubica en distintos supuestos de inelegibilidad que lo inhabilitan para ocupar el cargo de diputado federal.

(29)        En consecuencia, la pretensión del recurrente es que esta Sala Superior revoque el acuerdo impugnado, únicamente en lo que se refiere a la asignación de la diputación por el principio de representación proporcional a favor de Miguel Ángel Sánchez Rivera, ya que considera que es inelegible.

(42)        Esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al partido recurrente, porque no aportó elemento de prueba alguno que le permitiera a este Tribunal valorar si el candidato se encuentra en el supuesto denunciado de “prófugo de la justicia”.

(43)        El artículo 38 fracción V, de la Constitución general señala lo siguiente:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

[…]

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal;” (énfasis añadido).

(52)        Si bien a lo largo de su demanda el recurrente afirmó que Miguel Ángel Sánchez Rivera tiene una orden de aprehensión en su contra y señala los datos de algunos expedientes, lo cierto es que no proporcionó algún elemento probatorio concreto, como alguna documental de alguna carpeta de investigación o expediente judicial, que diera cuenta de que existe una orden de aprensión en contra de dicha persona.

(53)        Es decir, fuera de referir algunos números de expediente que no son notorios para este Tribunal, no aportó algún medio de prueba como alguna prueba documental que respaldara su afirmación.

(54)        Tampoco proporcionó información sobre la vigencia actual de la supuesta orden de aprehensión, si se intentó cumplimentar de manera infructuosa o si la acción penal correspondiente ha prescrito, ni aportó pruebas concretas de que el candidato efectivamente se esté evadiendo la justicia.

(55)        En el mismo sentido, no adjuntó a su demanda documentos oficiales, informes policiales, o cualquier otra evidencia que respalde la afirmación de que el candidato está prófugo, sino que se limita a citar notas periodísticas para respaldar sus aseveraciones en una cantidad y con atributos insuficientes para siquiera generar algún tipo de indicio en términos de la jurisprudencia de este Tribunal.[6]

(56)        Por otro lado, si bien en su demanda el PRI solicitó que este órgano jurisdiccional se allegue de todas las documentales necesarias para resolver el caso, lo cierto es que en términos del artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley de Medios, [7] para que dicha solicitud sea procedente es necesario que la parte interesada hubiera solicitado esa información ante el órgano competente y que este no las hubiera entregado, lo cual es un supuesto que no se advierte que haya acontecido ni siquiera es referido por el partido recurrente.

(57)        En suma, aunque la parte actora refirió a lo largo de su demanda la existencia de una orden de aprehensión y que el candidato se encuentra prófugo de la justicia, de las constancias que obran en autos no se advierte que haya aportado algún elemento de prueba tendiente a demostrarlo, a pesar de que, conforme a lo resuelto en el SUP-RAP-102/2024, quien hace valer la inelegibilidad de un candidato tiene la carga de la prueba.

(58)        A diferencia del precedente citado, en el cual la parte actora aportó diversos oficios e informes de autoridades que acreditaban la existencia de órdenes de aprehensión vigentes y diligencias infructuosas para ejecutarlas, en este caso, no se adjuntaron a la demanda ninguno de esos elementos o alguno diverso del cual se pudiera desprender alguna información que corroborara las afirmaciones del recurrente.

(59)        En esas condiciones, la parte recurrente no acreditó la existencia de una orden de aprehensión en contra del candidato que aduce es inelegible y, por ende, tampoco que se encuentre prófugo de la justicia, pues no aportó ningún elemento que sustentara su impugnación; elementos necesarios para pronunciarse sobre la elegibilidad del candidato.

(61)        En otro orden de ideas, el partido recurrente refiere que el candidato cuestionado se ubica en un diverso supuesto constitucional de suspensión de derechos, en concreto, el previsto por el numeral 38, fracción VII, de la Constitución general, que dispone que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspende si la persona respectiva tiene una sentencia firme, en materia penal, por la comisión intencional del delito de “violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

(65)        Al respecto, esta Sala Superior concluye que no le asiste la razón al recurrente, pues no existe una sentencia penal firme que determine que la candidatura señalada cometió el delito de VPG y se encuentre cumpliendo la pena respectiva, tal como se explica enseguida.

(66)        El artículo 38 fracción VII, de la Constitución general señala lo siguiente:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

[…]

VII. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.” […] (énfasis añadido).

(67)        En relación con dicho precepto, esta Sala Superior ya ha indicado que para que se actualice el supuesto de inelegibilidad derivada de la suspensión de derechos se requiere que se cumplan las condiciones siguientes:

a)            Que exista una sentencia firme.

b)            Que dicha sentencia determine la comisión de un delito (debe tratarse de una sentencia en materia penal emitida por un juez con esa competencia).

c)            Que el referido delito sea, en lo que interesa al presente asunto, el de “violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

(68)        En relación con el impedimento para ocupar un cargo de elección popular esta Sala Superior[9] y la SCJN[10] han señalado que:

a)            Derivan de previsiones constitucionales expresas que son claras, de manera que no justificación para interpretar la disposición más allá de su texto expreso y manifiesto.

b)            Resulta contrario a Derecho generar interpretaciones extensivas de una norma, para restringir derechos.

(70)        Más aún, esta Sala Superior ya indicó[12] que el supuesto de inelegibilidad en estudio, previsto constitucionalmente, no opera “a partir de la existencia de una sanción administrativa, emitida en un procedimiento especial sancionador, el cual, evidentemente no es de naturaleza penal”.

(71)        Es decir, si alguna persona le solicita a esta Sala Superior que, en aplicación del numeral 38, fracción VII, de la Constitución general determine que una candidatura de elección popular debe ser suspendida de derechos político-electorales y consecuentemente sea declarada inelegible, sobre la base de que en un procedimiento administrativo sancionador de naturaleza electoral fue sancionada por incurrir en VPG, tal argumento debe desestimarse.

(72)        En el caso concreto, el PRI señala que Miguel Ángel Sánchez Rivera, candidato propietario postulado por MC en el segundo lugar de su lista de RP relativa a la segunda circunscripción plurinominal electoral federal debe ser suspendido de sus derechos y declarado inelegible, pues mediante resolución no penal, sino en un procedimiento administrativo sancionador de naturaleza electoral, fue determinado responsable de incurrir en VPG.

(73)        En su demanda el PRI señala el Tribunal Electoral local determinó que Miguel Ángel Sánchez Rivera incurrió en VPG en la resolución relativa al juicio electoral local JE-21/2024[13]. Sin embargo, de la revisión de esa determinación se observa que no guarda relación alguna con el caso en estudio y, en realidad, la determinación vinculada al presente caso es la relativa al procedimiento especial sancionador electoral PES-15/2023[14] emitida el veintidós de junio de dos mil veinticuatro.

(74)        Sin embargo, se observa que la decisión con la que el PRI busca justificar la actualización del supuesto constitucional de inelegibilidad no cumple las condiciones que la propia Constitución establece para su verificación, pues: 1) no determina la comisión de un delito en materia de VPG; 2) no fue emitida por un juez penal, sino por un Tribunal electoral dentro de un procedimiento administrativo; 3) no reúne la característica de estar firme; 4) tampoco se cumple la condición consistente en que el actor se encuentre cumpliendo la condena.

(75)        El hecho de que en sede admirativa se determine la actualización de VPG es insuficiente para determinar la suspensión de derechos de una persona, pues, como ya se dijo, no se cumplen las condiciones que la propia Constitución general establece para tal hipótesis y operar las consecuencias en los citados términos implicaría generar una interpretación extensiva de una restricción a derechos, lo cual es contrario al parámetro de regularidad

(76)        Por tales motivos, como se adelantó, tampoco le asiste la razón al recurrente.

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo controvertido.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los Acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.