SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: SX-JDC-88/2019 Y SX-JDC-89/2019, ACUMULADOS.

ACTORAS: MICAELA SANTIZ GÓMEZ Y ANTONIA TORRES SANTIZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TERCERA INTERESADA: MARTHA LÓPEZ SANTIZ.

MAGISTRADA PONENTE: EVA BARRIENTOS ZEPEDA.

SECRETARIO: BENITO TOMÁS TOLEDO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.

SENTENCIA que resuelve los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citados, promovidos por las siguientes ciudadanas[1]:

Expediente

Nombre

SX-JDC-88/2019

Micaela Santiz Gómez

SX-JDC-89/2019

Antonia Torres Santiz

Quienes impugnan, se duelen de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas[2] en el juicio ciudadano local, identificado con la clave TEECH/JDC/290/2018 que, entre otras cuestiones, ordenó al Presidente Municipal de San Juan Cancuc, tomarle protesta a Martha López Santiz como Síndica del referido ayuntamiento; otorgarle las facilidades necesarias para el ejercicio de dicho cargo; convocarla a sesiones de cabildo; y el pago de sus dietas correspondientes.

ÍNDICE

ANTECEDENTES

I. Contexto y cadena impugnativa.

ll. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

SEGUNDO. Acumulación.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

CUARTO. Tercera interesada.

QUINTO. Pretensión, agravios y metodología de estudio

SEXTO. Estudio de fondo

SÉPTIMO. Análisis con plenitud de jurisdicción

OCTAVO. Efectos de la sentencia

RESUELVE

SUMARIO DE DECISIÓN

Esta Sala Regional revoca la resolución impugnada, al advertir que la responsable no tomó en cuenta todas las constancias del expediente, y que omitió resolver la controversia que le fue planteada con perspectiva intercultural, en concreto, omitió considerar datos relacionados con la costumbre de esa comunidad para la elección de las candidaturas a través de plebiscitos.

En tales condiciones, se analiza la controversia planteada ante la instancia local con plenitud de jurisdicción, y se determina que Martha López Santiz tiene derecho a ocupar el cargo de Síndica Municipal, ya que su sustitución por parte de la comunidad no respetó su garantía de audiencia.

No obstante, debido a las particularidades de la forma de elección que tienen en la comunidad a la que pertenece dicha ciudadana, y en aras de dar cabal cumplimiento a la obligación de analizar con perspectiva intercultural, se solicita al Instituto electoral local, que lleve a cabo las pláticas de sensibilización que estime pertinentes, y se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que realice lo conducente a efecto de que Martha López Santiz pueda desempeñar su cargo de manera pacífica.

ANTECEDENTES

I. Contexto y cadena impugnativa.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en los expedientes, se advierte:

1.                Primera asamblea general comunitaria. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante los usos y costumbres del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, se llevó a cabo la asamblea pública municipal de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional[3], para elegir y postular a la persona que ocuparía la candidatura a la Presidencia Municipal, así como la planilla para contender en la elección municipal regida por el sistema de partidos políticos, a celebrarse el primero de julio de la referida anualidad.

2.                Segunda asamblea general comunitaria. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo nuevamente una asamblea pública de representantes, participantes, exautoridades y líderes principales del PRI. En esa reunión se determinó sustituir a Martha López Santiz, quien había sido electa como candidata a Síndica Municipal, al considerar que realizó actos de campaña en favor de un partido político distinto al que la postuló. En su lugar, determinaron registrar a Antonia Torres Santiz.

3.                Solicitud de sustitución. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Municipal del PRI en San Juan Cancuc, Chiapas, solicitaron al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas[4], sustituir a Martha López Santiz y poner en su lugar a Antonia Torres Santiz, y agregaron el acta circunstanciada mencionada en el párrafo que antecede.

4.                Respuesta a la solicitud. El veintisiete de mayo, el Instituto electoral local, por conducto del encargado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, hizo del conocimiento del representante propietario del Comité Directivo Municipal del PRI, que no era posible atender la sustitución solicitada, habida cuenta que las sustituciones proceden sólo en casos de: a) fallecimiento; b) inhabilitación decretada por autoridad competente; incapacidad decretada judicialmente; y/o renuncia por escrito debidamente ratificada.

5.                Evento político. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo un evento político por parte del Partido Verde Ecologista de México[5], en el cual, el candidato a Presidente Municipal del referido ente político presentó a Martha López Santiz como excandidata del PRI, informando que se integraría a la planilla del PVEM.

6.                Solicitud de sustitución de candidato. El diecisiete de junio de dos mil dieciocho, el Presidente y el Secretario General referidos con anterioridad, presentaron un escrito dirigido al Consejero Presidente del Instituto local, por el cual hicieron de su conocimiento el evento mencionado en el parágrafo que antecede, por lo que solicitaron nuevamente que se llevara a cabo la sustitución de la candidata a Síndica Municipal.

7.                Entrega de constancia de mayoría. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, las personas que integraron la planilla ganadora postulada por el PRI se presentaron ante el IEPC para recibir la constancia de mayoría respectiva, entre esas personas se encontraba la ciudadana Martha López Sántiz, quien alegó ser la Síndica electa.

8.                Toma de protesta en el cabildo municipal. El primero de octubre, la Síndica electa, junto con gente que la apoyaba, intentó ingresar al palacio municipal a fin de que se le tomara la protesta de ley. Sin embargo, manifiesta que el Presidente Municipal impidió su ingreso por el simple hecho de ser mujer; incluso, señala que arribó con escolta de policía y ante esa violencia, decidió interponer su denuncia.

