RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-363/2023, SUP-REP-366/2023 Y SUP-REP-368/2023, ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIADO: MARCO VINICIO ORTÍZ ALANÍS, ANABEL GORDILLO ARGÜELLO Y RENÉ SARABIA TRÁNSITO

COLABORARON: VÍCTOR OCTAVIO LUNA ROMO Y ALFREDO VARGAS MANCERA

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro indicados, en el sentido de acumular los medios de impugnación y revocar parcialmente el acuerdo ACQyD-INE-182/2023, dictado en el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/770/2023 y acumulados, por el cual se determinó lo relativo a la solicitud de adopción de medidas cautelares.

I. ANTECEDENTES

De los hechos que los recurrentes exponen en sus demandas y de las constancias que obran en los expedientes, se advierte lo siguiente:

12.        Turno en la Sala Superior. Recibidas las demandas, el magistrado presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes identificados con las claves SUP-REP-363/2023, SUP-REP-366/2023 y SUP-REP-368/2023 y turnarlos a la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previsto en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

13.        Radicación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente SUP-REP-363/2023 y requirió diversa documentación.

14.        Escrito de tercería. El treinta de agosto del presente año, MORENA presentó escrito de tercería.

15.        Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se radicaron los restantes medios de impugnación, se tuvieron por recibidas las constancias de trámite; se admitieron todas las demandas y se cerró instrucción en los recursos; en consecuencia, quedaron los autos en estado de emitir la resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

16.     La Sala Superior es competente para conocer y resolver en única instancia los presentes recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, fracción III, inciso h), y 169, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

17.     Lo anterior, porque se cuestiona un acuerdo relativo a la solicitud de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual es de conocimiento exclusivo de esta Sala Superior.

III. ACUMULACIÓN

18.     De la revisión de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en la determinación impugnada, pues en ellas se controvierte el acuerdo ACQyD-INE-182/2023 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

19.     En atención a lo anterior, acorde con el principio de economía procesal y conforme a lo previsto en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 79 y 80 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es acumular los expedientes identificados con las claves SUP-REP-366/2023 y SUP-REP-368/2023 al diverso SUP-REP-363/2023, por ser este el primero que se recibió en esta Sala Superior.

IV. TERCERO INTERESADO

V. ESTUDIO DE PROCEDENCIA

26.     Los medios de impugnación cumplen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, 45; 109 párrafo 1, y párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

27.     Requisitos formales. Se cumplen, dado que las demandas se presentaron por escrito y se hace constar: i) el nombre y la firma de quienes promueven, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones; ii) se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; iii) se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y iv) los agravios que la sustentan y los preceptos presuntamente violados.

28.     Oportunidad. La presentación de la demanda promovida por el Partido Acción Nacional fue oportuna, porque el acto impugnado se dictó el veinticuatro de agosto del presente año y se le notificó el veinticinco siguiente, a las diez horas con cincuenta y un minutos, según consta en la cédula y razón respectivas.

29.     En ese sentido, el plazo para impugnar transcurrió de las diez horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de agosto del año que transcurre, a la misma hora del inmediato veintisiete, por lo que, si el recurrente presentó su demanda ante la Sala Superior a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veintisiete de agosto de este año, resulta evidente que se presentó dentro del plazo legal.

30.     Por otra parte, el mencionado acuerdo se notificó al Partido de la Revolución Democrática el veinticinco de agosto del presente año, a las once horas con treinta minutos, según consta en la cédula y razón respectivas, por lo que el plazo para impugnar transcurrió, de las once horas con treinta minutos del veinticinco de agosto a la idéntica hora del veintisiete del mismo mes y año.

31.     En consecuencia, si el recurrente presentó su demanda ante la Sala Superior a las diez horas con veinticuatro minutos del veintisiete de agosto de este año, es que se interpuso de manera oportuna.

32.     Ahora, en cuanto al Partido Revolucionario Institucional, el citado acuerdo le fue notificado el veinticinco de agosto del presente año, a las once horas con treinta y cinco minutos, según consta en la cédula y razón respectivas, por lo que el plazo para impugnar transcurrió, de las once horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto a la misma hora del veintisiete de agosto posterior.

33.     En consecuencia, si el recurrente presentó su demanda ante la oficialía de partes común del Instituto Nacional Electoral a las once horas con veintiocho minutos del veintisiete de agosto de este año, es que se interpuso de manera oportuna.

34.     Lo anterior acorde a lo previsto en el artículo 109, párrafo 3, en relación con el numeral 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece que, cuando se interponga un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de la emisión o, en su caso, negativa por el Instituto Nacional Electoral de las medidas cautelares solicitadas, el plazo será de cuarenta y ocho horas[2]. Razones por las que se consideran oportunos los medios de impugnación.

35.     Interés jurídico y legitimación. Se cumplen los requisitos porque los promoventes fueron parte en el procedimiento especial sancionador del cual deriva el acuerdo que ahora impugnan y aducen que la determinación les causa perjuicio.

36.     Definitividad. Se cumple con esta exigencia, porque el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es el único medio de impugnación idóneo para controvertir la resolución sobre medidas cautelares, de conformidad con el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. ESTUDIO

Acuerdo impugnado ACQyD-INE-182/2023

37.     La Comisión responsable realizó el estudio de las publicaciones denunciadas y consideró que, en veintidós links[3], resultaba procedente el otorgamiento de medidas cautelares, ya que del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, su contenido vulnera lo establecido en los “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda, realizados en los procesos políticos, emitidos en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia SUP-JDC-255/2023 y SUP-JE/1423/2023” y por ello podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña, lo que podía afectar los principios de la equidad en la contienda del próximo proceso electoral; de ahí que, en su concepto, para evitar riesgo irreparable, debían eliminarse dichas publicaciones.

38.     Enlaces electrónicos que se insertan a continuación, para una mayor claridad.

                        1. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz

2. Santiago Creel Miranda

3. Enrique de la Madrid Cordero

4) publicaciones de los partidos políticos denunciados relacionados con la difusión de los foros “diálogos ciudadanos” de diez y diecisiete de agosto del presente año.

39.     Lo anterior, ya que consideró que se realizaron manifestaciones relacionadas con programas sociales, en materia migratoria, de seguridad pública, combate a la pobreza, salud, educación; y se utilizan frases como “construir el país que nos merecemos”, “sobre todo una presidenta que no haga pactos con la delincuencia y trata a las familias como lo merecen”, “sacar a MORENA del poder”, entre otras, las cuales no pueden considerarse amparadas en el derecho a la libertad de expresión, al constituir frases, alusiones, aspiraciones, relativos a la presidencia de la República, así como una probable candidatura dentro del contexto de una competencia partidista y ciudadana que, desde una ótica preliminar, hace que se pudieran configurar los actos anticipados de precampaña y/o campaña.

40.     Por otra parte, respecto a 29 enlaces electrónicos, la responsable consideró que esas publicaciones se encuentran amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión, dado que, de un análisis preliminar, no resultan contrarias a los lineamientos citados con anterioridad y al realizarse por ciudadanía ajena al procedimiento para elegir a la persona responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, o siendo aspirantes a conducir dichos trabajos, estimó que su contenido no vulnera la normativa electoral.

41.     Por otro lado, en cuanto a otros 26 links denunciados, también determinó la improcedencia de las medidas cautelares para retirarlas, puesto que, fueron realizadas por ciudadanas y ciudadanos que se encontraban en el margen de su libertad de expresión y/o fueron efectuadas por los medios de comunicación digital, por lo que formaban parte del quehacer periodístico de los referidos medios de comunicación.

42.     Finalmente, la responsable realizó un análisis preliminar de las manifestaciones contenidas en los foros denunciados -10 y 17 de agosto de este año- y determinó que pueden constituir actos anticipados de precampaña y campaña y, en consecuencia, vulnerar los acuerdos de medidas cautelares emitidos por la Comisión, así como lo establecido en los Lineamientos señalados, por lo que consideró procedente el dictado de medidas cautelares bajo la figura de tutela preventiva.

43.     Ello, al razonar que se desprenden ciertos elementos que, en sede cautelar, pudieran identificarse como promesas de carácter electoral con fin de convencer a la ciudadanía de una visión de la política nacional distinta y posicionarse con miras a la próxima elección del ejecutivo.

Pretensión y causa de pedir.

44.     La pretensión de todos los recurrentes consiste en que se revoque el acuerdo controvertido, que declaró procedentes las medidas cautelares y ordenó, en lo que al caso interesa, la eliminación de las publicaciones realizadas.

45.     Al respecto, los recurrentes señalan como causa de pedir que el acuerdo controvertido carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia, puesto que la responsable no realizó un correcta valoración de los links denunciados y de las expresiones efectuadas, ya que no expone de manera clara las razones por las que se actualiza la posible vulneración a la normativa electoral (actos anticipados de precampaña y campaña) y por lo tanto, la adopción de las medidas cautelares.

Litis y metodología

46.     La controversia que se debe dilucidar en los presentes recursos consiste en determinar si el acuerdo controvertido se encuentra ajustado a derecho.

Cuestión previa

47.     Como cuestión preliminar se advierte que el número, la ubicación y el contenido de los enlaces electrónicos materia de pronunciamiento, así como el dictado de las medidas cautelares en su medida de tutela preventiva no se encuentran controvertidos por los recurrentes, por lo que la litis se circunscribe a analizar únicamente los enlaces electrónicos respecto de los cuales se concedió la medida cautelar y se determinó retirar dichas publicaciones.

48.     Respecto de la concesión de la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, conviene recordar que la responsable la concedió, al advertir, de manera preliminar, que en los foros celebrados el diez y diecisiete de agosto pasado, hubo elementos que podrían configurar actos anticipados de precampaña y campaña, por lo que, para evitar ese tipo de conductas, ordenó a los partidos políticos y servidores públicos que participaran en los siguientes foros regionales que se encontraban programados, que se abstuvieran de realizar conductas contrarias a la normativa.

49.     Por lo que, se colige que dicha concesión de medidas en su carácter de tutela preventiva, no se encuentra vinculada con el retiro de las publicaciones que los accionantes controvierten en su demanda, sino únicamente con las expresiones que se realizaron en el primer foro del “Frente Amplio por México” y con las que se podrían efectuar en los foros regionales que se programaron con posterioridad, cuestión que se reitera, no se encuentra controvertida en los presentes medios de impugnación.

Agravios relacionados con la indebida procedencia de las medidas cautelares

50.     Los recurrentes alegan que la medida cautelar es injustificada porque, contrario a lo que determinó la responsable, no se actualizan los elementos necesarios para acreditar los actos anticipados de precampaña y campaña, ya que las publicaciones denunciadas no generaron afectación alguna a la equidad en la contienda del próximo proceso electoral federal ni a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para regular este tipo de procesos políticos.

51.     Así, afirman que, del contenido de las publicaciones denunciadas no se desprende algún tipo de expresión, declaración y/o imagen para acreditar la existencia del elemento subjetivo, al no advertirse la presencia de mensajes o manifestaciones que de manera objetiva, manifiesta, abierta, inequívoca y sin ambigüedades solicitaran el apoyo a favor o en contra de alguna opción electoral en particular o bien hubiera algún llamado expreso al voto, o cualquier otra que de forma univoca e inequívoca tuviera sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político.

52.     En su concepto, no se actualizan los actos anticipados de precampaña y/o campaña, toda vez que, las publicaciones se dieron en un contexto intrapartidista y no contenían alguna expresión de naturaleza electoral, donde, además la difusión se realizó en espacios cerrados y no dirigidos a la ciudadanía en general.

53.     En ese sentido, argumentan que la responsable perdió de vista que las expresiones denunciadas se encontraban amparadas por lo previsto en los artículos 1°, 6° y 7° de la Constitución federal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales permiten a las personas el desarrollo de su autonomía y dignidad humana, así como el derecho a expresar sus ideas.

54.     Asimismo, argumentan que el acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la responsable en ningún momento justificó los elementos indispensables para determinar la imposición de las medidas cautelares, ello porque no señala qué elementos tomó en cuenta para determinar si en apariencia del buen derecho el contenido de las publicaciones denunciadas pudiera constituir una violación a la normativa electoral y, si con ello, existía un peligro real que afectara la equidad en la contienda.

55.     Este órgano jurisdiccional estima que los agravios formulados por los recurrentes son esencialmente fundados, toda vez que, de un análisis preliminar y en apariencia del buen derecho, no se advierten expresiones que puedan actualizar la comisión de actos anticipados de precampaña y/o campaña.

56.     En el artículo 3, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que serán actos anticipados de campaña, aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o partido.

57.     Por su parte, el inciso b) de dicha disposición legal, dispone que los actos anticipados de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de alguna precandidatura.

58.     Si bien esta Sala Superior ha sostenido que el elemento subjetivo de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, radica en que se difunda la plataforma electoral o se promocione a un candidato a un determinado cargo de elección popular, cabe precisar que no se debe hacer una interpretación restrictiva de lo que se entiende por plataforma electoral, en el sentido de que es aquella que deben presentar los partidos políticos, dentro de los plazos establecidos en la normativa local o federal,  sino que se debe entender en un sentido más amplio, pues de lo contrario se podría incurrir en el argumento absurdo de que no se puede actualizar un acto anticipado de campaña con anterioridad a la mencionada fecha en la que se debe registrar la plataforma electoral.

59.     En efecto, en diversos precedentes de esta Sala Superior, se ha sostenido que los actos anticipados de campaña se actualizan si se presenta a la ciudadanía una candidatura en particular, y se dan a conocer sus propuestas, sin que sea necesario que se difunda, también la plataforma electoral, es decir, para tener por acreditado el elemento subjetivo del tipo administrativo sancionador de actos de campaña, basta con que se presente una candidatura y sus propuestas, antes del periodo previsto para ello y por los sujetos electorales que prevé la normativa.

60.     Al respecto, este órgano jurisdiccional ha desarrollado una línea jurisprudencial por medio de la cual ha sostenido que, para que se configuren los actos anticipados de campaña -trasladable a los actos anticipados de precampaña en lo aplicable-, se requiere la coexistencia de tres elementos[4]:

         Temporal: los actos o frases deben realizarse antes de la etapa de campaña electoral.

         Personal: los actos los lleven a cabo los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate.

         Subjetivo: implica la realización de actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, a fin de contender en el ámbito interno o en un proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

61.     Por lo que hace al elemento subjetivo, esta Sala Superior ha considerado que para acreditarlo se debe verificar si hay alguna expresión que, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, tenga por objeto llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga una candidatura.

62.     Adicionalmente, esta autoridad jurisdiccional electoral ha considerado que la irregularidad de referencia puede configurarse a partir de expresiones que constituyen equivalentes funcionales de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, por lo que se debe realizar un análisis integral, objetivo y razonable del mensaje, para determinar si contiene un equivalente de apoyo o llamamiento al voto, o bien, de rechazo de otra fuerza política.

63.     Además, se requiere que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.

64.     En ese sentido, los equivalentes funcionales se entienden como las expresiones emitidas de forma cuidadosa que evitan las palabras de apoyo directo, pero que promueven o descalifican perspectivas claramente identificables con un determinado candidato o partido político.

65.     Así, la intencionalidad o finalidad del mensaje es una cuestión fundamental que debe dilucidarse al analizar el contenido de los mensajes sujetos a escrutinio judicial.

66.     Por lo que hace al llamado al voto, este puede darse en dos modalidades, una persuasiva y otra disuasiva; la primera está dirigida a generar una corriente de apoyo hacia el aspirante y la otra a desalentar el voto por otras fuerzas políticas.

67.     Lo anterior, pone de manifiesto que, al analizar la presunta comisión de los actos anticipados de campaña, debe acreditarse que las expresiones denunciadas puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal que no se restrinjan contenidos del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.

68.     De igual forma, se destaca que el Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo resuelto por esta Sala Superior en el SUP-JDC-255/2023 y SUP-JE-1423/2023, emitió los Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos.

69.     Al respecto, en el artículo 7 de dichos lineamientos se dispuso que, los actos, eventos y actividades que realicen los partidos políticos, organizaciones, personas inscritas y demás participantes en los aludidos procesos deberán sujetarse a las siguientes directrices:

        No deben tener como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.

        En su desarrollo, en ningún momento se presentarán elementos o propuestas como plataforma electoral de algún partido político nacional o persona aspirante a cargo de elección popular, ni se promoverá para obtener una precandidatura o candidatura en el PEF 2023-2024.

        Quienes en ellos participen, omitirán en sus expresiones, discursos y mensajes elementos de naturaleza electoral o equivalentes. Quienes organicen tienen el deber de cuidado de los actos a fin de que no se produzcan manifestaciones de carácter electoral o equivalentes.

        Garantizarán que no se cometan actos u omisiones que puedan constituirse como Violencia Política en contra de las Mujeres por Razones de Género.

        No se empleará propaganda, por sí o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral.

70.     En atención a lo anterior, es que este órgano jurisdiccional considera que lo procedente en el caso es revocar el acuerdo impugnado, en lo que fue materia de controversia y dejar sin efecto lo ordenado por la Comisión responsable, respecto de las publicaciones que ordenó eliminar, pues de forma preliminar y en apariencia del buen derecho no se advierte que contravengan la normativa electoral.

71.     Esto, porque del análisis preliminar del contenido de dichas publicaciones, no se observa alguna alusión expresa a un proceso electoral, ni el llamamiento al voto a favor o en contra de partido político o candidatura alguna, así como tampoco se advierten expresiones o frases de las que se pueda deducir el posicionamiento de los denunciados al electorado y de cara a un proceso electoral.

72.     Sobre el particular, la responsable, al dictar el acuerdo impugnado, describió que las publicaciones objeto de queja se relacionan con las siguientes temáticas:

        Publicaciones de Xóchitl Gálvez Ruíz:

o         Se refieren a propuestas en materia migratoria y laboral relacionados con mexicanos que se consideran inmigrantes.

o         Las manifestaciones efectuadas pueden ser actos de proselitismo electoral al referirse a una “lucha” “construir el país que nos merecemos”.

o         Con las manifestaciones hechas se pudieran vulnerar los lineamientos atinentes al referirse a hechos actuales relacionados con educación.

o         Se habla del tema de programas sociales en el sentido de que se encuentra a favor de los mismos y su falta de mejora en la implementación por el gobierno federal.

o         Manifiesta la necesidad de mejorar las condiciones para que se optimice la seguridad en diversas entidades y la ineficacia del sistema actual contra el combate de la corrupción.

o         Hace aseveraciones relacionados con problemáticas de pobreza, marginación y la necesidad de construir más escuelas para mejorar la educación.

o         Refiere que acompaña al presidente de la república en la necesidad de los programas sociales y la implementación de mayor empleo y becas para los jóvenes.

o         Reitera su anuencia con la aplicación de los programas sociales y la forma en que se distribuyen para su participación.

o         Asevera que si hubiese mejores condiciones laborales para los mexicanos, no tendrían que emigrar a Estados Unidos de Norteamérica y recibir malos tratos por connacionales en su trayecto a la frontera.

o         Aduce que por las consideraciones precarias en las que viven muchas mujeres indígenas embarazadas y la aplicación de mayor infraestructura para que mejoren sus condiciones de vida.

o         Hace alusión a la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno de confrontar con la corrupción y la inseguridad que se vive en el país.

o         Expresa sus ideas para apoyar a los ciudadanos y resolver los problemas del país.

        Publicaciones de Santiago Creel Miranda

o       En el video, habla de su preocupación por el consumo de drogas y su manejo por parte de la delincuencia organizada y la necesidad de convocar a una conferencia continental para tratar estos temas.

o       Se refiere a que pretende un país más libre y justo, menos polarizado y que todos los actos se encuentren regulados por la constitución.

        Publicación de Enrique de la Madrid Cordero

o       En el video hace alusión a que se puede tener un México mejor que el que actual y que se encuentre gobernado por una fuerza distinta a la actual que se encuentra en la administración pública.

73.     En ese sentido, del análisis preliminar del contenido de las publicaciones relatadas, no se advierten manifestaciones que sean ilícitas, ya que no contienen expresiones o alusiones que tengan como propósito llamar a votar a favor o en contra de una fuerza partidista o candidatura.

74.     De igual forma, en los citados enlaces electrónicos tampoco se observa que tengan como propósito presentar elementos o propuestas como plataforma electoral de un partido político o persona aspirante a cargo de elección popular ni que se formulen expresiones, discursos o mensajes de naturaleza electoral o equivalentes funcionales.

75.     Por el contrario, se hicieron referencia a políticas públicas del actual gobierno federal que consideran son necesarias, afirmando que muchas personas consideraron que no podían llevarse a cabo y expresaron lo que consideran debe plantearse para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y su aplicación.

76.     Además, si bien se hace una crítica fuerte al partido gobernante en materia de salud, migración, pobreza y seguridad, derivado de las circunstancias que pasan actualmente en el país, los denunciados no exponen ni manifiestan plataformas políticas tendentes a llamar al voto a favor de una candidatura o en conta de alguna fuerza política, sino que se trata de cuestionamientos al actual gobierno, respecto de temas de interés general.

77.     Por otro lado, aun cuando las aseveraciones efectuadas por Xóchitl Gálvez en el sentido de que, cuando ella formaba parte de la administración pública se implementaron programas de gobierno, tal referencia no puede considerarse como un elemento suficiente para concluir que dicha ciudadana realizó una solicitud del voto a su favor que pudiera tener por actualizado el elemento subjetivo de la infracción sujeta a análisis; tampoco se trata de la presentación de alguna plataforma política o de algún programa social.

78.     Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de Enrique de la Madrid Cordero, relativa a su deseo de que considera que México puede estar mejor y se pueda “sacar a Morena del poder”, tampoco se considera que transgreda la normativa electoral.

79.     Ello es así, porque bajo apariencia del buen derecho, se advierte que no se trata de la presentación de una plataforma electoral ni constituye una propuesta de campaña vinculada con algún proceso electoral, sino que se trata de una declaración que se da en el contexto de una reunión con un grupo de personas en un evento privado, a quienes consideró importante manifestar algunas de las ideas que tiene para mejorar la calidad de la ciudadanía, sin que se aprecia que se presentara como parte de una plataforma electoral de un partido político o una propuesta de campaña con miras a la elección de un cargo público.

80.     Esta Sala Superior considera que de la valoración en conjunto de estas publicaciones no se advierten elementos a partir de los cuales pueda actualizarse el despliegue de una plataforma política o información ya sea a favor o en contra de alguna opción política.

81.     Así, del análisis preliminar de las relatadas expresiones no hay elementos que permitan establecer de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, posicionar una plataforma electoral, pues sólo se limitaron a señalar información general propia de un debate informado y necesario para una democracia, sin que se advierta que con tales publicaciones se haya generado una expectativa para la obtención de beneficios de algún programa social, es decir, alguna promesa generada hacia un sector de la ciudadanía a recibir un beneficio a cambio de su voto[5].

82.     De ahí que, contrario a lo que sostuvo la autoridad responsable, en el caso de las publicaciones objeto de controversia, a partir de un análisis preliminar, no se advierten elementos de la entidad suficiente que puedan configurar actos anticipados de precampaña y/o campaña, en el entendido de que los hechos denunciados se dieron con motivo del acercamiento de los militantes y simpatizantes de las distintas fuerzas políticas del Frente Amplio con México con la sociedad civil y la ciudadanía.

83.     De tal forma que, si esta Sala Superior al analizar el SUP-JDC-255/2023 sostuvo que era válido que se desplegaran conductas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política, incluso, partiendo de la idea de que su objetivo es definir una estrategia político-electoral en relación con la elección presidencial que está próxima a comenzar.

84.     Para cuidar la posible comisión de infracciones como lo son los actos anticipados de campañas, se emitieron Lineamientos para regular este tipo de ejercicio, en el cual el standard de revisión de la comisión de infracciones electorales debe ser de la entidad suficiente para limitar dicho ejercicio partidista, lo cual, desde un análisis preliminar y en apariencia del buen derecho, no se observa en el caso.

85.     De igual manera, la responsable no expresó de manera clara las razones para considerar que con esas publicaciones nos encontramos ante una estrategia ilícita y de qué forma se vulneraron los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en procesos políticos, emitidos en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SUP-JDC-255/2023 y SUP-JE-1423/2023.

Efectos

86.     Al haber resultado fundados los agravios formulados, se determina:

        Revocar las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, únicamente respecto de las veintidós publicaciones respecto de las cuales ordenó su retiro en el acuerdo controvertido.

        Deja subsistentes las medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, en virtud de que no fueron controvertidas en los presentes recursos.

87.     Por lo expuesto y fundado, se

VII. R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-REP-366/2023, SUP- y SUP-REP-368/2023 al diverso SUP-REP-363/2023. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los medios de impugnación acumulados.

SEGUNDO. Se revoca parcialmente el acuerdo impugnado, únicamente respecto de las veintidós publicaciones de las que se ordenó su retiro en el acuerdo controvertido.

TERCERO. Quedan subsistentes las medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva, por no haberse controvertido en los presentes medios de impugnación.

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales (ponente), Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con los votos en contra de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, así como del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento fue autorizado mediante firmas electrónicas certificadas y tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA EN LA SENTENCIA DICTADA EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-363/2023, SUP-REP-366/2023 Y SUP-REP-368/2023, ACUMULADOS, ACUMULADOS [6]

Respetuosamente, disiento del sentido del proyecto aprobado por la mayoría, porque en el caso, estimo que se debió confirmar la medida cautelar otorgada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE[7], respecto al retiro de las publicaciones atribuidas a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como a Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, Santiago Creel Miranda y Enrique de la Madrid Cordero.

Ello, porque de un análisis preliminar, considero que su contenido pudiese actualizar la infracción de actos anticipados de precampaña y campaña, así como contravenir las directrices establecidas para los actos que lleven a cabo las personas que aspiran a coordinar el “Frente Amplio por México”.

ÍNDICE

GLOSARIO

I. Contexto.

1. Denuncias.  El dieciséis y dieciocho de agosto de dos mil veintitrés[8], se interpusieron quejas[9] en contra de los partidos recurrentes integrantes del “Frente Amplio por México” por la realización de dos foros que supuestamente tuvieron la finalidad de promocionar de forma anticipada ante la ciudadanía a Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel Miranda; en dichos eventos las personas señaladas hicieron uso de la voz y su contenido se replicó en redes sociales

Solicitaron medidas cautelares para el retiro de las publicaciones relacionadas con el evento y se ordenara en tutela preventiva se abstuvieran de realizar actos anticipados de precampaña y campaña.

2. Acuerdo impugnado. El diecisiete de agosto, se determinó la procedencia de las cautelares para el retiro de algunas de las publicaciones denunciadas y la tutela preventiva solicitada.

3. REP. El veintisiete de agosto el PAN, PRD y PRI presentaron recursos.

II. ¿Qué determinó la Comisión de Quejas?

Determinó la procedencia de medidas cautelares respecto de algunas publicaciones, por lo siguiente:

         Bajo la apariencia del bien derecho, su contenido vulnera lo establecido en los Lineamientos y podrían constituir actos anticipados de precampaña y campaña.

         Se realizaron manifestaciones relacionadas con programas sociales, en materia migratoria, de seguridad pública, combate a la pobreza, salud, educación; y se utilizan frases como “construir el país que nos merecemos”, “México merece sobre todo una presidenta que no haga pactos con la delincuencia y trate a las familias como lo merecen”, “sacar a MORENA del poder”, entre otras.

         No se consideran amparadas en la libertad de expresión, al constituir frases, alusiones, aspiraciones, relativos a la presidencia de la República, así como una probable candidatura dentro del contexto de una competencia partidista; desde una óptica preliminar, se pudieran configurar los actos anticipados de precampaña y/o campaña.

         Se concedió la tutela preventiva al identificar que en los foros denunciados, se emitieron promesas de carácter electoral.

III. ¿Qué determinó la mayoría de la Sala Superior?

La sentencia aprobada por la mayoría determinó revocar la determinación impugnada, al estimar que del análisis preliminar a las publicaciones, no se observa alguna alusión expresa a un proceso electoral, ni el llamamiento al voto a favor o en contra de partido político o candidatura alguna, así como tampoco se advierten expresiones o frases de las que se pueda deducir el posicionamiento de las personas denunciadas al electorado y de cara a un proceso electoral.

En ese sentido, se estimó que las publicaciones solo hacen referencia a políticas públicas del actual gobierno federal que consideran son necesarias y expresaron lo que consideran debe plantearse para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y su aplicación.

Además, se precisó que las expresiones constituyen una crítica fuerte al partido gobernante en materia de salud, migración, pobreza y seguridad, de lo que pasa actualmente en el país; al referir que se trata de cuestionamientos al actual gobierno, respecto de temas de interés general.

De igual forma, la mayoría consideró que de las publicaciones tampoco se advierte que se haya generado una expectativa para la obtención de beneficios de algún programa social, es decir, alguna promesa generada hacia la ciudadanía a recibir un beneficio a cambio de su voto.

Por tanto, se concluyó que las publicaciones controvertidas, de un análisis preliminar, no se advierte que pudieran configurar actos anticipados de precampaña y/o campaña, ya que se dieron en un acercamiento de los militantes y simpatizantes de las fuerzas del Frente amplio con la sociedad civil y la ciudadanía, lo cual resulta válido.

IV. Razones del disentimiento.

Difiero de lo aprobado por la mayoría, porque considero que se debió confirmar el dictado de las medidas cautelares, ya del análisis preliminar a las publicaciones denunciadas y bajo la apariencia del buen derecho, se puede advertir un contenido que puede vulnerar las directrices determinadas los Lineamientos, por ende, constituir actos anticipados de precampaña y campaña.

a. Marco normativo.

i. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. Es un instrumento que, puede decretar la autoridad competente, en función de un análisis preliminar, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio o evitar un daño grave e irreparable a las partes en conflicto o a la sociedad, en la sustanciación de un procedimiento.

Por ello, esta Sala Superior ha dicho que, para otorgar medidas cautelares, es necesario considerar[10]:

- La probable violación a un derecho o principio, del cual se pide la tutela en el proceso, esto es, la apariencia del buen derecho, y

- El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama.

ii. Directrices de los Lineamientos.

Al respecto, en el artículo 7 de los Lineamientos se dispuso que, los actos, eventos y actividades que realicen los partidos políticos, organizaciones, personas inscritas y demás participantes en los aludidos procesos deberán sujetarse a las siguientes directrices:

         No deben tener como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.

         En su desarrollo, en ningún momento se presentarán elementos o propuestas como plataforma electoral de algún partido político nacional o persona aspirante a cargo de elección popular, ni se promoverá para obtener una precandidatura o candidatura en el proceso electoral federal 2023-2024.

         Quienes en ellos participen, omitirán en sus expresiones, discursos y mensajes elementos de naturaleza electoral o equivalentes. Quienes organicen tienen el deber de cuidado de los actos a fin de que no se produzcan manifestaciones de carácter electoral o equivalentes.

         Garantizarán que no se cometan actos u omisiones que puedan constituirse como Violencia Política en contra de las Mujeres por Razones de Género.

         No se empleará propaganda, por sí o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral.

b. ¿Por qué sostengo que debieron confirmarse las medidas cautelares?

En el caso, tal como se advierte de las publicaciones denunciadas materia de la medida cautelar, Xóchitl Gálvez, realiza promesas relacionadas con programas sociales en materia migratoria, así como en temas de seguridad pública y combate a la pobreza; para ello, utiliza frases como “construir el país que nos merecemos” o “México merece sobre todo una presidenta que no haga pactos con la delincuencia y trate a las familias como lo merecen”.

Asimismo, en las publicaciones que contienen las frases que se atribuyen a Santiago Creel Miranda y a Enrique de la Madrid Cordero, se advierten propuestas encaminadas a combatir la criminalidad y la violencia en el país, así como apoyar a una fuerza política para sacar a Morena del poder y plantean una visión para la transformación política en México.

Al respecto, se coincide con la determinación de la autoridad responsable, ya que desde una perspectiva preliminar, las propuestas en temas relacionados con programas sociales y las frases que vislumbran un apoyo para generar un cambio político o hacer alusión a un cargo presidencial, pueden constituir alusiones o aspiraciones encaminadas a obtener una probable candidatura a la presidencia de la república, por lo que bajo la apariencia del buen derecho, se podría configurar las infracciones denunciadas y contravenir las directrices de los Lineamientos que rigen el proceso partidista.

Para ello, no paso por alto, tal como lo señala la sentencia mayoritaria, que las frases emitidas por las personas aspirantes pueden surgir o derivar de una crítica al gobierno actual, sin embargo, su análisis integral y el contexto de su emisión, debe realizarse mediante un estudio de fondo que corresponde a la Sala Especializada, para que con todos los elementos que rodearon su difusión, determine si se actualiza la infracción.

Por tanto, estimo válido que, en el caso, se hubiesen concedió las medidas cautelares para el retiro de las publicaciones en las que se emitieron expresiones relacionadas con programas o acciones de gobierno, la continuidad de programas sociales, así como las referencias al proceso electoral presidencial, ya que el objeto primordial de su adopción es evitar un daño grave e irreparable a la equidad en la contienda del próximo proceso electoral federal, de ahí que bajo la apariencia del buen derecho, resulte válida su implementación.

V. Conclusión.

Desde mi perspectiva, se debió confirmar la determinación impugnada, toda vez que, desde una perspectiva preliminar, el contenido de las publicaciones objeto de análisis, pudiese actualizar la infracción de actos anticipados de precampaña y campaña, así como contravenir los Lineamientos que regulan los procesos internos para la selección de candidaturas, por tales motivos, disiento de la sentencia y formulo el presente voto particular. 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.