RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-924/2024 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ y otros

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIADO: LUIS RODRIGO GALVÁN RÍOS Y FRANCISCO M. ZORRILLA MATEOS  

COLABORÓ: PEDRO AHMED FARO HERNÁNDEZ, HUGO TORRUCO BRAWNS Y MARÍA FERNANDA ARELLANO VALDES

Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro[1]

I. ASPECTOS GENERALES

II. ANTECEDENTES

De lo narrado por los promoventes y de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes hechos:

III. TRÁMITE

IV. COMPETENCIA

V. ACUMULACIÓN

VI. PROCEDIBILIDAD

VII. PRECISIÓN DE LA CONTROVERSIA

SUP-REP-924/2024

         La promovente argumenta que la sentencia impugnada vulnera varios principios fundamentales, entre ellos, el de exhaustividad, ya que la autoridad responsable no valoró adecuadamente las pruebas que presentó para su defensa.

         Señala que en el diverso expediente SRE-PSC-216/2024 de la Sala Especializada determinó absolverla de la misma infracción, al considerar que dicha candidata y las personas que operaban la transmisión en vivo no tenían control sobre quienes aparecían en las tomas y no había control sobre lo que ocurría en el entorno, por tanto, se consideró que no estaba obligada a presentar la documentación que exige los Lineamientos del INE.

         De igual forma, en el expediente SUP-REP-672/2024, se determinó que se debe de valorar si las publicaciones en redes sociales de eventos multitudinarios, en donde aparecen menores de forma incidental y en diferentes paneos o barridos de cámara, es altamente improbable la identificación de menores ante la espontaneidad de las grabaciones.

         De igual forma, señala que, en casos semejantes, la UTCE ha desechado quejas similares, bajo el criterio de que, ante una multitud que imposibilita que los menores sean identificables y por la velocidad de las transmisiones, es inexistente el riesgo denunciado.

         Señala que ni los Lineamientos del INE ni la LGIPE establecen como infracción la publicación de menores de edad en propaganda política electoral y tampoco prevén una sanción para dicho supuesto, lo que rompe con el principio de tipicidad.

         Señala que es imposible que pueda ser sancionable por la vulneración de los artículos 1, párrafo 3 y 4, párrafo 9 de la Constitución General, ya que no fue denunciada como autoridad ni como integrante de un órgano de un Estado, sino como candidata a un cargo de elección popular.

         De igual forma, considera que no puede ser responsable de transgredir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que dichos convenios internacionales no contienen disposiciones cuyo incumplimiento pueda imputarse a los particulares.

         Aduce que la infracción genérica prevista en los artículos 445, inciso f) y 447, inciso e) de la LGIPE, no es imputable a la recurrente si la misma no se encuentra vinculada con alguna infracción en específico prevista en la propia ley, por lo que era imposible imputarle la vulneración al interés superior de la niñez si ésta no se encuentra prevista en el mismo ordenamiento jurídico, transgrediendo el principio de tipicidad de las normas.

         Respecto de la vulneración a los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, arguye que establecen la prohibición de difundir datos personales de menores de edad, entre ellos, su imagen. Sin embargo, en el caso, los mensajes que acompañaron las publicaciones no afectan la honra, la imagen o reputación de las personas menores de edad que aparecen en el video.

         Respecto de la vulneración al acuerdo INE/CG481/2019 del Consejo General del INE, señala que dada la cantidad de personas que aparecen en el video denunciado es imposible apreciar e identificar a los menores de edad, aunado a que no existió intencionalidad, por lo que se trata de situaciones no planeadas ni controladas por la recurrente.

         Del mismo modo, también alega que la sentencia afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haberse emitido sin una adecuada fundamentación y motivación, ya que la generalidad de las contravenciones impide a la recurrente conocer con claridad la hipótesis normativa que vulneró y la sanción aplicable, vulnerando los artículos 14 y 16 constitucionales.

         Asimismo, señala que la Sala Especializada omitió considerar y valorar las manifestaciones vertidas por la recurrente en la etapa de alegatos, en donde hizo mención que los Lineamientos del INE, no tienen el carácter de ley, al tratarse de disposiciones emitidas por el Consejo General del INE, quien carecer de facultades para expedir leyes.

