RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-136/2015 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y JAVIER CORRAL JURADO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: ÁNGEL EDUARDO ZARAZÚA ALVIZAR Y JOSÉ PABLO ABREU SACRAMENTO

 

México, Distrito Federal, treinta y uno de marzo de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos de los expedientes indicados al rubro, relativos a los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador interpuestos por Pablo Gómez Álvarez, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, Horacio Duarte Olivares, en su carácter de representante propietario del partido político nacional MORENA, Fernando Garibay Palomino, en su carácter de representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, y Javier Corral Jurado, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, todos ellos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de impugnar la sentencia emitida el veinte de marzo de dos mil quince por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, y

RESULTANDO

I. Antecedentes. De las constancias en autos se advierte lo siguiente:

a) Denuncia. El veintinueve de diciembre del dos mil catorce, Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo, por el Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México y de quien resultara responsable, por la difusión de la campaña denominada “Verde sí cumple”, mediante diversos espectaculares, anuncios en casetas telefónicas, autobuses de transporte público, cartelones y revistas, así como por la transmisión de promocionales denominados “cineminutos”, en las salas de cine de las cadenas Cinemex y Cinépolis, en todo el país, por considerar que vulneran sistemáticamente los artículos 41 y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando la adopción de medidas cautelares.

b) Medidas cautelares. El treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo ACQD-INE-54/2014 en el que declaró procedente las medidas cautelares solicitadas; por tanto, ordenó la suspensión de la difusión de los denominados “cineminutos”, así como el retiro de la propaganda fija, motivo de denuncia.

c) Escisión. Mediante acuerdo de trece de enero de dos mil quince, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, determinó escindir la denuncia, en la parte relativa a la supuesta violación al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con lo previsto en el numeral 54, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos, por la presunta aportación o donación en especie, a favor del Partido Verde Ecologista de México, derivado de los gastos de producción de los promocionales relativos a la difusión de los informes de labores de los legisladores, propuestos como candidatos, en su oportunidad, por ese partido político, a fin de que se tramitara en la vía ordinaria.

d) Emplazamiento y audiencias. En su oportunidad, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral emplazó a los sujetos vinculados al procedimiento especial sancionador, y posteriormente se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente.

e) Remisión del expediente a la Sala Regional Especializada. El veintinueve de enero de dos mil quince, la autoridad administrativa electoral remitió a la Sala Regional Especializada de este órgano jurisdiccional, el expediente integrado durante la etapa de tramitación del procedimiento especial sancionador, así como el respetivo informe circunstanciado. A partir de lo cual se integró el expediente SRE-PSC-14/2015.

f) Resolución. El seis de febrero de dos mil quince, la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral resolvió el procedimiento especial sancionador en el sentido de tener por acreditada la violación objeto del procedimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México, y en consecuencia le impuso una sanción consistente en amonestación pública.

g) Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. Disconformes con la resolución precisada en el antecedente anterior, los partidos políticos nacionales MORENA y de la Revolución Democrática, por conducto de su respectivo representante, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el senador, Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo, por el Partido Acción Nacional, ante el mencionado Consejo General, promovieron sendos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, los cuales se registraron con las claves de expedientes SUP-REP-57/2015, SUP-REP-58/2015 y SUP-REP-59/2015. En su oportunidad, compareció el Partido Verde Ecologista de México como tercero interesado.

h) Resolución de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. El doce de marzo de dos mil quince, esta Sala Superior emitió sentencia en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados como SUP-REP-57/2015 y acumulados, a través de la cual revocó la resolución de esta Sala Especializada, para los efectos precisados en la misma.

II. Resolución impugnada. El veinte de marzo de dos mil quince, la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, dictó resolución en el procedimiento especial sancionador cuyos puntos resolutivos son del siguiente tenor:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acredita la violación objeto del procedimiento especial sancionador, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se le impone la sanción consistente en una reducción de ministración mensual equivalente a $7,011,424.56 (siete millones once mil cuatrocientos veinticuatro pesos 56/100 M. N.), en los términos de la presente sentencia.

SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.”

 

III. Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. Disconformes con la resolución de veinte de marzo del año en curso, los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, MORENA y Verde Ecologista de México, por conducto de su respectivo representante, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el senador Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional, ante el mencionado Consejo General, promovieron sendos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.

IV. Turno de expediente. Mediante el proveído correspondiente, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar los expedientes SUP-REP-136/2015, SUP-REP-137/2015, SUP-REP-139/2015 y SUP-REP-141/2015 con motivo de los citados medios de impugnación, y turnarlos a la ponencia a su cargo para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó los presentes medios de impugnación, los admitió a trámite y al no haber diligencias pendientes que desahogar y estar debidamente integrados los expedientes, se declaró cerrada la etapa de instrucción por lo que los asuntos quedaron en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracciones VIII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral porque se trata de cuatro recursos de revisión del procedimiento especial sancionador promovidos para controvertir una resolución de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, en la cual se sancionó con reducción en su ministración mensual al Partido Verde Ecologista de México, equivalente a $7,011,424.56 (siete millones once mil cuatrocientos veinticuatro pesos 56/100 M. N.).

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda presentados por los recurrentes se advierte que combaten la sentencia pronunciada por la Sala Regional Especializada el veinte de marzo de dos mil quince, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSC-14/2014.

En ese sentido, al existir identidad en el acto impugnado e identificar a la misma autoridad como responsable, se surte la conexidad de la causa; de ahí que con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 86, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación de los expedientes SUP-REP-137/2015, SUP-REP-139/2015 y SUP-REP-141/2015 al diverso SUP-REP-136/2015, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de la Sala Superior.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

1. Forma. Los recursos se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellos se hace constar el nombre y firma autógrafa del recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

2. Oportunidad. Los recursos fueron interpuestos de manera oportuna, toda vez que la resolución fue emitida el veinte de marzo de dos mil quince, en tanto que las demandas de los recursos de revisión interpuestas por los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA se interpusieron el veintitrés siguiente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido para tal efecto.

Ahora bien, respecto a los recursos interpuestos por Javier Corral Jurado y el Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, se advierte que la resolución impugnada les fue notificada el veintiuno de marzo siguiente, por lo que el cómputo del plazo de tres días previsto para la interposición de los recursos respectivos, transcurrió del veintidós al veinticuatro de marzo siguiente y las demandas se presentaron el último día, de ahí que se estime que también cumplen con el requisito bajo análisis.

3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, toda vez que quienes interponen los recursos bajo análisis son los partidos políticos de la Revolución Democrática, MORENA y Verde Ecologista de México, a través de sus respectivos representantes acreditados ante el mencionado Consejo General, según constancias que obran en autos.

Respecto del ciudadano Javier Corral Jurado se advierte que éste se encuentra legitimado al haber sido parte denunciante en uno de los procedimientos especiales sancionadores bajo análisis.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por esta Sala Superior en la jurisprudencia 10/2003 con el rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS CIUDADANOS DENUNCIANTES ESTÁN LEGITIMADOS PARA APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA.[1]

4. Interés jurídico. Los recurrentes impugnan la resolución dictada por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015; resolución en la que los recurrentes figuraron como parte denunciante, así como denunciada, y sostienen que ésta resulta contraria a sus intereses.

5. Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, en virtud que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para alcanzar su respectiva pretensión.

CUARTO. Resumen de agravios. Respecto de los recursos presentados por el Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado, relativos a los expedientes SUP-REP-136/2015 y SUP-REP-139/2015, se advierte que dichos recurrentes plantean agravios sustancialmente idénticos por los que cuestionan la congruencia de la resolución, así como su debida motivación y fundamentación, por lo que hace a la individualización de la sanción, pues a su parecer la autoridad responsable no toma en consideración:

1. Las infracciones recurrentes que el Partido Verde Ecologista de México ha realizado en los procesos electorales antes y durante las campañas electorales en relación con la realización de propaganda político-electoral.

2. La capacidad económica del Partido Verde Ecologista de México, sus estados de cuenta e informes anuales en donde da cuenta de un haber por presunto "ahorro de prerrogativas" aducido públicamente por dicho partido político por un monto de trescientos veinte millones de pesos.

En este rubro, indica que la responsable se limita a considerar el financiamiento público para el año dos mil quince, así como multas que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de México, pero que no han adquirido definitividad.

3. La conducta deliberada y contumaz del Partido Verde Ecologista de México al incumplir las medidas cautelares dictadas el treinta y uno de diciembre del año en curso por la Comisión de Quejas y Denuncias, así como el incumplimiento de sentencia determinado por la propia responsable el tres de marzo de dos mil quince respecto del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, en el que declaró incumplida la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil quince.

4. La magnitud y alcance de la infracción, dada la difusión en tiempo de la campaña en propaganda fija en espectaculares, mupis y otros, así como en transporte público, en salas de cine desde el mes de septiembre de dos mil catorce hasta el catorce de enero de dos mil quince, alrededor de cuatro meses, que es superior a los noventa días de campaña para Presidente de la República y el doble de tiempo de la campaña a diputados federales en el año de dos mil quince; así como la cantidad de la que dan cuenta los contratos en tales medios de difusión y el alcance geográfico de difusión que abarcó todo el territorio nacional.

En este rubro, el recurrente señala que el Partido Verde Ecologista de México realizó el pago por la cantidad de ciento dieciocho millones novecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos con treinta centavos, desglosado en diversos conceptos.

La sanción fijada por la sala responsable se sustenta en consideraciones genéricas; y no resulta proporcional, al no considerar la gravedad del hecho, las circunstancias específicas y magnitud de modo, tiempo y lugar; lo que ocasiona que la sanción determinada no alcance la eficacia necesaria para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos lesionados con la conducta irregular.

La responsable incurrió en el error de considerar en las circunstancias de lugar, que la difusión y la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mampara, sólo ocurrió en el Distrito Federal, cuando dichos contratos no se limitan a dicha entidad federativa.

5. Por cuanto hace a la determinación del beneficio o lucro, la responsable sin motivación ni fundamentación determina que la infracción es incuantificable y que en los procedimientos especiales sancionadores, las sanciones no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico tutelado que tuvo la conducta; lo que los recurrentes consideran contrario a lo dispuesto por el inciso f) del párrafo 5 del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

6. En el caso del recurso de revisión interpuesto por Javier Corral Jurado, controvierte adicionalmente el punto 6 del considerando Tercero, al afirmar que la responsable no refiere el fundamento o precedentes que apoyan el argumento de la responsable relativo a que por regla general en los procedimientos especiales sancionadores, las sanciones no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, ni los montos que obren en contratos, sino por la ilicitud y transgresión a la normativa electoral federal.

