RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-233/2015 Y SUP-REP-234/2015, ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: GENARO ESCOBAR AMBRIZ

 

México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos de los recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador, identificados con las claves de expediente SUP-REP-233/2015 y SUP-REP-234/2015, promovidos, respectivamente, por el Partido Revolucionario Institucional y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir el acuerdo identificado con la clave ACQyD-INE-102/2015, de veintidós de abril de dos mil quince, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por los ahora recurrentes, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/189/PEF/233/2015 y su  acumulado UT/SCG/PE/CAPA/CG/190/PEF/234/2015, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los recurrentes hacen en su respectivo escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos de los recursos acumulados al rubro indicados, se advierte lo siguiente:

1. Denuncia. El diecinueve de abril de dos mil quince, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por conducto de su representante, presentaron sendas denuncias ante el Consejo General del citado Instituto por: 1) Denigración y calumnia en su contra; 2) Compra y/o adquisición de tiempo en televisión por parte del Partido Acción Nacional y de Javier Gándara Magaña, éste último en su calidad de candidato a Gobernador del Estado de Sonora, y 3) Violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del Gobernador del Estado de Sonora y del Director de Televisión de Hermosillo, S. A. de C. V., por la utilización de bienes y servicios de esa entidad para influir en la contienda electoral, por la transmisión del programa Chacoteando la noticia en el canal 6 con distintivo de llamada HEWHT-TV de esa entidad, concesionado al Gobierno del aludido Estado, cuyo contenido editorial sobrepasa los límites a la libertad de expresión.

En su ocurso de denuncia, los recurrentes solicitaron el dictado de las medidas cautelares correspondientes, para el efecto de que se ordenara la suspensión de la transmisión del aludido programa de televisión.

2. Propuesta de medidas cautelares. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil quince, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral acordó remitir la propuesta sobre la solicitud de medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias del citado Instituto.

3. Acuerdo impugnado. El veintidós de abril de dos mil quince, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave ACQyD-INE-102/2015, en el sentido de declarar improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por los denunciantes.

II. Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. Disconformes con el acuerdo precisado en el apartado tres (3) del resultando que antecede, el veinticinco de abril de dos mil quince, el Partido Revolucionario Institucional y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por conducto de sus respectivos representantes, presentaron sendos escritos de demanda de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

III. Remisión de los expedientes. El veinticinco de abril de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral remitió, mediante oficios INE-UT/STCQyD/184/2015 e INE-UT/STCQyD/185/2015, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato día veintiséis, los aludidos escritos de impugnación, con sus anexos.

IV. Registro y turno a Ponencia. Mediante proveídos de veintiséis de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes SUP-REP-233/2015 y SUP-REP-234/2015, con motivo de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador precisados en el resultando dos (II) que antecede. En términos de los citados proveídos, los expedientes fueron turnados a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación. Por sendos acuerdos de veintisiete de abril de dos mil quince, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, de los recursos de revisión que motivaron la integración de los expedientes SUP-REP-233/2015 y SUP-REP-234/2015.

VI. Incomparecencia de tercero interesado. De las constancias de autos se advierte que durante la tramitación de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, al rubro identificados, no compareció tercero interesado alguno.

VII. Admisión y cierre de instrucción. Por acuerdos de  treinta de abril de dos mil quince, el Magistrado Ponente admitió las demandas de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que ahora se resuelven.

Cabe precisar que en el acuerdo de admisión correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador radicado en el expediente SUP-REP-234/2015, el Magistrado Instructor propuso al Pleno de la Sala Superior la acumulación del citado medio de impugnación al diverso SUP-REP-233/2015, en razón de que advirtió conexidad en la causa

Por tanto, el Magistrado Instructor consideró que al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual los recursos quedaron en estado de resolución, y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, con fundamento en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral porque se trata de dos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador promovidos para controvertir un acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por el que determinó declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de impugnación, que motivaron la integración de los expedientes al rubro identificados, se advierte lo siguiente:

1. Acto impugnado. En los dos escritos de revisión los recurrentes controvierten el mismo acto de autoridad, esto es, el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave ACQyD-INE-102/2015, de veintidós de abril de dos mil quince, en el que se declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por los ahora recurrentes, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/189/PEF/233/2015 y su  acumulado UT/SCG/PE/CAPA/CG/190/PEF/234/2015.

2. Autoridad responsable. Los recurrentes, en cada uno de los ocursos de los aludidos medios de impugnación, señalan como autoridad responsable a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En ese contexto, al ser evidente que en los dos recursos de revisión se controvierte el mismo acto y se señala a la misma autoridad responsable, resulta inconcuso que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa, los dos medios de impugnación al rubro indicados, conforme a lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del recurso de revisión identificado con la clave de expediente SUP-REP-234/2015, al diverso recurso de revisión identificado con la clave de expediente SUP-REP-233/2015, por ser éste el que se recibió primero, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del recurso de revisión acumulado.

TERCERO. Conceptos de agravio. Dado que en los dos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro identificados, los recurrentes hacen valer conceptos de agravio similares, se considera pertinente transcribir sólo los relativos al del recurso acumulante:

 

Agravios

El acuerdo ACQyD-INE-102/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil quince dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto a la negativa de la solicitud de adoptar medidas cautelares a que hubiere lugar solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional, carece de la debida fundamentación y motivación exigida por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estribar su resolución en hechos diversos a los que se hicieron valer por los denunciantes y aplicando de manera errónea el artículo 39, párrafo 1, fracción III, del Reglamento del Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; de igual manera, incumple con el principio de exhaustividad con la consecuente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, se solicitó a la autoridad electoral, llevará a cabo el dictado de providencias legales, cuyo efecto causará en el agente infractor de la norma la cesación de su conducta alejada del marco legal que nos rige, de manera que al haber incurrido la autoridad en una confusión en la calificación o comprensión de los alcances de la expresión medidas cautelares se irroga agravio a mi representado y se constituye en una sentencia que se aleja del sentido de derecho y justicia que debió revestir su fallo.

Esto es así, ya que por medidas cautelares la autoridad no debe comprender, de manera limitativa, aquella acción que tienda a suspender la emisión de los programas que efectivamente ya se transmitieron, por ser actos de afectación ya consumados, sino que bajo dicho concepto de providencia cautelar se encuentra toda una gama acciones legales que la autoridad puede adoptar tendientes a hacer valer el estado de derecho y el imperio de los principios legales que rigen a toda contienda democrática; no hacerlo así se traduce en conceder, como sucede, que se siga incurriendo en burlas a la ley por parte de los agentes denunciados, así como que proliferen conductas similares y que se vulnere el marco legal que nos rige.

En la especie, cobra relevancia el tipo de conducta ilegal planeada con premeditación, alevosía y ventaja, dado que, quienes intervienen en su permanente, continua y sistemática ejecución, son servidores públicos; de ahí que la gravedad de la conducta sea de especial atención, máxime que de no adoptarse medidas cautelares que tengan como efecto, el regresar al respeto de la ley en el Estado de Sonora, se producirá un efecto contrario, como está acaeciendo, ya que se fomenta la distracción de los recursos públicos con el objeto expreso de influir en la contienda electoral de manera indebida a favor del Candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña y seguir calumniando y difamando al Partido Político que represento, a través de la imagen negativa que se le trata de dar a sus candidatos en la vigente contienda electoral.

No obstante, que se precisó en la queja interpuesta, parte del contenido doloso y engañoso reproducido de forma sistemática e ininterrumpida con carácter negativo en contra del Partido Revolucionario Institucional y de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano, así como la adquisición de tiempo en televisión por el Partido Acción Nacional y el C. Javier Gándara Magaña a través del uso y abuso de bienes y servicios públicos, es pertinente exponer algunos ejemplos de dicho contenidos, con el fin de confirmar nuevamente las afectaciones; los cuales solo de forma enunciativa son:

En el programa del veinticuatro de marzo se afirma: “Otra con ganas de debatir fue la Candidata del PRI Claudia Pavlovich quien reto sin éxito al panista Javier Gándara a un primer encuentro en la plaza Zaragoza”; e inmediatamente después se realizan las expresiones siguientes respecto del Candidato Javier Gándara Magaña: “El que debe estar realmente feliz es el Candidato del PAN Javier Gándara quien encabeza las preferencias electorales por diez puntos de acuerdo con las encuestas de El imparcial y El Financiero. Aun así al panista no le gusta fallarle en nada a la gente...”. Dicha sátira, trata de confundir al electorado, mediante la presentación de cierta información proporcionada de forma confusa y conveniente para obtener el fin malicioso que en realidad se busca.

Ahora bien en el programa del veintiséis de marzo, el conductor Gonzalo Blancarte manifiesta: “La Organización Independiente Artículo 19 presentó su informe Estado de la Censura en México, donde advierte que las agresiones contra periodistas en México están en su nivel más alto en los últimos 7 años, de hecho el documento señala que en México, cada 27 horas se registra una agresión contra un periodista , mientras que en el sexenio de Felipe Calderón se daba un ataque cada 48 horas” y de manera sarcástica y soez el conductor comenta: “Nombre pues muchas gracias”; “En el resto del país los ataques contra reporteros y medios de comunicación vienen de otro tipo de criminales, pero de cuello blanco y relojes costosos; es decir de políticos que odian la libertad de prensa y que ven en meterle una madrina a los periodistas el mejor método para evitar las críticas a su trabajo”.

Acto seguido el propio conductor, realiza una parodia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto; al terminar la parodia continua manifestando: “Los Estados con mayor agresiones contra periodistas son: El Distrito Federal [...] Quintana Roo [...] y Veracruz”; “Como que a los priistas y ex priistas o sea a los perredistas no se les da el defender la libertad de expresión, ¿verdad?”.

De lo anteriormente transcrito, es claro que el fin malicioso que se pretende con tal acción es desprestigiar al Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos y a los Gobernadores del Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz, y asociarlos con los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, como la Candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, toda vez que tanto el Presidente como los Gobernadores de Quintana Roo y Veracruz fueron en su momento candidatos de dicho Instituto Político integrante de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”.

Posteriormente, aparecen un par de personajes que se hacen llamar El Maestro Pirrín y el Mosco Chupa Chupa y aparentan ser comentaristas quienes de manera sarcástica, altamente vulgar, y entre comentarios grotescos y con suposiciones falsas, expresan lo siguiente: “Queremos mandar un enorme saludo y felicitación así como usted, así como usted lo escucha, a los habitantes de Agua Prieta por tener el privilegio de contar con la única familia imperial en México”, “Se trata de nuestros amigochos Don Vicente Terán Uribe y su queridísima y respetadísima esposa Irma Villalobos, quienes llevan sacrificándose por el pueblo desde hace 18 años batallando entre presidencias municipales y diputaciones”, “La verdad estos priistas merecen un reconocimiento de la federación y de todos los mexicanos”; “Debería de venir hasta acá el Presidente para darles una medalla honorífica”; “La verdad es que el PRI tiene gente valiosa que vale la pena”; “Algunas lenguas viperinas dicen que tienen casas en los Estados Unidos [...] casas ostentosa o ranchos y empresas”; “Además el mijito tuvo una muy buena idea, dejar su curul, para a su hijita la Irma Terán Villalobos para el Distrito 7 y sin duda será una excelente diputada como su papá”; “Lo importante es que siga la tradición, después de su esposa que sigan sus hijos y la verdad [...] sus nietos”; “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”.

El hecho de que se hable de una familia “imperial” como lo hacen, es una clara ofensa e intención dolosa de calumniar y denigrar a los personajes políticos mencionados del Partido Revolucionario Institucional y al asociarlos con la Candidata del mismo partido político, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, provoca en esta última un efecto sumado con carácter negativo y así desprestigiar y denigrar su imagen mediante calumnias al Partido del cual es parte la colación que representa.

Peor aun cuando en el programa del siete de abril, el conductor Gonzalo Blancarte realiza una serie de declaraciones con respecto de los spot realizado por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional en el cual aparece entre otros el Doctor Cesar Camacho Quiroz Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho Instituto Político, el Político Arturo Montiel, Tomas Yarrington y David Korenfeld, mismos que el mismo Instituto Nacional Electoral, ordenó su suspensión por contener expresiones calumniosas, que en la resolución impugnada claramente se claramente se están permitiendo expresar y difundir de forma continua.

Posteriormente, el conductor Gonzalo Blancarte expresa: “La Candidata del PRI a la Gubernatura Claudia Pavlovich tronó contra las críticas que se hacen sobre su persona en redes sociales y aceptó que sí, las sospechas siempre fueron ciertas usa botox; “En conferencia de prensa para presentar su plan de gobierno la aspirante tricolor reconoció que sí ha echado mano del botox, pero aseguró que es un tema personal y que no es algún delito hacer uso de este recurso cosmético”. Acto seguido se trasmite el mensaje de la candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y se realiza una parodia de la mencionada candidata, haciendo burla de un aspecto que inclusivo la quejosa, había externado que es un aspecto personal y que no se debe de usar para menospreciarla, denigrarla o calumniarla.

Todos los ejemplos anteriormente mencionados, claramente muestran el fin de burlar la ley a través de conductas ilegales planeadas con premeditación, alevosía y ventaja, y que la Autoridad Electoral, es claro no tomo en cuenta de forma analítica y solo se enfocó en puntos irrelevantes.

Es así que el Acuerdo adoptado lamentablemente redunda en que se sigan socavando los derechos siguientes:

a) Acceso a la información oportuna de todas las personas estipuladas en el artículo 6 de la Constitución Política;

b) Derecho a votar de los ciudadanos sonorenses referidos en el artículo 31, fracción I; ya que se siguen atacando aquellos elementos que se consideran preexistentes como lo es poseer herramientas de información propicias que se ajusten a la realidad y no que deriven de propaganda calumniosa;

c) Los derechos al honor, a participar en el proceso electoral y en las elecciones del Partido Revolucionario Institucional contenidos en los artículos 6, 7, 16, 41, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) La transgresión a los principios electorales de igualdad y equidad en la contienda electoral que derivan del contenido del artículo 41, Bases I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

f) El principio de no intromisión de los poderes públicos en la contienda electoral al que hace referencia al artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Carta Magna.

Por todo lo anterior es claro y evidente que causa agravio el acuerdo ACQyD-INE-102/2015 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral toda vez que éste carece de congruencia interna, al contener determinaciones y afirmaciones que se contradicen entre sí, al afirmar por una parte que los hechos denunciados constituyen actos consumados - programas ya transmitidos en Telemax --; y por el otro, que éstos siguen prolongándose en el tiempo; es decir, se encuentran vigentes, no han cesado - continuas reproducciones a través de las redes sociales y diversas plataformas de internet (Twitter, Facebook, Youtube)—.

Por lo cual, siguiendo la lógica jurídica del Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, “internet es un medio de comunicación masivo y de alto impacto” capaz de influir determinantemente en las preferencias de los electores, al no ser “un medio pasivo, que requiere una voluntad para acceder al portal denunciado”, por el simple hecho de que independientemente del medio de difusión del que se trate, la Autoridad Electoral, debe preponderar y proteger los bienes jurídicos tutelados por la normatividad electoral de forma integral y congruente. En este caso, no se está hablando de censura previa, por ser programas cuyo contenido ya fue hecho del conocimiento de la población en el momento de su transmisión, independientemente de contener efectivamente material calumnioso, sino que ahora se habla de que se sigue permitiendo que dicho material ilegal, se encuentre al alcance en todo momento por quien quiera verlo, y más aún, cuando dicho deseo es fomentado por los hoy denunciados, al contar y exhibir en el portal de internet de Telemax una liga directa a la cuenta de Youtube del programa Chacoteando la Noticia.

Es precisamente sobre aquellos actos y conductas que continúan propagándose, cometiéndose y repitiéndose, sobre los que se solicita la emisión de medidas cautelares para que el estricto cumplimento de la ley se mantenga y que, con independencia de la resolución definitiva que a la postre se adopte, se emitan providencias que de manera inmediata y eficaz, interrumpan y hagan valer el estado de derecho socavado, ya que de no hacerse así el infractor considerará en el ámbito de su supina ignorancia que lo que hace está bien y que ha encontrado el mecanismo para burlar a la ley a partir de obtener una ventaja ilegal con la denostación y uso de espacios y recursos públicos que a la fecha está haciendo, valiéndose para ello de la tergiversación de la interpretación del derecho a la libertad de expresión, mismo del cual, omiten su ejercicio integral al pasar por alto la restricción constitucional que rige al mismo consistente en que la manifestación de ideas debe ejercerse sin atacar:

 

...”a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”...

 

La base constitucional expuesta, prevista en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, no es una previa censura así lo reconoció nuestro constituyente en la redacción del 7 constitucional, al establecer que: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no TIENE MÁS LÍMITES QUE LOS PREVISTOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6º DE ESTA CONSTITUCIÓN...”