9.                Aquí cabe precisar, que el Presidente Municipal afirma que él no impidió el acceso, sino que la gente de la comunidad no la considera su representante por haber “traicionado al pueblo”; por lo que, solicita que se respeten los usos y costumbres de la localidad; ya que él no sería responsable de la problemática que se pudiera generar.

10.           Juicio presentado ante Sala Superior. El doce de octubre de dos mil dieciocho, Martha López Santiz presentó juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; quien determinó remitir los autos a esta Sala Regional por ser la autoridad competente para resolver[6].

11.           Reencauzamiento. El quince de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de esta Sala Regional la demanda remitida por dicha superioridad, misma que se radicó con la clave de expediente SX-JDC-898/2018, y a través de un acuerdo del Pleno de este órgano jurisdiccional, se determinó reencauzar el medio de impugnación al TEECH.

12.           Sentencia impugnada. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el TEECH resolvió el expediente TEECH/JDC/190/2018, y determinó, entre otras cuestiones, ordenar al Presidente Municipal de San Juan Cancuc, Chiapas, tomarle protesta a Martha López Santiz como Síndica del referido ayuntamiento.

ll. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

13.           Presentación de demandas. En contra de la determinación anterior, el veintinueve de marzo y el primero de abril del año en curso, respectivamente, Micaela Santiz Gómez y Antonia Torres Sántiz promovieron sendos juicios, ante el Tribunal local.

14.           Recepción. El tres de abril siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional las demandas y constancias relacionadas con los juicios promovidos por las ciudadanas mencionadas en el numeral previo.

15.           Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes SX-JDC-88/2019 y SX-JDC-89/2019, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, para los efectos legales correspondientes.

16.           Instrucción. El nueve de abril, la Magistrada Instructora radicó los medios de impugnación y, al no advertir causal notoria y manifiesta de improcedencia, admitió los escritos de demanda. Asimismo, en su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción, con lo cual los juicios quedaron en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

17.           El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, al tratarse de dos juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, promovidos en contra de una sentencia del TEECH, relacionada con la integración del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas; lo cual, por materia y territorio es competencia de esta Sala Regional.

18.           Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso c), 4, apartado 1, 79 y 80, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación.

19.           Procede la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, toda vez que las enjuiciantes combaten la misma resolución, emanada de la propia autoridad responsable.

20.           En efecto, las actoras controvierten la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/290/2018, de ahí que para evitar la emisión de sentencias contradictorias y facilitar su resolución pronta y expedita, se debe acumular el juicio ciudadano SX-JDC-89/2019 al diverso SX-JDC-88/2019 por ser el más antiguo.

21.           En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

22.           Los presentes medios de impugnación satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 7, párrafo 2, 8, 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se evidencia a continuación.

23.           Forma. Los juicios fueron promovidos por escrito ante la autoridad responsable; contienen el nombre y firma autógrafa de cada uno de los promoventes; se identifica el acto impugnado; se enuncian los hechos y agravios en los que se basan las impugnaciones, así como los preceptos presuntamente violados.

24.           Oportunidad. Los escritos de demanda se presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la propia Ley General de Medios.

25.           Ello, porque la resolución impugnada se emitió el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó a los enjuiciantes el veinticinco y veintiséis de marzo, respectivamente[7]; y las demandas fueron presentadas el veintinueve de marzo y uno de abril inmediato.

26.           Por tanto, resulta evidente la oportunidad en la presentación de los medios de impugnación al encontrarse dentro del plazo establecido para ello, el cual transcurrió del veintiséis de marzo al uno de abril[8] y del veintinueve de marzo al dos de abril[9], ambos de la presente anualidad.

27.           Lo anterior, sin computar en el plazo los días sábados y domingos, así como días inhábiles por ley, toda vez que los presentes juicios no se encuentran vinculados directamente con el desarrollo de un proceso electoral[10].

28.           Legitimación e interés jurídico. Se cumple este requisito porque las promoventes controvierten una sentencia dictada en un juicio ciudadano local en el que comparecieron como terceras interesadas.

29.           Definitividad. La resolución impugnada es definitiva y firme, debido a que, en la legislación electoral de Chiapas no se prevé medio de impugnación contra las sentencias emitidas por el TEECH, aunado a que el artículo 414 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas señala que las resoluciones del tribunal electoral local serán definitivas e inatacables en el orden estatal.

CUARTO. Tercera interesada.

30.           En el juicio ciudadano SX-JDC-88/2019, comparece Martha López Santiz, por propio derecho y ostentándose como Síndica Municipal propietaria del ayuntamiento en cuestión, a fin de que se le reconozca como tercera interesada.

31.           Su solicitud resulta procedente, al cumplir con las exigencias previstas en el artículo 12, párrafo 1, inciso c); y 17, párrafo 1, inciso b); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; tal y como se expone a continuación.

32.           Forma. El requisito en comento se tiene por satisfecho, en virtud de que la compareciente lo hace por escrito, en él hace constar su nombre y firma autógrafa, expresando las razones en que funda su interés incompatible con el de la parte actora.

33.           Oportunidad. Se estima que el escrito de comparecencia se presentó en tiempo, pues si el plazo para interponer los escritos de tercero interesado inició a las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de marzo y concluyó a la misma hora del tres de abril posterior, de conformidad con la certificación asentada por el Tribunal local[11]; y el escrito de la tercera interesada se presentó el dos de abril a las catorce horas con treinta y dos minutos[12], resulta inconcuso que su promoción es oportuna.

34.           Interés incompatible. La compareciente cuenta con un derecho incompatible con el de la parte actora, debido a que la pretensión de la tercera interesada es que subsista la sentencia impugnada, ya que con esa decisión se mantendría su derecho de ocupar el cargo de Síndica Municipal.

Ahora bien, a efecto de dar cabal cumplimiento a la jurisprudencia de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. CUANDO COMPARECEN COMO TERCEROS INTERESADOS, LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A SUS PLANTEAMIENTOS”[13], se advierte que en su escrito de comparecencia, la tercera interesada adujo lo siguiente:

35.           El cinco de marzo de dos mil dieciocho se llevó a cabo el plebiscito que se realiza por usos y costumbres en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, en el que acuden todos los ciudadanos y ciudadanas integrantes de las comunidades de dicho municipio para realizar la elección de las personas que serán candidatos en la contienda electoral regido por el sistema de partidos, por lo que, en dicho plebiscito, la tercera interesada quedó en segundo lugar, correspondiéndole ser postulada al cargo de Síndica municipal propietaria por el PRI.

36.           En ese sentido, Martha López Sántiz advierte que en ningún momento abandonó, ni mucho menos renunció a la candidatura de Síndica Municipal, ya que, desde el momento en que José López López recibió su constancia de registro como candidato a la presidencia municipal, no la tomaba en cuenta.

37.           Derivado de lo anterior, la tercera interesada señala que cuando acudió a la presidencia municipal, con la finalidad de que se le tomara protesta como Síndica propietaria electa, el ejecutivo municipal electo no le permitió el acceso a las instalaciones para que pudiera rendir la debida protesta de ley, advirtiendo que desde el día en que debió ejercer su cargo por el cual fue votada para el periodo 2018-2021, se le ha estado privando su derecho político-electoral a ser votada, en lo que concierne al acceso, ejercicio y desempeño de las funciones inherentes al mismo, esto por cuestiones de género según dicho.

38.           Como se ve, las alegaciones de la tercera interesada están dirigidas a evidenciar una cuestión fáctica para que este órgano jurisdiccional lo tome en cuenta y confirme la determinación emitida por el Tribunal responsable.

39.           En tales condiciones, toda vez que tales argumentos están íntimamente relacionados con la materia del fondo de la controversia, se analizarán en conjunto con los agravios expuestos por las actoras de los juicios ciudadanos.

QUINTO. Pretensión, agravios y metodología de estudio

40.           La pretensión de las actoras y el actor consiste en que esta Sala Regional revoque la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y, en consecuencia, se le ordene a la autoridad responsable que emita una nueva en la que analice todos los elementos probatorios que fueron debidamente aportados; o en su caso, se le declare el derecho a Antonia Torres Santiz de ejercer como Síndica Municipal propietaria del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas.

41.           Para alcanzar su pretensión formulan, en esencia, los siguientes motivos de disenso:

        En los juicios ciudadanos:

a)                Indebida valoración probatoria.

b)               No se respetaron los usos y costumbres de la comunidad indígena.

c)                No se juzgó con perspectiva intercultural.

d)               En particular, la actora del juicio SX-JDC-89/2019 solicita la inaplicación del artículo 190, apartado 1, fracciones II y III, así como del apartado 5, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; por considerarlo contrario al numeral 2, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

        En el juicio electoral:

a)      Indebida valoración probatoria.

b)      Violación de los derechos humanos de la ciudadana que ejerce el cargo de Síndica Municipal.

c)      Indebida conclusión de que se la ha impedido ejercer el cargo a Martha López Sántiz

d)      Se debió valorar el escrito de amicus curiae (amigo de la Corte)

42.           Como se ve, los agravios de los actores y la actora se dirigen a cuestionar la sentencia combatida argumentando diversos tópicos.

43.           Ahora bien, aun cuando ordinariamente los temas de constitucionalidad son de estudio preferente, este órgano jurisdiccional, por cuestión de método, y atendiendo al principio de mayor beneficio, analizará en primer término los planteamientos relativos a que el Tribunal local no analizó de manera debida las pruebas del expediente, ni emitió una decisión con perspectiva intercultural.

44.           Lo anterior, mutatis mutandi, en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”[14], en la cual se sostiene que queda al prudente arbitrio del órgano de control constitucional la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados.

SEXTO. Estudio de fondo

A juicio de esta Sala Regional, los agravios de los juicios ciudadanos en los cuales se esgrime que la responsable no atendió la problemática con una visión multicultural, son fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada.

I. Marco normativo

45.           Esta Sala Regional[15] ha establecido que de conformidad con el derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas deben tener acceso a la justicia a nivel externo, de los Estados, e interno, a través de los sistemas consuetudinarios y tradicionales indígenas, y deben tener acceso a la justicia tanto de manera individual como colectiva[16].

46.           Asimismo, la Sala Superior de este Tribunal ha establecido que el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente[17]:

a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado;

b) La real resolución del problema planteado;

c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional y,

d) La ejecución de la sentencia judicial.

47.           Así, los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

48.           Ahora bien, al acceder a los órganos de justicia del Estado, existe una obligación en las autoridades electorales para resolver con perspectiva intercultural y tomando en cuenta el contexto que rodea una comunidad; es decir, cuando una controversia involucre el derecho de una comunidad o pueblo indígena.

49.           A través de dichas prácticas se garantiza el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y se brinda la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia de los que son titulares sus miembros[18].

50.           En efecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que para realizar un estudio con una perspectiva intercultural se necesita (entre otros elementos) valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas con el objeto de definir los límites de la controversia desde una perspectiva que atienda tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales como a los valores y principios de la comunidad[19].

51.           Asimismo, ha establecido[20] que el análisis contextual de las controversias comunitarias permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la participación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y que pueden resultar un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de las propias comunidades.

52.           Lo anterior, favorece el restablecimiento de las relaciones que conforman el tejido social comunitario, desde una perspectiva intercultural, que atiende el contexto integral de la controversia y el efecto de las resoluciones judiciales al interior de las comunidades a fin de contribuir a una solución efectiva de los conflictos internos.

II. Caso concreto.

53.           En el caso, el órgano jurisdiccional local centró la litis en determinar si existieron o no actos y omisiones por parte del Presidente Municipal de San Juan Cancuc, Chiapas, en perjuicio de los derechos político-electorales de ser votada de Martha López Sántiz, en su vertiente de ejercicio al cargo; además de establecer si tales circunstancias constituían violencia política de género.

54.           Aunado a lo anterior, también indicó la comparecencia de Micaela Santiz Gómez, en su calidad de Síndica suplente del citado ayuntamiento en el que, esencialmente esgrimió que a la actora de la instancia jurisdiccional local no se le estaba vulnerando algún tipo de derecho fundamental, debido a que ella renunció tácitamente a la candidatura al realizar proselitismo con otro partido político (PVEM).

55.           Respecto de tal comparecencia, destacó que las autoridades de las localidades que integran el municipio en cuestión, en uso de sus atribuciones que le faculta el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resolvió sustituirla y, en ese sentido, fue ella quien estuvo acompañando al candidato a la presidencia municipal en la campaña, por lo que la comunidad la reconoce a ella como su funcionaria edilicia.

56.           De igual forma, se precisó el contenido del informe circunstanciado del que se desprendía que el Presidente Municipal negó que él hubiera ordenado que se le impidiera a la enjuciante local ejercer y desempeñar el cargo; sino que, más bien fue la propia comunidad quien no la reconoce porque “traicionó al pueblo” cuando, siendo candidata oficial del PRI, acompañó a su pareja sentimental en la campaña, quien era el candidato del PVEM.

57.           Derivado de lo anterior, el órgano jurisdiccional razonó que Martha López Santiz había sido designada candidata mediante un plebiscito por usos y costumbres, celebrado el cinco de marzo de dos mil dieciocho; por lo que había adquirido un derecho, esto es, el ser designada Síndica en caso de que la planilla del PRI obtuviera la mayoría de votación.

58.           Por ende, afirmó que si bien era cierto que tanto la tercera interesada como el Presidente Municipal aportaron medios probatorios con los cuales pretendían justificar la sustitución indicada; también lo era que éstos eran insuficientes, dado que, mediante los usos y costumbres no era posible restringir un derecho fundamental, como el de ejercer el cargo.

59.           Derivado de ello, fue que estimó procedente la pretensión de la accionante, en el sentido de que se encontraba acreditado que no la dejaban ejercer al cargo por el cual fue votada; sin embargo, no concedió el punto de que se hubiere acreditado violencia política en razón de género.

60.           Como se ve, si bien el Tribunal local atendió la pretensión de la actora y tomó en cuenta los planteamientos que le fueron formulados por la tercera interesada y el ayuntamiento de San Juan Cancuc, lo cierto es que no dimensionó que en el caso se encontraba frente a un medio de impugnación en el cual debió ponderar entre el derecho de la asamblea general comunitaria -al tratarse de una comunidad indígena- y el derecho de Martha López Santiz a ocupar la candidatura al cargo de Síndica Municipal, al ser quien estuvo registrada por el PRI ante el instituto electoral local.

61.           En efecto, a juicio de este órgano jurisdiccional, de la jurisprudencia J-22/2018 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. CUANDO COMPARECEN COMO TERCEROS INTERESADOS, LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A SUS PLANTEAMIENTOS”, se advierte que cuando un órgano jurisdiccional tenga conocimiento de una controversia en la que esté involucrado el derecho de una comunidad indígena, debe analizar a cabalidad cuáles son los planteamientos de quien comparece a defender esos derechos, incluso tratándose de terceros interesados o de la autoridad señalada como responsable.

62.           En ese tenor, este órgano colegiado considera que la responsable faltó a su deben de juzgar con perspectiva intercultural, al omitir analizar de manera clara y exhaustiva los planteamientos que le fueron formulados por parte de la tercera interesada y el ayuntamiento responsable en la instancia primigenia.

63.           Se afirma lo anterior, porque a juicio de esta Sala, en los casos que involucren derechos de comunidades indígenas o sus integrantes, no basta con mencionar los planteamientos expuestos en los escritos de comparecencia o en los informes circunstanciados, ya que a la exigencia de juzgar con perspectiva intercultural subyace la necesidad de armonizar derechos individuales con derechos colectivos.

64.           En las relatadas circunstancias, si bien es cierto que la autoridad responsable reconoció que Martha López Santiz fue elegida como candidata al mencionado cargo en un plebiscito por usos y costumbres, también lo es que no analizó si bajo esa misma modalidad podría ser sustituida por una causa válida y objetiva, atendiendo a la cosmovisión de la comunidad ya señalada.

65.           En efecto, del acto impugnado, es dable advertir que su tesis de decisión se basó en que los usos y costumbres de una comunidad indígena no podrían ser aplicados cuando se restringen derechos político-electorales adquiridos, como en la especie, la designación de la candidatura de mérito.

66.           En consecuencia, desvirtuó las probanzas aportadas, tanto por el ayuntamiento como por las ciudadanas que comparecieron como terceras interesadas en la instancia jurisdiccional local, en virtud de que ninguna de éstas se encontraba encaminada a evidenciar que Martha López Sántiz estaba ubicada en un supuesto legal por el cual se podría sustituir su candidatura, como podría ser fallecimiento, inhabilitación decretada por autoridad competente, incapacidad declarada judicialmente[21]; o, en su caso, por renuncia.

67.           Conclusión que justamente acredita que no hubo un estudio del asunto desde una perspectiva intercultural, dado que, de autos es posible considerar que en el municipio San Juan Cancuc, Chiapas todavía se rigen por usos y costumbres, pues toman en consideración el plebiscito. Es decir, la responsable toma en consideración que Martha López Santiz fue elegida candidata bajo ese método uso-costumbrista, pero para al analizar su sustitución (también dada por parte de la asamblea general comunitaria) aplica la legislación estatal.

68.           A juicio de este órgano jurisdiccional, esa determinación implicó una imposición de un régimen sobre otro, sin dar las razones suficientes para arribar a esa conclusión, pues con su decisión afectó (sin razonamientos lógico-jurídicos) el derecho de autodeterminación y el derecho al autogobierno, ya que dichas comunidades tienen pleno derecho a remover a sus autoridades siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales[22].

69.           Ahora bien, al haber resultado fundados los agravios materia de estudio, lo procedente es revocar la resolución impugnada, y si bien lo ordinario sería devolver el expediente a la autoridad responsable para que realice el estudio correspondiente y emita una nueva resolución en la que atienda la controversia jurídica desde una perspectiva intercultural, en aras de dar solución a la problemática jurídica y social que impera en el municipio de San Juan Cancun, Chiapas, y con la finalidad de otorgar justicia pronta y expedita[23] esta Sala Regional analizará y resolverá el caso con plenitud de jurisdicción, atento a lo dispuesto en el numeral 6, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SÉPTIMO. Análisis con plenitud de jurisdicción

70.           Toda vez que la problemática se inscribe en el contexto de una elección que se rige por el sistema de partidos políticos, pero que tiene arraigadas formas de convivencia comunitarias indígenas, se considera conveniente, en primer lugar, exponer los datos geográficos, sociales y culturales del ayuntamiento donde se desarrolla la controversia, pues sólo así podrá emitirse una determinación que se acerque a la realidad comunitaria.

I. Contexto municipal

71.           San Juan Cancuc es un municipio perteneciente al Estado de Chiapas, el cual se encuentra ubicado en las montañas del norte, limita al norte con los municipios de Chilón y Sitalá, al este con Chilón y Ocosingo, al sur con Oxchuc y al oeste con Tenejapa, Chenalhó y Pantelhó, todos de la referida entidad federativa.[24]

72.           El Municipio en cuestión se encuentra conformado por las siguientes localidades:

Nombre

San Juan Cancuc

Chilolja

Pozo, El

Crusilja

Chancolom

 Nichteel San Antonio

 Nailchen

Tzuluwitz 

 Cruzton

 Tzunjok

73.           Conforme con los datos de la otrora Secretaría de Desarrollo Social, el municipio de San Juan Cancuc cuenta con una población total de 29,016 habitantes, de los cuales 14,862 son mujeres y 14,154 hombres[25].

74.           Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus auto-denominaciones y referencias geo-estadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en San Juan Cancuc la variante lingüística que se habla es el “tseltal del occidente”[26].

75.           El 99.12% de la población es indígena; el 99.80% de los habitantes habla una lengua indígena; y el 72.20% de la población habla una lengua indígena y no habla español[27].

76.           A su vez, el 22.12% de la gente de San Juan Cancuc es católica, el 39.79% están económicamente activos y, de éstos, el 99,15% están ocupados laboralmente. Además, el 65.91% de las viviendas tienen agua entubada y el 0.16% tiene acceso a Internet.

77.           De los autos que obran en el expediente, no se advierte que el municipio cuente con reglamentos ni leyes internas, siendo posible advertir (por el método en que eligen a sus candidatos), que se trata de una comunidad que se maneja mediante los usos y costumbres.

78.           En el ámbito rural, las comunidades se rigen por comisariados ejidales o de bienes comunales, las agencias rurales municipales, asambleas de barrios, comités de validación de obras o patronatos tienen como objetivo elevar la participación del sector social en los programas de desarrollo, fortalecer la planeación para el desarrollo e impulsar el mejoramiento de los niveles de vida de las familias, y para llevar el seguimiento y evaluación de lo que en el Municipio de San Juan Cancuc ejecuta, se integran algunas autoridades comunitarias como los patronatos de agua[28].

79.           Como se ve, la problemática que este órgano jurisdiccional debe resolver se inscribe en el contexto de un municipio totalmente indígena, que -pese a ser regido formalmente por el sistema de partidos políticos- toma sus decisiones a partir de sus usos y costumbres; un municipio casi carente de servicios básicos y de tecnología como internet, por lo cual, la decisión tomará en cuenta esas circunstancias.

II. Análisis de la demanda primigenia

80.           En su demanda de juicio local, Martha López Santiz, ostentándose como Síndica Municipal propietaria del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas, denunció que el Presidente Municipal de ese ayuntamiento le había negado el acceso y desempeño al referido cargo edilicio, además de no convocarla a sesiones y no otorgarle las dietas correspondientes, por el simple hecho de ser mujer.

81.           En efecto, la actora señaló que, incluso antes de celebrada la elección, el candidato a Presidente Municipal le afectó diversos derechos, al dejar de tomarla en cuenta para realizar actos de campaña, por lo que, según su dicho, únicamente se le postuló para cumplir con el requisito de paridad.

De igual modo, la accionante refirió que el día de la entrega de la constancia de mayoría (cuatro de julio), hubo ataques verbales y molestias por partes del nuevo Presidente Municipal electo para que se le entregara su constancia respectiva.

En ese mimo tenor, señaló que el primer de octubre (día de la toma de protesta), tanto policías como simpatizantes del Presidente Municipal le impidieron acceder al Palacio para que pudiera tomar la protesta de ley.

82.           Derivado de esas circunstancias fácticas, la actora señala que se han generado las siguientes violaciones en su perjuicio: a) No respetar la paridad de género; b) Ha sido víctima de violencia política debido al género; c) Se afectó su derecho fundamental de ser votada (acceder al cargo por el que fue electa).

III. Análisis del informe circunstanciado y escrito de tercera interesada

83.           Los referidos ocursos, presentados ante el tribunal responsable, coinciden en que no se ha vulnerado algún derecho político-electoral de la actora; en virtud de que ella renunció tácitamente a la candidatura al realizar campaña con otro candidato, quien se presume es su pareja sentimental.

84.           En ese sentido, sobre la base de lo regulado en el artículo 2° de la Constitución Federal Electoral, las autoridades auxiliares determinaron sustituir la candidatura de Martha López Santiz por otra mujer (Antonia Torres Sántiz); por ello, es que no se vulneró la paridad de género, además de que esa ciudadana sí realizó campaña junto con el ahora Presidente Municipal.

85.           Debido a esa situación, es que la gente del municipio le reconoció su esfuerzo y empeño en la contienda electoral, tan es así que votaron por esa fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional, cuando por otro lado, Martha López Santiz “traicionó” a las personas que la designaron y es por eso que los integrantes de la comunidad no la reconocen como autoridad y fueron ellos quiénes no le permitieron acceder al Palacio Municipal el pasado primero de octubre a tomar la protesta de ley.

IV. Decisión de este órgano jurisdiccional federal

86.           A juicio de este órgano jurisdiccional, de las constancias del expediente, analizadas con una perspectiva intercultural, pero tomando en cuenta el respeto a los derechos individuales de quienes integran las comunidades indígenas, se concluye que es procedente la pretensión de Martha López Santiz de ocupar el cargo de Síndica Municipal del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas.

87.           Lo anterior, porque si bien es verdad que con posterioridad a la designación de la mencionada ciudadana como candidata a Síndica Municipal por parte de la comunidad, se le sustituyó por otra persona (Antonia Torres Santiz), debido a una supuesta traición al Partido Revolucionario Institucional y a la propia comunidad, lo cierto es que dicha sustitución no se apegó a los parámetros mínimos de validez que debe tener una asamblea general comunitaria cuando se afectan derechos de personas integrantes de la propia comunidad.

88.           Ciertamente, este Tribunal Electoral ha señalado que debe reconocerse el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas, buscando su máxima protección y permanencia.

89.           Sin embargo, también ha señalado que las prácticas comunitarias no deben afectar derechos individuales de sus integrantes de manera irracional y desproporcionada, pues cuando la autonomía de las comunidades se opone contra sus propios miembros, ello implica la actualización de restricciones internas.

90.           Así es, en consideración de esta Sala Regional, el derecho de autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas no es absoluto, pues encuentra uno de sus límites en el respeto a los derechos individuales de sus miembros, consagrados en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

91.           Uno de los límites de las comunidades indígenas al ejercer su derecho a la autonomía y autodeterminación cuando se trata de imposición de sanciones, o de afectación en la esfera individual de alguno o alguna de sus integrantes, es el respeto a las garantías del debido proceso, dentro de las que se encuentra la relativa a la garantía de audiencia, esto es, a ser oído antes de emitir la decisión lesiva de derechos.

92.           En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

93.           En el mismo sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

94.           De los artículos señalados se desprende el reconocimiento de la garantía de audiencia en el orden tanto nacional como internacional, el cual se materializa otorgando al ciudadano la oportunidad de defenderse previamente frente a los actos privativos de sus derechos. La aludida garantía impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales, que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes de la emisión del acto lesivo.

95.           En ese sentido, para que se cumplan dichas formalidades esenciales del procedimiento es necesario que se colme, entre otros requisitos, la oportunidad de conocer las razones por las cuales se está fincando una responsabilidad o se está limitando un derecho, pues ello resulta fundamental para hacer efectivo el derecho a una defensa adecuada.

96.           Ahora bien, en concepto de este órgano colegiado, esa garantía debe ser atendida por las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho de autonomía y autogobierno, pues si bien es verdad que de acuerdo con sus usos y costumbres pueden emitir decisiones diversas a las conocidas en el derecho occidental, no menos verdadero resulta que tales decisiones, cuando afectan derechos de sus integrantes, deben reunir un mínimo contenido ético y axiológico que permita a los afectados ejercer su derecho a una defensa adecuada.

97.           En el caso, como se analizó anteriormente, la comunidad indígena del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, determinó mediante asamblea general comunitaria de veinticuatro de mayo, sustituir a quien había sido electa como candidata a Síndica Municipal (Martha López Santiz). Lo anterior se evidencia con el acta circunstanciada de esa fecha, misma que se inserta a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.           Como se ve, del referido documento se advierte que en la sesión se analizó el tema de la sustitución de Martha López Santiz como candidata a Síndica. Las razones esenciales fueron que la mencionada ciudadana traicionó al Partido Revolucionario Institucional y a la comunidad que le confirió la referida calidad, al realizar campaña con su pareja sentimental (quien fungió como candidato a Presidente Municipal del Partido Verde Ecologista de México).

99.           No obstante, también se advierte que en la citada reunión no estuvo presente la actora del juicio ciudadano local, por lo cual, ello es suficiente para considerar que la decisión de sustituirla no encuentra asidero jurídico, toda vez que se afectó su garantía de audiencia, al no contar con la posibilidad real de defenderse del hecho que se le imputó.

100.      Es decir, a juicio de este órgano jurisdiccional, aun analizando la controversia desde una perspectiva intercultural, se evidencia que es procedente la pretensión de la actora de ser restituida en su derecho a ejercer el cargo. En primer lugar, porque su solicitud de sustitución nunca fue procedente ante el instituto electoral local, de ahí que el día de la elección la ciudadanía votó por una planilla donde la actora era la postulada al cargo de Síndica Municipal por el Partido Revolucionario Institucional.

101.      En segundo término, porque la sustitución realizada por la asamblea general comunitaria no reunió el requisito procedimental consistente en otorgar la garantía de audiencia de Martha López Santiz, es decir, no tuvo la posibilidad de manifestar lo que a su derecho conviniera, por lo cual no puede sostenerse jurídicamente.

102.      Por ende, se considera que debe restituirse a la referida ciudadana en su derecho de acceder al cargo de Síndica Municipal del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas, con todos los derechos y prerrogativas que de él emanen, como ocupar un lugar en la sede del palacio municipal, participar activamente en las sesiones de cabildo y acceder a las dietas que por el ejercicio de su cargo le corresponden.

OCTAVO. Efectos de la sentencia

103.      Conforme con lo determinado en la presente ejecutoria, los efectos de este fallo son los siguientes:

        Revocar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/290/2018.

        Ordenar al Presidente Municipal de San Juan Cancuc, Chiapas, que realice todas las gestiones necesarias a efecto de restituir plenamente a Martha López Santiz en su derecho de ejercer el cargo de Síndica Municipal del referido municipio, con todos los derechos y prerrogativas que de dicho derecho emanen.

104.      Ahora bien, toda vez que de las constancias del expediente se advierte que en el caso existe una controversia intracomunitaria (entre la asamblea general comunitaria y Martha López Santiz), se considera oportuno, en aras de lograr el funcionamiento pacífico del ayuntamiento mencionado, que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas coadyuve y realice pláticas de sensibilización a efecto de que la comunidad comprenda los motivos de esta decisión, y reconozca el carácter de autoridad municipal de la multicitada ciudadana, lo cual le corresponde en términos del artículo 65, párrafo 1, fracción IX, y párrafo 4, inciso e), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

105.      De igual forma, se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que en términos del artículo 41, fracciones III y IX, tome las acciones conducentes para que la ciudadana Martha López Santiz pueda ingresar a las instalaciones del palacio Municipal y ejercer el cargo de manera pacífica.

106.      De igual modo, y en virtud de las particularidades en el procedimiento de designación de las candidaturas a los cargos de elección popular del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas, se ordena a la referida autoridad administrativa electoral local, que haga del conocimiento de la comunidad, la posibilidad de cambiar del régimen de partidos políticos al régimen de usos y costumbres, tomando en cuenta que la opción debe ser informativa y de ningún modo imperativa.

107.      Finalmente, debido a que casi la totalidad de habitantes del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, son indígenas, y que la mayoría tiene como lengua el tseltal del occidente”, a fin de garantizar el pleno conocimiento por parte de los integrantes del referido municipio, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos y a la Delegación Administrativa de esta Sala Regional para que gestionen a la brevedad los trámites necesarios para solicitar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la traducción e interpretación de un extracto con las consideraciones torales del presente fallo a la variante lingüística mencionada.

108.      Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 46/2014, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN”.

109.      Para el debido cumplimiento de lo anterior, esta Sala Regional considera como comunicado oficial, el siguiente:

A la comunidad de San Juan Cancuc, Chiapas, se informa lo siguiente:

La Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó que Martha López Santiz debe ocupar el cargo de Síndica Municipal del ayuntamiento.

La decisión se toma, sabiendo que existe una determinación comunitaria que sustituye a dicha ciudadana. Sin embargo, debido a que esa decisión se tomó sin respetar la garantía de audiencia de la referida ciudadana, no es posible validar tal determinación.

Finalmente, se les informa que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la misma entidad federativa, buscarán sensibilizar a la comunidad y tomarán las medidas conducentes para que Martha López Santiz pueda ejercer su cargo de manera pacífica.

110.      Una vez realizada la traducción del comunicado anterior, se solicita que ésta sea remitida a la brevedad a este órgano jurisdiccional y al Instituto electoral chiapaneco.

111.      Asimismo, se solicita a la autoridad administrativa electoral local, que una vez recibida la traducción respectiva, la fije en sus estrados, así como en los lugares públicos de la comunidad de San Juan Cancuc, Chiapas y, de ser posible, realice el perifoneo con el comunicado respectivo.

112.      Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de los presentes juicios, se agreguen al expediente que corresponda para su legal y debida constancia.

113.      Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-89/2019 al diverso SX-JDC-88/2019, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada.

TERCERO. Con plenitud de jurisdicción, este órgano jurisdiccional declara procedente la pretensión de la actora de que se le permita acceder al cargo de Síndica Municipal del ayuntamiento de San Juan Cancuc, Chiapas, así como las funciones inherentes a dicho cargo, tales como ser convocada a sesiones y percibir las dietas correspondientes.

CUARTO. Se solicita al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que, en el ámbito de su competencia, coadyuve con la realización de pláticas de sensibilización a efecto de que la comunidad comprenda los motivos de esta decisión, y reconozca el carácter de autoridad municipal de Martha López Santiz. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la referida entidad federativa, que realice las acciones necesarias para que la referida ciudadana desempeñe su cargo de manera pacífica.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos y a la Delegación Administrativa de esta Sala Regional para que gestionen a la brevedad los trámites necesarios para solicitar la traducción e interpretación del comunicado oficial de este fallo, a la variante lingüística tseltal del occidente”.

SEXTO. Se solicita al Instituto electoral local que una vez recibida la traducción respectiva, la fije en sus estrados, así como en los lugares públicos de la comunidad de San Juan Cancuc, Chiapas y, de ser posible, realice el perifoneo con el comunicado correspondiente.

NOTIFÍQUESE de manera electrónica o por oficio, con copia certificada de la presente resolución, al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad federativa, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, así como a la Sala Superior, en función del acuerdo 3/2015; personalmente o de manera electrónica a los actores; y por estrados a la tercera interesada y demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos artículos 26, apartado 3, 28, 29 y 84, párrafo2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como en los numerales 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de los presentes juicios, se agreguen al expediente que corresponda para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, devuélvase la documentación que corresponda y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, respecto los resolutivos primero a tercero; y por mayoría de votos en relación con los resolutivos cuarto a sexto, la Magistrada Eva Barrientos Zepeda y el Magistrado Enrique Figueroa Ávila, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

EVA BARRIENTOS

ZEPEDA

MAGISTRADO

 

 

 

ADÍN ANTONIO DE LEÓN

GÁLVEZ

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA

 

 

 

 

VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 199, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y 11, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, FORMULA EL MAGISTRADO ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ, EN EL JUICIO CIUDADANO SX-JDC-88/2019 Y ACUMULADO.

Con el debido respeto a la Magistrada y Magistrado Presidente, compañeros integrantes de esta Sala Regional, aunque comparto el sentido de la presente sentencia, de revocar la resolución impugnada, por considerarse que el tribunal local no tomó en consideración todas las constancias del expediente y omitió resolver la controversia con perspectiva intercultural, y de que en plenitud de jurisdicción, se determine que Martha López Santiz tiene derecho a ocupar el cargo de síndica municipal, ya que fue quien estuvo registrada para contender a dicho cargo, sin embargo, no coincido con los efectos que se precisan en la sentencia de que el Instituto Electoral Local debe realizar pláticas conciliatorias y de sensibilización en las autoridades municipales a fin de que Martha López Santiz pueda desempeñar su cargo de manera pacífica.

En efecto, difiero de este último efecto pues, en mi consideración, las actoras en los juicios que se resuelven no plantearon en esta instancia la posibilidad de que al haberse acreditado alguna circunstancia de violencia política de género o algún tema relacionado con este aspecto, debieran implementarse en su favor las medidas de reparación, prevención o sensibilización que se ordenan.

Cabe señalar que los accionantes centran su pretensión esencial en que el cargo de síndica municipal debe corresponder a otra persona y no así a Martha López Santiz quien resultó electa, es decir, en ningún momento pretenden que se decreten medidas de reparación, prevención o sensibilización para que se facilite a persona alguna el ejercicio de su cargo.

La determinación asumida por la mayoría en estos asuntos, no sólo no colma la pretensión esencial de los actores de que sea otra persona distinta a Martha López Santiz quien ejerza el cargo de síndica, sino que los efectos señalados van más allá de dicha pretensión, lo que evidentemente vulnera el principio procesal conocido como non reformatio in pejus, pues determina cargas y efectos adicionales que no habían sido asumidos en la instancia local y que ninguna de las partes en los presentes juicios reclamó.

Incluso, si fue a las actoras en los juicios ciudadanos y al Presidente Municipal a quienes se atribuyeron los actos intimidatorios y que impidieron el acceso al cargo de Martha López Santiz como Síndica Municipal, resultaría absurdo que acudieran a esta instancia solicitando o promoviendo medidas preventivas o reparadoras de actos de ese tipo.

Es por las razones señaladas con anterioridad, que respetuosamente me aparto del último de los efectos determinados por la mayoría y formulo el presente voto concurrente.

 

MAGISTRADO

 

ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ


[1] En adelante se le podrá citar como actoras, parte actora, accionantes, promoventes o por su nombre

[2] En adelante “autoridad responsable”, “Tribunal local” o “TEECH”

[3] En adelante se podrá denominar PRI.

[4] En adelante IEPC.

[5] En lo subsecuente PVEM.

[6]Acuerdo dictado en el cuaderno de antecedentes 859/2018 visible a foja 2 del cuaderno accesorio 1 del expediente SX-JDC-88/2019

[7] Tal y como se advierte de las cedulas y razones de notificación ubicadas de las fojas 754 a 771 del cuaderno accesorio tres del expediente SX-JDC-88/2019.

[8] Respecto al juicio ciudadano identificado con la clave SX-JDC-88/2019.

[9] Respecto al juicio ciudadano identificado con la clave SX-JDC-89/20199.

[10] De conformidad con el artículo 7, párrafo segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[11] Cómputo del plazo visible a foja 29 del expediente principal SX-JDC-88/2019

[12] Según consta del sello de recepción visible a foja 38, del expediente principal SX-JDC-88/2019

[13] Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en  la liga electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=22/2018&tpoBusqueda=S&sWord=22/2018

 

[14] Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005.

[15] Ver sentencia SX-JDC-39/2016

[16] Estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Julio de 2013, A/HRC/EMRIP/2013/2, párrafo 5. Disponible en la página electrónica: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session6/A-HRC-EMRIP-2013-2_sp.pdf

[17] J-7/2013, de rubro “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL”. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 19, 20 y 21, así como en la página de internet: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2013&tpoBusqueda=S&sWord=7/2013

[18] J-10/2014. “COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBERES ESPECÍFICOS DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES EN CONTEXTOS DE CONFLICTOS COMUNITARIOS (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 14 y 15, así como en la página de internet: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2014&tpoBusqueda=S&sWord=10/2014

[19] J-19/2018. “JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL”. Consultable en la página de internet: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2018&tpoBusqueda=S&sWord=19/2018

[20] J-9/2014. “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 17 y 18, así como en la página de internet: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=9/2014&tpoBusqueda=S&sWord=9/2014

[21] Art. 190, apartado 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

[22] Similar criterio emitió la Sala Superior al emitir el expediente SUP-REC-6/2016 y acumulado.

[23] Establecida en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[24] http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/index.html

[25] http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=07&mun=112

[26] http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

[27] https://mexico.pueblosamerica.com/chiapas/san-juan-cancuc/

[28] http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/documentos/2016/planes-municipales-pnud-2016/cancuc-plan-rrd-2016.pdf