Si bien la denunciante en su queja hizo una clasificación en apartados, el estudio que tenía que hacer la Sala Especializada no era a partir de esa segmentación, sino de la lectura integral con relación a las pruebas aportadas y recabadas, identificando el orden cronológico, el contexto, y su interconexión, a fin de identificar el motivo detrás de los actos, y distinguir con claridad si se trataba de VPG, violencia política en general, alguna otra conducta como acoso laboral -lo que también denunció la quejosa- que fuera competencia de otra autoridad, o bien si los hechos se encontraban en el marco de los contrastes de opinión que se da en los órganos colegiados.

En efecto, en el caso, tal como se desprende de la síntesis de la sentencia impugnada y los hechos denunciados, la Sala responsable, aun cuando anunció que haría un estudio integral del caso, en la última parte de su estudio fue seccionando los hechos sin observarlos de manera interrelacionada, estudiándolos interdependientemente al igual que las pruebas, sin verificar en la argumentación y valoración de pruebas que formaban parte de un mismo fenómeno denunciado, señalando bajo esa perspectiva que en los tres primeros no se acreditaba la VPG[59], pero que respecto al quinto de los agravios denominado ambiente hostil, a partir de un dicho del cual no se ubica temporalidad, así como lo manifestado respecto a lo acontecido en un curso impartido por la SCJN y las testimoniales de cargo, que si se acreditaba ésta, sin tampoco identificar cuáles fueron los dichos machistas.

Así, la Sala Especializada extrajo uno de los hechos denunciados que forman parte del flujo denunciado, esto es, el concerniente a que la quejosa también adujo que existe una conexión entre diversas notas periodísticas negativas en contra de la Consejera Presidenta y la relación de amistad que se alude hay entre el actor y dos periodistas, notas que siguieron apareciendo durante dos mil veinte.

Lo anterior, porque si bien tuvo acreditados algunas cuestiones relacionadas con ese hecho, advirtió que no estaban emplazados todos los sujetos involucrados, por lo que ordenó a la autoridad instructora el inicio de un procedimiento especial sancionador con la finalidad de que se investigara si la realización y publicación de las notas denunciadas configuran la realización de actos de VPG en contra de la quejosa, cuando en realidad era necesario que, en atención al supuesto flujo de violencia denunciado cuyo término se dio en dos mil veinte, se sustanciara el procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores, por lo que no estaba en posibilidades de emitir aún un fallo, sino que era necesario esperar a que se sustanciara de manera adecuada el procedimiento, al existir una interconexión, máxime que en la queja se indicó que dentro del flujo de violencia que inició con la presión del pago de un haber de retiro, estaba la denostación en esas notas periodísticas negativas atribuidas por una amistad del recurrente con sus autores, cuyas publicaciones incluso continuaron en dos mil veinte.

Ahora bien, en cuanto al análisis del agravio denominado ambiente hostil, resalta que en la sentencia impugnada se indica que se cuenta con la comparecencia por parte de Joel Valencia Núñez, titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del órgano electoral local, quien manifestó que “sin poder precisar la fecha y hora exacta, en un ambiente de confianza” Jesús Alberto Muñetón Galaviz, le hizo un comentario respecto de “cuidarse de la Presidenta para no cometer algún error”; para ello refiere que no le tomó mucha importancia ya que no acostumbra a emitir juicio alguno sobre algo o alguien solo por un comentario, por lo que señala, simplemente se limitó a escuchar y respetar el punto de vista de cada persona, y la Sala Regional procedió a calificar la expresión considerando que se presenta a “la mujer” como una persona que puede hacer cometer errores a los demás integrantes del consejo local y no puede realizar sus actividades de manera correcta y puede tratarse de micromachismo.

Sin embargo, a pesar de referirse en el fallo que se iba a hacer un estudio integral, el análisis se efectuó sin identificar realmente el contexto en su emisión a partir de la visión integral e interconectada de los hechos entre los cuales se aludía lo acontecido con Joel Valencia Núñez, titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del órgano electoral local, como un ejemplo de las comunicaciones que el recurrente había tenido con los diversos integrantes del Instituto Estatal y que constituía y generaba un ambiente hostil, lo cual era relevante para poder determinar si ese ambiente que involucra todo el flujo denunciado (2014-2020) se dio con base en un estereotipo de género o no, es decir si con el análisis contextual de todos los hechos y la valoración de todas las probanzas se puede determinar que esa fue la motivación del flujo de violencia que fue denunciado.

Cabe indicar que, en el fallo tampoco se llega a determinar de forma fundada y motivada que después de los hechos de dos mil diecisiete y que se tuvieron como constitutivos de VPG, continuaron otros motivados por sesgos de género por los años subsecuentes hasta el treinta de septiembre de dos mil veinte.

En ese tenor, la Sala responsable dejó de analizar que, con independencia de que la denunciante hubiera ubicado cinco agravios, de la lectura integral de su queja se advertía que aludía a un ambiente hostil generado a partir de dos mil catorce a dos mil veinte, año en que el denunciado dejó de ser consejero electoral, impactando en el ejercicio del cargo de la quejosa, por lo que es descontextualizado que en unos segmentos señale que no existió VPG, y en un último apartado, tenga por acreditada la conducta a partir de un acontecimiento que no pudo ubicar en el tiempo, y consideraciones en torno a lo acontecido en uno de los cursos y testigos relacionados con éste, por lo que sin el análisis integral y contextual, no podía concluir que la motivación detrás de los actos se sustentaba a partir de un sesgo de género, máxime que la dimensión completa respecto a uno de los hechos que integraban el flujo de violencia como unidad fue extraído del estudio (elaboración y difusión de notas periodísticas a partir de la amistad del actor con sus autores).

Por lo expuesto, existe una afectación al recurrente porque los hechos no fueron analizados en su integridad para poder determinar que cometió o no VPG en contra de la Consejera Presidenta o se trató de otro tipo de conducta, dado que el fenómeno no puede ser seccionado, en virtud que no permite la percepción exacta en cuanto a la apreciación de la conducta, la cual también fue atribuida como acoso laboral tanto en la queja como en algunos apartados de la sentencia[60], cuando en el caso del fallo, tampoco se hizo un distingo en estos conceptos, que no tienen la misma naturaleza[61].

Ahora bien, es importante tener presente que esta Sala Superior ha señalado que, en casos de VPG, el análisis de los hechos en su contexto integral debe realizarse atendiendo al resultado de la investigación exhaustiva que se lleve a cabo. Ello, conforme a un deber reforzado de debida diligencia, lo cual implica realizar las diligencias de investigación necesarias para indagar los hechos partiendo del principio inquisitivo que rige este tipo de asuntos, lo que omitió la Sala responsable en el presente caso[62].

De ahí que, se determine revocar el fallo impugnado para los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente, a excepción de la vista dada a la UTCE en la que se ordenó el inició de un procedimiento especial sancionador con la finalidad de que se investigara si la realización y publicación de las notas denunciadas configuran la realización de actos de VPG en contra de la Consejera Presidenta, dado que es necesario que en un solo procedimiento se investiguen y resuelvan todos los hechos, emplazando a todos los sujetos denunciados, esto es, las actuaciones correspondientes deben integrarse, a efecto de no dividir indebidamente los hechos denunciados.

Al respecto, se tiene presente que el artículo 24, párrafo 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de VPG del INE, establece que si derivado de la sustanciación de la investigación, la UTCE advierte la participación de otros sujetos, deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todas las personas probablemente infractoras.

Asimismo, se debe dejar subsistente la vista dada a la UTCE sobre posibles conductas que pudieran actualizar VPG en contra de la entonces Secretaria Ejecutiva del órgano electoral local, al ser un hecho notorio[63] que, a partir de esa vista, la UTCE requirió el consentimiento de la víctima para dar inicio al procedimiento especial sancionador, quien expresó ante esa autoridad las circunstancias de las conductas que consideró constitutivas de VPG.

En ese sentido, la vista se mantiene a efecto de preservar los derechos de quien en su momento fue Secretaria Ejecutiva del OPLE, máxime que la ciudadana ante el requerimiento hecho por la UTCE manifestó su voluntad de que se iniciara el procedimiento respectivo, e incluso atendió lo que le fue solicitado por la autoridad, esto es, exponer los hechos de su dicho, a fin de precisar mayores circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido.

b. Vulneración en materia probatoria

Respecto a la vulneración en materia probatoria el actor refiere, en esencia:

      Falta de exhaustividad en la valoración de las sesiones videograbadas de dos mil veinte que aportó y que dan cuenta de su comportamiento.

      Ser recibieron testimoniales en contra del principio de carga de la prueba.

      Indebida valoración de pruebas testimoniales que fueron objetadas y presentadas en sus alegatos.

      Respecto a la testimonial rendida por Guillermina Valenzuela Romero, Ramón Guluarte Castro, Hilda Cecilia Silva Meza, le causa agravio que se les hubiera dado valor probatorio pleno a sus expresiones, dado que constituyen meras opiniones que no precisan las circunstancias de modo, tiempo, lugar y sustento probatorio para acreditar VPG simbólica.

      En el caso de la testimonial de Hilda Cecilia Silva Meza, incluso las circunstancias que relata fueron desestimadas por la Sala Especializada, dado que no las consideró como VPG simbólica.

      Omisión de valorar testimoniales de descargo, como los referidos por Guillermina Patrón Duarte, Dulcinea Apodaca Ruiz, María España, Karen de Monserrat Rincón Avena, y Jaime Rivera, así como sus actuaciones en sesiones y reuniones de trabajo de enero de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mil veinte.

      Los testimonios de descargo se dejaron de valorar por parte de la responsable dan cuenta de que las diferencias entre la denunciante y el actor eran durante la exposición de puntos de vistas sobre el trabajo, como señala el Consejero del INE, Jaime Rivera, por ejemplo.

      En ese mismo supuesto, está el caso de la testimonial de la exconsejera Carmen Silerio Rutiaga, quien expresó que sólo hubo diferencias con motivo de los puntos de vista correspondiente a la expresión de opiniones y posicionamiento integrantes del OPLE.

      Tampoco se valoró lo expresado por las exconsejeras Dulcinea Apodaca Ruiz y María España, y Karen de Monserrat Rincón Avena respecto de su persona, sin hacer referencias a violencia simbólica o verbal, ni con intención de obstaculizar de ninguna forma las funciones de la denunciante.

      Lo mismo acontece con la testimonial del exconsejero Marco Baños, que acredita que el suscrito no tiene ningún conflicto con la denunciante por ser mujer o contra las mujeres.

      No se considera que incluso llegó a coincidir y apoyar a la denunciante en cada una de sus propuestas de 2015 a 2020, lo que consta en los acuerdos votados por unanimidad o algunos de manera coordinada entre la denunciante y el actor contra propuestas de otros integrantes.

      Omisión de tomar testimoniales de las y los Consejeros que, al momento del término de su encargo, integraban el OPLE.

Como se evidenció en el apartado de explicación jurídica, existen reglas procesales particulares y obligaciones específicas en cuanto al deber de debida diligencia de la autoridad judicial en materia de VPG, por lo que contrario a la referido por el recurrente, no existe una vulneración de sus derechos al haber operado en el procedimiento la figura de la reversión de la carga de la prueba, además que en términos de la queja se denunció un flujo de violencia de dos mil catorce a dos mil veinte, por lo que atendiendo a ello y a que las reglas probatorias en materia de VPG, parten de estándares internacionales con anterioridad a la reforma y de aplicación posterior a ella, es que no se considera que exista alguna vulneración a los derechos del actor en este punto.

Por otro lado, con independencia de que el fallo no partió de un análisis integral y contextual de los hechos lo cual tiene un impacto en la emisión de la determinación judicial, es importante fijar un criterio, en cuanto a la materia probatoria, dado que opuestamente a lo referido por el recurrente, las testimoniales de descargo junto con las de cargo fueron valoradas, resaltando que el actor no ofreció ninguna de ellas, sino que fue la denunciante quien las refirió en el escrito de queja, a partir del cual se realizaron diversas diligencias para recabarlas.

Al respecto, debe subrayarse que el entendimiento del principio de inmediatez[64] en las testimoniales tiene su propia dimensión en los casos en que se denuncia VPG, dado que el retardo en la denuncia, no le resta validez a ésta y por tanto, tampoco a las testimoniales que se rindan derivadas de la presentación de dicha queja y el procedimiento respectivo que se instaure. En ese tenor, el órgano jurisdiccional debe valorar las características y circunstancias que concurren en cada testimonial, prestando especial atención a la manera en que se narra lo que presenció, para así valorar si las manifestaciones son verosímiles, incluso realizando un ejercicio de confrontación con las declaraciones de otros testigos.

Por otro lado, se advierte que asiste la razón al recurrente, en cuanto a que no existe un pronunciamiento respecto a todas las pruebas ofrecidas por éste, en busca de desacreditar que cometió VPG de dos mil catorce a dos mil veinte, bajo la idea de que para éste, los hechos denunciados se trataban en realidad de puntos de vista respecto del ejercicio de las funciones en las consejerías.

Lo anterior, es importante, máxime que en los hechos denunciados se aludió a una temporalidad hasta dos mil veinte.

En la sentencia solamente se enlistan las pruebas siguientes por parte del actor[65]:

Sin embargo, en el expediente obra también el oficio IEEBCS-SE-0332-2020[66] de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal[67], mediante el cual con relación al SUP-JDC-9928/2020[68] emitido el ocho de octubre de dos mil veinte, el cual reencauzó la demanda de la Consejera Presidenta al INE, también se remitió original del “informe circunstanciado” del recurrente[69], así como diversas pruebas ofrecidas por éste, sin que con relación a dichas documentales exista un pronunciamiento por parte de la Sala responsable, considerándolas como pruebas del actor[70] y se ordenara incluso algún tipo de certificación, como aconteció con las ofrecidas por la quejosa, y estar en posibilidades de contrastarlas, y valorarlas en su conjunto para poder tener por acreditada o no VPG hasta dos mil veinte.

Tales pruebas son:

      Prueba número 1: documental pública técnica. Audio y video de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del OPLE del periodo enero-mayo de 2020. Se remiten dos discos compactos identificados como 1ª y 1B.

      Prueba número 2: documental pública técnica. Audio y video de las sesiones ordinarias y extraordinarias por video conferencia del Consejo General del OPLE del periodo abril al treinta de septiembre de dos mil veinte, se remiten seis discos compactos identificados como 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1 H.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo remitió un disco compacto identificado como “1 audio”, conteniendo los audios de las sesiones antes referidas.

      Prueba número 3: documental pública técnica. Audio y video de las sesiones de trabajo, sesiones formales, reuniones con consejeros de las comisiones de igualdad de género, partidos políticos y grupo de trabajo con motivo de las reuniones para la reforma del reglamento de registro de candidatos y candidatas en el periodo de enero a septiembre treinta de dos mil veinte. Se remiten cinco discos compactos identificados como 3A, 3B, 3 C, 3 D, y 3 E. Disco compacto identificado como audio 3, que contiene los audios de las sesiones y reuniones mencionadas.

      Prueba número 4: documental pública. Escrito del actor donde se remite un disco compacto identificado como ACTAS CERTIFICADAS DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IEEBCS DEL 14 DE ENERO AL 21 DE AGOSTO DE 2020

      En cuanto a las sesiones celebradas, el Secretario Ejecutivo del OPLE indicó que las sesiones celebradas en fechas treinta y uno de agosto, quince de septiembre, y treinta de septiembre de dos mil veinte, aún no habían sido aprobadas por el Consejo General del Instituto local, toda vez que las mismas serían aprobadas en la sesión ordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, por lo que al momento del oficio no se contaba con las mismas.

      Prueba 5: documental pública. Copia certificada del nombramiento como Consejero Electoral del ciudadano Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojórquez López, el Secretario Ejecutivo informó que en los archivos no se cuenta con dicha documentación.

En ese tenor, no existe un pronunciamiento de tales pruebas y su contenido entendiéndolas como ofrecidas por actor, a pesar de que las mismas se enfocaban a la temporalidad final del flujo de violencia denunciado, esto es, el año dos mil veinte, solamente existe una referencia o cita del oficio que las envió, pero no propiamente una ponderación en cuento a su desahogo.

Ahora bien, debe advertirse que con relación a esas pruebas existe un vicio procesal desde la fase de instrucción.

Al respecto, de la revisión del expediente se advierte que la autoridad administrativa electoral con copia simple o medio magnético de las constancias que integran el asunto, emitió el acuerdo de admisión y emplazamiento al actor el dos de diciembre de dos mil veinte, fijando la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos[71].

El recurrente mediante correo electrónico de siete de diciembre siguiente[72], negó la comisión de la conducta infractora y volvió a ofrecer las mismas probanzas -relacionadas en el “informe circunstanciado”-, indicando que fueron solicitadas al Secretario Ejecutivo del OPLE -anexó la constancia respectiva-, precisando que a la fecha de presentación del correo no se le habían proporcionado por lo que pidió fueran requeridas para adjuntarlos al expediente que se integra.

Con relación a dichas pruebas, el actor en la contestación a su emplazamiento, en esencia, manifestó que durante sus actuaciones como consejero desde el ejercicio del encargo en dos mil catorce, ya hasta su culminación en dos mil veinte, ha mostrado respeto dentro y fuera de la institución a los integrantes del Consejo, la titular de la institución y todo su personal, y que todas sus participaciones en reuniones, sesiones públicas y con testigos técnicos, ya sea en audio o video, particularmente en ese último año, han sido mediante videoconferencias por efectos de la pandemia por COVID 19 las cuales están video grabadas y de las mismas no se desprende que acto u omisión que tenga el elemento de ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

Asimismo, indicó que tampoco se desprende que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la impugnante ya que, a su juicio, todas las participaciones se basan en su función y dentro de un órgano colegiado bajo un tema u orden del día, y tampoco se observa elementos de base en el género, es decir, su trabajo y sus participaciones en las sesiones, reuniones de trabajo no se dirigen a una mujer por ser mujer, así como tampoco tiene un impacto diferenciado en las mujeres, por lo que de ninguna forma afecta desproporcionadamente a la denunciante o a las mujeres.

Ahora bien, debe observarse que en el expediente está integrada el acta circunstanciada de la UTCE en la que se verifica el contenido de los discos aportados solamente por la quejosa, correspondientes a archivos de audios[73], indicándose que de manera general, se advertía que el contenido de dichos audios corresponde a mesas de trabajo de la Comisión de Partidos Políticos, Registro, Prerrogativas, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del Instituto local, correspondientes a la Estrategia de trabajo para la elaboración de la reforma al Reglamento de Registro de Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular; sin embargo, no existen constancias en las que se advierta que respecto de los discos compactos relacionados con documentales, y archivos de audio y video ofrecidos por el actor y remitidos en atención a su solicitud por el OPLE, se hubiera verificado el contenido, lo cual, como se dijo, es relevante para poder contrastarlas con las ofrecidas por la quejosa y las recabadas también por la autoridad administrativa electoral.

Incluso, la UTCE refirió en la audiencia de pruebas y alegatos[74], así como en el informe circunstanciado que rindió a la autoridad resolutora[75], que las partes denunciadas únicamente ofrecieron las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, sin realizar mayor precisión y verificación de las pruebas remitidas en su momento por el OPLE, a solicitud del actor, y que formaron parte de las constancias del SUP-JDC-9928/2020, de ahí que existe vulneración en materia probatoria relacionada con el principio de exhaustividad en perjuicio del actor, al no haberse tomado en consideración tanto en la fase de instrucción como en la resolución que existían medios de convicción ofrecidos por éste.

En ese sentido, ante la existencia de la reversión de la carga de la prueba en casos de VPG y respeto de los derechos procesales del denunciado, existía el deber por parte de la UTCE de realizar las diligencias respectivas, y del órgano jurisdiccional de hacer el pronunciamiento exhaustivo sobre los medios de convicción ofrecidos por el denunciado, máxime si se considera que ambas autoridades tienen que cumplir con su deber de debida diligencia, como lo exige la impartición de justicia con perspectiva de género, ello independientemente del nivel de corroboración que en la fase de resolución tendrán las pruebas del actor en cuanto a su responsabilidad en la comisión de VPG.

En ese tenor, en el presente asunto se obviaron los derechos probatorios del actor dentro del procedimiento, lo cual constituye otra razón más para revocar la sentencia controvertida, y ordenar la regularización del procedimiento a la autoridad administrativa electoral, ya que desde la fase de instrucción existe un vicio procesal.

En suma, de este apartado se advierte que no existió un estudio contextual e integral de los hechos y no se realizó una valoración y diligencia probatoria adecuada, ya que en este asunto se: a) omitió conformar el conjunto de elementos de juicio necesarios para apoyar o refutar las hipótesis sostenidas en la denuncia; b) omitió evaluar el alcance que todos los elementos de juicio aportaban a la hipótesis en conflicto, de forma individual y en conjunto; y c) adoptó una decisión sobre hechos no probados.

En efecto, la Sala responsable, sin haber determinado el grado de confirmación de las hipótesis a probar, procedió a la calificación jurídica y determinó la existencia de VPG sin haber superado los problemas de la prueba de los hechos, lo que se traduce en una indebida motivación de la decisión judicial.

En esta tesitura, si el resultado de la valoración de la prueba es siempre contextual, el hecho de que no se cuente con algún elemento de juicio puede impactar en el conjunto, de allí que, en el caso, una adición o sustracción de algún elemento, podía alterar el valor probatorio y la decisión sobre los hechos demostrados[76].

Lo anterior se robustece, si se considera que el asunto exigía un juzgamiento con perspectiva de género, en donde el análisis integral y contextual de los hechos y las pruebas se torna crucial, debido a que el resultado puede comprometer la valoración del asunto en conjunto.

El resultado del análisis del bloque anterior es suficiente para revocar la sentencia lo que hace innecesario pronunciarse sobre los temas de sanción, las medidas de satisfacción y no repetición, y las demás vistas, dado que quedan sin efectos.

Estudio del tercer bloque de agravios

Los agravios vinculados con la supuesta parcialidad ocurrida en la discusión pública de la Sala Especializada son inoperantes dado que la naturaleza del presente recurso es la revisión del fallo. Por ello, lo manifestado en tal sesión no puede ser materia de revisión por parte de esta Sala Superior.

Sexta. Efectos. En virtud de lo expuesto, lo procedente es revocar la sentencia controvertida para los efectos siguientes:

1. Dejar subsistente la vista dada a la UTCE sobre posibles conductas que pudieran actualizar VPG en contra de la entonces Secretaria Ejecutiva del órgano electoral local a efecto de preservar sus derechos.

2. Remitir el expediente a la UTCE para que integre al procedimiento materia de este asunto el procedimiento -abierto a raíz de la vista de la Sala Regional, la cual se mantiene- vinculado con la investigación relacionada con las notas periodísticas cuestionadas y el emplazamiento de los periodistas denunciados. El procedimiento se debe sustanciar en breve término, respecto de todas las personas señaladas como infractoras[77], y sin fragmentar de hechos.

3. Se regularice el procedimiento materia de esta sentencia. Es decir, se tomen en cuenta las pruebas ofrecidas por el actor -que fueron remitidas por el Secretario Ejecutivo del OPLE en virtud de la solicitud de éste- y se lleven a cabo todas las diligencias que considere necesarias la UTCE para verificar su contenido. Asimismo, se deben obtener mayores elementos y verificar el contexto de la conversación que refiere Joel Valencia Núñez, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas; así como llevar a cabo las diligencias que sean necesarias para precisar cuáles fueron las manifestaciones machistas que se detectaron en uno de los cursos impartidos por la SCJN[78].

4. Una vez realizadas las diligencias pertinentes a partir del estándar de debida diligencia, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se emita[79], se deberá llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respectiva; y la UTCE deberá rendir el informe circunstanciado en los términos de los artículos 473.1 de la LGIPE y 34.1, del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de VPG del INE, y enviar el expediente a la Sala Especializada.

5. Recibido el expediente, la Sala Especializada deberá hacer un examen integral y contextual de todo lo planteado, en función de la hipótesis que se sostiene en la acusación, desde una perspectiva de género, pudiendo considerar incluso la necesidad de ordenar otras diligencias.

6. En ese tenor, impartiendo justicia con perspectiva de género, respetando los derechos de las partes y atendiendo los principios que rigen este tipo de procedimientos, la Sala Especializada deberá determinar si la conducta denunciada es o no constitutiva de VPG; o bien si se pudiera estar frente a la comisión de algún ilícito de distinto orden o de una infracción cuya competencia sea de otra autoridad y estar en aptitud de darle vista con el debido razonamiento.

Una vez que se regularice el procedimiento y la Sala Especializada decida el fondo del asunto, debe tener presente respetar el principio de non reformatio in peius, para que, en caso de que se determine la existencia de VPG por conductas adicionales a la originalmente atribuida, no se agrave la situación jurídica del recurrente.

7. La Sala Especializada deberá informar a esta Sala Superior el cumplimiento a lo ordenado en este fallo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que ello suceda, anexando copia certificada de las constancias respectivas.

Por lo anteriormente expuesto se

R E S U E L V E

Primero. Se revoca la sentencia controvertida, en los términos y para los efectos precisados en este fallo.

Segundo. Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que proceda en los términos establecidos en esta sentencia.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado Indalfer Infante Gonzales quien formula voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO INDALFER INFANTE GONZALES, EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-21/2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 187, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

I. Introducción

De manera respetuosa, no comparto el sentido y las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en este asunto, en la que se ordena regularizar el procedimiento para que la Sala Regional Especializada analice de manera integral y contextual los hechos denunciados y no lo haga de manera fraccionada, pues, en mi concepto, no existen razones para reponer el procedimiento, porque esto podría afectar la condición jurídica del denunciado, que es quien interpuso el medio de impugnación.

II. Sentencia

En la sentencia se decidió revocar la resolución emitida por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-2/2021, en la que determinó la existencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género cometida hacia la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, por parte del entonces consejero de dicho órgano, Jesús Alberto Muñetón Galaviz.

Lo anterior, al considerar que existen deficiencias en la forma como se analizaron los hechos, dado que se fraccionaron y no existió un debido estudio en materia probatoria, lo cual no permite concluir si tales hechos fueron instantáneos, continuos o continuados, ni tampoco la responsabilidad del recurrente.

Además de que la sala responsable extrajo uno de los hechos denunciados concerniente a que la quejosa también adujo que existe una conexión entre diversas notas periodísticas negativas en su contra y la relación de amistad que se alude hay entre el recurrente y dos periodistas, las cuales siguieron apareciendo durante dos mil veinte y que, si bien tuvo por acreditadas algunas cuestiones relacionadas con ese hecho, advirtió que no estaban emplazados todos los sujetos involucrados, por lo que ordenó a la autoridad instructora el inicio de un procedimiento especial sancionador, cuando en realidad era necesario que, en atención al supuesto flujo de violencia denunciado cuyo término se habría dado en dos mil veinte, se sustanciara el procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores.

Por lo que se estimó que la Sala Especializada no estaba en posibilidades de emitir un fallo, sino que era necesario esperar a que se sustanciara de manera adecuada el procedimiento, al existir una interconexión; máxime que en la queja se indicó que dentro del flujo de violencia estaba la denostación en esas notas periodísticas negativas atribuidas por una amistad del recurrente con sus autores, cuyas publicaciones incluso continuaron en dos mil veinte.

En tal virtud, la mayoría aseveró que existe una afectación al recurrente, porque los hechos no fueron analizados en su integridad para poder determinar si cometió o no violencia política en razón de género en contra de la Consejera Presidenta denunciante o se trató de otro tipo de conducta, dado que el fenómeno no puede ser seccionado, porque no permite la percepción exacta en cuanto a la apreciación de la conducta, la cual también fue atribuida como acoso laboral tanto en la queja como en algunos apartados de la sentencia, cuando en el fallo tampoco se hizo un distingo en estos conceptos, que no tienen la misma naturaleza.

Asimismo, se estableció que la responsable no se pronunció respecto de diversas pruebas ofrecidas por el actor que tampoco fueron consideradas por la autoridad administrativa electoral, pues no procedió a la verificación del contenido de los discos compactos que exhibió, ya que se limitó a referir que éste únicamente había ofrecido la presuncional y la instrumental de actuaciones.

Por las razones expuestas, se determinó revocar la sentencia controvertida y ordenar la reposición del procedimiento para los efectos que en la misma se indican.

III. Motivos del sentido de disenso

Considero que en el caso no se debió ordenar la reposición del procedimiento, en atención a las siguientes razones.

La Sala Especializada indicó que, de la denuncia presentada por la Consejera Presidenta, se advertía que hizo valer los siguientes hechos o conductas que estimó constitutivas de violencia política en razón de género en su contra: 

I.                    La presión y hostigamiento que recibió por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz, derivado de la exigencia y la consecuente negativa de pago al entonces funcionario, por el concepto “haber por retiro” supuesta prestación exigida con motivo de la conclusión de su encargo como Consejero Presidente en el año dos mil catorce.

II.                 La resistencia por parte de Jesús Muñetón Galaviz, con el apoyo de Manuel Bojórquez López, entonces consejeros, para dar cumplimiento de la paridad vertical y horizontal en el registro de candidaturas, a los cuales atribuye manifestaciones de desánimo e importancia en todo momento, por tratarse de acciones para competir en igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres.

III.               La obstaculización de sus atribuciones o funciones del cargo como Consejera Presidenta la cual atribuye a Jesús Alberto Muñetón Galaviz.

IV.              La publicación de notas periodísticas en distintos medios de comunicación, las cuales manifiesta empezaron a publicarse derivado de la cancelación de los contratos de publicidad que el entonces consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz y de la relación de amistad que sostuvo con los periodistas durante su gestión como consejero presidente en el ejercicio dos mil catorce.

V.                La creación de un ambiente de hostilidad en su contra generado por parte del consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz

La Sala responsable determinó que la primera, segunda y tercera de las conductas expuestas no actualizan violencia política contra las mujeres en razón de género.

En el mismo sentido, respecto a las notas periodísticas denunciadas (cuarta conducta) señaló que en el expediente hay indicios sobre su existencia y contenido, así como de las personas o medios de comunicación involucrados en su creación y publicación, sin embargo, que los mismos no fueron llamados a juicio, aun cuando se advertía su posible participación en los hechos denunciados.

Por lo que ordenó a la autoridad instructora el inicio de un procedimiento especial sancionador con la finalidad de que se investigue si la realización y publicación de tales notas configuran actos de violencia política en razón de género en contra de Rebeca Barrera Amador.

Por otro lado, la Sala Especializada tuvo por acreditada la violencia política en razón de género respecto de la quinta conducta, consistente en la generación de un ambiente hostil por parte del denunciado.

En suma, la sala responsable consideró existente la infracción relativa a violencia política en razón de género cometida en perjuicio de la consejera presidenta por Jesús Alberto Muñetón Galaviz, ahora recurrente, quien en su momento ejerció la calidad de consejero electoral de ese instituto solamente por la quinta conducta denunciada (generación de un ambiente hostil).

Bajo ese contexto, los pronunciamientos sobre las cuatro conductas respecto de las cuales la Sala Especializada consideró no acreditada la violencia política en razón de género fueron favorables al denunciado (único recurrente en el caso), motivo por el cual no podían ser materia de estudio en esta instancia jurisdiccional.

En tal sentido, la litis del presente recurso estaba circunscrita a analizar la legalidad de la decisión de la Sala responsable respecto de la conducta por la que sí se tuvo por acreditada la violencia política en razón de género, es decir, la supuesta generación de un ambiente hostil.

Sobre este punto, en la sentencia se indica:

“En ese tenor, la Sala responsable dejó de analizar que, con independencia de que la denunciante hubiera ubicado cinco agravios, de la lectura integral de su queja se advertía que aludía a un ambiente hostil generado a partir de dos mil catorce a dos mil veinte, año en que el denunciado dejó de ser consejero electoral, impactando en el ejercicio del cargo de la quejosa, por lo que es descontextualizado que en unos segmentos señale que no existió VPG, y en un último apartado, tenga por acreditada la conducta a partir de un acontecimiento que no pudo ubicar en el tiempo, y consideraciones en torno a lo acontecido en uno de los cursos y testigos relacionados con éste, por lo que sin el análisis integral y contextual, no podía concluir que la motivación detrás de los actos se sustentaba a partir de un sesgo de género, máxime que la dimensión completa respecto a uno de los hechos que integraban el flujo de violencia como unidad fue extraído del estudio (elaboración y difusión de notas periodísticas a partir de la amistad del actor con sus autores).”

De lo transcrito, se puede concluir que la mayoría consideró que el único hecho que la Sala Especializada tuvo por acreditado como violencia política en razón de género (generación de un ambiente hostil) no pudo se ubicar en tiempo; además de que tampoco se identificaron las frases catalogadas como machistas.

Es decir, en la sentencia se reconoce una insuficiencia probatoria respecto del único hecho por el que la Sala Especializada tuvo por acreditada la violencia política en razón de género.

La solución que adoptó la mayoría ante ese problema fue reponer el procedimiento para que se analicen en su integridad todos los hechos denunciados y para obtener mayores elementos y verificar el contexto de la conversación que refiere Joel Valencia Núñez, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas; así como llevar a cabo las diligencias que sean necesarias para precisar cuáles fueron las manifestaciones machistas que se detectaron en uno de los cursos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En mi concepto, la decisión de reponer el procedimiento para que se analicen en su integridad todos los hechos perjudica al recurrente, en primer lugar, porque la resolución impugnada lo benefició al considerar que algunos de los hechos denunciados no constituyen violencia política en razón de género y esa decisión no fue impugnada por parte legitimada para ello, por lo que debió quedar firme.

De igual manera, perjudica al recurrente la orden de que se obtengan y se valoren mayores elementos para corroborar o descartar la existencia del único hecho por el que se tuvo por acreditada la violencia política en razón de género y respecto del cual se reconoce en la sentencia que no se encuentra suficientemente probado (porque ni siquiera fue posible ubicarlo en su temporalidad).

Estimo que esta última decisión perjudica al inconforme, porque si el único hecho por el que fue sancionado el recurrente no se encuentra suficientemente probado, la solución jurídica no era otorgar una nueva oportunidad para que las autoridades encargadas de instruir y resolver el procedimiento sancionador perfeccionen la investigación, sino emitir la resolución de fondo que corresponde en ese escenario.

Por esa razón estimo que no debió reponerse el procedimiento, sino, en todo caso analizarse si con base en los argumentos planteados por la denunciante y los medios de convicción que tomó en consideración la sala responsable efectivamente esa conducta está probada y si constituye o no violencia política en razón de género.

Cabe mencionar que la circunstancia de que al final de la sentencia se destaque que ese análisis se tiene que llevar a cabo sin agravar la situación del recurrente, de cualquier manera, no lo beneficia, en la medida en que la Sala Especializada tomará en cuenta otros elementos respecto de los cuales ya había una decisión que favorecía al inconforme, en el sentido de que no son constitutivos de violencia política en razón de género y es ahí donde se está generando perjuicio al impugnante.

IV. Conclusión

Por las razones expuestas, respetuosamente me aparto de las consideraciones de la sentencia, pues, estimo que la reposición del procedimiento perjudica al demandante.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

[1] En adelante recurrente, parte actora, parte recurrente, o denunciado.

[2] En adelante Sala responsable o Sala Especializada.

[3] En adelante Sala Superior.

[4] SRE-PSC-2/2021.

[5] En adelante Instituto Estatal, Instituto local u OPLE.

[6] En adelante denunciante, quejosa o Consejera Presidenta.

[7] Concluyeron su cargo el treinta de septiembre de dos mil veinte.

[8] En adelante VPG.

[9] La queja se registró con la clave UT/SCG/PE/RBA/CG/70/2020.

[10] SRE-PSC-2/2021.

[11] los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 186, párrafo primero, fracción III, inciso h), y 189, párrafo primero, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso a), y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en adelante Ley de Medios).

[12] De conformidad con los artículos 7, párrafo 1, 9, 12, 109, 110 de la Ley de Medios.

[13] Los días dieciséis y diecisiete de enero, que fueron sábado y domingo, no se computan al no estar relacionado el asunto con un proceso electoral. Artículo 7, párrafo 2 de la Ley de Medios.

[14] Artículo 109, párrafo 3 de la Ley de Medios. Cabe indicar que en el expediente obra constancia que la notificación personal al actor se practicó hasta el diecinueve de enero.

[15] Resulta orientadora la jurisprudencia 7/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.

[16] Nombramiento que surtió efectos a partir del primero de octubre de dos mil catorce.

[17] La quejosa manifestó que en diversas ocasiones presentó ansiedad y que presentó depresión post-parto porque en su interior se fue acumulando el estrés derivado del conflicto interno para destituir a la Secretaria Ejecutiva del OPLE (en 2015). Relata que se inició de oficio una carpeta de investigación en penal en la cual una psicóloga indicó que la violencia no perjudicaba el desempeño de sus funciones.

[18] En adelante SCJN.

[19] El personal de esa Dirección dio las siguientes pláticas a integrantes del Instituto local:

-Sensibilización en materia de acoso laboral y sexual, los días veintidós y veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

-Derechos humanos y no discriminación, los días once y doce de septiembre de ese mismo año, impartido por la Licenciada Nadie Sierra Campos.

[20] Mencionó que el denunciado se acercó también con las funcionarias Guillermina Valenzuela, Lizideth Guillermina Patrón Duarte y la Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante.

[21] La presidenta aduce que le señaló que sí signaba los cheques para el pago “por haber de retiro” la apoyaría en todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

[22] Refirió como testigo a la consejera electoral Hilda Silvia Bustamante, quien estuvo presente en todas las reuniones de consejeras y consejeros electorales y conoció de cerca las exigencias de pago.

[23] Aduciendo falta de experiencia y conocimiento en la materia electoral.

[24] En la queja se precisan oficios y anexos.

[25] Esto lo relacionó con un incumplimiento por parte las y los consejeros al artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, al no cumplir con la máxima diligencias en el servicio y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia del mismo o implique abuse o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.

[26] María España Karen de Monserrath Rincón Avena y Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz.

[27] Ofreció el audio de tales reuniones -de marzo a septiembre de ese año.

[28] Tales publicaciones iniciaron en la segunda quince de marzo de dos mil quince, continuaron en dos mil dieciséis, y en dos mil veinte con la publicación de notas relativas a Rebeca Barrera Amador en los medios “Radar Político”, “Análisis BCS”, “El Informante BCS” y “La Polaca BCS”. La última publicación referida en la queja es del siete de agosto de dos mil veinte. Las publicaciones se relacionan también en la sentencia impugnada p.p.21 a 25.

[29] Durante la gestión del consejero Muñetón Galaviz como presidente se hicieron pagos a las revistas “Análisis” y “Que poca”, acompañando la quejosa diversa documentación al respecto.

[30] Mencionó que en diversas ocasiones Armando Ricardo Romero Balcázar, director general de la Revista “Que poca”, y en ocasiones personal adscrito a esa revista entraban a las oficinas institucionales a repartirla sin contar con autorización e invadiendo la privacidad laboral de las personas. Eran altaneros y tocaba la revista en la imagen donde aparecía la consejera presidenta y decían “mira a la corrupta de tu jefa lo que anda haciendo”, creando un ambiente negativo, por lo que la quejosa tomó la determinación de que fuera el área administrativa por conducto del guardia de seguridad que se recibiera la revista.

[31] La quejosa lo señaló como testigo.

[32] En adelante VPG.

[33] Similares consideraciones arribaron la Sala Superior al resolver el SUP-JDC-9/2019. En el que determinó que, dado que el Consejo General del OPLE es un órgano colegiado, los diversos asuntos y tópicos son sometidos a este tipo de escrutinio o debate, que aun cuando se pueda considerar vigoroso o vehemente no constituye un actuar irregular o ilegal por parte de sus integrantes.

[34] En adelante FEPADE.

[35] En adelante RNPSVPG.

[36]Ibidem, p.14.

[37] La Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, refiere que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, tiene que implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

[38] Jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.

[39] SUP-JE-102/2016, SUP-JE-107/2016 y SUP-RAP-393/2018.

[40] Protocolo para juzgar con perspectiva de género, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, noviembre de 2020, p. 146.

[41] Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Edición, noviembre de 2020. p. 164

[42] Cfr. Mutatis mutandis, Amparo en revisión 152/2013, 23 de abril de 2014.

[43] SUP-RAP-393/2018 y su acumulado.

[44] SUP-REC-91/2020, votado por mayoría de votos.

[45] Mismo precedente.

[46] La violencia política de género se puede originar por uno o más personas que se aprovechan de su cargo y funciones para generar actos que violentan los derechos de las mujeres por su condición de género, ya sea como pares, jefes o subordinados.

[47] Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es una prueba fundamental sobre los hechos. Lo anterior, no significa que cualquier testimonial sea suficiente para derrotar la presunción de inocencia. Cuando hay pruebas de descargo, éstas deben ser confrontadas con las pruebas de cargo para estimar si se da la conducta y la responsabilidad. Esto es acorde, mutatis mutandis a la doctrina que refirió la Primera Sala de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 1412/2017.

Por otro lado, la Corte interamericana, por ejemplo, reiteró su criterio según el cual las declaraciones de las víctimas pueden ser útiles porque pueden brindar mayor información sobre las eventuales violaciones y sus consecuencias, pero no pueden ser evaluadas aisladamente sino dentro del conjunto de pruebas del proceso. Consultable en Caso Fernández Ortega y otros vs México, supra párr. 53 y caso Rosendo Cantú y otra vs México, supra párr. 52.

[48] Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

[49] Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO y jurisprudencia 48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.

[50] Tesis X/2017, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA.

[51] Párrafos 26 a 34 de la sentencia impugnada.

[52] Asimismo, afirma: Tal y como sucede en el presente caso, en donde Rebeca Barrera Amador denuncia la realización de una serie de actos que pueden actualizar la infracción de violencia política por razón de género, los cuales se realizaron a partir de su nombramiento como Consejera Presidenta en dos mil catorce, hasta el mes septiembre de dos mil veinte (actos realizados de manera continua), es decir, todos los actos narrados en la denuncia por la quejosa son actos reiterados al llevarse a cabo dentro de la temporalidad antes precisada.

[53] Cuaderno accesorio 3, p.p. 19 a 73.

[54] En la queja a foja 10 se indica que con ello se buscaba imponerle la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función. Una de las tantas pretensiones que a juicio de la quejosa tenían el actor y otro consejero, eran obligarla mediante presión o intimidación bajo la amenaza de que sino signaba los cheques por el pago por haber de retiro no la apoyaría en todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones es por ello que se le exigía suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad.

[55] Entre la creación, de ese ambiente la quejosa indicó como ejemplo, el acercamiento que Jesús Alberto Muñetón Galaviz tuvo con el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, Joel Valencia Núñez, diciéndole “cuídate de la Presidenta porque te llevará a cometer error”.

[56] https://issuu.com/licarmandorromerobalcazar/docs/quepoca_249_indesign_cs5

[57] Hechos en los que no se refiere temporalidad: En diversas ocasiones Armando Ricardo Romero Balcázar, director general de la Revista “Que poca”, y en ocasiones personal adscrito a esa revista entraban a las oficinas institucionales a repartir ésta, sin contar con autorización previa invadiendo la privacidad laboral de las personas, y el mensaje que emitan siempre iba en tono altanero, se tocaba la revista en la imagen donde aparecía la consejera presidenta y les decían “mira a la corrupta de tu jefa lo que anda haciendo”, creando un ambiente negativo, por lo que la quejosa tomó la determinación de que fuera el área administrativa por conducto del guardia de seguridad que se recibiera la revista.

[58] Creación de chat de consejeros y consejeros, en el cual el Consejero Jesús Alberto Muñetón Galaviz le dijo a la Consejera Presidenta “Si lo que quieres es que se corte la comunicación entonces, de aquí en adelante todo tendrá que ser formal”. Lo que ocasionó desaparecer el grupo por las presiones que ejercía con las consejeras y consejeros. Este hecho se ubica en la queja con los problemas respecto a la solicitud de cambio de Secretaria Ejecutiva, pero no precisa fecha.

[59] 1) La presión y hostigamiento que recibió con relación por el concepto de “Haber por Retiro”, lo que detonó en molestia, inconformidad y violencia en contra de la quejosa; 2) obstaculización de sus atribuciones y funciones del cargo de Consejera Presidenta, lo que en diversas ocasiones el denunciado pretendía en todo momento ocupar. Lo cual se relaciona con actos e inconformidades del actor vinculadas al desempeño de Malka Meza Arce como Secretaria Ejecutiva del Instituto local; 3) resistencia por parte del Consejero denunciado, con el apoyo del exconsejero Manuel Bojórquez López respecto del cumplimiento de la paridad vertical y horizontal en el registro de las candidaturas, manifestando desánimo e importancia en todo momento, por tratarse de acciones para competir en igualdad de oportunidades y condiciones de hombres y mujeres.

[60] Párrafo 284 de la sentencia controvertida: Esto es, no toda la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de género, pues las conductas de hostigamiento hacia una trabajadora, inclusive con miras a minimizarla o eliminarla del puesto de trabajo, si bien podrían llegar a configurar el acoso laboral, o como en el caso, la supuesta hostilidad; actualizan por sí mismas, acoso laboral por el hecho de ser mujer. Además de que, en el caso, se puede determinar que las conductas constituyeron un hostigamiento, y que estas fueran cometidas de forma reiterada por parte del sujeto denunciado, con mayor predominio hacia las mujeres Citándose la tesis LXXXV/2016 de rubro: ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL y lo precisado por esta Sala Superior en el SUP-JDC-9/2019.

[61] SUP-JE-43/2019, en el que se indican el concepto de acoso laboral como concepto a tomar en cuenta cuando también se alude a su comisión y SUP-REC-61/2020 en el que se señala que existen diferencias entre obstaculización de un cargo, violencia política y violencia política en razón de género.

[62] SUP-JE-107/2016 y SUP-JDC-299/2021.

[63] SUP-REP-70/2021, en cuyo expediente se cuestiona el desechamiento de la queja por parte de la UCTE.

[64] Los principios que rigen la inmediatez procesal son la percepción, evocación y recuerdo.

•Percepción: en virtud de que, como facultad de percatarse de los sucesos a través de los sentidos, por sí misma se va desvaneciendo en cuanto a su fidelidad al pasar del tiempo.

•Evocación: ya que como la facultad de traer al consciente lo que permanece guardado en la memoria, además de variar en cada persona, dicha facultad también se debilita al correr el tiempo.

•Recuerdo: Toda vez que como la capacidad de almacenar los acontecimientos captados por los sentidos se va olvidando paulatinamente; por ello, el derecho reconoce el principio de inmediatez como factor importante, que deberá tomar en cuenta el juzgador al valorar lo declarado.

Sirve de criterio orientador, mutatis mutandis la Jurisprudencia I.6o.P. J/6 de rubro: PRUEBA TESTIMONIAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INMEDIATEZ PROCESAL PARA SU VALORACIÓN.

Asimismo, 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN de rubro PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES APLICABLE SIN IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA CUAL SE PRETENDA CLASIFICAR AL TESTIGO.

[65] Anexo uno de la sentencia controvertida, p.9.

[66] Cuaderno accesorio 3, p.p. 79 a 82. Solamente se refiere en la audiencia de pruebas y alegatos el oficio del Secretario del OPLE como prueba recabada por la autoridad administrativa electoral, pero no las pruebas que se acompañan y su contenido, y no se advierte por la autoridad administrativa que en realidad dichas pruebas también fueron ofrecidas por el actor.

[67] Presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el siete de octubre de dos mil veintiuno.

[68] El cual, en su oportunidad, fue reencauzado a la autoridad administrativa electoral por esta Sala Superior. El acuerdo de reencauzamiento obra en la página 346 del cuaderno accesorio 2. En ese acuerdo la Sala Superior decidió remitir las constancias atinentes del expediente al INE para que determinara lo que en derecho procediera.

[69] Cuaderno accesorio 3, p.p. 86 a 94.

[70] Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, la UTCE tuvo por recibido el oficio suscrito por el actuario de la Sala Superior, por el que se remitió copia certificada de la sentencia dictada en el SUP-JDC-9928/2020, y se indicó que el escrito presentado en el juicio ciudadano guardaba identidad con la queja presentada a dicha autoridad. Asimismo, en el expediente está integrado el acuse de fecha quince de octubre pasado, por parte de esta Sala Superior del oficio INE-UT/03178/2020 por el cual, el Director de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres de la UTCE, refiere que en cumplimiento al acuerdo de trece de octubre, se hacía del conocimiento a la Presidencia de este órgano jurisdiccional, el contenido de dicho acuerdo, en el que se tuvo por recibida la copia certificada de la sentencia referida y anexos. Consultable en el Cuaderno accesorio 2, p. 374.

[71] Cuaderno accesorio 2, p.p. 451 a 459.

[72] Cuaderno accesorio 2, p.p. 469 a 480.

[73] En cumplimiento del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve en el que se tuvo por recibida la queja, se reservó la admisión, el emplazamiento, y se ordenaron diversas diligencias de investigación, entre otras cuestiones. Cabe indicar que posteriormente, mediante acuerdo de primero de octubre de dos mil veinte, se ordenaron más diligencias pero enfocadas a requerir al Instituto local versiones estenográficas de dos mil quince. El acuerdo es consultable en el cuaderno accesorio 1, p.p. 661 a 680. Por su parte, el acta circunstanciada se ubica en ese mismo cuaderno accesorio, p.p. 684 a 690.

[74] Solamente está referido el oficio del OPLE, sin mayor precisión de las pruebas, y únicamente vinculándolo como parte de las recabadas por la autoridad sin identificar el contenido de los discos compactos y sin vislumbrar que el actor las ofreció también, por lo que debieron desahogarse verificando dicho contenido.

[75] Informe circunstanciado en los términos de los artículos 473, párrafo 1, de la LGIPE, y 34, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de VPG, consultable de la página 5 a página 14 del cuaderno principal del expediente de la SRE.

[76] SUP-JDC-299/2021.

[77] Artículo 24, párrafo 1 del del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de VPG del INE. 

1. Si derivado de la sustanciación de la investigación la Unidad Técnica advierte la participación de otros sujetos, deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todas las personas probablemente infractoras.

[78] En similar sentido resolvió esta Sala Superior en el SUP-JDC-299/2021.

[79] Artículo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de VPG del INE.