Las medidas cautelares no pueden ser comprendidas de manera limitativa como la suspensión llana de la emisión de un spot, ese es simplemente un efecto de la actividad e intervención de la autoridad, el sentido de la providencia cautelar es más amplio, es toda aquella acción o conjunto de actividades que la autoridad emplea para hacer cesar una determinada conducta que puede o no ser constitutiva de una trasgresión al estado de derecho, es decir, su sentido es más amplio y sus efectos también.

Por lo anterior, queda claro que los hechos no se limitan a la mera emisión del programa Chacoteando la Noticia, los días ya señalados; sino a que dicho programa sigue transmitiendo propaganda negativa en contra del Partido Revolucionario Institucional y cuya línea editorial es la permanente intención de hacer expresiones que lo denostan, a fin de beneficiar al candidato Javier Gándara Magaña, es decir, se trata de proselitismo electoral ejecutado en cada programa que se sigue trasmitiendo y retransmitiendo en internet.

Lo anterior se agrava toda vez que la difusión de propaganda a favor del Partido Acción Nacional y su candidato se efectúa mediante la aplicación de recursos públicos del organismo descentralizado de la administración pública de Sonora denominado Telemax, hechos que contravienen lo dispuesto en la Base III del artículo 41; así como los párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, fue omitida por completo la información aportada por la Dirección Ejecutiva de Prorrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, cuyo titular mediante oficio INE/DEPPP/DE/DAI/1762/2015, informó que continúa la violación por parte de los denunciados al referir:

 

“Por último, hago de su conocimiento que fue generado el testigo de grabación del programa del día 20 de abril del año en curso en el horario de 21:00 a las 21:15 horas.”

 

Es decir, la responsable omitió discrecionalmente dar cumplimiento al requisito de congruencia externa toda vez que el Acuerdo ACQyD-INE-102/2015 no se dictó en armonía con el contenido de la denuncia ni con la respuesta que en el momento de emitir la resolución obraba en su poder; sino que se limitó al análisis de afirmaciones internas dentro del Acuerdo que además, como se explicó anteriormente, son contradictorias.

En esta tesitura cabría recordar el contenido de la tesis XXI.2o.12 K en la que se indica en que consiste el principio de congruencia, la cual señala:

 

SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. (Se transcribe).

 

En el presente caso se actualiza la figura conocida como citra petita ya que la Comisión de Quejas y Denuncias otorgó menos de lo pedido por los quejosos; pues como se ha puesto en claro en este ocurso, se requirió la cesación inmediata de diversas conductas, estando dentro de ellas, la transmisión del programa Chacoteando la Noticia pero a partir de la línea editorial o sentido que al efecto tiene dicho programa y que lo es, el denostar y afectar de manera directa y a veces velada al Partido Revolucionario Institucional; más aún el seguir permitiendo la retransmisión de los programas en internet.

De esto se dejó constancia en las actas circunstancias que se levantaron en por la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral, las cuales tienen valor probatorio pleno. En ellas se indica de manera clara la continuidad con la que se han venido actualizando las páginas en las que se postea el contenido de la propaganda calumniosa.

Asimismo, la resolución recurrida es incompatible con el principio de exhaustividad toda vez que conforme el principio del levantamiento del velo aplicado en la materia ad hoc, la Autoridad Electoral debe de corregir los abusos realizados por los denunciados al utilizar el programa exprofeso Chacoteando la Noticia, creado con la sola intención de defraudar a los Sonorenses, y burlar la aplicación de la ley, difundiendo propaganda electoral con carácter negativo y calumnioso disfrazada de seudo noticias, que en realidad son burlas en contra del Partido Revolucionario Institucional; permitiendo inclusive la contravención al marco jurídico que debe regir en todo proceso democrático, al negar las medidas cautelares.

La responsable conculcó el principio de exhaustividad, máxime que no analizó siquiera la posibilidad de que la medida cautelar tuviera como propósito el emitir una providencia que cesará la continuidad de la falta en internet. Respecto a lo anterior es aplicable el siguiente criterio:

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe).

 

De igual manera se señala que los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tiene como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

Todos esos fines son los que se persiguen con la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional y no solamente el analizado por la responsable por lo cual se estima debe darse entrada en atención a ellos y al no hacerlo así, se viola la máxima de derecho Da mihi factum, dabo tibi ius; así como los principios de exhaustividad o igualdad, equidad en la contienda y no intromisión de los poderes públicos.

Adicionalmente se argumenta que el artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos establece como una obligación de los Partido Políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.

Ahora bien, la autoridad responsable erróneamente consideró que “los programas denunciados únicamente pueden ser consultados por aquellos ciudadanos que tengan interés en revisar la información que se publica en estas redes sociales, lo que implica un elemento volitivo para conocer la información que se aloja en los (...) links” de internet.

Lo que sostiene la responsable sería tanto como afirmar que es válido que las instituciones públicas difundan campañas negativas en contra de unos candidatos y propaganda político-electoral a favor de otros a través de cuentas de redes sociales administradas por servidores públicos porque “esas publicaciones las ve quien las quiere ver”.

En la especie, quienes comparten la información son servidores públicos que controlan, manipulan, editan y redactan los mensajes de la entidad paraestatal Telemax. Es por tanto innegable que es deficiente la resolución recurrida.

Por último, no se debe dejar pasar por alto que en la discusión de la determinación recurrida hubo un falso debate en el sentido de la posibilidad o no de que el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias “regule el contenido en redes sociales”, toda vez que la esencia de la solicitud de medidas cautelares, que forman parte de la queja inicial del procedimiento especial sancionador, es variada, buscando:

I. La suspensión o cancelación inmediata de las transmisiones del programa Chacoteando la Noticia.

II. Se otorgue al Partido Revolucionario Institucional el mismo espacio televisivo, en el horario y cobertura otorgada, durante el mismo número de días que se le concedió al programa Chacoteando.

III. Ordenar suspender las publicaciones en redes públicas y comerciales de las retransmisiones del programa aludido.

IV. Emitir un oficio dirigido al Gobernador Estatal, Guillermo Padres, así como a los Directivos y personal que labora en el mencionado programa televisivo, informándoles sobre la violación legal en la que están incurriendo y las medidas coactivas, coercitivas y sancionatorias de las que serán objeto, tanto por la conducta ya cometida, como por aquellas que en lo subsecuente cometan, habida cuenta que siguen en su estrategia mediática de alterar el orden público y el respeto a las bases constitucionales.

V. Emitir sendo comunicado a los diversos espacios noticiosos o informativos, así como a las autoridades gubernamentales, indicando de manera precisa que deberán de abstenerse de incurrir en conductas similares o semejantes a las cometidas por el programa Chacoteando la Noticia y por el Gobernador Guillermo Padres.

De lo anterior, es evidente el análisis insuficiente y vago que la Autoridad Electoral realizó; al no expresar posicionamiento o respuesta a la totalidad de las peticiones realizadas, tal es el caso de los puntos IV y V; en lo que concierne al punto III, ha quedado claro en el cuerpo del presente escrito que no lo hizo conforme a derecho.

 

CUARTO. Método de estudio. Previo al análisis de los conceptos de agravio, se debe precisar que esta Sala Superior considera que, por razón de método, los conceptos de agravio hechos valer por los recurrentes serán analizados de forma conjunta y en orden distinto al planteado en cada uno de los medios de impugnación, sin que ello genere agravio alguno.

El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, consultable a foja ciento veinticinco, de la “Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, tomo “Jurisprudencia” Volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

QUINTO. Estudio del fondo de la litis. El análisis de los conceptos de agravio que hacen valer los recurrentes permite hacer las siguientes consideraciones.

Fundamentalmente, los recurrentes consideran que los razonamientos de la Comisión responsable, en el sentido de que la suspensión total del programa “Chacoteando la noticia” constituiría un acto de censura previa es indebida, pues en su concepto, si bien el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución federal prevé que ninguna ley o autoridad podrá disponer la censura previa, ni coartar la libertad de difusión, la propia norma fundamental establece que esa libertad no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6° constitucional.

Al respecto, argumentan que la norma fundamental prevé una excepción a la prohibición de censura previa, cuando se trate de la difusión de información que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

A juicio de esta Sala Superior son inoperantes los anteriores conceptos de agravio porque es aplicable la institución jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada, por las siguientes razones.

En principio se tiene en consideración que la cosa juzgada puede tener eficacia directa o eficacia refleja. La primera existe cuando los sujetos, objeto y causa de la pretensión, son idénticos en dos juicios o recursos, en cuyo caso la materia del segundo asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero. La segunda forma de eficacia de la cosa juzgada se da cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos antes precisados, entre ambos litigios, existe; sin embargo, identidad en lo sustancial o dependencia jurídica entre los asuntos, por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo que las partes de éste quedan vinculadas por la primera sentencia.

Precisado lo anterior, la inoperancia de los mencionados conceptos de agravio radica en que este órgano colegiado ya se pronunció respecto a la determinación adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, de negar las medidas cautelares solicitadas, con relación a la suspensión del  programa “Chacoteando la noticia”, toda vez que de su contenido no se advierte, en principio que estén orientados a calumniar o denigrar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellan, y ordenar que se suspenda la difusión del programa a futuro, implicaría prejuzgar sobre el contenido de ulteriores emisiones, lo cual se traduciría en una limitación injustificada al derecho a la libertad de expresión, en la sentencia dictada en sesión pública de veinte de abril de dos mil quince, al resolver en forma acumulada los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con la clave de expediente SUP-REP-168/2015 y SUP-REP-169/2015 acumulados, esta Sala Superior determinó que, no asistía la razón a los recurrentes, porque el programa de televisión denominado “Chacoteando la noticia”, el cual edita y difunde el canal 6 de televisión en el Estado de Sonora, está amparado bajo el ejercicio de la libertad de expresión e información, toda vez que del análisis del contenido generalizado de las emisiones motivo de denuncia, se evidencia que se trata de un formato noticioso bajo la modalidad de sátira o parodia, en el cual se da cuenta de eventos, situaciones o hechos del acontecer local y nacional y, posteriormente se formula algún tipo de análisis, juicio o crítica en relación a lo informado.

Asimismo, se consideró que en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 7°, la inviolabilidad del derecho o libertad de difundir opiniones, información e ideas, mediante cualquier medio. De la misma forma precisa que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. Por su parte, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En ese sentido precisó que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece una reglamentación muy similar a la del citado Pacto; no obstante adiciona que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no estará sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en cuyo documento establece, que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Por lo que los entes públicos no pueden establecer, ya sea por disposiciones normativas o resoluciones judiciales, la limitación de información que aún no ha sido difundida o transmitida; en todo caso, si de manera posterior se considera que esa información implicó una transgresión legal, habrá lugar a las medidas resarcitorias correspondientes pero, únicamente, una vez que la información ha sido hecha del conocimiento público.

Consideró que la censura implica el reproche que se hace a una persona por la difusión de algún tipo de información que se considera lesiva para algún sujeto en particular o, incluso para la colectividad.

En ese sentido precisó que censura es, en definitiva, una limitación a la libertad de expresión, y como tal, debe ser analizada de manera cuidadosa, pues no se debe perder de vista que este derecho fundamental es sustancial e inherente a todo sistema democrático.

En ese orden de ideas, la censura previa implica la intervención, preliminar a su difusión, de algún agente de gobierno en la revisión del contenido de algún determinado tipo de información, y sólo cuando se ha obtenido la conformidad del poder público, es viable su transmisión.

Es decir, la censura previa, es una potestad que asume el Estado para revisar y, en su caso, obstaculizar la difusión de determinada información. En estas condiciones, cualquier persona, (periodistas, académicos y, la población en general) necesita someter al escrutinio del gobierno, de manera anterior, todo tipo de información que pretendan difundir, con la finalidad de que el Estado autorice su divulgación.

Establecido lo anterior, en un análisis preliminar bajo la apariencia del buen derecho está Sala Superior, concluyó que fue correcta la consideración de la Comisión responsable en el sentido de que no es viable jurídicamente acoger la pretensión de los denunciantes, pues estos no solicitaron la suspensión de un promocional, propaganda o algún tipo de información cuyo contenido se siga transmitiendo, sino que solicitaron la suspensión del programa “Chacoteando la noticia”, porque consideran que su línea editorial es la permanente intención de hacer expresiones que les denuesten. En este sentido, ordenar que se suspenda la difusión del programa a futuro, implicaría prejuzgar sobre el contenido de ulteriores emisiones, sin conocer su contenido y alcance, lo cual se traduciría en una limitación injustificada del derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, precisó, que no se puede ordenar la suspensión de emisiones futuras del programa objeto de denuncia por la supuesta editorial que se deduce de programas ya difundidos.

Respecto a la manifestación de los recurrentes, en el sentido de considerar que la determinación de la Comisión es ilegal, pues pudo haber considerado como medida cautelar no sólo la suspensión del programa objeto de denuncia, sino otro tipo de medidas, por ejemplo, el otorgar derecho de réplica a los recurrentes.

Este órgano jurisdiccional consideró que el dictado de medidas cautelares no es la vía idónea para solicitar el ejercicio del derecho de réplica, ni la Comisión es el órgano competente para resolver sobre su procedencia, que conforme a lo señalado en el artículo 6° de la Constitución el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

En concordancia con lo anterior, precisó que el artículo 247, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.

Por su parte, señaló que el artículo décimo noveno transitorio de la citada ley general establece que en tanto se expida la Ley en materia de réplica, los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica, para lo cual, el titular de ese derecho deberá agotar primeramente la instancia ante el medio de comunicación respectivo, o demostrar que lo solicitó a su favor y le fue negado. Las autoridades electorales deberán velar oportunamente por la efectividad del derecho de réplica durante los procedimientos electorales, y en caso de ser necesario deberá instaurar el procedimiento especial sancionador previsto en esta Ley.

En ese orden de ideas, precisó, que la procedencia del ejercicio del derecho de réplica se hace necesario, en primera instancia que la parte que se considere afectada, acuda ante el medio de comunicación, y sólo frente a la negativa a otorgar el citado derecho, o la inconformidad con la forma y términos en que sea concedido, se podrá iniciar el procedimiento especial sancionador, con el objeto de hacer efectivo el mismo y en el caso, de la lectura del escrito de denuncia, no se apreciaba que los recurrentes hayan acudido ante el medio de comunicación denunciado y este se los haya negado.

En consecuencia, consideró que, al existir requisitos específicos para el ejercicio del derecho de réplica, no resultaba viable conceder el mismo mediante el dictado de medidas cautelares.

En tales circunstancias, determinó dejar a salvo los derechos de los recurrentes para que, de considerarlo necesario soliciten el ejercicio del derecho de réplica ante el medio de comunicación denunciado y, en caso de negativa, o de alguna inconformidad, promuevan un procedimiento sancionador.

En consecuencia, esta Sala Superior, en la sentencia dictada en los aludidos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador acumulados, confirmó el acuerdo impugnado, que determinó negar la adopción de las medidas cautelares, relativas a la suspensión de la difusión del programa Chacoteando la noticia, pues, considerar lo contrario podría transgredir el derecho a la libertad de expresión y la prohibición constitucional y convencional de censura previa.

Lo anterior, permite afirmar que, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que se resuelve se actualiza, en el tema de análisis, la eficacia refleja de la cosa juzgada, al respecto, se considera aplicable el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 12/2003, de esta Sala Superior, consultable a fojas doscientas cuarenta y ocho a doscientas cincuenta de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Jurisprudencia", volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

En este orden de ideas, como es claro que esta Sala Superior ya se pronunció respecto a la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de negar las medidas cautelares solicitadas respecto de la suspensión del programa objeto de denuncia, a futuro, ya que implicaría prejuzgar sobre el contenido de ulteriores emisiones, sin conocer su contenido y alcance, lo cual se traduciría en una limitación injustificada al derecho a la libertad de expresión, por lo que resulta innecesario que, en este particular, se vuelva a pronunciar sobre el mismo tema, dado los conceptos de agravio expresados por los recurrentes son similares a los ya analizados por esta Sala Superior, por lo que es conforme a Derecho declarar que, en el caso, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada.

Lo anterior, pues en el caso concurren todos los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada y que a continuación se precisan:

1. La existencia de un proceso resuelto con sentencia que ha causado ejecutoria. Los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con las claves de expediente SUP-REP-168/2015 y SUP-REP-169/2015 acumulados.

2. La existencia de otro proceso en trámite. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que se analiza, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

3. Que los objetos de los dos procedimientos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. En la especie, los objetos de las pretensiones de los medios de impugnación están estrechamente vinculados o tiene relación sustancial de interdependencia, pues se controvierte la determinación adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, de negar la adopción de medidas cautelares, consistente en suspensión del programa “Chacoteando la noticia”, 

4. Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero. En el caso, se debe considerar que Partido Revolucionario Institucional y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano controvirtieron el acuerdo de ocho de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave ACQyD-INE-075/2015, que negó el dictado de medidas cautelares solicitadas por los ahora recurrentes dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave UT/SCG/PE/CAPA/JL/SON/130/PEF/174/2015 y UT/SCG/PE/PRI/CG/133/PEF/177/2015, acumulados, en la impugnación que dio origen a los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-168/2015 y SUP-REP-169/2015 acumulados, con el cual se cumple este elemento, pues  este órgano jurisdiccional consideró confirmar la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de negar las medidas cautelares solicitadas respecto de la suspensión del programa objeto de denuncia, toda vez que de su contenido no se advierte, en principio, que estén orientados a calumniar o denigrar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y ordenar que se suspenda la difusión del programa a futuro, implicaría prejuzgar sobre el contenido de ulteriores emisiones, sin conocer su contenido y alcance, lo cual se traduciría en una limitación injustificada al derecho a la libertad de expresión.

5. Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del nuevo litigio. Se cumple con este elemento, pues la pretensión de los recurrentes consiste en que se revoque la determinación de la Comisión, en el sentido de negarles las medidas cautelares, debido a que consideran que la transmisión del programa “Chacoteando la noticia” está orientado a calumniar y denigrar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata Claudia Pavlovich.

6. Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. En la sentencia emitida en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-168/2015 y SUP-REP-169/2015 acumulados, este órgano jurisdiccional determinó que la suspensión a futuro del programa “Chacoteando la noticia”, podría transgredir el derecho a la libertad de expresión y la prohibición constitucional y convencional de censura previa.

7. Que para la solución del segundo medio de impugnación requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensab le para apoyar lo fallado. En efecto, para la solución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro identificado y dada la materia del concepto de agravio que se analiza, esta Sala Superior considera que se debe asumir un criterio lógico-común similar al fallado, en tanto que la pretensión de los recurrentes consiste en que se revoque la determinación adoptada por la Comisión, de negar la adopción de medidas cautelares, porque consideran que la transmisión del programa “Chacoteando la noticia” está orientado a calumniar o denigrar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

Por los anteriores razonamientos, este órgano colegiado considera que, es conforme a Derecho declarar que, en el caso concreto que se resuelve, se actualiza la institución de la eficacia refleja de la cosa juzgada, y por tanto, los aludidos conceptos de agravio son inoperantes.

Por otra parte, los recurrentes aducen que se debió ordenar la suspensión de la difusión en internet (Youtube, Facebook, Twitter, entre otras) de los programas objeto de la denuncia, porque pueden ser vistos por el electorado y, por lo tanto, causarles agravio.

En principio se debe precisar, que en nuestro sistema electoral no existe regulación precisa respecto a las redes sociales como Facebook y Twitter, las cuales constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo. Por lo que, por regla general, resulta inviable conceder este tipo de medidas, dado que además, existe un obstáculo material para ello, dado el gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida, y que incluso, es movida a otras plataformas, de manera que, la autoridad no podría determinar usuario por usuario la suspensión de la propaganda atinente, porque está información se reproduce continuamente y está en el ámbito de los particulares interesados, lo cual haría ineficaz esta medida.

Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que, con independencia de los argumentos de la responsable, fue conforme a Derecho que se negaran las medidas cautelares solicitadas respecto de la difusión en internet del programa objeto de denuncia, toda vez que de su contenido no se advierte, en principio, que estén orientados a calumniar o denigrar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

En efecto, los recurrentes expresan que de los programas que fueron difundidos los días veinticuatro y veintiséis de marzo, así como el siete de abril, todos de dos mil quince, se advierten contenidos que dan información confusa con el fin de desprestigiar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata a Gobernadora por el Estado de Sonora, contenidos que reproduce de la forma siguiente:

En el programa del veinticuatro de marzo se afirma: “Otra con ganas de debatir fue la Candidata del PRI Claudia Pavlovich quien reto sin éxito al panista Javier Gándara a un primer encuentro en la plaza Zaragoza”; e inmediatamente después se realizan las expresiones siguientes respecto del Candidato Javier Gándara Magaña: “El que debe estar realmente feliz es el Candidato del PAN Javier Gándara quien encabeza las preferencias electorales por diez puntos de acuerdo con las encuestas de El imparcial y El Financiero. Aun así al panista no le gusta fallarle en nada a la gente...”. Dicha sátira, trata de confundir al electorado, mediante la presentación de cierta información proporcionada de forma confusa y conveniente para obtener el fin malicioso que en realidad se busca.

Ahora bien en el programa del veintiséis de marzo, el conductor Gonzalo Blancarte manifiesta: “La Organización Independiente Artículo 19 presentó su informe Estado de la Censura en México, donde advierte que las agresiones contra periodistas en México están en su nivel más alto en los últimos 7 años, de hecho el documento señala que en México, cada 27 horas se registra una agresión contra un periodista , mientras que en el sexenio de Felipe Calderón se daba un ataque cada 48 horas” y de manera sarcástica y soez el conductor comenta: “Nombre pues muchas gracias”; “En el resto del país los ataques contra reporteros y medios de comunicación vienen de otro tipo de criminales, pero de cuello blanco y relojes costosos; es decir de políticos que odian la libertad de prensa y que ven en meterle una madrina a los periodistas el mejor método para evitar las críticas a su trabajo”.

Acto seguido el propio conductor, realiza una parodia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto; al terminar la parodia continua manifestando: “Los Estados con mayor agresiones contra periodistas son: El Distrito Federal [...] Quintana Roo [...] y Veracruz”; “Como que a los priistas y ex priistas o sea a los perredistas no se les da el defender la libertad de expresión, ¿verdad?”.

De lo anteriormente transcrito, es claro que el fin malicioso que se pretende con tal acción es desprestigiar al Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos y a los Gobernadores del Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz, y asociarlos con los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, como la Candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, toda vez que tanto el Presidente como los Gobernadores de Quintana Roo y Veracruz fueron en su momento candidatos de dicho Instituto Político integrante de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”.

Posteriormente, aparecen un par de personajes que se hacen llamar El Maestro Pirrín y el Mosco Chupa Chupa y aparentan ser comentaristas quienes de manera sarcástica, altamente vulgar, y entre comentarios grotescos y con suposiciones falsas, expresan lo siguiente: “Queremos mandar un enorme saludo y felicitación así como usted, así como usted lo escucha, a los habitantes de Agua Prieta por tener el privilegio de contar con la única familia imperial en México”, “Se trata de nuestros amigochos Don Vicente Terán Uribe y su queridísima y respetadísima esposa Irma Villalobos, quienes llevan sacrificándose por el pueblo desde hace 18 años batallando entre presidencias municipales y diputaciones”, “La verdad estos priistas merecen un reconocimiento de la federación y de todos los mexicanos”; “Debería de venir hasta acá el Presidente para darles una medalla honorífica”; “La verdad es que el PRI tiene gente valiosa que vale la pena”; “Algunas lenguas viperinas dicen que tienen casas en los Estados Unidos [...] casas ostentosa o ranchos y empresas”; “Además el mijito tuvo una muy buena idea, dejar su curul, para su hijita la Irma Terán Villalobos para el Distrito 7 y sin duda será una excelente diputada como su papá”; “Lo importante es que siga la tradición, después de su esposa que sigan sus hijos y la verdad [...] sus nietos”; “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”.

El hecho de que se hable de una familia “imperial” como lo hacen, es una clara ofensa e intención dolosa de calumniar y denigrar a los personajes políticos mencionados del Partido Revolucionario Institucional y al asociarlos con la Candidata del mismo partido político, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, provoca en esta última un efecto sumado con carácter negativo y así desprestigiar y denigrar su imagen mediante calumnias al Partido del cual es parte la colación que representa.

Peor aun cuando en el programa del siete de abril, el conductor Gonzalo Blancarte realiza una serie de declaraciones con respecto de los spot realizado por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional en el cual aparece entre otros el Doctor Cesar Camacho Quiroz Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho Instituto Político, el Político Arturo Montiel, Tomas Yarrington y David Korenfeld, mismos que el mismo Instituto Nacional Electoral, ordenó su suspensión por contener expresiones calumniosas, que en la resolución impugnada claramente se claramente se están permitiendo expresar y difundir de forma continua.

Posteriormente, el conductor Gonzalo Blancarte expresa: “La Candidata del PRI a la Gubernatura Claudia Pavlovich tronó contra las críticas que se hacen sobre su persona en redes sociales y aceptó que sí, las sospechas siempre fueron ciertas usa botox; “En conferencia de prensa para presentar su plan de gobierno la aspirante tricolor reconoció que sí ha echado mano del botox, pero aseguró que es un tema personal y que no es algún delito hacer uso de este recurso cosmético”. Acto seguido se trasmite el mensaje de la candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y se realiza una parodia de la mencionada candidata, haciendo burla de un aspecto que inclusivo la quejosa, había externado que es un aspecto personal y que no se debe de usar para menospreciarla, denigrarla o calumniarla.

Ahora bien, de un análisis en apariencia del buen derecho, esta Sala Superior no advierte que se presente información confusa o que se calumnie o denigre al Partido Revolucionario Institucional o a su candidata a Gobernadora, sino que se trata de comentarios que se hicieron sobre hechos acontecidos durante el procedimiento electoral en curso y que no son refutados como falsos, por lo que no implican, en principio, un ataque a la moral, a la vida personal o a los derechos de terceros, que provoque algún delito o que perturbe al orden público.

Respecto a los restantes programas objeto de la denuncia (veintitrés, veintisiete y treinta y uno de marzo, así como el primero, tres, seis, nueve y diez de abril del año que transcurre), los recurrentes no expresan, de manera precisa los hechos que consideran les causan una afectación concreta a sus derechos al negarse la medida cautelar solicitada.

Por otra parte, no se puede considerar que la resolución impugnada vulnere el principio de congruencia interna, como alegan los recurrentes, en el sentido de que, por una parte, se afirma que los hechos objeto de denuncia constituyen actos consumados y, por otro, que se siguen prolongando en el tiempo, es decir, no han cesado.

En efecto, es infundado este concepto de agravio, toda vez que en el primer caso, la responsable hace alusión a la transmisión en televisión, en días pasados, del programa, mientras que la segunda tiene que ver con la difusión que se hace en internet.

Finalmente, el partido actor manifiesta que la determinación de la Comisión es ilegal, pues pudo haber considerado como medida cautelar no sólo la suspensión del programa objeto de denuncia, sino otro tipo de medidas, por ejemplo, el otorgar derecho de réplica a los recurrentes.

Al respecto, el agravio también es infundado, pues el dictado de medidas cautelares solamente tiene como fin determinar si los hechos objeto de denuncia deben ser suspendidos para evitar que se genere un agravio mayor, por seguir provocando sus efectos jurídicos, razón por la cual,  la determinación de la Comisión responsable no es contraria a Derecho, pues se constriñó a analizar y resolver si procedía o no la solicitud de medidas cautelares hecha por los denunciantes.

En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los conceptos de agravios que aducen el Partido Revolucionario Institucional y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, lo procedente conforme a Derecho es confirmar el acuerdo controvertido.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma el acuerdo ACQyD-INE-102/2015, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

NOTIFÍQUESE personalmente a los recurrentes; por correo electrónico a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, así como a la Sala Regional Especializada de este Tribunal; y, por estrados a los demás interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28 y 29, párrafos 1, y 3, 48 y 110, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 102, 103 y 106, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado; así como, en la cláusula primera del Convenio de Colaboración Institucional entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y los treinta y dos Órganos Públicos Electorales Locales, así como los respectivos Tribunales Electorales.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausente el Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. La Subsecretaria General de Acuerdos habilitada, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS HABILITADA

 

 

 

 

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO