EXPEDIENTE: SUP-REP-1129/2024

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro.

Sentencia que, con motivo del medio de impugnación presentado por el PAN, confirma la resolución emitida por la Sala Especializada en el procedimiento sancionador SRE-PSC-547/2024, que determinó la inexistencia de la adquisición indebida de tiempo en radio, con motivo de la participación de Ricardo Monreal las emisiones del programa “José Cárdenas Informa”, trasmitido en la estación de radio 103.3 FM.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro[2] el PAN denunció a Ricardo Monreal[3] por la indebida compra y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, además de la vulneración al principio de equidad; así como la falta al deber de cuidado de Morena.

Lo anterior, derivado de la participación del denunciado como colaborador en el programa “José Cárdenas Informa”, transmitido en la estación de radio 103.3 FM de Radio Fórmula.

2. Medidas cautelares. Posterior a su admisión, la Comisión de Quejas negó la medida cautelar[4] por hechos consumados de manera irreparable.

3. Juicio Electoral. En su momento la Sala Especializada determinó[5] regresar el expediente a la UTCE para la práctica mayores diligencias.

4. Nuevo emplazamiento. El veintiséis de agosto la UTCE ordenó emplazar a las partes a la audiencia de ley, incluyendo al PT, PVEM y Morena, por el posible beneficio indebido derivado de las expresiones emitidas por el denunciado; la cual se llevó a cabo el dos de septiembre.

5. Sentencia impugnada.[6] El tres de octubre la responsable declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas.

6. Demanda. El diez de octubre el recurrente interpuso REP en contra de dicha sentencia.

7. Turno a ponencia. En su oportunidad, la Presidencia de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente SUP-REP-1129/2024 y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

8. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó y admitió la demanda. Agotada la instrucción, la declaró cerrada y el asunto quedó en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación porque se trata de un REP interpuesto en contra de una sentencia emitida por la Sala Especializada, cuyo conocimiento es exclusivo de este órgano jurisdiccional.[7]

III. PROCEDENCIA

El medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia.[8]

1. Forma. La demanda se presentó por escrito, y constan: a) el nombre y firma del representante del recurrente; b) el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; c) el acto impugnado; d) los hechos base de la impugnación, así como e) los agravios y la normativa presuntamente vulnerada.

2. Oportunidad. El REP se presentó en tiempo, dentro del plazo legal de tres días,[9] pues la sentencia se notificó al actor el siete de octubre[10] y la demanda se interpuso el diez siguiente.

3. Legitimación y personería. Se reconoce la legitimación del recurrente al ser la parte denunciante en el PES; asimismo, se reconoce su personería, ya que promueve a través de su representante propietario ante el Consejo General del INE.

4. Interés jurídico. Se actualiza, pues el recurrente alega que la sentencia impugnada es contraria a Derecho y afecta sus intereses, por lo que solicita se revoque.

5. Definitividad. Se colma, porque no hay otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

IV. ESTUDIO DE FONDO

1. ¿Cuál es el contexto de la controversia?

La controversia se originó con la denuncia presentada por el PAN en contra de Ricardo Monreal, al considerar se actualizaba la indebida compra y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, vulneración al principio de equidad; así como la falta al deber de cuidado de Morena.

Ello, con motivo de la participación del senador como colaborador en el programa “José Cárdenas Informa”, transmitido en la estación de radio 103.3 FM de Radio Fórmula; cuya parte del contenido se pueden visualizar en el ANEXO ÚNICO de la presente sentencia.

2. ¿Qué resolvió la Sala Especializada?

La responsable declaró la inexistencia de la adquisición porque:

-          Se acredita el elemento subjetivo ya que Ricardo Monreal al momento de los hechos, era coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, presidente de la JUCOPO del mismo y candidato a diputado federal.

-          Conforme a los testigos de grabación entregados por la DEPPP se tiene la certeza que Ricardo Monreal participó en ocho programas, de los cuales consideró analizar 6 programas, durante el periodo de campaña.

-          Estimó que las temáticas de las participaciones del denunciado se referían a: el inicio de las campañas presidenciales, eventos sociales y políticos relacionados las protestas de ocho de marzo; una invitación a ejercer el derecho al voto, las propuestas de Claudia Sheinbaum en torno a la Guardia Nacional y reformas en materia de seguridad; eventos de campaña de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en la Ciudad de México; explica los intentos de la oposición por la victoria en la Ciudad de México e invitó al “Plan C”; así como un análisis al tercer debate presidencial y la victoria de Claudia Sheinbaum en el mismo.