Asimismo plantea que la resolución faltó al principio de exhaustividad, ya que la responsable no refiere haber analizado el importe en la adquisición de los medios comisivos de la conducta.

Por su parte, del escrito presentado por el partido MORENA, relativo al recurso de revisión identificado con la clave SUP-REP-137/2015, se advierte que el agravio planteado se dirige a combatir la proporcionalidad de la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada al Partido Verde Ecologista de México.

Al parecer del partido recurrente, la determinación de la referida sanción debió de realizarse de acuerdo al daño que causó en el proceso electoral en curso, por la gravedad de la conducta desplegada por la difusión sistemática, continuada, reiterada y permanente de la propaganda alusiva para posicionarse en la presente contienda electoral; lo anterior, tomando en cuenta que la propia autoridad responsable calificó como grave la conducta pues consideró que se puso en riesgo el equilibrio en el proceso federal electoral.

En cuanto al escrito inicial del recurso de revisión SUP-REP-141/2015, el Partido Verde Ecologista de México plantea los siguientes motivos de inconformidad:

1. La resolución impugnada vulnera el principio non bis in ídem, al haberse sancionado doblemente el mismo hecho. Lo anterior ya que previo a la imposición de la sanción controvertida, se sancionó a dicho instituto político con el retiro de la propaganda objeto de la denuncia al considerarlo responsable de la alteración al modelo de comunicación política con motivo de la instrumentación de una estrategia publicitaria en diversos medios de comunicación; razón por la cual solicita dejar sin efectos la reducción de ministración mensual ordenada por la sala responsable.

2. La responsable omitió analizar la naturaleza de la infracción, el conocimiento y facilidad que tuvo el infractor para incumplir la norma, la intencionalidad, el motivo por el que consideró adecuada, razonada y proporcionada la sanción; por lo que en su opinión la sanción impuesta resulta excesiva y desproporcionada.

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsable se limita a señalar que la propaganda difundida fue similar a la analizada en otros procedimientos sancionadores en que se determinó su ilegalidad, dejando de observar que los hechos que se le atribuyeron fueron realizados en una fecha en que no se había declarado ilegal la conducta del recurrente.

En la resolución impugnada se debía acreditar que el partido recurrente tenía voluntad para realizar la supuesta sobreexposición desmedida de su imagen frente a la ciudadanía, lo cual debía acreditarse en autos.

En la resolución dictada en el SUP-REP-3/2015 y sus acumulados, se estableció que el Partido Verde Ecologista de México no fue responsable directamente de la contratación o adquisición de la propaganda materia del procedimiento, sino que fue responsable directo del beneficio que obtuvo de la promoción a su favor. Al haber relación entre dicho procedimiento y el relacionado con la sentencia que impugna, considera que no puede considerarse que exista intención que se afirma en la resolución impugnada al no haber participación activa de parte del citado instituto político.

La responsable no consideró que el Partido Verde Ecologista de México no es reincidente, así como que la conducta que se le atribuye no se encuentra contemplada de manera expresa en la normatividad electoral como infracción, sino de criterios recientes de la Sala Superior. En este sentido considera que fueron insuficientes los elementos mencionados por la responsable para soportar la determinación de reducir en treinta y cinco por ciento sus ministraciones mensuales, siendo que debía imponerse un menor porcentaje.

La responsable omitió argumentar porque debía imponerse la sanción fijada y no otra menos severa, a fin de cumplir con una debida fundamentación.

3. Considera que al resolver el expediente SUP-REP-57/2015 y sus acumulados, la Sala Superior en modo alguno indicó a la Sala Regional Especializada que la conducta atribuida al Partido Verde Ecologista de México deba tenerse como grave, ya que se deja a su libre apreciación la calificación de la infracción que se le imputa.

QUINTO. Estudio de fondo. El estudio de los agravios de los recurrentes se realizará de forma conjunta atendiendo a los temas con los que guardan relación. Ello en virtud de que los mismos se encuentran íntimamente relacionados, sin que esto le genere perjuicio a la recurrente. Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.[2]

Como primer apartado se hará una síntesis respecto de los antecedentes del asunto a fin de establecer con claridad cuál tendría que ser la litis que la autoridad responsable debía atender en la resolución impugnada.

A continuación se abordarán los agravios formulados por el Partido Verde Ecologista de México, relacionados con que la sanción establecida por la sala responsable es contraria al principio non bis in ídem, y respecto de la calificación de la gravedad de la conducta.

Posteriormente se hará referencia a los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado, atendiendo en cada caso a las siguientes temáticas: falta de consideración de infracciones recurrentes del partido denunciado, incumplimiento de diversas resoluciones, así como lo relativo a la magnitud y alcance de la infracción.

Se estudiaran en conjunto los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado, relacionados con la falta de consideración de las cantidades que se precisan en los contratos, así como la indebida determinación del beneficio o lucro realizada por la autoridad responsable.

Posteriormente se atenderán los restantes agravios del partido político sancionado, así como los expuestos por los partidos políticos MORENA y Verde Ecologista de México, dirigidos a controvertir la individualización realizada por la autoridad responsable, al considerar que la misma incumple con el criterio de proporcionalidad y no corresponde con la infracción que se imputa al instituto político sancionado.

Finalmente, se analizará el agravio del Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado, relacionado con los parámetros utilizados por la sala responsable para establecer la capacidad económica del partido político sancionado.

 

I. Síntesis de resoluciones previas

Como se precisó anteriormente, la resolución impugnada se relaciona con el cumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior en el SUP-REP-57/2015 y acumulados, por lo que a fin de dar respuesta a los agravios de los ahora recurrentes, es necesario hacer una síntesis de los puntos que se han resuelto en las diversas ejecutorias dictadas por la sala regional responsable y por esta autoridad.

 

Resolución de seis de febrero de dos mil quince

En la resolución de seis de febrero de dos mil quince, dictada por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-14/2015, determinó la existencia de la violación objeto del procedimiento especial sancionador iniciado en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la difusión de la campaña denominada “Verde sí cumple”, a través de promocionales en las salas cinematográficas conocidas como Cinemex y Cinépolis, así como de propaganda fija.

Al respecto, en la parte considerativa, estableció que los aspectos a dilucidar en dicha resolución serían los siguientes:

I. La presunta violación a la normativa electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México.

II. La presunta violación a la normativa electoral por parte de la Cadena Mexicana de Exhibición, S. A. de C. V., Cinépolis de México S. A. de C. V., Mercadotecnia Digital y Tecnologías de la Información, S. A. de C. V., NOWMEDIA S. de R. L. de C. V., Comercializadora Publicitaria TIK, S. A. de C. V. y Grupo Rabokse S. A. de C. V.; así como Havas Media, S. A. de C. V., PM ONSTREET, S. A. de C. V. y Medios Alternos en Publicidad Exterior, S. A. de C. V.

En el apartado relativo a la valoración de las pruebas, la sala responsable consideró tener por acreditada la existencia y difusión de los promocionales denunciados a través de las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, previo al inicio de la película correspondiente.

Asimismo, en dicho apartado se tuvo por acreditada la contratación de la difusión de los promocionales en cines en los siguientes términos:

 Con Mercadotecnia Digital y Tecnologías de la Información, S. A. de C. V., se contrató la difusión de los denominados “cine minutos”, para su difusión en las salas de Cinemex, por el periodo comprendido entre el once de septiembre de dos mil catorce al dos de enero del año en curso, por un monto de diecisiete millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta pesos.

 Con Grupo Rabokse S.A. de C.V., la cual a su vez contrató con Comercializadora Publicitaria TIK, S. A. de C. V., quien a su vez contrató el primero de diciembre del año próximo pasado, para la compra de espacios publicitarios en pantallas de cine que opera Cinépolis de México, S. A de C. V., por un monto de treinta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos, con treinta y dos centavos.

 Con Cadena Mexicana de Exhibición, S. A. de C. V., se contrató la difusión de cineminutos, a través de las salas de Cinemex, por el periodo comprendido entre el once de septiembre al treinta y uno de diciembre, por un monto de diecisiete millones cuatrocientos mil setecientos ochenta pesos.

 Con NOWMEDIAS S.A. de R. L. de C.V. se contrató la compra de los derechos, uso de imagen, producción y post producción, de los materiales audiovisuales, impresos, digitales y/o electrónicos, utilizadas en los spots de radio y televisión de los informes de los legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores del PVEM, por un monto de doscientos mil pesos.

En relación con la difusión de propaganda en espectaculares, mantas y casetas de teléfono la sala responsable la tuvo por acreditada; así como su contratación en los siguientes términos:

 Con PM ONSTREET, S.A. de C.V., se pactó la renta y colocación de anuncios espectaculares alusivos a la publicidad en casetas telefónicas y Mupis, en un periodo comprendido entre el nueve de septiembre y treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por un monto de un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos.

 Con MEDIOS ALTERNOS EN PUBLICIDAD EXTERIOR S.A. de C.V., se contrató la impresión, renta y colocación de anuncios espectaculares en kioskos, en un periodo comprendido entre el diecisiete de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta pesos.

 Con HAVAS MEDIA S.A. de C.V., se pactó la impresión, renta y colocación de anuncios espectaculares en parabuses y espectaculares, en un periodo comprendido del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del año pasado, por una cantidad de cuarenta y tres millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos.

En el estudio de fondo del asunto, la sala responsable consideró que con la difusión de la propaganda denunciada, el Partido Verde Ecologista de México puso en riesgo el principio constitucional de equidad durante el desarrollo del proceso electoral federal ya que generó una sobreexposición indebida de su imagen frente a la ciudadanía, al constituir una estrategia reiterada y permanente en términos idénticos a los informes de labores de sus legisladores. Al respecto refiere consideraciones de esta Sala Superior en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-21/2015.

La responsable advirtió plena coincidencia con los denominados “cineminutos” y la propaganda del Partido Verde Ecologista de México materia de las resoluciones dictadas en los expedientes SRE-PSC-5/2014 y SRE-PSC-7/2015, en los elementos siguientes elementos: alusiones a temas como: “EL QUE CONTAMINA PAGA Y REPARA EL DAÑO”, “NO MÁS CUOTAS OBLIGATORIAS EN ESCUELAS PÚBLICAS”, así como “CADENA PERPETUA A SECUESTRADORES”; elementos de audio o imagen similares; las leyendas “Sí cumple”, “LEY APROBADA”; número telefónico “0180024 CUMPLE”; emblema del citado instituto político.

Ante dichos elementos, la sala responsable estimó que tal identidad genera una exposición indebida del partido político durante el proceso electoral federal en contravención al principio de equidad y propicia confusión en la ciudadanía respecto del origen de la publicidad.

Asimismo, consideró que las conductas denunciadas evidencian una estrategia de comunicación política específicamente diseñada para eludir las restricciones legales y que trastocan los valores protegidos por el artículo 41 de la Constitución Federal, sin que exista precepto legal alguno que permita dicha sistematicidad.

En cuanto a la coincidencia y simultaneidad de la publicidad, en la sentencia de mérito la sala responsable advirtió que existió entre la propaganda analizada en los anteriores procedimientos relacionados con propaganda del Partido Verde Ecologista de México, así como la denunciada en el procedimiento en comento, por lo que consideró evidenciada la exposición integral, permanente, sistemática y reiterada de la imagen del partido político mencionado en contravención al principio de equidad.

Respecto de las personas morales denunciadas, la sala especializada determinó que no es posible atribuirles incumplimiento alguno a la normativa electoral por la contratación de la difusión de la propaganda contenida en los denominados “cineminutos”, así como aquella colocada en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas; ya que la contravención a la legislación electoral acreditada atiende a lo reiterado y permanente de la difusión, lo cual es atribuible al partido político denunciado. Ello ya que la contratación de propaganda partidista por sí misma, salvo que se trate de radio y televisión, no está prohibida; por lo que, no es jurídicamente reprochable la sola contratación por parte de las personas morales.

En cuanto a la individualización de la sanción al Partido Verde Ecologista de México, en la citada resolución se determinó que el bien jurídico tutelado vulnerado con la propaganda denunciada es el principio de equidad.

Respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se estableció que la difusión de promocionales “cineminutos” en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, en veintinueve entidades federativas, así como la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas, ubicadas en distintos puntos del Distrito Federal, implica la realización de la campaña integral analizada en las sentencias de los procedimientos SRE-PSC-5/2014 y SRE-PSC-7/2015; la difusión ocurrió por lo menos de septiembre de dos mil catorce a enero de dos mil quince, en tanto que la propaganda fija estuvo colocada desde el mes de septiembre del año pasado.

Respecto del beneficio o lucro, consideró que no se acredita un beneficio económico cuantificable, pues se trató de difusión de propaganda partidista.

Consideró que existe intencionalidad del partido denunciado para difundir de manera sistemática y reiterada propaganda que tiene como finalidad posicionarlo en el proceso electoral en curso de manera indebida y calificó la responsabilidad en que incurrió el partido político denunciado como leve.

Después de considerar circunstancias de la falta, el contexto fáctico y medios de ejecución, singularidad de la conducta y que no se acredita la reincidencia; la sala responsable determinó sancionar al referido partido político con amonestación pública, establecida en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual constituye en sí un apercibimiento de carácter legal para que se considere, procure o evite repetir la conducta sancionada.

En consecuencia, estableció que deben permanecer fuera de difusión los promocionales del partido denunciado en las salas de cine y propaganda fija, objeto de dicho procedimiento, por lo que se vinculó a las personas morales involucradas al cumplimiento inmediato de dicha ejecutoria.

 

Resolución incidental de tres de marzo de dos mil quince

Con motivo de diversos escritos en los que se aludía al incumplimiento de la sentencia de seis de febrero de dos mil quince, dictada en el expediente SRE-PSC-14/2015, la sala regional responsable determinó considerar fundado dicho incidente en virtud del reconocimiento expreso de las personas morales involucradas en el sentido que no habían dado cumplimiento en su totalidad a la referida resolución.

Al respecto, refirió que para tener por cumplida la sentencia, no resultan suficientes las manifestaciones genéricas relativas a la suspensión de la difusión de los promocionales, así como al retiro parcial de la propaganda denunciada, sino que es necesario que se acompañen de los elementos de prueba que las sustenten.

Por ello, se ordenó al Partido Verde Ecologista de México y personas morales vinculadas en la resolución de la sala regional responsable, que de inmediato den cumplimiento total a la sentencia.

 

Resolución dictada en el SUP-REP-57/2015 y acumulados

A fin de controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada el seis de febrero de dos mil quince en el expediente SRE-PSC-14/2015, se interpusieron diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, los cuales fueron resueltos por esta Sala Superior el doce de marzo del año en curso en la ejecutoria dictada en los expedientes SUP-REP-57/2015 y acumulados.

En dicha resolución esta Sala Superior determinó calificar como fundados los agravios relativos a la falta de exhaustividad y congruencia de la resolución impugnada, atendiendo a que la sala responsable no examinó de manera conjunta e integral la publicidad denunciada.

Lo anterior ya que se advierte que existe una estrategia sistemática e integral por parte del partido político denunciado, que genera una exposición desmedida frente a la ciudadanía, lo cual trastoca el modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal. Por ello es que se concluyó que la conducta en que incurrió el partido denunciado no puede ser considerada como leve.

Este órgano jurisdiccional consideró que desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos, el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.

En atención a lo anterior, así como al bien jurídico protegido y el efecto de la conducta constitutiva de infracción, se consideró que el Partido Verde Ecologista de México debe ser sujeto de una sanción que busque disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida en la cual se tomé en cuenta lo resuelto en el SUP-REP-3/2015 y acumulados, y el cumplimiento que se diera al mismo en el SRE-PSC-5/2014.

En virtud de que se consideró que existía incongruencia respecto de la individualización de la sanción, en la ejecutoria de mérito esta Sala Superior determinó revocar la resolución de seis de febrero de dos mil quince, a efecto de que la sala responsable emitiera una nueva resolución en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015.

 

Resolución impugnada

En cumplimiento a la ejecutoria dictada por esta Sala Superior en el SUP-REP-57/2015 y acumulados, la sala responsable emitió el veinte de marzo de dos mil quince una nueva determinación en el expediente SRE-PSC-14/2015, la cual constituye el acto impugnado en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador materia de la presente resolución.

Atendiendo a lo mandatado por esta Sala Superior, en la resolución impugnada se hizo una breve referencia a los siguientes casos precedentes:

        En la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en expediente SRE-PSC-5/2014, la sala responsable consideró que la transmisión en canales de televisión abierta y restringida de los promocionales relacionados con los informes de labores de diversos legisladores emanados del Partido Verde Ecologista de México, en conjunto con la difusión en diversas páginas de internet, radio y televisión, relativa a la campaña denominada “Verde sí cumple”, constituyó una estrategia propagandística que causó una exposición indebida en el contexto de la contienda electoral, dada la identidad en su contenido y evidente intención de posicionar al citado instituto político en el proceso electoral federal en curso.

        Esta Sala Superior al resolver el SUP-REP-19/2014, en relación a las medidas cautelares, consideró que tales conductas denotaban una actuación sistemática, tendente a posicionar indebidamente al citado instituto político.

        En la sentencia de quince de enero de dos mil quince, en el expediente SRE-PSC-7/2015, la sala responsable estimó que la difusión en canales de televisión abierta de los promocionales alusivos al informe de labores de una diputada federal emanada del Partido Verde Ecologista de México, cuyo contenido era idéntico a aquellos difundidos por el citado partido político y otros legisladores, respecto al tema “el que contamina paga y repara el daño”, así como a las frase “Sí cumple”, ocasionó una sobreexposición de dicho partido político, toda vez que formó parte de la difusión reiterada, permanente y continua de la estrategia denunciada.

        En la sentencia de siete de enero de dos mil quince, en expediente SUP-REP-21/2015, esta Sala Superior consideró, en relación con medidas cautelares, que la difusión de la campaña denominada “Verde sí cumple”, a través de promocionales en las salas cinematográficas y propaganda fija, formaba parte de la citada estrategia publicitaria, atendiendo a que su contenido era coincidente con los informes de labores legislativos rendidos por legisladores de dicho instituto político.

        En la sentencia de seis de febrero de dos mil quince, dictada en el expediente SRE-PSC-14/2015, la sala responsable consideró que se actualizaba una campaña integral, sistemática, reiterada y permanente en contravención a la normativa electoral a través de promocionales en las salas cinematográficas y propaganda fija.

        En la sentencia de once de marzo de dos mil quince, en los recursos de revisión SUP-REP-3/2015 y acumulados, esta Sala Superior revocó la sentencia emitida en el procedimiento SRE-PSC-5/2014, así como en el diverso SRE-PSC-6/2015, entre otras cuestiones, al considerar que la difusión sucesiva, escalonada y reiterada de los promocionales de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, cuyo contenido coincidía con los mensajes que dicho instituto difundía como parte de sus prerrogativas, trastocó de manera directa el modelo de comunicación política.

        En la sentencia de trece de marzo de dos mil quince, la sala responsable emitió un nuevo fallo en los procedimientos SRE-PSC-5/2014 y SRE-PSC-6/2015, en el que se determinó que el Partido Verde Ecologista de México obtuvo un beneficio directo, al difundir su nombre, emblema e imagen en los promocionales de los legisladores; por lo que, al calificar como graves dichas conductas, se impuso como sanción la interrupción de la transmisión de su propaganda en los tiempos que le corresponden en televisión, por siete días.[3]

A partir de lo anterior, la sala responsable concluyó que la propaganda denunciada difundida a través de cines y propaganda fija, al guardar identidad con el contenido de publicidad objeto de análisis y declarada ilegal en los referidos casos, forma parte de la misma estrategia publicitaria del Partido Verde Ecologista de México, cuya sistematicidad e integralidad generó una exposición indebida de dicho instituto político que vulneró el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal.

Al haberse acreditado la conducta contraria a la normativa electoral, la sala responsable procedió a la individualización de la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México.

Consideró que la infracción atribuida al partido político denunciado consistió en la realización de una estrategia sistemática e integral que genera una exposición desmedida frente a la ciudadanía, a través de la difusión de promocionales en cines y de propaganda fija, lo cual trastoca el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41, fracción III de la Constitución Federal, así como vulneración de los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.

Refiriendo lo dicho por esta Sala Superior, consideró que la publicidad denunciada, generó un uso excesivo de los medios de comunicación social, eludiendo con ella restricciones legales que trastocan el artículo 41 de la Constitución Federal.

Por otra parte, consideró que la propaganda denunciada  se trata de una sola conducta. En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consideró que la difusión de promocionales denominados cineminutos en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, en veintinueve entidades federativas, así como la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas, cuyo contenido guarda identidad con la publicidad analizada en las sentencias de los procedimientos SRE-PSC-5/2014, SRE-PSC-7/2015, SUP-REP-19/2014, SUP-REP-21/2015 y SUP-REP-76/2015. Asimismo, que se tiene que la difusión de los promocionales ocurrió por lo menos de septiembre de dos mil catorce a enero de dos mil quince, en tanto que la propaganda fija estuvo colocada desde el mes de septiembre del año pasado.

Respecto del beneficio o lucro, consideró que no se acredita un beneficio económico cuantificable, pues se trató de difusión de propaganda partidista.

En relación con la intencionalidad, la sala responsable advirtió que existe intencionalidad de difundir de manera sistemática, continua y reiterada propaganda que tiene como finalidad posicionar al citado partido político en el proceso electoral en curso de manera desmedida.

Refiriendo el cumplimiento a lo dictado por esta Sala Superior, la responsable calificó la infracción acreditada como grave.

En el apartado específico de la sanción, la sala responsable, dada la naturaleza y gravedad de la conducta cometida por el Partido Verde Ecologista México, determinó sancionar con reducción de las ministraciones del financiamiento público ordinario correspondiente al periodo de dos mil quince, al ser una sanción adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva.

Determinó imponer la sanción consistente en la reducción del treinta y cinco por ciento de una ministración mensual que le corresponde del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil quince. Respecto del monto total de la reducción, una vez que se consideró cual es el monto asignado a dicho partido político, así como diversas multas que le han sido impuestas por las autoridades competentes, la sala responsable estableció la sanción impuesta se traduce en una reducción de ministración mensual por la cantidad de $7,011,424.56 (siete millones once mil cuatrocientos veinticuatro pesos 56/100 M. N.)

 

II. Non bis in ídem y calificación de la infracción

A partir de la síntesis anterior es posible analizar si la sanción impuesta por la sala responsable constituye una vulneración al principio de non bis in ídem a partir de los efectos de la resolución de seis de febrero del año en curso dictada en el mismo procedimiento especial sancionador por parte de la autoridad responsable; así como determinar si como parte de la resolución dictada en el recurso de revisión SUP-REP-57/2015 y acumulados se sigue que la sala responsable debía calificar la infracción como grave.

Al respecto, esta Sala Superior considera infundada la alegación del partido recurrente en cuanto a que la resolución impugnada vulnera el principio non bis in ídem, al sancionarlo doblemente por el mismo hecho.

Lo anterior, en esencia, porque el partido recurrente equivoca su argumento al considerar que las dos medidas adoptadas por la Sala Regional Especializada, esto es, el retiro de la propaganda denunciada y la sanción económica ahora cuestionada se generaron en procesos independientes; cuando lo cierto es que las dos medidas surgieron en la misma resolución, el seis de febrero de dos mil quince.

En efecto, la resolución hoy impugnada se da en cumplimiento de la ejecutoria dictada en los expedientes SUP-REP-57/2015 y acumulados , en el sentido de que el partido político denunciado debe ser sujeto de una sanción que busque disuadir la posible comisión de faltas similares que pudieran vulnerar los valores protegidos por la norma transgredida; lo cual guarda relación directa con la reindividualización de la sanción impuesta en la sentencia del seis de febrero de dos mil quince, es decir, la amonestación pública.

El que la Sala Superior revocara la resolución de la Sala Regional Especializada para el efecto de que ésta dictara una nueva en la que fijara una sanción con los elementos apuntados en el SUP-REP-57/2015 y acumulados, no separa temporalmente las medidas para que puedan considerarse, como erróneamente afirma el partido político sancionado, como una doble sanción sobre los mismos hechos.

Por lo que bajo ninguna circunstancia puede estimarse como una violación al principio non bis in ídem, el cual constituye una garantía de seguridad jurídica contemplada en la constitución federal.

Aquella vez, seis de febrero de dos mil quince, la sanción formalmente individualizada consistió en una amonestación pública que, derivado de las impugnaciones subsecuentes, se modificó a una sanción de reducción en sus ministraciones.

Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in ídem, recogido en los artículos 23[4] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio, por los mismos hechos.

Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.

En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in ídem tiene dos vertientes.

Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones).

En ambos casos, para que se actualice la prohibición de juzgar o sancionar con base en el mismo hecho es necesario que existan dos procedimientos o juicios independientes, circunstancia que no se cumple en el presente recurso.

Este derecho fundamental cuenta con especiales características ausentes en el recurso que se resuelve[5], en particular, como ya se precisó, aquella que recoge la idea de dos momentos diferenciados de juicio sobre el mismo hecho.

En el caso que nos ocupa, contrario a los parámetros legales precisados, las medidas adoptadas por la Sala Especializada se generaron en el mismo medio de impugnación, esto es, en la misma etapa sancionatoria. En consecuencia, no se da una de las principales características para violentar la garantía de seguridad jurídica. 

Además, en criterio de este órgano jurisdiccional el retiro de la propaganda ordenado no constituye propiamente una sanción en la ejecutoria del seis de febrero mencionada, sino un efecto y mecanismo para impedir la continuidad del efecto nocivo a la equidad en la contienda electoral, en el entendido de que su difusión constituía una alteración al modelo de comunicación política.

La Sala Regional Especializada al ordenar retirar la propaganda denunciada buscaba cesar los efectos de una conducta antijurídica. Más cuando en la materia electoral el tiempo y la exposición de la propaganda juegan un papel fundamental en la equidad de la contienda democrática.

Por ende, asegurarse de que la conducta no siga produciendo los efectos antijurídicos es una obligación para el órgano jurisdiccional, y no, la fijación de una pena particular al sujeto infractor. 

Menos aun cuando en el catálogo de sanciones aplicables para los partidos políticos, contemplado por la normativa electoral,[6] no se especifica al retiro de la propaganda ilícita como sanción expresa, sino que la lista únicamente refiere la interrupción de la transmisión de la propaganda, cuando esta se difunda en los tiempos administrados por el Instituto Nacional Electoral.

Esto último no guarda relación con la materia del procedimiento especial sancionador impugnado, pues como se dice en la presente resolución, la propaganda motivo de denuncia no se realizó en los tiempos administrados por el Instituto Nacional Electoral.

En ese orden de ideas, esta Sala Superior considera que la orden de retirar la propaganda denunciada no puede ser entendida como sanción, pues ni está en el catálogo legal, ni se transmitió en tiempos administrados por el Instituto Nacional Electoral.

Por ello, esta Sala Superior estima que el argumento del partido político recurrente no cuenta con fundamento para actualizar la violación al principio general de derecho Non bis in ídem.

En cuanto al argumento relacionado con que al resolver el expediente SUP-REP-57/2015 y sus acumulados, la Sala Superior en modo alguno indicó a la Sala Regional Especializada que la conducta atribuida al Partido Verde Ecologista de México deba tenerse como grave, ya que se deja a su libre apreciación la calificación de la infracción que se le imputa.

El agravio es infundado porque la calificación de la conducta como grave responde a la consecuencia necesaria de la resolución en cuyo cumplimiento se emitió la sentencia ahora impugnada.

Esto es, atendiendo a lo considerado por esta Sala Superior en la resolución dictada en el expediente SUP-REP-57/2015 y acumulados, se implica que la conducta infractora debía calificarse en un rango de posibilidades que se encuentra en el caso de grave. La parte considerativa en comento es del tenor siguiente:

tomando en consideración que la temporalidad en la que se difundió la propaganda denunciada, así como la campaña integral y sistemática a través de diferentes medios de comunicación social, es claro para este órgano jurisdiccional que existió una exposición integral, permanente, sistemática y reiterada de la imagen del citado partido político, que es contraria al modelo de comunicación política previsto a nivel constitucional, conducta que no puede ser considerada como leve.[7]

 

En este sentido, si las conductas antijurídicas en materia electoral pueden ser calificadas como levísimas, leves o graves[8], y la sentencia de esta Sala Superior determinó que los hechos bajo estudio no podían considerarse como leves, atendiendo a las características de la infracción y la importancia del bien jurídico en riesgo, dicha consideración excluye necesariamente la posibilidad de que la sala responsable hubiera calificado como levísimas o leves la infracción.

En consecuencia, la única posibilidad necesaria y lógica para que la sala responsable calificara la infracción era como grave, pues por mayoría de razón, la calificativa de levísima se encontraba descartada, dado el análisis de los elementos que rodearon a los hechos ilícitos.

En ese contexto, si la Sala Superior ordenó la individualización de la sanción y determinó que la conducta no podía ser considerada como leve, la Sala Regional Especializada estaba constreñida a determinar la falta como grave y, en ese supuesto, analizar el nivel de gravedad.

De ese modo, la discrecionalidad y libre apreciación de la autoridad jurisdiccional en este aspecto radicó en establecer si la conducta antijurídica constituía una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcazaba o no el grado de particularmente grave, para fijar la sanción respectiva.

Así, la Sala Regional Especializada quedó en aptitud de calificar la gravedad de la infracción con base en los elementos objetivos y subjetivos que se contenían en el expediente.

En consecuencia, el agravio en estudio resulta infundado.

 

III. Infracciones recurrentes

Respecto del agravio relacionado con que la responsable dejó de considerar las infracciones recurrentes que el Partido Verde Ecologista de México ha realizado en los procesos electorales antes y durante las campañas electorales, no le asiste la razón a los recurrentes de acuerdo con lo siguiente.

Como se refirió en la síntesis de las resoluciones relacionadas con el asunto en estudio, esta Sala Superior, al dictar sentencia en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-57/2015 y acumulados, determinó revocar la resolución dictada por la sala responsable, al considerar que el Partido Verde Ecologista de México debía ser sujeto de una sanción que busque disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida en la cual se tomé en cuenta lo resuelto en el SUP-REP-3/2015 y acumulados, y el cumplimiento que se diera al mismo en el SRE-PSC-5/2014.

Lo anterior al advertirse una estrategia por parte de dicho partido político denunciado para generar una exposición desmedida frente a la ciudadanía, trastocando con ello el modelo de comunicación política previsto en la normativa electoral.

En este sentido, en la resolución impugnada, la sala responsable, después de hacer una breve referencia a los casos precedentes relacionados con la publicidad del partido político denunciado, en cumplimiento a lo mandatado por este órgano jurisdiccional, estableció que se acreditó que la publicidad denunciada forma parte de la citada estrategia mediante la cual se generó una exposición indebida del Partido Verde Ecologista de México, vulnerando el modelo de comunicación política.

De lo anterior resulta claro que, contrario a lo que se afirma en el agravio en estudio, la responsable sí atendió al contexto en que se dio la publicidad denunciada, como parte de la estrategia en comento, siendo así que la materia del procedimiento especial sancionador de referencia se debía acotar a dicha cuestión, en los términos que esta Sala Superior había precisado puntualmente al resolver los asuntos SUP-REP-57/2015 y acumulados.

En este sentido, para el estudio de la conducta ilícita que se le imputa al partido denunciado, la responsable debía ceñirse a la acreditación de la misma y, en los términos que le fueron ordenados por esta Sala Superior, relacionar la publicidad denunciada con aquella que ha sido materia de diversos procedimientos sancionadores, a fin de analizarla como parte de una estrategia que resulta ilícita; por lo que no le era exigible que hiciera referencia a diversas conductas que no guardan relación con la materia de este procedimiento y que pretenden los recurrentes de manera genérica incluir en el caso concreto.

En este sentido es que resulta infundado el agravio de los recurrentes relacionado con las diversas infracciones del partido sancionado.

 

IV. Incumplimiento a medidas cautelares y resoluciones de la Sala Regional Especializada

Ahora bien, respecto a los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado sobre la conducta deliberada y contumaz del Partido Verde Ecologista de México al incumplir las medidas cautelares dictadas el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince por la Comisión de Quejas y Denuncias, así como el incumplimiento de sentencia determinado por la propia responsable el tres de marzo de dos mil quince respecto del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, en el que declaró incumplida la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil quince; esta Sala Superior los considera infundados.

Ello es así, en primer término porque en el presente asunto no es materia de estudio el cumplimiento o incumplimiento de las medidas cautelares dictadas el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, toda vez que éstas tienen como efecto restablecer, en tanto se dicta el pronunciamiento definitivo, el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica y no se vinculan con la individualización de la sanción a determinar, en caso de acreditarse la infracción a la ley.

Por otro lado, respecto al incumplimiento de sentencia determinado por la propia responsable el tres de marzo de dos mil quince respecto del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, como se ha señalado en esta propia sentencia, el retiro de la propaganda ordenado no constituye propiamente una sanción en la ejecutoria del seis de febrero mencionada, sino un efecto y mecanismo para impedir la continuidad del efecto nocivo a la equidad en la contienda electoral, en el entendido de que su difusión constituía una alteración al modelo de comunicación política.

Por ello, el incumplimiento de dicha medida no debe afectar la individualización del monto de la sanción, pues el asegurar que la conducta no siga produciendo los efectos antijurídicos es una obligación para el órgano jurisdiccional, y no, la fijación de una pena particular al sujeto infractor.

Es así como resulta infundado que la sala responsable debía considerar dichos incumplimientos al momento de individualizar la sanción recurrida.

 

V. Magnitud y alcance de la infracción

Los recurrentes afirman que la sala responsable dejó de considerar la magnitud y alcance, dada la difusión en tiempo, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar de la infracción cometida por el partido sancionado.

No les asiste la razón a los recurrentes, ya que de la resolución impugnada se advierte que la sala responsable sí consideró la magnitud de la propaganda denunciada, al acreditar que se encuentra en el contexto de la estrategia seguida por el partido denunciado para tener exposición indebida.

En este sentido sí se consideró la temporalidad de la difusión, ya que es uno de los elementos que permiten ubicar la publicidad denunciada en el contexto de aquella que ha sido motivo de sanción en diversas ejecutorias,[9] con lo que se acredita la estrategia en comento.

Es así como la autoridad responsable, al establecer las circunstancias de tiempo, consideró que conforme con las actas levantadas por los funcionarios electorales correspondientes y los medios de convicción aportados por las partes, la difusión de los promocionales ocurrió por lo menos de septiembre de dos mil catorce a enero del año en curso, en tanto que la propaganda fija estuvo colocada desde el mes de septiembre del año pasado, siendo así que la propaganda fue difundida durante el mismo tiempo que la relativa a los supuestos informes de labores de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México.

Por otra parte, en cuanto a las circunstancias de modo, las mismas fueron debidamente especificadas por la responsable, al establecer que la propaganda se difundió en las salas de cine previo al inicio de la película correspondiente, así como con la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas. En este sentido, resulta claro que no se trata de consideraciones genéricas, como erróneamente sostienen los recurrentes.

En el caso de las circunstancias de lugar, es de destacar que en la resolución impugnada se precisa que la difusión de los “cineminutos” se dio en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, en veintinueve entidades federativas; en tanto que la colocación de propaganda en espectaculares y diversos medios comisivos, ubicada en distintos puntos del Distrito Federal; que guardan relación con diversa publicidad declarada como ilegal con anterioridad.

Al respecto, los recurrentes refieren que la colocación de propaganda no se realizó únicamente en el Distrito Federal, como afirma la responsable.

Es de destacar que desde la resolución de seis de febrero del año en curso, dictada por la sala responsable en el expediente SRE-PSC-14/2015, había establecido que la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas, se refería a la colocada en distintos puntos del Distrito Federal, consideración que no había sido controvertida por los ahora recurrentes en lo recursos de revisión SUP-REP-57/2015 y acumulados.

En este sentido se tiene que tanto la responsabilidad del sujeto infractor como la infracción misma fueron acreditadas por la sala responsable desde la citada determinación de seis de febrero del año en curso, en los términos mencionados.

Dicha consideración es acorde con las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante las cuales se constató la existencia de espectaculares, mantas y casetas de teléfono en diversos puntos del Distrito Federal.

No pasa desapercibido a este órgano jurisdiccional que en la denuncia se manifestó la presencia de dicha publicidad en diversos puntos de la República Mexicana, y que los recurrentes alegan que dentro de los contratos celebrados por el partido sancionado se había pactado la colocación en otras ciudades del país,[10] no obstante, a diferencia de la publicidad colocada en el Distrito Federal, la publicidad en otras entidades federativas que se aduce en los contratos no se encuentra adminiculada con ningún otro elemento de prueba en autos (como fueron las diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral), de ahí que sea correcto que la responsable hubiera tenido por acreditada la publicidad exclusivamente respecto del Distrito Federal.

 

VI. Beneficio o lucro

Con relación a los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática, así como Javier Corral Jurado sobre que la responsable no consideró al momento de individualizar la sanción, la magnitud y alcance de la infracción, en específico, contemplando que el Partido Verde Ecologista de México realizó el pago por la cantidad de ciento dieciocho millones novecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos con treinta centavos, desglosado en diversos conceptos; además de que no revisó el beneficio o lucro que se originó a raíz de esta campaña publicitaria; esta Sala Superior los declara infundados.

Al respecto, es de destacar que el presente asunto es diferente al resuelto en el diverso SUP-REP-120/2015 y sus acumulados, en el que se resolvió que al individualizar la sanción al partido político sancionado, el beneficio o lucro generado en su favor podría establecerse tomando como base el valor de los contratos de publicidad que suscribió.

Ello es así, porque en aquel caso se partió de un modelo publicitario basado en spots de radio y televisión, medios de comunicación considerados como masivos y, por tanto, con un alcance y proyección superiores hacia el electorado que en el presente caso.

De hecho, el propio orden jurídico mexicano regula de manera expresa el uso de radio y televisión en materia electoral, en el artículo los artículos 41, Base III; apartados A, inciso g) y C, párrafo segundo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 442, párrafo 1, incisos a), d), f) y j); 443, párrafo 1, incisos a) e i); 447, párrafo 1, inciso b); 449, párrafo 1, incisos b), c), d) y f); 452, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

[…]

g)

[…]

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

[…]

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

[…]”

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 442.

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

a) Los partidos políticos;

[…]

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

[…]

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

[…]

i) Los concesionarios de radio o televisión;

[…]”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

[…]

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

[…]”

“Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

[…]

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

[…]”

“Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

[…]

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;

[…]”

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley.”

“Artículo 452.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a) La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto;

[…]”

 

De las disposiciones transcritas se obtiene, que el esquema del orden jurídico electoral tiene el propósito de generar un marco normativo para salvaguardar los principios rectores de la materia electoral, a saber: legalidad, objetividad, certeza, así como la equidad en los comicios.

Particularmente, en el artículo 41, de la Constitución General de la República, se estableció la restricción a los partidos políticos, dirigentes partidistas, candidatos y personas físicas y morales para que, a título propio o por cuenta de terceros, contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Así, en el rango constitucional se establecen las directrices para que los partidos políticos ejerzan el derecho de hacer uso de manera permanente de los medios de comunicación social, así como que el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

Razón por la cual, los partidos políticos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; así como que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

El propósito de este mandato constitucional, por un lado, asegura a los partidos políticos el acceso a tiempos en radio y televisión, por vía de la administración exclusiva que sobre los mismos realiza el Instituto Nacional Electoral; y por otro lado, destierra la posibilidad de que cualquier persona física o moral contrate propaganda política electoral en tales medios de comunicación.

Bajo dicho esquema, al resolver SUP-REP-120/2015 y acumulados, esta Sala Superior decidió tomar en cuenta la sobreexposición que el partido político obtuvo gracias a los spots de radio y televisión que transmitió de manera ilegal, así como el monto de la contratación de la campaña publicitaria, por tratarse de una estrategia utilizada a través de estos medios masivos de comunicación.

Por otro lado, si bien es cierto que el radio y la televisión son los medios de comunicación social masivos por excelencia (siendo la televisión la de mayor impacto), también lo es que existen entre otros medios que se utilizan para socializar los mensajes políticos.

Por ejemplo, el cine por su importancia social como medio o vehículo de expresión artística, educativa y constituye una actividad cultural básica, sin desconocer el aspecto comercial que le caracteriza.

Y en ese contexto, los promocionales o comerciales que se transmiten durante la exhibición de una película en una sala de cine, pertenecen a la modalidad de comunicación social, más concretamente, los “cineminutos”, “cinenotas”, “cinemensajes”.

Sin embargo, su naturaleza e impacto en la población es sustancialmente diferente al que deriva de la radio y televisión, de ahí que la prohibición constitucional para la contratación de publicidad en medios de comunicación únicamente se refiera, en principio, a estos dos últimos.

Así se ha establecido con anterioridad, al resolver el SUP-REP-21/2015, que la contratación de propaganda partidista por sí misma, salvo que se trate de radio y televisión, no está prohibida; por lo que, no es jurídicamente reprochable la sola contratación.

Sin embargo, esto debe ser analizado con detenimiento para precisar las posibles afectaciones al equilibrio de la participación de los distintos participantes del juego democrático.

En ese sentido, es necesario delinear los alcances y efectos que se producen por uno y otro medio de comunicación. Se debe diferenciar el beneficio obtenido por la contratación de la difusión de la propaganda contenida en promocionales de televisión y radio, de aquel que se alcanza con la emisión de los denominados “cineminutos”.

Lo mismo acontece, con aquella propaganda política que es colocada en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas. Propaganda que se limita a determinados espacios que, por su propia ubicación, únicamente quedan a la vista de cierto sector de la población.

Así las cosas, es que en el presente caso, si bien se ha acreditado la ilegalidad de la campaña publicitaria denunciada, no resulta adecuado para individualizar la sanción utilizar el mismo parámetro que para aquéllas relacionadas con difusión por medio de la radio y la televisión.

Pero además, las cuestiones planteadas dentro del expediente SUP-REP-120/2015 y sus acumulados, se referían a que la difusión de la propaganda alusiva a informes de labores legislativas se llevó a cabo en fechas lejanas a que concluyó el segundo periodo de sesiones (abril), esto porque se transmitieron en radio y televisión a partir del mes de septiembre y hasta diciembre.

Y que además, la difusión de la propaganda alusiva a tales informes, sólo debe verificarse una vez al año calendario, sin que al efecto trascienda la circunstancia de que se trate de un órgano colegiado, en la especie, tal propaganda se difundió en forma individual por diversos legisladores, lo que dio lugar a que su difusión se realizará en forma sucesiva, continuada y escalonada.

Todo ello, se tradujo en un beneficio del Partido Verde Ecologista de México, en tanto, le posibilitó acceder a tiempos en radio y televisión a través de los tiempos administrados por el Instituto Nacional Electoral y, al propio tiempo mediante la difusión de los informes legislativos, en los cuales aparecía su nombre, emblema, eslogan y temáticas coincidentes en ambas propagandas.

Beneficio que le permitió una mayor exposición en relación a las otras fuerzas políticas que se ajustaron en forma estricta a los tiempos pautados.

Sin embargo, en el presente asunto, la infracción recae en el Partido Verde Ecologista de México por la difusión de propaganda genérica del propio partido que le sirvió al partido para tener una mayor exposición, en tanto, por un lado, divulgó su imagen a través de otros medios de comunicación; empero, al propio tiempo, se difundió otra propaganda que le trajo mayores beneficios, aun cuando esa propaganda se apartaba del orden legal.

Así, en el presente asunto se sanciona la indebida difusión del partido político denunciado, que le trae beneficios en cuanto a su posicionamiento frente a la sociedad, el cual no habría obtenido de no valerse de estos medios.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la difusión de propaganda en salas de cine, espectaculares y otros medios de comunicación, no tiene el impacto y dimensión de aquellos medios; sin embargo, sirvieron de vehículo o medio para difundir propaganda que se ha estimado ilícita.

Por ello, en la especie el monto involucrado, en sí mismo considerado no guarda proporción directa con la conducta reprochada y finalidad que persigue el legislador, de ahí que sea necesario tomar en cuenta en forma objetiva, diversos elementos, tales como: la temporalidad en que se lleva a cabo; que la propaganda del partido se establece como un derecho que cada partido puede llevar a cabo, siempre y cuando cumpla con los parámetros que la ley exige para su legalidad.

Por ende, en estos casos, debe atenderse a un número de elementos distintos que permitan graduar la sanción.

En síntesis:

-         El modelo de comunicación política que se encuentra minuciosamente regulado a nivel constitucional y legal se relaciona con la difusión de promocionales en radio y televisión, por ser considerados éstos como medios de comunicación masiva con alta penetración.

-         La audiencia que se alcanza por la difusión de promocionales en el cine no es comparable con la penetración de radio y televisión, de ahí que la prohibición constitucional para la contratación de publicidad en medios de comunicación únicamente se refiera a estos dos últimos.

-         Así las cosas, en el presente caso, si bien se ha acreditado la ilegalidad de la campaña publicitaria denunciada, no resulta adecuado para individualizar la sanción utilizar el mismo parámetro que para aquéllas relacionadas con difusión por medio de la radio y la televisión.

-         En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la difusión de propaganda en salas de cine, espectaculares y otros medios de comunicación, no rompen, per se, el modelo de comunicación político adoptado en nuestro orden jurídico nacional y que la difusión de propaganda en salas de cine no se encuentra en el monopolio de la administración del Instituto Nacional Electoral.

-         Por ello, en la especie el monto involucrado de los contratos no guarda proporción directa con la conducta reprochada y finalidad que persigue el legislador

De ahí lo infundado de los agravios planteados por los actores.

 

VII. Proporcionalidad de la sanción

Por lo que toca a los agravios expuestos por el partido político MORENA, relativos a la falta de proporcionalidad e idoneidad de la sanción impuesta, esta Sala Superior considera que estos son infundados.

Al parecer del partido recurrente, la determinación de la referida sanción debió de realizarse de acuerdo al daño que causó en el proceso electoral en curso, por la gravedad de la conducta desplegada por la difusión sistemática, continuada, reiterada y permanente de la propaganda alusiva para posicionarse en la presente contienda electoral; lo anterior, tomando en cuenta que la propia autoridad responsable calificó como grave la conducta pues consideró que se puso en riesgo el equilibrio en el proceso federal electoral.

Son infundados porque contrariamente a lo sustentado por el partido recurrente en cuanto a que la argumentación de la Sala Regional Especializada es insuficiente para cumplir con los estándares legales de la individualización e idoneidad de la sanción correspondiente, lo cierto es que la Sala Responsable sí precisó los alcances, motivos y fundamentos del procedimiento efectuado para la determinación de la sanción.

En ese sentido, en concepto de esta Sala Superior los agravios del recurrente son infundados, aunado a que no combaten directamente esas razones medulares que la responsable expuso para sustentar su fallo.

La Sala Regional Especializada expuso los motivos, razones y criterios necesarios para arribar a la conclusión sustentada en la sentencia reclamada. Máxime si se considera que la Sala Superior determinó que la sanción debería alcanzar la calificativa de grave, pero permitió que la Sala Regional valorara y adminiculara las diferentes circunstancias que rodearon el caso para determinar el monto a reducir de las ministraciones del financiamiento del partido político denunciado.

En ese sentido, esta Sala Superior estima pertinente recordar los elementos utilizados por la responsable para arribar a la estructura de proporcionalidad necesaria dentro de los parámetros permitidos en la discrecionalidad de su actuar. En primer término partió de la fijación de la relación entre conducta y resultado para analizar los diferentes alcances de su decisión y, finalmente, determinar que la sanción a imponer respetaba los estándares de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.

Así, la Sala Regional Especializada razonó, en atención a lo resuelto por la Sala Superior, los elementos que encontró indispensables para determinar la relación de proporcionalidad entre la conducta antijurídica y los elementos que rodearon la infracción con el monto finalmente determinado para sancionar al partido denunciado.

De la lectura de la sentencia impugnada, así como de los elementos que obran en el expediente, se advierte que la Sala Regional Especializada realizó un estudio de las circunstancias que rodean la infracción impuesta al Partido Verde Ecologista de México para determinar la proporcionalidad de la sanción.

En primer lugar estableció que las conductas del partido denunciado alteraron el modelo de comunicación política establecido en la regularidad legal de nuestro sistema democrático.

Después, la Sala Regional Especializada elaboró un análisis de los diferentes elementos que llevaban a la analogía de proporcionalidad. La responsable configuró la individualización de acuerdo con las particularidades del caso, expuestas a lo largo de la presente sentencia.

A continuación se precisan los puntos fundamentales que utilizó la sala responsable para determinar la proporcionalidad de la sanción:

 

Elementos considerados por la Sala Regional Especializada

Conclusiones

Circunstancias de Modo

La propaganda se realizó en cines y espacios físicos. La acreditación de la conducta ilícita representa una exposición en medios de comunicación distintos a radio y televisión.

Esto es, varios promocionales denominados “cineminutos” en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, previo al inicio de la película correspondiente, así como la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas, alusivas a logros del Partido Verde Ecologista de México.

Circunstancias de Tiempo

La conducta infractora tuvo verificativo durante la etapa inicial del proceso electoral federal, pero fuera de la etapa de las campañas electorales.

De septiembre a enero ocurrieron diversas exposiciones que conformaron los hechos que sancionó la Sala Regional.

Circunstancias de Lugar

La difusión de “cineminutos” en las salas de cine de las empresas Cinemex y Cinépolis, en veintinueve entidades federativas, mientras que la colocación de propaganda en espectaculares y diversos medios comisivos, ubicada en distintos puntos del Distrito Federal; que guardan relación con diversa publicidad declarada como ilegal con anterioridad.

Beneficio o lucro

La difusión de la propaganda declarada ilícita por su modo de exposición, así como la temporalidad en su presentación, no permitieron determinar un beneficio o lucro puesto que la conducta engloba distintos factores apuntados. Esto pues se trató de difusión de propaganda del Partido Verde Ecologista de México.

La determinación de la sanción se basa en el grado de ilicitud de la conducta, de la mano la transgresión a la normativa electoral federal. 

Calificación de la falta

De acuerdo con lo razonado por la Sala Superior, la responsable determinó que la falta fue grave porque el Partido Verde Ecologista de México trastocó el modelo de comunicación política.

Intencionalidad

La conducta denota que fue realizada de forma intencional.

Relación entre conducta y resultado ilícitos

Las diversas exposiciones de la propaganda ilícita tanto en cines como aquella puesta en elementos fijos, guardaban una estrecha relación con la campaña del Partido Verde Ecologista de México.

Concurrencia de propaganda

La propaganda determinada ilícita en la presente línea impugnativa se verificó durante el mismo tiempo que la relativa a los informes de labores de los legisladores del partido político denunciado, Partido Verde Ecologista de México.

Por ende, durante los meses de septiembre de dos mil catorce a enero de dos mil quince, existió concurrencia propagandística por parte del Partido Verde Ecologista de México. 

Proceso Electoral

Las conductas antijurídicas ocurrieron una vez iniciado el proceso electoral federal.

Reincidencia

No se consideró al partido político denunciado como reincidente puesto que las conductas desplegadas no actualizaban las mismas faltas que en ocasiones anteriores.

 

Así pues, esta Sala Superior considera que los distintos elementos analizados por la Sala Regional Especializada responden a un criterio objetivo y razonable para establecer la relación de proporcionalidad con la sanción impuesta.

Es decir, la sala responsable consideró elementos racionales, objetivos, suficientes e idóneos en razón de la naturaleza de la propaganda materia del procedimiento especial sancionador en análisis.

En definitiva, no le asiste la razón al recurrente pues la autoridad responsable sí utilizó un mecanismo fundado y motivado para la determinación de la sanción, así como para el cálculo final del monto a descontar de las ministraciones mensuales del financiamiento público que le corresponde al Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior, porque la Sala Regional Especializada sí estimó con los elementos descritos en la tabla que antecede que la reducción de las ministraciones del financiamiento público ordinario correspondiente al periodo de dos mil quince resultaba adecuada, idónea y proporcional.

La relación de proporcionalidad de la sanción dependió, en consideración de la sala responsable, de que dicha medida tiene una vinculación directa e inmediata con el tipo de conducta en análisis, además de disuadir posibles conductas similares; por lo que resulta eficaz para lograr un restablecimiento de los bienes jurídicos afectados.

Posteriormente argumentó las posibles vías de sanción para determinar cuál de ellas generaría la idoneidad de la sanción. Desde su perspectiva, estableció que aun cuando las sanciones consistentes en amonestación pública, multa, interrupción de la transmisión de propaganda política o electoral y cancelación de su registro como partido político son medidas eficaces para la inhibición de conductas contrarias a Derecho; en el particular, dado que la falta implicó la alteración del modelo de comunicación política del régimen de libertades mexicano al generar una irracionalidad en el uso de los medios de comunicación social, aquellas no resultan idóneas considerando la afectación producida con la infracción.

Después del análisis anterior, concluyó con la consideración de que era necesario reducir el 35% (treinta y cinco por ciento) de las ministraciones mensuales que en virtud del financiamiento público asignado, le corresponden al Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, la Sala Regional Especializada precisó que el financiamiento a afectar sería el destinado para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de dos mil quince, por entender que es una medida que logra inhibir y cesar las conductas continuadas que alteraron el modelo de comunicación política, en perjuicio del proceso electoral federal.

Asimismo, a efecto de calcular el monto de la reducción de ministración mensual, la Sala Especializada tomó como base el Acuerdo INE/CG01/2015 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el catorce de enero de dos mil quince, se tiene que el Partido Verde Ecologista de México recibe la cantidad de $323,233,851.62 (trescientos veintitrés millones doscientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y un pesos 62/100 M.N.) perteneciente al rubro financiamiento ordinario ministrado por la autoridad administrativa nacional, para el presente año. Lo que supone que mensualmente recibe la cantidad de $26,936,154.30 (veintiséis millones novecientos  treinta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), por financiamiento ordinario.

Esta Sala Superior estima acertado el razonamiento por la necesidad de permitir que el partido mantenga un nivel financiero óptimo para desarrollar sus actividades de acuerdo con los fines constitucionales y legales. Las sanciones impuestas ni deben impedir la supervivencia de los institutos políticos ni pueden poner en riesgo el cumplimiento de los fines esenciales de aquellos.

En este mismo sentido, estudió la condición económica del sujeto infractor, sin pasar inadvertido que durante el dos mil quince el Partido Verde Ecologista de México ha sido multado por dicho órgano jurisdiccional al resolver los procedimientos especiales SRE-PSC-26/2015, SRE-PSC-32/2015 y acumulado, así como SRE-PSC-39/2015, así como por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015. Multas cuya suma asciende a la cantidad de $82,842,152.38 (ochenta y dos millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.)

Con los datos precisados arribó a una base objetiva de cálculo, esto es, a un estimado promedio mensual de $20,032,641.60 (veinte millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.).

La Sala Regional Especializada con el objetivo de mantener la proporcionalidad en la sanción a imponer, a una base objetiva de impacto del 35% de la reducción de la ministración mensual determinada, tomó como base el estimado promedio mensual de $20,032,641.60 (veinte millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.), lo que se tradujo en una sanción de reducción de ministración mensual por la cantidad de $7,011,424.56 (siete millones once mil cuatrocientos veinticuatro pesos 56/100 M. N.)

Consecuentemente, la responsable destacó que el alcance de la sanción se encuentra dentro del parámetro que impone la ley, y no constituye una sanción que afecte a sus actividades, ya que implica el 2.1% (dos punto uno por ciento) del monto que por ministración anual le corresponde al Partido Verde Ecologista de México, por financiamiento ordinario.

Por todo ello, y en el entendido de que esta Sala Superior, al resolver el SUP-REP-57/2015 y acumulados sostuvo que en la propaganda denunciada existe identidad en cuanto a sus elementos esenciales con la que ha sido previamente denunciada y analizada respecto del Partido Verde Ecologista de México, por lo que la misma se debe estudiar en el contexto de una estrategia integral y sistemática a través de la cual el instituto político denunciado ha buscado posicionarse de manera indebida frente a la ciudadana, publicidad que estudiada integral y conjuntamente genera un uso abusivo de los medios de comunicación social, eludiendo con ella restricciones legales.

Además, se debe considerar que la proporcionalidad de la responsabilidad administrativa se genera a partir de adminicular y contrastar los elementos que rodearon la conducta jurídica con la sanción determinada, de tal forma que la sala responsable dimensionó adecuadamente la sanción en razón de la naturaleza de la infracción, la gravedad de los hechos y sus consecuencias, con las circunstancia de tiempo, modo y lugar de ejecución que los rodearon, así como el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción (el grado de intencionalidad o negligencia y, en su caso la de reincidencia), son presupuestos para la imposición de una sanción proporcional.

En el caso, esta Sala Superior considera que la Sala Regional Especializada calificó correctamente como “grave” la falta, y que la motivación expuesta por la responsable al momento de individualizar la sanción respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, reincidencia y beneficio resultan suficientes para arribar a una conclusión proporcional.

Además, de lo precisado en el cuerpo de la presente ejecutoria, y de la separación concreta de los elementos objetivos y fácticos con aquellos que dieron origen a la resolución del expediente SUP-REP-120/2015 y acumulados, es posible advertir que las conductas materia del presente asunto guardan particularidades diametralmente distintas a las sancionadas en ocasiones anteriores, como se desarrolló y puntualizó en el apartado previo relativo al rubro del beneficio o lucro al individualizar la sanción.

Lo anterior es así, pues ha quedado demostrado que la responsable sí consideró las infracciones recurrentes del Partido Verde Ecologista de México, así como la magnitud y alcance de la infracción, contempló los elementos subjetivos de la conducta así como la intencionalidad y condiciones particulares de la aquella, por lo que guarda relación directa con el monto determinado como sanción, es decir, existe un ejercicio interpretativo de proporcionalidad, en el que se tomaron en cuenta los elementos suficientes, racionales e idóneos que conducen al monto fijado por la responsable.

Esto es, se estima que la responsable llevó a cabo la graduación del alcance lesivo de la conducta descrita, como elemental marco de referencia de la sanción a imponer, acorde a los principios jurídicos reguladores de su arbitrio como autoridad sancionadora, porque al ubicar la falta en el parámetro establecido, tal evaluación evidenció proporcionalidad entre el quebranto al orden jurídico y la conducta del partido denunciado, a la par de sus características particulares de la infracción.

De esta forma, contrario a lo alegado en los agravios en estudio, para fijar la sanción al caso concreto, la responsable sí consideró todos los elementos que rodearon la naturaleza de la comisión de la conducta ilícita.

En ese contexto, se aprecia que la Sala Regional Especializada, al individualizar la sanción, procedió de manera objetiva y racional, en la que dimensionó la sanción a imponer, lo que se estima apegado a la legalidad, dado que al cuantificarla ponderó tanto la gravedad de la conducta como las circunstancias en las que se cometió la infracción, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior.

Con todo ese cúmulo de datos, la responsable concluyó que le resultaba dable advertir que la sanción a imponer al Partido Verde Ecologista de México no mermaba su capacidad económica, ni ponía en riesgo la consecución de sus fines constitucionales.

La sala responsable toma en consideración el total de financiamiento público para actividades ordinarias para fijar la sanción pues es precisamente ese el parámetro objetivo idóneo que, dada la naturaleza de las infracciones cometidas en el presente caso, debía utilizarse para cuantificar la sanción económica.

De esta manera, contra lo planteado en los agravios, resulta apegado a la legalidad que la responsable fijara la sanción impugnada de acuerdo con los elementos precisados a lo largo de la presente sentencia y en los límites señalados, ya que como se ha expuesto, esto se ajustó plenamente a los principios rectores de su ejercicio sancionador, al haberse constreñido a atender la relación existente entre conducta, resultado y sanción a imponer.

De este modo, esta Sala Superior estima que para individualizar la sanción la responsable tomó en cuenta los elementos jurídicamente relevantes establecidos para ese efecto, cumplió con el principio de proporcionalidad, ya que como se señaló, atendió al comportamiento sancionable del infractor, así como las circunstancias que concurrieron al caso concreto, la naturaleza de la infracción, y conforme a ello fijó su importe como sanción.

Además, contrario a lo aducido por MORENA, al individualizar la sanción económica, la autoridad jurisdiccional acató las directrices de la Sala Superior, al tomar en cuenta todas características descritas en los medios impugnativos anteriores, tal y como se ha detallado en el proyecto.

De esta forma, los argumentos de la responsable, expuestos para concretar la sanción al caso particular, al estar apoyados en el material probatorio del expediente, y los criterios necesarios para entender los matices propios del espacio de propaganda en cines y fija, se estiman acordes a la legalidad, dado que la sala responsable dimensionó adecuadamente la sanción a imponer en atención a la naturaleza de la infracción.

En ese contexto, se evidencia además que en el caso particular, en la individualización de la sanción se respetaron los principios de igualdad y equidad perseguidos por el derecho disciplinario, lo que también devino congruente con el principio de legalidad.

Asimismo, al fijar el monto de la sanción, en ejercicio de su facultad discrecional, la responsable actuó en forma racional y objetiva, porque dentro de la escala que regula el monto de la sanción al caso particular, estableció que la fijada corresponde a una infracción de entidad grave ordinaria, cumpliendo así la obligación de motivar debidamente su resolución, de conformidad con el imperativo del artículo 16 Constitucional, sin que en ello quedara obligada a imponer una sanción menor o mayor.

De esta manera, si la autoridad jurisdiccional responsable impuso una sanción dentro de los parámetros legales, esta Sala Superior considera que su actuación fue legal.

Pero además, como ha quedado ejemplificado la Sala Regional responsable redujo a ese monto, en beneficio a la vida financiera del partido político, los porcentajes ya descritos, es decir, bajó las sanciones que impondría de acuerdo con sus cálculos.

Ello es así, porque la ley aplicable establece que para sancionar se debe tomar en cuenta los diversos requisitos y circunstancias establecidos en ese ordenamiento, debiendo ser congruente para ese efecto la motivación que realizara entre la gravedad en que considerara la infracción y las condiciones particulares del responsable, y si esto se respetó en el caso a estudio, de ello deriva la legalidad del acuerdo impugnado.

En consecuencia, toda vez que la Sala Especializada tomó en cuenta un cúmulo de circunstancias que rodearon la infracción es que sus argumentos son infundados.

En relación con los motivos de agravio formulados por el Partido Verde Ecologista de México, dirigidos a obtener una sanción menos severa, aduciendo que la impuesta es excesiva y desproporcionada, y que no tenía voluntad de cometer la exposición desmedida que se le atribuye; los mismos resultan infundados.

Ello es así, ya que como ha quedado acreditado al analizar los agravios formulados por el partido político nacional MORENA, la individualización de la sanción realizada por la responsable consideró elementos objetivos, racionales, idóneos y necesarios, de tal forma que es acorde a la naturaleza de la infracción acreditada y a la normativa aplicable.

 

VIII. Capacidad económica

En relación con el agravio por el que los recurrentes afirman que para calcular la capacidad económica del partido sancionado debían considerarse declaraciones realizadas por sus dirigentes relativas a un presunto ahorro de prerrogativas, y que las multas que se consideran aún no han quedado firmes, se califican como infundados por lo siguiente.

Se debe considerar que la sanción que estableció la autoridad responsable consistió en prevista en el artículo 456, párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponde, por el periodo que señale la resolución.

En este sentido, con independencia de la corrección en el método utilizado por la responsable para fijar el monto de la sanción, el cual no se encuentra directamente controvertido por los recurrentes, lo cierto es que no es posible que la sala responsable tome como referencia para fijar la capacidad económica de un partido político las declaraciones relacionadas con un presunto ahorro de prerrogativas.

El dato preciso con que contaba la responsable, el cual resulta adecuado ante los elementos que fueron considerados para fijar la sanción correspondiente, es el relativo al financiamiento público asignado, dato que fue el que se tomó como base en la resolución impugnada.

En el caso particular, atendiendo al tipo de sanción impuesta, resulta un parámetro racional para fijar la sanción en comento el financiamiento público a que tenga derecho, tal y como hizo la responsable.

Asimismo, a fin de equilibrar por un lado la función sancionadora y los derechos de los partidos políticos a recibir financiamiento público, en la resolución se realiza el análisis de la capacidad económica del infractor en razón de las multas que le han sido impuestas y de las cuales tiene conocimiento la sala responsable.

Al respecto, el agravio de los recurrentes se dirige a controvertir que se consideraran multas que aún no se encuentran firmes, sin que controvierta los montos o referencias que hace la responsable.

En relación con considerar multas que no se encontraban firmes al momento de imponer la sanción, resulta infundado el agravio, ya que del estudio del marco constitucional y legal de los juicios y recursos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, párrafo 2, de la citada ley procesal electoral federal, se advierte que en la interposición de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos sobre la resolución o el acto controvertido, de modo que surten todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, fue conforme a Derecho que la autoridad responsable al fijar el monto de la reducción de financiamiento considerara todas las multas de las que tiene conocimiento.

De ahí lo infundado del agravio.

Ante lo infundado de los agravios de los recurrentes, lo procedente es confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia de veinte de marzo de dos mil quince, de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-137/2015, SUP-REP-139/2015 y SUP-REP-141/2015 al diverso SUP-REP-136/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida el veinte de marzo del año en curso por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave SRE-PSC-14/2015.

NOTIFÍQUESE, como corresponda, con fundamento en los artículos 23, párrafo 3, 28, 29, párrafos 1, 2 y 3, y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera, y con la ausencia de los Magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar. La Subsecretaria General de Acuerdos en funciones autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

MAGISTRADO

 

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

MAGISTRADO

 

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

 

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

EN FUNCIONES

 

 

 

 

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO

 

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ACUMULADOS IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES DE EXPEDIENTE SUP-REP-136/2015, SUP-REP-137/2015, SUP-REP-139/2015 Y SUP-REP-141/2015.

No obstante que coincido con lo determinado en los puntos resolutivos de la sentencia que se dicta en los recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves de expediente SUP-REP-136/2015, SUP-REP-137/2015, SUP-REP-139/2015 y SUP-REP-141/2015, por lo cual voto a favor, formulo VOTO RAZONADO, en los siguientes términos:

Al caso se debe precisar que la resolución controvertida fue emitida en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala Superior, al resolver los diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves SUP-REP-57/2015, SUP-REP-58/2015 y SUP-REP-59/2015, sentencia en la que, por mayoría de votos, con el voto en contra del suscrito, se determinó revocar la resolución de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, dictada en sesión pública celebrada el seis de febrero de dos mil quince, para el efecto de que emitiera una nueva determinación sancionadora.

Para mayor claridad y mejor comprensión se transcribe la parte conducente de la mencionada sentencia de esta Sala Superior:

[…]

4.5. Efectos de la sentencia

En virtud de que se consideró que existe incongruencia respecto de la individualización de la sanción, lo procedente es revocar la resolución impugnada, a efecto de que en un plazo breve, la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una nueva resolución en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, teniendo en consideración lo razonado a lo largo de esta ejecutoria.

I.                    RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves de expedientes SUP-REP-58/2015 y SUP-REP-59/2015, al recurso de revisión identificado con la clave SUP-REP-57/2015. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a los expedientes de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, emitida por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida el seis de febrero de dos mil quince, para los efectos precisados en el considerando 4.5.

 

Al dictar la sentencia en esos recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador voté en contra porque, para el suscrito, la difusión reiterada, permanente en determinado periodo, contínua y sistematizada, de los promocionales relativos a la publicidad del Partido Verde Ecologista de México, no constituye per se infracción alguna a la normativa electoral vigente, tanto constitucional como legal, porque no existe precepto jurídico alguno que lo prohíba y tampoco existe principio constitucional o legal que haya sido infringido por el partido político denunciado.

Este criterio lo he sostenido reiteradamente, como se puede advertir en las ejecutorias dictadas por esta Sala Superior al resolver los recursos de revisión del procedimiento administrativo sancionador identificados con las claves SUP-REP-3/2015 y acumulados, SUP-REP-107/2015 y acumulado, y SUP-REP-120/2015 y acumulados.

No obstante lo anterior, la razón por la cual ahora voto a favor de los puntos resolutivos de la sentencia, dictada para resolver los recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador identificados en el preámbulo de la ejecutoria, con independencia del sentido del voto en contra que emití al dictar la sentencia en los diversos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves SUP-REP-57/2015, SUP-REP-58/2015 y SUP-REP-59/2015, radica en el carácter vinculante que tienen las ejecutorias dictadas por esta Sala Superior, respecto de las partes involucradas, directa e inmediatamente, en los procesos respectivos e incluso para las autoridades y los terceros ajenos a la relación sustancial existente entre el actor y la responsable.

En este sentido, si la resolución ahora controvertida fue emitida, por la Sala Regional Especializada, en cumplimiento de la mencionada ejecutoria de esta Sala Superior, es inconcuso que se debe cumplir en sus términos, dado que el cumplimiento de las sentencias de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de interés público.

Por ello resulta evidente que el voto que ahora emito, a favor de los puntos resolutivos de la sentencia de los recursos al rubro identificados, sometido a consideración de este órgano jurisdiccional, no implica contradicción o alteración del contenido del voto que formulé al dictar sentencia, esta Sala Superior, en los diversos recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador ya identificados en este voto.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente VOTO RAZONADO.

 

 

MAGISTRADO

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 


[1] Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen I, Jurisprudencia, páginas 549 a 551.

[2] Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, volumen 1, página 125.

[3] Es de destacar que mediante resolución de veinticinco de marzo de dos mil quince, dictada en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-120/2015 y acumulados, esta Sala Superior revocó la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México, y se le impuso como sanción la reducción del financiamiento ordinario del cincuenta por ciento de su ministración mensual hasta alcanzar un monto equivalente a $76,160,361.80 (setenta y seis millones ciento sesenta mil trescientos sesenta y un pesos 80/100).

[4] Artículo 23.

Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia

[5] Ver, por ejemplo, tesis jurisprudenciales de rubros: NON BIS IN IDEM. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE; NON BIS IN IDEM. NATURALEZA DEL PRINCIPIO; NON BIS IN IDEM. EL CONCEPTO DE DELITO A QUE SE REFIERE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE REFIERE A LOS HECHOS EN QUE SE HACE CONSISTIR EL ILÍCITO Y NO A LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA CONDUCTA EN UN TIPO PENAL DETERMINADO; NON BIS IN IDEM, PRINCIPIO DE. NO PRESUPONE LA IDENTIDAD DE LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO; NON BIS IN IDEM, GARANTÍA DE. SE LIMITA A LA CONDUCTA DELICTUOSA CONCRETA Y NO SE EXTIENDE AL DELITO GENÉRICO; MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. NON BIS IN IDEM.

 

[6] Artículo 456, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[7] El énfasis es nuestro.

[8] Ver, por ejemplo, SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002 y SUP-RAP-31/2002.

[9] La que se relaciona con los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-5/2014 y SRE-PSC-6/2014, así como las resoluciones de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador dictadas por esta Sala Superior SUP-REP-3/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados.

[10] En el anexo del contrato celebrado con PM ON STREET, S.A. de C.V., se advierte que se contrató la colocación de propaganda en el Distrito Federal, Estado de México, Cuernavaca, Acapulco, Cancún y Mérida.