RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-1169/2024 Y ACUMULADOS

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

Sentencia que revoca la sentencia SRE-PSC-365/2024 dictada por la sala responsable en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior en los diversos expedientes SUP-REP-886/2024 y acumulados, por la que se confirmó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos con motivo de la participación y las expresiones emitidas en la conferencia matutina del veintiuno de mayo por diversas personas funcionarias públicas.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Denuncias. El veintidós de mayo de dos mil veinticuatro,[2] el PAN denunció al entonces presidente de la República por la presunta vulneración de imparcialidad, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental e incumplimiento de una medida cautelar impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, derivado de diversas expresiones realizadas durante las conferencias matutinas del veinte y veintiuno de mayo. Además, denunció el presunto beneficio indebido a favor de los partidos Morena, PT, PVEM y sus candidaturas.

El veinticuatro de mayo, el PAN presentó una nueva queja en contra del entonces presidente de la República, del otrora secretario de Salud, y del director general del IMSS por las mismas infracciones —con excepción del presunto beneficio indebido de los partidos referidos—por manifestaciones en la conferencia matutina del veintiuno de mayo.

2. Medidas cautelares. Respecto de la primera denuncia, la Comisión de Quejas y Denuncias[3] declaró la improcedencia de las medidas cautelares porque las conferencias fueron eliminadas de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República, asimismo, la improcedencia de la tutela preventiva, al existir pronunciamiento previo.

Respecto de la segunda denuncia, la Comisión de Quejas y Denuncias[4] ordenó el retiro de las redes sociales de la conferencia de veintiuno de mayo; y también declaró procedente la tutela preventiva.

3. Primera sentencia.[5] El uno de agosto, la Sala responsable declaró la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, el uso indebido de recursos públicos, la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la promoción personalizada.

Lo anterior, respecto de las siguientes personas: 1) Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República; 2) Sigfrido Barjau de la Rosa, director del CEPROPIE 3) Martha Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital del presidente; 4) Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de Departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República; 5) Carlos Emilio Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México; 6) Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; 7) Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS; y 8) Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de la República.

Asimismo, determinó que el entonces presidente de la República incumplió con las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias en el acuerdo ACQyD-INE-120/2023 y, determinó la inexistencia del beneficio indebido atribuido a los partidos denunciados.

4. Primer recurso.[6] Inconforme, la parte denunciada impugnó la determinación anterior, misma que conoció esta Sala Superior, quien el nueve de octubre: a) desechó la demanda del director general del IMSS, por haberse presentado de forma extemporánea y, b) modificó la sentencia en el sentido de: 1) revocar las consideraciones relacionadas con las expresiones realizadas en la conferencia matutina del veintiuno de mayo, al estar relacionadas con temáticas de salud; y 2)  confirmar las infracciones relativas a la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, atribuidas al otrora mandatario federal y otras personas servidoras públicas, con motivo de las expresiones realizadas en la diversa conferencia del veinte de mayo.

5. Sentencia impugnada. En cumplimiento, el veintinueve de octubre, la sala responsable determinó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos por el director general del IMSS con motivo de su participación y sus expresiones emitidas en la conferencia matutina del veintiuno de mayo. En cuanto al resto de recurrentes, confirmó que realizaron las mismas conductas acreditadas en la sentencia primigenia.

6. Impugnación. En contra, el seis y siete de noviembre, las partes recurrentes presentaron demandas.

7. Turno. Recibidas las constancias, la Presidencia de la Sala Superior ordenó integrar los expedientes SUP-REP-1169/2024, SUP-REP-1171/2024 y SUP-REP-1173/2024,[7] y los turnó a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicaron.

8. Estado de resolución. En su oportunidad, la Magistrada Instructora admitió a trámite únicamente las dos primeras demandas, cerró instrucción en ellas y ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

9. Sesión del Pleno. En sesión pública de cuatro de diciembre, el Pleno de esta Sala Superior rechazó el proyecto de sentencia de la magistrada ponente; por lo que correspondió la elaboración del engrose respectivo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para resolver los medios de impugnación porque se trata de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de una determinación dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, cuya resolución corresponde de manera exclusiva a este órgano jurisdiccional.[8]

III. ACUMULACIÓN

Al existir identidad en la sentencia impugnada y autoridad responsable, para efecto de la presente sentencia, se acumulan los expedientes SUP-REP-1171/2024 y SUP-REP-1173/2024 al SUP-REP-1169/2024, por ser el que primero se presentó ante este órgano jurisdiccional.[9]

Por tanto, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

IV. IMPROCEDENCIA DEL EXPEDIENTE SUP-REP-1173/2024

En una primera demanda, que conformó el expediente SUP-REP-1171/2024, acude Raúl Armando Jiménez Vázquez, en su calidad de consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación, entre otras personas, de Sigfrido Barjau de la Rosa, director del CEPROPIE.

Por otra parte, en un segundo momento, se presentó la demanda que integró el expediente SUP-REP-1173/2024, la cual es suscrita por Sigfrido Barjau de la Rosa, con el mismo carácter de director del CEPROPIE.

Por ello, al contener ambas demandas hechos y agravios similares, el director del CEPROPIE agotó su derecho de acción con la presentación de la primera demanda y, en consecuencia, debe desecharse la que integra el expediente SUP-REP-1173/2024.[10]

V. PROCEDENCIA DE LOS EXPEDIENTES SUP-REP-1169/2024 y SUP-REP-1171/2024

Los medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia,[11] conforme a lo siguiente:

1. Forma. Los escritos de demanda precisan la sentencia impugnada, los hechos, agravios y cuentan con firma autógrafa.

2. Oportunidad. Las demandas están en tiempo, al presentarse dentro del plazo de tres días.[12] Ello, al no computarse el sábado dos y domingo tres de noviembre.

Si bien, la sentencia recurrida se vincula con el proceso electoral federal 2023-2024, por lo que en principio deberían computarse todos los días —al ser considerados como hábiles—,[13] dicho proceso electoral concluyó el catorce de agosto con el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa.[14]

Así, en el caso del SUP-REP-1169/2024, la sentencia impugnada —emitida el veintinueve de octubre— fue notificada al recurrente el uno de noviembre; por lo que, si la demanda se presentó el seis siguiente, es oportuna.

Respecto al expediente SUP-REP-1171/2024, la sentencia recurrida fue notificada el cuatro de noviembre y la demanda se presentó el seis posterior; por ello, también es oportuna.

3. Legitimación y personería. En el expediente SUP-REP-1169/2024, el recurrente acude a este órgano jurisdiccional por propio derecho.

Asimismo, en el caso del SUP-REP-1171/2024, la personería de Raúl Armando Jiménez Vázquez, en su calidad de consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se encuentra acreditada, así como el nombramiento adjunto en su escrito de demanda, quien acude en representación de diversas personas funcionarias.[15]

4. Interés jurídico. La parte recurrente aduce un perjuicio en su esfera jurídica causado por la declaración de responsabilidad dictada en la sentencia impugnada.

5. Definitividad. Se satisface este requisito ya que la ley electoral no prevé otro medio de impugnación para controvertir la determinación cuestionada.

VI. ESTUDIO DE FONDO

1. ¿Qué se denunció?

El PAN presentó dos denuncias en contra del entonces presidente de la República y de diversas personas funcionarias públicas —entre ellas, las partes recurrentes— por presuntas infracciones derivadas de lo expresado en las conferencias matutinas de veinte y veintiuno de mayo.

En su oportunidad, la sala responsable determinó la vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, además de haberse utilizados recursos públicos, difundido propaganda gubernamental en periodo prohibido y haber realizado promoción personalizada, con motivo de las manifestaciones del entonces presidente de la República, del director general del IMSS y del otrora secretario de Salud.

Ante ello, tanto el partido denunciante como la parte denunciada impugnaron, por lo cual, al resolver el expediente SUP-REP-886/2024 y acumulados, esta Sala Superior revocó únicamente las consideraciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental en período prohibido y promoción personalizada del entonces presidente de la República, a fin de que la sala responsable llevara a cabo un nuevo estudio exhaustivo y reforzado de las manifestaciones realizadas en la conferencia del veintiuno de mayo, al estar relacionadas con temáticas de salud.

Asimismo, esta Sala Superior confirmó las relacionadas con la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, atribuidas a dicho mandatario federal y otras personas servidoras públicas, con motivo de las expresiones realizadas en la diversa conferencia de veinte de mayo.

En acatamiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, la sala responsable acotó su estudio a resolver si, respecto a la conferencia celebrada el veintiuno de mayo, el entonces presidente de la República y las demás personas servidoras públicas difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, realizaron promoción personalizada, vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, usaron recursos públicos indebidamente e incumplieron las medidas cautelares, previamente dictadas.

2. ¿Qué determinó la Sala responsable?

         Que las expresiones denunciadas contenían diversos temas de salud; sin embargo, ello no debía entenderse como una posibilidad de apartarse de las obligaciones que los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad imponen en el periodo de campaña del proceso electoral federal.

         Las manifestaciones de la Presidencia de la República, sin importar la etapa de la conferencia matutina en la que se encuentre, deben ajustarse a las exigencias que los referidos principios imponen.

         Reconoció que en la conferencia matutina de veintiuno de mayo se abordaron las siguientes temáticas:

o        Sistema de salud en México, respecto a la creación y remodelación de hospitales en toda la República.

o        Reporte del entonces secretario de Salud y del titular del IMSS, respecto al sistema de salud.

o        Coordinación entre el gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y el INE para garantizar el desarrollo de las elecciones el dos de junio.

o        Toma de medidas en coordinación con las autoridades estatales y municipales, derivado de la tercera ola de calor de la temporada para evitar afectaciones en la salud de las y los mexicanos, consistente en una campaña intensiva de comunicación que ha estado en radio, televisión y en redes sociales para informar la población en general de los cuidados que deben tener para prevenir las altas temperaturas.

o        Demanda energética y apagones en nuestro país.

o        Apoyo de intelectuales, académicos y estudiosos a un grupo oligarca.

o        Reunión del entonces titular del Ejecutivo Federal con gobernadores.

o        Itinerario presidencial del fin de semana del veinticuatro al veintiséis de mayo de dos mil veinticuatro.

o        Cártel inmobiliario en el estado de Veracruz.

o        Alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,[16] respecto de un metotrexato oncológico.

         Sostuvo que las manifestaciones relacionadas con las medidas en coordinación con las autoridades estatales y municipales, derivado de la tercera ola de calor de la temporada y la alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS, estaban permitidas conforme a la excepción constitucional para difundir propaganda gubernamental durante la campaña y hasta el día de la jornada electoral.

         Señaló que contenían un grado de permisibilidad, ya que eran temas relativos a campañas informativas en materia de salud, por lo que no podían considerarse como difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, por lo que no tuvo por actualizadas las infracciones denunciadas en este aspecto.

         Que en la conferencia denunciada, se presentó un informe particular de los logros del IMSS-Bienestar, respecto de las treinta y dos entidades federativas, específicamente de: a) los avances del IMSS-Bienestar relacionados con la rehabilitación y puesta en operación de hospitales; b) que fueron noventa hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración; y c) el inicio del programa “enfermera especialista” cuya convocatoria seguía abierta, así como que en siete hospitales, era necesario un número mayor de registros, por lo que se haría difusión para contar con enfermeros y enfermeras especialistas.

         La responsable destacó que las publicaciones en redes sociales y páginas del gobierno de México también informaron que en la mañanera del veintiuno de mayo se hizo referencia a la gratuidad en los servicios de salud, el plan de desarrollo y la distribución de recursos para más de once mil comités.

         En consecuencia, la Sala Especializada sostuvo que, toda vez que se enunciaron diversas acciones y logros de gobierno, se satisfacía el contenido y finalidad para considerar a las manifestaciones como propaganda gubernamental y que no se actualizaba alguna excepción constitucional porque no se trataba de alguna campaña de información de las autoridades electorales, ni se refiere a servicios educativos y/o de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

         Declaró existente la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a el coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la República, titular del CEPROPIE, directora general comunicación Digital de Comunicación de la Presidencia y jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicaciones y Vocería del Gobierno de la República, porque si bien no realizaron alguna expresión en la conferencia, lo cierto es que eran las personas servidoras públicas encargadas de organizar, realizar y difundir las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.

         En relación al Coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, también se consideró responsable por la difusión de la mañanera en la página de internet https://lopezobrador.org.mx, al ser quien la administrara.

         Por otra parte, la responsable declaró la existencia de propaganda personalizada, ya que las manifestaciones buscaron exaltar los logros del IMSS-Bienestar y las obras públicas implementadas gracias a la contribución de recursos federales, por la pasada administración, lo que tuvo como objetivo promocionar acciones y logros del entonces gobierno federal.

         Aunado a que se contrastaron acciones y logros de la gestión del entonces presidente con las administraciones pasadas, lo que constituía una posible muestra de apoyo para las candidaturas de los partidos afines al movimiento político del exmandatario, por lo que acreditó la difusión de promoción personalizada, atribuida al entonces presidente de México, así como a las personas funcionarias que contribuyeron a la difusión de la conferencia matutina veintiuno de mayo.

         De igual forma estimó que las expresiones tenían tintes electorales, por lo cual se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

         En ese sentido, señaló la responsable que si para la organización de las conferencias se utilizaron recursos humanos, financieros y materiales que las personas del servicio público tenían a su disposición debido al cargo de ocupan, se desprende que no se utilizaron los recursos atendiendo a la finalidad a la que están destinados.

         Finalmente, reconoció el incumplimiento por parte del presidente de México de la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias, el treinta de junio de dos mil veintitrés.[17]

         En consecuencia, la responsable determinó, en cada caso, girar las vistas correspondientes, así como inscribir en el Catálogo de Sujetos Sancionados a las personas funcionarias responsables.

3. ¿Qué alegan las partes recurrentes?

SUP-REP-1169/2024 (Director del IMSS)

         La sala responsable, de manera ilegal, sin fundar ni motivar, acreditó la difusión de propaganda gubernamental.

         La propaganda gubernamental debe analizarse a partir de su contenido o elemento objetivo y no solo a partir del elemento subjetivo, aunado a que, debe ser difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos.

         La información trasmitida se trató de una comunicación meramente informativa, lo que constituye un ejercicio de rendición de cuentas, en cuanto al derecho a la salud que tiene encomendado el IMSS.

         Al ser una temática relacionada con la salud, las manifestaciones denunciadas encuadran en la excepción prevista constitucionalmente, como información que puede ser difundida.

         Indebidamente se reconoció que tiene una conducta acreditada en el uso de indebido de recursos públicos, ya que no usó indebidamente recursos humanos y materiales, aunado a que, no cuenta con atribuciones para la organización y difusión de las conferencias matutinas.

SUP-REP-1171/2024 (entonces coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, la directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la República y el director del CEPROPIE)

         Incumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia SUP-REP-886/2024 y acumulados.

         La información transmitida a la ciudadanía en relación con temas que atañen al interés público no vulnera el marco constitucional ni la normativa electoral.

         Transgresión al principio de tipicidad, ya que la vulneración al principio de neutralidad no se encuentra prevista en el artículo 449 de la LGIPE.

         Inexistencia de prueba alguna que acredite la utilización de recursos públicos.

         Inexistencia de recursos presupuestales para contratar la difusión de las actividades realizadas por la administración pública federal a través de los medios de comunicación masiva.

         Indebida valoración probatoria, al no acreditarse que las personas funcionarias tengan facultades, atribuciones o medios materiales para efectuar las conductas que se imputan.

         La localización y visualización de las conferencias de prensa y publicaciones en sitios de internet requiere de un acto volitivo para su consulta. 

         Inobservancia del principio de obediencia jerárquica, ya que las personas funcionarias denunciadas únicamente cumplieron con sus funciones y obligaciones inherentes al cargo que ostentan.

         La indebida inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados de la Sala Especializada.

4. ¿Cuál es el problema jurídico por resolver y cuál es la forma de análisis?

El problema jurídico consiste en determinar si debe confirmar o revocar la sentencia impugnada conforme a las pretensiones de las partes recurrentes, lo que lleva a estudiar si sus agravios son suficientes para demostrar si se encuentra indebidamente fundada y motivada; o si deben subsistir sus consideraciones.

En cuanto a la metodología de estudio, se analizan de forma conjunta los planteamientos, al exponer consideraciones similares.[18]

5. ¿Qué decide esta Sala Superior?

Debe revocarse la sentencia impugnada ante lo fundado de los agravios relativos a que las expresiones denunciadas estaban relacionadas a servicios de salud, por lo que se encontraban dentro de las excepciones a la restricción constitucional prevista en el artículo 41 de la Constitución.

a. Marco normativo

De la fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución indica que los tribunales deben vigilar que toda resolución emitida por una autoridad competente esté debidamente fundada y motivada. Esto implica precisar las normas aplicables al caso concreto, e invocar las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se consideraran en su emisión, para que exista claridad de las razones aducidas y congruencia en la decisión.

Finalmente, hay indebida motivación cuando la autoridad responsable sí expresa las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

Vulneración a la imparcialidad y neutralidad. El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución establece como obligación de las y los servidores públicos aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. De ello, la Sala Superior ha señalado: 

         La esencia de la prohibición radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos y que las personas servidoras públicas no aproveche la posición en la que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí, un tercero o partido político.

         Una persona integrante del poder ejecutivo tiene presencia protagónica en el marco histórico social mexicano, al contar con poder de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y humanos de la administración pública. Así que debe tener especial cuidado en las conductas que, en el ejercicio de sus funciones, realice.

Propaganda gubernamental. Por su parte, el párrafo octavo del citado del artículo 134 define a la propaganda gubernamental como aquella que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Esta Sala Superior ha considerado[19] que la infracción relacionada con propaganda gubernamental requiere cuando menos:[20]

a.     La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública;

b.     Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;

c.     Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno;

d.     Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la ciudadanía, y

e.     Que no se trate de una comunicación meramente informativa.

Así, la noción de “propaganda gubernamental”, en materia electoral, implica toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente el uso de recursos públicos, contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía.

Por otra parte, el artículo 41, fracción III, base C, segundo párrafo, de la Constitución establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Aunado a que los supuestos de excepción consisten en campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud; así como las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

b. Caso concreto

Como se adelantó, los agravios relativos a que indebidamente se tuvo por acreditada la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, además de que la información transmitida se trató de una comunicación meramente informativa en temas relacionados con servicios de salud, por lo que encuadraban en la excepción prevista constitucionalmente, como información que puede ser difundida, son fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada, como se analizará a continuación.

Del análisis de la resolución recurrida se advierte que, entre otros temas, la Sala responsable advirtió que, a partir del estudio de las manifestaciones denunciadas de la conferencia matutina de veintiuno de mayo, se desprendía que se tocaron temáticas de salud, sin embargo, a su consideración no dieron cuenta de una campaña de salud, sino de acciones relativas a la construcción de infraestructura en dicha materia, así como del aumento de su personal, sin que este estuviera específicamente dirigido a la puesta en marcha de campañas o programas de gobierno en materia de salud.

De igual forma sostuvo la existencia de propaganda personalizada, ya que las manifestaciones de las personas servidoras públicas buscaron exaltar los logros del IMSS-Bienestar en las treinta y dos entidades federativas y las obras implementadas gracias a la contribución de recursos federales, por la pasada administración, es decir, del entonces presidente de la República, porque se abordaron los siguientes logros y acciones de gobierno: 1) La lista de hospitales abandonados, reconstruidos, construidos y puestos en operación en la anterior administración, y 2) Sobre el avance de la convocatoria para contratar mayor personal de enfermería especializado.

Cuestión que a su parecer tuvo como objetivo promocionar acciones y logros del entonces gobierno federal, aunado a que, el entonces presidente de la República contrastó acciones y logros de su gestión con las administraciones pasadas, por lo que implicaron opiniones sobre administraciones de origen partidista distinto a él. Por lo que junto a expresiones como “Nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo tal cual. Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación, porque es una revolución de las consciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo”, estimó la responsable que tenían una connotación política- electoral que tuvieron como finalidad buscar una aceptación o adhesión ante la ciudadanía.

De ahí que concluyera que las manifestaciones contenían tintes electorales, con lo que se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

No obstante, se estima que, contrario a lo resuelto por la Sala Especializada, los temas abordados en la conferencia matutina de veintiuno de mayo sí eran de importancia y relevancia en cuanto a temas de salud pues con ella se buscó dar a conocer a la población sobre los hospitales que se encuentran prestando servicios de salud y la manera en cómo se estaba contratando el personal que los atiende.

De ahí que del análisis del contexto en que se emitieron las expresiones denunciadas, se advierte que obedeció a un informe en materia de servicios de salud por parte del otrora secretario de salud y del director general del IMSS, además de las intervenciones del entonces presidente de la República.

Máxime si esta Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-57/2010, sostuvo que la prestación de servicios de salud en modo alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, sino que abarca necesariamente otros aspectos como serían: a) la planificación y control de los servicios de atención médica, salud pública y asistencia social; b) la adopción de las medidas indispensables para la debida prestación de servicios médicos; c) la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de la salud; luchar contra enfermedades trasmisibles, así como combatir plagas sociales; d) la creación y administración de los establecimientos de salubridad y de asistencia pública; e) la implementación de programas que apoyen los servicios de salud; f) la conducción de políticas en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad; g) la realización de campañas sanitaras y asistenciales.

Por lo que, si en el caso concreto las expresiones denunciadas estaban relacionadas con la creación y rehabilitación de hospitales, además de una convocatoria para contratar personal de salud, específicamente, enfermeras especialistas; es que sí encuadran en la excepción prevista en el artículo 41 de la Constitución, pues con la información difundida no se buscó generar simpatía y adhesión de ciertos sectores poblacionales o en su caso el apoyo a alguna candidatura o partido político, sino que sirvió para mantener informada a la ciudadanía sobre temas relevantes relacionados con la salud sin que para el efecto se influyera en la equidad en la contienda o en las preferencias electorales. De ahí lo fundado de los agravios.

Por otra parte se estima que le asiste la razón a los recurrentes, pues contrario a lo sostenido en la resolución controvertida, se concluye que no se tiene acreditada la infracción consistente en la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pues además de estar relacionadas con temas de servicios de salud, lo cierto es que de las expresiones no se logra desprender que tenga por objeto incidir en algún proceso electoral, ya que no buscan inducir a la ciudadanía a votar a favor o en contra de alguna candidatura o partido político, o en su caso, que hayan tenido como objeto influir en las preferencias electorales.

Aunado a que tampoco se acredita la promoción personalizada atribuida al entonces titular del Ejecutivo federal, al otrora secretario de salud y al directo general del IMSS, ya que en ningún momento hicieron alusión a su trayectoria laboral, personal o académica para destacar logros en particular; no se hizo mención de cualidades o aspiraciones personales en algún proceso electoral o proyecto de gobierno; ni tenía como fin favorecer o perjudicar alguna candidatura con la intención de obtener adeptos.

Por lo que ante lo fundado de los agravios, lo procedente es revocar lisa y llanamente la sentencia controvertida.

Por lo expuesto y fundado, se

VII. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes, en los términos señalados en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se desecha la demanda que integra el expediente SUP-REP-1173/2024.

TERCERO. Se revoca la sentencia impugnada.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos y hágase la devolución de la documentación correspondiente.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes formulan voto particular. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe de la presente sentencia y de que se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR[21] QUE FORMULAN LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS Y EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN SUP-REP-1169/2024 Y ACUMULADOS

1. Introducción

Respetuosamente, formulamos el presente voto particular porque no compartimos la decisión aprobada por la mayoría de esta Sala Superior de revocar la sentencia de la Sala Especializada de este Tribunal Electoral que declaró la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social,[22] con motivo de su participación y sus expresiones emitidas en la conferencia matutina del veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, así como la responsabilidad de diversas personas del servicio público.

Al respecto, destacamos la premisa inexacta que hace valer la parte recurrente de que toda información relacionada con salud se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 41 constitucional, al estimar que tal regla permite la difusión de propaganda en campañas cuando se refieran a dicha temática.

Desde nuestra consideración, esta premisa no puede aceptarse en sus términos, porque la Constitución general no ampara todas las expresiones en periodo electoral, es decir, la propaganda gubernamental debe contener información realmente necesaria e indispensable y que, por su tema, exista la premura evidente de ser publicada a través de los medios de comunicación.

Lo anterior deriva del hecho que la difusión sea imprescindible y que no pueda realizarse en otro momento o por otras vías.

Ello, no es un criterio novedoso, la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral ha establecido que los supuestos de excepción a los que se refiere el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución general, también deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad, con la finalidad de evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidatura.

En el caso, el director general del IMSS al comenzar su intervención en la conferencia matutina del veintiuno de mayo señaló: “…Ahora vamos a presentar un repaso por todo el país, estado por estado, poniendo un ejemplo emblemático que en los estados son muy conocidos, de hospitales que estaban sin acabar y que se pusieron en operación. En algunos casos se pusieron en operación gracias a la federalización, es decir, los estados pasaron a IMSS-Bienestar y esto permitió acceder a recursos del fondo de salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales; en otros casos son hospitales que, a pesar de que se habían hecho para las secretarías de Salud de los estados por Seguro Popular, fueron rescatados y están puestos en operación por parte del seguro social, y también algunos que se están construyendo actualmente también por parte del ISSSTE…”.

Adicionalmente, agregó: “…En total, son cerca de 90 hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración, vamos viendo estado por estado…”.

De la referencia precisada, confirmamos que, en la conferencia del veintiuno de mayo se hizo un repaso de los hospitales puestos en operación por la administración anterior, estado por estado.

Esta información, desde nuestra óptica, no responde a información necesaria e indispensable que debiera ser dada a conocer a la ciudadanía, tampoco es información que no pudiera darse a conocer o informarse en otro momento, que no fuera el periodo electoral o por otras vías.

Más bien, la información trasmitida por las personas servidoras públicas responde a una lógica de propaganda gubernamental y logros de gobierno que pueden incidir en el electorado, al destacar la cantidad de dinero que la federación destinó en la construcción, rehabilitación o equipamiento de los hospitales.

Incluso, en la conferencia matutina señalada se realizan múltiples referencias a hospitales que aún no están concluidos, o bien, que están en proceso de equipamiento, lo que evidencia que la información trasmitida no resulta imprescindible y es posible comunicarse en otro momento o por otras vías.

Solo como ejemplo, se precisa que: “…en Chiapas, el Hospital Básico Comunitario de Amatán, que inició su construcción en el 2010, en el ya tan lejano 2010, y al inicio del gobierno no estaba operando. En el 2019 el presidente López Obrador se comprometió a concluir el hospital y 10 meses después fue inaugurado, una inversión de 91 millones de pesos que afortunadamente permite que este hospital preste servicios para la población sin seguridad social. También, allá en Chiapas se está concluyendo el hospital 14 de septiembre de 144 camas del seguro social en Tuxtla, Gutiérrez…”.[23]

Por otro lado, la parte recurrente manifiesta en su demanda que en ningún momento utilizó alguna frase o actividades de difusión o exposición de aquellas relacionadas con una campaña o proceso electoral o posicionamiento de alguna índole para apoyar a una persona o partido. Sin embargo, esto no es un requisito o elemento indispensable para acreditar la existencia de propaganda gubernamental.

También la parte recurrente argumenta que las expresiones no equivalen a logros o acciones de gobierno, al surgir como respuestas a los medios de comunicación que representan una opinión. No obstante, esta Sala Superior ha manifestado que, con independencia del formato de pregunta-respuesta, las personas funcionarias deben mantener en todo momento su actuación apegada a los principios constitucionales.

En este sentido, si bien coincidimos en que la demanda que integró el expediente SUP-REP-1173/2024, suscrita por Sigfrido Barjau de la Rosa, director del CEPROPIE, debía desecharse, al haberse agotado el derecho de acción con la presentación de una demanda previa; desde nuestra perspectiva, y conforme al sentido del proyecto que originalmente presentó la magistrada Otálora Malassis, la sentencia impugnada debió confirmarse porque los agravios presentados por la parte recurrente son infundados e inoperantes.

En consecuencia, debían quedar firmes las consecuencias jurídicas decretadas por la Sala Especializada de este Tribunal Electoral.

A continuación, exponemos las consideraciones jurídicas que sustentan lo anterior y que constituyen el proyecto originalmente presentado al Pleno.

2. Planteamiento del caso

El Partido Acción Nacional[24] presentó dos denuncias en contra del entonces presidente de la República y de diversas personas funcionarias públicas —entre ellas, la parte recurrente— por presuntas infracciones derivadas de lo expresado en las conferencias matutinas de veinte y veintiuno de mayo.

En su oportunidad, la sala responsable determinó la vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, además de haberse utilizados recursos públicos, difundido propaganda gubernamental en periodo prohibido y haber realizado promoción personalizada, con motivo de las manifestaciones del entonces presidente de la República, del director general del IMSS y del otrora secretario de Salud.

Ante ello, tanto el partido denunciante como la parte denunciada impugnaron, por lo cual, al resolver el expediente SUP-REP-886/2024 y acumulados, esta Sala Superior revocó únicamente las consideraciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental en período prohibido y promoción personalizada del entonces presidente de la República, a fin de que la sala responsable llevara a cabo un nuevo estudio exhaustivo y reforzado de las manifestaciones realizadas en la conferencia del veintiuno de mayo, al estar relacionadas con temáticas de salud.

Asimismo, esta Sala Superior confirmó las relacionadas con la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, atribuidas a dicho mandatario federal y otras personas servidoras públicas, con motivo de las expresiones realizadas en la diversa conferencia de veinte de mayo.

En acatamiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, la sala responsable acotó su estudio a resolver si, respecto a la conferencia celebrada el veintiuno de mayo, el entonces presidente de la República y las demás personas servidoras públicas difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, realizaron promoción personalizada, vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, usaron recursos públicos indebidamente e incumplieron las medidas cautelares, previamente dictadas.

3. Sentencia controvertida

La sala responsable reconoció que las expresiones denunciadas contienen diversos temas de salud; sin embargo, en principio, expresó que ello no debe entenderse como una posibilidad de apartarse de las obligaciones que los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad imponen en el periodo de campaña del proceso electoral federal.

Así, precisó que las manifestaciones o respuestas que emita la Presidencia de la República, sin importar la etapa de la conferencia matutina en la que se encuentre, deben ajustarse a las exigencias que los referidos principios imponen.

En este contexto, la sala responsable reconoció que en la conferencia matutina de veintiuno de mayo se abordaron las siguientes temáticas:

o       Sistema de salud en México, respecto a la creación y remodelación de hospitales en toda la República.

o       Reporte del entonces secretario de Salud y del titular del IMSS, respecto al sistema de salud.

o       Coordinación entre el gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y el INE para garantizar el desarrollo de las elecciones el dos de junio.

o       Toma de medidas en coordinación con las autoridades estatales y municipales, derivado de la tercera ola de calor de la temporada para evitar afectaciones en la salud de las y los mexicanos, consistente en una campaña intensiva de comunicación que ha estado en radio, televisión y en redes sociales para informar la población en general de los cuidados que deben tener para prevenir las altas temperaturas.

o       Demanda energética y apagones en nuestro país.

o       Apoyo de intelectuales, académicos y estudiosos a un grupo oligarca.

o       Reunión del entonces titular del Ejecutivo Federal con gobernadores.

o       Itinerario presidencial del fin de semana del veinticuatro al veintiséis de mayo de dos mil veinticuatro.

o       Cártel inmobiliario en el estado de Veracruz.

o       Alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,[25] respecto de un metotrexato oncológico.

Al analizar las expresiones, la sala responsable sostuvo que ciertas manifestaciones están permitidas, en atención a la excepción constitucional para difundir propaganda gubernamental durante la campaña y hasta el día de la jornada electoral.

Ello, respecto de los siguientes señalamientos: 1) Medidas en coordinación con las autoridades estatales y municipales, derivado de la tercera ola de calor de la temporada para evitar afectaciones en la salud de las y los mexicanos, consistentes en una campaña intensiva de comunicación de riesgo, que ha estado tanto en radio, televisión y en redes sociales para comunicar a la ciudadanía los cuidados generales que debe tener para prevenir las altas temperaturas, y 2) Alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS, respecto de un metotrexato oncológico.

A juicio de la sala responsable, tales manifestaciones contienen un grado de permisibilidad, ya que son temas relativos a campañas informativas en materia de salud, lo cual reviste un interés público superlativo, pues su finalidad es la de proteger la salud de la población. Así, no puede considerarse difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y, en consecuencia, no se actualizaron las infracciones denunciadas, en este aspecto.

Por otro lado, sostuvo que el entonces presidente de la República manifestó que como todos los martes de cada quince días se abordarían temas de salud y que expondrían el entonces secretario de Salud y el director general del IMSS, por lo cual, en la conferencia denunciada, se presentó un informe particular de los logros del IMSS-Bienestar, respecto de las treinta y dos entidades federativas.

De las expresiones, la sala responsable advirtió la referencia a los siguientes logros y programas: 1) Avances del IMSS-Bienestar relacionados con la rehabilitación y puesta en operación de hospitales, gracias a la federalización; es decir, los estados pasaron a IMSS-Bienestar lo que permitió acceder a recursos del fondo de salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales, y 2) Fueron noventa hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración.

Además, fueron abordados temas como el inicio del programa “enfermera especialista” cuya convocatoria seguía abierta, así como que, en siete hospitales, era necesario un número mayor de registros, por lo que se haría difusión para contar con enfermeros y enfermeras especialistas.

Indicaron que hubo contratación de personal médico en IMSS-Bienestar y, finalmente, sumaron el total de las contrataciones las cuales irían acompañadas de un bono.

Por otra parte, la sala responsable destacó que las publicaciones en redes sociales y páginas del gobierno de México también informaron que en la mañanera del veintiuno de mayo se hizo referencia a la gratuidad en los servicios de salud, el plan de desarrollo y la distribución de recursos para más de once mil comités.

En consecuencia, la sala responsable sostuvo que, toda vez que se enunciaron diversas acciones y logros de gobierno, se satisface el contenido y finalidad para considerar a las manifestaciones como propaganda gubernamental. 

Al mismo tiempo, señaló que no se actualiza alguna excepción constitucional porque no se trata de alguna campaña de información de las autoridades electorales, ni se refiere a servicios educativos y/o de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por otra parte, la sala responsable declaró existente la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a varias de las personas denunciadas que, en la administración anterior ostentaban el cargo de: coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la República, titular del CEPROPIE, directora general comunicación Digital de Comunicación de la Presidencia y, jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicaciones y Vocería del Gobierno de la República.

Lo anterior, porque si bien no se realizó alguna expresión en la conferencia matutina, lo cierto es que son las personas servidoras públicas encargadas de organizar, realizar y difundir las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.

De igual manera, el entonces Coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, también se consideró responsable por la difusión de la mañanera en la página de internet https://lopezobrador.org.mx, al ser quien la administrara.

En otro aspecto, la sala responsable sostuvo la existencia de propaganda personalizada, ya que las manifestaciones de los servidores públicos buscaron exaltar los logros del IMSS-Bienestar en las treinta y dos entidades federativas y las obras públicas implementadas gracias a la contribución de recursos federales, por la pasada administración, es decir, del entonces presidente de la República.

Ello, porque se abordaron los siguientes logros y acciones de gobierno: 1) La lista de hospitales abandonados, reconstruidos, construidos y puestos en operación en la anterior administración, y 2) El avance de la convocatoria para contratar mayor personal especializado de enfermería.

Cuestión que tuvo como objetivo promocionar acciones y logros del entonces gobierno federal, aunado a que, el entonces presidente de la República contrastó acciones y logros de su gestión con las administraciones pasadas.

Esto es, realizó un ejercicio de contraste de su administración y de los gobiernos pasados en relación con “un avance de la transformación del establecimiento de sistema político democrático”, lo que constituye una posible muestra de apoyo para las candidaturas de los partidos políticos afines al movimiento político del primer exmandatario.

De esta manera, acreditó la difusión de promoción personalizada, atribuida al entonces presidente de México, así como a las personas funcionarias que contribuyeron a la difusión de la conferencia matutina veintiuno de mayo.

De la lectura sistemática de las expresiones, la sala responsable también concluyó que éstas contenían tintes electorales, por lo cual, se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ya que la referencia a la trasformación se acompaña de un deseo de continuación y un contraste recurrente con gobiernos anteriores; expresiones que no son propias de un ejercicio de comunicación institucional.

Adicionalmente, la sala responsable señaló que, si para la organización de las conferencias matutinas se utilizaron recursos humanos, financieros y materiales que las personas del servicio público tienen a su disposición debido al cargo de ocupan, se desprende que no se utilizaron los recursos atendiendo a la finalidad que están destinados.

También reconoció el incumplimiento por parte del presidente de México de la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias, el treinta de junio de dos mil veintitrés.[26]

En consecuencia, de lo expuesto, la sala responsable determinó, en cada caso, girar las vistas correspondientes, así como inscribir en el Catálogo de Sujetos Sancionados a las personas funcionarias responsables.

4. Agravios

SUP-REP-1169/2024

El director general del IMSS sostiene que la sala responsable, de manera ilegal, sin fundar ni motivar, acreditó la difusión de propaganda gubernamental.

Considera que la propaganda gubernamental debe analizarse a partir de su contenido o elemento objetivo y no solo a partir del elemento subjetivo, aunado a que, debe ser difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos.

En este sentido, sostiene que la información trasmitida en la conferencia matutina se trató de una comunicación meramente informativa, lo que constituye un ejercicio de rendición de cuentas que busca informar a la sociedad de los asuntos de interés público, así como trasparentar las gestiones efectuadas por la administración pública federal.

Lo anterior, en cuanto al derecho a la salud que tiene encomendado el IMSS y, en particular, que forman parte de las funciones del ahora recurrente.  

Por ello, al ser una temática relacionada con la salud, las manifestaciones denunciadas encuadran en la excepción prevista constitucionalmente, como información que puede ser difundida.

Por último, manifiesta que indebidamente se reconoció que tiene una conducta acreditada en el uso de indebido de recursos públicos, ya que no usó indebidamente recursos humanos y materiales, aunado a que, no cuenta con atribuciones para la organización y difusión de las conferencias matutinas.

SUP-REP-1171/2024

El entonces coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, la directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la República y el director del CEPROPIE, formulan las siguientes temáticas de agravio:

o       Incumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia SUP-REP-886/2024 y acumulados.

o       La información transmitida a la ciudadanía en relación con temas que atañen al interés público no vulnera el marco constitucional ni la normativa electoral.

o       Transgresión al principio de tipicidad, ya que la vulneración al principio de neutralidad no se encuentra prevista en el artículo 449 de la LGIPE.

o       Inexistencia de prueba alguna que acredite la utilización de recursos públicos.

o       Inexistencia de recursos presupuestales para contratar la difusión de las actividades realizadas por la administración pública federal a través de los medios de comunicación masiva.

o       Indebida valoración probatoria, al no acreditarse que las personas funcionarias tengan facultades, atribuciones o medios materiales para efectuar las conductas que se imputan.

o       La localización y visualización de las conferencias de prensa y publicaciones en sitios de internet requiere de un acto volitivo para su consulta. 

o       Inobservancia del principio de obediencia jerárquica, ya que las personas funcionarias denunciadas únicamente cumplieron con sus funciones y obligaciones inherentes al cargo que ostentan.

o       La indebida inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados de la Sala Especializada.

5. Estudio de fondo

Decisión. Como lo referimos, consideramos que debía confirmarse la sentencia SRE-PSC-365/2024 dictada por la sala responsable en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior en los diversos expedientes SUP-REP-886/2024 y acumulados, ante lo infundado e inoperante de los motivos de agravio expuestos.

Caso concreto. En el desarrollo del proceso electoral federal en el que se eligió, entre otros cargos, la Presidencia de la República, el PAN denunció al entonces presidente de la República y a diversas personas funcionarias.

Lo anterior, por la supuesta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como promoción personalizada; en lo que ahora interesa, por expresiones realizadas en la conferencia matutina llevada a cabo el veintiuno de mayo, esto es, en el periodo de campaña.[27] 

En un primer momento, la sala responsable declaró la existencia de la vulneración a tales principios por parte de las personas funcionarias denunciadas.

No obstante, esta Sala Superior en la sentencia SUP-REP-886/2024 y acumulados, ordenó a la sala responsable que realizara un nuevo estudio exhaustivo y reforzado de las manifestaciones realizadas en la referida conferencia, al estar relacionadas con temáticas de salud.

Para esta Sala Superior existió un análisis deficiente por parte de la sala responsable respecto de las expresiones del director general del IMSS y del entonces secretario de Salud.

Ello, a partir de que la información relacionada con la materia de salud es justamente una de las excepciones previstas por el artículo 41 de la Constitución general, lo que, en principio, permite su difusión durante la etapa de campaña de un proceso electoral.[28]

Así, esta Sala Superior reconoció que la propia Constitución establece la posibilidad de que, a diferencia de otras materias, la difusión de información relativa a la salud no necesariamente debe suspenderse, aun cuando ya haya iniciado dicha fase electoral.

En este sentido, considerando que existe una regla constitucional que preliminarmente permite la difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campaña cuando se refieran a temáticas de salud, esta Sala Superior estimó que el pronunciamiento de la sala responsable demandaba una argumentación reforzada, a fin de no dejar sin efecto útil a dicha excepción constitucional y, por ende, afectar desproporcionadamente la posibilidad de que ese tipo de información relevante pueda ser conocida por la ciudadanía.

En consecuencia, en el precedente señalado de esta Sala Superior, se ordenó a la sala responsable que emitiera un nuevo estudio exhaustivo y reforzado de las expresiones denunciadas en la conferencia matutina de veintiuno de mayo.

Ahora bien, en la sentencia controvertida, la sala responsable nuevamente declaró existente la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida al entonces presidente de México, al entonces secretario de Salud y al director general del IMSS, solo por lo que hace a las expresiones de los logros y acciones del IMSS-Bienestar en temas de infraestructura y contratación de personal de salud, porque la intención fue presentar logros del IMSS-Bienestar durante la conferencia referida.

En este contexto, ante esta Sala Superior, la parte recurrente controvirtió la decisión de la sala responsable, con la pretensión de que sea revocada; sin embargo, consideramos que los motivos de agravio debían calificarse infundados e inoperantes, con base en las siguientes consideraciones:

Contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, la sala responsable sí analizó las expresiones vertidas en la conferencia matutina de veintiuno de mayo, en cumplimiento a lo ordenado de manera previa por esta Sala Superior, además, estableció las razones que justifican la actualización de las infracciones denunciadas; por lo que, a nuestro juicio, la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada.

Al respecto, se constata de la sentencia impugnada la siguiente argumentación.

La sala responsable desarrolló diversos marcos jurídicos para externar los elementos normativos que integran las conductas denunciadas, en referencia a la propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

Asimismo, externó cuál es la naturaleza de las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, como una forma de comunicación social.

De igual manera, en el caso, la sala responsable reconoció que las expresiones denunciadas contienen diversos temas de salud; no obstante, expresó que ello no debe entenderse como una posibilidad de apartarse de las obligaciones que imponen los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el periodo de campaña del proceso electoral federal.[29]

También precisó que las manifestaciones o respuestas que emita la persona titular de la Presidencia de la República, sin importar la etapa de la conferencia matutina en la que se encuentre, deben ajustarse a las exigencias que los referidos principios les imponen.

En este sentido, por una parte, la sala responsable evidenció que ciertas expresiones en la conferencia matutina de veintiuno de mayo estaban amparadas en las excepciones constitucionales y podían ser difundidas durante la campaña electoral, esto es, que era permisible que las personas funcionarias expresaran temas relativos a campañas informativas en materia de salud, lo cual reviste un interés público superlativo, pues su finalidad es la de proteger la salud de la población.

No obstante, por otra parte, la sala responsable identificó otras manifestaciones de las personas funcionarias denunciadas que sí transgredieron las prohibiciones constitucionales y legales, ya que, si bien estaban relacionadas con temáticas de saludo, lo cierto es que, se presentó un informe particular de los logros del IMSS-Bienestar, respecto de las treinta y dos entidades federativas, cuestión que no está permitida.

Al respecto, la sala responsable ilustró los logros y acciones de gobierno que fueron expresadas en la referida conferencia, individualizando las referencias por cada entidad federativa.

De ello, evidenció la referencia a logros que se llevaron a cabo en cada uno de los estados en los que se resaltó una nueva infraestructura en los servicios de salud, construcción y rehabilitación de hospitales, así como la cobertura poblacional que se lograría con éstos.

Lo anterior, permitió concluir que el entonces presidente de la República y las personas funcionarias especialistas en los temas abordados señalaron acciones realizadas por la administración pública federal tendientes a atender las distintas problemáticas en el país como lo es el reacondicionamiento y construcción de noventa hospitales.

Además, fueron abordados temas como el inicio del programa “enfermera especialista” cuya convocatoria seguía abierta, así como, el hecho de que en siete hospitales hacían falta registros, por lo que haría difusión para contar con enfermeros y enfermeras especialistas.

También indicaron que hubo contratación de personal médico en IMSS-Bienestar y, finalmente, sumaron el total de las contrataciones las cuales irían acompañadas de un bono.

Por otra parte, la sala responsable destacó que las publicaciones en redes sociales y páginas del gobierno de México informaron que, en la mañanera del veintiuno de mayo, se hizo referencia a la gratuidad en los servicios de salud, plan de desarrollo, distribución de recursos para más de once mil comités.

De esta forma, reconoció que el contenido de las expresiones no era un acto meramente informativo hacia la ciudadanía, ya que buscó generar una simpatía y adhesión de ciertos sectores de la población como el personal del IMSS-Bienestar.

Adicionalmente, con las referencias a contrataciones, construcción y remodelación de clínicas y hospitales se dieron a conocer acciones benéficas para la población que se vería favorecida y beneficiada, lo que generó una imagen positiva del actuar del entonces gobierno en turno.

Por ello, para la sala responsable, si bien las expresiones tocaron temáticas de salud, no dieron cuenta de una campaña de salud (como podrían ser campañas de vacunación, prevención y diagnóstico de enfermedades o programas relativos a esto), sino de acciones relativas a la construcción de infraestructura en dicha materia, así como del aumento de su personal, sin que este estuviera específicamente dirigido a la puesta en marcha de campañas o programas de gobierno en materia de salud.

En otro aspecto, la sala responsable también sostuvo la existencia de propaganda personalizada, ya que las manifestaciones de los servidores públicos buscaron exaltar los logros del IMSS-Bienestar en las treinta y dos entidades federativas y las obras implementadas gracias a la contribución de recursos federales, por la pasada administración, es decir, del entonces presidente de la República.

Ello, porque se abordaron los siguientes logros y acciones de gobierno: 1) La lista de hospitales abandonados, reconstruidos, construidos y puestos en operación en la anterior administración, y 2) Sobre el avance de la convocatoria para contratar mayor personal de enfermería especializado.

Cuestión que tuvo como objetivo promocionar acciones y logros del entonces gobierno federal, aunado a que, el entonces presidente de la República contrastó acciones y logros de su gestión con las administraciones pasadas.[30] 

Por último, la sala responsable estableció que el entonces presidente de la República realizó expresiones relacionadas con los “conservadores”, “pseudointelectuales”, académicos y estudiosos que no comparten su gestión administrativa, refirió que la ciudadanía es libre de manifestarse, de expresarse, así como de protestar por las inconformidades que tienen a favor o en contra de su gobierno.

Estas expresiones que hizo el entonces presidente de la República se calificaron como opiniones de contraste de administraciones pasadas cuyo origen partidista fue distinto al de él.

Además, utilizó expresiones como “vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión; aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo, conservadores, pseudointelectuales, clasistas”; las cuales, analizadas en el contexto en que se emitieron, mostraron un mensaje hacia gobiernos emanados por otras fuerzas políticas que se oponen a lo que el entonces presidente denominaba su movimiento transformador.

Incluso, manifestó que: “Nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo tal cual. Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación, porque es una revolución de las consciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo”, estas expresiones que tienen una connotación política- electoral que tuvieron como finalidad buscar una aceptación o adhesión ante la ciudadanía.

Esto, porque buscaron exaltar lo que el exmandatario denominó “la transformación” como un movimiento político del cual él forma parte, al señalar de manera destacada que quienes lo siguen, han generado un momento estelar en la historia de México, con lo cual, pretende equiparar sus acciones y de quienes son afines a su proyecto político como un hito o momento cumbre en nuestro país.

Por tanto, de la lectura sistemática de las expresiones, la sala responsable concluyó que contenían tintes electorales, con lo que se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ya que la referencia a la trasformación se acompañó de un deseo de continuación y un contraste recurrente con gobiernos anteriores.

De esta manera, estimamos que, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la sala responsable sí emprendió el análisis de las expresiones denunciadas, en observancia a los parámetros ordenados por esta Sala Superior respecto de la presunción de permisibilidad de la información relacionada con temas de salud, prevista en el artículo 41 constitucional y, por ello, justificó las razones jurídicas por las cuales las manifestaciones denunciadas en la conferencia matutina de veintiuno de mayo, no se encontraban amparadas por las normas constitucionales y legales. 

También constatamos que la sala responsable, atendiendo a la naturaleza misma de las expresiones, advirtió que no se encontraban amparadas en la libertad de expresión, porque se externaron logros y programas respecto de: 1) Avances del IMSS-Bienestar relacionados con la rehabilitación y puesta en operación de hospitales, gracias a la federalización, es decir, los estados pasaron a IMSS-Bienestar lo que permitió acceder a recursos del fondo de salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales, y 2) Fueron noventa hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración.

Por ello, consideramos que la sala responsable justificó debidamente su decisión al destacar las acciones y logros de gobierno, motivo de denuncia, lo que permite acreditar que las manifestaciones correspondieron con propaganda gubernamental. 

Adicionalmente, es criterio de esta Sala Superior que la prohibición de difundir en medios de comunicación social propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidatura, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral.[31]

Es cierto que tanto el Poder Reformador de la Constitución general como el Legislador advirtieron la necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, aquellos casos que, en virtud de su naturaleza, no tienen el poder de influir en las preferencias electorales y, por tanto, de equidad, rectores de los procesos electorales; por lo que, al contar con una especial importancia y trascendencia para la sociedad se consideró plausible permitir su difusión.[32]

No obstante, no desconoce que, con base en la jurisprudencia 18/2011 de esta Sala Superior, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, de igual forma, deberán colmar los mencionados principios, porque de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.[33]

Por ello, es posible señalar que aún las excepciones contenidas en la Constitución general deben colmar los mencionados principios, ya que de la finalidad advertida, puede afirmarse que las campañas electorales, al ser el punto más álgido, en el cual la ciudadanía emite un pronunciamiento respecto de las opciones políticas que se presentan a los distintos cargos de elección popular, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales deben garantizar una mínima intervención de los poderes o entes estatales para dar vigencia a los postulados constitucionales de imparcialidad, equidad y certeza.[34]

De igual manera, es necesario reiterar que la propaganda gubernamental debe contener información realmente necesaria e indispensable y, que por su temática, exista la premura evidente de ser publicada a través de los medios de comunicación. Lo anterior deriva del hecho que la difusión sea imprescindible y que no pueda realizarse en otro momento o por otras vías.[35]

Así, la difusión de propaganda gubernamental durante la campaña electoral debe estar estrechamente relacionada con la importancia del tema que se pretenda dar a conocer, guardando una relación entre lo difundido y el objetivo que se persigue, por lo cual, para que determinada propaganda gubernamental pueda ser considerada una excepción a la prohibición de difusión debe estar dirigida al grueso de la población y no a un sector en específico, aunado a que no debe estar dirigida a resaltar o comparar políticamente el quehacer institucional.

Por lo anterior, compartimos las razones expresadas por la sala responsable por las que tuvo por acreditadas las conductas denunciadas.

Asimismo, hay que señalar que la parte recurrente se basa en la premisa inexacta de que toda información relacionada con la materia de salud se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 41 de la Constitución general, ya que esta Sala Superior ha destacado que la regla constitucional preliminarmente permite la difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campañas cuando se refieran a temáticas de salud, lo cual, implica que no cualquier expresión en materia de salud está permitida y requiere de un análisis integral por los órganos jurisdiccionales.[36]

También, de manera errónea, la parte recurrente señala que “solo hace del conocimiento de la ciudadanía las causas principales de muerte y la forma de evitarlas, asimismo, señala cuáles son los servicios con los que debe contarse para curar tales enfermedades y la visita a hospitales que llevó a cabo el entonces presidente de la República, en distintas entidades federativas”.

Sin embargo, como ha sido evidenciado, la sala responsable no sancionó expresiones relacionadas con tales temáticas, sino, porque las personas funcionarias denunciadas expresaron logros y acciones de gobierno en materia de salud, aunado a que, las manifestaciones están relacionadas con aseveraciones de tipo electoral, con la finalidad de generar simpatía o apoyo a una opción política que concuerda con el “movimiento de transformación”.[37]

Por otro lado, la parte recurrente realiza manifestaciones genéricas referentes a que la sala responsable omitió exponer los razonamientos lógico-jurídicos suficientes y necesarios para sostener su determinación; no obstante, tales consideraciones dejan de controvertir de manera particular la argumentación expuesta en la sentencia impugnada.

Esto es, la parte recurrente se limita a manifestar que las expresiones denunciadas se encuentran amparadas en la excepción de salud establecida en el artículo 41 de la Constitución general, y que no se buscó resaltar logros y acciones de gobierno, pero ello, sin cuestionar la argumentación brindada por la sala responsable.

De igual manera, la parte recurrente señala que las expresiones vertidas en la conferencia de prensa forman parte de las funciones que tiene encomendadas la persona titular del IMSS, con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía los aspectos relevantes para el acceso a la salud de la probación en las entidades federativas, con fines exclusivamente informativos.

No obstante, consideramos que el recurrente pasa por alto las razones que la sala responsable brindó para justificar por qué a pesar de abordarse temáticas de salud en la conferencia matutina, ellas se encuentran prohibidas constitucionalmente. 

Asimismo, estimamos que si bien, la parte recurrente expone que no es posible impedir, de manera absoluta, la inserción de imágenes o identificación de personas servidoras públicas, porque ello implicaría llegar al absurdo de tener autoridades o instituciones sin rostro, lo que contradice el derecho a la información; lo cierto es que, las limitantes constitucionales para difundir propaganda gubernamental durante el desarrollo de la campaña, es una limitación temporal que encuentra como finalidad evitar el desequilibrio en los comicios, sin que, en el caso, se demuestre a esta Sala Superior que las expresiones denunciadas se apegaron en todo momento a los límites constitucionales y legales enunciados.

De manera orientadora, esta Sala Superior ha sostenido que no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.[38]

Lo anterior, parte de reconocer que la actividad de la administración pública no puede ser detenida durante los procesos electorales; no obstante, las personas funcionarias deben atender con mayor rigor el especial deber de cuidado en su quehacer para no poner en riesgo los principios constitucionales de las elecciones.

Por otro lado, la parte recurrente manifiesta que en ningún momento utilizó alguna frase o actividades de difusión o exposición de actividades relacionadas con una campaña o proceso electoral o posicionamiento de alguna índole para apoyar a una persona o partido político; sin embargo, lo anterior no es un requisito o elemento indispensable para acreditar la existencia de propaganda gubernamental.

De igual forma, estimamos inoperante el argumento de que las expresiones no equivalen a logros o acciones de gobierno, al surgir como respuestas a los medios de comunicación que representan una opinión, porque esta Sala Superior ha manifestado que, con independencia del formato de pregunta-respuesta, las personas funcionarias deben mantener en todo momento su actuación apegada a los principios constitucionales.

Además, la parte recurrente sostiene su argumentación en diversas sentencias de esta Sala Superior; sin embargo, debió centrar su argumentación en cuestionar la argumentación sostenida en la sentencia impugnada, cuestión que no acontece.

Con independencia de ello, la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-301/2024 no resulta aplicable al presente caso, ya que el pronunciamiento de esta Sala Superior derivó de analizar medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, cuestión que por naturaleza es diversa al análisis de una sentencia de fondo dictada por la sala responsable.

Tampoco es aplicable lo resuelto por esta Sala Superior en los expedientes SUP-REP-227/2024 y acumulados; y SUP-REP-636/2024, porque, entre otras cuestiones, las expresiones denunciadas y analizadas en ambos asuntos no estuvieron relacionadas con la difusión de programas o políticas de salud, como es el caso, sino con manifestaciones relativas al proceso electoral 2023-2024 que no fueron acreditadas como infracciones, al no cumplir los elementos necesarios para ello.

En otra temática, la parte recurrente señala que es inadmisible que la sala responsable pretenda sancionar a diversas personas funcionarias por manifestaciones vertidas por terceras personas que intervinieron en la conferencia de prensa.

Consideramos que tales agravios son infundados, ya que la sala responsable no sancionó a tales personas funcionarias por haber emitido expresiones vedadas por la Constitución general, sino por haber organizado, realizado y difundido la trasmisión de la conferencia matutina en donde se realizaron las manifestaciones cuestionadas.

Esto es, la sala responsable declaró existente la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a quienes fungían como coordinador de comunicación social y vocero del gobierno de la República, al titular de la CEPROPIE, a la directora general comunicación Digital de Comunicación del presidente, el jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicaciones y Vocería del Gobierno de la República.

Lo anterior, porque si bien no realizaron alguna expresión en la conferencia matutina, lo cierto es que son las personas servidoras públicas de organizar, realizar y difundir las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.

De igual manera, el entonces Coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, también se consideró responsable por la difusión de la mañanera en la página de internet https://lopezobrador.org.mx al ser quien administrara la citada página de internet; de ahí que, no se les sanciona por haber realizado manifestaciones en la respectiva conferencia matutina.

Asimismo, la parte recurrente señala que la legislación de la materia no prevé como infracción atribuible a personas servidoras públicas la vulneración del principio de neutralidad.

Los agravios debían calificarse infundados, ya que es el propio artículo 41 de la Constitución general que, entre otras cuestiones, dispone que las personas funcionarias tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad dela competencia entre los partidos políticos, además, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir promoción personalizada de cualquier persona funcionaria.

Adicionalmente, es el artículo 449 de la LGIPE el que, entre otros supuestos, establece como infracción de las personas funcionarias el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales, además, también se reporta como infracción durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

De ello, se evidencia el sustento constitucional y legal para que la sala responsable acreditara, en virtud del análisis integral del caso, la vulneración del principio de neutralidad, aunado a que sería excesivo pretender que tales normas mantengan una redacción particular, como lo pretende la parte recurrente, al estimar que no existe un tipo administrativo en materia electoral imputable al entonces presidente de la República consistente en “la violación al principio de neutralidad”.

También es importante recordar que los principios de taxatividad y tipicidad no tienen la misma rigidez en el derecho administrativo sancionador electoral, porque están moduladas debido, principalmente, a la diversidad de conductas que pueden ser sancionables, ya sea por el mero incumplimiento de las obligaciones o la transgresión a las prohibiciones previstas en las normas.[39]

Asimismo, para este órgano jurisdiccional, la imparcialidad necesariamente implica la neutralidad del quehacer público.

Adicionalmente, la parte recurrente sostiene que no existe prueba alguna que acredite la utilización indebida de recursos públicos; sin embargo, es la propia parte recurrente quien reconoce que “los trabajadores al servicio del Estado reciben una remuneración por los servicios que prestan, los cuales deben realizarse en los términos en que las leyes y reglamentos aplicables lo establezcan”.

Por lo anterior, no podría sostenerse que las personas funcionarias desempeñan de manera adecuada los servicios, en términos de las leyes y reglamentos, cuando su conducta acredite la vulneración a los principios constitucionales y legales, como ha sido expuesto.

Aunado a ello, el hecho de que las personas funcionarias, en el presente caso, solo cumplieron con sus funciones establecidas conforme a la normatividad aplicable, no les exime de apegar su conducta a las disposiciones enunciadas.[40]

Asimismo, el actuar público debe tener lugar dentro del marco constitucional y legal de manera simultánea, sin que el cumplimiento de uno exente de la observancia del otro.[41]

Así, consideramos que tampoco les asiste la razón al precisar que no existe elemento probatorio alguno que acredite que las personas funcionarias cuentan con atribuciones y medios para que intervengan y suspendan el contenido de los mensajes que vulneren la normativa electoral, esto es, a su consideración se confunde la difusión con producción audiovisual.

Ello, porque la vulneración se actualizó por el hecho de ser las personas funcionarias encargadas de la organización, producción y difusión de la referida conferencia de prensa, al haberse acreditado que existió una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad y equidad, en detrimento del actual proceso electoral federal.

Aunado a ello, parte de las personas recurrentes son las que administraban las plataformas oficiales del entonces presidente en las redes sociales y las plataformas del Gobierno de México eran administradas por el jefe de Departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.

Por otro lado, la parte recurrente refiere que la localización de las conferencias se hace a partir de un acto volitivo; ello, parte de una premisa falsa, porque la sala responsable atendió al contexto en que se emitieron las expresiones denunciadas y su difusión, la que también incluyó las cuentas oficiales del Gobierno de la República, cuestión que puede trascender en mayor medida a la ciudadanía.

Además, para esta Sala Superior, el criterio del acto volitivo es irrelevante para la determinación de la existencia de las infracciones controvertidas, ya que las expresiones destacadas por la sala responsable y su difusión, en el caso, generó una afectación al proceso electoral federal. 

La parte recurrente también señala que se está en presencia de propaganda gubernamental cuando forma parte de una estrategia de comunicación social entendida como el instrumento de planeación anual sobre los temas gubernamentales prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por los entes públicos. Por tanto, sostiene que se requiere que se presupueste el gasto previamente para la contratación de medios de comunicación para la difusión de la propaganda, en atención a los artículos 7 de la Ley General de Comunicación Social y 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Además, refiere que no se contrataron tiempos en radio o televisión para su transmisión, ni mucho menos su finalidad fue difundir logros o acciones de gobierno para genera una aceptación entre la población.

Sin embargo, sostenemos que la parte recurrente se basa en la premisa inexacta de que no se utilizaron recursos presupuestales para contratar la difusión de las actividades realizadas por la administración pública a través de los medios de comunicación masiva, cuando no se les paga a las y los periodistas por asistir o difundir lo informado en las conferencias matutinas.

Ello, porque esta Sala Superior ha delimitado que existirá propaganda gubernamental en el supuesto de que el contenido del mensaje esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público y no solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos que no pueda considerarse una nota informativa o periodística.[42]

Por último, respecto de la inscripción en el Catálogo de sujetos sancionados, los agravios debían calificarse infundados, porque la parte recurrente sostiene la premisa incorrecta de que la inscripción en tal catálogo se trata de una sanción como tal.

Contrario a ello, la sala responsable no impuso alguna sanción en su contra porque se limitó a ordenar el registro y publicación de la sentencia en el Catálogo de sujetos sancionados, en atención a la acreditación de las infracciones.

Esta Sala Superior ya se ha pronunciado en el sentido de que dicho registro constituye una herramienta de publicidad y sistematicidad de las resoluciones de la autoridad responsable[43], además de servirle como un instrumento de consulta para verificar la posible reincidencia de las personas sancionadas.[44]

Asimismo, se ha considerado que la publicación de sentencias no constituye una sanción[45], por lo que jurídicamente tampoco podría tener una connotación discriminatoria.[46]

6. Conclusión

Compartimos el análisis emprendido por la sala responsable respecto de manifestaciones de las personas funcionarias en el ejercicio gubernativo a fin de generar una aprobación durante la pasada etapa de campañas electorales, sin que se encuentren amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la información, en atención a la investidura y prudencia discursiva que exigen las normas electorales.

En consecuencia, estas son las razones que nos llevan a disentir de la decisión mayoritaria y a emitir el presente voto particular.

ANEXO ÚNICO DEL VOTO PARTICULAR

Contenido de la conferencia matutina de veintiuno de mayo, transcrito por la sala responsable en la sentencia controvertida.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Asimismo, en el acuerdo general 2/2023.