Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil dieciocho

Sentencia que revoca la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-151/2017, y declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Fernando Belaunzarán Méndez y a otras personas, principalmente la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, porque el contenido del material denunciado se inscribe en el contexto de un programa de opinión y no propagandístico en materia política o electoral, por lo que está protegido por los derechos a la libertad de expresión y de información. Lo anterior, considerando que no son suficientes los elementos que tomó en cuenta la autoridad responsable para imponer la sanción impugnada; esto es la similitud entre los emblemas, así como la identidad del moderador y el vocero de la corriente de opinión del partido político, pues, en el contexto del programa y de su contenido, se advierte un ejercicio lícito de los mencionados derechos fundamentales.

CONTENIDO

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES

1.1. Inicio del proceso electoral federal y del periodo de precampañas. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete[1] inició el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y el catorce de diciembre el periodo de precampañas.

1.2. Presentación de la primera denuncia. El primero de noviembre, MORENA, a través de su representante ante el Consejo General del INE, presentó una denuncia en contra del PRD, de su militante Fernando Belaunzarán Méndez, quien a su vez, es integrante de la corriente de opinión al interior del partido denominada “Iniciativa Galileos”, y de Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ya que según su dicho, el treinta y uno de octubre, se difundió en el canal Efekto TV, que se trasmite a través de las concesionarias de televisión restringida Sky, Izzi, Totalplay y Megacable, el programa “Diálogos Galileos”, donde se entrevistó al mencionado representante popular.

La UTCE de la Secretaría Ejecutiva del INE radicó la denuncia con el número de expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/187/PEF/26/2017 y, realizada la investigación preliminar, el cuatro de noviembre se admitió la queja a trámite y reservó el emplazamiento a las partes.

1.3. Improcedencia de las medidas cautelares. El seis de noviembre, mediante acuerdo ACQyD-INE-117/2017, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE conoció la solicitud de adopción de medidas cautelares y determinó su improcedencia, en razón de que, bajo un análisis preliminar del contenido del programa denunciado, se encontraba amparado por la libertad de expresión, además de que no se advirtió que existiera un riesgo real e inminente de conculcar gravemente alguno de los principios que fundamentan a la contienda electoral.

1.4. Presentación de la segunda denuncia. El mismo seis de noviembre, Pedro Pérez Martínez, por propio derecho, denunció al PRD, a la APN Galileos, a Miguel Ángel Mancera Espinosa, a Fernando Belaunzarán Méndez, a Efekto TV, a los concesionarios de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Total Play, así como a quien resultara responsable, por la supuesta adquisición indebida de tiempos en televisión, la promoción personalizada con recursos públicos y la violación de diversas disposiciones en materia de fiscalización.

El seis de noviembre, la UTCE radicó la denuncia con el número de expediente UT/SCG/PE/PPM/CG/190/PEF/29/2017, la admitió y ordenó su acumulación a la identificada con el número UT/SCG/PE/MORENA/CG/187/PEF/26/2017, por ser la primera registrada, derivado de la estrecha relación que tenía con la misma y a fin de evitar que se emitieran determinaciones contradictorias.

Respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares contenida en la segunda denuncia, la UTCE desechó la petición formulada, en razón de que ya existía pronunciamiento por parte de la Comisión respecto al programa denunciado en la primera queja.

1.5. Emplazamiento a las partes y audiencia. El veintiocho de noviembre, la UTCE emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el primero de diciembre siguiente. Posteriormente, se remitió el expediente a la Sala Especializada una vez que quedó debidamente integrado.

1.6. Sentencia de la Sala Especializada (acto impugnado). Una vez registrado el procedimiento especial sancionador con el expediente con la clave SRE-PSC-151/2017, el quince de diciembre la Sala Especializada dictó sentencia en la que tuvo por acreditada la infracción de adquisición de tiempos, por parte de Fernando Belaunzarán Méndez, y el canal de televisión restringida Efekto TV, al advertir que existe identidad y/o similitud entre el nombre del programa y el emblema de la corriente ideológica del PRD y la Agrupación Política Nacional “Iniciativa Galileos”, aunado a que, el conductor Fernando Belaunzarán Méndez, es vocero de “Iniciativa Galileos”, además de militante del PRD y que está afiliado de la Agrupación Política Nacional, lo que vulnera el modelo de comunicación política, al constituir un beneficio indebido a favor de dichas entidades políticas.

Asimismo, declaró existente la infracción atribuida a las concesionarias de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Totalplay, por la difusión del programa “Diálogos Galileos”, y atribuyó responsabilidad al PRD y a la Agrupación Política Nacional, por faltar a su deber de cuidado.

Respecto a las infracciones declaradas existentes, la Sala Especializada impuso una sanción de amonestación al PRD y a la APN Galileos, en virtud de su responsabilidad indirecta.

Sin embargo, respecto a Fernando Belaunzarán Méndez, Efekto TV y las concesionarias de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Total Play, abrió un incidente para estar en condiciones de determinar la sanción en virtud de que no contaba con el monto comercial de la difusión de un programa por televisión restringida con las características del programa denunciado.

1.7. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El veinte y veintiuno de diciembre, las ocho personas que fueron sancionadas presentaron ante la Sala Especializada un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de la sentencia de quince de diciembre.

Por acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, se ordenó integrar los ocho expedientes, registrarlos con las claves SUP-REP-165/2017, SUP-REP-166/2017, SUP-REP-168/2017, SUP-REP-169/2017, SUP-REP-170/2017, SUP-REP-171/2017, SUP-REP-172/2017 y SUP-REP-173/2017 y turnarlos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para efectos de lo señalado en el artículo 19 de la Ley de Medios.

El veintidós de diciembre, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Especializada presentó el informe circunstanciado en cada uno de los expedientes.

Por otra parte, el veinticuatro de diciembre, MORENA presentó un escrito en el que sostiene que el recurso presentado por Fernando Belaunzarán Méndez debe desecharse por resultar improcedente.

1.8. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó radicar en su ponencia los recursos citados, los admitió a trámite y, al no existir alguna cuestión pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción en cada uno.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para resolver el presente medio de impugnación, pues se trata de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador interpuesto en contra de una sentencia de la Sala Especializada que declaró la existencia de las infracciones denunciadas y resolvió lo conducente respecto a su sanción, respecto a lo cual resulta competente únicamente para su conocimiento esta Sala Superior.

El fundamento de dicha competencia se encuentra en los artículos 41, base VI, y 99, fracción IX, de la Constitución General; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso a), y 2, de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de los escritos de demanda, se advierte que existe conexidad en la causa, pues hay identidad en cuanto a la autoridad responsable y el acto impugnado consistente en la sentencia de la Sala Especializada del quince de diciembre.

En consecuencia, se acumulan los expedientes SUP-REP-166/2017, SUP-REP-168/2017, SUP-REP-169/2017, SUP-REP-170/2017, SUP-REP-171/2017, SUP-REP-172/2017 y SUP-REP-173/2017 al expediente SUP-REP-165/2017, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 y 80 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. procedencia

4.1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas se hace constar el nombre de los recurrentes y su firma autógrafa o la de su representante; se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable, y se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones, los agravios que les causa el acto impugnado y los preceptos que fueron violados presuntamente.

4.2. Oportunidad. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador fue interpuesto de manera oportuna, dentro del plazo legal de tres días[2].

La resolución impugnada fue notificada a los actores el dieciocho de diciembre, y las demandas de recurso de revisión se presentaron el veinte y veintiuno de diciembre ante la Sala Especializada, misma reconoció en sus informes justificados que fueron exhibidas de forma oportuna.

4.3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, dado que el recurso lo interpuso una persona física por su propio derecho, y seis personas morales a través de sus representantes, los cuales tienen acreditada su personería como se reconoce en los informes justificados de la Sala Especializada.

En el caso del PRD, la demanda es presentada a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General, situación reconocida por la responsable en su informe justificado, conforme al artículo 18 de la Ley de Medios, por lo que se tiene acreditada también su personería.

4.4. Interés para interponer el recurso. Los recurrentes cuentan con interés jurídico para interponer el actual recurso, ya que se trata de las ocho personas que fueron sancionadas por la Sala Especializada, a través de la sentencia de quince de diciembre dictada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-151/2017.

4.5. Definitividad. Se cumple este requisito al ser el recurso de revisión el medio de impugnación previsto en la ley para recurrir la sentencia dictada por la Sala Especializada.

4.6. Frivolidad del recurso. MORENA, a través de su representante propietario ante el Consejo General del INE, comparece en su carácter de tercero interesado[3] y alega que el recurso presentado por Fernando Belaunzarán Méndez es frívolo en términos del artículo 9, párrafo tercero, de la LGIPE.

Al respecto, el compareciente sostiene que resulta frívolo pues la sentencia recurrida por el actor de manera contundente determinó que es existente la inobservancia de la normativa electoral, sin que se expresen mayores razones de ello.

Esta Sala Superior estima que no le asiste la razón a la parte tercera interesada, ya que, por un lado, los argumentos que expone MORENA se refieren al fondo de la controversia, de manera que incurre en una petición de principio, pues para estar en aptitud de saber si se acreditaron “contundentemente” las irregularidades, debe estudiarse el fondo de la controversia. Por otro, la demanda de Fernando Belaunzarán está orientada a combatir las razones que tuvo la Sala Especializada para declarar la existencia de la infracción y sancionarlo con la imposición de una multa, pretendiendo con sus argumentos revocar esa decisión. De ahí que no pueda considerarse de forma evidente que la impugnación es frívola o que el recurrente abusa de su derecho a recurrir un fallo sancionatorio.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Metodología.

Para el análisis de fondo, esta Sala Superior considera necesario responder a las siguientes preguntas: ¿La prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión para difundir propaganda política o electoral que beneficie a una candidatura o partido le es aplicable a las agrupaciones políticas nacionales? Si es así, ¿cuáles son los elementos que deben considerarse para actualizar la prohibición? En el caso específico, ¿el hecho de que existan elementos similares entre los emblemas o los integrantes de una agrupación política con los de un partido político es suficiente para actualizar la prohibición, o es necesario que la similitud sea de tal grado que genere una confusión o un grado razonable de identidad que pueda traducirse en un beneficio para al partido político?

Lo anterior considerando que la Sala Especializada tuvo por acreditada la infracción de adquisición de tiempos en televisión en beneficio del PRD, por parte de Fernando Belaunzarán Méndez, y el canal de televisión restringida Efekto TV, con base en:

a)    La existencia de identidad y/o similitud respecto al nombre y emblema de la corriente ideológica del PRD “Iniciativa Galileos” y la Agrupación Política Nacional con la misma denominación.

b)    El hecho de que el propio Fernando Belaunzarán Méndez, conductor del programa, es militante del PRD, vocero de la corriente de opinión “Iniciativa Galileos” en el propio partido y afiliado de la Agrupación Política Nacional con ese nombre.

A continuación, se describe el contenido del programa y los elementos principales que sostuvieron las consideraciones de la Sala responsable, así como los agravios de los recurrentes. Posteriormente se fija la tesis de la decisión de esta Sala Superior y los argumentos que la justifican.

5.2. Descripción del contenido del programa “Diálogos Galileos” conforme a los hechos probados por la Sala Especializada.

Conforme a los hechos probados por la Sala Especializada, el treinta y uno de octubre se difundió el programa “Diálogos Galileos”, en el que participaron Fernando Belaunzarán Méndez, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el urbanista Víctor Márquez.

A continuación, se presentan algunas imágenes y comentarios relevantes para efecto del caso. La transcripción del contenido del programa consta en el Anexo Único de esta sentencia.

El programa inicia con la imagen siguiente:

Posteriormente, Fernando Belaunzarán Méndez se presenta y simultáneamente aparece un cintillo que inicia con el logo del programa, seguido de su nombre y debajo se señala “Vocero Iniciativa Galileos”:

Enseguida, el conductor presenta como invitados a Miguel Ángel Mancera Espinosa y al urbanista Víctor Márquez. Señala que el tema a tratar es “la reconstrucción”. Asimismo, aparece un cintillo que refiere “Reconstrucción CDMX”. El conductor agradece al canal Efekto TV por abrir sus puertas para llevar a cabo los diálogos. En la mesa aparece el logo del programa:

Después comienza a hablar Miguel Ángel Mancera Espinosa. Al momento en que esto ocurre aparece otro cintillo con el logo del programa y el nombre de “MIGUEL ÁNGEL MANCERA” y debajo su cargo “Jefe de gobierno CDMX”:

Finalmente, se presenta a Víctor Márquez y, simultáneamente, aparece el cintillo con el logo del programa después su nombre “VÍCTOR MÁRQUEZ” y debajo se lee “Urbanista”.

Una vez presentados los participantes, inicia el debate referente al tema propuesto: la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del pasado diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. La discusión abarca diversos escenarios, como el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco, las acciones penales, civiles y administrativas desplegadas a causa del suceso, los apoyos recibidos, el destino y ocupación de los fondos de la Ciudad de México y los planes de reconstrucción.

También, en un momento de la entrevista, el conductor le pregunta a Miguel Ángel Mancera Espinosa respecto al proceso electoral 2017-2018. El funcionario público responde que tuvo que renunciar a la candidatura independiente y que va esperar, ya que la prioridad es la Ciudad de México.

Finalmente, el conductor Fernando Belaunzarán Méndez despide a los invitados, señala que le pueden escribir a su cuenta de Twitter “ferbelaunzaran” o a la cuenta de “Galileos” y cierra el programa con la frase “…estamos para servirles, aquí su opinión también vale. Gracias”, destacándose una toma en primer plano del logotipo del programa situado en la mesa de debate como se aprecia a continuación:

Dicho programa, producido, elaborado y editado por Fernando Belaunzarán Méndez, fue remitido por Efekto TV a las concesionarias de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Totalplay para que éstas, a su vez, lo retransmitieran el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete en sus respetivos canales, y posteriormente fuera repetido.

5.3. Consideraciones de la Sala Especializada.

En el caso, la Sala Especializada se avoca a determinar en un primer momento, si existe la adquisición de tiempos en televisión fuera de los administrados por el INE, posteriormente si se actualiza la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, y en consecuencia si aconteció la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña; y, en un tercer lugar, la falta de deber de cuidado del partido político denunciado.

Al respecto, dicha Sala determinó que se actualiza la infracción de adquisición indebida de tiempos en televisión por parte de Fernando Belaunzarán Méndez, Efekto TV y las concesionarias de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Totalplay, al vulnerarse el principio de equidad en el acceso a la televisión, mismo que consiste en asegurar que quienes participen en las próximas elecciones lo hagan en igualdad de circunstancias.

Así, con base en los medios de prueba que obran en el expediente, la Sala Especializada, determinó la responsabilidad en la adquisición indebida de tiempos en televisión por parte de la empresa Canal Capital S.A. de C.V. y de Fernando Belaunzarán Méndez, derivado de la difusión de la emisión del programa denominado “Diálogos Galileos” en televisión restringida el pasado treinta y uno de octubre, utilizando tiempos adicionales a los otorgados por el Estado en beneficio del PRD, así como de la Agrupación Política Nacional “Iniciativa Galileos”.

Al respecto, la Sala Especializada sostiene en sus consideraciones que, del análisis integral de los elementos gráficos del programa denunciado, se advierte la identidad y/o similitud respecto del nombre y emblema de la corriente de opinión del PRD, así como de la APN Galileos, con el nombre y logotipo del programa denunciado, y que debía tenerse en cuenta que Efekto TV, valiéndose de la relación contractual que tiene con las concesionarias de televisión restringida Izzi, Megacable, Sky y Total Play, utilizó el tiempo que tuvo a su disposición, dando lugar a la infracción en adquirir, mediante terceras personas, tiempos en televisión restringida, a través del cual se difundió el citado programa.

La Sala Especializada arriba a su determinación al afirmar que las concesionarias están obligadas a acatar las obligaciones legales correspondientes al uso y explotación del espectro radio eléctrico y, en consecuencia, deben tener el cuidado suficiente para que la programación que difundan a través de sus señales cumpla con las responsabilidades que derivan del título de concesión y de la normativa aplicable, entre ellas, la relativa a la materia electoral, cuestión que en la especie no ocurre, pues la difusión en televisión del programa en comento, genera una sobreexposición de la ideología del partido y de la agrupación política denunciada, ya que guardan entré sí un vínculo indisoluble.

El órgano jurisdiccional argumenta que el formato y confección del programa “Diálogos Galileos” genera una presencia indebida de la APN y de la corriente de opinión del PRD, al gozar de una exposición pública de su nombre y emblema a través de dichos medios de comunicación social, en tiempos no permitidos por la ley, pues promueve deliberadamente a dichas expresiones políticas, de ahí que no haya necesidad de justificar que las participaciones fueron o no contratadas, o bien, se hicieran gratuitamente o con la finalidad expresa de influir en las preferencias electorales.

Por otro lado, respecto a la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña la Sala Especializada determina como inexistentes las infracciones atribuidas a Miguel Ángel Mancera Espinosa, en virtud de que no obra prueba alguna en el expediente para acreditar que conocía la producción, confección o situación del programa denunciado, aunado a que el tema que se aborda en éste se encuentra relacionado con temáticas de relevancia pública, que, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suele dar a conocer. Por tanto, al no hacer ningún llamado expreso al voto, posicionamiento en contra o a favor de algún candidato, precandidato o partido político, presentación de alguna plataforma electoral, o bien, alguna propuesta de precampaña o campaña, no puede sostenerse que constituye un medio para exponer su imagen de forma anticipada, de cara al proceso electoral federal dos mil dieciocho.

No obstante lo anterior, la Sala Especializada estima que se acredita la culpa in vigilando del PRD y de la APN Galileos, ya que Fernando Belaunzarán Méndez es militante del partido, además de ser vocero de una de sus corrientes de opinión, así como afiliado a la agrupación política denunciada, y, a pesar de ello, dichos organismos fueron omisos en cuidar que éste se condujera dentro de los cauces de legalidad, pues al estar acreditado que Fernando Belaunzarán Méndez confeccionó un programa que implicó la indebida adquisición en televisión a favor de la APN Galileos y del PRD, es válido reprochar el incumplimiento del deber de garante a dichos entes políticos, pues no realizaron acción alguna para deslindarse o en su caso conminar a su afiliado a no llevar a cabo su conducta.

En ese orden, la Sala Especializada, al sostener que en efecto se vulnera el modelo de comunicación política y se actualiza la infracción de adquirir tiempo en televisión, estima en su apartado de responsabilidad, calificación e individualización de la sanción que existió responsabilidad directa por parte de Fernando Belaunzarán Méndez, Efekto TV, y las concesionarias, Izzi, Megacable, Sky y Total Play y, por otro lado, responsabilidad indirecta del PRD y a la Agrupación Política Nacional, a éstas últimas les impuso una amonestación pública.

Por otra parte, al haberse acreditado la infracción relacionada con la adquisición indebida de tiempos en televisión, en contra de Fernando Belaunzarán Méndez, Efekto TV y las concesionarias, Izzi, Megacable, Sky y Total Play, la Sala Especializada determinó que la sanción debe consistir en una multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo. Sin embargo, al no obrar constancia alguna en el expediente respecto del valor real y objetivo del tiempo de televisión adquirido, se ordena por último la apertura de un incidente especial para la determinación de las sanciones económicas respecto la infracción considerada como “grave ordinaria”.

Finalmente, la Sala Especializada estimó que a partir de lo analizado lo procedente era retirar el programa “Diálogos Galileos” del aire.

5.4. Agravios de los recurrentes.

Fernando Belaunzarán Méndez.

Estima que la sentencia de la Sala Especializada carece de fundamento al sancionarlo por la adquisición indebida en tiempos de radio y televisión para la promoción del PRD o la APN Galileos, ya que se trató de un ejercicio periodístico que tiene como finalidad la difusión de ideas y opiniones de interés general. No se actualizó en ningún momento infracción alguna.

Considera que los hechos denunciados en ningún momento ponen en riesgo la equidad de la contienda, además de que no significa un beneficio para el PRD ni para la APN. Señala que el programa “Diálogos Galileos” es un programa con voces plurales que trata de temas de interés público, y en ninguno de los episodios transmitidos se hace alusión a las elecciones ni a los supuestos partidos beneficiados.

Alega que, si bien se utilizó en el programa “Diálogos Galileos” el logo correspondiente a la APN Galileos, en nada es similar al del PRD o al de la corriente de opinión del PRD “Iniciativa Galileos”, y no existe un acuerdo en el que se establezca la participación de la APN Galileos con el PRD en el proceso electoral en curso, por lo que no podrían beneficiarse.

Señala que el plazo para que la APN presentara un acuerdo de participación con algún partido político feneció el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que era imposible que se pudiera sancionar a la APN, al haber quedado cancelada la posibilidad de participar al fenecer el término de registro. En este sentido, estima que no existe un hecho concreto de aplicación.

Explica que el programa “Diálogos Galileos” tiene su origen en discusiones en auditorios donde participaron muchas personas, incluso militantes o dirigentes de diversos partidos. Señala que la finalidad de esos foros era discutir, dentro de un marco crítico y plural, diversos temas de interés público. De ahí que se haya propuesto llevar las discusiones a la televisión y por ello se incorporaron los mismos elementos gráficos.

Respecto al emblema utilizado en el programa, considera que no constituye, en ninguna forma, propaganda a favor del PRD. Afirma que el emblema de la APN Galileos y del programa son similares en contener la palabra “galileos”, pero estima que la sola aparición de dicha palabra no puede implicar, por sí misma, que se estén adquiriendo o contratando indebidamente tiempos o propaganda en televisión en violación del principio de equidad en la contienda.

Por otra parte, el hecho de que aparezca su persona como conductor del programa, pese a ser militante del PRD y miembro de la APN Galileos, no puede, por sí misma, configurar la infracción imputada, ya que la autoridad responsable no atiende al contenido del programa y conculca su libertad de expresión al sólo basarse en el hecho de que milita en el partido político (además de no considerar que actualmente no ejerce algún cargo de dirección en el PRD).

Sostiene que la Sala Especializada no debió abrir un incidente para individualizar la sanción, ya que ello carece de fundamento de conformidad con la normatividad aplicable a la Sala Especializada.

Finalmente, alega que, suponiendo sin conceder que el uso del emblema en el programa “Diálogos Galileos” actualizara la infracción imputada, ello debió implicar ordenar únicamente no utilizarlo. Haber ordenado cancelar el programa “Diálogos Galileos” implica una medida desmesurada que pone en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico y constituye censura previa.

Efekto TV.

El recurrente afirma que la conducta que se sanciona resulta distinta de las prohibidas por la ley. Es decir, alega que las limitaciones establecidas en materia electoral en lo tocante a las prerrogativas electorales y tiempos que administra el Estado se refieren a la prohibición de adquirir o contratar tiempos en radio y televisión, y no al modelo de “televisión restringida”. Lo anterior, debido a que la naturaleza de esa limitación se basa en que dichos servicios, al ser de comunicación social y de acceso al público, se prestan mediante el uso concesionado del espectro radioeléctrico, situación que no ocurre en los servicios televisivos que requieren de un pago para su visualización, además de que el INE no tiene facultades para administrar tiempos en la denominada televisión restringida. De ahí que en su concepto no exista una adquisición indebida en tiempos de televisión.

En ese tenor, el actor estima, esencialmente, que se viola el principio de tipicidad, el cual prohíbe que se encuadre una conducta por analogía, pues la “televisión restringida”, no se ubica dentro de los supuestos en los que la ley electoral prohíbe su adquisición.

Finalmente, estima que en el expediente está demostrado que nunca tuvo conocimiento o control sobre el proceso de producción y posproducción del programa. Considera que la Sala Especializada presume indebidamente ese conocimiento previo, sin que exista elemento probatorio alguno que permita llegar a esa conclusión, además de que es incongruente ello, al no haber hecho la misma presunción, por ejemplo, respecto a Miguel Ángel Mancera, el cual no fue sancionado. Concluye que dicha presunción es inconstitucional en materia sancionatoria.

Concesionarias de televisión restringida (Izzi, Megacable, Sky y Total Play).

Los recurrentes alegan que la resolución carece de una debida motivación y fundamentación, en virtud de que la autoridad responsable estimó que son responsables de configurar la conducta de “adquisición de propaganda política o electoral en televisión fuera de los tiempos administrados por el INE a favor de un instituto político”, al realizar la retransmisión de un contenido que les fue proporcionado por un programador independiente, soslayando, a su vez, que las concesionarias de televisión restringida solo difunden la señal restringida tal y como se la envía dicho programador. En este sentido, sostienen que cualquier infracción que en su caso proceda debe ser responsabilidad del programador independiente y no de ellas, tal y como se encuentra establecido por diversos dispositivos jurídicos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Asimismo, afirman que se encuentra acreditado en autos que no intervinieron de forma alguna en la producción, grabación o generación de la señal del canal de televisión conocida como “Efekto TV” que retransmiten de forma íntegra, atribuyéndose así a dichas empresas de forma indebida una infracción en forma automática por retransmitir diversos contenidos. Sostienen que la autoridad responsable no consideró la naturaleza y condiciones en las que operan los concesionarios de televisión restringida ni la normatividad aludida, sancionándolos por conductas ajenas que escapan a su control. Concluyen que la responsable, al sostener que las concesionarias de televisión restringida incumplieron un deber de cuidado, se aparta de los principios de razonabilidad y objetividad pues éstas se encuentran materialmente imposibilitadas para censurar contenidos. De ahí que la infracción que se les atribuyó sea inexistente.

Por su parte, Megacable puntualiza que, de los medios de prueba que obran en el expediente, no puede concluirse que exista relación contractual entre ella y Efekto TV o con Fernando Belaunzarán Méndez, así como tampoco con el programa denominado “Diálogos Galileos”, en virtud de que únicamente se limitó a retransmitir la señal integral que constituye su programación, sin que ésta tenga injerencia alguna en los contenidos programáticos del canal. De ahí que la Sala Especializada, al no desvirtuar con prueba alguna la contratación indebida de tiempos en televisión, violó en su prejuicio lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Se considera que la sentencia pretende obligar a las concesionarias de televisión restringida a censurar previamente los contenidos de los programas, siendo ello materialmente imposible. Lo anterior, debido a que no tiene acceso previo a los mismos, máxime que el programa “Diálogos Galileos” fue producido, elaborado y editado por Fernando Belaunzarán Méndez y sólo él y el programador son quienes ostentan el control y pueden, en todo caso, acceder al contenido de éste.

Al respecto, se alega que pretender sancionar a los concesionarios de televisión restringida por manifestaciones alusivas a algún instituto político, los obliga a vigilar los contenidos que retransmiten, lo cual, además de ser imposible, constituiría una censura previa en menoscabo de la libertad de expresión.

En el caso, se estima que la transmisión de “Diálogos Galileos” se encuentra amparada dentro de los límites de la libertad de expresión del programador, al no obedecer a fines políticos, proselitistas o electorales y configurar un ejercicio de la libertad de información por ser programas de naturaleza periodística. En este sentido, no se vulnera el orden jurídico.

Finalmente, las concesionarias de televisión restringida estiman que la imposición de una sanción consistente en una multa resulta incongruente y desproporcionada, porque, en todo caso, a los beneficiados de la conducta se les impone una amonestación (PRD y la APN Galileos), y a las concesionarias de televisión restringida una sanción mayor consistente en una multa cuyo monto es incierto, al haber ordenado la Sala Especializada abrir un incidente para individualizar la sanción y realizar diligencias para cuantificar el monto en relación a la adquisición de tiempos en televisión restringida.

APN Galileos.

La APN Galileos estima que le causa agravio la responsabilidad que le fue imputada por culpa in vigilando, ya que, al momento de desplegarse la conducta, la APN Galileos no podía beneficiarse con la aparición de su emblema en el programa, ya que no existía un acuerdo o convenio para que la APN Galileos participara con el PRD o algún otro partido.

Considera que no se configura la infracción a partir de la inclusión del emblema y nombre de la agrupación, ya que en el caso no existe convenio con algún partido político en el que se establezca tal participación. En ese sentido, al no existir convenio es imposible que se haya beneficiado la APN Galileos con fines político electorales.

Finalmente, estima que la Sala Especializada no debe ejercer sus facultades sancionadoras, basándose en hechos futuros de realización incierta. Lo anterior, debido a que la sanción se impone con base en la posibilidad que tiene la APN Galileos, conforme a la normatividad aplicable, de participar en los procedimientos federales y ser mencionada en una propaganda y campaña electoral determinada, y no con base en hechos ciertos y actuales como el no haber convenido con ningún partido o candidato dicha participación.

PRD.

El PRD alega que no adquirió ni contrató bajo ninguna modalidad la transmisión del programa de televisión “Diálogos Galileos”; además el programa se transmitió en canales restringidos y no en uso de las prerrogativas de radio y televisión que administra el INE.

Afirma que los objetivos de la APN Galileos son distintos a los del PRD, además de que el logotipo que se muestra en el programa no es igual al del PRD.

Sostiene que no existen elementos probatorios dentro del expediente que demuestren que del hecho de que un militante del partido político conduzca un programa de televisión, ello derive en tener por probado que el PRD se vio beneficiado indebidamente, careciendo de congruencia la sentencia. Estima que no existe congruencia entre los hechos probados y la responsabilidad imputada, además de que no se acredita en qué se benefició al PRD.

5.5. Tesis principal de la sentencia.

De los agravios de los recurrentes, se considera que los que hace valer Fernando Belauzarán son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la totalidad de la sentencia reclamada, porque en el caso no se actualiza la infracción consistente en la adquisición irregular de tiempos en televisión, en virtud de las siguientes razones:

a)    En la presente instancia no hay controversia jurídica respecto a la acreditación de los hechos denunciados, particularmente de la existencia, contenido y difusión del programa “Diálogos Galileos”. Por tanto, la cuestión jurídica por resolver es un problema de calificación jurídica de los hechos acreditados.

b)    Los hechos deben valorarse en su contexto integral, en cuanto que el entorno constituye un aspecto crucial para la calificación jurídica del material bajo estudio.

Con base en ello, se considera que el programa “Diálogos Galileos” se presenta como un programa de debate sobre temas de interés general, en particular la reconstrucción en la Ciudad de México derivada del sismo del diecinueve de septiembre pasado, con un formato en que hay un moderador o conductor del programa (Fernando Belaunzarán Méndez) e invitados (en el caso Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Víctor Márquez, un urbanista) y en donde el conductor formula preguntas a los invitados para generar una discusión o debate sobre la problemática, de manera que el auditorio se forme una opinión y se informe sobre el tema.

El programa denunciado se difundió, por una sola vez, en el canal Efekto TV, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, y se retrasmitió en dos ocasiones.

c)    El material denunciado se inscribe en el contexto de un programa de opinión y no propagandístico en materia política ni electoral. En esa medida, el programa está vinculado indisolublemente con los derechos a la libertad de expresión y de información, y contribuye al debate público sobre temas de interés general.

d)    Del contenido del programa no se advierte que contenga propaganda política ni electoral, ni tampoco propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a elección popular. Tampoco se aprecia que contenga elementos que en forma expresa o inequívoca se encuentren dirigidos a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni a favor o en contra de partidos o de candidatos a elección popular.

e)    Si bien se advierten elementos de similitud entre los emblemas y el nombre de la APN Galileos y la corriente de opinión del PRD “Iniciativa Galileos”, así como la identidad del moderador y el vocero de la corriente de opinión, quien también es militante del PRD y miembro de la agrupación, tales elementos no son suficientes para sostener que existe una identidad o similitud en grado de confusión entre el PRD y la APN.

Lo anterior, en el entendido de que, al momento de los hechos no existía acuerdo de participación alguno de la APN con el PRD o con alguna coalición, y, atendiendo a los calendarios electorales, resultaba improcedente celebrar un acuerdo de esa naturaleza posteriormente.

5.5.1. Alcance de la prohibición de adquisición de tiempos en radio y televisión para las agrupaciones políticas nacionales y sus afiliados.

Conforme al artículo 20 de la Ley de Partidos, las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Tales agrupaciones pueden participar en un proceso electoral siempre que medie un acuerdo de participación con un partido político o coalición. En caso de que se firme dicho acuerdo, se podrá mencionar a la agrupación política nacional participante en la propaganda y campaña electoral del partido o coalición de que se trate[4].

En general, las agrupaciones políticas nacionales, a través de sus representantes, así como sus afiliados, tienen la libertad de expresarse libremente e informar a la ciudadanía sobre temas generales de interés público a través de los medios de comunicación que estimen pertinentes.

En este sentido, no se considera, en principio, transgresión a la normativa electoral por parte de las agrupaciones políticas nacionales y sus afiliados la manifestación de ideas, expresiones u opiniones a través de la radio o televisión que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de democrático y el fomento de una auténtica cultura democrática.

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de propaganda política o electoral dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, atendiendo a la prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión fuera de los administrados por el INE.

La Constitución General contiene dos prohibiciones en su artículo 41, base III, apartado A, con relación a la contratación o adquisición de tiempos o propaganda en radio o televisión.

La primera prohibición está dirigida a los partidos políticos y a los candidatos y les prohíbe adquirir tiempos en radio y televisión fuera de los administrados por el INE en cualquier modalidad, por sí o a través de terceros:

[…]

Los partidos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

[…]

La segunda prohibición está dirigida a cualquier persona física o moral y les prohíbe contratar propaganda:

[…]

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

[…]

Por su parte, la LGIPE reitera tales prohibiciones:

Artículo 159.

[…]

4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Octavo de esta Ley.

5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en esta Ley.

Respecto a la primera prohibición, esta Sala Superior ha considerado que se acredita la infracción cuando un partido político (coalición), candidato o precandidato resulta beneficiado como resultado de la transmisión por un tercero, en radio y televisión, de determinados contenidos fuera de los tiempos administrados por el INE.

Respecto a la segunda prohibición, cuando no se trate de partidos políticos, candidatos y precandidatos, la contratación de propaganda en radio o televisión por personas físicas y morales estará prohibida, siempre y cuando esté “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” o sea “a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos (y precandidatos) a cargos de elección popular”.

En este sentido, ambas prohibiciones obligan a las autoridades electorales a analizar el contenido de los mensajes e imágenes en radio y televisión, así como el contexto espacial y temporal en el que se emiten y sus modalidades de difusión, a efecto de determinar si constituyen propaganda política o electoral (ya que la norma no distingue el tipo de propaganda) y están orientadas a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o sea a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, y a efecto de determinar si se vio beneficiado un partido político o candidato por dichos contenidos en radio y televisión fuera de los tiempos administrados por el INE.

En este sentido, la prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión les resulta aplicable a las agrupaciones políticas nacionales, como a cualquier otra persona, en la medida en que se trate de propaganda política o electoral dirigida a influir en las preferencias electorales.

5.5.2. Elementos que deben considerarse para actualizar la prohibición.

Para demostrar una modalidad de adquisición de tiempos en radio o en televisión, basta que la autoridad electoral acredite la difusión de propaganda política o electoral, en tiempos de radio o televisión, distinta a la ordenada por el INE, y que tal difusión tuvo por finalidad o resultado beneficiar a algún partido político, coalición, candidatura o precandidatura.

En este sentido, la infracción consistente en la adquisición indebida de tiempos de radio y televisión no requiere para su actualización que se acredite un vínculo entre el partido político y la entidad o persona que contrató, adquirió o difundió la propaganda[5], sino que basta que se demuestre que la propaganda se difunde fuera de los tiempos del Estado administrados por el INE y que beneficia a un partido político, candidatura o precandidatura para considerar que se acredita la adquisición indebida de dichos tiempos, pues con ello se vulnera, por sí mismo, el propósito de la norma de que sea el INE la instancia que administre el acceso a dicha prerrogativa, y la prohibición constitucional y legal de adquirir por cualquier persona o entidad tiempos en radio y televisión que beneficien a una fuerza política a fin de proteger y garantizar el principio de equidad en la contienda electoral[6].

En ese sentido, la mera difusión de propaganda política o electoral es suficiente para actualizar la prohibición sin que sea necesario acreditar su “contratación” en sentido formal.

En consecuencia, se actualiza la infracción por parte de los partidos, candidatos o precandidatos cuando resultan beneficiados por la trasmisión en radio y televisión de propaganda política o electoral prohibida si no realizaron un acto de prevención o de deslinde que les resulte exigible[7].

Ello, dado que la falta de un acto de prevención o deslinde oportuno, cuando les resulta exigible, o, de hacerlo, cuando el mismo resulte insuficiente, permite presumir su consentimiento o participación en el ilícito.

Lo anterior, considerando que es factible generar inferencias o presunciones a partir de la conducta del partido político o candidatura aludida en la propaganda de la que pueda desprenderse su posible participación en la violación a dicha prohibición.

En consecuencia, la prohibición se actualiza cuando la adquisición se perfecciona por un acuerdo de voluntades (contratación) o por la mera difusión de propaganda política o electoral en tiempos de radio y televisión distintos a los administrados por el INE, si con ella se beneficia de forma ilegítima a un precandidato, candidato, partido o coalición si no realizó ningún acto de prevención o deslinde oportuno siéndole exigible un comportamiento de esa naturaleza.

Por ello, la autoridad, al momento de analizar una presunta adquisición de tiempos de radio y televisión ajenos a los administrados por el INE, debe de valorar el contexto de la controversia a fin de dilucidar quiénes son los responsables de la conducta ilícita por el hecho de haber realizado un acuerdo de voluntades y la forma de participación, por no haber previsto o haberse deslindado del resultado de la conducta o en todo caso, si existió la imposibilidad de prevenir, de hacer dicho deslinde o al no serle exigible que lo hiciera dadas las circunstancias del caso[8].

Asimismo, la autoridad debe analizar de manera pormenorizada y minuciosa las particularidades de cada caso, para estar en condiciones materiales y jurídicas de determinar si también se acredita la responsabilidad o corresponsabilidad de los medios de comunicación –concesionarias de radio y televisión–.[9]

5.5.3. Análisis y calificación jurídica de los hechos del caso.

La cuestión central a determinar es si, al aparecer en el programa de televisión “Diálogos Galileos” del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el emblema, logo o distintivo de la APN Galileos y como presentador un afiliado de dicha agrupación política nacional que, a la vez, es militante del PRD, es suficiente para que se acredite la infracción de indebida adquisición de tiempo en televisión por parte de Fernando Belaunzarán, Efekto TV y las concesionarias de televisión restringida Sky, Izzi, Totalplay y Megacable, al haber beneficiado a la propia APN Galileos y al PRD.

Esta Sala Superior estima que, de un análisis de los hechos probados por la autoridad responsable, no puede inferirse que Fernando Belaunzarán Méndez, Efekto TV y las concesionarias de televisión restringida Sky, Izzi, Totalplay y Megacable, incurrieran en la infracción consistente en adquisición indebida de tiempos en radio y televisión.

Como se destacó, esta Sala Superior ha concluido que para que se actualice la infracción relativa a adquisición indebida de tiempos en radio o televisión fuera de los administrados por el INE por parte de terceros, basta con que un partido político, coalición o candidato se vea beneficiado en dichos medios de comunicación a través de la transmisión de propaganda política o electoral.

Al respecto, debe tenerse presente que esta Sala Superior ha sostenido que la clasificación de propaganda política o electoral que emiten los partidos políticos está vinculada con el tipo de actividades que llevan a cabo[10].

La Sala Superior ha definido en su jurisprudencia a la “propaganda electoral” como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político”.

Asimismo, debe considerar como “propaganda electoral”, “todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial”[11].

Es decir, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Ahora bien, a diferencia de la propaganda electoral, la propaganda política no tiene temporalidad específica, por cuanto versa sobre la presentación de la ideología, programa o plataforma política que detente un partido político en general, o bien, la invitación que hagan a los ciudadanos a formar parte de éste, salvo que se difunda durante los periodos de campaña, respecto de los cuales se presume, en principio, que tiene por objeto la obtención del voto de la ciudadanía.

Conforme a lo anterior, en términos generales, puede decirse que la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico de un partido político para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, mientras que la propaganda electoral está íntimamente ligada a la precampaña y campaña política de los partidos y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o posicionarse en las preferencias ciudadanas[12].

Por otra parte, para que puedan ser registradas válidamente las agrupaciones políticas nacionales, su denominación y sus emblemas, logos o distintivos no pueden ser iguales o similares al de otras agrupaciones políticas nacionales, partidos políticos o coaliciones[13].

Una vez que ha sido registrada una agrupación política nacional por el INE, se entiende que, salvo prueba en contrario, que su denominación y sus emblemas, logos o distintivos no se confunden con las de las demás agrupaciones políticas nacionales, partidos políticos o coaliciones registradas, ya que la máxima autoridad electoral estimó que se cumplió con la normatividad electoral.

En este sentido, en principio, cuando las agrupaciones políticas nacionales se expresen en la radio y la televisión a través de sus representantes, éstas pueden hacer uso de su denominación, así como de sus emblemas, logos o distintivos, sin que ello implique necesariamente contravenir la normatividad electoral.

Por otra parte, los afiliados de las agrupaciones políticas nacionales pueden expresarse sobre temas generales de interés público o que formen parte del debate político en radio y televisión, pudiendo usar la denominación de la agrupación política nacional, así como sus emblemas, logos o distintivos, de conformidad con los estatutos y régimen interno de cada una.

Sin embargo, como a cualquier persona física o moral, les está prohibido contratar o adquirir propaganda política o electoral en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, así como a beneficiar a algún partido político, coalición o candidato a través de una adquisición indebida de tiempos en radio y televisión.

En el caso concreto, el que esté probado que en el programa “Diálogos Galileos” apareció el emblema, logo o distintivo de la APN Galileos y que el conductor del programa, Fernando Belaunzarán Méndez, hubiese sido identificado como “Vocero Iniciativa Galileos”, además de estar probado por la Sala Especializada que está afiliado a la APN Galileos y que es militante del PRD y forma parte de la corriente de opinión “Iniciativa Galileos” dentro de dicho instituto político, no lleva necesariamente a la conclusión de que se esté haciendo propaganda política o electoral a favor de dicho partido político o algún precandidato o candidato.

En primer lugar, las agrupaciones políticas nacionales y los militantes de los partidos políticos, en principio, no pueden considerarse como un sujeto directo adicional a los partidos y candidatos, referidos en el siguiente párrafo del artículo 41, base III, apartado A, de la Constitución General, y en el párrafo cuarto del artículo 159 de la LGIPE:

Artículo 41.

[…]

Los partidos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

[…]

Artículo 159.

[…]

4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión […]

Esas disposiciones, de rangos constitucional y legal, constituyen restricciones expresas al ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información de la población en general, por lo cual deben interpretarse de forma restrictiva e, incluso, conforme al principio pro persona[14], de forma que no se incluyan a sujetos adicionales a los expresamente referidos.

Ahora bien, las agrupaciones políticas nacionales y los militantes podrían considerarse excepcionalmente como sujetos obligados directamente por la disposición anterior, si, por ejemplo, la agrupación política nacional de que se trate suscribe un convenio con un partido político en los términos precisados en el apartado anterior (artículo 21 de la Ley de Partidos) o si coincide que el militante de un partido político es un candidato.

En la especie, lo anterior no sucede, ya que, conforme a los hechos probados, la APN Galileos no ha suscrito convenio alguno de ese tipo con el PRD a la fecha (además de que el término legal para hacerlo feneció) ni Fernando Belaunzarán Méndez se ha postulado como precandidato o candidato de dicho partido o de algún otro para acceder a algún cargo de elección popular.

En este sentido, al no ser sujetos obligados directamente por la norma en cuestión, debe partirse de que pueden ejercer libremente su libertad de expresión, sin que, en principio, se pueda asumir que la presencia de la APN Galileos en el programa “Diálogos Galileos” sea indebida, como fue determinado por la sentencia de la Sala Especializada.

En este sentido, es incorrecta la siguiente conclusión de la Sala Especializada, al considerar como sujeto directamente obligado a la APN Galileos y estimar implícitamente que permitir que ejerza su libertad de expresión implicaría dársele un “tratamiento privilegiado” respecto a otros sujetos de derecho:

175. Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta inobjetable que a ninguna Agrupación Política Nacional podría dársele un tratamiento privilegiado al permitírseles que accedan a los tiempos en televisión a los cuales no tienen derecho propiamente, pues ello, traería un beneficio adicional al candidato del partido político o coalición que decidieran apoyar, de ahí que, se haya obtenido un acceso indebido a dicho medio de comunicación.

Asimismo, el hecho de que Fernando Belaunzarán Méndez tenga la calidad de militante o afiliado del PRD, sea parte de la corriente de opinión “Iniciativa Galileos” y sea afiliado o integrante de la APN Galileos, no deriva necesariamente en que éste no pueda ejercer su libertad de expresión y esté impedido de participar como conductor de programas de televisión donde se debatan genuinamente temas generales de interés público o en entrevistas donde se ejerza una verdadera labor periodística.

Ahora bien, en segundo lugar, los militantes y las agrupaciones políticas nacionales, como cualquier persona física o moral, sí podrían infringir la normatividad electoral si contratan tiempos en radio y televisión a favor de los partidos políticos y candidatos fuera de los administrados por el INE, y el contenido de lo trasmitido por ellos puede considerarse como propaganda política o electoral a favor de éstos.

En este sentido, un primer paso a acreditar es si lo trasmitido el treinta y uno de octubre en el programa “Diálogos Galileos” puede considerarse propaganda política o electoral. En caso de que se estime que no constituye propaganda política o electoral, la infracción sería inexistente.

Para poder determinar si se trata de un genuino ejercicio periodístico o informativo sobre algún tema general de interés público y no de propaganda electoral o política, deben analizarse, entre otros elementos, el contenido del programa (con todos sus elementos visuales y auditivos), el contexto temporal y espacial en el que sucede, así como sus modalidades de difusión.

La Sala Superior ha sostenido que “la lógica de la propaganda político electoral no debe analizarse de manera aislada, sino que su estudio debe hacerse a la luz de su contexto integral para así ponderar su verdadero impacto”[15].

Así, de los medios de prueba, se extraen los siguientes elementos:

a)    Del contenido auditivo y visual del programa se extrae, como lo reconoce la Sala Especializada, que trata de la reconstrucción de la Ciudad de México (aparece un cintillo que dice “Reconstrucción CDMX”) después del sismo del pasado diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, abarcando varios escenarios, como el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco, las acciones penales, civiles y administrativas desplegadas a causa del suceso, los apoyos recibidos, el destino y ocupación de los fondos de la Ciudad de México, y los planes de reconstrucción, lo cual esta Sala Superior lo califica como un tema de interés público para los habitantes de la Ciudad de México y, en general, para todos los habitantes en México;

b)    Del contenido visual del programa, sólo se desprende la aparición del emblema de la APN Galileos;

c)    Del contenido visual del programa, se desprende que a Fernando Belaunzarán Méndez lo presentan como “Vocero Iniciativa Galileos” y a Miguel Ángel Mancera Espinosa como “Jefe de Gobierno CDMX” (el cual, cabe señalar, no es militante del PRD como lo reconoce la sentencia de la Sala Especializada);

d)    Como contexto, el programa “Diálogos Galileos” relativo a los sismos y la reconstrucción fue el primero de siete programas en total que salieron al aire de forma posterior a ese. Dichos programas trataron diversos temas, entre otros, la renegociación del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá[16];

e)    El programa fue transmitido el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, es decir, tras haber iniciado el Proceso Electoral 2017-2018 (ocho de septiembre de dos mil diecisiete), pero antes del catorce de diciembre del año pasado, fecha en que inició el periodo de precampañas;

f)      El programa fue transmitido en canales de televisión restringida y no en televisión abierta, y;

g)    La primera emisión del programa “Diálogos Galileos”, en la que participó Miguel Ángel Mancera se trasmitió el treinta y uno de octubre a las 23:30 horas y, posteriormente, fue retransmitido el primero de noviembre a las 10:30 y el cuatro de noviembre a las 21:30.

Adicionalmente, del contenido auditivo del programa en comento, no se extrae que los sujetos que intervienen en éste hagan un llamamiento al voto (o a no votar) o promoción a favor (o en contra) de algún partido político o candidato, ni siquiera de manera implícita, por lo que, teniendo en cuenta únicamente el audio, no podría catalogarse como propaganda electoral.

Tampoco se podría catalogar el contenido auditivo del programa como propaganda política, ya que de los elementos sonoros no se extrae la presentación de la ideología, programa o plataforma política que detente un partido político, candidato o precandidato, en general, o una invitación a la ciudadanía a que formen parte de éste.

A lo anterior, se suma el hecho de no aparecer visualmente ningún emblema adicional al de la APN Galileos, como podría serlo el del PRD o el de la corriente interna de opinión del PRD denominada de forma igual que la APN Galileos: “Iniciativa Galileos”. De salir el emblema del PRD en el programa o, incluso, el de la corriente de opinión del PRD, habría un elemento visual importante que generaría un indicio fuerte de que se trata de propaganda política o, incluso, electoral:

Cabe aclarar que, respecto a la supuesta propaganda a favor de la corriente interna de opinión del PRD, la Sala Especializada partió de una premisa incorrecta dentro de su argumentación al haber afirmado que “[…] la difusión en televisión del nombre y emblema de la corriente de opinión del PRD, genera una sobreexposición de la ideología interna del referido instituto político […]”, ya que, del contenido visual y auditivo del programa, en ningún momento se alude expresamente a la corriente interna de opinión del PRD ni aparece su emblema.

Ahora bien, tomando en cuenta los elementos probatorios anteriores, para demostrar un “vínculo indisoluble” (como lo denominó la Sala responsable) entre el programa “Iniciativa Galileos”, la corriente de opinión interna del PRD y el propio PRD, de forma que pueda concluirse que se está beneficiando a éste último fuera de los tiempos administrados por el INE en televisión, esta Sala Superior considera que dicho vínculo debe quedar probado de manera razonable y suficiente.

Como se aprecia, para la Sala Especializada quedó demostrado ese “vínculo indisoluble”, esencialmente, con la mera identidad fonética entre el nombre de la APN Galileos y la corriente de opinión interna del PRD, lo cual se estima no es suficiente para acreditarlo y de ahí concluir que se está beneficiando, indirectamente, al PRD.

Lo anterior, debido a que: i) los emblemas de la corriente de opinión y de la APN Galileos, pese a contener las leyendas “Iniciativa Galileos”, son diferentes si se analizan en conjunto sus elementos, como las figuras dominantes que utilizan cada una, sin que lleguen a ser semejantes en grado de confusión[17]; ii) al ser distintos los emblemas, es cuestionable que el emblema de la APN Galileos evoque, en automático, a la corriente interna de opinión y, por consiguiente, al PRD como partido político; iii) no existen otros elementos visuales o auditivos que aludan al partido político o alguna de sus corrientes de opinión, y; iv) como se adelantó, no existen otros elementos auditivos que, analizados en conjunto con los elementos visuales utilizados en el programa, permitan concluir que se está haciendo propaganda política o electoral a favor del PRD.

En efecto, si se comparan los elementos visuales en los tres emblemas, destaca que la “G” estilizada en el logo de la APN y el programa “Diálogos Galileos” carece de los “rayos” que contiene el distintivo de la corriente de opinión interna del PRD a efecto de evocar un “sol”, símbolo utilizado por dicho partido político para identificarse.

De esta forma, no se advierte una similitud en grado de confusión partiendo de que es cuestionable suponer que cualquier persona razonable, medianamente informada, confunda la imagen contenida en los tres emblemas y que, derivado de dicha confusión, asocie el programa o la APN con el PRD, aún y cuando el presentador del programa sea militante del PRD.

El hecho de que Fernando Belaunzarán Méndez haya sido identificado en el programa con un cintillo que dice “Vocero Iniciativa Galileos”, y en el expediente haya sido acreditado que forma parte de la corriente de opinión “Iniciativa Galileos”, no es suficiente para concluir que toda persona que vea el programa necesariamente asocie que, como conductor del programa, se está presentado en representación o como vocero de dicha corriente de opinión del PRD, menos aún puede derivarse dicha conclusión si se considera el estándar de una persona razonable, medianamente informada.

Lo anterior, debido a que, conforme a los demás elementos probatorios y al contenido visual y auditivo del programa, no existen pruebas adicionales que, analizadas en su conjunto, permitan suponer que toda persona o incluso una persona medianamente informada asocie de manera conclusiva o razonable que el conductor se presenta implícitamente o de forma encubierta en nombre o representación de la corriente interna de opinión del PRD o, mucho menos, de dicho partido político, sino, por el contrario de la APN Galileos. Por lo que la mera referencia a su calidad de vocero de dicha corriente, no da lugar de manera suficiente, automática o inmediata a entenderse como propaganda electoral en favor del PRD.

En este sentido, se considera que la presencia del logo de la APN en el programa bajo escrutinio, y el hecho de que el moderador forme parte de dicha agrupación, así como del PRD, son elementos de los cuales no es posible hacer una inferencia para considerar que de manera necesaria su aparición se traduce en un beneficio al partido.

Lo anterior es así, en razón del peso abstracto, o la posición preferente de la libertad de expresión, en el contexto de una sociedad democrática y de la importancia de garantizar el debate público y plural.

De igual forma, en el caso concreto es aplicable el criterio que se sostiene en la Tesis XVI/2017, de rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. En esa tesis, esta Sala Superior determinó que la labor periodística goza de un marco de protección jurídica que garantiza la libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en contrario.

Así, toda vez que en el caso no existen pruebas en contrario, debe prevalecer esa presunción y aceptarse jurídicamente que el ejercicio de la entrevista que se está analizando se trató de una actividad lícita, permitida y por tanto que no amerita sanción alguna.

Desde esta perspectiva, el análisis de los hechos del caso permite afirmar que en el programa el moderador y los invitados, al dirigir el debate y responder las preguntas, respectivamente, ejercieron legítimamente su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, correlativamente al ejercicio de ese derecho, el auditorio del programa denunciado pudo tener la posibilidad de conocer una serie de ideas y de información en relación con la reconstrucción de la Ciudad de México, ejerciendo de esa forma su derecho a la información, a partir de un programa en el que se expresaron diversos puntos de vista.

De estos hechos probados y de la citada presunción de licitud de la conducta se desprende que no hay indicio de que el programa tuvo la finalidad de hacer propaganda política o electoral, puesto que, por regla general, la experiencia indica que la propaganda de esa naturaleza busca difundirse a un auditorio amplio. En el caso, no existen elementos que orienten hacia esa conclusión puesto que, atendiendo al horario de trasmisión y retrasmisión, resulta razonable concluir que el programa estuvo dirigido a un auditorio más restringido, sobre temas relacionados con políticas públicas a implementar con relación al sismo del diecinueve de septiembre en nuestro país y, en concreto, en la Ciudad de México.

Lo anterior es relevante, ya que el contexto en el que se enmarca el programa, la modalidad restringida de su difusión y la exhibición de éste antes de iniciar el periodo de precampaña, constituyen indicios que abonan a la conclusión de que no se pretendió difundir propaganda política o electoral a favor del PRD, defraudando a las normas que prohíben la contratación de tiempos en televisión distintos a los administrados por el INE.

En suma, conforme a los hechos probados y los indicios que se generan con base en ellos, es claro que de la mera aparición en el programa “Diálogos Galileos” del emblema y denominación de la APN Galileos, así como de la persona de Fernando Belaunzarán Méndez -afiliado a la APN Galileos, militante del PRD y parte de la corriente de opinión interna de dicho partido denominada “Iniciativa Galileos”-, no puede presumirse que se esté beneficiando al PRD, ya que ello no es suficiente para considerar que se está difundiendo propaganda política o electoral.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal, teniendo en cuenta el contexto integral del programa bajo estudio, llega a la determinación de que se está en presencia de un programa que, por su contenido y formato, puede calificarse como un programa televisivo del género de opinión, y, por tanto, contrariamente a la calificación jurídica de la Sala responsable, se está en presencia de un programa protegido por los derechos a la libertad de expresión y de información.

En este sentido, la Sala Especializada no debió declarar existente la infracción atribuida, principalmente, a Fernando Belaunzarán Méndez y Efekto TV, de los cuales, en principio, debió presumir que ejercen debidamente su derecho de libertad de expresión.

Asimismo, dado que para esta Sala Superior resulta inexistente la infracción atribuida a Fernando Belaunzarán Méndez y Efekto TV, por consiguiente, tampoco puede atribuirse responsabilidad y sancionarse a las concesionarias de televisión restringida que únicamente retransmitieron la señal. Tampoco al PRD y a la APN Galileos por haber incumplido, supuestamente, su deber de prevenir o vigilar que no se realicen este tipo de conductas (culpa in vigilando).

6. EFECTOS

Al resultar fundados y suficientes los agravios de los recurrentes orientados a demostrar que la sentencia de la Sala Especializada fue motivada indebidamente y fue incongruente, resulta innecesario estudiar los demás motivos de agravio.

En mérito de todo lo antes expuesto, ante lo fundado de los agravios, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y dejar sin efectos: a) las sanciones impuestas a todos los recurrentes; b) la orden de retirar del aire el programa “Diálogos Galileos”; así como c) el incidente relacionado y todos los actos realizados en cumplimiento de la sentencia que ahora se revoca.

7. RESOLUTIVOS

PRIMERO. -Se acumulan los expedientes SUP-REP-166/2017, SUP-REP-168/2017, SUP-REP-169/2017, SUP-REP-170/2017, SUP-REP-171/2017, SUP-REP-172/2017 y SUP-REP-173/2017 al diverso SUP-REP-165/2017. En consecuencia, se debe agregar copia de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada en los términos de los efectos de esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, y en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

Así lo resolvieron por unanimidad las Magistradas y Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ANEXO ÚNICO

Contenido del programa “Diálogos Galileos” del 31 de octubre de 2017