RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-101/2024

PARTE RECURRENTE: Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable [1]

responsable: UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIado: DIEGO DAVID VALADEZ LAM

colaboró: JORGE DAVID MALDONADO ÁNGELES

Ciudad de México, a veintiocho de febrero dos mil veinticuatro[3].

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el sentido de confirmar el acuerdo de la Unidad Técnica, por el cual desechó la denuncia presentada por el recurrente contra Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, por la presunta realización de actos anticipados de campaña e incumplimiento al acuerdo ACQyD-INE-227/2023.

ANTECEDENTES

1. Queja. El dos de enero, el recurrente presentó, ante la responsable, denuncia contra Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, por la presunta realización de actos anticipados de campaña e incumplimiento de medidas cautelares[4], con motivo de una entrevista realizada el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el programa “Así las cosas” de W radio, en la que, a juicio del denunciante, se emitieron diversas declaraciones que vulneran la normativa electoral. Razón por la que, además, solicitó el dictado de medidas cautelares.

2. Acuerdo de recepción. El tres de enero, la UTCE dictó un acuerdo por el que, entre otras cosas, tuvo por recibida la denuncia de cuenta,[5] reservó su admisión y correlativo emplazamiento a la denunciada, y formuló diversos requerimientos como diligencias preliminares de investigación, así como el levantamiento de un acta circunstanciada con motivo de la entrevista materia de la queja.

3. Acuerdo impugnado. Desahogados los requerimientos e instrumentada el acta circunstanciada correspondiente, el treinta de enero, la UTCE determinó desechar la denuncia, al considerar que de un análisis preliminar los hechos denunciados no constituyen una violación o infracción en materia electoral. La determinación fue notificada al denunciante el treinta y uno siguiente.

4. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el dos de febrero, el recurrente presentó ante la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral[6] demanda del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

5. Turno y radicación. Recibidas las constancias, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-REP-101/2024 y turnarlo a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicó.

6. Instrucción. En su oportunidad, la magistrada instructora admitió a trámite la demanda y una vez agotada la instrucción, la declaró cerrada. Por ello, el medio de impugnación quedo en estado de dictar sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. La Sala Superior es competente para resolver el asunto, porque se trata de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, interpuesto para impugnar el desechamiento de un escrito de denuncia[7].

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación cumple con los requisitos para dictar una sentencia que resuelva el fondo de la controversia,[8] conforme con lo siguiente.

1. Forma. En el escrito de demanda se precisó el órgano responsable, el acuerdo impugnado, los hechos, los motivos de controversia y cuenta con firma autógrafa.

2. Oportunidad. La demanda es oportuna,[9] porque el acuerdo impugnado se notificó al recurrente el treinta y uno de enero,[10] por lo que el plazo para controvertirlo transcurrió del uno al cuatro de febrero.

Por tanto, si la demanda se presentó el día dos, es evidente su oportunidad.[11]

3. Legitimación e interés jurídico. El recurrente está legitimado para presentar su medio de impugnación, al ser un ciudadano promoviendo por su propio derecho, al que también se le reconoce su interés jurídico porque fue quien presentó la denuncia que cuyo desechamiento ahora controvierte.

4. Definitividad. El recurso es directamente procedente, cuando se impugnan resoluciones que desechan los escritos de denuncia. Esto es, no existe otro medio de impugnación que deba agotarse de forma previa.

TERCERA. Planteamiento del caso

3.1. Contexto

El presente asunto tiene su origen en una denuncia que presentó el recurrente, en la que acusó a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, con motivo de diversas manifestaciones que realizó dicha persona en la entrevista que brindó el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés durante el programa denominado “Así las cosas”. Esto, al considerar que estas expresiones referían a propuestas de campaña y llamados al voto, así como al contraste entre ella y otras ofertas electorales.

Con motivo de ello, la queja fue recibida por la Unidad Técnica, se registró y, simultáneamente, ordenó realizar diversas diligencias de investigación, incluyendo una serie de requerimiento de información tanto a la denunciada como al medio de comunicación encargado del programa donde fue difundida la entrevista objeto de queja.

Desahogadas la investigación preliminar, la UTCE emitió el acuerdo que en esta vía se reclama.

3.2. Acuerdo impugnado

La UTCE desechó la denuncia presentada por el recurrente, al determinar que, de un análisis preliminar de los hechos denunciados, no era posible advertir una violación en materia de propaganda político-electoral.

Lo anterior, porque el único elemento probatorio aportado por el recurrente consistió en dos vínculos de internet en los que se apreciaba: i) un video alojado en la red social YouTube, por parte del usuario Sociedad Civil México, de veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se visualiza una entrevista realizada a la denunciada en el programa “Así las cosas”, del medio de comunicación conocido como W-Radio; y ii) un vínculo web que dirige a la página de internet de ese mismo medio de comunicación, en el que se aloja un material de audio con duración de veintisiete minutos y treinta y siete segundos, cuyo contenido coincide con la entrevista antes referida.

Así, de un análisis preliminar tanto de la denuncia y de la información recabada por la responsable mediante diligencias de investigación, la Unidad Técnica determinó que los hechos denunciados no constituían, siquiera de manera indiciaria, la probable comisión de alguna infracción o ilícito en materia electoral, al tratarse una entrevista realizada por un medio de comunicación que se encuentra amparada por la protección al periodismo y la presunción de licitud de la que goza dicha labor.

En virtud de ello, concluyó que lo procedente era desechar la denuncia en cuestión, debido a que únicamente se acreditó la existencia de los materiales auditivos y visuales en donde se difundió la entrevista que le fue realizada a la denunciada, quien se limita a responder los cuestionamientos que le fueron formulados por las personas que conducen ese espacio informativo, por lo que no existen elementos indiciarios que permitan suponer la realización de alguna conducta contraventora a la normativa electoral.

3.3. Síntesis de agravios

La pretensión del recurrente es que se revoque el acuerdo de desechamiento emitido por la UTCE y, consecuentemente, se ordene a la autoridad responsable que admita la queja y sustancie el procedimiento especial sancionador.

Así, la litis del presente asunto radica en determinar si fue o no ajustado a Derecho el desechamiento decretado por la responsable. Al respecto, el recurrente hace valer los siguientes agravios:

         La autoridad responsable desechó el escrito de queja a partir de consideraciones de fondo.

         Las expresiones denunciadas razonablemente sí pueden configurar una infracción ante la concurrencia de la calidad a aspirante a la presidencia.

         Falta de exhaustividad e Indebida valoración de la prueba.

CUARTA.

4.1. Decisión de la Sala Superior

Se debe confirmar el acuerdo impugnado, porque (i) la UTCE no realizó un estudio de fondo para desechar la denuncia; (ii) las expresiones no constituyen infracción a la normativa en materia político-electoral; y (iii) la responsable fue exhaustiva y no valoró indebidamente las pruebas aportadas.

El estudio de los planteamientos del recurrente, por cuestión de método, se hará en su conjunto, sin que ello depare perjuicio al recurrente, pues lo que importa es que se analicen en su totalidad.[12]

4.2. Marco jurídico

La Unidad Técnica es la autoridad facultada para sustanciar los procedimientos especiales sancionadores y la Sala Regional Especializada es la autoridad jurisdiccional que analiza, califica y determina si los hechos denunciados constituyen o no una infracción, así como la responsabilidad de los sujetos involucrados y, en su caso, la sanción que corresponda.

Como parte de la sustanciación, la Unidad Técnica podrá decretar el desechamiento de una queja en el procedimiento especial sancionador cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:[13]

         Cuando la queja no reúna los requisitos indicados en el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE;[14]

         Cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

         Cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; y

         Cuando la denuncia sea evidentemente frívola.

Por su parte, el artículo 60, numeral 1 del mismo cuerpo normativo, prevé como causa de desechamiento de la denuncia, entre otras, cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos[15].

El artículo 23, numerales 1 y 2 del aludido Reglamento, dispone que las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

Tratándose del procedimiento especial sancionador, sólo serán admitidas las pruebas documentales y técnicas.

Esta Sala Superior ha considerado[16] que la razonabilidad de estas disposiciones parte de la idea de que todo acto de molestia, como lo es el inicio de un procedimiento sancionador, debe tener una finalidad práctica, esto es, debe existir la posibilidad de que el denunciante obtenga su pretensión.

Por lo que no resultaría válido someter a una persona a algún procedimiento, con las consecuencias que eso implica, si desde un principio resulta que no se aportan pruebas para acreditar la posible existencia de los hechos denunciados, o bien, que los mismos constituyen una infracción a las normas electorales.

En la tesis de jurisprudencia 16/2011[17], esta Sala Superior razonó que en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron.

Además, se debe aportar, por lo menos, un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.

4.3. Caso concreto

a. La UTCE no realizó un estudio de fondo para desechar la denuncia

El recurrente alega que, a lo largo del acuerdo controvertido, la responsable realizó consideraciones de fondo sobre la apariencia de un estudio preliminar para determinar si los hechos y las pruebas aportadas eran de la entidad suficiente para sustentar la investigación de una conducta que presuntamente transgrede la ley electoral.

Señala que esta revisión por parte de la UTCE, no puede llegar al extremo de juzgar sobre la certeza del derecho discutido, ni tampoco de la legalidad o ilegalidad de los hechos motivo de la queja, toda vez que esto es propio de la sentencia de fondo del procedimiento especial sancionador, en la que se realiza un análisis de las normas aplicables, así como una valoración minuciosa, exhaustiva, conjunta y adminiculada de las probanzas allegadas para que se esté en condiciones de determinar si está probada la infracción denunciada y las responsabilidad de los sujetos denunciados.

El concepto de agravio es infundado, dado que el actor parte de una premisa inexacta sobre el alcance que tuvo el análisis preliminar que emprendió la responsable y que llevó a la determinación que ahora controvierte.

En primer lugar, se destaca que la Unidad Técnica sustentó el acuerdo de desechamiento en un análisis preliminar de los hechos denunciados y de los elementos de prueba aportados por el recurrente, sin que se advierta que haya efectuado una valoración de fondo.

Asimismo, cabe señalar que la UTCE llevó a cabo diligencias preliminares de investigación en las que certificó el contenido de los materiales audiovisuales denunciados y requirió tanto a la denunciada como al medio de comunicación en que se realizó la entrevista, sin que se advierta que en la emisión del acuerdo se hubiera realizado algún juicio de valor.

En ese sentido, la UTCE se limitó a precisar los elementos circunstanciales que se deprendían del material probatorio, sin que haya llevado a cabo un estudio particular o pormenorizado de las disposiciones normativas sobre la presunta infracción, así como su actualización al caso concreto.

Así, las conclusiones a las que llegó la UTCE fue con base en el análisis de las pruebas y elementos que recabó de manera preliminar, basándose en la falta de indicios que justificaran la continuación del procedimiento sancionador, para lo cual, entre otras razones, señaló que las expresiones realizadas por la denunciada estaban amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión.

En ese sentido, no pasa desapercibido que el recurrente alega que en el análisis emprendido por la responsable se emiten afirmaciones que, desde su perspectiva, constituyen consideraciones que corresponderían a un auténtico estudio de fondo.

Sin embargo, estos planteamientos, lejos de acreditar su motivo de agravio, evidencian que el análisis realizado por la Unidad Técnica se limitó a ser un estudio preliminar. Por ejemplo: i) que la entrevista y manifestaciones denunciadas fueron producto de una interlocución entre la denunciada y las personas comunicadoras que le realizaron la entrevista; ii) que las temáticas generales abordadas en dicha entrevista corresponden a temas de interés general; iii) que la entrevista se realizó en el marco de la libertad del ejercicio periodístico, sin que exista indicio alguno que lo desvirtúe; o iv) que la denunciada, en desahogo a requerimiento expreso, manifestó no tener vínculo alguno con el usuario del canal de YouTube “Sociedad Civil México”.

Todos estos pronunciamientos, a juicio de esta Sala Superior, no acreditan que el acuerdo de desechamiento haya versado sobre cuestiones de fondo, en la medida en que todas ellas se elaboraron a partir de la aproximación inicial que se tuvo en torno a la problemática planteada, al tenor de las pruebas ofrecidas por el propio denunciante y aquellas recabadas en la instrucción preliminar del asunto. Sin que el recurrente explique en su medio de impugnación, sobre qué indicios es que sostiene que tales determinaciones merecían o involucraban, por parte de la responsable, un análisis ponderado de contradicción de pruebas, lo que sí ocurriría en un estudio propiamente de fondo.

Dicho de otro modo, la UTCE razonó correctamente que las pruebas ofrecidas no resultaron suficientes para evidenciar indicios acerca de una posible violación a la normativa electoral derivado de la entrevista denunciada y su difusión en redes sociales. Mientras que el recurrente, ante esta instancia, insiste en sus planteamientos iniciales sobre que las simples manifestaciones deben ser consideradas como posicionamientos anticipados de campaña por parte de la denunciada.

De tal suerte que la valoración que hizo la UTCE respecto de los hechos denunciados no es una consideración de fondo, sino un pronunciamiento preliminar de que no se contaba con indicios suficientes para iniciar un procedimiento especial sancionador.

Por lo anterior, se considera que el acuerdo objeto de impugnación se encuentra debidamente ajustado a derecho, en la medida en que su contenido coincide con las facultades regladas que tiene la Unidad Técnica para determinar la procedencia de una queja y, en su caso, desecharla sin prevención alguna, en términos de lo previsto en los artículos 471, párrafo 5, incisos b) y c) de la LGIPE y 10, párrafo primero, fracción V, en relación con el artículo 60, párrafo 1, fracciones I, II y III del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

4.2. Las expresiones denunciadas razonablemente sí pueden constituir infracción ante la concurrencia de la calidad a aspirante a la presidencia

A decir del actor, del análisis contextual e integral de las circunstancias que rodean las expresiones realizadas, estas sí podrían configurar razonablemente una infracción en la materia, ya que el recurrente hizo el señalamiento de expresiones proselitistas con independencia del formato en el que se emitieron, las cuales forman parte de una estrategia sistemática de posicionamiento ante la ciudadanía en general.

Refiere que existe una indebida motivación, ya que se acreditó la discordancia ente la normativa y las razones por las que la UTCE determinó el desechamiento de la denuncia.

Señala que la protección a la labor periodística que aduce la responsable para justificar su desechamiento únicamente operaria para desvirtuar la presunta contratación de tiempos en radio como ilícito electoral, pero no así para verificar la legalidad o no de las expresiones realizadas por la precandidata durante la entrevista denunciada, como posibles constitutivas de actos anticipados de campaña.

Esta Sala Superior califica dicho agravio como infundado en virtud de que, si bien el recurrente refiere que existe una discordancia en la motivación expuesta por la UTCE y el fundamento normativo que provocó el desechamiento de la denuncia, lo cierto es que es jurídicamente correcto que la responsable haya valorado la presunción de licitud de la labor periodística para emprender su análisis preliminar, de conformidad con el criterio sustentado por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 15/2018.[18]

Lo anterior, porque con independencia de que la queja verse sobre expresiones o manifestaciones que emitió la precandidata denunciada y no sobre la legitimidad de la labor periodística que se encontraban desempeñando las personas comunicadoras y entrevistadoras, lo cierto es que ello no impide que la responsable pueda analizar, en un estudio preliminar, el contexto específico en el que se emitieron tales frases, a fin de determinar si existen indicios suficientes para suponer que lo expresado por la denunciada se aparta de la naturaleza de esta clase de ejercicios periodísticos.

De tal suerte que, contrario a lo que supone el inconforme, aportar elementos que, aunque sea de manera indiciaria, permitieran suponer que el ejercicio periodístico denunciado se alejaba de esta autenticidad y espontaneidad en el diálogo emprendido entre comunicadores y entrevistada sí resultaba exigible, a fin de poder considerar que la entrevista y las expresiones ahí vertidas se encontraban fuera de toda cobertura o presunción de legitimidad.

Adicionalmente, también se considera que el agravio esgrimido sobre este particular deviene inoperante, en virtud de que el recurrente se limita a reiterar el análisis sugerido de las expresiones que considera vulneran la normativa electoral en su escrito de queja primigenio. Lo cual ya fue motivo de análisis por la Unidad Técnica al dictar el desechamiento de su queja, sin que el inconforme combata de manera frontal tales consideraciones, precisamente porque pretende que la presunción de licitud de la labor periodística se considere desvirtuada, sin esgrimir argumento o señalar prueba alguna que pueda dar sustento a tal pretensión.

Sobre este punto, esta Sala Superior ha sostenido que los conceptos de agravio deben estar encaminados a controvertir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver.

Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, en caso de no hacerlo así, sus agravios se calificarán como inoperantes, porque no controvierten en sus puntos esenciales las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado[19].

En este caso, como ya se mencionó, el actor no expresa por qué los hechos objeto de la denuncia sí pueden dar lugar a una vulneración a la normativa electoral o el contenido del audiovisual y las manifestaciones no fueron expresiones espontáneas de las personas que las hicieron, limitándose a sostener que la responsable no atendió de forma contextual las expresiones materia de denuncia y la supuesta intención de la denunciada de posicionarse como candidata. Pero sin que con esto desvirtúe lo sostenido por la UTCE al momento de analizar estos mismos argumentos que fueron expresados desde el escrito de queja primigenio.

Misma ineficacia de la que adolece el apartado de su demanda, consistente en una mera transcripción de extractos de las manifestaciones denunciadas, las que solicita sean valoradas a partir de apreciaciones subjetivas, pues con ello no logra derrotar las consideraciones de la responsable.

4.3 Falta de exhaustividad e indebida valoración probatoria

En diversa alegación el recurrente refiere que la responsable determinó la improcedencia del escrito de queja, al tratarse de un ejercicio realizado bajo el manto protector de la libertad periodística en el que la autoridad estableció que la presunción de licitud, lo que solo podía ser superado cuando existiera prueba en contrario.

Expone que la razón principal del desechamiento es que de un análisis preliminar de los hechos no se advierte algún tipo de infracción a la normativa electoral por parte de la denunciada, ya que solo respondió a los cuestionamientos de las personas que conducen el programa.

En ese sentido, sostiene que el acuerdo carece de exhaustividad al omitir valorar la ilicitud de las expresiones claramente señaladas en la queja y al no haber realizado una inferencia lógica de la probable infracción y de la responsabilidad de la precandidata.

Por tanto, señala que la responsable indebidamente concluye que no se aportaron pruebas eficaces e idóneas para acreditar la posible existencia de los hechos denunciados, aun cuando, a juicio del recurrente, en el escrito se anexaron dos enlaces con el material denunciado, cumpliendo con los requisitos de eficacia e idoneidad para evidenciar las infracciones que denuncia.

Al respecto, se considera que este concepto de agravio es infundado e inoperante.

Infundado, porque previo a determinar el desechamiento de la queja, la responsable sí realizó diligencias de investigación y certificó el contenido de las ligas que aportó el denunciante como medios de prueba, lo que a la postre le sirvió para emprender el análisis preliminar que hoy es motivo de controversia.

Por otro lado, este Tribunal Electoral considera que el hecho de que la responsable no se haya pronunciado de manera específica sobre las expresiones expuestas por el denunciante en su escrito de queja tampoco es suficiente para cambiar el sentido de la determinación combatida ni tampoco vulnera el principio de exhaustividad.

Precisamente, porque en esta primera aproximación preliminar de los hechos y conductas denunciadas, la autoridad responsable se limitó a verificar si existían mínimos indicios para suponer la probable comisión de algún ilícito electoral, concluyendo que de su simple visualización y de un estudio preliminar de las pruebas aportadas, las manifestaciones materia de queja se habían llevado a cabo en el marco del ejercicio periodístico.

Lo anterior, es congruente con lo reiterado por esta Sala Superior en el sentido de que la labor periodística goza de una protección especial que supone, en principio, una amplia libertad de expresión —incluida la de prensa— para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio con la garantía de que no serán sometidos a procedimientos sancionatorios por el ejercicio de esa libertad, salvo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente.

Ello se traduce en que, en materia de procedimientos especiales sancionadores, la autoridad administrativa adopte una especial diligencia al analizar las denuncias presentadas que involucren el ejercicio de la labor periodística a fin de evitar que, el mero inicio del procedimiento pudiera implicar un mecanismo de inhibición de la actividad periodística o una forma de censura indirecta.

En tal virtud, la facultad de la Unidad Técnica para desechar las quejas que son sometidas a su conocimiento, debe ejercerse en la lógica de las medidas especiales de protección a la actividad periodística, a partir de un análisis más riguroso de las conductas denunciadas y, en su caso, de los elementos de prueba, a fin de evitar el inicio de un procedimiento de forma injustificada en casos como en el que ahora se estudia, en los cuales se denuncia una actividad que, en principio, se presume como periodística, dado el formato en que se difunde y considerando que el contenido está relacionado con temas de interés general, en el contexto social y político del país.

En ese sentido, conforme al principio dispositivo y las circunstancias particulares del caso, este órgano jurisdiccional considera que la parte recurrente estaba obligada a aportar pruebas o indicios adicionales que soportaran la razón de su dicho para el inicio legal y justificado de un procedimiento especial sancionador, en tanto que constituye un acto de molestia hacia la persona denunciada, la que debe de tener la posibilidad de defenderse adecuadamente.[20]

Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los agravios del recurrente procede confirmar el acuerdo reclamado.

Por lo expuesto y fundado, se aprueba el siguiente

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron electrónicamente las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

—ANEXO ÚNICO—

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.