-          Las expresiones emitidas son opiniones sobre asuntos de la vida pública del país, el cual Ricardo Monreal compartió como colaborador del programa.

-          Respecto del elemento objetivo, estimó que las expresiones del denunciado no encuadran dentro de expresiones tales como “vota por, apoya a, elije a”. Tampoco representan llamados por medio de equivalencias funcionales.

-          El denunciado llamó a aplicar el Plan C en la Ciudad de México el cual, conforme a diversos criterios sostenidos por el Tribunal Electoral, implica por sí mismo, un llamado expreso a no votar por otra fuerza política ajena a Morena y dar continuidad con el proceso de transformación; Sin que se pueda perder de vista la calidad de legislador que ostentaba el denunciado, por lo que tales expresiones estaban amparados por el ejercicio de la libertad de expresión por tratarse e opiniones en el desarrollo de las campañas electorales y el desempeño de las candidaturas en el tercer debate.

-          Se efectuó en ejercicio de contraste para resaltar aspectos positivos de Claudia Sheinbaum para colocarla como la mejor opción a la Presidencia.

-          Las expresiones “Claudia seguramente será nuestra próxima presidenta y el dos de junio ahí estaremos puntuales a la cita con la historia”, destacan la trayectoria, al ser un ejercicio de contraste para resaltar aspectos positivos de Claudia Sheinbaum para colocarla como la mejor opción a la Presidencia.

-          Dado que las expresiones no representan un abuso del ejercicio de la libertad de expresión, no existe conducta que pueda reprocharse a la radiodifusora.

3. ¿Qué plantea el recurrente?

El PAN pretende se revoque la sentencia, al considerar que la autoridad vulneró los principios de congruencia y exhaustividad en el análisis de las expresiones, por lo que debió tener por acreditada la adquisición de tiempos en radio, conforme a lo siguiente:

         Falta de congruencia. Existe una contradicción en el análisis de la infracción porque, por una parte, la Sala sostuvo que existió un llamado al voto al referirse a la aplicación del plan C y la continuidad de la transformación; y, posteriormente, determinó la inexistencia de la infracción de adquisición, señalando que tales expresiones estaban amparadas en la libertad de expresión.

La Sala Especializada debió tomar en cuenta lo resuelto en los precedentes SRE-PSC-83/2023, confirmada en el REP-64/2023; REP-114/2023 y REP-813/2024, en los que se sostuvo que el llamar a la aplicación del Plan C y la continuidad de la cuarta transformación implica un llamado a votar en contra de otras fuerzas políticas de Morena, por lo que debe tenerse por actualizada la adquisición indebida de tiempos en radio.

Fue incorrecto que se determinara la inexistencia de la infracción al valorar la calidad de legislador (senador, Coordinador del Grupo parlamentario de MORENA y Presidente de la JUCOPO) y el derecho a la libertad de expresión, pues indebidamente Ricardo Monreal aprovechó sus atribuciones para incidir en el electorado.

         Indebida de motivación. Incorrectamente sostuvo que el denunciado participaba en el programa desde 2022, lo que le atribuía la calidad de colaborador, sin prueba que lo soporte.

4. ¿Cuál es la metodología de análisis?

Esta Sala Superior analizará de manera conjunta los agravios planteados, relacionados con la vulneración a los principios de exhaustividad y congruencia de la resolución impugnada.[11]

En tanto que la controversia se centra en analizar las consideraciones de la Sala Especializada en relación con la calificación de las expresiones relacionadas con la aplicación del plan C y la continuidad de la transformación, en tanto que el recurrente considera que es un llamado expreso a desalentar el voto respecto de fuerzas políticas distintas a Morena, conforme lo resuelto en los precedentes que indica; y por ello se actualiza la adquisición indebida de tiempos en radio.

5. ¿Qué decide la Sala Superior?

Se confirma la resolución impugnada que determinó la inexistencia de la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, ante lo infundado e inoperante de los agravios relacionados con la falta de exhaustividad en el análisis de los elementos para acreditar las infracciones.

6. ¿Cuál es la justificación?

A. Inexistencia de la adquisición indebida de tiempos en radio.

Como se señaló, el recurrente plantea la falta de exhaustividad en el análisis de los elementos que actualizan la adquisición indebida de tiempos en radio, al estimar que la referencia a la continuidad del Plan C actualiza el elemento objetivo, en tanto que constituye un llamado para desincentivar el voto en contra de las fuerzas políticas contrarias a Morena, conforme a los precedentes que invoca el recurrente[12].

En principio, se destaca que el recurrente controvierte la valoración respecto de las expresiones en las que Ricardo Monreal se refirió al Plan C, durante el programa de trece de mayo. Por tanto, debe quedar firme el estudio efectuado por la Sala Especializada respecto de las demás participaciones, al no haberse controvertido por el recurrente.

Como se anticipó, los planteamientos de falta de exhaustividad en el análisis son infundados, y por tanto debe confirmarse la sentencia que determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas.

Criterios sobre la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión.

Respecto la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, esta Sala Superior ha considerado que se debe verificar si en el contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir un beneficio electoral, o bien, equivalentes funcionales que permitan concluir que se actualizó el beneficio y, por ende, la infracción. Tales elementos radican en la promoción del nombre e ideas de una candidatura.

En este sentido, la prohibición de adquirir tiempos se acredita cuando un partido político (coalición), candidatura o precandidatura resulta beneficiada con motivo de la transmisión, sin importar la existencia de un contrato o no.[13]

Con base en la jurisprudencia 17/2015, se actualiza la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión cuando se acredita:

         Elemento subjetivo: Se debe identificar si el emisor es una persona especialmente obligada por la ley (partido político, precandidatura o candidatura). Pues de conformidad con la normativa electoral, sólo esas personas pueden adquirir –sin necesariamente contratar– tiempos en radio y televisión.

         Elemento objetivo: Se debe analizar el mensaje difundido y que éste haya sido transmitido en radio y televisión, a partir del cual se genera un beneficio para el partido, la candidatura o precandidatura.

Además, la Sala Superior ha determinado que es “necesario analizar el contenido de los mensajes e imágenes en radio y televisión, así como el contexto espacial y temporal en el que se emiten y sus modalidades de difusión, a efecto de determinar si constituyen propaganda política o electoral (ya que la norma no distingue el tipo de propaganda) y si se vio beneficiado un partido político o candidatura con los contenidos difundidos en radio y televisión fuera de los tiempos administrados por el INE”.[14]

Cabe tener como referencia que en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafos dos y tres de la Constitución General se establece la prohibición de los partidos políticos y candidaturas, así como de terceros, de adquirir tiempos en radio y televisión con la finalidad de incidir en los procesos electorales mediante la difusión de mensajes a favor o en contra de algún partido político o candidato; prohibición diseñada para impedir que el poder económico influyera en las preferencias electorales a través de la compra de propaganda en radio y televisión.

Es decir, en modo alguno se buscó afectar la libertad de expresión de las personas, o la libertad de prensa e información de los comunicadores de la radio y televisión, así como de la ciudadanía en general.

Así, esta Sala Superior advierte que para actualizar la infracción de adquisición indebida se debe demostrar la existencia de un vínculo o nexo entre los mensajes emitidos y el beneficio obtenido por las candidaturas o partidos.

Es decir, se debe demostrar un vínculo directo e inmediato entre los mensajes (propaganda) y el beneficio generado a la candidatura; y esa demostración, por regla general, se realiza a través de un análisis del contenido del mensaje.

Además, se ha considerado que el criterio de manifestaciones explícitas establecido en la jurisprudencia 4/2018,[15] sí es aplicable, en principio, para analizar los mensajes transmitidos, a efecto de determinar si una candidatura, partido político, coalición o persona obligada se ha beneficiado y, por tanto, ha adquirido indebidamente tiempos en esos medios en contravención de la Constitución.

Para ello, es necesario un estudio del contexto integral de los mensajes y de las demás características en su difusión, incluida las calidades con las que cuenta el denunciado, a efecto de determinar si constituyen un llamado expreso, o bien un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de forma inequívoca.

Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto.  Ello para evitar, conductas fraudulentas cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida.

A fin de que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, se acredite que las expresiones significan o denotan algún propósito a favor o en contra de una candidatura o partido político; se publicite una plataforma electoral o posición de alguien con el fin de obtener una candidatura, o bien cuando contengan expresiones que tengan un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca”.

Todo lo cual permite contar con criterios objetivos e identificables que permitan limitar solo aquellas expresiones que tengan la intención de posicionar de forma positiva o negativa a una opción política, y reducir la posibilidad de incidir de forma innecesaria en el debate público.

La restricción se basa en la idea de que las candidaturas a puestos de elección popular se vinculan directa o indirectamente con los problemas de interés público, ya sea mediante propuestas legislativas o acciones gubernamentales. Por lo tanto, restringir expresiones sin elementos expresos o equivalentes funcionales, constituiría una restricción indebida a la libertad de expresión.

Lo cual, genera una distinción objetiva y razonable entre los mensajes con elementos que llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de una fuerza política, y aquellos que promueven temas propios de una sociedad democrática y deliberativa, los cuales no están incluidos en la prohibición de contratación o adquisición de tiempos.

A fin de privilegiar mensajes que intenten generar interés por un asunto legislativo o de otra índole, siempre que expongan una postura ideológica respecto de alguna cuestión política, social o económica, y no involucren un posicionamiento en favor o en contra de un candidato o partido, su carácter o cualidades para un cargo.

Criterios respecto la bidimensionalidad de las funciones de los legisladores.

Respecto de la calidad de senador que ostenta la parte denunciada, este órgano jurisdiccional ha sostenido[16] la bidimensionalidad de las funciones de las personas legisladoras, distinguiéndolas de las actividades de las personas titulares del Ejecutivo, en atención a las facultades; capacidad de decisión; nivel de mando; personal a su cargo; y la posibilidad de disponer de recursos económicos, políticas y programas sociales, de la que disponen cada uno de los poderes.

Así, se ha considerado que la función de las personas legisladoras tiene una doble naturaleza, en cuanto a miembros de un partido político y las actividades propias que realizan como parte integrante del órgano legislativo al que pertenecen; lo cual les permite una mayor interacción con la sociedad y participación en actividades políticas.

Se ha sostenido que es válido que las personas legisladoras, como representantes populares, tengan una mayor interacción con la ciudadanía sobre la viabilidad en la continuación de políticas públicas bajo la ideología del partido político por el que fueron electos.

Además, se sostuvo que era fundamental que los legisladores participaran en actividades políticas constantes, fuera del recinto legislativo, durante los recesos de su labor parlamentaria, o bien, en aquellos días en los que no se lleven a cabo las sesiones del Pleno o de las Comisiones de las que formen parte.

Pues estas actividades fomentan la participación e interacción con la sociedad y con los institutos políticos, como parte fundamental de la labor política que realizan.

Es a partir de tales consideraciones respecto la función legislativa que debe realizarse un análisis en cada caso, para verificar si las personas legisladoras a quien se les impute la infracción actúan dentro de los márgenes legales y constitucionales que rigen su actuación.

En este sentido, si se trata de acciones o manifestaciones políticas, se debe analizar si se trata de actos en ejercicio legítimo de la libertad de expresión o se trata de casos de simulación o abuso en el ejercicio de este derecho, que pudieran implican un posicionamiento indebido.

Análisis del caso.

A partir de los parámetros desarrollados, se estima correcto el análisis que realizó la Sala Especializada en el estudio de las particularidades del caso, sin que se estimen aplicables al caso los precedentes indicados, en tanto que se refieren a infracciones distintas (vulneración al principio de neutralidad) y respecto se servidores públicos con funciones diferentes (integrantes del Poder Ejecutivo).

Por lo que se advierte que la responsable analizó de manera pormenorizada las participaciones, el carácter del denunciado como candidato, legislador y colaborador habitual, además destacó la relevancia de la posición que ocupa Ricardo Monreal como coordinador del Grupo parlamentario de MORENA y presidente de la JUCOPO en el Senado de la República.

Así, la responsable analizó de manera pormenorizada cada una de las participaciones en los programas, cuyas manifestaciones se emitieron en ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.

Ello, porque a partir del estudio contextual integral y particular de las intervenciones del candidato denunciado en la totalidad de los programas no obtuvo un beneficio o posicionamiento indebido de su candidatura, por lo que no se cumple el elemento objetivo de la infracción de la adquisición indebida.

Como lo refirió la Sala Especializada las participaciones ocurrieron durante la campaña electoral del proceso electoral federal, periodo en el que el denunciado ostentaba la calidad de candidato, senador y colaborador del programa de noticias.

Destacó que las temáticas abordadas estaban relacionadas con la concentración de esfuerzos de la oposición para obtener la victoria en la Ciudad de México; invitó a la continuidad del “plan C” y puntualizó: “Claudia Presidenta, Clara Jefa de Gobierno, Catalina Alcaldesa de la Cuauhtémoc” [13 de mayo]; sin que tales expresiones puedan calificarse como propaganda electoral.

Razonó que tales expresiones no contienen llamados explícitos al voto o a través de equivalentes funcionales, que alienten o desalentaran el apoyo hacia un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de propuestas o posicionamientos.

Pues con su participación emitió su opinión en un ejercicio de contraste entre dos opciones electorales y destacó la importancia de mantener la victoria en la Ciudad de México; lo cual realizó como parte de la discusión que se encontraba en el debate público del país; y que la referencia al Plan C estaba amparada en la libertad de expresión que tiene como legislador y colaborador del programa.

En ese sentido se coincide con la Sala Especializada en que las expresiones respecto a la continuidad del Plan C, se refieren a aspectos de índole político en un solo programa, derivado de su participación en el programa en vivo de corte noticioso y político.

Destacando que era un invitado habitual al programa y senador de la República; a lo largo de las distintas participaciones fue consultado sobre su punto de vista en temas de interés general relacionados con el proceso electoral; el inicio de las campañas; la actuación de las candidaturas; la presentación de iniciativas constitucionales y legales (electoral, judicial, salarios mínimos, jóvenes construyendo el futuro y pensiones); el debate presidencial; la situación en Zacatecas y la actuación de su hermano como gobernador; el supuesto desacuerdo entre las candidata presidencial y de la jefatura de gobierno de la CDMX postuladas por Morena; así como la posición de Morena en el proceso electoral (al referir …bienvenido como siempre con tus comentarios, pues todo queda aquí en familia).

Es decir, las expresiones derivaron de la transmisión en vivo, en un programa de corte noticioso; con motivo de la interacción con el conductor, que le cuestionó respecto de diversos tópicos; por lo que válidamente puede concluirse que se trató de una actuación espontánea.

Sin que su participación pueda considerarse como la planeación de una estrategia de propaganda, pues acude habitualmente para abordar temas de interés general en el debate público.

Por tanto, no se considera que las expresiones hayan generado un beneficio para el denunciado o para el partido que lo postuló, ya que no existen elementos explícitos e inequívocos, o bien, de equivalentes funcionales donde se advierta que se llamó al voto.

Así, esta Sala Superior considera que no se acreditó el elemento objetivo de la infracción, sobre buscar llamar al voto, o posicionar una candidatura  mediante equivalentes funcionales, sino que el denunciado participó en los programas en un genuino ejercicio de su libertad de expresión, y del ejercicio periodístico refiriéndose a temas de interés general.

En ese sentido, debe considerarse que las expresiones en principio gozan de una presunción de licitud que admite prueba en contrario, para evidenciar que fue contraria a la libertad de información y de expresión. Caso en el cual actualizarían la infracción de adquisición indebida.

Sin embargo, de los elementos que obran en el expediente, así como el contexto de las participaciones denunciadas no se advierten elementos que pongan en entredicho de manera objetiva la licitud de las participaciones. Por lo que, se debe privilegiar el intercambio de ideas y la libertad de expresión, evitando una restricción excesiva que impida la participación y debate en temas de interés para la sociedad.

En ese sentido, se insiste que en el caso no se acredita los llamados expresos o equivalentes funcionales de un posicionamiento o beneficio indebido en el contexto de su candidatura.

Por lo que no existe elemento alguno que desvirtúe el genuino ejercicio periodístico y, en ese contexto, tampoco que las participaciones fueran contrarias a la restricción constitucional.

Similar criterio se sostuvo en el SUP-REP-923/2024 y acumulados; SUP-REP-983/2024 y SUP-REP-997/2024 y acumulados.

En cuanto al planteamiento en el que se aduce que la Sala Especializada debió aplicar los precedentes SUP-REP-64/2023; SUP-REP-114/2023 y SUP-REP-813/2024; tampoco le asiste razón al recurrente pues se considera que no son aplicables al caso concreto, conforme a las diferencias que se precisan a continuación:

Así, en el SUP-REP-64/2023 y SUP-REP-114/2023 se analizaron asuntos relacionados con medidas cautelares, al respecto, esta Sala Superior ha considerado que el estudio efectuado respecto de medidas cautelares no condiciona lo que se llegue a resolver en el fondo de la controversia, pues tales determinaciones tienen finalidades distintas.

En el caso de las medidas cautelares se debe atender a elementos como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que implica que la autoridad efectúe un análisis preliminar de la conducta, sin que cuente con todos los elementos para realizar un análisis integral de los hechos y emitir una determinación de fondo, que pudiera variar respecto de la medida cautelar.

Además, dadas las características particulares de los asuntos que se señalan tampoco se estiman aplicables, en tanto que en aquellos la controversia estaba relacionada con expresiones realizadas por el entonces titular del Ejecutivo en las conferencias matutinas, y las infracciones denunciadas fueron la vulneración al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como uso indebido de recursos públicos.

Mientras que el presente caso se trata de la participación, en vivo, de un senador de la República y colaborado de un programa de corte político, en los que emite opiniones con motivo de la interacción que realiza con el conductor, y la infracción denunciada fue la adquisición indebida de tiempos en radio.

Así, como se destaca, en aquellos asuntos las infracciones denunciadas son distintas a la analizada en el presente caso; la calidad del sujeto denunciado es diferente (atendiendo a la bidimensionalidad en las funciones de los legisladores y una mayor interacción con la sociedad, respecto del poder de mando y decisión del titular del Ejecutivo); el contexto de la emisión es diverso (en las conferencias organizadas por el titular del Ejecutivo), los elementos a analizar para actualizar las infracciones son igualmente diferentes. Razones por las cuales tales precedentes no son aplicables al asunto bajo análisis.

De igual forma es infundado el planteamiento en el que se sostiene que fue indebido que la Sala Especializada atribuyera la calidad de senador al denunciado.

Dicha calificativa obedece a que, como se ha referido anteriormente, es necesario que, al analizar la conducta se efectúe un estudio contextual e individual de las expresiones, además que se deben valorar las distintas calidades que ostenta el denunciado, a fin de que, de un examen exhaustivo de la totalidad de las circunstancias del caso, se determine si se actualizan o no los elementos definidos en la jurisprudencia para acreditar la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión.

En ese sentido, fue correcta la determinación de la Sala responsable en la que estableció que Ricardo Monreal contaba con distintas calidades, entre ellas la de colaborador del programa e integrante del Poder Legislativo, y en este último caso, senador de la República, presidente de la JUCOPU y coordinador del grupo parlamentario de Morena.

En cuanto al planteamiento relacionado con la indebida valoración de la calidad de colaborador en programa desde dos mil veintidós, el mismo se estima inoperante, porque la razón fundamental en la que la Sala sustentó la inexistencia de la infracción no consistió en el hecho de que el denunciado tuviera la calidad de colaborador desde ese año.

Sino como se ha desarrollado a lo largo de esta sentencia, la determinación de la inexistencia se realizó a partir de un análisis contextual de las expresiones, de la temporalidad en que se emitieron y de las diversas calidades que concurrían en el denunciado al momento de la realización de los hechos, para concluir que estas se emitieron en ejercicio de su libertad de expresión.

Incluso se destaca que, el propio conductor (José Cárdenas) en las intervenciones realizadas en los diversos programas denunciados le reconoció la calidad de colaborador habitual en dicho espacio noticioso.

7. Conclusión

Al haber resultado infundados e inoperantes los agravios, se confirma la sentencia impugnada que declaró la inexistencia de la adquisición indebida de tiempos en radio.

Por lo expuesto y fundado, se

V. RESUELVE

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con el voto en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, quien emite un voto particular. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe que se firma de manera electrónica.

ANEXO ÚNICO

Programas denunciados en los cuales colaboró Ricardo Monreal:

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, RESPECTO DE LA SENTENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-1129/2024[17]

I. Introducción; II. Contexto de la controversia; III. Decisión de la mayoría del Pleno de la Sala Superior; y IV. Razones del disenso.

I. Introducción

Respetuosamente formulo el presente voto particular, debido a que no comparto la decisión de la mayoría del Pleno de esta Sala Superior de confirmar la sentencia que dictó la Sala Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-547/2024, en la que se determinó la inexistencia de la indebida adquisición de tiempo en radio, con motivo de la participación de Ricardo Monreal en diversas emisiones del programa “José Cárdenas Informa”, trasmitido en la estación 103.3 FM de Radio Fórmula.

Lo anterior, porque considero que, en el caso concreto, la Sala Responsable omitió analizar exhaustivamente el contexto de los hechos denunciados y, en consecuencia, no fue ajustada a Derecho la determinación de tener por inexistente la indebida adquisición de tiempo en radio.

II. Contexto de la controversia

El asunto tiene su origen en la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Ricardo Monreal, al considerar que se actualizó la indebida compra y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, vulneración al principio de equidad, así como la falta al deber de cuidado de Morena, con motivo de la participación del entonces senador y candidato a diputado en varias emisiones del programa “José Cárdenas Informa”, transmitido en la estación de radio 103.3 FM de Radio Fórmula.

Una vez llevada a cabo la investigación de los hechos denunciados por parte de la autoridad administrativa electoral, la Sala Especializada resolvió el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-547/2024, en el cual declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas, siendo relevante en su consideración que no se actualizaba el elemento objetivo de la infracción de indebida adquisición de tiempo en radio.

La sentencia de la Sala Especializada fue controvertida por el Partido Acción Nacional al promover el presente recurso de revisión. Ahora, conforme el criterio mayoritario, se ha confirmado la decisión impugnada.

III. Decisión de la mayoría del Pleno de la Sala Superior

La mayoría de este Pleno determinó que no le asiste la razón al recurrente, quien tuvo la calidad de denunciante en la queja primigenia, por considerar que fue correcto el análisis efectuado por la Sala Especializada, atendiendo a las particularidades del caso, sin que sean aplicables los precedentes que señala el recurrente, pues estos se refieren a infracciones distintas (vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad, así como uso indebido de recursos públicos) y la calidad del servidor público son diferentes (integrantes del Poder Ejecutivo).

En su concepto, la responsable sí analizó de manera pormenorizada las participaciones del caso, las distintas calidades del denunciado como candidato, legislador y colaborador habitual del programa; además, destacó la relevancia de la posición que ocupa Ricardo Monreal como coordinador del Grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Asimismo, el criterio mayoritario coincide con la Sala Especializada en que las expresiones respecto a la continuidad del Plan C se refieren a aspectos de índole político en una sola emisión, derivado de su participación recurrente en un programa en vivo de corte noticioso y político.

Se argumenta que no se no se acreditó el elemento objetivo de la infracción, sobre buscar llamar al voto o posicionar a una candidatura mediante equivalentes funcionales, sino que el denunciado participó en los programas en un genuino ejercicio de su libertad de expresión, y del ejercicio periodístico refiriéndose a temas de interés general.

De igual forma, en cuanto a la aplicación de diversos precedentes, SUP-REP-64/2023; SUP-REP-114/2023 y SUP-REP-813/2024, se considera que tampoco le asiste razón al recurrente pues estos no son aplicables al caso concreto.

También, se declara infundado el planteamiento en el que se sostiene que fue indebido que la Sala Especializada atribuyera la calidad de senador al denunciado, ya que al analizar la conducta es necesario que se efectúe un estudio contextual e individual de las expresiones, además que se deben valorar las distintas calidades que ostenta el denunciado, a fin de que, de un examen exhaustivo de la totalidad de las circunstancias del caso, se determine si se actualizan o no los elementos definidos en la jurisprudencia para acreditar la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión

Lo anterior, porque en su consideración fue correcta la determinación de la Sala responsable en la que estableció que Ricardo Monreal contaba con distintas calidades, entre ellas la de colaborador del programa e integrante del Poder Legislativo, y en este último caso, senador de la República, presidente de la JUCOPO y coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Asimismo, estimaron inoperante el planteamiento relacionado con la indebida valoración de la calidad de colaborador en el programa desde dos mil veintidós, porque la razón fundamental en la que la Sala responsable sustentó la inexistencia de la infracción no consistió en el hecho de que el denunciado tuviera la calidad de colaborador desde ese año, sino que se realizó a partir de un análisis contextual de las expresiones, de la temporalidad en que se emitieron y de las diversas calidades que concurrían en el denunciado al momento de la realización de los hechos, para concluir que estas se emitieron en ejercicio de su libertad de expresión.

Incluso se destaca que, el propio conductor (José Cárdenas) en las intervenciones realizadas en los diversos programas denunciados le reconoció la calidad de colaborador habitual en dicho espacio noticioso.

Bajo esa lógica, la mayoría del Pleno determinó confirmar la sentencia controvertida al concluir que no se acreditaba la existencia de la infracción denunciada.

IV. Razones del disenso

En mi concepto, contrario a lo determinado por la mayoría del pleno, la sentencia debió revocarse porque, desde mi perspectiva, deben declararse sustancialmente fundados los motivos de agravio expuestos por el Partido Acción Nacional sobre la falta de exhaustividad y congruencia de la sentencia controvertida, al aducir –entre otros aspectos– que la Sala Especializada pretende amparar en el ejercicio de la libertad de expresión lo manifestado por el denunciado en sus participaciones en las emisiones del programa radiofónico de los días once de marzo, tres de abril, así como siete y trece de mayo, sin sostener tal afirmación con un estudio pormenorizado, ni mucho menos concatenado.

Para el recurrente, se trata de expresiones que no fueron neutrales ni forman parte de un ejercicio periodístico genuino, porque impactan en detrimento del principio de equidad en la contienda electoral.

En este orden de ideas, conforme a las previsiones de la Constitución federal, se dispone un esquema en el que corresponde exclusivamente a la autoridad electoral nacional la disposición y distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para fines electorales; la prohibición a partidos políticos y candidaturas de contratar por sí o terceras personas tiempo en cualquier modalidad en radio y televisión, así como para cualquier persona de contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Si bien, acorde a la interpretación funcional de esa prohibición en armonía con el derecho humano de libertad de expresión, el objeto de la prohibición constitucional no comprende, en principio, el tiempo en radio y televisión que empleen los medios de comunicación para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas auténticas o genuinas, siempre que no se trate de una simulación para beneficiar a un partido político o candidatura.[18]

Es de advertir que, en el caso, no está controvertido que el denunciado participa como colaborador en el programa radiofónico desde hace cuatro años y que adquirió la calidad de candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional postulado por Morena, a partir del uno de marzo.

Asimismo, en la sentencia de la Sala Especializada quedó acreditado –y no está controvertido– que se actualizó el elemento subjetivo de la infracción de indebida adquisición de tiempo en radio, precisamente porque Ricardo Monreal tenía la calidad de candidato a diputado federal.

Ahora bien, desde mi perspectiva –como lo sostiene el recurrente–, la sentencia no refleja un estudio exhaustivo y congruente porque la Sala Especializada no realizó un análisis pormenorizado de las expresiones del denunciado realizadas en el citado programa radiofónico.

De manera ejemplificativa es de señalar que respecto de las expresiones del programa del tres de abril, la Sala Especializada simplemente consideró que se trató de una reflexión en torno al homicidio de una niña en Taxco; asimismo, que el denunciado abordó las propuestas de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, indicando que “todos tenemos que contribuir a lograr ese propósito”, sin pronunciarse respecto de expresiones como: “debemos acudir sin miedo a ejercer nuestro derecho a votar y elegir a los que queremos, no nos detengamos por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado entres sus ejes rectores el de la seguridad y de qué manera en coordinación y fortaleciendo la Guardia Nacional las instituciones de procuración de justicia podríamos salir adelante, […] todos tenemos que contribuir a lograr ese propósito y por eso es importante que todos caminemos con la misma sintonía […]”.

De la emisión en el programa del siete de mayo, la Sala Especializada consideró que corresponden a la narración respecto a eventos de campaña de Claudia Sheinbaum, sin pronunciarse específicamente de las manifestaciones del denunciado sobre: la delantera contundente de Clara Brugada, que aún con un porcentaje un poco menor que el de la doctora Claudia Sheinbaum, respecto a la elección presidencial, ambas son inalcanzables. […], o bien: creo que no debemos caer en triunfalismo ni en el exceso de confianza, puedo asegurar que observo una categórica definición política en el que es el momento, creo yo, de cerrar filas en la Ciudad de México, concitara la unidad y hacer un llamado a los actores de esta gran metrópolis a que no perdamos la oportunidad de refrendar nuestro triunfo.

Asimismo, respecto del programa del trece de mayo, es de advertir las manifestaciones sin análisis pormenorizado en el sentido de que: Llegamos a la recta final del Proceso Electoral, cuyo nivel de participación podrá ser el más alto de la historia, por el número de puestos de elección popular en juego, desde el Presidente de la República, hasta un modesto Regidor de un Ayuntamiento constitucional, y observamos, Pepe por parte de Morena y sus aliados una posición difícil de alcanzar, imposible diría yo, veinticinco o treinta puntos que tiene la candidata puntera Claudia Sheinbaum, […] vamos adelante Pepe, vamos a ganar con Morena, la gente se impondrá en una verdadera historia de continuar la transformación de México.

Desde mi perspectiva, las manifestaciones del denunciado –respecto de las cuales no hubo un análisis pormenorizado por la Sala Especializada– no pueden calificarse como un genuino ejercicio periodístico o labor de información, sino como expresiones dirigidas a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía que —al haber sido difundidas en una estación de radio fuera del tiempo ordenado por el Instituto Nacional Electoral— implican la adquisición indebida de tiempo y generan una vulneración a la equidad en la contienda, a fin de beneficiar a determinados actores políticos.

Lo anterior, justamente considerando la calidad del denunciado –candidato a diputado federal postulado por Morena–, así como las manifestaciones hechas en el programa de radio, durante la etapa de campaña, a partir de su posición político-partidista.

Conforme a lo expuesto, desde mi perspectiva debió revocarse la sentencia controvertida, a fin de que la Sala Especializada emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, acorde a los principios de exhaustividad y congruencia.

Por las razones expuestas, emito el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral