recursoS de REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-rEp-369/2024 Y SUP-rEp-376/2024 ACUMULADOS

recurrente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA[1] Y OTRO

RESPONSABLE: cOMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIO: JOSÉ MANUEL RUIZ RAMÍREZ

COLABORó: Sebastián Bautista Herrera

Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.[2]

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[3] dicta sentencia en el sentido de acumular los recursos y revoca parcialmente el acuerdo ACyQD-INE-155/2024, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral[4], para el efecto de que la autoridad se pronuncie respecto de la totalidad de los planteamientos que le fueron formulados en la denuncia.

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncia. El uno de abril, el Partido de la Revolución Democrática[5], presentó denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, y de quien resultara responsable, por el presunto uso indebido de recursos públicos, violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda y difusión de propaganda gubernamental, con motivo de las manifestaciones realizadas en la conferencia matutina conocida como “Mañanera”, el pasado veintidós de marzo.

Además, solicitó el dictado de medidas cautelares a efecto de que, entre otras cosas, se ordenara la suspensión inmediata de la transmisión del ejercicio de comunicación denominado “Mañaneras” hasta en tanto culmine el proceso electoral federal 2023-2024 o que en su caso se ordene a Jesús Ramírez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, cumplir con su obligación y previo a subir a la página oficial del gobierno federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de México, revisar y en su caso editar en su contenido las mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral.

2. Acto impugnado (Acuerdo ACQyD-INE-155/2024). El ocho de abril, la CQyD del INE determinó, por una parte, procedente el dictado de medidas cautelares, por lo que, entre otras cosas, ordenó al presidente de la República y al gobernador de Veracruz que, en un plazo de 6 horas para tal efecto, por sí o a través de las personas facultadas para ello, realizara las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la referida conferencia matutina o modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones señaladas.

Asimismo, reiteró la tutela preventiva para el efecto de que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones que pudiera afectar los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral.

Por otro lado, la autoridad estimó improcedente la petición sobre la suspensión de las conferencias matutinas.

3. Primer recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El diez de abril, Ángel Clemente Ávila Romero como representante propietario del PRD ante el Consejo General del INE, presentó ante la Oficialía de Partes Común del INE, demanda para impugnar el acuerdo de medidas cautelares referido en el punto anterior.

4. Segundo recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. En la misma fecha, la Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, presentó ante el INE, demanda de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para impugnar el acuerdo de medidas cautelares citado.

5. Recepción y turno. En su oportunidad, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-369/2024, así como SUP-REP-376/2024 y turnarlos a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicaron.

6. Admisión y cierre de instrucción. En su momento, la Magistrada Instructora admitió a trámite las demandas y cerró instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

Primera. Competencia. La Sala Superior es competente para resolver los medios de impugnación, al tratarse de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador presentados contra del acuerdo de procedencia de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas del INE, a través de un procedimiento especial sancionador, el cual es de competencia exclusiva de esta Sala Superior.[6]

Segunda. Acumulación. Debido a que en ambos recursos se controvierte el mismo acto reclamado, se acumula al recurso de revisión SUP-REP-376/2024, al diverso SUP-REP-369/2024, al ser este el primero que se recibió en esta Sala Superior. En consecuencia, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al recurso acumulado[7].

Tercera. Requisitos de procedencia. Los medios de impugnación cumplen los requisitos de procedencia[8], de acuerdo con lo siguiente:

1. Forma. Los escritos de demanda precisan la resolución impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuentan con firma autógrafa.

2. Oportunidad. Las demandas se presentaron en el plazo de cuarenta y ocho horas[9]. Como obra en autos, toda vez que el acuerdo impugnado fue notificado el nueve de abril a los recurrentes. En ese sentido, si las demandas se presentaron el siguiente diez, es evidente su promoción oportuna.

3. Legitimación y personería. Se satisfacen los requisitos porque acuden, por una parte, el PRD[10] y por otra, el presidente de la República[11], quienes se inconforman respectivamente con las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas en su aparente perjuicio.

4. Definitividad. Se satisface el requisito porque no existe otro medio de impugnación que resulte idóneo para controvertir el acto impugnado y que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

Cuarta. Contexto y acuerdo reclamado. A partir de la denuncia del PRD, la Comisión responsable advirtió que se solicitó el dictado de medidas cautelares para los siguientes efectos:

“…se ordene la suspensión inmediata de la transmisión del ejercicio de comunicación denominado “MAÑANERAS” hasta en tanto culmine el proceso electoral federal 2023-2024, ya que estamos en plena campaña electoral y está prohibida la difusión de propaganda gubernamental.

…a Jesús Ramírez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, cumplir con su obligación y previo a subir a la página oficial del gobierno federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de México, revisar y en su caso editar en su contenido las mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral.

…se debe ordenar a la Presidencia de la República se eliminen las mañaneras 22 de marzo de 2024, por contener propaganda gubernamental en todo su contenido y vinculación con temas electorales, siendo imposible que se logre eliminar partes de la misma, ya que a lo largo de todas y cada una de sus intervenciones incurre en violación a la normativa.

Y, bajo la figura de tutela preventiva, se ordene a Andrés Manuel López Obrador, dé cumplimiento a la medida cautelar de tipo inhibitoria que obra en su contra, y se le vuelva a conminar de que se abstenga de inmiscuirse en temas de partidos políticos y electorales con su investidura de Ejecutivo Federal.

Finalmente, se ordene a dicho servidor público que previo a subir a todos los sitios oficiales, debe realizar la revisión del contenido, el cual, debe ceñirse a los temas que la propia Constitución en su artículo 41 fracción III, Base C, de la Carta Magna le permiten en campaña electoral.”

Lo anterior, con motivo de las expresiones efectuadas por el presidente de la República en la conferencia matutina conocida como “Mañanera” del veintidós de marzo, en la que, a juicio del denunciante, se difunden logros de gobierno buscando influir en las preferencias electorales de la ciudadanía en favor de su partido político y de Claudia Sheinbaum Pardo, así como posicionar el tema electoral, atribuyendo beneficios en favor de Morena y de la citada candidata, en contravención al principio de neutralidad.

La Comisión de Quejas destacó las manifestaciones que, desde la perspectiva del promovente acreditaban las infracciones que denunció y que son suficientes para dictar las medidas cautelares correspondientes:

      El Ejecutivo Federal alaba al Gobernador de Veracruz y alaba su propia administración.

      Evidentemente viola el principio de imparcialidad toda vez que, en plena Campaña Electoral se atribuye logros y principios positivos de su administración con el fin de beneficiar a su partido.

      Emite elogios hacia el Gobernador y sus características de principios y buen gobierno, situación que es totalmente prohibida en Plena campaña Federal y Local del propio estado de Veracruz.

      Al atribuir bondades a su buen Gobierno, situación que precisamente se busca evitar cuando se enfrenta un proceso electoral, el hecho que se hable bien de un gobierno, ya que, genera ventajas indebidas para el partido al que pertenece el mismo.

      Hace afirmaciones contra sus "adversarios", "los conservadores", "la transformación", temas que por supuesto dirige al proceso electoral y a una visión de apoyo a su proyecto político.

      Se lanzan "contra nosotros", "guerra sucia", "grupo afín", "porque a veces dicen 'derecha', 'extrema derecha', unos son más francos y otros más hipócritas.

      Los pronunciamientos del Gobernador de Veracruz constituyen propaganda gubernamental en periodo prohibido.

      El Gobernador de Veracruz, primero habla de temas de seguridad y posteriormente, habla con las mismas expresiones del ejecutivo federal relativas a "adversarios", "neoliberales'", "conservadores".

      En ese sentido, alaba la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal al afirmar "abrazos, no balazos",

      Y de ahí inicia con datos, que se desconoce su veracidad o bien, omite precisar a la ciudadanía de donde los recoge e incluye frases como "abrazos a los adultos mayores, abrazos a los jóvenes", etc...

      Manifestaciones respecto a "el injerecismo", nuestros adversarios, "están nerviosos, están enojados”

      Frases como "¿Cuál es el ideal que nos mueve?", típica propaganda Gubernamental, carente de fines informativos, sino más bien buscando aceptación de la ciudadanía.

      Habla de la educación, pero no para aportar datos novedosos de interés público, sino que toca el tema buscando la aprobación de quien recibe el mensaje.

       No proporciona información, educativa, hace afirmaciones del pasado y evidentemente atribuye beneficios a su administración.

A partir de ello, la responsable estimó procedente el dictado de la medida cautelar solicitada por el PRD para el efecto de ordenar el retiro del material denunciado. Esto, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se trataba de manifestaciones que pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024, así como la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

De manera preliminar, consideró que el titular del Ejecutivo Federal realizó manifestaciones que podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal que se encuentra en curso; se enaltece la figura del Gobernador de Veracruz, al referir “gran gobernador. Tiene nuestro apoyo, todo nuestro respaldo”, “no es corrupto” o “gobierne Cuitláhuac de manera honesta”; expresiones que, bajo la apariencia del buen derecho, podría influir en el electorado de esa entidad federativa.

Asimismo, señaló que se advertían expresiones como “qué hacían los gobernadores, cómo vivían los gobernadores: grandes residencias, departamentos en el extranjero, yates; vivían colmados de atenciones, de privilegios”; frase que, desde una óptica preliminar, podría tener impacto en el ánimo de la ciudadanía al momento de emitir su voto, ya que no se trata de temas de trascendencia nacional.

Resaltó que en las manifestaciones emitidas durante la conferencia de prensa matutina, se aportaron datos que no corresponden a alguna de las excepciones previstas por la normativa de la materia, toda vez que se refirieron a temas de basificación de empleados de dependencias federales, exaltación sobre la figura de servidores, temas relacionados con apoyos a sectores del campo, a adultos mayores y jóvenes, con la educación, los cuales, adujo, no se relacionan con temas informativos en materia de educación, salud o de protección civil en casos de emergencia.

Señaló que el presidente de la República tiene un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emite y que puedan derivar en una afectación de los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con los procesos electorales mencionados.

En ese sentido, la responsable determinó que tanto el Titular del Ejecutivo Federal como el Gobernador de Veracruz realizaron manifestaciones que, desde una óptica preliminar, podrían constituir la difusión de logros o acciones de gobierno, así como de los programas sociales que se han implementado, lo cual, en esta etapa del proceso electoral federal (campaña) se encuentra prohibido por la normativa constitucional y legal.

En consecuencia, consideró idóneo conceder las medidas cautelares sobre la publicación y difusión actual de los audiovisuales, que contienen las expresiones materia de denuncia, en los portales de internet y redes sociales oficiales, a efecto de evitar que se transgreda de forma irreparable la equidad de los procesos electorales.

Asimismo, estimó procedente reiterar el dictado de medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el presidente de la República se abstuviera de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad; y, de difundir propaganda gubernamental distinta a la exceptuada por la legislación aplicable.

Por otro lado, la Comisión responsable consideró que la petición sobre la suspensión de las mañaneras resultaba improcedente, porque para determinar el retiro, modificación o eliminación de una conferencia de prensa matutina emitida por el presidente de la República, era necesario analizar las particularidades de las manifestaciones o expresiones motivo de inconformidad a la luz de las infracciones que, en su caso, le pudieran atribuir, para que, ese órgano colegiado se encontrara en posibilidad de determinar lo que en derecho corresponda, y no de forma genérica como lo solicitó el partido quejoso.

Finalmente, la Comisión señaló que no podía pronunciarse en sede cautelar respecto a si los hechos denunciados podrían actualizar un probable uso indebido de recursos públicos, un beneficio directo a Morena y su candidata presidencial, en virtud de que ello atañe al fondo del asunto.

Quinta. Estudio de la controversia. De la revisión de los recursos, consta que los recurrentes hacen valer diferentes pretensiones, por lo que el estudio de sus agravios se realizará de forma separada.[12]

5.1. Agravios del PRD. El partido recurrente formula dos agravios para controvertir el acuerdo impugnado. En el primero señala la violación al principio de legalidad y en el segundo refiere que el acuerdo incumplió con el principio de exhaustividad. Para dar contestación a sus alegaciones, estas serán analizadas en el orden en el que fueron formulados.

5.1.1. Violación al principio de legalidad. El PRD argumenta que el acuerdo impugnado incumple con el principio de legalidad, en esencia, porque la Comisión de Quejas determinó que no existe asidero jurídico para atender su solicitud relativa a que se suspenda la transmisión de las conferencias matutinas del presidente de la República hasta en tanto culmine el Proceso Electoral Federal 2023-2024. 

En específico, señala que los artículos 41, fracción III, inciso C y 134 de la Constitución general establecen la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de propaganda electoral durante el periodo de campañas, por lo que considera que existe fundamento para que su pretensión sea atendida. Además, refiere que en el acuerdo ACQyD-INE-37/2019, se ordenó a las concesionarias de radio y televisión de diversas entidades en las que estaban en desarrollo procesos electorales que debían abstenerse de difundir las conferencias en su totalidad y de forma ininterrumpida.

Al respecto, el agravio resulta infundado debido a que el partido recurrente parte de una premisa incorrecta consistente en que todas las conferencias matutinas del presidente de la República constituyen propaganda en materia electoral.

Como señaló la autoridad responsable, al resolver el recurso SUP-REP-139/2019 y acumulados, esta Sala Superior, ha sostenido que debe considerarse como propaganda gubernamental, toda aquella información publicada que se haga del conocimiento general, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos, y que por su contenido, no sea posible considerarlo como informativo, difundidas en ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º, del ordenamiento constitucional.[13]

Así también conforme a la tesis de jurisprudencia 18/2011, de rubro: “PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.”, esta Sala Superior ha determinado que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y, en consecuencia, los supuestos de excepción deben cumplir los principios de equidad e imparcialidad, dado que de ninguna manera se puede soslayar la normativa constitucional y legal en la materia.

Lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que se produce la comunicación y la información en las conferencias matutinas, sino el contenido lo que determina la propaganda gubernamental prohibida[14]. Las normas constitucionales en materia de comunicación y de propaganda gubernamental en materia electoral protegen la equidad de la competencia y la neutralidad de los gobernantes en el desarrollo de los procesos electorales.

La propaganda gubernamental es un ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención intrínseca y/o manifiesta de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante respecto del actuar de un gobierno en activo con el fin de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado.

En este estado de cosas, si durante el desarrollo de los procesos electorales y más específicamente, durante el periodo de campañas y hasta la jornada electoral, el contenido de las conferencias está relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, estamos ante la presencia de propaganda gubernamental, en principio, prohibida por el artículo 41 constitucional.

Tal y como lo ha sostenido esta Sala Superior en diversos precedentes, el criterio fundamental para advertir si estamos ante propaganda gubernamental implica un análisis del contenido del mensaje, y para determinar su permisión o prohibición en su difusión, si el tema tratado se ubica en alguna excepción legal a la propaganda gubernamental, así como el periodo de difusión.

Por ello se concluye que, para establecer en qué casos las conferencias matutinas tienen un contenido de propaganda gubernamental, el estudio debe hacerse caso por caso, y conforme al parámetro del escrutinio de la información en sí misma, para determinar si dicha información hace alusiones a propaganda gubernamental.

Sobre este punto, cabe destacar que de acuerdo con lo previsto por los artículos 470, 471 de la LEGIPE, 59, 61, 62 y 63 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, una vez recibida la queja o denuncia, y verificados los requisitos de admisión, la autoridad la Unidad Técnica Contenciosa del INE dictará las medidas para llevar a cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario del procedimiento, debiendo para tal efecto, justificar su necesidad y oportunidad.

En ese sentido, tal y como lo ha sostenido esta Sala Superior en la jurisprudencia 17/2009 de rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAL CUÁL PROCEDE”, le corresponde a la autoridad electoral sustanciadora, analizar los hechos denunciados, a fin de determinar si se inicia un procedimiento ordinario o especial sancionador, y clasificar los hechos para establecer la presunta infracción desde un inicio del mismo.

En ese sentido, la autoridad responsable debe analizar la conducta atribuida a las y los servidores públicos a partir de los elementos que configura la infracción en cuestión. Es decir, determinar primero si se está ante propaganda gubernamental, y entones, analizar si ésta se difundió en entidades en periodo prohibido.

Contrario a lo anterior, el partido recurrente solicita que se considere reprochable la conducta de la difusión de la propaganda gubernamental en periodo prohibido tomando en consideración que en algunas conferencias se ha identificado la comisión de esta infracción, por lo que solicita que estas sean suspendidas.

De ahí que resulta infundado lo alegado por el partido, debido a que es criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que para poder determinar si se está ante la existencia de propaganda electoral, aún en sede cautelar, debe analizarse caso por caso el contenido de los mensajes difundidos. De esta manera, los artículos que refiere como sustento de su solicitud no resultan aplicables debido a que el partido formula su petición con base en la premisa incorrecta correspondiente a que las conferencias matutinas, como ejercicio de comunicación, constituyen en sí mismas propaganda electoral.

Máxime que el criterio referido en el recurso SUP-REP-319/2019 y acumulados derivó del estudio de fondo en el procedimiento sancionador en el que se emitió el acuerdo ACQyD-INE-37/2019 conforme al que pretende sustentar su pretensión en este medio de impugnación. Por lo que ese acuerdo no resulta aplicable para que el recurrente alcance su pretensión.

Finalmente, tampoco le asiste la razón cuando señala que los diversos acuerdos en los que se concedieron medidas cautelares respecto de distintas conferencias matutinas y que fueron referidos por la autoridad responsable hacen prueba de la necesidad de atender su solicitud de suspensión, pues estos evidencian que el análisis para determinar si existe propaganda electoral debe realizarse caso por caso. 

5.1.2. Violación al principio de exhaustividad. El partido recurrente argumenta que la autoridad responsable fue omisa en atender su petición relativa a que “Se ordene a Jesus Ramirez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, cumplir con su obligación y previo a subir a la página oficial del gobierno federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de México, revisar y en su caso editar en su contenido las mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral”. 

Al respecto, el agravio es fundado debido a que la autoridad responsable no expresó consideración alguna al respecto ni determinó si esta solicitud resultaba procedente o no.

El principio de exhaustividad impone el deber de atender en la resolución respectiva todos los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la litis y valorar los medios de prueba aportados legalmente al proceso.

En el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General, se consagra el derecho al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en los procesos, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

Este derecho fundamental obliga a decidir las controversias considerando cada uno de los argumentos aducidos en la queja y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad.

En ese sentido, como consta en el acuerdo impugnado, en el apartado titulado “c) Pronunciamiento sobre la suspensión de las mañaneras y sobre la revisión de las conferencias por parte del Titular de Comunicación Social” la autoridad responsable determinó la improcedencia de la solicitud de suspender las conferencias matutinas; sin embargo, no desarrolló consideración alguna respecto de la segunda solicitud.

De esta forma, resulta procedente revocar parcialmente el acuerdo impugnado para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie, en libertad de jurisdicción, respecto de la petición que le fue formulada.

5.2. Agravios del presidente de la República. La parte recurrente formula, en esencia, los siguientes agravios: a. la orden contenida en el acuerdo impugnado constituye en sí misma censura previa; b. los hechos denunciados son actos consumados y de realización incierta; c. la responsable no justificó debidamente la procedencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; además afirma que no se trató de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, sino de manifestaciones de carácter informativo; y, d. la CQyD realizó un pronunciamiento de fondo.

5.2.1. La orden contenida en el acuerdo impugnado no constituye una censura previa. El recurrente refiere que el acuerdo impugnado es contrario a los artículos 6 y 7 de la Constitución General, porque no es permisible censurar con antelación la emisión de opiniones o expresiones, por lo que, dice, se restringe su derecho de libre expresión.

El citado agravio deviene infundado, porque la autoridad responsable realizó un razonamiento basado en evidencias, a efecto de lograr justificar la necesidad de emitir medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, sin que ello pueda considerarse como un acto de censura previa.

Se afirma lo anterior, porque esa medida no implica una prohibición para que el presidente de la República participe en eventos públicos, sino que se encuentra dirigida a lograr que cumpla con su deber de guardar imparcialidad y neutralidad, atento a su obligación de respetar en todo momento la equidad en la contienda y evitar usar cualquier tipo de recursos públicos a favor o en contra de cualquiera de los actores políticos.

Es menester señalar, que de conformidad con la jurisprudencia 14/2015 de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”, se ha sostenido que la tutela preventiva es una medida idónea para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo en cualquier procedimiento, como el que aquí se analiza, atendiendo a la protección y garantía de derechos fundamentales y los valores y principios constitucionales y convencionales; ante el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita.

Desde esta perspectiva preventiva, el análisis de los elementos de apariencia de ilicitud de la conducta; peligro en la demora y proporcionalidad de la medida, adquieren especial importancia tratándose de medias cautelares con efecto preventivo o inhibitorio, pues buscan proteger derechos, principios o valores constitucionales con la intención de evitar actos que vulneren la normativa electoral y provoquen un daño que pudiera ser irreparable.

De igual forma se ha señalado que esta medida no puede considerarse como una sanción, o una restricción injustificada de derechos, porque lo que se busca es que el actuar de los actores políticos se ajuste a los principios rectores de la materia electoral y al marco normativo vigente, por eso se ha considerado que, para emitirlas, la autoridad administrativa electoral debe efectuar un razonamiento de inferencias predictivas basado en evidencia.

Sobre esta base y, a partir del análisis del acuerdo de la Comisión de quejas, esta Sala Superior advierte que la emisión de la medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva, está sustentada en las siguientes razones:

         El proceso electoral federal se encuentra en la etapa de campañas, por lo que el deber de cuidado con el que deben conducirse los servidores públicos se potencializa, pues la posible violación a los principios de neutralidad e imparcialidad con la que deben conducirse pudiera resultar en un riesgo grave en la violación al principio de equidad.

         La Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido diversos acuerdos de medidas cautelares[15] en los que se ha ordenado al presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

         En el acuerdo ACQ-INE-221/2023, de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés se ordenó que, al inicio de las conferencias matutinas, se difundiera la siguiente leyenda:

Lo expuesto evidencia que carece de sustento la premisa inicial del recurrente consistente en la ausencia de elementos objetivos para dictar la medida cautelar en su modalidad preventiva.

En efecto, la Comisión de Quejas justificó la necesidad de emitir medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, con datos objetivos consistentes en la emisión de pronunciamientos en el mismo sentido, dictados en expedientes anteriores, con motivo de procedimientos iniciados contra el referido servidor público en el actual proceso electoral, es decir, la autoridad administrativa electoral sí efectuó un razonamiento válido de inferencias predictivas basado en evidencia.

Al respecto, esta Sala Superior reconoce que, derivado de la determinación de una posible afectación (en sede cautelar) de las disposiciones que regulan la tutela a los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad, respecto del proceso electoral federal con miras a la elección de la presidencia de la República, resultaba razonable y conforme a derecho la emisión de la medida cautelar objeto de controversia.

De ahí que se considere que la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva no constituye un acto de censura previa, ya que la autoridad responsable enfatizó que ha sido una conducta reiterada del presidente hacer expresiones, como las que son materia de controversia, que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad rectores de todo proceso electoral.

En ese sentido, si bien es cierto que la censura previa se concibe como una interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, la cual, constitucional y convencionalmente está prohibida porque limita la circulación libre de ideas y opiniones; también lo es, que la medida impuesta por la responsable no debe considerarse como una censura previa en perjuicio del presidente de la República porque ello, como ya se precisó, no implicó a una prohibición para que dicho funcionario participe en eventos o en el debate públicos, sino que apunta a que éste ejerza su deber de contención, derivado de su obligación constitucional de preservar la imparcialidad, neutralidad y equidad en las contiendas electorales.

5.2.2. La concesión de las medidas cautelares no implicó un pronunciamiento sobre actos consumados o de realización incierta. El inconforme aduce que la responsable inobservó el artículo 39, párrafo 1, fracción III,[16] del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, por el hecho de conceder las medidas cautelares, por una parte, respecto de actos consumados; y, por otra, sobre actos futuros de realización incierta, lo cual escapa de su ámbito de atribuciones.

Esta Sala Superior considera que el planteamiento es infundado, toda vez que la medida cautelar dictada no se emitió respecto de actos consumados, porque no obstante que las manifestaciones emitidas por el presidente de la República ocurrieron en la conferencia matutinas de veintidós de marzo, lo cierto es que la difusión de los archivos audiovisuales y versiones estenográficas en las diversas plataformas aún se mantienen en el tiempo y están al alcance de toda la ciudadanía en general.

Por ello, si la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que las expresiones denunciadas sí ponían en riesgo los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ello justifica el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, en virtud de que, lo que se busca es que se suspendan los efectos de los actos que, en apariencia del buen derecho, a partir de un análisis preliminar, pudieran provocar una afectación irreparable en el proceso electoral.

De ahí que la responsable considerara procedente ordenar que se modificaran o eliminaran de cualquiera plataforma oficial, o bajo su dominio, los archivos que incluyeran las expresiones materia de la denuncia.

Máxime que, las medidas cautelares tienen por objeto que cesen las actividades que puedan causar daño a los principios rectores de la materia y prevenir con ello que se genere el comportamiento lesivo. De esta forma sólo podrán ser objeto de una medida cautelar aquellos actos que mantengan sus efectos en el tiempo.

En mérito de lo expuesto, se arriba a la convicción de que no asiste la razón al recurrente por cuanto hace al planteamiento que se analiza, porque aun cuando las expresiones denunciadas ya se habían desarrollado, su difusión continuaba por el simple transcurso del tiempo a través de las cuentas electrónicas de la presidencia de la República, los cuales están al alcance de toda la sociedad.

Por otro lado, también resulta infundado el disenso consistente en que la medida cautelar se dictó respecto de actos futuros de realización incierta.

A efecto de sustentar la premisa que antecede, es oportuno referir que existen actos futuros e inciertos y de inminente realización. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades y, por ser inciertos, son improcedentes las medidas cautelares en su contra porque la autoridad no puede tener certeza de que el acto reclamado pueda perjudicar a las partes involucradas.

En cambio, respecto de los segundos (de inminente realización), prevalece la certeza -por distintas evidencias, como podría ser conductas previsibles, dada su reiteración a pesar de que exista un llamamiento a que se ajusten al orden jurídico-, de que se realizarán de inmediato o cumplidas ciertas condiciones.

Es a partir de elementos probatorios suficientes, que la autoridad sí puede conceder medidas cautelares cuando advierta el riesgo de que se actualice alguna afectación irreparable en el contexto de la controversia de que se trate[17].

En relación con lo anterior, esta Sala Superior ha entendido que los actos de inminente realización son aquellos:[18] i) cuya existencia es indudable y solamente falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecuten[19]; ii) actos que puedan estimarse como reales y objetivos como consecuencia lógica de uno ya existente[20]; y, iii) pueda inferirse su verificación derivado de acciones concretas dirigidas a producirlos o generarlos.

Para ello, se ha determinado que, a fin de demostrar la inminencia del acto o del daño, la autoridad debe precisar de qué manera las conductas denunciadas pueden continuar o repetirse en el futuro sobre la base de elementos objetivos[21] y que, en apariencia de buen derecho, con su acontecimiento se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por las normas, máxime cuando se está ante una conducta reiterada cuya ejecución desatiende un exhorto realizado previamente por esa misma autoridad, pues esa circunstancia pone en evidencia la actualización de los elementos suficientes para poder considerar una conducta altamente previsible[22].

Al efecto, se construye una presunción basada en hechos que provisionalmente se tienen por ciertos, a partir de la cual pueda afirmarse la posible comisión inminente de un daño o ilícito.[23]

Es dable señalar que esta Sala Superior ha validado diversos acuerdos de la Comisión de Quejas, en los que ha declarado procedente la emisión de medidas cautelares en tutela preventiva, ante la inminencia de una posible reiteración de los hechos denunciados.

Se ha sostenido que resulta pertinente la concesión de este tipo de mecanismos cuando se advierta la reiteración de la conducta previamente denunciada, esto es, cuando el hecho posiblemente ilícito se replica en una segunda o tercera ocasiones, pues de esta manera se puede valorar racionalmente la existencia de indicios razonables sobre los hechos infractores que se alegan y su inminente acontecimiento[24].

En el caso, como quedó establecido, la Comisión de Quejas y Denuncias señaló los motivos objetivos y razonables suficientes, desde una perspectiva preliminar, para estimar viable la adopción de la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, la cual encuentra sustento en la propia jurisprudencia de esta Sala Superior.

Por tanto, contrario a lo afirmado por el recurrente, las expresiones realizadas en la conferencia matutina materia de esta controversia, no tienen cobertura jurídica, porque, como lo sostuvo la responsable, desde una óptica preliminar, implican un claro contraste entre gestiones realizadas por las administraciones pasadas y las que el actual gobierno ha venido realizando, exaltando los logros o acciones de gobierno, así como de los programas sociales que se han implementado.

Ello sin que se requiera un estudio de fondo de los hechos denunciados, en tanto que, la finalidad de los pronunciamientos cautelares es tutelar principios de posibles riesgos hasta en tanto se resuelva el fondo del procedimiento respectivo, por lo que ese juicio de plausibilidad que se observa, en el caso, se sustentó en indicios razonables, evidencias y una situación fáctica preexistente que le permitió a la responsable inferir o presumir que un hecho podría repetirse o continuarse en el tiempo.

Por la razones expuestas, se considera que no asiste la razón al recurrente cuando aduce que la responsable debió decretar la improcedencia de la medida cautelar; porque, como ya se precisó, la autoridad sustentó su actuar con motivos objetivos y razonables suficientes, desde una perspectiva preliminar, para concluir que resultaba viable la adopción de la medida cautelar ante el riesgo de que sigan sucediendo las conductas que en apariencia del buen derecho y bajo un análisis preliminar consideró que resultaban violatorias de los principios rectores del proceso electoral.

5.2.3. La responsable sí justificó debidamente la procedencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El recurrente aduce que la Comisión de Quejas no justificó debidamente la procedencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, porque ni el denunciante ni la responsable aportaron pruebas con las cuales demostraran que las expresiones materia de controversia pueden influir en el ánimo de la ciudadanía para votar en un sentido u otro durante el desahogo del proceso electoral federal.

El agravio es infundado porque de la lectura del acuerdo impugnado, se advierte con claridad, que la responsable, después de exponer el marco normativo aplicable al caso, analizó las expresiones del presidente de la República y concluyó, a partir de una valoración preliminar, que sí podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal que se encuentra en curso.

En efecto, la responsable sostuvo, desde una óptica preliminar que, a través de las manifestaciones emitidas durante la conferencia cuestionada, se enaltece la figura del Gobernador de Veracruz, al referir “gran gobernador. Tiene nuestro apoyo, todo nuestro respaldo”, “no es corrupto” o “gobierne Cuitláhuac de manera honesta”; expresiones que, bajo la apariencia del buen derecho, podría influir en el electorado de esa entidad federativa.

Asimismo, destacó que se advertían expresiones, como: “qué hacían los gobernadores, cómo vivían los gobernadores: grandes residencias, departamentos en el extranjero, yates; vivían colmados de atenciones, de privilegios”; frase que, para la autoridad, desde una óptica preliminar, podrían tener impacto en el ánimo de la ciudadanía al momento de emitir su voto, debido a que no se trata de temas de trascendencia nacional.

La autoridad agregó que, hablar de temas relacionas con educación y de cómo se manejaba en el pasado; sobre construcciones de hospitales y reclusorios; y, emitir pronunciamientos sobre obras que se realizaron en gestiones anteriores; al no tratarse de campañas informativas, rebasaban los límites constituciones establecidos, para que deba ser del conocimiento público en esta etapa del proceso electoral en curso.

De igual forma, la responsable precisó que, si bien el denunciante no señaló que el presidente de la República habló sobre la basificación de trabajadores de PEMEX y del IMSS-Bienestar; advertía que la referencia a “Vamos a pedirle al director de Pemex que atienda esto que están planteando ustedes” y “sólo este programa IMSS-Bienestar significa basificar a 75 mil trabajadores de la salud”, no se trataba de una campaña informativa con relación a ese tópico, sino a cuestiones de carácter administrativo que impactan solo a un sector de ese gremio y no a la sociedad en general para que deba ser del conocimiento público en esta etapa del proceso electoral en curso.

Así, la responsable sostuvo que las manifestaciones implicaban un claro contraste entre gestiones realizadas por las administraciones pasadas y las que el actual gobierno ha venido realizando, exaltando las mejoras y logros que se han tenido en el tema educativo en relación con la infraestructura y el personal, al referir ¿Cómo estaban las escuelas? En el abandono completo, los padres tenían que cooperar para la pintura, para el mantenimiento, ahora está este programa y va a mejorar y “les hemos mejorado sus ingresos a maestras, a maestros”; lo cual, refirió, en el contexto de un proceso electoral no está permitido.

En ese sentido, la Comisión de Quejas sostuvo que las manifestaciones emitidas por el titular del Ejecutivo Federal, por sus características y trascendencia, debían ser acreedoras de un escrutinio distinto, porque dicho servidor público dispone de recursos humanos, financieros y materiales, lo cual trae como consecuencia que sus declaraciones tengan un mayor impacto en detrimento de la equidad de las contiendas electorales.

Por ello concluyó que, a partir de un análisis preliminar, la presunción de licitud de las afirmaciones del presidente de la República con base en su derecho a la libertad de expresión, no podrían imperar frente a los principios de equidad en la contienda, imparcialidad y neutralidad, mismos que deben prevalecer en todo momento en cualquier proceso electoral.

En consecuencia, la responsable señaló que, dado que el material denunciado se encontraba alojado en las plataformas electrónicas del gobierno federal y del propio funcionario denunciado, ello implicaba que tales expresiones se encontraran disponible al público en general y por ello concluyó que resultaba necesaria la concesión de las medidas cautelares solicitadas.

Ahora bien, contrario a lo argumentado por el recurrente, es posible advertir que la responsable expuso las razones por las cuales concluyó que sí se actualizó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; elementos constitutivos del dictado de una medida cautelar como la que aquí se cuestiona.

Además, la responsable tampoco dejó de contrastar la libertad de expresión del presidente de la República, frente a los diversos principios rectores del proceso electoral; dado que, como ya se precisó, la Comisión sí realizó ese análisis; sin que el recurrente cuestione de manera frontal tales conclusiones.

Incluso, a juicio de esta Sala Superior, no era necesario analizar elementos de prueba diferentes a las propias expresiones denunciadas para poder concluir si, a partir de una valoración preliminar en sede cautelar, podían o no poner en riesgo los principios rectores del proceso electoral; al ser precisamente las expresiones del titular del Ejecutivo Federal las que fueron materia de la controversia por parte del denunciante.

Por otro lado, el inconforme afirma que no resultaba procedente la medida cautelar bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, porque no se trató de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, sino de manifestaciones que no violan la normativa electoral, que se emitieron en atención y respuesta a los cuestionamientos realizados por distintos medios de comunicación, relacionados con temas de interés general, por lo que tienen carácter de informativo.

Sin embargo, este órgano colegiado estima que tales afirmaciones son inexactas, porque, como lo argumentó la Comisión de Quejas y se destacó previamente, el hecho de que el presidente hiciera referencia expresa a logros o acciones de gobierno, a los programas sociales que se han implementado, en contraste entre gestiones realizadas por las administraciones pasadas, implicó que efectivamente, desde una perspectiva preliminar, tales manifestaciones pudieran afectar los principios rectores del proceso electoral, como la equidad, imparcialidad y neutralidad, que tienen como finalidad, prevenir una afectación en los procesos electorales que pudiesen viciarlos e incluso afectar su validez debido a que la conducta ilícita continúe o se repita.

Por tanto, se estima que fue correcta la determinación de la responsable de conceder la medida cautelar materia de análisis, en tanto que, la finalidad de su otorgamiento obedeció a lograr evitar el riesgo de que las conductas analizadas generen un desequilibrio entre los actores políticos del proceso electoral a partir del uso con fines político-electorales de los espacios de comunicación oficial.

Sin que lo anterior implique prejuzgar respecto de la determinación que al efecto se tome en cuanto a la existencia o no de las conductas denunciadas.

5.2.4. La Comisión de Quejas sí es competente para pronunciarse, a partir de un estudio preliminar en sede cautelar, sobre la legalidad de las expresiones denunciadas, sin que ello implique un pronunciamiento de fondo y una sanción en perjuicio del presidente de la República. El recurrente argumenta que la Comisión de Quejas y Denuncias no tiene competencia para analizar las expresiones denunciadas y concluir que son de índole electoral, porque ello es materia del fondo de la controversia y la autoridad competente para pronunciarse en ese sentido lo es la Sala Regional Especializada de este tribunal.

El citado planteamiento es infundado, porque, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, Base III, apartado D) de la Constitución General, el INE es la autoridad encargada de investigar las infracciones a lo dispuesto en esa misma disposición constitucional, a través de procedimientos expeditos por medio de los cuales, integrará el expediente respectivo para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de su Sala Regional Especializada.

Asimismo, dicha disposición constitucional establece que, durante la sustanciación de dicho procedimiento, el INE podrá imponer, las medidas cautelares que estime pertinentes para suspender o cancelar de manera inmediata la comisión de cualquier acto que, a partir de un estudio preliminar, estime que pongan en riesgo los principios y valores previstos en la propia Constitución General.

Por otra parte, en el artículo 459, párrafo 1, de la Ley Electoral General, se sostiene que son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: a) El Consejo General; b) La Comisión de Quejas y c) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE.

Asimismo, el artículo 471, párrafo 8 del citado ordenamiento, establece que, si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 467 de esa ley.  Esta decisión podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Conforme a lo anterior, el artículo 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE dispone cuáles son los órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, entre los que destaca el Consejo General del INE, la Comisión de Quejas y la Sala Regional Especializada de este órgano jurisdiccional.

El artículo 38 del Reglamento, señala de manera expresa que las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por el Consejo General y la Comisión de Quejas, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la referida Unidad Técnica.

Luego, como puede apreciarse, de acuerdo con el diseño constitucional y legal sobre los procedimientos sancionadores, la Comisión de Quejas y Denuncias, junto con el Consejo General de INE, es la autoridad competente para el dictado de medidas cautelares y, por tanto, a quien le corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley aplicable.

Por lo anterior, deben desestimarse los planteamientos del recurrente en el sentido de que la Comisión de Quejas carece de competencia para analizar de manera preliminar la legalidad de las expresiones materia de esta controversia.

En diverso aspecto, se estima que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la concesión de la medida cautelar que aquí se cuestiona, se tradujo en una sanción injustificada sobre el presidente de la República, porque no debe perderse de vista que las medidas cautelares no son una sanción, sino un instrumento de tutela provisional, cuya finalidad es evitar un posible daño irreparable a algún derecho o a los principios rectores en la materia.

Es decir, este tipo de medidas buscan suspender de forma inmediata y urgente aquellos hechos o conductas que puedan afectar, de manera inminente, al proceso electoral o a algún principio constitucional o derecho político-electoral, en tanto se emite la resolución de fondo que determina su licitud o ilicitud.

Es por ello que, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias tiene conocimiento de ciertos hechos, y a partir de un análisis provisional advierte la existencia de un riesgo de afectación sobre un derecho humano o principio fundamental que requiera de una protección provisional y urgente, ello justificará la concesión de la medida cautelar mientras se sigue el procedimiento para la resolución del fondo de la controversia.

En consecuencia, si bien la responsable concluyó que las manifestaciones vertidas por el denunciado no tenían cobertura jurídica y que son de índole político-electoral, tal consideración se hizo de forma preliminar, en concordancia con la naturaleza del procedimiento cautelar, sin que ello pueda considerarse una sanción; toda vez que el hecho de que se haya concedido la medida cautelar solicitada por el denunciado no implica en automático que ese pronunciamiento deba replicarse ni tampoco que resulte vinculante para la Sala Regional Especializada en una eventual resolución de fondo.

Similares consideraciones se sostuvieron en los diversos SUP-REP-302/2024, SUP-REP-208/2024; SUP-REP-684/2023 y acumulados, SUP-REP-476/2023 y SUP-REP-684/2023 y acumulados.

Sexta. Efectos. En atención a las consideraciones expuestas, se revoca parcialmente el acuerdo reclamado para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie, en libertad de jurisdicción, respecto de la petición que le fue formulada relativa a que “Se ordene a Jesus Ramírez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, cumplir con su obligación y previo a subir a la página oficial del gobierno federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de México, revisar y en su caso editar en su contenido las mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral”.

Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior aprueba los siguientes

R E S O L U T I V O S

Primero. Se acumulan los expedientes en los términos de la consideración segunda de la presente sentencia.

Segundo. Se revoca parcialmente el acuerdo impugnado, para los efectos señalados en el último apartado.

Notifíquese como corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

ANEXO 1

MATERIAL DENUNCIADO

Audiovisual alojado, en el enlace 
electrónico https://www.Youtube.com/watch?v=A5c4JX6amLQ&list=PLRnIRGar, cuyo contenido es el siguiente: