RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-319/2022 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: RADIO TRIUNFOS, S.A. DE C.V. Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIADO: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS, JAIME ARTURO ORGANISTA MONDRAGÓN, BENITO TOMÁS TOLEDO Y FERNANDO ANSELMO ESPAÑA GARCÍA

Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintidós[1].

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] emite sentencia en el sentido de revocar parcialmente la resolución dictada en el expediente SRE- PSC-62/2022.

ANTECEDENTES

1. Proceso electoral 2020-2021. El siete de septiembre de dos mil veinte, inició el proceso electoral federal 2020-2021, para la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Asimismo, en diversas fechas —entre septiembre de dos mil veinte y enero de dos mil veintiuno— iniciaron los procesos electorales locales en distintas entidades federativas, para la elección de cargos locales. En todos los casos, la jornada electoral se realizó el seis de junio de dos mil veintiuno.

2. Denuncias. El dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Partido Acción Nacional[3] presentó quejas en contra del Presidente de la República, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivado de diversas manifestaciones que efectuó durante las conferencias de prensa matutinas conocidas como “mañaneras” celebradas durante la etapa de campaña del entonces proceso federal[4].

El veintitrés de junio, la autoridad instructora acordó la acumulación de diversas quejas presentadas por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ante diferentes juntas distritales y locales del Instituto Nacional Electoral[5], en las que denunciaron los mismos hechos.

3. Medidas cautelares. En su oportunidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del referido Instituto declaró la procedencia de la medida cautelar solicitada bajo la figura de tutela preventiva, a fin de que el Presidente de la República se abstuviera de realizar manifestaciones o emitir comentarios que constituyeran propaganda gubernamental o información dirigida a influir en las preferencias electorales[6]. Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior[7].

4. Sentencia impugnada. El doce de mayo del año en curso, la Sala Regional Especializada dictó sentencia en el expediente SRE-PSC-62/2022 en la cual determinó, entre otras cuestiones,  la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, atribuida al presidente de la República, al Titular de Comunicación Social y Vocería de la Oficina de la Presidencia de la República, así como al Titular del Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales; la vulneración al principio de imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos por parte de los citados servidores públicos.

Asimismo, determinó la existencia de la vulneración al modelo de comunicación política por parte de diversas emisoras de radio y televisión, al acreditarse que difundieron las conferencias de prensa denunciadas, por lo que les impuso sendas multas.

5. Recursos de revisión. El diecinueve, veinte y veintitrés de mayo, diversas concesionarias, emisoras y servidores públicos presentaron demandas de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para impugnar la referida sentencia.

6. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, se acordó integrar los expedientes siguientes:

Asimismo, se determinó turnarlos a la Ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó los expedientes, admitió las demandas procedentes y, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia.

8. Engrose. En sesión pública de seis de julio, la mayoría del Pleno de la Sala Superior rechazó el proyecto presentado por el magistrado instructor y se encargó la elaboración del engrose a la magistrada Janine M. Otálora Malassis.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación por tratarse de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, a través de los cuales se impugna una sentencia de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral[8].

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión por videoconferencia. Esta Sala Superior emitió el acuerdo 8/2020[9] en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta; en ese sentido, se justifica la resolución del medio de impugnación de manera no presencial.

TERCERA. Acumulación. De la lectura integral de las demandas, se advierte que, en todos los casos se impugna la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-62/2022.

En ese sentido, al haber conexidad en la causa, dada la coincidencia tanto del acto impugnado como de la autoridad responsable, lo procedente es decretar la acumulación[10] de los expedientes SUP-REP-323/2022, SUP-REP- 327/2022, SUP-REP-328/2022, SUP-REP-330/2022, SUP-REP- 331/2022, SUP-REP-332/2022, SUP-REP-333/2022, SUP-REP- 335/2022, SUP-REP-336/2022, SUP-REP-337/2022, SUP-REP- 340/2022, SUP-REP-342/2022, SUP-REP-343/2022, SUP-REP- 344/2022, SUP-REP-352/2022, SUP-REP-353/2022, SUP-REP- 354/2022, SUP-REP-359/2022 y SUP-REP-361/2022 al diverso SUP-REP-319/2022, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria, a los autos de los expedientes acumulados.

CUARTA. Improcedencia.

1. Falta de firma autógrafa

Esta Sala Superior considera que el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-331/2022 es improcedente, porque la demanda respectiva carece de firma autógrafa.

De conformidad con los artículos 3 y 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, los medios de impugnación deben cumplir, entre otros requisitos, con la firma autógrafa del promovente, por lo que, en caso de incumplir con tal exigencia, procede desechar de plano.

Al respecto, esta Sala Superior ha considerado que la firma autógrafa es un requisito formal indispensable de validez del medio de impugnación, cuya finalidad es el dar certeza y autenticidad al escrito de demanda e identificar al autor o suscriptor de ésta.

Ello, porque la firma representa la forma idónea de vincular al actor o actora con el acto jurídico contenido en el documento, cuya carencia constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer la relación jurídica procesal.

Ahora bien, esta Sala Superior ha desarrollado instrumentos que hacen posible el acceso a la ciudadanía a los medios de impugnación extraordinarios, competencia de este Tribunal Electoral, a través de métodos alternos a la presentación física o la comparecencia directa exigida para realizar las actuaciones procesales.

En este contexto, la interposición de los medios de impugnación debe ajustarse a las reglas procedimentales previstas en la ley, las cuales permiten presumir, entre otras cosas, la auténtica voluntad de las partes para comparecer en juicio.

Ahora, respecto a la remisión de demandas a través de medios electrónicos, como el correo, en las que se trata de archivos con documentos en formatos digitalizados, que al momento de imprimirse e integrarse al expediente, evidentemente no cuentan con la firma autógrafa de puño y letra de los promoventes; esta Sala Superior ha definido una línea jurisprudencial sólida por cuanto a la improcedencia de los medios de impugnación y el desechamiento de las demandas presentadas con tales características.

Incluso, este órgano jurisdiccional ha sustentado que, el hecho de que en el documento digitalizado se aprecie una firma que aparentemente haya sido consignada en el original, no es suficiente para acreditar la autenticidad de la voluntad de ejercer el derecho de acción por parte del promovente, toda vez que el sistema de medios de impugnación vigente no contempla la promoción o interposición por medios electrónicos, ni mecanismos que permitan autentificar la voluntad de los accionantes.

En el caso, de las constancias electrónicas que obran en el expediente se observa que:

         La demanda contiene la firma, aparentemente de José Luis López Contreras, con el carácter de representante legal de la concesionaria Gobierno del Estado de Morelos[11], ya que se trata de un escrito digitalizado (escaneado).

         La demanda se presentó vía correo electrónico en la cuenta cumplimiento.salaesp@te.gob.mx, proveniente de la cuenta radiotvmorelos@yahoo.com, acompañada de tres documentos en formato “pdf”.

De ahí que, el expediente del medio de impugnación identificado con la clave SUP-REP-331/2022 se integró con una impresión del correo electrónico, los archivos adjuntados y la documentación que adjuntó la Sala Regional Especializada.

Por lo tanto, ante la ausencia del elemento que exige la legislación para corroborar la identidad y voluntad de los promoventes de los medios de impugnación en la materia, que es la firma de puño y letra en la demanda, no existen elementos que permitan verificar que los archivos recibidos por correo electrónico, efectivamente correspondan a una impugnación promovida por el representante legal de la concesionaria del Gobierno del Estado de Morelos para controvertir la sentencia SRE-PSC-62/2022, emitida por la Sala Especializada.

Por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda.

2. Extemporaneidad

Los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-342/2022, SUP-REP-343/2022 y SUP-REP-344/2022 son improcedentes, porque la presentación de las demandas no fue oportuna.

Conforme con lo previsto en los artículos 109, párrafo 3, relacionados con los diversos 8 y 9, todos de la Ley de Medios, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador debe promoverse ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución impugnada.

Por su parte, en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), del mismo ordenamiento, se dispone que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretendan impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido expresamente, como aquéllos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación dentro de los plazos señalados en la Ley.

Asimismo, en los artículos 7, párrafo 1 y 8, párrafo 1, de la Ley de Medios, se establece que: i) Durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles; y ii) Los medios de impugnación deberán ser interpuestos dentro del plazo legal respectivo, contado a partir del siguiente en que el actor tuvo conocimiento del acto o resolución reclamado o que el mismo le fuese notificado conforme a la legislación aplicable.

Así, el cómputo del plazo legal para la presentación de estos medios inicia a partir de que el promovente haya tenido conocimiento del acto o resolución que se pretenda controvertir, ya sea que ello derive de una notificación formal o de alguna otra fuente de conocimiento.

En el caso, los recurrentes controvierten la sentencia SRE-PSC- 62/2022 dictada por la Sala Regional Especializada, de tal manera que el plazo que les resulta aplicable para la interposición de su demanda es de tres días contados a partir del día siguiente al que se haya notificado la sentencia mencionada.

Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que la sentencia reclamada les fue notificada personalmente a los recurrentes, conforme a lo siguiente:

En ese tenor, toda vez que la sentencia les fue notificada el dieciséis de mayo, el plazo para la impugnación oportuna transcurrió del diecisiete al diecinueve del citado mes.

Así las cosas, como las demandas se presentaron el veinte de mayo, resulta evidente que ello aconteció fuera del plazo legalmente establecido.

QUINTA. Requisitos de procedencia.

Los restantes medios de impugnación satisfacen los requisitos previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 109 y 110, de la Ley de Medios, según se expone a continuación.

1. Forma. En el escrito de demanda se precisó el órgano responsable, la resolución impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuenta con firma autógrafa.

2. Oportunidad. Los recursos se presentaron de manera oportuna, porque la sentencia impugnada se emitió el doce de mayo, y se notificó a los promoventes en diversas fechas, en tanto que, los medios de impugnación se presentaron dentro del plazo legal de tres días, como se muestra en el siguiente cuadro.

Por lo que respecta al recurso SUP-REP-361/2022, se advierte que la demanda se presentó el diecinueve de mayo de la presente anualidad, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos.

Empero, de acuerdo con la jurisprudencia 14/2011, de rubro PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. EL CÓMPUTO SE INTERRUMPE AL PRESENTAR LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE EN AUXILIO NOTIFICÓ EL ACTO IMPUGNADO, se justifica la interrupción del plazo para impugnar porque la citada Junta local auxilió en la notificación de la sentencia controvertida, de ahí que se considere que el recurso se presentó de forma oportuna.

3. Legitimación y personería. Los requisitos se encuentran satisfechos porque las demandas fueron interpuestas por los representantes legales de las partes recurrentes, personerías que son reconocidas por la responsable en su informe circunstanciado, o bien, se acreditan con la documentación que se acompañó en las demandas.

4. Interés jurídico. Los promoventes acreditan el interés jurídico, porque fueron considerados como sujetos responsables por la Sala Regional Especializada en la sentencia impugnada y, en su caso, recibieron una sanción. Por lo tanto, acuden para que dicha determinación, que consideran contraria a Derecho sea revisada por esta máxima instancia jurisdiccional en materia electoral.

5. Definitividad. Se cumple con esta exigencia, porque el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es el único medio de impugnación procedente para controvertir las sentencias de la Sala Especializada.

SEXTA. Síntesis de la resolución reclamada y de los conceptos de violación. Con la finalidad de exponer la controversia planteada a este Tribunal Electoral es necesario precisar las razones adoptadas por el órgano responsable, así como los motivos de disenso expuestos por la parte actora en la presente instancia.

1. Síntesis de resolución reclamada

En el contexto del caso, los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron diversas denuncias en contra del presidente de la República, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido −etapa de campañas del proceso electoral federal y concurrentes 2020-2021−, derivado de comentarios, opiniones y manifestaciones que efectuó en varias conferencias de prensa conocidas como “mañaneras”.

En concepto de los denunciantes, a través de sus conferencias, el presidente difundió logros de gobierno, programas sociales y acciones diversas a las permitidas en la Ley, además utilizó una estrategia para poner en conocimiento de la ciudadanía expresiones de carácter político-electoral, logrando así un posicionamiento del partido MORENA y de la imagen del referido servidor público durante los mencionados procesos comiciales.

La Sala Regional Especializada, entre otras cuestiones, tuvo por acreditadas las infracciones siguientes:

Difusión de propaganda gubernamental en el periodo prohibido del proceso electoral federal y concurrentes 2020-2021, con lo cual determinó que el presidente de la República transgredió los principios de neutralidad e imparcialidad, porque con las expresiones que emitió en las conferencias materia de litis destacó logros de gobierno y programas sociales generados en su administración, que tuvieron como fin mejorar y posicionar la percepción de la ciudadanía respecto al gobierno actual.

Determinó la existencia de las infracciones atribuidas al Coordinador General de Comunicación Social y Vocería de la Oficina de la Presidencia de la República, así como al Titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, órgano administrativo desconcentrado, adscrito a la citada oficina, por su participación en la difusión de las referidas conferencias de prensa.

Uso indebido de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad por parte de los aludidos servidores públicos, así como a las concesionarias que son de carácter público.

Vulneración al modelo de comunicación política por parte de diversas emisoras de radio y televisión, derivado de que difundieron las expresiones del titular del ejecutivo federal que constituyeron propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Derivado de lo anterior, determinó dar vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia de la Republica, para que resolviera lo conducente respecto de las infracciones que quedaron acreditadas por parte de los servidores públicos mencionados.

Asimismo, al tener por acreditado el uso indebido de recursos públicos por parte de las concesionarias de radio y televisión que son de carácter público, procedió a individualizar la sanción y les impuso las multas correspondientes, vinculando a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento del pago de estas.

Finalmente, ordenó registrar a las personas y concesionarias señaladas en la sentencia dentro del catálogo de sujetos sancionados de la propia Sala Regional Especializada.

2. Síntesis de motivos de inconformidad

Esta Sala Superior ha considerado que para tener por configurados los agravios basta la causa de pedir[15].

De la demanda se identifican las siguientes temáticas generales de motivos de disenso:

         Infracción por difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

         Infracción por uso indebido de recursos públicos.

         Violación al principio de non bis in idem.

         Vistas ordenadas.

         Inclusión en el catálogo de personas infractoras.

SÉPTIMA. Estudio de fondo

1. Planteamiento del caso

La pretensión de la parte actora es que se revoque la resolución impugnada, se les exima de toda responsabilidad y, en su caso, se revoquen las sanciones que les fueron impuestas, con base en las temáticas de agravio que plantean.

Para sustentar dicha pretensión hacen valer diversos planteamientos que, esencialmente, combaten la conclusión de la responsable de tener por configuradas las faltas, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la determinación de las diversas consecuencias aplicables.

La cuestión por resolver consiste en determinar si fue correcto el actuar de la Sala Especializada al determinar la actualización de la infracción y, en su caso, imponer la respectiva sanción.

En los apartados subsecuentes se dará respuesta a cada disenso propuesto por las partes recurrentes, agrupados conforme a los tópicos antes apuntados, al ser coincidentes muchos de los argumentos presentados en las demandas, sin que ello implique alguna afectación a sus derechos, pues lo importante es que se analicen todos sus motivos de agravio de conformidad con lo previsto en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

2. Estudio de los agravios.

A. Infracción por difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Sobre la determinación de la infracción de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido de los procesos electorales 2020-2021, los recurrentes argumentan diversos planteamientos que pueden ser englobados en las temáticas que a continuación se exponen:

         Omisión de valorar los alegatos sobre indebido emplazamiento

         Determinación respecto del concepto de propaganda gubernamental.

         Valoración del contenido de las conferencias denunciadas.

         Análisis de la responsabilidad de la Vocería del Gobierno de la República.

         Análisis de la responsabilidad de las concesionarias.

         Fundamentación en lineamientos no vigentes.

         Parcialidad de la autoridad responsable.

Por cuestión de método, en los subapartados siguientes se da respuesta conjunta a los planteamientos formulados por los recurrentes, conforme a los tópicos señalados.

a) Omisión de valorar los alegatos sobre indebido emplazamiento.

La parte recurrente[16] aduce que la responsable no analizó los alegatos que expresó en el escrito de comparecencia, en concreto, que la fundamentación y motivación del emplazamiento era incorrecta, porque las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias supuestamente violadas no aplican durante el periodo de consulta popular , sino únicamente en los procesos y campañas electorales.

El agravio es inoperante, porque los hechos denunciados no se vincularon con la posible afectación a algún proceso de consulta popular, sino a los procesos electorales federal y locales celebrados en 2020-2021.

Además, es importante señalar que en este asunto se denunció la difusión de propaganda gubernamental durante las conferencias de prensa matutinas conocidas como “mañaneras” celebradas entre el cinco de abril y el dos de junio de dos mil veintiuno, pero la recurrente pretende evidenciar que no incurrió en ninguna irregularidad por haber transmitido la conferencia matutina del diecinueve de julio de dicha anualidad. De ahí que, para este órgano jurisdiccional, los argumentos de la parte accionante no se encuentren encaminados a controvertir las consideraciones de la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-62/2022.

Robustece lo anterior, el hecho de que en la demanda refiera que el emplazamiento que estima ilegal se dictó en el procedimiento UT/SCG/PE/CG/355/2021, mismo que no corresponde a los que se integraron con motivo de los hechos denunciados en el asunto que nos ocupa[17].

b) Determinación respecto del concepto de propaganda gubernamental.

Los recurrentes[18] refieren que la responsable no atendió el argumento central que presentaron en sus escritos de alegatos, durante la sustanciación del procedimiento, respecto a qué tipo de comunicación gubernamental se encuentra restringida durante los periodos de campañas electorales.

El planteamiento es infundado.

Las actoras sostienen que la Sala Especializada no atendió los planteamientos presentados en los escritos de comparecencia, relativos a que, en el caso, no se incurría en ninguna infracción, pues conforme a la Ley General de Comunicación Social la única propaganda que debe suspenderse durante los procesos electorales son las campañas de comunicación social pagadas con recursos públicos, ello, conforme a lo previsto en los artículos  7 y 10 de la Ley General de Comunicación Social, que se refiere solo a las “campañas de comunicación social”.

Lo infundado estriba en que la autoridad sí tuvo en consideración dicho alegato, y al respecto sostuvo lo siguiente.

Consideró, esencialmente, que el artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público.

Asimismo, que el artículo 209, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social contienen la prohibición constitucional antes referida.

Y si bien, la Constitución, la Ley Electoral y la Ley General de Comunicación Social no definen qué se debe entender por propaganda gubernamental, lo cierto es que la Sala Superior ha desarrollado su concepto y sus características.

Conforme a ello, la noción de “propaganda gubernamental”, en materia electoral, implica toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia.

Así las cosas, este órgano jurisdiccional considera que no asiste razón a los recurrentes, cuando aseveran que la responsable no consideró sus alegatos, pues si bien la Sala Especializada no hizo un señalamiento expreso de que estaba dando contestación a sus planteamientos, se advierte que, con las consideraciones antes reseñadas, la responsable abordó el tema central del argumento presentado.

Aunado, esta Sala Superior advierte que los recurrentes parten del supuesto inexacto de que la prohibición para difundir propaganda gubernamental durante los procesos electorales se refiere únicamente a las campañas de publicidad oficial pagadas con recursos públicos; sin embargo, la prohibición prevista en el artículo 41 constitucional, abarca todo tipo de propaganda gubernamental, emitida por cualquier ente de gobierno o servidor público, salvo las excepciones expresamente señaladas en el citado precepto constitucional (salud, educación y protección civil).

De lo anterior, se advierte que existe una limitante constitucional prevista por el Poder Reformador Permanente, con la finalidad de generar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda decidir el sentido de su voto con plena libertad, en un entorno libre de toda influencia mediática derivada de la difusión de cualquier tipo de propaganda gubernamental, para evitar que las autoridades puedan generar un efecto que incida en la deliberación del voto de la ciudadanía.

Por tanto, el que la Ley General de Comunicación Social contenga la definición del concepto de “campañas de comunicación” no resta de efectos y alcances a la restricción constitucional respecto de la difusión de propaganda gubernamental, entendida esta como los actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, expresiones y proyecciones, que llevan a cabo las servidoras o servidores públicos o entidades públicas de todos los niveles de gobierno, que tenga como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno[19].

c) Valoración del contenido de las conferencias.

Los recurrentes[20] aducen que la Sala Especializada no fue exhaustiva, dado que dejó de examinar integralmente cada uno de los mensajes emitidos por el presidente en las conferencias denunciadas. Asimismo, refieren que dejó de analizar las pruebas aportadas.

Además, argumentan que las manifestaciones del presidente que se transmitieron no constituyeron propaganda gubernamental o, en todo caso, se refirió a supuestos comprendidos en la excepción prevista en la Constitución.

Los planteamientos son infundados e inoperantes.

En efecto, contrario a lo que señalan los recurrentes, en la sentencia impugnada sí se indicaron cuáles eran las expresiones que se consideraban como propaganda gubernamental, y cuáles correspondían a cada una de las emisoras. Asimismo, se indicó por qué las expresiones implicaban propaganda gubernamental.

En efecto, conforme al Anexo 3 de la sentencia reclamada, la Sala Especializada trascribió la totalidad de las expresiones y destacó aquellas que consideraba que configuraban propaganda gubernamental, señalando el tipo de mensaje que estimaba se transmitía.

Lo anterior, permite ver la correlación que existe entre las expresiones que se hubieran transmitido y las temáticas que se estimaron infractoras de la normatividad electoral.

A partir de lo expuesto, se observa que la responsable sí analizó la totalidad de las manifestaciones, por lo que los recurrentes estaban en aptitud de conocer cuáles expresiones y por qué razones se estimaron contraventoras de las normas.

Ahora, en relación con la presunta omisión de valoración del caudal probatorio, el planteamiento deviene inoperante dado que las partes recurrentes dejan de expresar cuáles fueron las pruebas cuyo análisis obvió la responsable y cómo habría cambiado el resultado o la conclusión a la que se arribó en la sentencia.

d) Análisis de la responsabilidad de funcionarios públicos.

El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República señala que la responsable determinó de manera unilateral y sin fundamentación ni motivación alguna su responsabilidad por la supuesta difusión de propaganda gubernamental, omitiendo considerar que no cuenta con atribuciones y medios para intervenir en el contenido de los mensajes y material que se utiliza en las conferencias de prensa.

De ahí que, en su concepto, no podía considerársele responsable por el hecho de que se encarga de la logística para llevar a cabo las conferencias de prensa del Ejecutivo Federal, pues ello implicó confundir difusión con producción audiovisual.

Sobre esa base, refiere que operaba a su favor el principio de presunción de inocencia y que, al considerarlo responsable, la Sala Especializada se apartó del criterio sostenido en el expediente SUP-REP-37/2019.

Por otra parte, tanto la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República como el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, argumentan que guardan una relación de subordinación jerárquica con la Oficina de la Presidencia de la República, de forma que la labor que realizan se encuentra supeditada a la cadena de mando que encabeza el presidente.

De ahí que, a su juicio, no debió habérseles imputado responsabilidad alguna, dado que su actuación se limitó a observar los mandatos de un superior jerárquico, por lo que la determinación de la responsable, implícitamente, impone una cláusula habilitante para inobservar el diseño de jerarquía dentro de la administración pública federal.

Los agravios son infundados, con sustento en las siguientes consideraciones.

El artículo 471, párrafo 3, de la Ley General Electoral establece que la denuncia debe reunir, entre otros, el requisito de ofrecer y exhibir las pruebas correspondientes y esta Sala Superior ha sostenido que la carga de las pruebas le corresponde a quien denuncia[21], y es su deber aportarlas desde la presentación de la queja.

En el caso, se advierte que los partidos denunciantes aportaron pruebas para acreditar las manifestaciones que le atribuyeron al presidente de la República durante la transmisión de las conferencias de prensa denunciadas y, a partir de ello, la autoridad instructora desplegó una investigación mediante la certificación de las conferencias señaladas en la queja y realizó diversas diligencias para recabar información relacionada con la organización y difusión de las conferencias de prensa, las cuales consistieron en documentales públicas y privadas.

Del análisis de dichas pruebas y, una vez que se tuvo por acreditada la existencia de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, la responsable consideró que el área a cargo del recurrente se encargó de la logística para llevar a cabo las conferencias de prensa denunciadas, reconociendo que no se advirtió que dicha unidad administrativa hubiera tenido intervención en el contenido de los mensajes.

Asimismo, puntualizó que la Coordinación de Comunicación Social se encarga de dirigir la estrategia de comunicación social de la Oficina de la Presidencia, así como administrar sus plataformas oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IX, del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.

Sobre esa base, concluyó que dicha coordinación tenía la obligación de revisar y verificar que la información que se iba a difundir en las plataformas de redes sociales de la Presidencia no tuviera propaganda gubernamental prohibida o declaraciones que implicaran una violación a los principios de imparcialidad y equidad, lo que no ocurrió en el caso.

Derivado de lo anterior, la responsable arribó a la conclusión de que, como el Coordinador de Comunicación Social era el responsable del área que tiene a su cargo la administración de las plataformas digitales oficiales a través de las cuales se difundió la propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneró lo dispuesto en el artículo 41, Base III, apartado C, y 134, párrafo séptimo, de la Constitución.

Esta Sala Superior considera infundado cuando el recurrente aduce que la Sala Especializada lo consideró responsable de manera unilateral y sin fundar ni motivar dicha determinación, pues como se ha expuesto, la responsable expuso las razones y motivos por los cuales arribó a la conclusión anotada.

Cabe destacar que la responsable llegó a la mencionada decisión, a partir del análisis de las funciones que el recurrente tiene normativamente. Al respecto, es de tenerse presente que como las atribuciones de los servidores públicos están previstas en la ley, no requieren ser acreditadas, de conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, que establece que no son objeto de prueba, entre otros, el Derecho.

Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que la responsabilidad del accionante estuvo debidamente fundada y motivada y que, por tanto, el actuar de la Sala Especializada se ajustó a Derecho.

En otro orden, resulta inoperante el reclamo respecto a que la responsable se apartó del criterio sostenido en el expediente SUP-REP-37/2019, ya que, por una parte los recurrentes no señalan en qué aspecto resultaba aplicable y, por otra, se advierte que en dicho precedente se analizó un promocional que era parte de la comunicación social de la Secretaría de Turismo, y por lo cual, se atribuyó la responsabilidad en las conductas infractoras al Secretario de Turismo y al Director de Comunicación Social de dicha dependencia, ello a partir del propio contexto normativo y fáctico del caso, sin que se aprecie un cambio de criterio con respecto al presente asunto.

Ahora, respecto a la presunta creación de una cláusula que convalida el desacato dentro de la administración pública federal, lo infundado del disenso estriba en que ninguna actuación pública está exenta del cumplimiento de los límites impuestos por la Constitución, ya que ni la supuesta obediencia jerárquica, ni el ejercicio de facultades legales puede estar por encima de la observancia de los principios constitucionales.

La sentencia reclamada no constituye ninguna habilitación para que se rompa con la jerarquía u obediencia administrativa, puesto que en dicha resolución se precisó que, si bien las labores que realizaban los entes gubernamentales eran válidas y necesarias, en el caso particular, se estimó quebrantado el deber de cuidado por no realizarse las acciones tendentes a evitar la vulneración de los principios constitucionales.

En este sentido, el actuar público debe tener lugar dentro del marco constitucional y legal de manera simultánea, sin que el cumplimiento de uno exente del cumplimiento del otro en todos los casos.

Similar criterio adoptó este órgano jurisdiccional en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-385/2021 y acumulado, SUP-REP-358/2021 y acumulados, SUP-REP- 312/2021 y acumulados, y SUP-REP-243/2021.

e) Análisis de la responsabilidad de las concesionarias

-          Consideraciones de la responsable.

Respecto al tópico en análisis, la Sala Especializada tuvo por acreditada la vulneración al modelo de comunicación política por parte de las concesionarias recurrentes, por haber transmitido de manera parcial o total las conferencias matutinas del presidente de la República, en las que se difundió propaganda gubernamental.

En efecto, la autoridad responsable consideró que, por el solo hecho de haber transmitido las conferencias matutinas con propaganda gubernamental durante la campaña electoral federal y de algunas entidades federativas, las concesionarias correspondientes habían incurrido en una infracción a la normativa electoral.

Para sustentar lo anterior, la Sala Especializada estimó que, de acuerdo con lo resuelto por esta Sala Superior en los diversos expedientes SUP-REP-139/2019 y acumulados, dadas las características de las conferencias matutinas al tratarse de transmisiones en vivo en las que se abordan contenidos varios, las concesionarias que opten por transmitir esos contenidos en entidades en las que se celebren procesos electorales, incurren en un alto riesgo de transgredir lo previsto por el artículo 41 constitucional y, por tanto, que su conducta sea sancionable en términos de las normas electorales aplicables.

Asimismo, consideró que lo anterior no implicaba un acto de censura previa ni alguna restricción a la libertad de expresión o información, sino el reconocimiento de que dichos ejercicios comunicativos, en principio amparados en la libertad de expresión, eventualmente podían propiciar la vulneración de las disposiciones constitucionales en materia de difusión de propaganda gubernamental.

Con base en ello, determinó que, de acuerdo con los criterios de la Sala Superior, era elección de las concesionarias de radio y televisión la transmisión de las conferencias matutinas del presidente o de ejercicios de comunicación gubernamental con características similares; no obstante, que, debido a su contenido, era posible que se actualizara el incumplimiento a algunas de las normas previstas en materia electoral, como las reglas de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial.

Como se ve, la Sala Especializada basó su decisión de tener por configurada la infracción e imponer las respectivas sanciones a las concesionarias recurrentes (entre otras), en lo presuntamente sostenido por esta Sala Superior en el SUP-REP-139/2019 y acumulados, concluyendo que, a partir de dicho precedente, las concesionarias de radio y televisión incurren en una vulneración al modelo de comunicación política, cuando transmiten las conferencias matutinas del presidente de la república, que contienen propaganda gubernamental en periodo de campañas electorales.

-          Agravios.

La parte recurrente aduce que la Sala Regional Especializada dejó de analizar todas las circunstancias que confluyen en la transmisión de las conferencias matutinas del presidente, como lo son los derechos de las audiencias, de libertad de expresión, transparencia y rendición de cuentas, así como el carácter relevante de las conferencias.

Alegan que no quedó demostrado que tuvieran intervención en el contenido de los mensajes que se transmitieron. Tampoco se desvirtuó la presunción de licitud de la que gozan las actividades de las concesionarias, al tratarse de actividad periodística y de prensa, máxime que los eventos se transmitieron en vivo, sin posibilidad de editar.

Así, desde su óptica, la prohibición de transmitir las conferencias de prensa determinada por la Sala responsable restringe su libertad periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.

Los agravios son fundados, con base en los fundamentos y consideraciones que enseguida se exponen.

Marco normativo.

Como primero punto, se debe tener en cuenta que el artículo 134 de la Constitución federal tutela dos bienes jurídicos en el sistema democrático: i) la imparcialidad y la neutralidad con que deben actuar las personas servidoras públicas y ii) la equidad en los procesos electorales.

El propósito es claro en cuanto dispone que las y los servidores públicos deben actuar con suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos públicos (económicos, materiales y humanos), que se les entregan y disponen en el ejercicio de su encargo, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público correspondiente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida por parte de las personas servidoras públicas en la competencia que exista entre los partidos políticos y candidaturas.

Al respecto, si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral[22].

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el proceder de las personas servidoras públicas influya en la voluntad de la ciudadanía[23].

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que personas funcionarias públicas utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, aspirante o candidatura.

Ahora bien, en el caso, la materia de la controversia se relaciona con la transmisión que distintos medios de comunicación -concesionarios de radio y televisión- realizan de las conferencias matutinas del presidente de la República.

Así, frente a la prohibición constitucional señalada, esta Sala Superior considera necesario precisar cuál es su alcance frente a las libertades de expresión e información que son fundamentales para fortalecer el funcionamiento de los sistemas democráticos.

En nuestro país, la Constitución Política reconoce, en sus artículos 1°, 6° y 7°, los elementos mínimos de protección de estas libertades y les concede amplia protección.

El artículo 1° de la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El artículo 6° constitucional dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; y el artículo 7° señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

En ese sentido, la Carta Magna señala que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Además, estas libertades están reconocidas en el ámbito interamericano. El artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, párrafo 2, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 4 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Ahora bien, según ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia que el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole[24].

Asimismo, la jurisprudencia interamericana señala que, el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos; y que la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado[25].

Ahora bien, en el contexto de una sociedad democrática, uno de los medios más importantes para ejercer y garantizar las libertades de expresión e información es el periodismo.

La Corte Interamericana ha sostenido que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso[26].

Asimismo, ha destacado que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de comunicación[27].

De igual forma, se ha definido que la importancia de la prensa y del status de los periodistas se explica, en parte, por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la información, y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva[28].

Así, en criterio de la Corte Interamericana, las restricciones a la circulación de información por parte del Estado deban minimizarse, en atención a la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que tal importancia impone a los periodistas y comunicadores sociales[29].

En lo tocante a los medios de comunicación social, la jurisprudencia interamericana ha resaltado que éstos cumplen un papel esencial en tanto vehículos o instrumentos para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática[30].

En tal virtud, se ha sostenido que la prensa es particularmente importante para la libertad de expresión, dado que compete a los medios de comunicación la tarea de transmitir información e ideas sobre asuntos de interés público, y el público tiene derecho a recibirlas[31].

En tal sentido, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Nacionales Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Estados Americanos afirmaron en su Declaración Conjunta de 1999 que los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala Superior es coherente con los postulados referidos, pues ha establecido que la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública.