EXPEDIENTE: SUP-REP-393/2022

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA.[1]

Ciudad de México, primero de junio de dos mil veintidós.

SENTENCIA que confirma el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, impugnado por el Partido Revolucionario Institucional, que declaró la improcedencia de las medidas cautelares en contra del secretario de Gobernación y de Morena, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

ÍNDICE

GLOSARIO

ANTECEDENTES

COMPETENCIA

PROCEDENCIA

ESTUDIO DE FONDO

RESOLUTIVO

GLOSARIO

ANTECEDENTES

1. Denuncia. El veinticuatro de mayo,[2] el actor presentó queja en contra del secretario de Gobernación[3] y de Morena, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña respecto de la elección presidencial de dos mil veinticuatro, por lo que solicitó la adopción de medidas cautelares.

2. Acuerdo impugnado. El veintiséis de mayo, la CQyD emitió el acuerdo impugnado en el sentido de declarar la improcedencia de las medidas cautelares.

3. REP. El veintiocho de mayo, el PRI interpuso recurso de revisión a fin de impugnar esa determinación.

4. Turno a ponencia. El veintinueve de mayo, el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente SUP-REP-393/2022 y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

5. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó y admitió la demanda a trámite; agotada la instrucción la declaró cerrada y el asunto quedó en estado de resolución.

COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para resolver la presente impugnación, porque se interpone un REP para impugnar un acuerdo de la CQyD, por el que determinó la improcedencia de las medidas cautelares que fueron solicitadas por el PRI dentro de un procedimiento especial sancionador,[4] lo cual es de su exclusivo conocimiento.

PROCEDENCIA

El medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia:[5]

1. Forma. El recurso se interpuso por escrito y en él consta: a) el nombre y firma autógrafa del representante del actor; b) el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello; c) se identifica el acto impugnado; d) los hechos en que se basa la impugnación; y e) los agravios y los preceptos jurídicos presuntamente violados.

2. Oportunidad. El medio de impugnación es oportuno,[6] pues la determinación controvertida se notificó a las veinte horas del veintiséis de mayo,[7] y la demanda se presentó el inmediato día veintiocho a las dieciocho horas con treinta y ocho minutos, es decir, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas establecido para controvertir los acuerdos relativos a medidas cautelares.[8]

3. Legitimación. El actor está legitimado al ser un partido político nacional, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo General del INE.

4. Interés jurídico. Se actualiza el requisito, pues el actor fue el solicitante de la medida cautelar y aduce que el acuerdo impugnado en el que se negaron es contrario a derecho.

5. Definitividad. De la normativa aplicable se advierte que no hay otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia, por lo cual está colmado este requisito.

ESTUDIO DE FONDO

1. Materia de la controversia

a. Denuncia.

El PRI denunció al secretario de Gobernación y a Morena por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, con motivo de ocho publicaciones en internet, cuatro de ellas de diversos medios de comunicación y las cuatro restantes de las personas candidatas a la gubernatura de Hidalgo, Durango y Oaxaca por Morena, según correspondió, conforme a lo siguiente:

b. Resolución impugnada.

La Comisión de Quejas determinó que las medidas cautelares eran improcedentes porque no se actualizaba, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

Lo anterior, debido a que no advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar respecto al retiro de las aludidas notas periodísticas o las publicaciones alojadas en las redes sociales de las citadas candidaturas.

Esto, porque los hechos motivo de denuncia se vinculan con el procedimiento electoral federal 2023-2024 que aún no inicia y considerar lo contrario tendría un efecto desproporcionado en perjuicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

2. Análisis del caso

a. Planteamientos del recurrente.

El PRI aduce que la resolución impugnada vulnera los principios de exhaustividad y debida fundamentación y motivación.

En su opinión, la responsable omitió realizar un análisis contextual de los mensajes, relacionado con las expresiones del electorado, las frases y hechos que motivaron la denuncia.

Lo anterior, con base en el argumento de que el contenido de las publicaciones está amparado bajo la libertad de expresión y que su difusión no pone en peligro la equidad en la contienda, sin que llevara a cabo un estudio sobre la colisión de derechos y la omisión del denunciado de presentar un deslinde.

En este sentido, para el demandante, el denunciado excede el límite del derecho a la libertad de expresión e incurre en actos anticipados de precampaña y campaña, “al realizar manifestaciones de posicionamiento personal y logros en su encargo púbico; también al permitir que lo aludan como Presidente”, en tanto que, la denuncia se sustentó en el análisis del equivalente funcional, lo que pasó desapercibido para la responsable.

Finalmente, el recurrente argumenta que se debieron conceder las medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, pues existe un riesgo futuro inmediato de que se sigan realizando esas conductas.

b. Tesis

Los planteamientos del PRI son infundados, porque la Comisión de Quejas sí fue exhaustiva y la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada.

b. Justificación

La responsable fue exhaustiva y su determinación está debidamente fundada y motivada

En principio, se debe tener en cuenta que la finalidad de la medida cautelar en un PES es tutelar los principios y derechos electorales y prevenir riesgos que los afecten en forma grave, sobre la base de conductas manifiestamente ilícitas o con apariencia de ilicitud que impliquen dicho riesgo, lo que hace necesaria y urgente la intervención de las autoridades competentes.

En este sentido, las medidas cautelares son un instrumento que puede decretar la autoridad competente, en función de un análisis preliminar, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio o evitar un daño grave e irreparable a las partes en conflicto o a la sociedad, en la sustanciación de un procedimiento.

Por ello, esta Sala Superior ha establecido que, para otorgar medidas cautelares, es necesario considerar[9]:

-La probable violación a un derecho o principio, del cual se pide la tutela en el proceso, esto es, la apariencia del buen derecho, y

-El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama.

En el caso, no le asiste razón al demandante, pues de la resolución impugnada se advierte que la responsable sí fue exhaustiva y su determinación está debidamente fundada y motivada porque analizó el texto y contexto de las publicaciones que dieron origen a la queja.

Esto es así, porque la Comisión de Quejas tuvo en consideración las ocho publicaciones que el denunciado precisó en su escrito que motivó el inicio del procedimiento especial sancionador, las cuales se reproducen en esta resolución.

Así, la responsable consideró que las publicaciones denunciadas consistían en notas periodísticas de los medios de comunicación digital Aristegui Noticias, El Sol de México, Infobae y Expansión Política que dieron cuenta de la reunión que sostuvo el presidente de la República con diputadas y diputados federales, en la que se cuestionó acerca del desempeño del denunciado.

De igual forma, la Comisión de Quejas tuvo en consideración las publicaciones de Julio Menchaca Salazar, Marina Vitela Rodríguez y Salomón Jara Cruz, personas que son postuladas como candidatas a las gubernaturas de Hidalgo, Durango y Oaxaca, respectivamente.

Ahora bien, como lo consideró la autoridad responsable, de manera preliminar y en apariencia del buen derecho, del contenido de las aludidas publicaciones no se advierten expresiones explícitas o inequívocas[10] que permitan concluir que el denunciado pretenda posicionarse para obtener la candidatura para un cargo de elección popular, en especial, el relativo a la presidencia de la República, aun en su equivalente funcional.

Esto es así, pues no se advierten frases o peticiones de apoyo para obtener esa candidatura y menos aún que solicite el voto para ganar una contienda electoral.

Ahora bien, en el caso específico de actos anticipados de precampaña y campaña, esta Sala Superior advierte que la posibilidad de denunciarlos en cualquier momento, incluso previo al inicio del proceso electoral cuya afectación se reclama, tiene como consecuencia que puedan existir casos específicos en los que el análisis de la urgencia de cesar la conducta cobre preferencia, al resultar evidente que no se actualiza, porque la posible vulneración denunciada: i) no resulta inminente, ii) puede ser reparada a partir del dictado de una resolución de fondo y previo al inicio del proceso electoral correspondiente, iii) no se trata de una conducta sistemática y reiterada, cuya ilicitud ya se haya declarado previamente.

En el caso, como señaló la autoridad responsable, se denuncian actos que podrían constituir un posicionamiento anticipado y vulnerar la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024, cuyo inicio está previsto para septiembre del dos mil veintitrés, es decir, dentro de un año y tres meses.

En ese sentido, resulta evidente que la infracción reclamada, de actualizarse, no genera un perjuicio inminente a dicho proceso electoral y existe suficiente tiempo para resolver el fondo del asunto y, en su caso, dictar las medidas de reparación necesarias para salvaguardar la equidad de la próxima contienda a la presidencia de la República.

Máxime, que este es el primer caso, en el que se denuncia al secretario de gobernación por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña con miras al proceso electoral federal 2023-2024, por lo que, en este momento, no se puede considerar que exista una conducta sistemática, reiterada y de conocida ilicitud que amerite el dictado de alguna medida cautelar para prevenir una afectación mayor o que haga inminente la repetición de una conducta prohibida y, por ende, justifique las medidas de tutela preventiva.

Cabe aclarar que esta conclusión no prejuzga sobre el argumento del actor respecto a la actualización del elemento temporal de la infracción, pues se trata del análisis de una cuestión diversa.

Respecto al dictado de la medida cautelar, la temporalidad es un elemento que, en este caso, resulta relevante para definir la falta de urgencia del dictado de las medidas cautelares, pero ello de ninguna manera implica que por la anticipación de las conductas denunciadas no se pudieran considerar actos anticipados de precampaña o campaña respecto al proceso electoral federal 2023-2024, sino simplemente que, de serlo, resultarían reparables en la sentencia de fondo.

Lo anterior, porque en el caso, la elección para renovar la presidencia de la República corresponde al proceso electoral federal 2023-2024, que aún no inicia, sino que comenzará a partir de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, que estamos a más de un año para que ello ocurra.

De ahí que en este momento no se advierta la urgencia o peligro en la demora que justifique las medidas cautelares y, de considerar lo contrario, esto es, de conceder las medidas consistentes en ordenar el retiro de las aludidas publicaciones, ello sería restrictivo de los derechos de la libertad de expresión y de información.

Ahora bien, como se precisó, de las publicaciones que motivaron la denuncia, de manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, no se advierten elementos para considerar que el denunciado ha incurrido en actos anticipados de campaña.

Esto es así, pues el demandante parte de la premisa incorrecta que esas publicaciones corresponden a un “posicionamiento personal” del denunciado con la intención de obtener apoyo para el aludido proceso electoral federal que aún no inicia.

Lo anterior, pues en realidad se trata de manifestaciones hechas por terceras personas, como son los medios de comunicación en ejercicio de su labor periodística, o bien, de diversas candidaturas en sus redes sociales que dan cuenta de hechos en los que se menciona al denunciado.

No es obstáculo que, en la publicación de veintiuno de mayo en el perfil de Facebook de Julio Menchaca, consistente en un video, el denunciado se dirigiera a los asistentes en un acto partidista, pues como lo consideró la responsable, de sus expresiones no se advierte que solicite apoyo para obtener alguna candidatura.

Por otra parte, no pasa desapercibido el planteamiento del PRI relativo a la omisión de la responsable sobre las expresiones “PRESIDENTE, PRESIDENTE”, el supuesto consentimiento del denunciado a que le llamen de esa manera y la omisión de éste en presentar un deslinde.

A juicio de esta Sala Superior, esos argumentos no corresponden al análisis de la determinación de medidas cautelares, sino que deben ser materia de estudio del fondo, conforme al cual se debe determinar si existe o no la infracción atribuida al denunciado.

Lo anterior es así, pues como se precisó, la naturaleza de las medidas cautelares consiste en hacer cesar aquellas conductas que aparentemente constituyen una irregularidad, sin que, en este momento, se pueda determinar que las expresiones de las que dieron cuenta las notas periodísticas se puedan imputar directamente, de manera expresa e inequívoca al denunciado.

Sino que, en apariencia del buen derecho, son el resultado del ejercicio periodístico de los medios de comunicación que emitieron y publicaron esas notas, conforme a su derecho de libertad de expresión e información.

Finalmente, es infundado el argumento sobre la indebida determinación de dictar la medida cautelar en su modalidad de tutela preventiva.

Esto es así, porque como lo consideró la responsable, el planteamiento corresponde a actos futuros de realización incierta, sin que de las constancias de autos y del planteamiento del demandante, se adviertan elementos objetivos para determinar que existe un riego inminente en que el denunciado y Morena incurran en conductas como las denunciadas.

3. Conclusión

Debido a que los argumentos del recurrente son INFUNDADOS, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado.

Por lo expuesto, se emite el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución impugnada.

Notifíquese como corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe, así como de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.