RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

 

EXPEDIENTE: SUP-REP-87/2019.

 

RECURRENTE: MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

 

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES.

 

SECRETARIOS: JORGE ARMANDO MEJÍA GÓMEZ Y RODRIGO QUEZADA GONCEN.

 

COLABORARON: CLAUDIA MARISOL LÓPEZ ALCÁNTARA, OMAR ENRIQUE ALBERTO HINOJOSA OCHOA, MARCO VINICIO ORTÍZ ALANIS Y FRANCISCO CRISTIAN SANDOVAL PINEDA.

 

Ciudad de México, a diez de julio de dos mil diecinueve.

 

VISTOS, para resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado al rubro, interpuesto por Mario Martín Delgado Carrillo, en contra de la resolución dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación en el procedimiento especial sancionador electoral identificado con la clave SRE-PSC-54/2019; y

 

R E S U L T A N D O S :

 

I. Antecedentes. De los hechos narrados en la demanda y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

 

1. Inicio de los procesos electorales locales en diversas entidades federativas. Entre el nueve de agosto de dos mil dieciocho y el nueve de febrero de dos mil diecinueve, iniciaron los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla (elección extraordinaria), para la renovación de diversos cargos Gobernador, diputaciones e integrantes de Ayuntamientos-.

 

2. Campañas, precampañas, veda y jornada electoral. Las precampañas y campañas electorales de los diversos procesos electorales locales ordinarios y extraordinario -Puebla-, así como la celebración de la jornada electoral se realizó en las fechas que se describen a continuación:[1]

 

No.

Entidad Federativa

Cargo a elegir

Periodo de Precampaña

Periodo de Campaña

Día de la Elección

1

Aguascalientes

Ayuntamientos

Ayuntamientos con 40 mil habitantes o más: Del 10 de febrero al 11 de marzo[2].

 

Ayuntamientos con menos de 40 mil habitantes: Del 10 de febrero al 1 de marzo.

Ayuntamientos con 40 mil habitantes o más: Del 15 de abril al 29 de mayo.

 

Ayuntamientos con menos de 40 mil habitantes: Del 30 de abril al 29 de mayo.

02 de junio de 2019

 

2

Baja California

Gobernador

22 de enero al 2 de marzo

31 de marzo al 29 de mayo.

Diputaciones

22 de enero al 20 de febrero.

Del 15 de abril al 29 de mayo.

Ayuntamientos

3

Durango

Ayuntamientos

Primer y segundo grupo: 2 de febrero al 6 de marzo.

 

Tercer grupo:  15 de febrero al 6 de marzo.

Primer y segundo grupo: 20 de abril al 29 de mayo.

 

Tercer grupo:  30 de abril al 29 de mayo.

4

Quintana Roo

Diputaciones

15 de enero al 13 de febrero.

15 de abril al 29 de mayo.

5

Tamaulipas

Diputaciones

20 de enero al 18 de febrero.

15 de abril al 29 de mayo.

6

Puebla

Gobernador

24 de febrero al 5 de marzo.

 31 de marzo al 29 de mayo.

Ayuntamientos

 

El periodo de la veda electoral en las mencionadas entidades federativas fue del treinta de mayo al uno de junio pasado, en virtud que los periodos de campaña concluyeron el veintinueve de mayo del año que transcurre.

 

3. Denuncia. El uno de junio de dos mil diecinueve, Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia en contra de Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la supuesta vulneración a la veda electoral, así como por el presunto uso indebido de recursos públicos, por la publicación de un video en su perfil de la red social Facebook, en el que aparecieron diversos candidatos del partido político Morena a cargos a elegir en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo, vulnerándose el principio de equidad en la contienda en esas entidades federativas.

 

Asimismo, denunció a Morena por culpa in vigilando, respecto de la conducta atribuida a su militante Mario Martín Delgado Carrillo.

4. Resolución del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-54/2019 (acto impugnado). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la citada Sala Regional pronunció resolución en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-54/2019, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

 

[…]

 

R E S U E L V E

 

PRIMERO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a Mario Martín Delgado Carrillo, consistente en la vulneración al periodo de veda electoral, en los términos precisados en la presente ejecutoria.

 

SEGUNDO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a Mario Martín Delgado Carrillo, consistente en la vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad, en los términos de la presente ejecutoria.

 

TERCERO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a MORENA.

 

CUARTO. Se da vista con copia certificada de las constancias que integran el presente expediente, a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a efecto de que proceda a determinar lo conducente conforme a su normativa en torno a la responsabilidad del servidor público mencionado en la presente sentencia, por haber inobservado la normativa constitucional y electoral.

 

[…]

 

La resolución se notificó al denunciado el veinte de junio de dos mil diecinueve[3].

 

II. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

 

1. Interposición del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. En contra de esa determinación, el veintitrés de junio de dos mil diecinueve, Mario Martín Delgado Carrillo interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral, quien lo remitió a la Sala Regional Especializada ese mismo día.

 

2. Recepción y turno. El veinticuatro de junio del año que transcurre, se recibió la demanda del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, motivo por el cual, el Magistrado Presidente ordenó registrar el expediente en el Libro de Gobierno con la clave SUP-REP-87/2019 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral.

 

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó y admitió a trámite la demanda y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual los autos quedaron en estado de resolución.

 

C O N S I D E R A N D O S :

 

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, porque se controvierte una sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, cuyo conocimiento es competencia exclusiva de este órgano jurisdiccional federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

SEGUNDO. Cumplimiento de los requisitos de procedencia. Se colman los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, 45; 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

 

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad competente; consta el nombre del accionante; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; menciona los hechos en que basa su impugnación; los agravios que considera se le causan y los preceptos presuntamente vulnerados; de igual forma, obra la firma autógrafa del recurrente.

 

b. Oportunidad. Se cumple el requisito, porque de las constancias se advierte que la sentencia combatida se notificó al recurrente el veinte de junio de dos mil diecinueve, en tanto la demanda que dio origen al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en que se actúa, se presentó ante el Instituto Nacional Electoral el veintitrés de junio siguiente y esa autoridad lo remitió a la Sala Regional Especializada el mismo día; de este modo, la demanda fue recibida por la autoridad responsable dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 109, párrafo 3, parte final, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

c. Legitimación. El requisito se colma, toda vez que Mario Martín Delgado Carrillo, está legitimado para promover el medio de impugnación, al ser quien fue denunciado en el procedimiento especial sancionador cuyo fallo se revisa.

 

d. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque combate la resolución dictada en el procedimiento respectivo en que fue parte denunciada, en la cual se declaró la existencia de las infracciones que se le atribuyeron.

 

e. Definitividad. También se colma este requisito de procedencia, porque en la normativa aplicable no existe otro medio de impugnación para controvertir la resolución recurrida.

 

En consecuencia, al cumplirse los requisitos de procedencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y no advertirse de oficio causas de improcedencia, corresponde analizar y resolver el fondo del asunto controvertido.

 

TERCERO. Planteamiento del caso.

 

1. Queja:

 

Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, denunció a Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la supuesta vulneración a la veda electoral, así como por el presunto uso indebido de recursos públicos, por las siguientes razones:

 

         Vulneración a la veda electoral. La presunta transgresión a lo dispuesto en los artículos 41, de la Constitución Federal; 251, párrafos 3 y 4, y 449, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuible a Mario Martín Delgado Carrillo, derivado de la publicación de un video en la cuenta oficial del denunciado en la red social Facebook el treinta y uno de mayo del año que transcurre, en donde, a decir del denunciante, se realizó un llamado al voto a favor de los candidatos postulados por Morena a diversos cargos de elección popular en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango y Puebla.

 

         Uso indebido de recursos públicos. La presunta vulneración a lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 7, de la Constitución Federal y 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuible a Mario Martín Delgado Carrillo, al considerar que en el referido video Mario Martín Delgado Carrillo se ostentó con la calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y solicita el voto a favor de los referidos candidatos a diversos cargos de elección popular postulados por Morena, situación que presuntamente vulnera el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral en los citados Estados.

 

         Culpa in vigilando. La transgresión a los artículos 443, párrafo 1, incisos a), h) y n), de la referida Ley General, así como al artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos, atribuible a Morena. Lo anterior, respecto al indebido actuar atribuido a Mario Martín Delgado Carrillo.

 

El material denunciado es el siguiente:

 

Facebook de Mario Delgado Carrillo

Video (31 de mayo de 2019)

 

El mensaje de reconciliación

Para lograr la paz y el desarrollo

Recorre todos los caminos de México

Pronto llegará la cuarta transformación

¡No hay falla!

Siempre hay que estar

Cerca de la gente

¡Este 2 de junio el cambio está con nosotros!

Mario delgado

Morena

 

2. Resolución del procedimiento especial sancionador

 

La Sala Regional Especializada determinó la existencia de las infracciones denunciadas, en razón de que el video difundido por Mario Martín Delgado Carrillo en su cuenta oficial de Facebook constituye propaganda electoral, cuya difusión está prohibida en el periodo de veda electoral, a partir de las consideraciones siguientes:

 

a)    Se tuvieron por acreditados los elementos:

 

-         Temporal, ya que el video se transmitió el treinta y uno de mayo pasado, es decir, dentro del periodo de veda electoral en los Estados con elecciones locales ordinarias y extraordinaria;

-         Material, porque el video constituye propaganda electoral, ya que se advierte la presencia de candidatos postulados por Morena a diversos cargos de elección popular; ello asociado con frases relacionadas con el partido político MORENA, finalizando con la leyenda que hace referencia al día en que se celebraría la jornada electoral en las entidades federativas mencionadas; y

-         Personal, toda vez que es un hecho público y notorio que actualmente Mario Martín Delgado Carrillo ostenta la calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por lo que el denunciado es un sujeto obligado respecto de la norma que establece la veda electoral, al encontrarse en un cargo público y al ser militante y/o simpatizante de un partido político en particular.

 

b)    Además, con la difusión del contenido del video difundido a través de la red social Facebook, se tuvo por actualizada la vulneración al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, ya que si bien no se acreditó la utilización de recursos públicos, materiales y humanos, sí se comprobó que el funcionario referido manejó su función relevante de servidor público para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales que se desarrollaron en las entidades federativas antes referidas durante el periodo de veda electoral.

 

c)    Finalmente, la Sala Especializada, al tener por actualizada la vulneración a la normativa electoral, determinó dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, respecto del actuar de Mario Martín Delgado Carrillo, Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo.

 

Por otra parte, la Sala Especializada consideró inexistente la infracción que se le atribuyó a Morena por culpa in vigilando, con la consideración esencial de que los partidos políticos no son responsables por las conductas de sus militantes cuando actúan como servidores públicos (como ocurrió en el caso).

 

3. Recurso de revisión

 

Inconforme con tal determinación, el denunciante promovió el presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que plantea lo siguiente:

 

     La infracción que tuvo por demostrada la Sala Especializada no se encuentra tipificada en la Constitución Federal ni en los ordenamientos aplicables, por lo que, en el caso concreto, al no encontrarse regulada la conducta, no se vulnera la normativa electoral.

 

     Inexistencia de la transgresión de los principios de neutralidad y equidad, ya que el recurrente actuó en su ejercicio de libertad de expresión.

 

     Violación a los principios de legalidad y congruencia, toda vez que se declara la inexistencia de la infracción respecto a Morena y no del servidor público, siendo que debió declararse la inexistencia de las infracciones respecto de ambos.

 

     Aplicación errónea de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

     Las opiniones de los Diputados son inviolables.

 

CUARTO. Estudio de fondo.

 

Del escrito de demanda, se puede advertir que la pretensión recurrente es que se revoque la resolución impugnada, a efecto de que la Sala Superior declare la inexistencia de la infracción y deje sin efectos la vista ordenada a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.

 

En ese contexto, los agravios serán atendidos en orden distinto al que fueron expuestos, sin que tal circunstancia cause afectación a los derechos del accionante de acuerdo con la jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

 

A) Falta de tipicidad.

 

El recurrente señala que le agravia la transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica y congruencia, toda vez que la conducta que tuvo por acreditada la Sala Regional Especializada no se encuentra tipificada como infracción administrativa electoral en algún ordenamiento legal de la materia ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Para sustentar sus afirmaciones, señala que la Sala Superior ha sostenido que al derecho sancionador electoral le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados en el derecho penal. Por esto, el recurrente expresa que el ilícito, falta, infracción o contravención normativa, debe contener la descripción clara de la conducta considerada como antijurídica y expresamente prevista en la normativa electoral aplicable para que pueda ser sancionada.

 

Para esto, el recurrente aduce que la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-JRC-73/2001, determinó que no es posible imponer una sanción en materia electoral por simple analogía, sino que debe estar prevista en una ley.

 

Asimismo, razona que la conducta antijurídica debe de ser una descripción clara de la conducta considerada ilícita y contener elementos ciertos, precisos, claros y suficientes para que se actualice la hipótesis, sin que sea por analogía y, por tanto, arbitraria la sanción de la autoridad.

 

Agrega, que cuando una conducta no reúna todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta la atipicidad, la cual no podrá ser sancionada.

 

Explica, que la Sala responsable consideró que se actualizaban las siguientes infracciones:

 

i)                    Difusión de propaganda electoral en periodo de veda electoral, lo cual fundamentó en el artículo 210, de la Lay General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

ii)                 Vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad, mismo que fundó en el artículo 448, párrafo 1, inciso c), de la citada ley.

 

A decir del recurrente, ninguno de los anteriores preceptos normativos le es aplicable a la conducta que desplegó, ya que no se refieren a la difusión de un video en redes sociales.

 

No le asiste la razón al inconforme, en atención a lo siguiente.

 

En el ámbito del derecho administrativo sancionador, el ilícito, falta, infracción o contravención normativa, en sentido lato, se identifica como la conducta antijurídica, típica y culpable, que un sujeto de derecho lleva a cabo, con la cual conculca el vigente sistema normativo; por tanto, ante la comisión de esa conducta antijurídica, típica y culpable, el legislador prevé, como consecuencia, por regla, la imposición de una sanción, para el sujeto activo de la conducta o, en su caso, para quien sea responsable de la conducta antijurídica.

 

En este sentido, es claro que el tipo normativo debe contener la descripción clara de la conducta considerada ilícita, a partir de elementos ciertos, expresos, claros y suficientes, para que el aplicador de la normativa jurídica tipificadora y posiblemente sancionadora, así como el destinatario de esa normativa, tengan plena certeza y seguridad jurídica del contenido y significado de la norma.

 

La descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, porque existe el riesgo de un excesivo arbitrio, de una mayoritaria libertad en la actuación del órgano de autoridad encargado de calificar la conducta y, en su caso, de imponer la sanción respectiva, lo cual puede conculcar los principios de certeza y seguridad jurídica, en agravio del sujeto activo o responsable de la conducta infractora; además de autorizar la comisión de conductas antijurídicas, arbitrarias, por parte de la autoridad sancionadora.

 

Así, el mandato de tipificación coincide con la exigencia de que se cumpla la determinación y taxatividad, cuyos objetivos son proteger o garantizar la vigencia efectiva del principio de seguridad jurídica, además de reducir la discrecionalidad o arbitrio, es decir, la libertad y posible antijuridicidad en el acto de imposición de sanciones.

 

En este orden, la conducta (ya sea de acción u omisión), que se considere constitutiva de una falta o infracción administrativa, debe estar previa y expresamente prevista o tipificada en la normativa electoral aplicable.

 

En el derecho penal, a cuyos principios se recurre por ser la rama del ius puniendi mejor desarrollada, es exigencia constitucional, para que una conducta se pueda considerar como delito, que esté prevista como tal en un precepto legal y, en su caso, que tenga asignada una pena o sanción específica.

 

Por tanto, en materia penal, lo mismo que en el derecho administrativo sancionador, rige el principio de estricta aplicación de la ley, en cuanto que no se puede imponer una sanción por simple analogía y tampoco por mayoría de razón; sólo se puede imponer sanción en los supuestos previstos en la ley, por la comisión de una conducta descrita, también en la ley, como antijurídica y, por ende, prohibida. Tal razonamiento encuentra su fundamento en el tercer párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece:

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

()”.

 

De la lectura del tercer párrafo de la disposición constitucional transcrita, se advierte que en el derecho penal está prohibido imponer sanciones por simple analogía e incluso por mayoría de razón; por tanto, resulta evidente que tampoco se puede imponer una sanción si no está prevista en una ley exactamente aplicable a la infracción de que se trate.

 

La analogía y la mayoría de razón no tienen cabida en la conformación de infracciones administrativas y tampoco en la imposición de sanciones de la misma naturaleza, es decir, por grave o reprobable, en el contexto social, que sea la conducta ejecutada, no se puede aplicar sanción alguna si, en principio, tal conducta no está tipificada en la ley con el carácter de infracción administrativa o como delito y tampoco, a pesar de estar legalmente descrita o tipificada la conducta como antijurídica, si no existe adecuación entre el hecho ejecutado y el supuesto previsto en la norma jurídica.

 

Este criterio ha sido sustentado reiteradamente por esta Sala Superior, como se advierte de la tesis relevante identificada con la clave XLV/2001[4], cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

 

ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Del contenido del artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la prohibición de imponer, en los juicios del orden criminal, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, se arriba a la convicción de que tales reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones de las que se derive la posibilidad de imponer una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral. En efecto, en un importante sector de la doctrina contemporánea prevalece la tesis de que no hay diferencias sustanciales, cualitativas o cuantitativas, que pudieran justificar una regulación distinta, por lo que se ha concluido que la tipificación de una conducta como infracción administrativa o criminal es el resultado de una decisión de política legislativa que, bajo ciertos márgenes, tiende a diseñar una estrategia diferenciada de lucha contra la criminalidad, con el propósito fundamental de evitar la sobrecarga, en exceso, de la maquinaria judicial, para ponerla en condiciones de actuar más eficazmente en los ilícitos más graves y relevantes para la sociedad. De ahí que la extensión de las garantías típicas del proceso penal, como la señalada, se justifique por el carácter sancionador del procedimiento, pues con ello se impide que, de hecho, sufran un menoscabo las garantías constitucionales y procedimentales constitucionalmente establecidas. Y es que, al final de cuentas, las contravenciones administrativas se integran en el supraconcepto de lo ilícito, en el que ambas infracciones, la administrativa y la penal, exigen un comportamiento humano (aunque en la administrativa normalmente se permita imputar la consecuencia a un ente o persona moral), positivo o negativo, una antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado potencial o actualmente dañoso y la relación causal entre éste y la acción, esencia unitaria que, no obstante, permite los rasgos diferenciales inherentes a la distinta función, ya que la traslación de las garantías constitucionales del orden penal al derecho administrativo sancionador no puede hacerse en forma automática, porque la aplicación de tales garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

 

Por lo anterior, es conforme a derecho sostener que el principio de tipicidad implica la necesidad de que toda conducta que se pretenda valorar como delito o como infracción administrativa, según sea el caso, así como la sanción aplicable, deben estar previstas en una norma jurídica, vigente con antelación al hecho, norma que debe contener precisamente el presupuesto de infracción y, en su caso, la sanción que se puede imponer.

 

Ello es con la finalidad de que los destinatarios de la normativa jurídica conozcan con precisión y antelación cuáles son las conductas ordenadas, las permitidas y las prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de la inobservancia de lo previsto en la regulación; de tal manera que, para imponer una sanción, debe existir adecuación plena entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho o conducta motivo de denuncia, es decir, la conducta debe actualizar el tipo normativo, en forma precisa, para que se pueda aplicar la consecuencia jurídica.

 

Por tanto, si no se concretan los elementos objetivos, subjetivos y/o normativos, del tipo administrativo de infracción, no se puede tener por acreditada la conducta infractora prevista en la normativa jurídica aplicable y, como consecuencia, tampoco se puede imponer sanción alguna, atendiendo a los principios generales del Derecho Penal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta e certa.

 

Para el caso, es importante señalar que la tipicidad constituye una de las bases fundamentales del principio de legalidad, que rige el sistema del derecho administrativo sancionador electoral, lo cual, en el moderno estado democrático de derecho, tiene como finalidad resguardar los derechos fundamentales de los sujetos de derecho, constitucional y legalmente protegidos, por lo que es indispensable la exigencia de un contenido concreto y unívoco del ilícito tipificado en la ley, así como de las consecuencias derivadas de la inobservancia del mandato jurídico.

 

Al caso, resulta aplicable el criterio sustentado reiteradamente por esta Sala Superior, que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 7/2005[5], cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

 

En este contexto, resulta ilustrativa también la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J. 100/2006, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

 

En este orden, se puede arribar a la conclusión de que el principio de tipicidad implica que:

 

a) Toda conducta reputada como delito, falta o infracción administrativa, debe estar prevista en una norma jurídica.

 

b) En la norma jurídica aplicable se debe prever el presupuesto de infracción y su consecuencia, la sanción, es decir, se debe describir la conducta ilícita, infracción o falta administrativa, así como la correlativa sanción aplicable, además de que la norma jurídica aplicable necesariamente debe estar vigente con anterioridad a la comisión del hecho o conducta típica, a fin de que los destinatarios estén en posibilidad jurídica de conocer con precisión el contenido de esa disposición y las consecuencias jurídicas de la inobservancia de la normativa aplicable.

 

c) Las normas jurídicas en las que se prevea una falta o infracción electoral, así como su sanción, deben admitir sólo una interpretación y deben tener aplicación estricta odiosa sunt restringenda—, ya que el ejercicio del ius puniendi se debe actualizar sólo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho o conducta motivo de tipificación y causa de la imposición de una sanción, en su caso.

 

d) Las penas o sanciones deben estar preestablecidas, en cuanto a su naturaleza y, en su caso, debe estar previsto el respectivo mínimo y máximo de la sanción a imponer.

 

El principio de tipicidad implica la exigencia de que la ley describa ex ante el supuesto normativo que conlleva a la sanción, así como la prohibición de aplicación retroactiva de la norma sustantiva, en agravio de persona alguna, salvo cuando las nuevas disposiciones sancionadoras favorezcan al presunto infractor.

 

Asume especial importancia señalar que, cuando ante la comisión de una conducta, aparentemente antijurídica, no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del delito o de la infracción administrativa, identificada con la voz atipicidad”, entendida ésta como la ausencia de adecuación de la conducta al tipo legal.

 

Definida tal concepción, es pertinente advertir la diferencia entre ausencia de tipo y ausencia de tipicidad; la primera se presenta cuando el legislador, deliberada o inadvertidamente, omite describir una conducta como delito, falta o infracción administrativa; en tanto que la ausencia de tipicidad surge cuando existe el tipo, pero la conducta realizada no encuadra, no se ajusta, no se adecua o no se amolda al tipo legalmente establecido.

 

Sobre el particular, resulta orientador el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la tesis aislada con número de registro 813043, correspondiente a la Sexta Época, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

TIPICIDAD Y AUSENCIA DEL TIPO.- Dentro de la teoría del delito, una cuestión es la ausencia de tipicidad o atipicidad (aspecto negativo del delito) y otra diversa la falta de tipo (inexistencia del presupuesto general del delito), pues la primera supone una conducta que no llega a ser típica por la falta de alguno o algunos de los elementos descriptivos del tipo, ya con referencia a calidades en los sujetos, de referencia temporales o especiales, de elementos subjetivos, etc., mientras la segunda presupone la ausencia total de descripción del hecho en la ley.

 

En la especie, contrariamente a lo que se aduce en los agravios, se encuentran tipificadas las conductas consistentes en vulneración a la veda electoral y la vulneración al principio de imparcialidad y equidad, como se demuestra enseguida.

 

-          Violación a la veda electoral.

 

Los artículos 254, párrafos 3 y 4, así como 449, fracción f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen:

 

“Artículo 251.

3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales”.

(…)

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

(…)

 

De las disposiciones trasuntas, se desprende que en la normativa electoral aplicable se encuentra contemplado el lapso correspondiente a la veda electoral, en el que se prohíbe la difusión de propaganda electoral.

 

En tal sentido, la Sala Superior ha considerado que el periodo de veda electoral es el lapso durante el cual las y los candidatos, partidos políticos, simpatizantes y servidores públicos deben abstener de realizar cualquier acto o manifestación tendente a promover o presentar ante la ciudadanía a las candidaturas que contiendan a un cargo de elección; de tal manera que esa previsión consiste también en prohibir la difusión de propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la jornada electoral, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales.

 

Es menester mencionar que el objeto de ese periodo es generar las condiciones suficientes para que los ciudadanos puedan meditar el sentido de su voto, a partir de la información recibida durante las campañas electorales.

 

En este sentido, el periodo de reflexión supone, en principio, una prohibición de difundir propaganda o realizar actos de campaña a favor o en contra de un partido político y/o de quienes ostentan una candidatura durante los días previos a la elección y el día de la elección misma.

 

Ahora, de la interpretación conjunta de los artículos 251 y 449, se advierte claramente que la violación a la veda electoral constituye una infracción en materia electoral. Esto, porque el primero de los preceptos establece claramente que durante el periodo de la veda no se puede difundir ningún tipo de propaganda electoral; y el segundo de los artículos prevé que constituye infracción en materia electoral el incumplimiento a las disposiciones de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Bajo ese contexto, es notorio que la violación a la veda electoral (por difundir propaganda electoral en ese periodo) se encuentra tipificada como infracción en materia.

 

Sin que obste a lo anterior, lo aducido por el recurrente en el sentido de que la Ley General no contempla que la violación a la veda pueda actualizarse por la difusión de un video a través de las redes sociales.

 

Esto es así, porque, por una parte, de la interpretación de la ley, se obtiene, sin lugar a dudas, que la difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda es constitutiva de infracción en materia electoral; y, por otra parte, como se verá al examinar otro de los agravios, la Sala Superior ya determinó que los contenidos que se publican en redes sociales pueden ser considerados como propaganda electoral.

 

Por tanto, adversamente a lo que sostiene el recurrente, la violación a la veda electoral por difundir propaganda electoral mediante videos en redes sociales durante ese periodo, se encuentra tipificado como infracción.

 

-          Vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad.

 

El deber de neutralidad del servidor público deriva del mandato constitucional contenido en el artículo 41, Base I, segundo párrafo, que establece que la elección de los representantes populares debe realizarse en elecciones libres, lo que comprende la libertad en la formación de la opinión del electorado.

 

Por otra parte, el deber de imparcialidad que deben observar los servidores públicos se encuentra previsto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134, constitucional, pues en las referidas porciones normativas se prevén expresamente: (i) la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos de que disponen por razón de su investidura y (ii) la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental para hacer promoción personalizada de su imagen.

 

Finalmente, el principio de equidad en la contienda electoral se encuentra establecido en el artículo 41, constitucional, conforme al cual, se deben garantizar a los partidos políticos condiciones equitativas en las elecciones, evitando cualquier influencia externa que pueda alterar la competencia.

 

En efecto, el propio artículo 41, constitucional dispone que