JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SX-JDC-38/2014.

ACTORES: MATÍAS EMILIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ Y ABUNDIO HERNÁNDEZ PÉREZ.

TERCEROS INTERESADOS: FIDEL PÉREZ RAMÍREZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA.

MAGISTRADO: OCTAVIO RAMOS RAMOS.

SECRETARIO: OMAR BONILLA MARÍN.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Vistos, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Matías Emiliano Hernández Vásquez y Abundio Hernández Pérez, contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente JNI/73/2013, que confirmó el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-67/2013, relativo a la declaración de validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca; y,

RESULTANDO

I. Antecedentes. Del expediente se advierte:

1. Catálogo de municipios de sistemas normativos internos. El diecisiete de noviembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó por acuerdo IEEPCO-SNI-1/2012 el catálogo general de los municipios que elegirán a sus autoridades mediante el régimen de sistemas normativos internos, dentro de los que se encuentra el Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.

2. Solicitud de informe sobre fecha de elección[1]. El doce de enero de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por oficio IEEPCO/DESNI/48/2013 solicitó al Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, informe relativo a la celebración del acto electivo de autoridades municipales.

3. Solicitud del Agente Municipal de San Mateo Tepantepec[2]. El veintinueve de abril del año próximo pasado, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca recibió un escrito del Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, perteneciente al Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, por el cual solicitó le informaran la hora, fecha, lugar y método del acto de renovación de Concejales de dicho municipio y manifestó que la voluntad de los habitantes de su Centro de Población es que la elección se realice mediante urnas ubicadas en cada sección.

4. Informe al Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca sobre la propuesta del Agente Municipal de San Mateo Tepantepec[3]. El uno de mayo de la pasada anualidad, por oficio IEEPCO/DESNI/756/2013, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó al Presidente Municipal, que el veintinueve de abril del mismo año se recibió un escrito del Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, en el que solicitó que la elección se realizara mediante urnas y boletas. Lo que se le hacía del conocimiento para que en quince días diera respuesta a dicho ciudadano.

5. Aprobación del estatuto electoral comunitario[4]”. El cinco de mayo de dos mil trece, el Cabildo Municipal de Santa María Peñoles Etla, Oaxaca, Agentes Municipales y de Policía, representantes de Núcleos Rurales, aprobaron el Estatuto Municipal Electoral[5] de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca. El acta refiere que fue aprobado con mil doscientos cuarenta votos a favor y cero en contra.

6. Contestación de la Dirección Ejecutiva[6]. El seis de mayo siguiente, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Local mediante oficio IEEPCO/DESNI/769/2013, contestó al Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, que su solicitud fue turnada al Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.

7. Difusión del estatuto electoral comunitario en los centros de población[7]. La comisión encargada de realizar el proyecto de Estatuto Electoral Comunitario realizó asambleas en los centros de población del municipio, a fin de presentar y dar a conocer el Estatuto Municipal Electoral como se detalla en la tabla siguiente:

8. Sesión de Cabildo[8]. El diez de julio de dos mil trece, los integrantes del Cabildo Municipal de Santa María Peñoles Etla, Oaxaca sesionaron para determinar la fecha de reunión del Consejo de Desarrollo[9], para preparar el proceso electoral municipal, una vez que el Secretario pasó lista de asistencia se declaró instalada la sesión con la participación de los siguientes funcionarios que se enlistan a continuación:

El Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca manifestó que de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, era tiempo de convocar a la Asamblea General Comunitaria Municipal, para elegir nuevos Concejales del trienio dos mil catorce a dos mil dieciséis. En consecuencia el dieciocho de julio de dos mil trece, el Cabildo aprobó convocar a los integrantes del Consejo de Desarrollo para preparar el proceso electoral atinente.

9. Cita para preparación del proceso electoral[10]. El Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca convocó a las autoridades auxiliares del municipio[11] a la reunión a realizarse el dieciocho de julio del año próximo pasado, a las ocho horas, a fin de preparar el proceso de elección de Concejales, de lo que constan los acuses siguientes:

10. Acta del Consejo de Desarrollo de la Elección[12]. El dieciocho de julio de dos mil trece, los integrantes del Cabildo Municipal y Autoridades de los centros de población acordarón la emisión de la convocatoria para la renovación de integrantes del Ayuntamiento, en la reunión estuvieron presentes los siguientes ciudadanos.

11. Remisión del Estatuto Electoral Comunitario a la Dirección Ejecutiva[14]. El diecinueve de julio de dos mil trece, el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca remitió a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Estatuto Electoral Comunitario al que acompañó copia del acta firmada por las autoridades municipales.

12. Convocatoria[15]. El veintidós de julio siguiente los integrantes del Cabildo Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca emitieron la convocatoria bajo las siguientes bases:

• Convocados: Fue dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las localidades del municipio.

• Lugar, fecha y hora: la Asamblea se llevaría a cabo en la Cancha Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, el dieciocho de agosto de dos mil trece, a las diez horas.

• Los requisitos para ser electo Concejal consistirían en ser ciudadano del municipio; tener un modo honesto de vivir; haber cumplido con responsabilidad y transparencia los cargos, servicios, tequios y cooperaciones encomendadas por la comunidad; y los demás que establezca la Asamblea.

Lo cargos a elegirse serían los siguientes:

• Sistema de Cargos. Presidente, Síndico, Regidores de: Hacienda, Obras, Educación, Salud, Cultura y Recreación; y Agropecuario, propietarios y suplentes.

• Funcionarios del Ayuntamiento. Secretario Municipal, Tesorero Municipal y Secretario del Síndico.

• Ministros. Mayores de Vara, Jueces de Vara y Topiles de Cordillera.

13. Remisión de la convocatoria a los centros de población[16]. El veintiuno de julio de dos mil trece el Presidente Municipal de referencia remitió la convocatoria a las Autoridades Auxiliares de los centros de población del municipio de cuyos acuses se consta.

14. Remisión a las Autoridades Auxiliares del formato de padrón de ciudadanos[17]. El propio veintiuno de julio de dos mil trece, el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca remitió el formato de padrón de ciudadanas y ciudadanos con derecho a votar y ser votados en la próxima Asamblea electiva a las Autoridades Auxiliares de los centros de población del municipio, misma que debía ser debidamente requisitada y entregada a la Cabecera Municipal el trece de agosto siguiente.

15. Escrito sobre el condicionamiento de recursos[18]. El veinticuatro de julio de dos mil trece, las autoridades municipales de los centros de población que se enlistan a continuación:

Presentaron un escrito ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual informaron que por órdenes del Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca fueron retenidos los recursos del Ramo 28 para dichos centros de población, ante el desacuerdo de estos con el Estatuto Electoral Comunitario.

16. Razones de fijación de convocatoria en las localidades[19]. Las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento fijaron en lugares de los centros de población ejemplares de la convocatoria con la finalidad de difundir su contenido en los lugares y fechas que se detallan en la tabla siguiente:

17. Primera Solicitud de mediación[20]. El uno de agosto de dos mil trece, diversos ciudadanos presentaron ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, una solicitud de intervención para llegar a acuerdos sobre la elección, y señalaron que el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca condicionó la entrega de las participaciones del ramo 28[21], para que avalaran la convocatoria con la que no estaban de acuerdo ya que en ella se estableció que la elección se realizaría en la Cabecera Municipal y mediante Asamblea General Comunitaria, argumentando que con ello se impediría a un sector de la comunidad el acceso al centro de votación.

El escrito fue signado por las personas siguientes:

18. Segunda solicitud de mediación[22]. El seis de agosto de la pasada anualidad el Representante Municipal de Río Hondo, presentó un escrito ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por la que pidió la intervención del Instituto Local para que no se condicionaran los recursos del Municipio por temas electorales.

En el escrito adujo que el dieciocho de julio del mismo año, acudió a las oficinas del Ayuntamiento por la participación municipal del ramo 28, en donde el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca le informó haber programado una reunión para el dieciocho de agosto siguiente, relacionada con la elección de Concejales, por lo cual le pidió que firmara un acta de conformidad y al negarse a hacerlo, ordenó al Tesorero que no les fuera asignado tal recurso.

19. Informe sobre la emisión de la convocatoria[23]. El ocho de agosto siguiente, el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca informó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de dicho Instituto que el Cabildo remitió la convocatoria a cada uno de los centros de población. Así mismo, solicitó que se comisionara a personal del referido Instituto Local, para que diera fe del desarrollo de la Asamblea.

20. Solicitud de información sobre la elección[24]. El nueve de agosto de dos mil trece, Bonifacio Hernández Santiago, Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca solicitud de copia de la documentación remitida por el Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca relacionada con la preparación de la elección.

21. Cita a mesa de diálogo[25]. El mismo nueve de agosto de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante oficios IEEPCO/DESNI/1417/2013, IEEPCO/DESNI/1418/2013 y IEEPCO/DESNI/1421/2013, convocó a una reunión a celebrarse a las once horas del dieciséis de agosto siguiente, para tratar temas relacionados con la Elección Municipal.

Los oficios fueron dirigidos a las personas siguientes:

22. Respuesta de la Dirección Ejecutiva[26]. El catorce de agosto de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, remitió a Bonifacio Hernández Santiago, Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, el Estatuto Electoral Comunitario, en atención a su escrito de nueve de agosto previo.

23. Mesa de diálogo convocada por la Dirección Ejecutiva[27]. A las once horas del dieciséis de agosto de dos mil trece se reunieron:

El Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca refirió que la ciudadanía quería participar en la elección, que el problema lo estaba generando el grupo político (FALP[28]), que la intención conforme al Estatuto Electoral Comunitario es que participen todos los hombres y mujeres del municipio, sin urnas por ser propio de los partidos políticos, adujo que lo de la distancia entre los centros de población y la Cabecera se podía resolver, pero señaló que no existía intención de los disidentes, que en una reunión pasada se les hicieron propuestas que no fueron aceptadas, que a su consideración la intención del grupo disidente es que la elección no se realice, dijo estar dispuesto a que se revise dicho Estatuto Electoral Comunitario, y si hubiera algo que corregir o suprimir, se haría.

Por último, las autoridades municipales y los representantes de la Comisión Promotora del Estatuto Electoral Comunitario determinaron que su postura es que la elección se lleve a cabo mediante Asamblea General Comunitaria por ser el método de elección tradicional por lo que piden se respete su sistema normativo interno.

Además piden que la parte inconforme se comprometa a generar las condiciones de estabilidad y paz social para la Asamblea.

24. Minuta de trabajo[29]. El propio dieciséis de agosto de dos mil trece, a las catorce horas con veinte minutos, reunidos en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca:

Se destaca la participaron Matías Hernández Vásquez y Abundio Hernández Pérez, hoy actores, en su calidad de vecinos de las localidades de San Mateo Tepantepec y El Manzanito, respectivamente.

Bonifacio Hernández Santiago, Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, hizo saber que su comunidad solicitó que la elección fuera por urnas.

En la reunión los comparecientes refirieron que la elección debía realizarse con urnas en cada una de las localidades del municipio. Además, señalaron que en la elección a celebrarse el dieciocho de agosto no participarían, por no estar de acuerdo con el método de elección.

25. Asamblea electiva[30]. El dieciocho de agosto de dos mil trece, se realizó la Asamblea General Comunitaria para la elección de Concejales del Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.

En el acta respectiva se establecieron, entre otros asuntos:

• Se integró una mesa de debates conformada por Presidente, Secretario, Primero y Segundo, así como los Escrutadores.

• Se pasó lista conforme al padrón de ciudadanos y se verificó la existencia de quórum.

• Los resultados fueron los siguientes:

• El Presidente de la Mesa de Debates declaró válida la elección y los resultados, y por último dio por clausurada la Asamblea.

26. Presentación de escritos[31]. El veinte de agosto dos mil trece, el Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, escrito de inconformidad contra la Asamblea de elecciones celebrada el dieciocho de agosto de la misma anualidad, aduciendo que se eligieron Concejales sin la participación de los habitantes de dicho Centro de Población, manifestando además su oposición a que se calificara como válida tal elección.

27. Culminación de medición y turno a calificación de la elección[32]. El siete de septiembre del año próximo pasado, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en atención al escrito de veinte de agosto del mismo año, suscrito por Bonifacio Hernández Santiago, Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, le informó a dicho ciudadano por oficio IEEPCO/DESNI/1695/2013, que toda vez que en las reuniones de trabajo efectuadas para atender las inconformidades planteadas no se encontró avenencia para una composición amigable, el expediente de la elección se turnaría al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que éste la calificara.

28. Minuta de trabajo[33]. El treinta de agosto siguiente, en la sede de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, los integrantes del Cabildo y ciudadanos inconformes con la elección realizaron una reunión de trabajo, luego de una amplia discusión, al no existir acuerdo ambas partes decidieron que las instancias correspondientes resolvieran lo que en derecho procediera.

29. Calificación de la elección[34]. El catorce de diciembre de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-67/2013, en el que declaró legalmente válida la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, y ordenó expedir las constancias de mayoría a los Concejales electos.

30. Impugnación vía per saltum o salto de la instancia a través del juicio ciudadano federal[35]. El diecisiete de diciembre de dos mil trece, Matías Emiliano Hernández Vásquez y otros cuatrocientos un ciudadanos presentaron sin agotar la instancia local, juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, contra el referido acuerdo de validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, juicio que fue radicado en esta Sala Regional con la clave SX-JDC-734/2013.

31. Reencauzamiento del juicio ciudadano federal contra la calificación[36]. El veintiséis de diciembre del año próximo pasado, por acuerdo de los Magistrados integrantes de esta Sala Regional se ordenó reencauzar el medio de impugnación SX-JDC-734/2013, a juicio electoral de los sistemas normativos internos competencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.

32. Juicio electoral de los sistemas normativos internos local. [37]El veintiocho de diciembre siguiente la instancia local radicó el juicio con la clave JNI/73/2013.

33. Sentencia impugnada[38]. El treinta de diciembre proximo, el Tribunal Estatal Local resolvió el juicio, en el sentido de confirmar el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-67/2013, al considerar infundados los agravios de los enjuiciantes.

34. Notificación de la sentencia[39]. El treinta y uno siguiente, la sentencia fue notificada de manera personal a los actores.

II. Juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano.

1. Presentación[40]. El tres de enero de dos mil catorce, Matías Emiliano Hernández Vásquez y Abundio Hernández Pérez, por derecho propio y en representación de los ciudadanos del juicio local, controvirtieron la referida resolución vía juicio de revisión constitucional electoral.

2. Recepción y turno[41]. El quince de enero siguiente, se recibió en esta Sala Regional, demanda, el informe circunstanciado y demás constancias del juicio. El Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SX-JRC-4/2014, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Octavio Ramos Ramos.

3. Reconducción[42]. El dieciséis siguiente, por acuerdo plenario de los Magistrados de este órgano jurisdiccional, se ordenó reconducir dicho medio de impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al estimarlo como la vía idónea, atendiendo a la calidad de los promoventes y el acto controvertido.

4. Nuevo tuno[43]. El dieciséis de enero de la presente anualidad el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SX-JDC-38/2014, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Octavio Ramos Ramos. El Secretario General de Acuerdos cumplimentó dicho acuerdo mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-89/2014.

5. Admisión y requerimiento. El diecisiete de enero del año en curso, el Magistrado Instructor admitió la demanda. Ante la necesidad de contar con mayores elementos para resolver requirió informes y documentación a diversas autoridades.

6. Nuevo requerimiento. El seis de febrero de dos mil catorce, el Magistrado Instructor solicitó informes y documentación a diversas autoridades, mismos que fueron cumplidos en su totalidad.

7. Cierre de Instrucción. En su oportunidad al no existir diligencia pendiente por desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción del juicio al rubro citado y lo dejó en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver este juicio, por razones de geografía política al vincularse con la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, entidad correspondiente a esta circunscripción y, por nivel de gobierno, ya que se trata de un asunto relacionado con la integración de una autoridad municipal.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base VI, 99, párrafos 1, 2 y 4, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, 195, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los diversos numerales 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, párrafo 1, 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), 83, párrafo 1, inciso b), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Reparabilidad. Resulta necesario precisar que, en el caso, no se actualiza la improcedencia del juicio derivado de la instalación del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, no obstante que conforme con lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Concejales que integren los Ayuntamientos, debieron tomar posesión el día primero de enero del año pasado.

Lo anterior, en razón de que la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia que derivó de resolver la contradicción de criterios identificada con la clave SUP-CDC-3/2011, estableció las pautas para analizar los casos en los que se actualiza la irreparabilidad por toma de protesta o instalación de los órganos.

En efecto, conforme con la jurisprudencia 8/2011, de rubro: “IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN”,[44] la causa de improcedencia de consumación irreparable se surte cuando en la convocatoria que efectúan las autoridades encargadas de la organización de los comicios fijan –entre la calificación de la elección y la toma de posesión– un periodo suficiente para permitir el desahogo de la cadena impugnativa.

Lo anterior, en la inteligencia de que ésta, culmina hasta el conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales –Sala Superior y Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– en virtud de que sólo de esta manera se materializa el sistema de medios de impugnación diseñado desde la Constitución y las leyes.

De acuerdo con los criterios de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, existen supuestos que constituyen excepciones a la improcedencia del juicio por irreparabilidad derivada de la toma de protesta, los cuales deben ser analizados en cada caso.

En el presente asunto, conforme las constancias que obran en autos, se advierte que no obstante haberse celebrado la elección desde el pasado dieciocho de agosto de dos mil trece, fue hasta el catorce de diciembre de ese mismo año que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió la declaración de validez de la elección y expidió las correspondientes constancias de mayoría a los ciudadanos electos a Concejales Municipales.

Por tanto, si como se apuntó, conforme al mandato de la Constitución local, la toma de protesta ocurrió el primero de enero, resulta evidente que no se contó con el tiempo suficiente para desahogar toda la cadena impugnativa, en razón de que deben agotarse los medios de defensa jurisdiccionales, tanto locales como federales.

En consecuencia, no podría actualizarse la improcedencia del juicio por irreparabilidad, aun cuando se haya realizado la toma de protesta.

TERCERO. Suplencia total de la queja. En atención al imperativo legal contenido en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se parte de la premisa de que, para resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos no puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

En el caso, la materia de fondo es la impugnación de un ciudadano integrante de una comunidad indígena relacionada con una elección regida por sistemas normativos internos, por lo cual cobra aplicación concreta la jurisprudencia 13/2008, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”.[45]

En adición a lo anterior, se considera suficiente que la parte actora exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que sea procedente su estudio, con independencia de su presentación, enunciación o construcción lógica; tal y como se desprende de la razón esencial contenida en la jurisprudencia 03/2000, de rubro: “AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.[46]

En el mismo orden, este Tribunal Electoral ha precisado que los agravios pueden tenerse por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, de conformidad con la jurisprudencia 02/98, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.[47]

CUARTO. Requisitos de procedencia. El presente medio de impugnación satisface los requisitos generales del artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se expone:

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el Tribunal Electoral responsable, en ella consta el nombre y firma autógrafa de los promoventes, se identifica el acto impugnado, el órgano responsable y se expresan los agravios que los actores estiman pertinentes.

b. Oportunidad. El juicio se promovió oportunamente, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada personalmente el treinta y uno de diciembre pasado[48], mientras que el escrito de demanda fue presentado ante el Tribunal responsable, el tres de enero del año en curso, como se advierte del sello de recibido de la demanda[49]; Por tanto, el juicio se promovió dentro del plazo legal de cuatro días previsto por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que los actores promueven por derecho propio, ya que ellos promovieron de manera conjunta con otros ciudadanos la demanda primigenia, calidad reconocida por el Tribunal responsable, al rendir su informe circunstanciado.

De ahí, que basta con que uno de los inconformes del juicio primigenio haya promovido el medio extraordinario de defensa para que la sentencia impugnada carezca de firmeza, es aplicable al caso el criterio sostenido en la tesis relevante XLII/2002, de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. CUANDO EXISTA LITISCONSORCIO NECESARIO ES SUFICIENTE QUE UNO DE LOS LITISCONSORTES PROMUEVA EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA”.[50]

d. Definitividad. Se satisface este requisito, en atención a que la sentencia combatida no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente, acorde a lo dispuesto en los artículos 111, fracción I, y su apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como, 25 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación y Participación Ciudadana de dicho Estado, ya que de su lectura conjunta se advierte que las sentencias que dicte el Tribunal Estatal Electoral, en el ámbito de su competencia, serán definitivas e inatacables en el orden local.

QUINTO. Tercero Interesado. Al juicio comparecieron Fidel Pérez Ramírez, de manera conjunta con catorce ciudadanos, quienes solicitan la intervención de tercero, calidad que es de concederse en atención a las siguientes consideraciones:

a. Calidad. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el tercero interesado es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los promoventes.

Así, Fidel Pérez Ramírez y los catorce ciudadanos, tienen ese carácter, al ser quienes resultaron electos en las Asambleas Comunitarias de dieciocho de agosto de dos mil trece, relativa a la elección de Concejales de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, cuya declaración de validez fue decretada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el treinta de diciembre siguiente, y en ese sentido, la pretensión de los enjuiciantes es que se revoque la resolución que confirmó el triunfo de los comparecientes, de ahí que es evidente que cuentan con un derecho incompatible al de los actores.

b. Legitimación y personería. El párrafo 2 del artículo 12 de la ley citada, refiere que el tercero interesado deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello.

El numeral 13 de la misma ley señala que la presentación de los medios de impugnación corresponde, entre otros, a los ciudadanos y candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. También, que los candidatos deberán acompañar el original o la copia certificada del documento en el que conste su registro.

Los comparecientes acuden a este órgano jurisdiccional como autoridades electas de la comunidad referida. Dicho carácter se encuentra reconocido en las actuaciones del expediente, además de que existe el reconocimiento expreso de los actores de que los comparecientes fueron a quienes se les declaró electos en los comicios impugnados, de ahí que se encuentre satisfecho el requisito en análisis.

c. Oportunidad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la ley referida, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

El párrafo 4 del mismo artículo indica que dentro del plazo referido, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

En el caso, la demanda que dio origen al presente juicio se hizo del conocimiento público en los estrados del Tribunal Electoral Local, a partir de las dieciocho horas del tres de enero del año en curso, y concluyó a la misma hora del seis de enero posterior.

En ese sentido el acuse de presentación del escrito de comparecencia indica que fue presentado el nueve siguiente, lo que en principio conduciría a considerar que fue extemporáneo, sin embargo, conforme a la certificación del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, se hizo constar que durante el plazo de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sí se presentó escrito de tercero interesado.

Por lo que tomando en consideración esa circunstancia, ante la duda sobre la presentación oportuna del medio, bajo una óptica del principio in dubio pro actione que implica que la autoridad debe interpretar las disposiciones jurídicas relativas al procedimiento de la manera más favorable al justiciable, de ahí que la duda sobre la presentación oportuna, debe operar en beneficio del justiciable, a efecto de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas que se rigen a través de sus sistemas normativos internos, en su vertiente de derecho a una justicia completa.

Lo anterior, se sustenta además en las razones esenciales de las jurisprudencias 28/2011, de rubros: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE”.[51]

Consecuentemente, al estimarse colmados los requisitos de procedibilidad del compareciente, se reconoce el carácter de tercero interesado en este juicio a Fidel Pérez Ramírez y los catorce ciudadanos, no así, a Ezequiel Pérez Mendoza, porque aun cuando el escrito contiene su nombre en el premio, y al calce, no contiene su firma autógrafa.

SEXTO. Marco jurídico de los sistemas normativos internos. Por la especialidad del tema, se estima pertinente citar el marco constitucional, convencional y legal, así como algunos conceptos propios de las elecciones regidas por sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

I. Autodeterminación de los pueblos indígenas.

De conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad, social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

En el apartado A de dicho artículo, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

a. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

b. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

c. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

d. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Como se aprecia, la propia Constitución establece que quienes se asuman descendientes de aquéllos que habitaban en el país al inicio de la colonización, tienen derecho a la aplicación del marco de regulación indígena.

Aunado a esto, dentro de los instrumentos internacionales que vinculan al Estado Mexicano en relación al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas encontramos los siguientes:

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 8, párrafo primero, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Por su parte, el párrafo segundo, señala que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos internacionalmente reconocidos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas[52], menciona en su artículo 3 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

El artículo 4 establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, tienen el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

En el mismo sentido, el artículo 5 refiere que tales pueblos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

El artículo 33, párrafo segundo, menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

En un sentido más específico, el artículo 34 menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

El numeral 40 de dicha declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión en sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el artículo 43 señala que los derechos reconocidos en la Declaración constituyen normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Los citados dispositivos se tienen en cuenta en el quehacer jurisdiccional de nuestro país, en los términos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento a la condena[53] del Estado Mexicano en el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano; y conforme con lo establecido por la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.18/2012, de rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)”.[54]

Sobre el tema de usos y costumbres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso de Yatama vs Nicaragua[55] que el Estado debe integrar a las comunidades indígenas a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención.

Como se relató, tanto en la normativa nacional, internacional, así como en los criterios adoptados por la corte interamericana, se encuentra reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, dentro del cual se encuentra la posibilidad de organizar sus formas de gobierno o representación.

II. Regulación del procedimiento de elección por sistemas normativos internos en Oaxaca.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad aplicable del Estado de Oaxaca, se tiene lo siguiente:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, desarrolla una tutela normativa favorable para los pueblos y comunidades indígenas, prevista en los artículos 16 y 25.

Dichos numerales en esencia señalan, que el Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran.

La libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto, dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales.

Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos.

El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho social al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, en los términos de la ley reglamentaria; asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, dictará medidas tendientes a procurar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

La ley protegerá y propiciará las prácticas democráticas en todas las comunidades del Estado de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los términos establecidos por el artículo 2o. apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

Establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votada en condiciones de igualdad con el de los varones y sancionará su contravención.

De los preceptos anteriormente referidos se concluye que el máximo ordenamiento del Estado de Oaxaca otorga a las comunidades indígenas el reconocimiento a sus sistemas normativos internos y jurisdicción a sus autoridades comunitarias. Adicionalmente, protege y propicia las prácticas democráticas en todas sus comunidades, sin que dichas prácticas limiten los derechos políticos y electorales de las ciudadanas oaxaqueñas.

La única limitante estriba en que dichos usos y costumbres no sean contrarios a los derechos fundamentales establecidos en su Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución Política de la República.

Por lo que respecta al ámbito legal, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en sus artículos 12, 83 y 85, así como en lo dispuesto en el “Libro Sexto. De la Renovación de los Ayuntamientos en Municipios que Electoralmente se rigen por Sistemas Normativos Internos”, se prevé la instrumentación de los procedimientos electivos en los municipios que se rigen por el mencionado sistema, así como los parámetros a que se deben de ajustar las autoridades en caso de que se realicen elecciones extraordinarias en los referidos ayuntamientos.

En efecto el numeral 12 de dicho Código señala que en aquellos municipios que eligen a sus ayuntamientos mediante sus sistemas normativos internos, los requisitos para el ejercicio del voto, los derechos y sus restricciones así como las obligaciones de los ciudadanos, se harán conforme a sus normas, instituciones, prácticas y tradiciones democráticas, sólo en lo que corresponde a la elección de Concejales, siempre que no violen derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, por los tratados internacionales y por la Constitución Estatal.

El artículo 83 establece que las elecciones para la renovación de los poderes públicos serán ordinarias y extraordinarias.

Aquellos municipios que electoralmente se rigen bajo sus sistemas normativos internos, realizarán su elección en las fechas que sus prácticas democráticas lo determinen, o en su caso, sus estatutos electorales comunitarios, inscritos ante el Instituto Local.

El numeral 255 del referido Código reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.

Ahora bien, por cuanto hace al procedimiento de elección de las autoridades municipales, el numeral citado establece que el procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen bajo el sistema consuetudinario, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.

En cada una de estas etapas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal; y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas.

- Actos Previos a la Elección.

En relación a este tema, el artículo 259 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, dispone que en el mes de enero del año previo a la elección ordinaria del régimen de partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de dicho Instituto solicitará a las autoridades de los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, para que en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de su notificación, informen por escrito sobre las reglas de sus sistemas normativos internos relativos a la elección de sus autoridades o en su caso, presenten sus estatutos electorales comunitarios, conteniendo, entre otros los puntos siguientes:

a. La duración en el cargo de las autoridades locales.

b. El procedimiento de elección de sus autoridades.

c. Los requisitos para la participación ciudadana.

d. Los requisitos de elegibilidad para ocupar los cargos a elegir.

e. Las instituciones comunitarias que intervienen para conducir el proceso de elección.

f. Los principios generales y valores colectivos en que se fundamenta su sistema normativo interno, o en su caso, la documentación de las tres últimas elecciones.

g. De haberse presentado disenso en la elección anterior, respecto a alguno de los puntos señalados en los incisos anteriores, señalar las nuevas reglas consensadas para la elección.

Una vez que se venza el plazo ya referido, el Instituto Local tiene la facultad de requerir dicha información por única ocasión, para que en un plazo de treinta días contados a partir de la notificación, presenten el informe, o en su caso, el estatuto correspondiente.

Cumplido lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos elaborará dictámenes en lo individual, con el único propósito de identificar sustancialmente el método de elección comunitaria de aquellos municipios que entregaron su documentación, y los presentará al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para su aprobación. Asimismo, la Dirección Ejecutiva manifestará los municipios que omitieron la entrega de su documentación y ofrecerá como dictamen, el catálogo de elección que rigió la pasada elección en el municipio de que se trate.

Una vez que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca haya aprobado los informes sobre las reglas de sus sistemas normativos internos, en el que se precisa la forma de elección municipal, dicho órgano ordenará la publicación de cada uno de ellos en el Periódico Oficial y solicitará a la autoridad municipal de que se trate, la coadyuvancia para fijar los acuerdos en los lugares de mayor publicidad en sus localidades.

Hecho lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, realizará el Catálogo General de los municipios que hayan decidido elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos internos, con un mínimo de seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral. Dicho catálogo deberá ser aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la sesión de inicio del proceso electoral ordinario, el cual ordenará su publicación en el Periódico Oficial.

- Asamblea general comunitaria y jornada electoral.

En lo que respecta a la Asamblea General Comunitaria, de conformidad con el numeral 260 del multireferido Código, la autoridad municipal competente encargada de la renovación del Ayuntamiento, informará por lo menos con noventa días de anticipación y por escrito al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de la fecha, hora y lugar de la celebración del acto de renovación de Concejales del Ayuntamiento.

En caso de que la autoridad municipal competente no emitiera la convocatoria en los términos del párrafo anterior, el Instituto Local requerirá se informe de los motivos de tal situación y acordará lo procedente.

En relación con la jornada electoral, el artículo 261 del aludido Código señala que se observarán las disposiciones, procedimientos y mecanismos, definidos en sus sistemas normativos internos para el desarrollo de la elección.

Una vez terminada ésta, se elaborará un acta en la que deberán firmar los integrantes del órgano que presidió el procedimiento de elección, las personas de la municipalidad que por costumbre deban hacerlo y que hayan asistido, así como por los ciudadanos que en ella intervinieron y quienes se considere pertinente.

Los órganos y personas que presidieron el procedimiento de elección, harán llegar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el resultado de la elección, a más tardar a los cinco días de su celebración.

De igual modo, se respetarán fechas, horarios y lugares que tradicionalmente acostumbren la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, para el procedimiento de elección de autoridades locales.

- Declaración de validez de la elección.

A efecto de realizar la declaración de validez de una elección así como la entrega de las constancias mayoría a los candidatos ganadores, el artículo 263 del Código Comicial para el Estado de Oaxaca, establece que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sesionará con el único objeto de revisar si se cumplieron los siguientes requisitos:

a. El apego a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, los acuerdos previos a la elección.

b. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos.

c. La debida integración del expediente.

Corroborado lo anterior, dicho Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deberá declarar la validez de la elección y expedir las constancias respectivas de los Concejales electos, las que serán firmadas por el presidente y el secretario de dicho Consejo.

- Mediación y Procedimientos para la Resolución de Conflictos Electorales.

En aquellos casos en los que, posterior a una elección existan controversias o conflictos respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos éstos, de conformidad con el artículo 264, agotarán los mecanismos internos de resolución de conflictos antes de acudir a cualquier instancia estatal.

Para ello, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca conocerá en su oportunidad los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno locales bajo los sistemas normativos internos. Previamente a cualquier resolución se buscará la conciliación entre las partes.

Asimismo, cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, se iniciará un proceso de mediación cuya metodología y principios generales serán regulados por los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

De acuerdo con el artículo 266 del Código Electoral Local, la mediación electoral es un método de resolución alternativa de conflictos electorales, basado en la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el diálogo, el respeto y el consenso, implementado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos, en los procesos electorales en municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos.

Dicho procedimiento de mediación deberá ajustarse a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Los acuerdos logrados en el proceso de mediación, serán notificados de inmediato al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a través del Director. Por cada acuerdo que se logre, se levantará la minuta correspondiente, misma que será firmada por las partes si así lo desean.

Aunado a ello, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dará seguimiento, para que los acuerdos logrados en los procesos de mediación electoral se cumplan en tiempo y forma.

- Toma de protesta.

El numeral 267 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca señala que, los Concejales electos tomarán posesión de sus cargos el primer día de enero del año siguiente al de la elección o, en la fecha en que determinen sus sistemas normativos internos.

Por su parte, el artículo 268 prevé que los miembros del Ayuntamiento desempeñarán sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas de elección determinen. En ningún caso podrá exceder de tres años.

Sentado lo anterior, a continuación se procederá a realizar el análisis del contexto de la elección.

SÉPTIMO. Agravios, precisión de la litis y metodología de análisis.

1. Agravios.

a. Aprobación indebida del Estatuto Electoral Comunitario.

El Ayuntamiento aprobó un Estatuto Electoral Comunitario, sin consulta, ni aprobación de los ciudadanos, ni de las autoridades auxiliares, que denunciaron oportunamente ante el Instituto Local y la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, la coacción del Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca sobre las diferentes Agencias, a través de la retención de las participaciones federales.

b. Exclusión ciudadana en actos de preparación de la elección.

Los actores sostienen que el Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, solicitó al Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca información en relación con la elección de Concejales con la finalidad de participar de manera activa en su desarrollo, sin embargo nunca fue contestada con lo que se violó su derecho de participar en la elección desde los actos de preparación, toda vez que los habitantes de las Agencias Municipales no fueron tomados en cuenta.

c. Falta de facultades del órgano preparador de la elección.

Los enjuiciantes apuntan que el Cabildo Municipal, sin consultar a la comunidad, conformó el Consejo de Desarrollo para preparar el proceso electoral, cuando la facultada para ello es la Asamblea General Comunitaria.

d. Vulneración al principio de universalidad del sufragio.

Los promoventes señalan que al haberse realizado las elecciones mediante Asamblea General Comunitaria, fue violado su derecho a votar y acceder a los cargos públicos.

Lo anterior, porque la orografía del Municipio hace difícil el acceso de los centros de población a la Cabecera Municipal sin que la autoridad Municipal garantice con recursos o mecanismos que los ciudadanos acudan a votar, sino que se limitó a convocar para que llegaran por su propia cuenta.

Consideran que ello fue determinante, si se tiene en cuenta que se vio reflejado en la poca participación ciudadana porque de 2,209 (dos mil doscientos nueve) ciudadanos, sólo acudieron a sufragar 1,379 (un mil trecientos setenta y nueve), quedando 930 (novecientos treinta) sin emitir su voto.

También refieren que no es su pretensión terminar con los usos y costumbres, sino que se generen mecanismos para dar efectividad al sufragio por que las prácticas comunitarias, no pueden vulnerar los derechos político-electorales de los ciudadanos.

e. Indebida mediación a cargo del Instituto Local.

La parte actora se duele de que el Instituto Local, en todo momento atendió las inconformidades, porque si bien, realizó trabajos de conciliación, no agotó lo medios necesarios para que las mismas fueran resueltas.

Además de que el Agente Municipal de San Mateo Tepantepec, solicitó apoyo a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para llegar a acuerdos sobre el desarrollo de la elección, porque su propuesta era que se realizara con casillas instaladas cerca de las rancherías.

f. Indebido pronunciamiento sobre inconformidades.

Los actores refieren que el veinte de agosto de dos mil trece, impugnaron la Asamblea Electiva, y derivado de ello se realizó una plática conciliatoria en la que no se llegó a ningún acuerdo, turnándose el asunto a resolver la calificación de la elección, sin tomar en cuenta las manifestaciones de los inconformes, y sin dar respuesta a la impugnación en las que oportunamente se hicieron notar las irregularidades.

2. Precisión de la litis. En todo medio de impugnación el juzgador tiene el deber de leer detenida y cuidadosamente la demanda y anexos, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo.

Lo anterior, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una correcta impartición de justicia, por tanto, todo medio de impugnación, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 4/99, con el rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.[56]

En ese orden, le corresponde a este órgano jurisdiccional de la lectura detenida de la sentencia determinar si la las razones de la responsable para confirmar la elección fueron correctas; o por el contrario, si los planteamientos de los enjuiciantes se tornan fundados y suficientes para modificar los efectos del fallo.

3. Metodología de análisis. Los planteamientos serán analizados en el orden propuesto.

Lo anterior, porque cada uno de ellos va dirigido a evidenciar irregularidades sobre la preparación de la elección e incluido el método electivo, como consecuencia, la pretensión de los enjuiciantes consiste en que esta Sala Regional, una vez fundados, determine invalidar la elección de Concejales de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.

Así, se habrá de verificar, si fueron incorrectas las razones del Tribunal Local para sostener que en procesamiento electivo no existió vulnerado el principio de universalidad del sufragio derivado del método electivo, o por actuar de los órganos electorales para crear los mecanismos para su tutela, o por el contrario si no es posible sostener tales premisas, expuestas por los enjuiciantes, como consecuencia habrá de determinarse como correctas las razones de fallo.

OCTAVO. Contexto social de la comunidad. En reiteradas ocasiones, esta Sala Regional ha sostenido que para comprender las controversias relacionadas con las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos es necesario, además de conocer los antecedentes concretos de cada caso, acercarse al contexto en que se desarrolla su realidad.

Ello, porque la visión mediante la cual el juez debe abordar los asuntos de esa índole es distinta. La resolución de los conflictos en los que se involucran los usos y costumbres de las comunidades indígenas requiere ser partícipes de su realidad para comprender el origen de sus conflictos y las razones por las que tales comunidades han decidido dotarse de determinadas normas.

En razón de lo anterior, este apartado se compondrá, de aquellos datos que permitan conocer de mejor forma la problemática.

a. Datos generales

El Municipio de Santa María Peñoles, pertenece al Estado de Oaxaca. Se encuentra en el Distrito Etla.

Antes, llamado Yucu Inia, su origen del nombre se debe a la topografía del primer lugar donde se asentó el pueblo.

Se denominó Ñuu Inia que en legua Mixteca significa pueblo de perro pequeño. Con la llegada de los mexicas lo traducen al Náhuatl y se le da el nombre de Itzcuintepec, (itzcuintl, perro y tepetl, cerro). Durante la conquista adquirió el nombre de Peñoles, se dice que los españoles le denominaron así porque en el lugar donde estuvo el pueblo, se observan las peñas grandes.[57]

Santa María Peñoles se localiza en la parte central del Estado, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca[58]. Al noreste, colinda con Santo Domingo Nuxa, Santo Tomas Mazaltepec y San Felipe Tejalapam; al este, con Santiago Tlazoyaltepec; al sureste, con San Miguel Peras; al sur, con San Antonio Huitepec; al suroeste con San Miguel Piedras; al noroeste con San Juan Tamazola.

Lengua

Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en las comunidades del Municipio de Santa María Peñoles, la variante lingüística que se habla es el tu’un savi, es decir, Mixteco (de Santa María Peñoles).[59]

De acuerdo a los indicadores socioeconómicos dos mil dos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el noventa y ocho por ciento de la población en Santa María Peñoles es indígena.

Pueblo Mixteco

El Municipio de Santa María Peñoles, está ubicado en un extenso territorio donde el pueblo indígena más numeroso es el mixteco. En dos mil cinco, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas delimitó una región indígena que agrupara a los municipios mixtecos de las partes altas y bajas, de la Sierra Sur y de las zonas cercanas a los Valles Centrales de Oaxaca.[60]

Santa María Peñoles, quedó contemplado dentro de la Región Indígena Mixteca, como se ilustra en el mapa siguiente.

La Región indígena Mixteca es una de las que presenta a nivel nacional, condiciones de rezago evidentes y por cuanto a Santa María Peñoles, se encuentra en el nivel más alto, como se ilustra del siguiente mapa.[61]

Conformación del municipio

Santa María Peñoles, además de la Cabecera Municipal, cuenta con centros de población, cinco con categoría administrativa denominadas Agencias Municipales, seis con categoría de Agencias de Policía, y con diecinueve pequeños centros de población[62] en estos últimos la autoridad auxiliar municipal se le denomina Representante[63].

A continuación se detallan los centros de población de Santa María Peñoles y la población con la que cuentan según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

Para mejor ilustración, se presenta la ubicación de las comunidades en el siguiente mapa.[67]

Caminos y carreteras

Conforme con lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo (dos mil once a dos mil trece), [68] El camino principal que comunica al municipio con la ciudad de Oaxaca, tiene una distancia aproximada de 50 km, 15 están pavimentados y 35 son de terracería, va desde la carretera federal Oaxaca-México y se desvía en el crucero de Hacienda Blanca, pasa por San Lorenzo Cacaotepec, San Felipe Tejalapam y finalmente llega hasta la cabecera municipal[69].

Según al informe[70] remitido por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, San Mateo Tepantepec es una de la Agencias más alejada ubicada a 35 kilómetros de la Cabecera.

Conflictividad

• Sobre Tierras.

Según el Informe, de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, la totalidad del territorio se encuentra sujeto al régimen jurídico agrario, integrado por las tierras de cuatro comunidades.

El Plan Municipal de Desarrollo (dos mil once a dos mil trece) refiere que el territorio de Santa María Peñoles está bajo el régimen de Bienes Comunales y cada una de estas comunidades, a su vez agrupa a sus respectivas localidades o anexos agrarios.

Por la anterior configuración, cuenta con una Asamblea Administrativa a nivel de cada núcleo en sus respectivas “cabeceras”, siguientes:

• Santa María Peñoles

• Santa Catarina Estetla

• San Mateo Tepantepec

• San Pedro Cholula.

A continuación, se ilustra cómo es que se encuentra conformada desde un aspecto agrario la “división Municipal” de Santa María Peñoles.

El referido Plan Municipal de Desarrollo, refiere que aun cuando internamente existe un parcelamiento de las tierras agrícolas, forestales y superficie de uso común; el acceso a los recursos lo define cada dueño y en el caso de lo común el comisariado. La tenencia de la tierra en todo el municipio es comunal, donde la forma de regular el orden y desarrollo del territorio, es a través de asambleas de bienes comunales[71].

El plan Municipal de Desarrollo, dos mil once a dos mil trece, refiere que el municipio tiene problemas de linderos con San Felipe Tejalapam y Santiago Tlazoyaltepec; desde aproximadamente sesenta y cinco años, los problemas se presentan en una línea de colindancia de cuatro mil seiscientos treinta y ocho, punto setenta y dos metros; en donde se ubican las mojoneras[72] El Topil o Loma de Sol (punto trino con San Felipe Tejalapam y Santiago Tlazoyaltepec) las mojoneras Estrella, El recibimiento, El Chapulín, El Mirador, hasta llegar a la mojonera Cruz Tejón.

San Pedro Cholula tiene conflicto con Santiago Tlazoyaltepec de Río San Juan, Cerro de Ocote y Cañada de Aguacate, San Mateo Tepantepec, Loma de Trementina, Temazcal, San Bartolo y Río San Juan, tiene conflicto con Santiago Tlazoyaltepec.

Por parte del informe la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, se desprende que San Mateo Tepantepec, se integra por 14 localidades (tal y como se ha ilustrado), presenta conflicto agrario con el municipio vecino de Santiago Tlazoyaltepec, en el que se encuentra el camino para llegar a la Cabecera Municipal.

El mismo informe hace resaltar la identidad social, económica y con identidad en ámbito Municipal, al señalar como ejemplo, a las comunidades de Santa Catarina Estetla (Agencia Municipal) con Río Sabino (Agencia de Policía), que comparten la Unidad de Salud y Celebran una Sola Asamblea de Comunero, por lo que concluye, diciendo que mantienen una organización tradicional propia, cuya base principal es su territorio agrario.

• Sobre recursos gubernamentales.

El Manual de Tranferencias Generales para los municipios[73], señala que en México, existen dos grandes rubros de transferencias federales destinadas a cumplir con aquellos propósitos: las Participaciones o ramo 28, con una finalidad resarcitoria, y las Aportaciones o ramo 33, con objetivos compensatorios.

Sin embargo, hasta antes del año dos mil trece, las fórmulas a partir de las cuales se distribuía a las entidades federativas, y consecuentemente a los municipios, consideraban criterios ambiguos para su asignación.

En ese sentido, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, en lo que toca al desarrollo de las localidades, su artículo 59, con respeto a la autonomía municipal, señala que los ayuntamientos dictarán las medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se deriven de convenios con el Estado y la federación, así como los derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.

Ramo 28

Como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ramo 28 es parte del gasto no programable. Este ramo no está etiquetado; es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades. Su objetivo principal es resarcitorio; por lo que, tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la contribución de recursos proporcionados por las entidades y generar incentivos para el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

El ramo 33 es definido como el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal.

El artículo 33 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal y su correlativo 17 de la Ley de la Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, señala que las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

La distribución de los recursos municipales ha generado conflictos entre la Cabecera Municipal y los centros de población, de la investigación realizada por Jorge Hernández Díaz y Víctor Leonel Juan Martínez, en su obra[74], refiere que en abril de dos mil seis, habitantes de catorce comunidades de la región de los Valles Centrales, entre ellas: Buena Vista Peñoles, Mano de León, Tierra Caliente, Morelos I, Morelos II, Peña de Letra y Tepanatepec, pertenecientes a la municipalidad de Santa María Peñoles, amenazan con formar un municipio autónomo.

Que su principal demanda es la entrega de los recursos de los ramos 028 y 033, mismos que no les habían sido suministrados por las últimas administraciones de Peñoles. Nazario Mateos, Agente Municipal de San Mateo Tepanatepec, calificaba a la exclusión como grave, debido a que su agencia se encuentra a cinco horas de distancia de la cabecera municipal, recorrido que los pobladores deben efectuar a pie y que por tanto se deben asignar recursos para tal fin.

• Sobre cuestiones electorales.

Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, es un municipio que se rige por sistema normativo interno, por lo que sus autoridades municipales son electas conforme a sus usos y costumbres.

Nulidad de elección ordinaria en dos mil diez.

El treinta y uno de diciembre de dos mil diez, al resolver el expediente SX-JDC-409/2010, esta Sala Regional revocó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de nueve de diciembre de dos mil diez, relativo a la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca.

El juicio fue promovido por ciento cincuenta ciudadanos, de los centros de población de San Mateo Tepantepec, Cerro del Águila, Morelos Uno, San Juan Ayllu, Peña de Letra, Llano Verde y Cañada de Espina.

En la sentencia se ordenó al referido Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca llevar a cabo todas las medidas a su alcance para celebrar en un plazo de sesenta días una nueva elección, en la que incluían pláticas de conciliación entre las partes involucradas, para que los habitantes de los centros de población, pudieran participar en condiciones de igualdad.

Los motivos de anulación, esencialmente radicaron en las deficiencias de la convocatoria y los actos insuficientes tendentes a la comunicación de la elección, lo que se estimó, afectó de manera determinante el derecho de votar y ser votado.

La sentencia sostuvo que la inercia de exclusión de las comunidades ajenas a la Cabecera Municipal, difícilmente se rompe con un acto mínimo, sino que resulta necesario lograr la identificación de los integrantes de los centros de población como una sola comunidad mediante la participación crítica, oportuna e informada de quienes lo integran.

Lo anterior, porque del ejercicio de colocar en contexto a los ciudadanos con capacidad de votar[75] se advertía una baja participación, así, se estimó manifiesta, la práctica de realizar la elección sólo por quienes integran la Cabecera Municipal o la falla en el sistema de comunicación de la convocatoria.

En aquella sentencia se indicó que del documento adjunto al acta de asamblea electiva dejó constancia de que los ciudadanos, únicamente pertenecían a las siete comunidades siguientes:

De ahí que no había participado la mayoría de las comunidades, aun cuando participaron autoridades auxiliares de otras comunidades, ello no sustituía el voto de los ciudadanos.

En la sentencia se hizo notar que las comunidades:

El catorce de junio de dos mil trece, presentaron un escrito en el que manifestaron su deseo de participar, por lo que solicitaron al Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca les notificara de manera oportuna la fecha para elegir nuevos Concejales y una vez conocida la convocatoria, pidieron una reunión con el referido Presidente Municipal.

Del interés mostrado en participar, hacía presumir que su ausencia se debió a que no existieron las condiciones para fueran incluidos en el proceso de elección.

Además las autoridades auxiliares de:

Presentaron un escrito ante la regiduría de educación municipal, en el que señalaron que no estaban de acuerdo con la postura del Presidente Municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, de impedirles votar o postular candidatos, así como, con la amenaza de encarcelar a cualquier ciudadano que mostrara alguna inconformidad en la Asamblea.

Por otra parte, se evidenció que el acta de la elección carecía de elementos para verificar la asistencia real de los ciudadanos presentes en la Asamblea y el método de votación lo cual era indispensable para conocer la voluntad la comunidad, formalidades que encontraban exigencia normativa en el artículo 137[76] del Código local, que ordenaba levantar un acta al final de la elección con determinados requisitos, los que respondían a la verificabilidad de que se respetaron los principios aplicables y que se cumplieron con las reglas de la propia convocatoria.

A lo anterior, se sumó el hecho de que en la convocatoria se ordenó llevar a cabo la asamblea en “la sala de reuniones” en el acta se asentó que esta tuvo lugar en “la cancha municipal”, por lo que no existe certeza plena de que se haya realizado en el lugar que ordenó la convocatoria.

Además, la sentencia tomó en cuenta que en ningún momento las Autoridades Auxiliares fueron invitados a exponer sus puntos de vista en torno al procedimiento electivo, ni que la planilla haya sido constituida con corrientes ideológicas diversas, lo cual dejaba evidenciada la exclusión de ciudadanos en esa elección al no promover la integración de las Agencias Municipales en las decisiones del Cabildo y de la Asamblea comunitaria.

Las anteriores irregularidades llevaron a concluir que el procedimiento electivo vulneró la universalidad del sufragio.

Elección extraordinaria.

En cumplimiento, el siete de enero de dos mil doce, “el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió los lineamientos para llevar a cabo elecciones extraordinarias en aquellos municipios en las cuales resultaron anuladas entre los que se estableció que las elecciones se celebrarían por sufragio con todos los ciudadanos de los municipios respectivos, con la lista nominal de cuatro de julio de dos mil diez, se instalaría un Consejo Municipal en cada municipio con funcionarios más representantes de los candidatos.

Posteriormente, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la entonces Dirección Ejecutiva de Usos y Costumbres del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca realizó reuniones de trabajo con las partes, entre quienes habían resultado ganadores de la elección ordinaria, los actores del juicio SX-JDC-409/2010 y el Administrador Municipal. Sin embargo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cerró esa etapa al no poder generar la conciliación.

Hecho lo anterior, definió que la elección extraordinaria sería el trece de febrero de dos mil once, se utilizaría la lista nominal de cuatro de julio de dos mil diez, se instalarían el número de casillas que correspondan según lista nominal del municipio en la cabecera municipal y designó a los integrantes del Consejo Municipal al que se integraría un representante de cada uno de los candidatos.

La aprobación de lo anterior, fue con la anuencia de los integrantes del Consejo, el representante de la administración municipal y los ciudadanos que fueron electos en la jornada anulada.

El veintisiete de enero de dos mil once, en la Secretaría General de Gobierno, ante el Subsecretario de Gobierno, el Administrador municipal, así como quienes habían resultado ganadores en los comicios ordinarios anulados, se comprometieron a respetar los lineamientos del Instituto Local, y acordaron como fecha de la elección, el veintisiete de febrero siguiente.

El cuatro de febrero de dos mil once se llevó a cabo la instalación formal del Consejo Municipal Electoral, ante, los representantes de candidatos (aún por definir). En esa fecha, se fijaron las bases de la elección: fecha, papelería electoral, las personas con derecho a votar, las atribuciones de las mesas directivas de casilla, entre otros. Se acordó ubicar las casillas en los sitios utilizados en la jornada de cuatro de julio, sin embargo, los representantes de San Mateo Tepantepec se retiraron de la reunión sin firmar el acta.

El diez de febrero de ese año se reunieron los representantes de los candidatos con el Consejo Municipal Electoral, ratificaron los puntos de la sesión de cuatro de febrero último con excepción a la instalación de las casillas, ya que una de las partes insistió en la necesidad de ubicarlas dentro de la cabecera municipal para garantizar la seguridad, mientras que otros solicitaban lo contrario, y por último los inconformes omitieron firmar. El Consejo Municipal determinó seguir con la sesión para lograr emitir la convocatoria.

En la convocatoria, se estableció lo siguientes:

La elección se celebraría el veintisiete de febrero de dos mil once; se instalarían nueve casillas, todas en la Cabecera Municipal de acuerdo a los lineamientos del Instituto Local; la convocatoria no fue firmada por una de las partes.

Posteriormente, la convocatoria fue fijada con la certificación del Secretario del Consejo Municipal en cada uno de los centros de población.

El quince de febrero de dos mil once, se aprobó el registro de los integrantes de las planillas amarilla y verde, dichos registros quedaron de la siguiente manera:

Los integrantes de la planilla amarilla, presentaron un escrito en el cual manifestaron, su inconformidad con la instalación de las casillas en la Cabecera Municipal, ya que de ser así, se violenta el principio de universalidad del voto; además, adujeron que no se promovió la integración de los centros de población en las decisiones del Cabildo y de la Asamblea Comunitaria. Además manifestaron su inconformidad con que la planilla ganadora representaría a la ciudadanía de Santa María Peñoles, toda vez que excluye a las minorías al no permitir que la planilla perdedora se integre a la nueva administración.

El veintiuno siguiente, los representantes de esa planilla,  presentaron recurso de revisión ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en contra de la convocatoria por la instalación de las casillas sólo en la Cabecera Municipal, y contra el acuerdo, en el cual no se permitió la integración de la planilla perdedora.

El veintidós de febrero de dos mil once, el Consejo Municipal Electoral llevó a cabo una sesión para la firma de un acuerdo de civilidad y respeto en el periodo de campaña y aceptación de los resultados de la elección extraordinaria, el cual no se alcanzó debido a lo referente a la instalación de las casillas.

El veintisiete de febrero de dos mil once, tuvo verificativo la jornada electoral, en la cual se declaró ganador a la planilla verde, con los siguientes resultados:

El mismo veintisiete los representantes de la planilla amarilla, presentaron escrito por el cual manifestaron que las casillas no se ubicaron en el mismo lugar que la elección de Gobernador, y que el Presidente del Consejo Municipal de forma unilateral estableció que las casillas se instalarían en la cabecera municipal conforme a los lineamientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, lo que vulnera el derecho de votar de los centros de población, por otra parte presentaron incidentes ante el Consejo Municipal Electoral en el cual manifestaron el bloqueo del camino que comunica a la Agencia Municipal de San Mateo Tepantepec, lo cual imposibilitaba que los ciudadanos de esa agencia acudieran a sufragar, y que a las doce horas se dio acarreo de votantes de las diferentes agencias por parte de la planilla verde, en seis autobuses y varias camionetas.

El tres de marzo, los inconformes impugnaron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la elección; y el Consejo General declaró su validez.

Contra de tal validez, el once de marzo de dos mil once, cuatrocientos catorce ciudadanos promovieron juicio ciudadano federal de manera directa, con lo que se integró el expediente SX-JDC-36/2011.

Nulidad de elección extraordinaria (SX-JDC-36/2011).

La sentencia consideró que haber ubicado las nueve casillas para la elección sólo en la en la Cabecera Municipal implicó una restricción al derecho de sufragar.

Para arribar a tal conclusión, tomó en cuenta las condiciones de acceso de los centros de población con la Cabecera y geografía del Municipio: el alto grado de rezago social.[77]

La sentencia señala haber quedado determinado que la garantía del derecho al sufragio universal, libre y directo obliga a las autoridades electorales a dictar todas las medidas que estimen necesarias para que los centros de votación se ubiquen en lugares cercanos a los domicilios de la población y que sean de fácil acceso, no es válido alegar que por razones de derecho consuetudinario, pueda la autoridad electoral faltar a la garantía constitucional intrínseca al derecho universal de sufragar.

Así es que estimó tal determinación era lesiva del derecho fundamental del resto de habitantes del Municipio que no tienen su domicilio dentro de la cabecera municipal.

Con base en lo anterior, y los datos de marginación que se han expuesto, dentro de los que se incluyen una falta de vías de comunicación entre la cabecera municipal y el resto de las comunidades integrantes del Ayuntamiento, aunado a la carencia de servicios básicos como teléfono o energía eléctrica,  ponen de manifiesto que la instalación de casillas solo en la cabecera municipal es insuficiente para cumplir con la garantía subyacente al derecho fundamental en análisis.

En ese orden de ideas, la determinación por parte del Consejo Municipal Electoral de Santa María Peñoles de instalar el universo de las casillas en la cabecera municipal contravino el derecho de sufragio del resto de los habitantes de las comunidades integrantes del Ayuntamiento, ante la falta de garantías para sufragar.

En la sentencia se destacó el hecho de que ni el Consejo Municipal, ni en los lineamientos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se justificó la determinación de instalar las casillas en el Consejo Municipal, al estimarse que sólo en casos excepcionales se justifica que no se aproximen los centros de votación a donde residen los votantes.

La sentencia estimó que la importancia de hacer accesible los centros de votación a los habitantes de las comunidades distintas a la cabecera municipal se robustecía de que precisamente el motivo por el que se anuló la elección ordinaria fue por la exclusión de esas comunidades, por lo que resultaba un menester que se tomaran las medidas idóneas para incluirlos, lo cual no se advierte en las constancias del expediente.

Por otra parte, tomó en cuenta que los ciudadanos con derecho de votar eran cuatro mil sesenta y ocho con base en la lista nominal[78] y en esta elección extraordinaria únicamente votaron mil cuatrocientos cuarenta y cinco ciudadanos que correspondía a poco más del treinta y cinco por ciento, que adminiculada con el difícil acceso de las comunidades dejó en evidencian la vulneración al principio de universalidad del voto.

En ese sentido se argumentó que no podía considerarse que las elecciones hayan sido auténticas si un sector de la comunidad indígena no pudo acceder a los centros de votación, por lo que de conformidad con el criterio de este Tribunal, debían garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas incluso contra las propias normas derivadas del sistema normativo de derecho consuetudinario.

En esas condiciones, la anterior integración de esta Sala Regional concluyó que la elección impugnada violentó el derecho de sufragio de los habitantes de dicho Municipio, lo procedente era anular la elección.

Como efectos del fallo, se ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca llevara a cabo trabajos de conciliación, con la posibilidad de lograr una integración de la planilla en la que se contemple a todas las opciones políticas o cualquiera otra, que abone a una autocomposición que privilegie la unidad de la comunidad como principio de la verdadera autonomía de los municipios que se rigen por sistemas normativos de derecho consuetudinario.

En caso de no lograr la solución del conflicto en esa etapa, se realizarían las gestiones necesarias para nuevos comicios, lo cual presupone la existencia de condiciones para ello, aspecto que deberá determinar la autoridad competente. En el entendido que de optar por nuevos comicios deberán realizarse en el plazo de sesenta días contados a partir notificación de la sentencia.

Por otra parte, se vinculó al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional de dicha entidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias resuelvan lo concerniente al encargado del gobierno municipal hasta en tanto se elijan a los nuevos integrantes del Ayuntamiento con base en lo dispuesto por los artículos 59, fracción III y 79, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Cumplimiento a la sentencia.

En cumplimiento a lo ordenado, el veintiocho de abril del dos mil once, efectuó una reunión de trabajo, en la que las partes representativas del Municipio tomaron los acuerdos siguientes.

Integrar el Consejo Municipal Electoral, con funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así mismo,  y que los grupos representativos del Municipio designarían a sus representantes; su instalación sería el treinta de abril del dos mil once, a las diez horas, en la Cabecera Municipal de Santa María Peñoles, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca exhortó a todas las partes a la integración de una planilla, en la que se incluya a todos los actores políticos o buscar cualquier otra forma que privilegie la unidad de la comunidad.

El treinta de abril del dos mil once, se instaló el Consejo Municipal Electoral; y en fechas cuatro y cinco de mayo siguientes, se reunió con la finalidad de dialogar respecto de la conciliación para lograr la integración de una planilla única por ciudadanos de la Cabecera Municipal, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, toda vez que los representantes de la localidad referida no se presentaron, no obstante de haber sido legalmente notificados.

El seis de mayo siguiente, el Consejo Municipal Electoral llevó a cabo una sesión a la que asistieron los grupos representativos del Municipio de Santa María Peñoles, y después de dialogar respecto de una integración de una planilla en la que se contemple a todas las opciones políticas.

Para resolver el problema del municipio de Santa María Peñoles, integrarán tres fórmulas de regidores de San Mateo Tepantepec y uno de Santa Catarina Estetla, quedando de la siguiente manera:

El Consejo Municipal Electoral acordó que en el documento aparecerán las firmas de las cinco agencias municipales, seis agencias de policía, dos núcleos rurales y las catorce rancherías y en el caso de la cabecera municipal el alcalde único constitucional.

Finalmente el dieciséis de mayo de dos mil once el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca calificó como legalmente válida la integración de la planilla de unidad de Concejales del Ayuntamiento Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, y en su oportunidad, se tuvo por cumplida la sentencia.

Una vez presentado el contexto geográfico, cultural y electoral de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca que nos permite acercarnos a la realidad de esa comunidad indígena, lo procedente es analizar los antecedentes que derivan de la actual controversia sometida al conocimiento de este órgano jurisdiccional.

NOVENO. Estudio de fondo. La pretensión de los actores, es revocar la sentencia por la que se confirmó la declaración de validez de la elección de Concejales de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca; y como ha quedado precisado, la base de su pretensión la hacen depender en dos temas: la exclusión en los actos de preparación de la elección; y la falta de garantías que hicieran efectivo ejercicio al sufragio, en detrimento al principio de universalidad.

Se considera que no es posible revocar la sentencia impugnada, bajo las premisas siguientes.

a. Contrario a lo sostenido por los enjuiciantes, del análisis de las constancias integraron el expediente de la elección, es posible verificar que los actos de preparación y desarrollo del proceso electivo fue debido, porque la Autoridad Municipal incluyó en tales actos a las autoridades de los centros de población; los habitantes conjuntamente con el propio Cabildo aprobaron las bases de la convocatoria y coadyuvaron a su difusión y demás actos relacionados con el desarrollo del proceso.

b. Por otra parte, tampoco se estima vulnerada la universalidad del sufragio, ya que si bien, lo deseable es que ese derecho no se vea obstaculizado derivado de la lejanía y dificultades en los accesos de los centros de población a la Cabecera Municipal, en el caso queda demostrado que fueron las poblaciones quienes determinaron que no participarían ante el desacuerdo en las reglas de la elección, de ahí que se estime que debe privilegiarse el principio de autodeterminación y los usos y costumbres de la comunidad.

Conclusiones que encuentran sustento en las siguientes consideraciones.

1. Acto Impugnado. Los enjuiciantes controvierten la sentencia del Tribunal Electoral Local, que a su vez confirmó el acuerdo de validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santa María Peñoles, en ese sentido es pertinente referir las razones que tuvo, tanto la autoridad administrativa, como jurisdiccional, locales, para considerar que debía prevalecer la Asamblea Electiva.

I. Consideraciones del cuerdo de validez de la elección.

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca declaró la validez de la elección de Concejales, bajo el análisis de los siguientes apartados.

a. Controversias.

b. Recomendación.

c. Calificación y declaración de validez.

a. Controversias. El Instituto Local consideró como infundados los planteamientos de diversas autoridades de los centros de población, que pretendieron la realización de la elección mediante urnas y boletas, en cada una de las Comunidades.

Lo anterior, al estimar que la legalidad de los actos preparatorios de una elección bajo el régimen de sistemas normativos internos se deben dar dentro de la libre determinación de las comunidades, de conformidad con sus acuerdos previos, sus formas, costumbres y tradiciones, y sobre todo, de sus propias determinaciones, con el cuidado de no restringir o suprimir los derechos político‐electorales de las y los habitantes del Municipio.

El Instituto Local señaló que advertía la existencia de documentación relativa a la difusión de la convocatoria dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de las localidades del municipio; como lo eran, oficios de remisión a las autoridades de los centros de población con sellos y firmas de haber sido recibidos; oficios de remisión del formato del padrón de ciudadanos para que fueran debidamente requisitados y remitidos a la Cabecera Municipal, a más tardar el trece de agosto de dos mil trece; las constancias y razones de fijación en cada una de las localidades, con lo que se pudo establecer que se convocó a todas las ciudadanas y ciudadanos para participar en dicha elección.

Por otra parte, estimó que el acuerdo de diversas autoridades de no asistir a la asamblea fue por decisión propia y no supeditado a alguna acción que les impidiera participar.

b. Recomendación. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca recomendó a diversos sectores del municipio, se tomara en cuenta la petición de las diversas autoridades de los centros de población, relativa a que la elección de Santa María Peñoles se lleve a cabo mediante urnas y boletas, y que éstas se instalen en cada una de las comunidades para poder emitir su voto.

En ese sentido consideró pertinente que los diversos sectores del municipio debían realizar la revisión de sus reglas, a efecto de adecuarlas a las nuevas condiciones sociales, y así garantizar que dichas disposiciones se apliquen en las elecciones subsecuentes.

La recomendación fue vinculante para el Ayuntamiento electo de Santa María Peñoles, para que inicie los trabajos correspondientes y así, las nuevas disposiciones normativas se apliquen en las elecciones posteriores. De igual forma se vinculó a la autoridad municipal para que informara periódicamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca las acciones que realice, hasta que tengan aprobado su nuevo estatuto electoral comunitario.

c. Calificación y declaración de validez.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca consideró que la elección se celebró apegada a los Sistemas Normativos Internos de la comunidad, que la Asamblea se desarrolló en forma pacífica, sin irregularidad alguna y mediante la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, de forma democrática, con lo cual se preservó el principio de universalidad del sufragio al promover de forma real y material la participación de todas las comunidades del municipio; de ahí que una vez analizados los requisitos de elegibilidad de los candidatos se declaró legalmente válida la elección y ordenó la entrega de la constancia de mayoría a la planilla ganadora.

II. Consideraciones de la sentencia local que confirmó la validez.

El Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca confirmó el acuerdo de validez, bajo cuatro apartados.

a. Análisis sobre exclusión de comunidades.

b. Negativa para instalar Casillas.

c. Falta de mediación a cargo del Instituto Local.

d. Recomendación.

a. Análisis sobre exclusión de comunidades. El Tribunal Local consideró infundado el planteamiento consistente en que diversas localidades no participaron en la Asamblea Electiva.

Para concluir lo anterior, tomó en consideración que en diversos actos incluida la aprobación del Estatuto Electoral Comunitario y la reunión del Consejo de Desarrollo Electoral Municipal, participaron cada una de las autoridades de los centros de población e integrantes del Cabildo Municipal, de ahí que estimara que los acuerdos derivados de pacto debían ser privilegiados sobre cualquier otra forma de consenso, porque todas las localidades fueron las que determinaron el método electivo.

Destacó, que en la sesión de aprobación de la convocatoria se estableció que las autoridades de los centros de población convocarían a asambleas por sector y podrían nombrar a uno o dos candidatos sin considerar cargo, ya que sería la asamblea quien lo determine. Así, el Tribunal estimó demostrado que las bases de la elección permitieron la participación a todas las localidades, y en consecuencia de las mujeres y hombres que las conforman, incluso para determinar a candidatos.

Además, de que existían constancias que demostraban que la convocatoria fue fijada en los centros de población del municipio, aunado a la circunstancia de que en la Asamblea Electiva, se reunieron un mil trecientos setenta y nueve votantes de los centros de población, de un total de dos mil doscientos nueve ciudadanos registrados en el padrón municipal, esto es el 62.42% del total del padrón de ciudadanos. El Tribunal refirió la circunstancia que conforme con la minuta de trabajo de dieciséis de agosto del dos mil trece, la parte inconforme optó por no votar en la elección, al estar inconforme con el método de la elección, no obstante que se había aprobado por la mayoría.

b. Negativa para instalar casillas. El Tribunal consideró infundado el planteamiento, porque estimó que el sistema de elección del municipio, descansa en los principio de autonomía y autodeterminación.

En ese sentido, señaló que los numerales 175 y 178 del Código local propuestos por los enjuiciantes, no resultan aplicables al estar fuera del apartado normativo del Libro Sexto, relativo a las elecciones de sistemas normativos internos. Que el sistema de las comunidades indígenas está integrado con las normas consuetudinarias y por los acuerdos aprobados por el órgano facultado, que por regla general, es la Asamblea, que privilegia la voluntad de la mayoría.

c. Falta de mediación a cargo del Instituto Local. El Tribunal responsable estimó infundados los planteamientos consistentes en que no fueron atendidas las inconformidades planteadas ante el Instituto responsable para llevar a cabo pláticas conciliatorias.

Ello, porque los escritos en los que se pidió la intervención del Instituto Local habían sido atendidos y se realizaron diversas minutas de trabajo previas a la asamblea electiva, e incluso con posterioridad a la elección el Instituto Local responsable continuó generando pláticas a fin de atender las inconformidades y ante la falta de avenencia para una composición favorable turnó el tema al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para resolver el expediente de la elección.

d. Recomendación. El Tribunal Local hizo notar la recomendación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a la autoridad Municipal, sobre el análisis de sus reglas, instituciones y procedimientos de su sistema normativo interno.

La responsable hizo propia la recomendación, al señalar como efectos de la sentencia, que se debía armonizar la forma, el método y las reglas de participación política de las localidades del Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, y ordenó al Cabildo Municipal y a la parte actora a que en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca coadyuven para que la comunidad consense respecto de su sistema normativo interno.

2. Análisis de los planteamientos. Se procede al análisis conjunto de los planteamientos de agravio formulados en la demanda:

a. Exclusión en actos de preparación.

b. Falta de facultades del órgano que preparó la elección.

c. Aprobación indebida del Estatuto Electoral Comunitario.

d. Vulneración al principio de universalidad del sufragio.

e. Indebida mediación a cargo del Instituto Local.

f. Indebido pronunciamiento sobre inconformidades.

Planteamientos que se estiman infundados, por las consideraciones que se precisan a continuación.

Universalidad del sufragio.

Debe señalarse que el artículo 35, párrafo I, de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que es una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares. A través de dicho artículo se reconoce el derecho fundamental al sufragio activo. Asimismo, la Constitución Federal establece que las elecciones para elegir a integrantes de los ayuntamientos habrán de realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a).

En efecto, el derecho al sufragio activo ha sido identificado como un derecho fundamental relacionado con la actividad pública, atribuido a los ciudadanos (miembros de una comunidad política) para adoptar por medio de él, decisiones de la misma naturaleza que atañen al gobierno de esa comunidad.

En ese sentido debe señalarse que el sufragio activo constituye, un derecho humano comprendido y tutelado en instrumentos internacionales ratificados y suscritos por México, el cual debe revestir las características de ser universal, igual, libre y secreto, artículos 25, apartado 1, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, apartado 1, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esas mismas características del voto activo son retomadas en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, al establecer las bases que deben contemplar las constituciones locales en las elecciones de gobernador, integrantes de las legislaturas locales y ayuntamientos.

De igual forma, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el artículo 25, apartado A, fracción II, establece que la ley protegerá y propiciará las prácticas democráticas en todas las comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los términos establecidos por el artículo 2°, partado A, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la propia Constitución Local; establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votada en condiciones de igualdad con el de los varones y sancionará su contravención.

Así mismo, refiere que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos Oaxaqueños.

En ese sentido, la universalidad, se refiere a que toda persona se encuentra en aptitud de ejercer el voto en las elecciones populares que se celebren para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado Mexicano, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera.

Ahora bien, este tribunal es del criterio de que las elecciones por usos y costumbres indígenas no contravienen el principio constitucional de igualdad, pero cuando impliquen actividades que violenten la universalidad del voto, serán inválidas.

Ello, en virtud de que la universalidad del sufragio, amparado por la Constitución Federal, implica que salvo las excepciones expresamente permitidas por los ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que se celebren, para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales ordinarias, o mediante reglas de derecho consuetudinario, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, entre otras, que sean discriminatorias.

Lo anterior, porque la universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto, con lo que se busca el mayor ensanchamiento del cuerpo electoral, en la medida que se asegure la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público, por lo que si en una comunidad indígena, por determinadas prácticas tradicionales, se impide votar a los ciudadanos con derecho a ello, tal restricción se traduce en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, lo que significa, a su vez, la transgresión al principio de igualdad y de universalidad del voto; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar incompatible con los derechos fundamentales que han quedado precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición de una comunidad indígena no tendría el carácter de democrática.

Dicho criterio se contiene en la tesis CLI/2002 de rubro USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO.[79]