ÍNDICE

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

II. COMPETENCIA

III. ACUMULACIÓN

IV. PROCEDENCIA

V. MATERIA DE LA CONTROVERSIA

VI. ESTUDIO DE FONDO

VII. RESOLUTIVOS

ANEXO

(1)           Formulo el presente voto particular parcial, pues considero que no debieron retirarse del debate público —en tanto se resuelve la queja— las publicaciones en redes sociales que hicieron referencias a Morena como “narcopartido”, ya que, a mi juicio, objetivamente no se actualizan los elementos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora que deben satisfacerse para ordenar la cancelación temporal de cualquier tipo de discurso político o forma de expresión.

(2)           En la sentencia aprobada por la Sala Superior se confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral[16] que determinó retirar temporalmente diversas publicaciones realizadas en redes sociales del Partido Acción Nacional[17] y Jorge Romero Herrera[18] en las que hicieron referencias a Morena como “narcopartido”, “con Morena hay un narcopacto”, entre otras de contenido similar; esto es, se determinó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por Morena.

(3)           No comparto esa decisión. A mi juicio, la Comisión de Quejas incurrió en una indebida motivación de su decisión, pues objetivamente no se actualizan los elementos necesarios para ordenar el retiro provisional del material, que son los siguientes:

a)     Apariencia de buen derecho. Ya que, con un alto grado de probabilidad, las expresiones señaladas son insuficientes para considerase como una imputación directa y suficientemente determinada de un hecho de contenido delictuoso.

b)     Peligro en la demora. Además de que la decisión reclamada ni siquiera aborda esta cuestión, en mi concepto, la reputación de una entidad de interés público no pesa más que el derecho de expresión en materia política en un contexto en el que en México está siendo el centro de una discusión nacional e internacional sobre la relación entre el crimen organizado y diversos gobiernos.

(4)           Para exponer mi postura, en los siguientes apartados aludiré al contexto de la controversia, referiré cual fue el criterio mayoritario aprobado y desarrollaré los motivos de mi disenso.

(5)           Morena denunció al PAN, a Jorge Romero Herrera, así como a María Lilly del Carmen Téllez García[19] por la difusión de propaganda político-electoral presuntamente calumniosa mediante diversas publicaciones en sus redes sociales, en las que se le atribuyen vínculos con el narcotráfico, la delincuencia organizada y pactos criminales, empleando calificativos como “narcopartido”, “narcoestado de Morena”, “narcopacto de Morena” y “narcopolíticos de Morena” por lo que también solicitó el dictado de medidas cautelares y tutela preventiva.

(6)           Mediante acuerdo ACQyD-INE-28/2026, la Comisión de Quejas determinó la procedencia de las medidas cautelares en las publicaciones realizadas por Jorge Romero Herrera y el PAN, en las que, a través de elementos gráficos o auditivos, expresaban alguna de las siguientes frases: “morena el narcopartido”, “narcopartido”, “Morena se convirtió en un partido asociado con el crimen organizado”, “narcomorena”, “con morena hay narcopacto”, “¡Morena ha permitido que el narco se vuelva gobierno!”, “en Morena, prefieren proteger a los criminales”, “mientras en Morena cuidan a los narcotraficantes y les dan poder”, “narcogobiernos de Morena”.

(7)           Al respecto, la Comisión de Quejas consideró que, conforme al Acuerdo ACQyD-INE-25/2026[20], si en el material denunciado se afirma la existencia de asociaciones entre Morena y criminales (personas que cometen un crimen), dichas imputaciones van más allá de una mera crítica severa, puesto que realizan imputaciones que no están sustentadas por algún elemento, como pudiera ser información obtenida de notas periodísticas o algún otro tipo de información pública.

(8)           De ahí que, bajo la apariencia del buen derecho, la frase narco partido pudiera constituir la imputación de hechos y delitos falsos en contra del partido político denunciante, al presentarlo ante la ciudadanía como narco partido palabra que, en sede cautelar, estimó vinculada como sinónimo de la expresión narcotraficante.

(9)           Por otro lado, la Comisión de Quejas consideró la improcedencia de las medidas cautelares respecto de aquellas publicaciones en las que las referencias que se hicieron del partido denunciante consistieron en frases como: “Soborno, impunidad, mentiras. Así gobierna Morena”, “En México de la 4T: si combates al narco, te persiguen. Si te alías con ellos, te protegen”, al considerar que dichas frases no encuadran en algún delito así tipificado, pues se tendrían que realizar inferencias para poderlos encuadrar en alguna conducta ilegal, lo cual no está permitido en sede cautelar, aunado a que no se advierte la imputación de algún hecho falso, pues se está ante la presencia de manifestaciones de índole genérica que no refieren alguna circunstancia en particular a través de la cual se materialicen.

(10)       En el mismo sentido, determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas respecto de las publicaciones difundidas por María Lilly del Carmen Téllez García, al considerar, esencialmente, que forman parte de la función legislativa que tienen las personas senadoras y, conforme al artículo 61, párrafo 1, de la Constitución general, las personas representantes de la Nación, tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

(11)       Finalmente, respecto de la solicitud del dictado de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, la Comisión de Quejas consideró que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, versa sobre hechos futuros de realización incierta.

(12)       Inconformes con lo determinado, Morena, PAN y Jorge Romero Herrera interpusieron recursos de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de dicho acuerdo.

(13)       Tanto el PAN como Jorge Romero argumentan que la Comisión de Quejas realizó una indebida fundamentación y motivación a partir de la interpretación de los elementos objetivos y subjetivos de la calumnia, pues confundió una crítica severa en el contexto de las acusaciones de funcionarios públicos de gobiernos emanados de Morena con la imputación de hechos o delitos falsos, aunado a que omitió establecer con claridad cuál es el hecho concreto que se le imputó a Morena, ni fue exhaustiva al justificar el peligro en la demora para determinar la procedencia de las medidas cautelares.

(14)       Por su parte, Morena se inconformó por la improcedencia de la tutela preventiva, pues a su consideración no era genérica ni hipotética, sino que se encontraba sustentada en hechos reiterados derivado de lo que consideró una campaña de desprestigio y criminalización en contra del partido. Asimismo, argumentó que fue incorrecta la interpretación que realizó la responsable al analizar la inviolabilidad parlamentaria respecto de expresiones emitidas por personas legisladoras en la utilización de redes sociales.

(15)       La mayoría de este órgano jurisdiccional consideró que los motivos de inconformidad eran infundados e ineficaces y, por tanto, determinaron confirmar el acuerdo impugnado. Lo anterior, ya que, a su juicio, la Comisión de Quejas motivó adecuadamente su determinación al señalar cuáles expresiones debían considerarse como la imputación de un hecho falso en relación con Morena, pues fue clara al expresar que, en cada caso, la comisión de la calumnia residió en presentar como un hecho cierto que Morena mantiene una relación con el narcotráfico.

(16)       Aunado a ello, se consideró que, si bien la Comisión de Quejas no se pronunció explícitamente sobre la existencia de algún peligro en la demora, se advierte de manera preliminar que, de permitirse la continuación de su difusión, se avalaría que siga la lesión a la reputación y honor de Morena, lo que además continuaría generando desinformación entre la ciudadanía.

(17)       De la misma forma, se consideró que no le asiste razón a Morena, en lo relacionado con las publicaciones de María Lilly del Carmen Téllez García y el dictado de la tutela preventiva, al no combatir el fundamento principal que la autoridad responsable tuvo en cuenta para determinar su criterio, es decir, la inviolabilidad parlamentaria y el tratarse de hechos futuros de realización incierta.