         Se vulneró el principio de congruencia, legalidad, seguridad jurídica y fundamentación y motivación, pues la Sala responsable no se atuvo a los elementos previstos en el emplazamiento, ni motivó su decisión.

         Además, el promovente cuestiona el tratamiento de la reincidencia en la sentencia, argumentando que la Sala Especializada consideró hechos y resoluciones de etapas distintas del proceso electoral, siendo que las etapas de los procesos electorales son definitivas, es decir, la consideraron reincidente por actos sancionados en la etapa de precampaña y en la etapa del proceso sui generis establecido para determinar quién encabezaría el “Frente Amplio por México”, lo cual sucedió antes del inicio formal del proceso electoral.

         En ese sentido, indica que la reincidencia debe ser evaluada dentro de una misma etapa del proceso electoral, y no mezclando temporalidades distintas, ya que ello altera la naturaleza del procedimiento sancionador.

SUP-REP-952/2024

SUP-REP-961/2024

VIII. ESTUDIO DE FONDO

Marco jurídico

44.    Los artículos 14 y 16 de la Constitución general establecen que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, con el fin de otorgar seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Mediante dicha exigencia se persigue que toda autoridad refiera de manera clara y detallada las razones de hecho y de Derecho que está tomando en consideración para apoyar sus determinaciones, a fin de evitar que se adopten decisiones arbitrarias.

45.    En este sentido, siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[9] para satisfacer este requisito debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación) y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan considerado para la emisión del acto (motivación).

46.    La fundamentación y motivación como una garantía de las personas está reconocida en los ordenamientos internacionales con aplicación en el sistema jurídico mexicano, como es el artículo 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.

47.    Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la motivación es una de las “debidas garantías” previstas en dicho precepto, con el que se pretende salvaguardar el derecho a un debido proceso.

48.    En ese sentido, la fundamentación y motivación como parte del debido proceso constituyen un límite a la actividad estatal, como el conjunto de requisitos que deben cumplir las autoridades para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de autoridad que pueda afectarlos.

49.    Ahora bien, el principio de exhaustividad, como elemento de una debida fundamentación y motivación, impone a las personas juzgadoras, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de atender en la resolución respectiva todos los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la litis y valorar los medios de prueba aportados legalmente al proceso.

50.    En el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución general, se consagra el derecho al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

51.    Este derecho fundamental obliga a quien juzga, a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad.

52.    Asimismo, el artículo 17 de la Constitución general establece que la tutela judicial efectiva reside en el dictado de sentencias que tengan como característica, entre otras, la de ser emitidas de manera completa, esto es, de manera exhaustiva.

53.    En ese sentido, el principio de exhaustividad se cumple cuando en la resolución se agota cuidadosamente el estudio de todos los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados en aras del principio de seguridad jurídica.[10]

Línea jurisprudencial en relación con la aparición de menores en propaganda electoral

54.    La Sala Superior ha sostenido que el respeto al interés superior de la niñez implica el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes.[11]

55.    Entre estos derechos se encuentra el relativo a su imagen, el cual está vinculado con otros inherentes a su personalidad (honor e intimidad), que pueden ser eventualmente lesionados en medios de comunicación o redes sociales, que permita identificarlos,[12] de ahí que las autoridades electorales están obligadas a velar por el interés superior de la niñez, garantizando los derechos, entre otros, a su imagen, honor e intimidad, reputación.[13]

56.    A partir de lo previsto en los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitidos por el Consejo General del INE, se ha sostenido que las personas que son postuladas a una candidatura y los partidos políticos tienen el deber jurídico de velar por la protección del interés superior de la niñez, por lo que tienen, entre otros, los siguientes deberes sustantivos: a) identificar si en el material que usarán como publicidad o propaganda hay imágenes de niños, niñas y adolescentes; b) en caso de que existan imágenes de personas que pertenezcan a ese grupo, deberán reunir los requisitos mínimos exigidos para su uso en la propaganda -consentimiento de los padres y opinión informada-; y, c) en caso de no contar con esos requisitos, difuminar su imagen para que no sean reconocibles.

57.    No obstante, en sesión pública del pasado veintiséis de junio, al resolver el SUP-REP-668/2024, este órgano jurisdiccional, en una nueva reflexión, determinó que debe valorarse si, tratándose de transmisiones en vivo en redes sociales, objetivamente se genera la vulneración al interés superior de la niñez y adolescencia, cuando puede ser altamente improbable la identificación de los sujetos; sobre todo, por la característica de que tales grabaciones hechas con paneos o barridos de cámara sean espontáneas.

58.    Se determinó que en los casos en los cuales con motivo de un evento de campaña de una candidatura se presenta la aparición de personas menores de edad, durante una transmisión en vivo o en directo en redes sociales o en plataformas de Internet como YouTube donde hay paneos y barridos de cámara, es decir, donde se le da un seguimiento a la persona candidata durante su recorrido; no se actualiza la infracción consistente en la vulneración a las reglas de difusión de propaganda electoral y el interés superior de la niñez.

59.    A partir de lo anterior, indicó que se debe valorar si en la trasmisión o publicaciones en redes sociales de eventos multitudinarios en donde de forma incidental, aparecen personas menores de edad, en las que se puedan configurar objetivamente, la vulneración al interés superior de la niñez y adolescencia, cuando puede ser altamente improbable su identificación, sobre todo, por la característica de que las grabaciones derivan de que las imágenes publicadas son espontaneas.

60.    De la lectura integral de tal precedente se desprende que no se considerarán responsables a los partidos políticos y candidaturas respecto del deber de difuminar la imagen de personas menores de edad, cuando:

        La aparición sea de forma incidental;

        Sea una participación pasiva de las personas menores de edad;

        La transmisión sea en vivo y directo;

        La difusión sea durante una transmisión en vivo o en directo en redes sociales o en plataformas de Internet, donde hay paneos y barridos de cámara, es decir, donde se le da un seguimiento a la persona candidata durante su recorrido;

        Si es altamente improbable su identificación, sobre todo, por la característica de que las grabaciones derivan de que las imágenes publicadas son espontaneas.

Caso concreto

Violación a los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia; así como falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada; y violación al principio de tipicidad (SUP-REP-924/2024, SUP-REP-952/2024 y SUP-REP-961/2024).

61.    Esta Sala Superior considera infundados los referidos planteamientos porque la sentencia impugnada fue exhaustiva y se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la Sala precisó correctamente que el Estado Mexicano está constreñido en tener como consideración primordial el respeto al interés superior de la niñez como potenciador de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar su protección y efectividad, conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución General y 2, fracción III, 6, fracción I, 18, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

62.    En cuanto a la aparición de niñas, niños y adolescentes en propaganda político-electoral, señaló que si bien la propaganda está amparada por la libertad de expresión, ello no implica que esa libertad sea absoluta, pues entre sus límites se encuentran los derechos de terceros, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo señalado en el artículo 6, párrafo primero, de la Constitución General, así como los diversos artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13, párrafo 1, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los cuales forman el parámetro de regularidad constitucional aplicable en la materia, de conformidad con el artículo primero de la Constitución General.

63.    Con base en lo anterior, precisó que el objetivo de los Lineamientos del INE es establecer las directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda político-electoral. En cuanto a su contenido, expuso la manera en que los sujetos obligados deben ajustar su conducta para garantizar el interés superior de la niñez en la propaganda política y electoral, y salvaguardar sus derechos humanos a la identidad y a la intimidad.

64.    De igual forma, precisó que la finalidad de los Lineamientos referidos es establecer las directrices para la protección de la niñez en la propaganda político-electoral, en sintonía con lo establecido por la jurisprudencia electoral 5/2017, de rubro: “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, la cual establece que, en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela y su opinión informada, y en caso de que no cuente con esos requisitos, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

65.    En ese sentido, el agravio relativo a que la infracción no se encuentra prevista en la normativa electoral mexicana y no encuadra en la hipótesis prevista en los artículo 445, inciso f) y 447, inciso e) es infundado, debido a que la Sala responsable sí plasmó el marco normativo en relación con la vulneración al interés superior de la niñez de conformidad con la normatividad constitucional y convencional aplicable y, en consecuencia, tuvo por actualizada la infracción atribuida ya que los sujetos denunciados omitieron difuminar u hacer irreconocible la imagen de los menores de edad a fin de salvaguardar sus derechos a la identidad y a la intimidad, no obstante que el video denunciado fue producto de un trabajo de edición previo a su publicación en redes sociales.

66.    Lo anterior, sin que el diferendo respecto de las conclusiones de la Sala Especializada por parte de la recurrente signifique que sus manifestaciones no fueron consideradas o que sus alegatos fueron omitidos. Esto, pues existe una diferencia entre que se omitiera considerar sus argumentos y que la recurrente no comparta las conclusiones en la sentencia impugnada, por lo que, tratándose de esta última, entonces resulta evidente que no existe la omisión alegada.

67.    Asimismo, es infundada la vulneración al principio de tipicidad, ya que la recurrente parte de la premisa errónea de que la infracción no está contemplada en ningún precepto normativo. Lo anterior, ya que esta Sala Superior, en diversos precedentes, ha considerado que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador electoral no tiene la misma rigidez que en el derecho penal.

68.    En materia electoral el principio de tipicidad no se regula conforme al esquema tradicional y, en cambio, se ha expresado, al menos, en los siguientes supuestos.

a.     Existen normas que prevén obligaciones o prohibiciones a cargo de los sujetos de derecho en materia electoral.

b.     Se establecen disposiciones legales que contienen un enunciado general, mediante la advertencia de que, el incumplimiento de obligaciones o la violación a prohibiciones constituye una infracción y conducirá a la instauración del procedimiento sancionador.

c.     Existen normas que contienen un catálogo general de sanciones, susceptibles de ser aplicadas a los sujetos de derecho que hayan incurrido en conductas infractoras, por haber violado una prohibición o por haber incumplido una obligación.

69.    Las disposiciones jurídicas referidas, en conjunto, contienen el tipo en materia sancionadora electoral respecto de cada conducta que se traduzca en el incumplimiento de una obligación o en la violación de una prohibición, con la condición de que incluyan la descripción clara y unívoca de conductas concretas, a partir de cuyo incumplimiento (si se trata de obligaciones), o de su violación (en el supuesto de prohibiciones) se actualice el tipo.

70.    También, deben contener la advertencia general de que, en caso de incumplir una obligación o violar una prohibición, sobrevendrá una sanción y la descripción clara de las sanciones susceptibles de ser impuestas a las personas infractoras.

71.    Con base a lo anterior es que resulta infundado el agravio en cuestión, ya que es suficiente que existan normas que prevean obligaciones o prohibiciones a cargo de los sujetos de derecho en materia electoral; en concreto, aquellas que establezcan las directrices que regulen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en propaganda político-electoral, las cuales sí fueron invocadas de manera precisa y correcta por la Sala responsable al momento de emplazar a la recurrente y en la resolución impugnada.

72.    Similares consideraciones se usaron al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-778/2024.

73.    Por otro lado, también es infundado el argumento de que los Lineamientos del INE no tienen el carácter de ley, porque fueron emitidos por el Consejo General del INE, quien, desde la perspectiva de los recurrentes, carece de facultades para expedir leyes.

74.    Dicha calificativa obedece a que dicho ordenamiento fue emitido por el Consejo General del INE en cumplimiento a una sentencia de esta Sala Superior y con base en la normativa constitucional, convencional y legal que protege a la niñez.

75.    En dicha sentencia quedó establecido que, de conformidad con el artículo 44, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, el Consejo General del INE era la autoridad facultada para expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos con el propósito de cumplir con sus funciones y facultades, por lo que era competente para emitir una regulación integradora que abarcará todos los aspectos que debe cumplir la propaganda electoral en la que se tutele y respete los derechos de los menores de edad, a través de medidas idóneas y eficaces, teniendo en consideración la legislación vigente tanto para propaganda electoral como en derechos humanos.

76.    Con base en esta orden, en el acuerdo INE/CG481/2019, el Consejo General emitió los Lineamientos respectivos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, estableciendo claramente que los mismos resultan aplicables a los candidatos y partidos políticos, como a las persona físicas y morales que se encuentren directamente relacionados con aquellos.

77.    Asimismo, los recurrentes parte de una premisa inexacta al pretender sujetar la obligatoriedad de esos Lineamientos a que tengan el carácter formal y material de Ley, pues, contrario a lo que considera, aquellos sí constituyen reglas de carácter general y de observancia obligatoria para las personas que califiquen los supuestos regulados en ellos, en tanto se emitieron en ejercicio de la facultad reglamentaria del Instituto.

78.    En el caso, el INE cuenta con una facultad regulatoria, en su calidad de un órgano constitucional autónomo con atribuciones concretas previstas en el artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado A y B, inciso b), numeral 1 de la Constitución General, y además los artículos 30, 31, 35 y 44 de la LGIPE.

79.    Por tanto, tal y como lo ha sostenido la SCJN, en el caso de los órganos constitucionales autónomos, no existe razón constitucional para afirmar que, ante la ausencia de una ley, no sea dable constitucionalmente que el INE emita una regulación autónoma de carácter general, siempre y cuando sea exclusivamente para el cumplimiento de su función reguladora en el sector de su competencia.

80.    De igual manera, esta Sala Superior ha sostenido que el INE está facultado para implementar directrices con el propósito de hacer efectivos diversos principios constitucionales, mediante el establecimiento de criterios interpretativos que potencialicen derechos fundamentales, a efecto de que estos se proyecten como auténticos mandatos de optimización, como lo ha hecho en otras materias relacionadas con los procesos electorales locales.[14]

81.    En ese sentido, es infundado que la normativa reglamentaria expedida por el Consejo General del INE no se aplicable ni exigible a los candidatos, partidos políticos o personas físicas y morales que se encuentren relacionados directamente con estos.

Indebida valoración probatoria (SUP-REP-952/2024 y SUP-REP-961/2024)

82.    Por otro lado, también resultan infundados e ineficaces los agravios del PRI y de Aldea Digital, en donde señalan que la responsable no fue exhaustiva en el análisis de las pruebas del expediente, al no valorar adecuadamente el contenido del video para acreditar la vulneración al interés superior de la niñez, pues, desde su perspectiva, no existían elementos para probar que las tres personas señaladas por la Sala responsable sean menores de edad.

83.    Lo infundado del agravio radica en que, de la lectura de la sentencia combatida, se advierte que la Sala Especializada sí valoró las pruebas que obraban en el expediente y expresó las razones por las que consideró que, bajo un estándar de razonabilidad mínima sobre las características fisionómicas de las personas, se acreditaba que, de las quince que aparecían en el video, solo tres de ellas eran menores de edad; por tanto, al no haberse proporcionado los requisitos necesarios para su aparición, la publicación denunciada vulneró el interés superior de la niñez.

84.    En el apartado denominado “¿La publicación vulneró las reglas de propaganda electoral con motivo de la aparición de niñas, niños y adolescentes?”, la responsable valoró los medios de prueba presentados por las partes, así como los recabados por la autoridad instructora, de conformidad con las reglas probatorias establecidas en los artículos 461 y 462 de la LGIPE.

85.    Al respecto, dio cuenta del acta circunstanciada levantada por la autoridad sustanciadora de once de julio, por la cual se hizo constar la existencia y contenido del video denunciado en el perfil de la red social de X de la candidata presidencial, en donde concluyó que solo tres de las personas que aparecían en el promocional resultaban en menores de edad.

86.    Asimismo, indicó que Xóchitl Gálvez, los partidos involucrados y Aldea Digital, no proporcionaron la documentación necesaria para que las personas pudieran aparecer en el video, por lo que, al no contar con la misma, debieron difuminar su imagen, ocultarla u hacerla irreconocible, a fin de evitar que fueran identificables y con ello salvaguardar sus derechos a la identidad e intimidad.

87.    Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia electoral 20/2019 de rubro: “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN PERSONAS MENORES DE EDAD SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.”

89.    De ahí que haya sido ajustada a derecho la valoración de las pruebas realizada por la Sala responsable, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 461, párrafo 1 y 3, y 462 de la LGIPE, en cuanto a la determinación de las edades de las personas que aparecen en el video sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad electoral aplicable.

90.    Esto, aunado a que los recurrentes se limitan a señalar que no existen pruebas concluyentes para que la responsable pudiera determinar la edad de las personas y que, en todo caso, la aparición de los menores fue incidental y accidental; sin embargo, omiten controvertir de manera directa las consideraciones torales que utilizó la Sala Especializada para reconocer la edad de los menores y tener por actualizada la infracción de mérito, de ahí la ineficacia de sus agravios.

Responsabilidad contractual y aparición incidental (SUP-REP-952/2024 y SUP-REP-961/2024)

98.    En otro aspecto, resulta inoperante el argumento del PRI y de Aldea Digital en el sentido de que las personas menores de edad no son identificables en el video y que aparecieron de manera accidental, por lo que no era necesario presentar la documentación exigida por los Lineamientos del INE; esto, porque los recurrentes no combaten las razones torales expuestas por la Sala Especializada por las que consideró que las tres personas menores de edad eran plenamente identificables a diferencia de las otras que aparecían en el video y, por lo tanto, al tener una participación activa en el mismo, sí era necesario presentar la documentación exigida en los Lineamientos del INE.

99.    Asimismo, aun y cuando dicha aparición tuviera una naturaleza incidental o accidental, como lo plantean los recurrentes, esa circunstancia no los eximía de cumplir con los requisitos y presentar la documentación exigida por los Lineamientos del INE, respecto del consentimiento y opinión informada de los menores.

100. Al respecto, las apariciones incidentales están previstas en el artículo 3, fracción VI, de los Lineamientos. En este sentido, conforme al artículo 15 de dicha normativa, cuando existe una aparición incidental y se pretende difundir la grabación en la cuenta oficial de una red social o plataforma digital del sujeto obligado, o reproducirse en cualquier medio de difusión visual, se deberá recabar el consentimiento de la madre y del padre, tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla, y la opinión informada de la niña, niño o adolescente.

101. De lo contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que los haga identificables, lo que garantiza la máxima protección de su dignidad y derechos.

102. Asimismo, el hecho de que una persona menor de edad acuda voluntariamente a un evento de campaña y su participación sea pasiva y no afecte la imagen y dignidad de los menores, tampoco eximía a los sujetos obligados a recabar la documentación ya mencionada, sobre todo cuando se trató de una grabación editada para redes sociales en donde existió la oportunidad de difuminar los rostros, de ahí que no pueda admitirse la excusa que pretenden los recurrentes.

Inobservancia de precedentes de la Sala Especializada y de la UTCE (SUP-REP-924/2024)

103. En otro orden de ideas, resulta infundados los agravios relativos a la que la Sala responsable ya había resuelto un caso similar al que se presenta, en el expediente SRE-PSC-216/2024, en donde se determinó la inexistencia de la responsabilidad al considerar que la candidata y las personas que operaban la transmisión no tenían control sobre quienes aparecían en las tomas y el entorno.

104. Además, alegan que en el precedente SUP-REP-672/2024, esta Sala Superior ya sostuvo que se debe de valorar si las publicaciones en redes sociales de eventos multitudinarios, en donde aparecen menores de forma incidental y en diferentes paneos o barridos de cámara, es altamente improbable la identificación de menores ante la espontaneidad de las grabaciones.

105. Lo infundado de los agravios radica en que en ambos expedientes se determinó eximir de responsabilidad a los ahí recurrentes porque se trató de una trasmisión en vivo, es decir, se trata de un caso diferente al que se analiza en la presente sentencia, ya que aquí se trató de un video difundido en redes sociales que pasó por un proceso de edición previo en donde los recurrentes tuvieron la posibilidad de editar el mismo para difuminar los rostros y no lo hicieron.

106. En ese sentido, no le asiste la razón al recurrente cuando aduce que la Sala responsable no tomó en cuenta diversos precedentes judiciales para resolver la cuestión planteada, ya que, para que ello sucediera, primero era necesario que los mismos versaran sobre controversias similares a la que aquí se resuelve, esto es, que la naturaleza de la propaganda electoral denunciada, así como del video y el contexto de su difusión fueran similares, lo cual no sucede en la especie.

107. Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la actora respecto a que la resolución controvertida es contraria a lo sostenido en acuerdos de desechamiento dictados por la UTCE del INE, ya que se limita a sostener que en dichos casos se expuso que no había elementos para considerar el inicio de un procedimiento sancionador ante la existencia de una multitud profusa que imposibilitaba que los supuestos menores fueran identificables y la circunstancia de la velocidad de la transición de las imágenes, concluyendo la inexistencia de un riesgo para dichas personas al no ser identificables.

108. Sin embargo, no señala cómo es que en el presente caso podría ser aplicable dicho criterio o si se tratan de hechos similares o de las mismas características que llevaran a considerar esas consideraciones jurídicas, máxime que en el caso concreto sí era posible desprender del video la aparición de una persona menor en el material editado y publicado en la red X, de la entonces candidata a la presidencia de la República.

109. Finalmente, debe decirse que el estudio de casos como el que aquí se analiza, debe hacerse caso por caso, y conforme al parámetro del escrutinio de los hechos concretos, para determinar si se acredita o no una afectación a la normativa electoral, realizando un análisis y dilucidación a partir de todos los elementos de prueba que se aporten en el procedimiento y su análisis es independiente a lo determinado en cada caso en concreto.

No se acredita la violación al deber de cuidado o culpa in vigilando (SUP-REP-952/2024)

110. El PRI sostiene que no se actualiza la culpa in vigilando, porque al momento de los hechos Xóchitl Gálvez ostentaba el cargo de Senadora de la República, por lo que estaba sujeta a otro régimen de responsabilidades, además de que pertenece a la bancada del PAN y no es militante, dirigente o candidato del PRI.

111. Los agravios son infundados ya que, como lo precisó la responsable, está plenamente acreditado que en la publicación denunciada se identifica a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de la República, postulada por los partidos PRI, PAN y PRD que integraron la coalición “Fuerza y Corazón por México”; es decir, la participación de la candidata denunciada no se dio como servidora pública, sino como candidata a un puesto de elección popular, por lo que se encontraba válidamente sujeta al régimen de responsabilidades previsto en el artículo 442, inciso c) de la LGIPE, junto con los partidos políticos que soportaron su candidatura, al haberse postulado bajo la figura jurídica de la coalición prevista en la normativa electoral atinente.

112. En ese sentido, al tratarse de infracciones en materia de propaganda política-electoral difundida en el periodo de campañas, el PRI resultaba ineludiblemente constreñido a vigilar la conducta de su candidata durante el periodo de campañas del proceso electoral federal y ajustar sus actuaciones al marco legal que la normativa electoral le exigía en relación a la propaganda electoral que emitieron de manera conjunta, de ahí que no le asista la razón al recurrente al querer desnaturalizar artificiosamente la participación de la candidata en los hechos denunciados para desmarcarse de su responsabilidad indirecta.

Indebida individualización de la sanción (SUP-REP-924/2024, SUP-REP-952/2024 y SUP-REP-961/2024)

113. Los recurrentes sostienen que la sanción impuesta por la autoridad responsable es excesiva y desproporcionada, además, sostienen que no existió una falta de fundamentación y motivación de la autoridad, al no justificar por qué opto por sancionar con el monto determinado y no otro menor.

114. Al respecto, tal agravio es infundado toda vez que la Sala Especializada precisó los fundamentos y motivos que la llevaron a su determinación.

115. Ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que el ejercicio de la facultad sancionadora no es irrestricto ni debe darse arbitrariamente, sino que ha de basarse en la ponderación de las condiciones objetivas y subjetivas que se presenten al momento de una conducta irregular y atendiendo a las particularidades del infractor.[17]

116. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, el órgano competente para imponer sanciones debe continuar con la calificación de la falta y con la valoración de las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción.

117. En dicho numeral se establecen, de manera enunciativa, aquellos elementos que debe considerar la autoridad al momento de individualizar la sanción, tales como:

a.     La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esa Ley;

b.     Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción;

c.     Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d.     Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e.     La reincidencia en el cumplimiento y,

f.       El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

118. En el caso concreto, la Sala Especializada, para calificar la infracción tomó en cuenta los elementos referidos con anterioridad, así como los criterios jurisprudenciales de esta Sala Superior y precedentes aplicables, para calificar la falta como de gravedad ordinaria, sustentando que, en gran medida, ello se debía a que se actualizó la agravante de la reincidencia de Xóchitl Gálvez y de los partidos PAN, PRI y PRD, dado que existían sentencias en donde ya se les había sancionado por la misma infracción en el pasado y estas estaban firmes.

119. Lo anterior, tanto por la infracción relativa a la vulneración al interés superior del menor, como por la infracción al deber de cuidado atribuido a los partidos políticos que integraron la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

120. Ahora, los recurrentes plantean que el estudio de la reincidencia por parte de la Sala Especializada fue indebido ya que, desde su perspectiva, solo puede considerarse actualizada dicha figura cuando los hechos y resoluciones suceden en la misma etapa del proceso electoral, de ahí que planteen que no se les puede considerar como tal por sentencias dictadas en la etapa de precampaña y en el proceso sui generis establecido para determinar quién encabezaría el “Frente Amplio por México”.

121. Al respecto, dicho agravio es infundado ya que, de conformidad con la jurisprudencia electoral 4/2010 de rubro: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN, los elementos que se deben de tomar en cuenta para tener por actualizada dicha agravante son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

122. En ese sentido, para que se actualice dicha figura jurídica no es necesario que la conducta infractora se hubiera actualizado en la misma etapa del proceso electoral, como erróneamente lo proponen los recurrentes, ya que el fin constitucional que busca dicha figura jurídica de la reincidencia es, entre otras cosas, proteger el bien jurídico tutelado en el tipo administrativo y disuadir la comisión de la misma infracción en el futuro por parte del mismo sujeto, todo dentro del mismo proceso electoral visto en su integralidad.

123. En ese sentido, si la Sala Especializada tomó en consideración los expedientes en donde ya se había sancionado al mismo sujeto por la vulneración al interés superior de la niñez, la temporalidad en que dicha resolución adquirió firmeza, ya sea porque se impugnó en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador o porque no se controvirtió ante esta Sala Superior, así como el monto de la sanción económica, resulta patente que la autoridad responsable verificó acertadamente los requisitos previstos para actualizar la reincidencia y, por ende, agravar la sanción impuesta a los recurrentes.

124. Por otro lado, resultan inoperantes los agravios del PRI en donde señala que la multa es excesiva, desproporcionada y viola el artículo 22 de la Constitución General, por lo que solicita se reconsidere la sanción impuesta tomando en consideración que no se actualiza ninguna agravante de la infracción y que no existe reincidencia (sic), máxime que conforme a su capacidad económica existe el riesgo de que se comprometan sus fines constitucionales al no permitirle tener un nivel financiero óptimo para desarrollar sus actividades.

125. Dicha calificativa se justifica porque dicho partido político no combate frontalmente las consideraciones que utilizó la responsable para considerar que se actualizó la reincidencia del sujeto infractor ni el cálculo que expuso sobre el financiamiento que recibió el PRI en el mes de agosto por concepto de actividades ordinarias a nivel nacional y su proporcionalidad en términos porcentuales frente a la multa que se le impuso, sino que se limita a señalar que no se actualiza la agravante mencionada y que la multa lo afectaría en sus actividades partidistas, de ahí la inoperancia de sus agravios.

126. De igual forma, es inoperante el agravio de Aldea Digital en donde señala que la sanción de $8,142.75 es excesiva pues no atiende al carácter involuntario y culposo de la conducta atribuida a dicha persona moral.

129. Similares consideraciones se usaron al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-778/2024, SUP-REP-880/2024 y SUP-REP-708/2024.

IX. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los presentes medios de impugnación.

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia impugnada.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Así como en el Acuerdo General 2/2023.