RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-567/2024

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: FRANCELIA YARISSELL RIVERA TOLEDO, HÉCTOR RAFAEL CORNEJO ARENAS Y BENITO TOMÁS TOLEDO

Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro [1]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca el acuerdo A18/INE/MÉX/CL/14-05-2024 emitido por la Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México [2] que, entre otras cuestiones, declaró procedente las medidas cautelares solicitadas por el quejoso en el expediente INE/JLE/PE/PAN/MEX/005/2024.

I. ANTECEDENTES

Del escrito de demanda y de las constancias del expediente se advierten los hechos siguientes:

1. Denuncia. El diez de mayo, el Partido Acción Nacional [3]denunció a MORENA, por la presunta publicación y difusión de propaganda con contenido calumnioso en su contra y Enrique Vargas del Villar, en su calidad de candidato al Senado de la República, por el principio de mayoría relativa en el Estado de México.

En su queja, el PAN solicitó el dictado de medidas cautelares para que se ordenara a Morena el retiro de las publicaciones denunciadas, así como de tutela preventiva, a fin de conminar al partido denunciado de abstenerse a difundir propaganda calumniosa en contra de ese partido y del candidato en cuestión.

2. Registro, escisión y admisión. Por acuerdo del trece de mayo, la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México registró la queja antes señalada, bajo el expediente INE/JLE/PE/PAN/MEX/005/2024; asimismo, derivado de la inspección ocular [4] practicada, se advirtió la posible afectación de diversas personas candidatas al Senado de la República por el principio de representación proporcional, por lo que se decretó la escisión de la denuncia, a efecto de que el Consejo Local conociera únicamente respecto de los hechos relacionados con Enrique Vargas del Villar.

En ese sentido, se admitió la denuncia y, entre otras cuestiones, se ordenó emplazar a las partes y la elaboración de la propuesta de medidas cautelares para someterlo a la consideración del Consejo Local.

3. Acuerdo impugnado (A18/INE/MÉX/CL/14-05-2024). El catorce de mayo, el Consejo Local declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el partido quejoso, al considerar que, de un análisis preliminar, las publicaciones denunciadas constituían propaganda calumniosa en contra de Enrique Vargas del Villar, al contener alusiones directas en su contra que son contrarias al principio de presunción de inocencia.

4. Recuso de revisión. El dieciséis de mayo siguiente, Morena interpuso el presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, por conducto de su representante ante el Consejo Local.

5. Registro y turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente SUP-REP-567/2024 y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6. Radicación y requerimiento. Por acuerdo del veintiuno de mayo, la Magistrada Instructora radicó el recurso de revisión, asimismo, se requirió a la responsable remitir el acuerdo impugnado y las constancias de notificación.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó el recurso en su ponencia, lo admitió y, al no haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia.

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

PRIMERA. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el recurso, ya que se controvierte un acuerdo del Consejo Local, relacionado con la procedencia de las medidas cautelares solicitadas en un procedimiento especial sancionador, lo cual es de la competencia exclusiva de este órgano jurisdiccional.[5]

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. El recurso satisface las exigencias procesales para su admisión [6], de conformidad con lo siguiente:

a) Forma. El recurso se interpuso por escrito ante la responsable; en la demanda se indica el nombre del recurrente y de quien comparece en su representación, así como el acuerdo controvertido, los hechos y agravios que le causa, y cuenta con firma autógrafa.

b) Oportunidad. La demanda es oportuna [7], de acuerdo con lo siguiente:

Fecha de notificación	Fecha de presentación de la demanda
14 de mayo, a las 19:10 horas [8].	16 de mayo, a las 17:13 horas.

Como se advierte, la demanda fue presentada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto en la Ley para tal efecto [9].

c) Legitimación, personería e interés jurídico. El partido Moena está legitimado para interponer el recurso, pues fue parte denunciada en el procedimiento en el cual se emitió el acuerdo controvertido; además, comparece a través de su representante, calidad que le es reconocida por la autoridad responsable. Asimismo, cuenta con interés jurídico, ya que considera que el acuerdo impugnado afecta su esfera jurídica.

d) Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse de manera previa, por lo que debe tenerse por satisfecho el presente requisito.

QUINTA. Estudio de fondo.

I. Contexto de la controversia

a. Queja

El asunto tiene su origen en la denuncia que presentó el PAN en contra de Morena por la presunta publicación y difusión en diversas redes sociales de un vídeo con contenido calumnioso en contra de dicho partido y de Enrique Vargas del Villar, en su calidad de candidato al Senado de la República.

El contenido de la publicación denunciada, en lo que interesa a la materia de la presente controversia, es del tenor siguiente:

“Estas son algunas de las fichitas que el PRIAN quiere en el Senado de la República […]

“[…] Enrique Vargas, señalado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género.”

“La mafia de la corrupción quiere llegar al Senado de la República para volver a beneficiarse a costa del pueblo y su transformación.”

“Si lo ves en una boleta, ¡Recuerda no votar por ellos y vota todo Morena la esperanza de México!”

Al presentar su escrito de queja, el partido denunciante solicitó el dictado de medidas cautelares consistentes en:

 Eliminar o retirar de manera inmediata la propaganda electoral calumniosa en contra de Enrique Vargas del Villar, así como de cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición “Fuerza y corazón por México [10]”.

 Ordenar a MORENA abstenerse de producir, publicitar, difundir y promocionar propaganda electoral calumniosa en contra de Enrique Vargas del Villar, así como de cualquiera de los partidos políticos integrantes de la mencionada coalición.

b) Acuerdo impugnado (A18/INE/MÉX/CL/14-05-2024)

El Consejo Local declaró procedente el dictado de medidas cautelares respecto de las publicaciones denunciadas, por estimar que, de un análisis preliminar, se advertían expresiones y alusiones directas en contra del candidato del PAN al Senado de la República contrarias al principio de presunción de inocencia, que podrían generar una imagen o percepción negativa del candidato y partido involucrado, derivado de señalamientos expresos, sin que medie soporte o fuente de información fehaciente.

En concreto, el Consejo Local dotó de significado las frases contenidas en la publicación denunciada, en los siguientes términos:

FRASES DEL VÍDEO	CONSIDERACIÓN
“Estas son algunas de las fichitas que el PRIAN quiere en el Senado de la República […]”	El término “fichitas” denota algo negativo, y la palabra “PRIAN” hace alusión a los partidos políticos PAN y PRI para denostarlos como malos gobiernos, que se han distinguido por la corrupción.
“[…] Enrique Vargas, señalado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género”	Si bien el término “señalado” no es determinante o categórico, éste se desnaturaliza cuando a lo dicho o aseverado no se prueba o acompaña con soporte fehaciente alguno; es decir, atribuir a alguien delitos graves como los imputados, con o sin pruebas, definitivamente genera una percepción negativa, y más si es sin soporte, pues a todas luces resulta injustificado o calumnioso, al tiempo de evidenciar abiertamente la intención de afectar al destinatario.
“La mafia de la corrupción quiere llegar al Senado de la República para volver a beneficiarse a costa del pueblo y su transformación”	La “mafia de la corrupción” en nuestro contexto político y electoral, también es una expresión ofensiva atribuida a los gobiernos emanados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Y “volver a beneficiarse”, denota anticipar y asegurar desempeños negativos, cuando en realidad se trata de actos futuros de realización incierta, lo que vuelve a evidenciar la intención de afectar al destinatario.
“Si lo ves en una boleta, ¡Recuerda no votar por ellos y vota todo Morena la esperanza de México!”	Este cierre es un llamado claro y categórico a no votar por los quejosos, que busca incidir en la voluntad del electorado con información falsa; expresión que reitera la intención de afectar al candidato Enrique Vargas del Villar y al Partido Acción Nacional.

Adicionalmente, la responsable justificó la procedencia de las medidas cautelares, en la existencia de un derecho o principio fundamental que requería la protección provisional y urgente, siendo, en el caso, el principio de la equidad en la contienda y el derecho a la presunción de inocencia los bienes a salvaguardar, a efecto de evitar su vulneración o la generación de daños de modo irreversible.

Así, la responsable concluyó que, de un estudio preliminar, se advertían elementos que indicaban la existencia de peligro en la demora, urgencia justificada o que la violación reclamada se pudiera tornar irreparable si se esperaba al dictado de la resolución de fondo, resultaba procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el denunciante.

II. Pretensión, agravios y metodología de estudio

La pretensión de MORENA es que se revoque el acuerdo A18/INE/MÉX/CL/14-05-2024, para el efecto de que sea decretada la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas para detener la difusión en sus redes sociales de propaganda presuntamente calumniosa.

Para sustentar su impugnación, el recurrente plantea como motivos de agravio la indebida fundamentación y motivación, así como una vulneración a su derecho de libertad de expresión, pues a juicio, los razonamientos expuestos por la responsable resultan insuficientes para justificar la procedencia de las medidas cautelares dictadas en el citado acuerdo.

Con base en lo anterior, la litis en el presente asunto consiste en determinar si fue o no ajustado a Derecho que la responsable haya decretado la procedencia de las medidas cautelares y ordenado la suspensión de la difusión de la propaganda en redes sociales del partido recurrente.

Por cuestión de método, los agravios se analizarán en forma conjunta, al encontrarse estrechamente vinculados [11].

III. Estudio de los agravios

a. Decisión

En el caso, los planteamientos resultan fundados y suficientes, para revocar la determinación impugnada, tal y como se desarrollará a continuación.

b. Marco jurídico

i. Naturaleza de las medidas cautelares. Las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias.

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.

Su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.

Por consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares a la vez que constituyen un instrumento de otra resolución también sirven para tutelar el interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente, una situación que se califica como ilícita.

Sobre dicho punto, debe subrayarse que el legislador previó la posibilidad de que se decreten medidas cautelares con efectos únicamente provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.

Ello con la finalidad, como ya se apuntó, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable.

Además, las medidas cautelares tienen como efecto restablecer el orden jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes: i) La probable violación a un derecho, del cual, se pide la tutela en el proceso, y; ii) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable.

Por su parte, el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

Sólo de esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

ii. Límites a las libertades de expresión e información. Las libertades de expresión y de información en el ámbito político no son derechos absolutos, pues su válido ejercicio no debe interferir con la salvaguarda de los principios constitucionales que rigen en los procesos electorales.

Así, uno de los límites a la libertad de expresión en materia política es la prohibición de que la propaganda contenga expresiones que calumnien a las personas. En este sentido, el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral".

El precepto legal transcrito da contenido al concepto de calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: (i) la imputación de hechos falsos o delitos, y (ii) con impacto en un proceso electoral.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio que abona a lo que se debe entender por calumnia [12], de conformidad con el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Ley Fundamental, que contiene la prohibición de que “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas".

En este sentido, el Pleno del máximo tribunal del país, advierte que el término calumnia se refiriere en su uso cotidiano, según la definición del Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda Edición, a que es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño; y en su segunda locución, que es la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad.

A partir de lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera –con motivo del análisis de la validez de la disposición local impugnada en las mencionadas acciones de inconstitucionalidad– que la imputación de los hechos o delitos falsos debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falsa –elemento que deriva del estándar de malicia efectiva–, interpretación que, de acuerdo al Tribunal Pleno, debe hacerse del término "calumnia" para que resulte ajustado y proporcional como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible restricción debe entenderse en términos muy estrictos.

La anterior definición del ilícito de calumnia, en donde no sólo se exige la imputación de hechos o delitos falsos, sino que se efectúe con conocimiento de su falsedad, ha sido reiterada en la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, así como recientemente en las diversas acciones de inconstitucionalidad 132/2020 y 134/2020.

De allí que, para dilucidar si un acto resulta calumnioso y, por ende, si se actualiza una restricción válida a la libertad de expresión, resulta necesario constatar la actualización del elemento objetivo, lo que implica que la difusión de información se refiera a hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral y no a opiniones que, por estar referidas a un juicio de valor, no están sujetas a un canon de veracidad.

Asimismo, también se debe corroborar que la difusión de los hechos o delitos falsos por parte de partidos o candidaturas es con el propósito de producir y difundir información falsa para generar un daño [13], lo que se presumirá por el hecho de que la difusión se efectúe a sabiendas de su falsedad y con total indiferencia en torno a la voluntad de verificar su veracidad,[14] lo que constituye el elemento subjetivo del ilícito.

c. Caso concreto

El partido recurrente plantea que el Consejo local incurrió en una indebida fundamentación y motivación y en una afectación a su derecho de libertad de expresión, pues afirma que los razonamientos expuestos por la responsable resultan insuficientes para justificar la procedencia de las medidas cautelares ahora cuestionadas.

En específico, alega que, de un análisis preliminar de las publicaciones denunciadas, no se desprenden elementos mínimos que puedan configurar calumnia en sede cautelar.

En concreto, afirma que, respecto a la primera frase, la responsable se limitó a señalar argumentos genéricos para sustentar su determinación, tales como atribuir al término “fichita” la divulgación de un hecho falso y la imputación de un delito.

Asimismo, estima que las expresiones relacionadas con los gobiernos del PAN y PRI, en modo alguno constituyen una expresión unívoca y sin ambigüedad que les vincule con corrupción.

En relación con la segunda frase, considera que el término “señalado”, respecto de la persona de Enrique Vargas, no adjudica la comisión de ciertas conductas, o que haya sido responsable de las mismas, pues dicha expresión no alude de modo univoco y sin ambigüedad hechos o delitos falsos en contra de tal ciudadano, pues con ello solo se está expresando que se han realizado manifestaciones por terceros en su contra, más no la adjudicación de un delito.

Por cuanto hace a la tercera frase, afirma que la responsable no señaló las razones por las cuales la expresión “mafia de la corrupción” es un señalamiento inequívoco a los gobiernos emanados del PAN y PRI y que, en todo caso, dichas expresiones se encuentran amparadas en el contexto del debate político, al constituir una opinión y percepción respecto de otras fuerzas políticas.

Sobre la última frase, sostiene que la responsable no justificó porqué el llamado a no votar por otros partidos políticos se basó en la imputación de hechos falsos o delictivos.

Como se adelantó, esta Sala Superior estima que los agravios son fundados, debido a que, a partir de un análisis preliminar, las frases contenidas en la propaganda denunciada no constituyen una imputación específica de un hecho o delito falso atribuible al partido político MORENA.

Lo anterior, porque aun cuando las frases empleadas en el video hacen una crítica severa emitida en el contexto del debate político relacionado con las candidaturas postuladas por otra fuerza política, éstas únicamente constituyen una serie de opiniones que, bajo un análisis preliminar, deben considerare como protegidas por el derecho a la libertad de expresión del partido recurrente.

Por ello, este órgano jurisdiccional estima que, en el presente caso, no se dan las condiciones normativas ni fácticas para emitir una medida cautelar con motivo de la posible imputación de un delito o hecho falso, puesto que no se está en presencia de una vulneración irreparable a la imagen pública, honor y reputación de una persona, al no existir en la propaganda un señalamiento expreso, unívoco y sin ambigüedades que impute o atribuya un delito o un hecho falso.

Como quedó expuesto en el marco normativo, para dilucidar si un acto es calumnioso y, por ende, si actualiza una restricción válida a la libertad de expresión, es necesario constatar la actualización del elemento objetivo, lo que implica que la difusión de información se refiera a hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, y no a opiniones que, por estar referidas a un juicio de valor, no están sujetas a un canon de veracidad [15].

Ello, partiendo de la base de que, para demostrar el elemento objetivo de la calumnia, es necesario que la imputación de hechos o delitos no se reduzca a opiniones, sino que deben existir manifestaciones que involucren la transmisión de información respecto de un hecho y no de un juicio de valor, pues estas opiniones están permitidas y amparadas bajo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Lo anterior, aun cuando las expresiones denunciadas puedan ser fuertes críticas o contengan manifestaciones que puedan resultar chocantes, ofensivas o perturbadoras, ya que forman parte del debate político y son libertades mínimas necesarias para el funcionamiento civilizado de la democracia.

Por tanto, las críticas severas, siempre que no lleven de forma directa la imputación de un delito, abonan a la libre circulación de ideas y, por ende, a la libertad democrática [16], especialmente si las manifestaciones empleadas están involucradas con temas de interés general, como es lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género.

En ese entendido, lo relevante para la procedencia de una medida cautelar por contenido aparentemente calumnioso reside en la imputación directa y específica que se haga a una persona de un hecho o delito de carácter falso, lo que es una cuestión distinta de la supuesta vinculación con actos de carácter genérico que, además, no se desprenden de la literalidad de las palabras contenidas en las expresiones denunciadas.

En el caso, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, se advierte que las expresiones denunciadas carecen de elementos mínimos para identificar de manera directa el elemento objetivo, debido a que no contienen elementos indispensables que permitan identificar de forma automática o mecánica la imputación de algún tipo delictivo, pues únicamente se constriñen a emitir expresiones genéricas y opiniones en forma de crítica respecto al tipo de candidaturas que postulan otras fuerzas políticas.

Esto es así, porque del contexto del caso, se advierte que la publicación materia de la denuncia corresponde a la perspectiva del partido denunciado sobre el actuar de los partidos PRI y PAN que postulan candidaturas que han estado involucrados en casos de corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género.

En efecto, la expresión “Estas son algunas de las fichitas que el PRIAN quiere en el Senado de la República” solo hacen referencia, a manera de crítica, de la persona candidata que es postulada en el proceso electoral que actualmente transcurre para ocupar senadurías por parte del PAN y PRI, sin que sea atribuida la comisión de algún delito.

La manifestación “Enrique Vargas, señalado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género” no puede considerarse como un enunciado que de forma concluyente atribuye a la parte denunciante algún delito, puesto que al emplear el término “señalado” como participio del verbo “señalar”, debe ser entendido como un adjetivo para indicar o mostrar que Enrique Vargas ha sido vinculado con los referidos casos reprochables, lo que constituye una crítica a las características de la citada persona seleccionada para contender a una senaduría.

Ello, porque si se observa en el diccionario, la palabra “señalar” tiene los siguientes significados [17]: 1. Poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra, o para acordarse después de algo; 2. Rubricar, firmar; 3. Decir algo; 4. Llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo; 5. Nombrar o determinar persona, día, hora, lugar o cosa para algún fin; 6. Fijar la cantidad que debe pagarse para atender a determinados servicios u obligaciones, o la que por cualquier motivo corresponde percibir a una persona o entidad; 7. Hacer una herida o señal en el cuerpo, particularmente en el rostro, que le cause imperfección o defecto; 8. Hacer el amago y señal de algo sin ejecutarlo; 9. Hacer señal para dar noticia de algo; 10. En algunos juegos de naipes, tantear los puntos que cada uno va ganando; y 11. Distinguirse o singularizarse, especialmente en materias de reputación, crédito y honra.

De este modo, el número de acepciones que puede derivarse de la palaba “señalar” muestra que no es un término unívoco que implique de forma automática la afirmación implícita de que se está atribuyendo alguna acción u omisión delictiva.

De ahí que, de un análisis preliminar, se puede advertir que la frase en comento puede entenderse como la percepción que tiene MORENA respecto a que el candidato Enrique Vargas del Villar ha estado involucrado en casos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, desvío de recursos, evasión fiscal y violencia de género, para introducir en el debate, propio de la etapa de campaña, la mala selección del PAN y PAN para designar sus candidaturas, quienes pueden ser deshonestos al estar involucradas con acusaciones bajo el índole descrito.

Por su parte, la expresión “La mafia de la corrupción quiere llegar al Senado de la República para volver a beneficiarse a costa del pueblo y su transformación”, pueden entenderse en el sentido de realizar una crítica al PAN y PRI por pretender ocupar curules en el Senado para la obtención de beneficios, bajo la idea de que dichos institutos políticos postulan candidaturas que han sido denunciadas por corrupción.

Al respecto, esta Sala Superior ha determinado que el término “corrupción”[18] no resulta unívoco, sino que permite diversas acepciones que, si bien se encuentran definidas y asociadas con una figura delictiva, ello, no implica necesariamente que deba considerarse que se impute tal delito a la candidatura denunciante.

Por tanto, el término de referencia debe entenderse que puede estar presente entre los contendientes electorales y no solamente desde un aspecto penal o punitivo, por lo que la frase al señalar “la mafia de la corrupción que integra el PAN y el PRI” constituye la percepción de MORENA respecto a la mala selección para designar personas deshonestas a candidaturas de cargos de elección popular.

Finalmente, la frase “Si lo ves en una boleta, ¡Recuerda no votar por ellos y vota todo Morena la esperanza de México!” refiere a una invitación por parte de MORENA para que la ciudadanía no vote por las candidaturas del PAN y PRI, la cual debe considerarse como válida al haberse emitido dentro del periodo de campaña, etapa en donde se pueden desplegar o realizar ese tipo de manifestaciones.

Ello, porque precisamente el periodo de campañas es la etapa de los procesos electorales en que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados pueden desplegar todo un conjunto de actividades para la obtención del voto de la ciudadanía, incluida para promover el voto en contra para el resto de los contendientes [19].

Esto es, dicha etapa reviste una consideración especial, pues se trata del único periodo del proceso electoral en el que los participantes en los procesos electivo pueden hacer llegar a los votantes sus ideas, posturas y propuestas de campaña para generar simpatía y ganar el voto de los ciudadanos en las urnas, hasta la empatía del electorado en perjuicio de las otras opciones participantes.

Es justo en la etapa de campaña en que los candidatos y los partidos hacen públicas sus plataformas electorales para ganar adeptos a su proyecto político, lo cual puede materializarse con la crítica del tipo de candidaturas que postulan otras fuerzas políticas.

En ese sentido, dado el contexto y el contenido de la propaganda denunciada, se advierte que se trata de una opinión severa que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión y que puede fortalecer el debate político, el cual es importante para la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica cultura democrática [20].

Así, contrario a lo determinado por la responsable, bajo apariencia del buen derecho, la propaganda denunciada no contiene las circunstancias mínimas que permitan identificar la imputación de algún hecho delictivo, puesto que solo contienen expresiones dirigidas a realizar una crítica dentro del debate político. De ahí lo fundado de lo argumentado por el partido recurrente

En consecuencia, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado y, por tanto, dejar sin efectos el dictado de la medida cautelar en contra del partido político recurrente.

Cabe señalar que la decisión adoptada en la presente ejecutoria no prejuzga sobre la existencia o no de calumnia, con motivo de los hechos denunciados, pues esa determinación deberá analizarse en la resolución de fondo, una vez concluido el trámite y sustanciación del procedimiento especial sancionador y a partir de la valoración de las circunstancias concretas del caso.

Por lo expuesto y fundado se,

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca el acuerdo controvertido.

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien emite voto particular, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-567/2024.[21]