(18)       Como adelanté, no comparto la decisión mayoritaria de confirmar la decisión de retirar del debate público las publicaciones en redes sociales del PAN y Jorge Romero Herrera en las que se vinculó a Morena con el narcotráfico o el crimen organizado, a partir de la utilización de frases como “narcopartido”, “Morena se convirtió en un partido asociado con el crimen organizado”, “narcomorena”, o “con morena hay narcopacto”.

(19)       A mi juicio, le asiste la razón a los recurrentes al señalar que la Comisión de Quejas incurrió en un error de motivación al sostener, en sede cautelar, que se actualizaban los elementos objetivo y subjetivo de la calumnia en las publicaciones denunciadas, por los motivos que señalo a continuación.

(20)       En primer término, hay que destacar que la Comisión de Quejas justificó que se trataba de calumnia porque si bien en algunas publicaciones denunciadas se citan casos concretos de investigación en contra de “Rocha Moya”[21], lo cierto es que “Rocha Moya” no es Morena, por lo que con independencia de que pudiera existir una investigación o incluso sanción en la vía penal a dicha persona, lo cierto es que no es sobre conductas atribuidas a Morena y no se advierte algún elemento factico para corroborar o sostenerlas.

(21)       Para mí, dicho argumento es falaz. La consideración de la responsable únicamente cuestiona la solidez lógica o persuasiva del discurso —esto es, si la conclusión constituye una generalización válida o una inferencia correctamente sustentada—, pero no demuestra que la expresión denunciada actualice una imputación calumniosa.

(22)       Con ello, la autoridad desplaza el objeto del análisis: deja de examinar si la expresión comunica una imputación concreta de hechos falsos constitutivos de delito y centra su razonamiento en reprochar que la crítica se proyecte injustificadamente sobre una organización política.

(23)       Dicho de otro modo, el posible defecto argumentativo consistente en generalizar a partir de determinados acontecimientos no transforma, por sí mismo, una calificación política en una imputación calumniosa. Lo contrario supondría utilizar la figura de la calumnia para sancionar razonamientos débiles, exageraciones o inferencias discutibles, cuando su finalidad constitucional es mucho más acotada: impedir la atribución falsa de hechos delictivos y no controlar la corrección lógica o la calidad argumentativa del discurso político.

(24)       Así, me aparto de la decisión aprobada pues el criterio mayoritario avala dicha falacia.

(25)       En otro orden de ideas, la responsable también tomó como base lo resuelto en el diverso SUP-REP-24/2026, respecto a que, si en el material denunciado se afirma la existencia de asociaciones entre Morena y criminales, dichas imputaciones van más allá de una mera crítica severa, puesto que no están sustentadas por algún elemento, como pudiera ser información obtenida de notas periodísticas o algún otro tipo de información pública.

(26)       Desde mi perspectiva, lo anterior configura un análisis genérico y sin sustento aplicable al caso concreto, aun en sede cautelar.

(27)       El marco normativo[22] reconoce la figura de la calumnia electoral como una restricción o limitante al ejercicio de la libertad de expresión de determinadas personas o sujetos. El artículo 41, fracción III, apartado C de la Constitución general y el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que se entiende por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

(28)       Esta restricción tiene por objetivo proteger bienes constitucionales, como el derecho al honor o reputación de las personas y, sobre todo, el derecho de las personas a votar de forma informada. Así, de conformidad con los artículos 6 y 7 constitucionales, la libertad de expresión puede ser restringida válidamente si lo que se pretende proteger son los derechos de otras personas.

(29)       En ese sentido, la suspensión de propaganda supuestamente calumniosa    —que implica el retiro temporal del debate público de ciertas formas de expresión— solo es procedente cuando se satisfacen dos condiciones:

a)     Apariencia de buen derecho. Se trata de la valoración de la probable ilicitud de la conducta. En este caso, de forma preliminar debe estudiarse si se actualizan los elementos de la calumnia: imputación falsa de un hecho o un delito; con conocimiento de la falsedad de la imputación[23].

b)     Peligro en la demora de la resolución, la cual establece que el daño a los derechos del actor es mayor que el beneficio individual o social que se obtiene al permitir que se mantenga disponible la expresión denunciada.

(30)       Lo anterior, siempre debe analizarse en el contexto de debate entre las diferentes fuerzas políticas, en el que el margen de tolerancia es mayor y, por tanto, la urgencia y necesidad de una medida cautelar respecto a promocionales con propaganda negativa será menor, salvo que existan elementos para suponer que la afectación a un derecho o principio resulta evidente o manifiesta, pues la finalidad de la propaganda es precisamente informar y presentar al electorado las diferentes propuestas y los diferentes puntos de vista que proponen los partidos y las candidaturas.

(31)       Al respecto, esta Sala Superior ha reconocido que los partidos políticos, como personas morales de interés público, están más expuestos a recibir críticas severas, incluso chocantes o molestas, lo que no implica que cualquier imputación en su contra sea calumniosa[24]. De esta forma, el margen de tolerancia en el debate político-electoral es amplio y, en consecuencia, la urgencia de la medida cautelar es menor cuando no existe una imputación directa y claramente identificable de hechos ilícitos[25].

(32)       Es decir, el análisis respecto a la necesidad y urgencia de otorgar una medida cautelar debe considerar el riesgo que puede existir a partir del análisis preliminar de los mensajes y de su contexto, a fin de ponderar si con la adopción de la medida cautelar se previene la afectación mayor de un derecho o un principio sustancial en la materia o si, por el contrario, con la misma se restringe injustificadamente el debate público sobre temas de interés para el electorado.

(33)       En el caso, la autoridad responsable ni siquiera analizó si se actualizaba el elemento de peligro en la demora. Respecto a este elemento, la decisión reclamada carece de motivación alguna, y la sentencia aprobada avaló tal cuestión.

(34)       En cuanto al elemento de apariencia de buen derecho, el acto reclamado asume acríticamente un precedente, pero no se detiene a analizar las expresiones en el contexto de las frases en que fueron usadas, ni en el contexto del caso (los hechos del momento que motivan las expresiones).

(35)       Por tal motivo, observo que en realidad la Sala Superior avaló una decisión que incumple el deber constitucional de motivación, esto es, la obligación de justificar una medida que interviene derechos fundamentales considerando las particularidades del caso concreto.

(36)       No basta con citar precedentes. Hay que justificar su aplicabilidad evaluando las variables que el caso concreto presenta. A pesar de que la autoridad responsable no cumplió con ese deber, la sentencia de la Sala confirma la decisión. Este aspecto lo analizo con más detalle en el apartado siguiente.

(37)       Tal como adelanté, estimo que la Comisión de Quejas indebidamente determinó necesaria la adopción de la medida cautelar sin considerar, en su evaluación preliminar, los elementos de las publicaciones denunciadas para justificar, bajo la apariencia del buen derecho, la actualización de la calumnia y el peligro en la demora.

(38)       Como se señaló, la figura de la calumnia no tiene por objeto depurar el lenguaje del debate político ni sancionar las expresiones particularmente severas, provocadoras o incómodas. Su finalidad constitucional es mucho más específica: impedir que el debate político se distorsione mediante la atribución falsa de hechos constitutivos de delito. Por ello, únicamente cuando una expresión comunica una imputación fáctica suficientemente identificable puede actualizarse esa restricción excepcional a la libertad de expresión.

(39)       Bajo esa premisa, en una primera aproximación, de carácter preliminar, considero, con un alto grado de probabilidad, que la sola utilización de la expresión "narcopartido" y similares, en el contexto que fueron usadas y bajo la apariencia del buen derecho, no podrían llegar a actualizar la calumnia electoral.

(40)       Lo anterior, porque se trata de expresiones de indudable dureza y de fuerte carga política que pueden resultar ofensivas, exageradas o incluso injustas; sin embargo, al no ir acompañadas de la imputación clara de un hecho falso y específico constitutivo de delito, permanecen dentro del ámbito de protección reforzada que la Constitución reconoce al discurso político.

(41)       Sostener lo contrario implicaría ampliar indebidamente, en sede cautelar, el alcance de una restricción constitucional de naturaleza excepcional, permitiendo que el derecho sancionador no sólo reprimiera la difusión de hechos falsos, sino que también delimitara el vocabulario permitido para la crítica política.

(42)       Un entendimiento de esa naturaleza produciría un efecto inhibidor sobre el debate democrático, incompatible con el amplio margen de libertad que debe reconocerse a la discusión pública respecto de los partidos políticos, sus dirigentes y los asuntos de interés general.

(43)       Desde esa perspectiva, considero que la cuestión en sede cautelar no consiste en reprochar si la expresión "narcopartido" resulta ofensiva o si posee una fuerte carga estigmatizante. La verdadera pregunta constitucional era distinta: si esa expresión, por sí sola y atendiendo a su función dentro del discurso político, probablemente constituye la imputación de un hecho falso y específico susceptible de actualizar la prohibición de calumnia, a efecto de otorgar las medidas cautelares solicitadas.

(44)       A mi consideración, la respuesta es negativa, por las razones que se desarrollan a continuación.

(45)       La expresión "narcopartido" posee una evidente carga crítica. Es una fórmula retórica dura, provocadora y de enorme impacto en el debate público. Incluso puede sugerir al destinatario la existencia de vínculos entre un partido político y la delincuencia organizada, como lo razonó la Comisión de Quejas.

(46)       Sin embargo, precisamente por su carácter retórico, la expresión no identifica por sí misma un hecho específico cuya veracidad pueda comprobarse, a efecto de tener por actualizada, en sede cautelar, la calumnia. No precisa, por ejemplo: i) qué conducta delictiva concreta se atribuye; ii) quién la realizó; iii) cuándo ocurrió; iv) mediante qué hechos se materializó; v) ni cuál sería exactamente el delito imputado.

(47)       La expresión admite múltiples significados posibles: financiamiento ilícito, infiltración criminal, tolerancia institucional, protección política, captura de autoridades o cualquier otra hipótesis semejante. Esa apertura semántica impide considerarla, por sí sola, una imputación concreta de hechos falsos.

(48)       Es decir, la expresión puede contener una fuerte insinuación política, pero no una imputación fáctica suficientemente determinada para satisfacer, bajo la apariencia del buen derecho, el estándar constitucional de la calumnia.

(49)       Lo anterior obedece a una diferencia fundamental en la función que cumplen las expresiones dentro del discurso público. No todas las palabras utilizadas en el debate político tienen por objeto afirmar hechos. Algunas comunican acontecimientos susceptibles de demostración; otras, en cambio, cumplen una función predominantemente valorativa, persuasiva o calificativa.

(50)       Así, la prohibición constitucional de la calumnia únicamente puede proyectarse sobre aquellas expresiones cuya función comunicativa consiste en atribuir hechos falsos susceptibles de verificación, mas no sobre aquellas cuya finalidad es formular una valoración política acerca de un actor público.

(51)       De esta forma, la expresión "narcopartido" pertenece, a primera vista, a esta segunda categoría. Su utilización no comunica por sí misma un acontecimiento determinado, sino que sintetiza en una fórmula retórica una valoración política especialmente severa acerca de un partido. Su fuerza expresiva proviene precisamente de condensar, en una sola palabra, un juicio crítico sobre la manera en que el emisor percibe la actuación de una organización política, sin identificar un hecho histórico específico cuya verdad o falsedad pueda demostrarse de manera aislada.

(52)       Desde esa perspectiva, existe una diferencia conceptual entre afirmar un hecho y atribuir una identidad política. La primera modalidad describe acontecimientos verificables; la segunda caracteriza globalmente a un actor dentro del debate público. Expresiones como "partido corrupto", "partido autoritario", "partido antidemocrático", "partido represor" o "narcopartido" comparten esa misma estructura discursiva: no relatan, por sí solas, hechos concretos, sino que condensan una valoración acerca de la naturaleza o del modo de actuar que el emisor atribuye al sujeto criticado.

(53)       Ello no significa que tales expresiones puedan carecer de sustento en la realidad o que se encuentren completamente desvinculadas de hechos públicos. Por el contrario, suelen apoyarse en acontecimientos, investigaciones, decisiones gubernamentales o episodios ampliamente conocidos dentro del debate político.

(54)       Sin embargo, esos antecedentes operan como el contexto que explica la valoración, no como el contenido mismo de la expresión. La palabra "narcopartido" no comunica cuáles son esos hechos, ni cuáles de ellos se afirman verdaderos, ni cuál sería exactamente la conducta delictiva imputada. Su función consiste en expresar una conclusión política derivada de ese contexto, no en sustituir la narración de los hechos que eventualmente podrían sostenerla.

(55)       Precisamente por lo anterior, estimo que la sola utilización de esa expresión no satisface, en sede cautelar, el estándar exigido para considerar la posible actualización de los elementos de la calumnia. Sólo cuando el propio contexto discursivo transforma esa valoración en la afirmación concreta de hechos específicos —por ejemplo, al atribuir financiamiento ilícito, colaboración específica con organizaciones criminales o cualquier otra conducta claramente identificable— puede analizarse si el mensaje trasciende del ámbito de la crítica política hacia el de la imputación de hechos falsos.

(56)       Asimismo, considero que la expresión tampoco puede analizarse de manera aislada del contexto político en que fue emitida, como lo pretende razonar la mayoría para justificar la determinación de la Comisión de Quejas.

(57)       En el caso concreto, el debate público se desarrolló en un momento de intensa discusión nacional e internacional sobre la posible infiltración del crimen organizado en distintos ámbitos del poder público mexicano, derivada, entre otros factores, de investigaciones abiertas en los Estados Unidos respecto de diversos funcionarios mexicanos y de cuestionamientos públicos relacionados con autoridades de distintos órdenes de gobierno.

(58)       Dentro de ese contexto, la expresión "narcopartido" se inserta en una controversia política de evidente interés público sobre la posible relación entre delincuencia organizada, gobiernos y procesos electorales. El señalamiento relativo al gobernador de Sinaloa constituye únicamente uno de los múltiples elementos que alimentan esa discusión pública y no necesariamente el único fundamento del calificativo empleado.

(59)       Por ello, antes de concluir que, bajo la apariencia del buen derecho, existe una imputación calumniosa, resultaba indispensable analizar si dentro del contexto discursivo existen elementos mínimos para considerar que no se trate de la imputación de hechos o delitos falsos. Sólo si dicho contexto revela que la expresión fue utilizada para atribuir de manera clara y específica un hecho delictivo falso, podría justificarse la adopción de la medida cautelar por la posible actualización de la calumnia. La sola utilización del calificativo, desligada de ese análisis contextual, no satisface ese estándar constitucional.

(60)       A lo anterior se suma una consideración adicional cuando la expresión se dirige a un partido político. Los partidos son entidades de interés público y actores centrales del debate democrático; su función constitucional consiste precisamente en participar en la competencia política, promover el pluralismo y someter sus ideas, decisiones y actuación al escrutinio permanente de la ciudadanía y de sus adversarios políticos.

(61)       Por ello, las expresiones dirigidas a los partidos gozan, en principio, de un ámbito de protección reforzado, pues restringir la crítica dirigida a quienes intervienen en la contienda electoral no sólo limita la libertad de expresión de quien la emite, sino que también empobrece el debate público del que depende la formación libre e informada de la voluntad ciudadana.

(62)       En consecuencia, cuando el destinatario de la expresión es un partido político, el umbral para considerar que se podría actualizar la calumnia debe aplicarse con especial cautela, evitando que una interpretación expansiva de esa figura termine inhibiendo la crítica política intensa que caracteriza a una sociedad democrática

(63)       Así, considero que la Comisión de Quejas no realizó un análisis adecuado para concluir que la expresión “narcopartido” podría actualizar, bajo la apariencia del buen derecho, la calumnia, pues no se trata de una imputación directa de algún delito o hecho falso que justifique el retiro de las publicaciones denunciadas.

(64)       Aunado a lo expuesto, considero que en el caso en estudio tampoco se justificó el peligro en la demora.

(65)       Las expresiones denunciadas forman parte de un debate político sobre un asunto de evidente interés público relacionado con la posible influencia de la delincuencia organizada en la vida pública y en los procesos electorales. En ese contexto, la permanencia temporal de las publicaciones durante la sustanciación del procedimiento no genera, por sí misma, un riesgo de afectación irreparable que justifique restringir anticipadamente la libertad de expresión.

(66)       En sede cautelar no basta afirmar que una expresión puede afectar la imagen o reputación de un partido político. Es indispensable demostrar que la continuación de su difusión ocasionará un daño grave, actual e irreparable que no pueda ser reparado mediante la resolución de fondo. Ese estándar no se satisface en el presente caso.

(67)       Por una parte, el eventual impacto reputacional alegado por el denunciante resulta inherente a la propia dinámica del debate público entre actores políticos, quienes, por su condición constitucional y por participar en la competencia democrática, se encuentran sujetos a un nivel especialmente intenso de escrutinio, crítica y confrontación pública. La afectación que pudiera derivar de expresiones críticas constituye, por regla general, un riesgo propio del debate democrático y no un daño extraordinario que, por sí solo, justifique la adopción de medidas restrictivas inmediatas.

(68)       Por otra parte, la emisión de una medida cautelar produciría una afectación particularmente intensa a la libertad de expresión. Ordenar el retiro inmediato de publicaciones relativas a un tema de evidente interés público implica excluir del debate democrático una determinada posición antes de que exista una decisión definitiva sobre su licitud, restringiendo temporalmente el derecho de la ciudadanía a conocer las distintas narrativas y posturas que los actores políticos sostienen respecto de asuntos públicos relevantes.

(69)       Como toda restricción a un derecho fundamental, la interpretación de la calumnia debe ser estricta y no extensiva, y, en sede cautelar, se debe valorar la posible afectación irreparable o la afectación desproporcionada de los derechos del solicitante de la medida cautelar sobre criterios de razonabilidad y ponderación en la incidencia en otros derechos o principios implicados en el debate público

(70)       De ello se sigue que únicamente pueden restringirse en sede cautelar aquellas expresiones que objetivamente sean susceptibles de satisfacer todos los elementos de la calumnia a partir de un peligro en la demora en el dictado de la resolución. Si existe duda acerca de si una expresión constituye una opinión política, una valoración o una verdadera imputación de hechos, debe preferirse la interpretación que preserve la libertad de expresión y no aquella que la restrinja, especialmente cuando se realiza un análisis preliminar de la conducta.

(71)       En esa ponderación provisional, el interés constitucional de preservar un debate político libre, robusto y plural durante la sustanciación del procedimiento posee un peso preponderante frente a la afectación reputacional alegada, la cual, además de no acreditarse como irreparable, puede ser plenamente valorada y, en su caso, reparada mediante la resolución de fondo si llegara a determinarse la existencia de una infracción.

(72)       Por ello, el peligro en la demora no se actualiza, pues el riesgo derivado de restringir anticipadamente el debate político resulta mayor que el eventual impacto que pudiera producir la permanencia temporal de las publicaciones controvertidas mientras se resuelve definitivamente la controversia.

(73)       Por esa razón, no basta con que una expresión sea ofensiva, severa o socialmente reprochable, o como lo razonó la responsable, que se haga una vinculación entre un partido y un sinónimo de la palabra narcotraficante. Es indispensable que atribuya de manera suficientemente determinada un hecho o delito falso susceptible de verificación, a efecto de conceder la medida cautelar que ordene su retiro, pues se debe ponderar el efecto que esto trae en la libertad de expresión.

(74)       Aceptar que la sola utilización de la palabra "narcopartido" constituye un impacto severo sobre los derechos de la organización imputado que justifique la restricción a la libertad de expresión, implicaría trasladar al juez la facultad de depurar el lenguaje político y prohibir determinadas categorías de crítica.

(75)       Por lo anterior, no comparto la afirmación de la mayoría relativa a que, de manera preliminar y aunque la Comisión de Quejas no lo haya analizado, se justifique la concesión de las medidas porque de permitirse la continuación de la difusión de los promocionales, se avalaría que siga la lesión a la reputación y honor de Morena, lo que además continuaría generando desinformación entre la ciudadanía.

(76)       Basta imaginar las consecuencias de ese criterio: cualquier calificativo que asociara a un partido político con fenómenos de corrupción, autoritarismo o criminalidad podría ser restringido en sede cautelar, aun cuando no describiera hechos concretos sino valoraciones políticas. El resultado sería un discurso público progresivamente empobrecido, donde los participantes evitarían expresiones severas por el riesgo permanente de enfrentar procedimientos sancionadores que deriven en sanciones.

(77)       Ese efecto inhibidor resulta incompatible con una democracia constitucional, que exige un espacio especialmente amplio para la crítica política, incluso cuando ésta resulte exagerada, incómoda o profundamente perturbadora para sus destinatarios.

(78)       Precisamente por ello, el umbral para restringir el discurso político mediante la figura de la calumnia, bajo la apariencia del buen derecho, debe permanecer excepcionalmente alto, y sólo cuando se ponga en evidencia el peligro en la demora de la resolución, determinar la procedencia de medidas cautelares, lo cual considero que no se acredita en el presente caso.

(79)       Con un alto grado de probabilidad observo que "narcopartido" no es susceptible de actualizar calumnia. Es una expresión deliberadamente dura, provocadora y de enorme carga política. Puede resultar ofensiva e incluso injusta. Sin embargo, la Constitución general no protege únicamente las expresiones moderadas o prudentes; protege, de manera reforzada, el discurso político precisamente porque es el ámbito donde la crítica suele formularse con mayor intensidad.

(80)       Por ello, mientras la expresión no se traduzca, a la luz de su contexto, en la imputación concreta, determinada y verificable de hechos falsos constitutivos de delito, no puede calificarse, incluso preliminarmente, como calumnia electoral.

(81)       Adoptar un criterio distinto significaría ampliar indebidamente una excepción constitucional a la libertad de expresión y abrir la puerta a que, a través de medidas cautelares, el derecho sancionador termine delimitando el vocabulario permitido en la crítica política, con el consiguiente empobrecimiento del debate democrático.

(82)       Así, estoy convencido de que este análisis formaba parte del examen que debió realizarse en apariencia del buen derecho y peligro en la demora, para decidir si se retiraban preliminarmente del debate público expresiones críticas en torno a un debate de interés nacional.

(83)       Para mí, ante la ausencia de una imputación clara de un hecho concreto, en examen preliminar, debió privilegiarse el discurso político.

(84)       Lo contrario, tal como lo avala la sentencia aprobada, nos conduce a un estado de cosas en el que, en México, pese a la intensa discusión nacional e internacional sobre posibles vínculos entre distintos gobiernos y el crimen organizado, resulta válido cancelar y retirar del debate público —en este caso, de manera cautelar— la expresión “narcopartido”, sobre la base de un presunto uso calumnioso del lenguaje que además tuvo lugar en redes sociales.

(85)       Por estas razones me aparto del criterio mayoritario de confirmar el dictado de medidas cautelares, por lo que formulo el presente voto particular parcial.